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La exhibida que le dieron al diputado Garrido Cruz

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Al diputado local del PES José Luis Garrido Cruz poco a poco lo está alcanzando la realidad, dejando bien claro que no es el gran operador político que dice ser, ni es el experto en derecho que presume, porque está más que claro que enfrenta serios problemas para retener el control del partido que alardea controlar y que es incapaz de ofrecer una solución al conflicto de límites territoriales que prevalece entre Chiautempan y Tlaltelulco.

Hace unos meses el legislador del Partido Encuentro Social ofreció poner fin a los conflictos de límites territoriales que se tienen registrados en diferentes regiones del estado, de ahí que dedujo que el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez intervendría en ese problema y se haría cargo de las negociaciones, lo cual no sucedió porque previamente el mandatario estatal fue advertido de lo difícil que sería lograr los consensos sobre esos casos.

La administración estatal a través de la Secretaría de Gobierno que controla el ineficiente José Aarón Pérez Carro ya notificó al diputado Garrido que se mantendrá al margen de esa problemática y que corresponderá al Congreso del Estado encontrar la mejor salida legal al pleito que desde hace años sostienen las autoridades de Chiautempan y Tlaltelulco por una zona territorial entre ambos municipios.

Por esa razón, José Luis Garrido fue acusado ayer por los habitantes de Tlaltelulco que fueron encabezados por su torpe alcalde Rubén Pluma Morales de evadir su responsabilidad y dejar que la disputa por un territorio se prolongue por más tiempo, de ahí que ese legislador no tuvo otra más que arremeter contra el gobierno del estado al que culpó de mostrarse indiferente ante ese conflicto y de ser omiso.

Obviamente las acusaciones y ponzoña lanzada por ese pequeño diputado y líder estatal del Partido Encuentro Social no tuvo los efectos esperados y fue exhibido como un mentiroso, hablador e ineficiente político que tiene bajo su responsabilidad la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso del Estado que atiende la problemática de los límites territoriales.

Para la mala suerte del legislador local, el presidente municipal de Tlaltelulco, el petista Rubén Pluma, supo aprovechar el error de una vecina de esa población que hizo a la hora de realizar su trámite ante las autoridades para obtener su credencial de elector para manipular a sus huestes y llevarlos ante las oficinas del Poder Legislativo, donde por cierto su hija gilipollas María Félix Pluma Flores despacha como diputada del PT y no ha hecho nada para intervenir desde su posición y exigir que ese caso sea resuelto.

La vecina de Tlaltelulco ya reconoció que ella dio mal las referencias de donde su ubica su actual domicilio y por esa razón su credencial de elector salió como si esa calle perteneciera al municipio de Chiautempan, de ahí que resultan falsos los señalamientos de los habitantes de la primera población y de sus tontas autoridades en el sentido de que se les pretende quitar por la mala parte de su territorio.

Ayer no sólo el diputado José Luis Garrido comprobó que fue un error darle entrada a las demandas de los alcaldes de dichos municipios y de los vecinos manipulados, pues varios de sus compañeros legisladores que lo acompañaron en la comisión conformada para atender a los inconformes que se manifestaron en la sede del Poder Legislativo entendieron que los conflictos de límites territoriales son muy espinosos y que éstos están lejos de solucionarse en un dos por tres.

No lo cuente en voz alta, pero desde ayer los diputados locales andan buscando como salirse legalmente de ese conflicto y dejar que el problema se mantenga vigente sin que se generen más protestas y confrontaciones, porque simplemente ya vieron que no existen las condiciones para llegar a acuerdos.

Finalmente, le comento que ayer los habitantes que exigen la destitución del alcalde priísta de Huamantla, Jorge Sánchez Jasso, no sólo ratificaron ante los diputados sus quejas, sino que se comprometieron entre este día y mañana a aportar más elementos que, según ellos, demuestran los malos manejos financieros en ese ayuntamiento.

El presidente municipal de esa población considerada como pueblo mágico deberá comparecer el martes 28 de enero ante la comisión especial y llevar todos los documentos que lo ayuden a justificar la correcta aplicación de los recursos públicos, pues de eso dependerá de que evada o enfrente el juicio político que se le pretende abrir para removerlo del cargo.

La nueva quiebra de Pensiones Civiles ligada al hermano incómodo

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Los expedientes negros que existen de la actual administración y que por meses permanecieron ocultos han empezado a salir a la luz para evidenciar que el tufo de corrupción que emana de las dependencias estatales es cada vez más desagradable, especialmente donde se ubican funcionarios ligados a Fabricio Mena Rodríguez, el poderoso hermano incómodo del gobernador priísta Marco Antonio Mena Rodríguez.

Los casos que poco a poco se irán conociendo y que están siendo compartidos a diferentes periodistas de Tlaxcala a través de correo electrónico fueron armados por personal de las dependencias estatales que no sólo conocen a detalle el manejo de las áreas del gobierno estatal, sino que tienen acceso a las evidencias documentales que demostrarían presuntos actos de corrupción y la grotesca malversación de recursos públicos.

Uno de esos expedientes involucra al actual Director de Pensiones Civiles del Estado, el poblano Roberto Carlos Morán Pérez, quien además se dice que es esposo de la prima del gobernador y de Fabricio Mena. Dicho funcionario se sumó a la gobernanza moderna el 12 de julio del 2018.

En menos de dos años su ritmo de vida cambió a tal grado que tendría problemas para explicar su enriquecimiento, el cual obviamente estaría ligado a presuntos malos manejos que habría en Pensiones Civiles del Estado, cuyas finanzas no sólo están desfondadas al arrastrar un déficit de 60 millones de pesos, sino que están a punto de llegar a la quiebra como sucedió en la administración del hacendado gobernador, Mariano González Zarur, quien se vio obligado a intervenir y rescatar ese sistema antes de que colapsara.

La alarmante situación que vive esa área del gobierno que debe pagar y cubrir los salarios y prestaciones de los trabajadores pensionados y jubilados, es solapada y ocultada por los consejeros de los sindicatos que prefieren mantener sus dádivas antes que dar a conocer las irregularidades que prevalecen.

En Pensiones Civiles del Estado y específicamente en el área de farmacias (Servicios Farmacéuticos de Pensiones Civiles) existen varios aviadores como el supuesto Jurídico Armando Galindo Palacios, quien sólo acudiría a firmar y tiene la fortuna de ganar la cantidad de 23,830 pesos libres de impuestos. Otro destacado miembro de esa fuerza aérea sería el secretario de Organización del Comité Directivo Estatal del PRI Óscar Amador que se llevaría sin esfuerzo 10,348 pesos.

Pero lo que más sorprendente es que el Director Roberto Carlos Morán contrató a un despacho poblano, a quien se le pagaría una iguala mensual de 131,818 pesos como se comprueba con las facturas que cobra dicho Grupo Consultor Legal y Contable RH, el cual en sólo un año se presume que se llevaría 1,581,816.04 pesos.

Lo absurdo es que ese grupo de abogados poblanos no resuelve nada y tampoco ayuda en algo porque sólo se dedica a sangrar las finanzas de Pensiones Civiles del Estado.

Pero por si fuera poco en la próxima sesión del Consejo de Servicios Farmacéuticos se tratará de imponer en un cargo más importante a Laura Flor Santiago Rodríguez (actual Coordinadora de la Clínica de Especialidades en Tizatlán), cuyo mérito principal es ser amiga muy, pero muy cercana de Morán Pérez.

Los detalles de las anomalías financieras y gastos excesivos que prevalecen en la Clínica de Especialidades en Tizatlán en breve se darán a conocer, así como los detalles del viaje al extranjero que realizó Fabricio Mena y el Director Roberto Carlos Morán. También se documentarán las inconsistencias de las compras de medicinas a laboratorios que se encuentran vetados por el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

El gobierno de Marco Mena ya enfrenta una guerra interna y las gargantas profundas junto con los quintacolumnas serán un fuerte dolor de cabeza. Al tiempo.

Pura palabrería en torno a la rendición de cuentas y la transparencia

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Si algo ha caracterizado a los políticos y autoridades tlaxcaltecas durante los últimos años es su doble moral y discurso, porque suelen presumir manejos escrupulosos de los recursos públicos, emprender acciones para combatir la corrupción y las malas prácticas y encabezar administraciones transparentes, cuando en realidad hacen todo lo contrario y nadie, absolutamente nadie, hace algo para acabar con esa farsa que oculta múltiples irregularidades financieras.

Casos para demostrar lo anterior abundan en la actual administración estatal, la cual por ejemplo debería dejar de presumir que ha realizado acciones para combatir la pobreza extrema en la entidad y explicar detalladamente que factores y acciones gubernamentales han contribuido para alcanzar ese logro, que según reportes, estaría más ligado a la administración federal que a la local

En diciembre del 2018 se autorizaron por primera vez un presupuesto de 200 millones de pesos al programa estatal “Supérate” que sería ejercido el siguiente año y que se convertiría en una acción complementaria de los programas federales para mejorar las condiciones de vida de cientos de tlaxcaltecas.

Hasta diciembre del año pasado sólo se habían entregado las tarjetas bancarias a los cerca de 30 mil beneficiarios de 13 municipios que serían atendidos en una primera etapa, pero después de eso nunca se informó que el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez hubiera dispersado los recursos que se comprometió a entregar a esas personas en condiciones de pobreza extrema.

Hasta ahora son un misterio las razones que impidieron a la administración estatal operar adecuadamente ese mentado programa y sobre todo conocer cuánto fue su costo administrativo y cuántos recursos de esos 200 millones realmente llegaron a manos de los beneficiarios, porque sería ridículo que ahora José Luis Bustos Villegas, coordinador del mencionado plan denominado “Supérate” saliera con el cuento que el presupuesto se empleó para garantizar su correcto funcionamiento y que será hasta este año cuando los más de 70 mil tlaxcaltecas que incluye ese programa reciban su apoyo económico y que éste saldrá de los 400 millones de pesos autorizados para el 2020.

En noviembre pasado le decía que si los beneficiarios de “Supérate” tuvieron que esperar meses para recibir sus tarjetas bancarias, seguramente tendrían que hacer lo mismo para obtener el recurso económico prometido por el gobierno de Mena Rodríguez que se comprometió a dispersar el 15 de cada mes los mentados apoyos, situación que hasta este momento no ha cumplido.

Si lo anterior sólo ha quedado en pura palabrería, imagínese si los otros seis componentes del programa se concretarán algún día tales como Esquema de Aseguramiento, Entrenamiento productivo, Transferencia de activos productivos, Ahorro, Atención a la primera infancia y Acceso a programas federales y estatales.

Ante la falta de información, rendición de cuentas y transparencia, se deduce que la administración estatal incurrió en un subejercicio presupuestal con el programa “Supérate”, sin embargo a nadie parece importarle esa situación que resulta irregular y que evidencia las anomalías que prevalecen en el gobierno del estado.

La ingenua diputada de Morena, María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado recientemente declaró que los proceso de transparencia y eficiencia en la aplicación de recursos públicos de los municipios, poderes, dependencias y organismos autónomos mejorará con la entrada en vigor de la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, lo cual es una falacia más porque todos forman parte de una pantomima donde se disfrazan de honestos y justos.

Esa diputada no ha movido ningún dedo para aclarar y castigar anomalías no sólo en algunos ayuntamientos donde pulula la corrupción o en aquellas dependencias estatales en las que se detectó serias irregularidades financieras como las del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (Itife) que del 2017 al 2018 acumuló un presunto daño patrimonial cercano a los 169 millones de pesos.

La responsable de esa situación Anahí Gutiérrez Hernández fue recientemente removida de la dirección general del Itife, con lo cual la administración de Marco Mena tratará de limpiar el enorme cochinero que existe en esa dependencia y evitar por todos los medios aplicar una sanción administrativa o penal a esa ex colaboradora.

La rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción en Tlaxcala es una farsa o no lo cree usted.

La última oportunidad de los diputados para salvar su imagen

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Desgastados y sin credibilidad porque hasta ahora han resultado ser más de lo mismo, los diputados de la actual legislatura tienen ante sí la última oportunidad para reivindicarse y dar una señal clara de que no solaparán ni protegerán anomalías financieras y administrativas de los presidentes municipales, quienes aunque tradicionalmente malversen y acumulen riquezas presuntamente obtenidas ilegalmente de los recursos públicos jamás enfrentan la ley.

Sin enfrentar presiones y prisas, los diputados que optaron por aprovechar al máximo sus vacaciones decembrinas y de fin de año dejaron en pausa el proceso de juicio político contra los presidentes municipales de San Lorenzo Axocomanitla, Martha Palafox Hernández y de Huamantla, Jorge Sánchez Jasso, por lo que hasta ayer decidieron instalar las comisiones especiales que se encargarán de llevar esos procedimientos que al parecer son tan agotadores que fue necesario dotar de una espléndida botana de carnes frías y quesos, así como de galletas y aguas a los legisladores que quizá necesitan de esos pequeños estímulos para trabajar y evidenciar que son fieles imitadores de la austeridad republicana de la que tanto hablan y presumen en el gobierno federal.

El procedimiento formalmente ya inició y ahora se abrió una etapa de coadyuvancia con la parte acusadora, la cual estará en posibilidades de comparecer en los próximos 15 días para que aporte más elementos de prueban de sus dichos, pero también los alcaldes señalados tendrán el derecho de presentar elementos y documentos que tengan para justificar la aplicación de los recursos públicos y defenderse de la incriminación.

Se sabe que el Órgano de Fiscalización Superior y el Tribunal Superior de Justicia en el Estado recibieron los oficios correspondientes a fin de conocer si en esas instancias tienen registrado un expediente administrativos que involucren a esos ediles.

También la Procuraduría General de Justicia y la Comisión Estatal de Derechos Humanos tendrán que notificar si hay carpetas de investigación que involucre a los mencionados presidentes municipales o si existen algunas quejas contra ellos.

La primera comisión especial que atenderá el expediente de San Lorenzo Axocomanitla está conformada por los diputados Miguel Piedras Díaz, Mayra Vázquez Velázquez y José Luis Garrido Cruz, mientras que la segunda que analizará el caso de Huamantla está integrada por los legisladores Víctor Castro López, Rafael Ortega Blancas y Zonia Montiel Candaneda.

Ambas deberán rendir un informe a la Comisión Instructora de Juicio Político del Congreso del Estado para que siga el procedimiento y a partir de esa fecha todavía se tendrán seis meses para emitir una resolución que si bien nos va podría conocerse hasta agosto de este año.

Si existen o no elementos para proceder a la remoción de esos presidentes municipales pronto se sabrá, por lo pronto habrá que ver cuál es el comportamiento de los diputados locales de dichas comisiones, porque no se descarta que sean ellos mismos los que traten de limpiar los expedientes y ayudar a los ediles acusados.

Hay presidentes municipales en funciones que llevan dos cuentas públicas anuales reprobadas y siguen en sus cargos sin que nadie los moleste. Y si a los actuales nadie les exige cuentas, imagínese como la están gozando los ex ediles que no sólo se ríen de los actuales diputados locales que prometieron perseguir y castigar la corrupción, sino que constantemente se mofan de las denuncias penales que duermen el sueño de los justos en la Procuraduría General de Justicia del Estado que nunca ha tenido la mínima intención de integrar uno de los 30 expedientes que tiene abiertos.

La actual legislatura controlada por una mayoría de diputados que forman parta de la Cuarta Transformación conformada por Morena, el PT y el PES resultó tan mala como las que en su momento encabezó el PRI, el PAN y el PRD. Para tenerlos medios contentos fue necesario destinar para este año 2.5 millones de pesos al comedor del Congreso del Estado, es decir, que cada mes los 25 legisladores se gastan más de 208 mil pesos en alimentos y bebidas.

Lo anterior quiere decir que si en promedio asisten 20 días al mes, en cada uno de ellos los legisladores se suelen tragar algo así como 10,416 pesos.

Grotesco no le parece.

La farsa del procurador de Tlaxcala y sus cursos patito

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Si la Procuraduría General de Justicia en el Estado en manos del “académico” José Antonio Aquiahuatl Sánchez tuviera en esa dependencia elevados estándares de eficiencia y eficacia en la integración e investigación de averiguaciones previas y un aceptable nivel de casos resueltos que se pudieron judicializar, quizá se justificaría la celebración de un “Magno Congreso de Derecho Penal” que servirá, según dicen, para compartir las experiencias, analizar temáticas y fortalecer conocimientos en materia penal.

Sin embargo, la realidad es otra y el quehacer de la procuraduría tlaxcalteca deja mucho que desear porque pese a los esfuerzos de la actual administración estatal para mejorar las condiciones salariales, crear nuevas plazas y dotar de más y mejor equipo y tecnología, el nivel de eficiencia de esa área clave del gobierno está muy lejos de ser aceptable.

En lo que va de la actual administración se han registrado más de 460 homicidios en el estado, mismos que implicaron el inicio de una averiguación previa, de ahí que valdría la pena que el farsante procurador Aquiahuatl Sánchez informara cuántos casos se han resuelto y el número de responsables que se encuentra detenidos y en vías de ser castigados por esos delitos, así como también sería sano conocer el número de expedientes que no han tenido avances y cuyas familias no han podido recibir la anhelada justicia.

El crecimiento de la violencia durante el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez ha sido evidente, pues de los 96 homicidios registrados en el último año de la gestión del hacendado gobernador Mariano González Zarur para el 2019 casi se duplicaron los asesinatos al situarse en 188 casos.

Y si bien el fenómeno de la violencia es nacional donde Tlaxcala no ha quedado al margen, la realidad indica que es muy reducido el número de casos que han sido resueltos y que han terminado con personas detenidas y castigadas por cometer esos homicidios, situación que se replica en otros ilícitos del fuero común donde simplemente los afectados no ven que sus denuncias se integren y lleguen a un juez.

Por lo anterior resulta ridículo e insultante que la Procuraduría General de Justicia del Estado destine tiempo y recursos públicos para organizar un “Magno Congreso de Derecho Penal” previsto para el próximo 23 de enero, en donde por cierto aparece como patrocinador una institución patito ligada al trácala José Antonio Aquiahuatl conocida como Universidad NOVA.

Dicho evento que goza del respaldo institucional de la PGJE contará la participación de José Eduardo Téllez Espinoza, Magistrado en Retiro, Arturo Altamirano González, docente de la Universidad Nacional Autónoma de México y Miguel Ángel Aguilar López, catedrático de Posgrado en Derecho de la UNAM y revisor del Código Nacional Penal tendrá una cuota de recuperación de 350 pesos que todos deberán cubrir si es que tienen la intención de “fortalecer” sus conocimientos, incluido el personal de la dependencia que estaría siendo obligado a asistir en día laboral y en horario de trabajo, lo cual resulta incongruente y deja al descubierto los intereses del nefasto procurador.

Aquiahuatl Sánchez ha intentado por todos los medios posicionar a la mencionada institución que forma parte de las “universidades patito” que se autorizan sin ninguna razón por parte de las autoridades educativas, la cual ofrece licenciaturas en línea en dos años de estudio y una maestría en la misma modalidad en un año y cuatro meses, lo que obviamente deja entrever el dudoso nivel académico que logran los incautos que optan por inscribirse en esa escuelita.

Si el procurador extraña su vida “académica” y está más interesado en generar recursos económicos a través de la “capacitación”, sería bueno que renunciara a su cargo y permitiera que otro abogado asumiera esa responsabilidad para dedicarle tiempo completo a su trabajo y se comprometa a entregar mejores resultados a los obtenidos hasta el momento.

Con este tipo de funcionarios uno entiende porque ciertas áreas del gobierno de Marco Mena están más que jodidas.

Ni hablar.

El PAN maniatado y el PRD desfondado en el Congreso

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Será cuestión de días para saber a qué se comprometió el PAN en el Congreso del Estado para que Morena y sus aliados el PT y el PES hubieran aceptado que presidiera la Mesa Directiva del primer periodo de sesiones del segundo año de la actual legislatura a través de Omar Milton López Avendaño, dejando con la ilusión a la perredista Laura Yamili Flores Lozano que simplemente no pudo convencer a sus compañeros para obtener su apoyo.

El jaloneo por ese cargo no sólo remarcó la división existente en la fracción parlamentaria de Morena, sino que evidenció que varios diputados morenistas, del PT y del PES son capaces de acomodarse según sus intereses, es decir, si en algún momento se muestran como aliados incondicionales de la chiquillada (PRI, PAN y PRD) en otras circunstancias como las de ayer que se votó la integración de la Mesa Directiva son capaces de dejar solos a esos grupos minoritarios y jalar con la mayoría para seguir el canto de las sirenas.

Omar Milton López que es partidario de desechar los juicios políticos que se siguen contra los presidentes municipales de San Lorenzo Axocomanitla, Martha Palafox Hernández y de Huamantla, Jorge Sánchez Jasso, será sometido permanentemente a un escrutinio por parte de otros legisladores que saben que el panista tiene un marcado interés en salvar a esos cuestionados ediles, pues incluso ha buscado que las serias anomalías financieras y administrativas que enfrentan no sean investigadas y aclaradas.

Morena y sus aliados al no lograr un bloque mayoritario unido y sólido tuvo que entrar en las negociaciones y finalmente ceder al PAN la representación del Congreso del Estado, pues corría el riesgo que dicha figura fuera ocupada por el ex perredista y neopetista Miguel Ángel Covarrubias Cervantes que después de presidir la Comisión Permanente podría brincar a la Mesa Directiva al no lograrse un acuerdo, situación que no era del agrado de la mayoría de los diputados que optaron por designar a López Avendaño.

Laura Yamili Flores por más que subió y bajó buscando el respaldo de sus compañeros legisladores no logró los 17 votos que requería, en gran medida porque una mayoría de legisladores percibe que esa perredista es manejada y manipulada por el líder estatal de ese debilitado partido, Juan Manuel Cambrón Soria.

Habrá que ver a que se comprometió el PAN y cuál será su postura de ahora en adelante. De entrada es probable que deje de criticar y hacer señalamientos contra el gobierno federal que preside Andrés Manuel López Obrador y se muestre más que amigable con quienes deberían ser sus principales rivales políticos.

Es muy probable que la dirigencia estatal del PAN en manos de José Gilberto Temoltzin Martínez mantenga una línea discursiva y los legisladores de su partido otra. La nueva coordinadora parlamentaria del blanquiazul en el Congreso del Estado, Leticia Hernández Pérez, será sólo una figura decorativa, ya que no sólo carece de liderazgo y talento, sino que es una política convenenciera que se mueve conforme a sus intereses y a los que le dicte su verdadera jefa Adriana Dávila Fernández.

Pronto se deberán analizar y discutir temas espinosos en el Poder Legislativo y se verá a qué se comprometió el PAN y cuál fue la intención de Morena para ceder la Mesa Directiva.

El primer tema tendrá que ver con la aprobación o no de una iniciativa de ley para permitir el funcionamiento de plataformas digitales para ofrecer el servicio de transporte en el estado.

Hasta ahora los diputados sólo buscan autorizar esa modalidad tecnológica para aquellos transportistas tlaxcaltecas que gozan de una concesión y de esa forma prohibir a particulares la prestación de ese servicio, situación que de aprobarse provocará un enorme descontento de las empresas que ya operan y de los usuarios de esas plataformas que muestran su rechazo a los taxistas tradicionales por sus excesivas tarifas.

Al parecer los actuales diputados locales están empeñados en seguir cometiendo errores para que los ciudadanos sigan decepcionándose de ellos.

La lucha descarnada por la presidencia del TSJ

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Al interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado se vive una lucha descarnada por el poder y la presidencia que el próximo 1 de febrero tendrá que definirse, pues mientras por un lado el magistrado Mario de Jesús Jiménez Martínez trabaja para buscar su reelección por un periodo más, su homólogo Fernando Bernal Salazar estaría también generando los consensos que le permitan acceder a la representación legal del Poder Judicial de Tlaxcala.

Los 15 días por venir serán claves para ambos magistrados que intentan cumplir sus anhelos y propósitos. Jiménez Martínez está por concluir el periodo de Héctor Maldonado Bonilla, quien como se recordará fue removido de la presidencia del TSJ en junio del año pasado por los demás integrantes del pleno del Poder Judicial, pero como legalmente puede ser reelecto para un ciclo más busca establecer acuerdos que le permitan esa posibilidad, la cual estaría siendo avalada por el inútil secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro.

Se dice que Mario de Jesús Jiménez habría negociado con sus compañeros magistrados su llegada a la presidencia y su reelección para un periodo más, la cual, en caso de concretarse, se vería interrumpida porque su designación como magistrado vence el 4 de marzo del 2021 y la siguiente renovación de la representación del TSJ sería hasta febrero del 2022.

Un acuerdo entre Jiménez y Bernal habría sido entregar al segundo la presidencia del Poder Judicial en marzo del siguiente año, debido a que el primero ya no sería ratificado como magistrado y su salida del TSJ sería obligada.

Quizá ese acuerdo ya se quebró porque ahora se habla que Fernando Bernal estaría operando para asumir el control del Tribunal Superior de Justicia y arrebatar el poder que ejerce no sólo Mario de Jesús Jiménez sino la ambiciosa magistrada Rebeca Xicohténcatl Corona.

La filtración de un audio de una reunión de trabajo de los “impolutos” magistrados tlaxcaltecas que al parecer pactan la repartición de recursos públicos extraordinarios que recibió el TSJ debe enmarcarse en este contexto de la disputa por el poder del tribunal.

Los excesos y la entrega de bonos a los integrantes del pleno del Poder Judicial no es nuevo ni privativo de la gestión de Jiménez Martínez, pues bastaría revisar anteriores periodos de otros presidentes para comprobar que esa anomalía y abuso siempre ha existido y jamás ha sido sancionada por nadie.

Si para derrocar a Héctor Maldonado varios magistrados pidieron posiciones y otras canonjías, imagínese que estarán pensando en solicitar ahora que la presidencia del TSJ estará de nuevo en juego.

Trascendió que la magistrada Mary Cruz Cortés Ornelas hizo la gestión para que su esposo Santiago Pérez Petriccioli, quien al parecer no cuenta con cédula profesional como abogado sino como Ingeniero Agrónomo, fuera nombrado Secretario Proyectista de la Sala Civil-Familiar y trabajara de la mano de su homólogo el magistrado Felipe Nava Lemus, quien cabe señalar que no se quedó atrás y su hijo Carlos Felipe Nava Aguilar siendo egresado recientemente de la licenciatura y con nula experiencia laboral fue nombrado Secretario Proyectista en la ponencia del magistrado Fernando Bernal, quien pudo colocar al titular de la Contraloría Interna del Poder Judicial y lograr que su ex esposa Dulcinea Palafox Islas pasara de diligenciaría a Secretaria Proyectista en la ponencia de Felipe Nava.

En la repartición de jueces y juezas hubo magistradas que mostraron su enorme ambición. Violeta Fernández Vázquez, Aida Báez Huerta y Noé Cuecuecha Rugerio asumieron nuevos cargos debido a que son incondicionales de la acomplejada Rebeca Xicohténcatl, mientras que Rossana Rubio Marchetti y Daniel Hernández George también lograron una posición gracias a la influencia de la codiciosa Elsa Cordero Martínez.

Hasta ahora se menciona que Mario de Jesús Jiménez logrará su reelección, sin embargo aún no se sabe cuál será el precio que tendrá que pagar.

El PRI y el gobernador dispuestos a pelar la plaza

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Para muchos fue simbólico no sólo que el PRI haya recurrido a la estructura administrativa del gobierno del estado para enseñar músculo y fortaleza, sino que el mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez haya encabezado, junto con el líder nacional de su partido, Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, el evento para ungir a Noé Rodríguez Roldán y Mildred Vergara Zavala como presidente y secretaria general, respectivamente, del Comité Directivo Estatal del tricolor en Tlaxcala.

Mena Rodríguez como buen jugador de ajedrez ha empezado a mover sus piezas y a marcar los tiempos de su sucesión. Al parecer antes de concretarse el relevo de la dirigencia estatal del PRI dio su venia para que Anabell Ávalos Zempoalteca, presidenta municipal de Tlaxcala, se moviera y alzara la mano, con la clara intención de que el nombre de esa política este presente y vigente no sólo entre los priistas, sino entre los ciudadanos que aún no definen su voto rumbo a los comicios del 2021.

El PRI no dio una señal de cambio o renovación, lo cual quizá resulta alentador para su causa, pues recurrió como siempre lo ha hecho a la estructura de las dependencias estatales y de uno que otro ayuntamiento para abarrotar el palenque del recinto ferial y mostrar un júbilo que contagió a la ex gobernadora Beatriz Paredes Rangel que ayer se ubicó como la militante más representativa del priismo tlaxcalteca.

Sin salirse de su estilo y guardando las formas hacia el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador pidió a los priistas alzar la voz y señalar sus inconformidades contra el gobierno federal pero sin recurrir a la descortesía o a las groserías.

El mandatario Marco Mena aseguró que es tiempo de que su administración y la militancia de su partido vayan juntos en esa labor y promocionen los resultados conseguidos en la entidad con un gobierno priísta. “Vayan a buscar a los ciudadanos y hagánlo con entusiasmo, sin temor y con el orgullo de saber que hemos entregado buenos resultados”, insistió.

Entre los logros que pidió promover a los priístas es el crecimiento económico a más del 4 por ciento, el hecho de que Tlaxcala tenga el mayor número de empleos formales en su historia, de que sea la tercera entidad a nivel nacional en disminuir la pobreza extrema y de que estamos en posibilidad de convertirnos en el estado del país que más pobreza extrema haya reducido en la historia de México.

En su oportunidad, Alejandro Moreno aprovechó el momento y arremetió contra el gobierno que preside López Obrador, pues según él no cumple y tampoco da resultados. “Morena es ave de paso. Nació ayer, gobierna hoy, y se irá mañana, porque le vamos a ganar”, sentenció el ex gobernador de Campeche.

También dejó abierta la posibilidad de conformar una alianza con el mayor número de fuerza políticas para enfrentar los comicios del 2021, lo que sin duda haría competitivo a ese bloque opositor si partidos como el PAN, PRD, PT, Nueva Alianza y otros deciden ir juntos en el 2021 en que será elegido gobernador, diputados federales y locales, así como alcaldes y presidentes de comunidad.

Morena quizá tiene hoy en día a la mejor aspirante posicionado a la gubernatura de Tlaxcala, sin embargo Lorena Cuéllar Cisneros, la “super delegada” del gobierno federal, sigue sin mostrar un equipo sólido y preparado para cumplir su sueño de ser la sucesora de Mena Rodríguez y su improvisación a la hora de hacer política es evidente, por lo que su exceso de confianza puede ser un elemento que la lleve al fracaso como ya le paso en las elecciones del 2016.

Si una cosa quedó clara ayer, es que el PRI en Tlaxcala no está muerto ni desahuciado, por lo que seguramente Noé Rodríguez y Mildred Vergara darán un nuevo impulso a ese partido a fin de tratar de recuperar espacios perdidos y hacer todo lo posible para conservar el gobierno del estado.

En política no hay casualidades y ayer no sólo el PRI enseño músculo en el estado, sino también el PAN que aprovechó el Tercer Informe de Gobierno del alcalde de Apizaco, Julio Cesar Hernández Mejía, para patentizar que tiene fuerza y estructura en Tlaxcala.

Si las negociaciones entre el PRI y el PAN avanzan en torno a llevar como candidata al gobierno del estado a la aún alcaldesa capitalina Anabell Ávalos, Morena realmente debe preocuparse porque a lo mejor la gubernatura de Tlaxcala que ya veía en su mesa se le desvanece.

Lo bueno y lo malo del arranque del 2020 en Tlaxcala

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Algo que resulta bueno es la declaración que emitió la presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca en torno a que si buscará la candidatura del PRI a la gobierno del estado, porque no sólo los priistas esperaban esa definición, sino las dirigencias locales de otros partidos como el PAN, el PRD, el PT y Nueva Alianza que han establecido negociaciones para conformar un bloque opositor rumbo a los comicios del 2021.

El cambio de la dirigencia estatal del PRI que por meses ha estado en manos del improductivo Roberto Lima Morales seguramente dará un impulso al ex partidazo que le urge abandonar el letargo y revolucionar su trabajo en la entidad, si es que realmente desea competir y dar la pelea por conservar la gubernatura de Tlaxcala y recuperar algunos de los espacios perdidos no sólo en las diputaciones federales, sino en las locales donde hoy en día sólo tiene una representante.

El próximo domingo asumirán las riendas del tricolor Noé Rodríguez Roldán y Mildred Vergara Zavala como presidente y secretaria general, respectivamente. Ambos tendrán bajo su responsabilidad la preparación de las elecciones del siguiente año y la designación de los candidatos a la gubernatura, las diputaciones federales y locales, así como de los aspirantes a alcaldes y presidentes de comunidad.

Si el PRI quiere dejar de ser la cuarta fuerza política en el estado y recuperar la hegemonía que llegó a tener hace algunos años, deberá renovarse, abrir espacios a nuevas figuras y sobre todo recuperar la maquinaria electoral que no sólo lo hacía competitivo, sino que lo ayudaba a ganar las elecciones.

De entrada, hoy en día tiene a Anabell Ávalos, quien es la única priista que al parecer genera los consensos entre diferentes partidos (PRI, PAN, PRD, PT y Nueva Alianza) para encabezar y conformar un bloque que sea capaz de disputar al partido del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, conocido como Morena, la gubernatura de Tlaxcala que está bajo la tutela del también militante del PRI, Marco Antonio Mena Rodríguez.

La alcaldesa capitalina estratégicamente empezó a marcar los tiempos de la sucesión, lo que sin duda le sumará puntos porque crecerá en las preferencias de los tlaxcaltecas una vez que reconoció que sí le interesa participar en los futuros comicios. En el 2016 buscó la nominación en su partido y eso le permitió tejer una estructura estatal que mantiene vigente.

En el 2012 siendo candidata al Senado recorrió el estado que en ese entonces era gobernador por Mariano González Zarur. Conoce los grupos y los hilos que mueven el poder, de ahí que sus posibilidades de ser competitiva son altas y más si es abanderada de un bloque opositor amplio.

Lo malo del inicio del presente año es la problemática que enfrenta la Secretaría de Salud de Tlaxcala, pues el responsable de esa área del gobierno menista, René Lima Morales, sólo evidenció que el cargo le quedó muy grande.

Los hechos demuestran que en el caso de los niños enfermos de cáncer que no han recibido su tratamiento por falta de medicinas estuvo plagado de mentiras por parte de ese médico. El mayor de los “hermanos lelo” conocido como José Aarón Pérez Carro, secretario de Gobierno, tuvo que salir ante los medios para asegurar que ya se estaba atendiendo a los pacientes que se quedaron sin sus quimioterapias y de esa forma proteger a ese mediocre funcionario.

El gobierno del estado nunca solicitó los medicamentos al gobierno federal que siempre los tuvo disponibles y decidió comprar unas dosis para tratar de mitigar el malestar de los 120 padres de familia que tienen hijos enfermos en el Hospital Infantil de Tlaxcala, sin embargo el problema no está resuelto porque el paquete que llegó es limitado, por lo que en unas semanas más se podría registrar nuevamente la falta de esas sustancias que coadyuven al tratamiento de los pacientes.

El gobierno menista quedó muy mal por el tema de las quimioterapias para niños. René Lima es una vergüenza para la actual administración.

René Lima es insostenible y su remoción es urgente

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Cuál será el compromiso o qué favor recibió el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez de los hermanos Lima Morales para mantenerlos como cercanos colaboradores, pese a sus nulos resultados entregados en la Secretaría de Salud de Tlaxcala y en la dirigencia estatal del PRI, pues lo único que ha hecho ese par es dejar mal parado al mandatario y a su administración.

Es cierto que Marco Mena es un gobernador acotado y sin un equipo capaz que lo ayude a gobernar Tlaxcala, pero esa situación no es culpa de los tlaxcaltecas que hoy en día padecen la incapacidad de los funcionarios estatales que están muy lejos de solucionar los problemas de su incumbencia, ya que conforme han pasado los meses se ha hecho evidente que los miembros del gabinete sólo se limitan a mentir, a dar excusas y lo que es peor, a engañar a su jefe.

Los colaboradores del mandatario tienen mucho que ver en que un sector importante del colectivo imaginario perciba que en la entidad prevalece una sórdida administración, la cual se echó desde el inicio de su gestión en una cómoda hamaca y busca que el tiempo que le resta en el poder pase sin sobresaltos que le implique algún esfuerzo o trabajo.

Un claro ejemplo de lo mal que están algunas áreas del gobierno del estado, es el pésimo secretario de Salud de Tlaxcala, René Lima Morales, quien llegó a esa posición gracias a que su hermano, Roberto Lima Morales (aún líder estatal del PRI), es inseparable y confidente de Fabricio Mena Rodríguez, el poderoso e influyente hermano del gobernador Marco Mena que todo mundo sabe que hace y deshace en la actual administración.

Ese médico que suele burlarse de las desgracias de los tlaxcaltecas que por alguna necesidad recurren a las clínicas y hospitales de la SESA, sigue sin resolver el problema de las quimioterapias suspendidas desde hace varios días a 120 niños, quienes siguen sin recibir su tratamiento porque el gobierno estatal no tiene los medicamentos y al parecer hasta ahora se ha negado a solicitarlos a la administración federal donde sí están disponibles.

El domingo pasado a través de un comunicado oficial, el gobierno de Marco Mena informó que la Secretaría de Salud del Estado (SESA) solicitó los medicamentos que necesitan los pacientes del Hospital Infantil de Tlaxcala, lo cual no era cierto porque hasta el lunes el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) a cargo de Juan Antonio Ferrer Aguilar no había recibido el oficio de René Lima, de ahí que los tratamientos oncológicos no hayan llegado y por ese motivo ayer seis infantes tlaxcaltecas se quedaron sin acoger su quimioterapia.

Los médicos del HIT que atendieron a los infantes tlaxcaltecas confirmaron que hasta ayer miércoles no se tenía el medicamento para los tratamientos y que debían esperar unos días más porque el caso ya estaba en vías de ser resuelto, lo que demuestra que las autoridades estatales no solicitaron las medicinas como se mal informó en el comunicado oficial del pasado domingo.

Lo peor es que los padres de los seis niños con cáncer que protestaron por la falta de medicamento fueron maltratados por el personal médico de dicho nosocomio y los directivos volvieron a culpar de esa problemática al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando está más que comprobado que la SESA no quiere perder la comisión que se estaría llevando por comprar esas sustancias a la filial SAFE que depende del laboratorio PISA.

En otra administración estatal seguramente ya habrían despedido al estúpido René Lima por su reiterada ineficiencia y negligencia, sin embargo nadie se explica por qué ese funcionario se mantiene en su cargo y por qué sigue al frente de una dependencia que opera con un insultante nivel de ineficiencia.

Y así como los enfermos de cáncer enfrentan la ineptitud de ese nefasto funcionario, también la padecen los pacientes con problemas renales que han dejado de ser atendidos en el Hospital Regional de Tzompantepec porque las máquinas de hemodiálisis no funcionan y porque la escasez de material para llevar a cabo esos procedimientos es evidente.

René Lima es insostenible, sin embargo el gobernador Marco Mena tiene la última palabra y él sabrá si lo quita o decide mantenerlo en la SESA para que siga dañando la imagen de su vapuleada administración.