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Los tumbos de la actual legislatura y sus amagos

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La ausencia de un auténtico líder en el Congreso del Estado está empezando a pesar mucho, porque ahora nadie quiere cargar con los errores que se están cometiendo y que demuestran la novatez de los diputados en procedimientos importantes como la ratificación o no del magistrado Elías Cortés Roa, quien sin ningún esfuerzo tiene ya garantizada su permanencia en la nómina dorada del Tribunal Superior de Justicia.

El PRI y sus aliados en el Poder Legislativo nunca mostraron un abierto interés por someter al gris magistrado Cortés Roa a un proceso de evaluación a fin de determinar si ese mediocre abogado debería continuar como magistrado, pues bien o mal representaba la conveniencia de ese partido y del actual gobernador Marco Mena, de ahí que optaron por mantenerlo y evitar exponerse a perder una posición en el Poder Judicial ante la mayoría que tiene la Cuarta Transformación en el Congreso local con Morena, el PT y el PES.

La presidente de la Comisión Especial encargada de ese procedimiento, la priista Zonia Montiel Candaneda aprovechó la ignorancia de los legisladores de Morena, el PT y el PES y dejó correr los tiempos al grado que se pasó el plazo fatal (en octubre pasado) para someter ante el pleno la ratificación o no del mencionado magistrado.

Ahora que los diputados tienen ante sí la designación del nuevo comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública de Tlaxcala (IAIP), éstos se acordaron que también tenían pendiente la ratificación o no del magistrado Elías Cortés.

Sin embargo, hace un par de días cuando los diputados se enteraron que los plazos ya se habían vencido y que no quedaba otra más que confirmar la permanencia del gris magistrado, algunos legisladores como Irma Garay Loredo y su lacaya María Félix Pluma Flores, presidentas de la Junta de Coordinación y Concertación Política y de la Mesa Directiva, respectivamente, se lavaron las manos y culparon de ese hecho a Zonia Montiel y al coordinador de Morena, José María Méndez Salgado, porque nunca quisieron abordar el tema.

El PRI con un solo diputado en el Congreso del Estado les ganó la partida a los legisladores de Morena, el PT y el PES que dicen tener la mayoría y el control del edificio de la calle Allende. En Tlaxcala una vez más la Cuarta Transformación quedó mal, pues es evidente que sus representantes están más preocupados por sus intereses económicos que en atender los asuntos relevantes de su incumbencia.

Y así como el partido del gobernador Mena logró mantener un magistrado sin ningún problema, ahora busca prolongar el control sobre el IAIP, para lo cual ya opera la designación de un comisionado afín al ellos y evitar que la Cuarta Transformación gane alguna posición en ese “organismo autónomo”.

La relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo pronto se tensará aun más, porque los diputados locales tienen la intención de rechazar el presupuesto de egresos que en pocos días se presentará.

Si ese documento no incluye una nueva fórmula para distribuir los recursos federales y si el gobernador Marco Mena no autoriza la comparecencia de la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Alejandra Marisela Nande Islas, lo más seguro es que los diputados empiecen a ejercer presión para que el mandatario respete al Congreso del Estado y lo deje de tratar como una mera oficina de trámite.

El mandatario estatal no tiene un interlocutor de cierto peso político con los diputados locales, pues tras remover de esa labor al limitado Arnulfo Arévalo Lara se perdió la comunicación y los acuerdos.

El blandengue secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, ha intentado, sin conseguirlo, sostener una negociación con ciertos legisladores locales, quienes si bien suelen escucharlo, éstos simplemente no le hacen caso porque saben que el gobernador no se compromete a nada.

A 22 días de que se realice el tercer informe de gobierno de Marco Mena, el clima político tenderá a descomponerse y los encontronazos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo serán inevitables.

La inoperante fiscalía anticorrupción de Tlaxcala

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El sistema estatal anticorrupción es un fracaso rotundo de la actual administración porque ese andamiaje de instituciones y de leyes que se creó para castigar esas conductas sólo es un oneroso adorno y un claro ejemplo de lo que no se debe hacer y permitir. El tiempo es implacable y pronto confirmará que en Tlaxcala lo que menos existe es voluntad política para investigar y sancionar la corrupción que existe en el ámbito municipal y estatal.

Un buen parámetro para medir que tanto se ha avanzado en la lucha contra el problema de la corrupción es el gris y mediocre desempeño del encargado de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Pedro Sánchez Ortega, quien desde hace más de un año sigue sin implementar alguna medida o política pública para contrarrestar ese fenómeno y tampoco ha logrado ningún avance en la estrategia legal que permita judicializar algunos de los 300 casos que conoce, pero que es obvio que no atiende ni resuelve.

Si la instrucción que recibió el nefasto procurador de Justicia, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, fue la de no integrar las carpetas de investigación relacionadas a asuntos de corrupción, era necesario que ese funcionario tuviera una marioneta que siguiera al pie de la letra sus órdenes, de ahí que impulsó la llegada a la mencionada fiscalía de Sánchez Ortega que dedica más esfuerzos a sus ligues y a perder el tiempo en reuniones de la convención nacional de fiscales anticorrupción y del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado, donde nunca ha aportado alguna propuesta para combatir ese problema.

Desde que Pedro Sánchez llegó a la mentada fiscalía aparecieron algunas mujeres que sin tener el perfil han logrado subir de puesto y sobre todo mostrar una influencia muy extraña en esa área de la PGJE.

Una de ellas sería la poderosa Secretaría Técnica Laura Avilés Romano, quien asume un comportamiento de primera dama al grado que no tuvo problema para dar trabajo a su tía Cecilia Romano Sanluis, quien funge como enlace de vinculación institucional entre la fiscalía y el comité coordinador.

Pedro Sánchez tiene más de 25 años como agente del ministerio público. En su gris trayectoria suma un expediente de quejas y una que otra recomendación de organismos defensores de los derechos humanos. Es obvio que ese licenciado no está a la altura para el cargo, porque es evidente que es un farsante que no hace nada y ni hará algo por combatir la corrupción en Tlaxcala.

Se sabe que el protegido del procurador Aquiahuatl realizaría en sus tiempos libres oscuras negociaciones para apelar las carpetas de la PGJE, facilitando la salida de la cárcel de los culpables de ciertos delitos, lo que dejaría entre ver que es un fiscal que lejos de castigar en realidad fomenta la corrupción que se encuentra muy arraigada en esa dependencia.

Persiste la crisis en Morena

El grupo morenista afín al presidente Andrés Manuel López Obrador no puedo posponer la renovación de la dirigencia estatal y nacional de Morena ni adecuar los estatutos para llevar a cabo ese proceso a través de encuestas.

La presidenta del CEN de Morena, Yeidckol Polevnsky, fracasó en su intento de convocar a un Congreso Nacional para el domingo 17 de noviembre y su principal detractora Bertha Luján consiguió que el Consejo Nacional aprobara la celebración de un Congreso Extraordinario el domingo 24 de los corrientes.

Bertha Luján presidirá este Sexto Congreso Nacional Extraordinario con el propósito de que sus integrantes nombren un nuevo Comité Ejecutivo Nacional, y una nueva Comisión Nacional de Elecciones, órganos que se encargarían de depurar el padrón de militantes de Morena y de organizar 300 asambleas distritales para elegir consejeros estatales, quienes a su vez nombrarían a las nuevas dirigencias estatales y a los consejeros nacionales.

Yeidckol Polevnsky no asistió a la sesión del Consejo Nacional, pensando que éste no reuniría el quórum legal, sin embargo mandó a un notario público y sus equipos de grabación, los cuales pudieron constatar que la reunión sí se llevó a cabo con los acuerdos arriba mencionados.

En Tlaxcala el grupo de Bertha Luján representado por los senadores tlaxcaltecas Ana Lilia Rivera y Joel Molina celebró tal determinación, porque saben que con esas condiciones no perderán el control del partido en el estado ni a nivel nacional, situación que según ellos les dará mano para elegir a los candidatos que participarán en las elecciones del 2021. Será.

Se alistan diputados para aprobar la revocación de mandato

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Pese al enorme desorden y alto nivel de confrontación interno que tiene el Congreso del Estado, sus integrantes se alistan para aprobar en una sesión extraordinaria este día o a más tardar el lunes de la siguiente semana la reforma a la Constitución Mexicana en materia de consulta popular y revocación de mandato, con la cual los mexicanos tendrán un instrumento legal para quitar del cargo al presidente, a los gobernadores y al jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Para revocar la gubernatura de Tlaxcala será necesaria como mínimo la participación del 40 por ciento del listado nominal y el voto a favor de por lo menos la mitad de los ciudadanos que salgan a votar.

Si ese ejercicio se llevara a cabo para el actual mandatario priista Marco Antonio Mena Rodríguez, seguramente se alcanzarían esas cifras sin ningún problema.

La organización del mencionado proceso estará a cargo del deslegitimado Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), pero también existe la posibilidad de solicitar que lo asuma el Instituto Nacional Electoral (INE).

Lo anterior se establece en la reforma constitucional que será votada por el Congreso del Estado, luego de que fue aprobada el pasado martes por la Cámara de Diputados.

La nueva ley impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señala que, para tramitar la revocación de mandato de los gobernadores, se requerirá la firma de al menos el 10 por ciento del listado nominal de las entidades. En el caso de Tlaxcala se estaría hablando de más de 91 mil personas.

La solicitud de revocación podrá presentarse únicamente durante los tres primeros meses del cuarto año del sexenio y el ITE tendrá 30 días para determinar si procede o no la solicitud.

De concederse el trámite, será el órgano electoral quien defina la fecha de la jornada de votación, pero esta deberá ser después de los procesos electorales locales o federales que haya en ese año.

Si se consuma la revocación de mandato, la gubernatura de Tlaxcala será asumida de manera interina por quien encabece el Poder Legislativo.

Los diputados locales tendrán 30 días para designar (con el proceso que ya marca la ley) a un gobernador sustituto que concluirá con el sexenio.

Todos estos lineamientos deberán establecerse en la Constitución Política de Tlaxcala dentro del próximo año y medio, de acuerdo con el dictamen enviado por el Congreso de la Unión, por lo que queda descartada la revocación de mandato para el actual joven gobernador del estado Marco Mena que en agosto del 2021 estará entregando el poder.

El artículo transitorio sexto indica: “las constituciones de las entidades federativas, dentro de los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, deberán garantizar el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo Local”.

Los diputados tlaxcaltecas tienen el interés de ser uno de los primeros Congresos locales en avalar la reforma constitucional, pero esa prisa que muestran para quedar bien con el presidente López Obrador seguramente no la tendrán para aprobar los cambios en la constitución local y aprovecharán el plazo de 18 meses.

La revocación de mandato está descartada para el actual gobernador Marco Mena, a diferencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien se le podría aplicar dicho proceso.

Sigue subiendo el nivel de confrontación entre diputados

Algunas diputadas torpes y limitadas decidieron sumarse al pleito que sostienen los legisladores Michaelle Brito Vázquez y Rafael Ortega Blancas, pues optaron por tomar partido y arremeter contra la petista que utilizó la tribuna para descalificar duramente al morenista que ha guardado silencio.

La gris e intrascendente legisladora panista Leticia Pérez Hernández decidió defender al vapuleado Rafael Ortega y acusó a la petista Brito de violar el reglamento interno del Congreso del Estado, por lo que exigió que a su compañera se le hiciera una llamada de atención y se le aplicará una sanción sólo por decir en tribuna: “Diputado quiere chingarse todo. Le pido que deje algo para el pueblo. Decídase lo que quiere hacer y póngase a trabajar”.

La ridícula postura de la espantada Leticia Pérez tuvo un intento fallido de ser respaldada por la diputada petista María Félix Pluma Flores que sólo destaca por su torpeza y múltiples errores. Como presidenta de la Mesa Directiva buscó agazapada el apoyo de los legisladores para que respaldaran un documento que proponía aplicar una sanción económica a Michaelle Brito que consistía en descontarle un día de trabajo, lo cual no prosperó porque nadie le dio su respaldo y la ingenua legisladora se quedó con las ganas de verse, según ella, implacable y dura.

El comportamiento de algunos diputados es digno del parlamento infantil. Qué pena.

El deslenguado funcionario que a huevo quiere brillar

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Si después de casi tres años no cambio su comportamiento arrogante y petulante para demostrar, según él, que es uno de los mejores funcionarios estatales de la actual administración que encabeza el joven gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, la información oficial y disponible terminará por ubicar a Manuel Camacho Higareda, coordinador general del Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario (Sepuede) como un burócrata que manipula los datos para verse como un hombre de resultados cuando en realidad es todo lo contrario.

Florentino Domínguez Ordoñez tuviera un peso de huevos ya hubiera dado a conocer el diagnóstico de cómo recibió la Secretaría de Educación Pública que estuvo en manos del sobrado Camacho Higareda desde enero del 2017 a agosto del 2019, porque así se conocerían los excesos del amigo del gobernador y su mala administración en esa dependencia donde es una realidad que abundan los problemas y conflictos.

Pero así como Florentino Domínguez ha tenido atención de cuidar a Manuel Camacho, éste también ha cubierto el pésimo trabajo del “Profe” en el Sepuede e Icatlax, así como también ha protegido a los recomendados del ex diputado local sobre los que pesan acusaciones de acoso sexual y otras irregularidades.

Sin embargo, es una realidad que el mediocre trabajo de ambos funcionarios emblemáticos de la actual administración es reconocido por su jefe, al grado que son impulsados para buscar la candidatura del PRI al gobierno de Tlaxcala.

Su afán protagónico los ha llevado a hablar de más, de ahí que deberían ser más prudentes y pensar mejor lo que presumen porque al final pueden ser evidenciados como unos ineficientes y mentirosos.

Un buen ejemplo de lo anterior sería el aspirante a poeta Manuel Camacho, quien salió a presumir que en este año el Sepuede ha logrado la vinculación laboral de ocho mil 400 personas, cuando según los datos oficiales de la página en internet del Servicio Nacional de Empleo (SNE) en realidad son seis mil 525 tlaxcaltecas.

La cifra que manejó el funcionario consentido del mandatario para destacar en la primera plana del periódico El Sol de Tlaxcala estaría inflada y muy lejos de alcanzar los números que la administración menista logró en el 2017 y 2018 cuando el Sepuede estuvo bajo la responsabilidad de Luis Vargas González, que según el portal oficial del SNE, pudo colocar once mil 487 y diez mil 283 personas, respectivamente.

Otro dato que revelaría que el Sepuede e Icatlax no tienen rumbo ni una buena dirección, es el jalón de orejas que a nivel nacional dieron a las autoridades tlaxcaltecas, pues la capacitación laboral que se venía dando a través de cursos pagados se cayó drásticamente.

En el primer año de Marco Mena el Icatlax capacitó en sus diferentes centros a 16 mil personas y para el siguiente año alcanzó una cifra de 18 mil beneficiados, pero para este año la cifra apenas si supera los 6 mil tlaxcaltecas, lo que demuestra claramente que el trabajo que en su momento llevó a cabo Florentino Domínguez en esa dependencia (diciembre del 2018 a agosto del 2019) y después continuó Manuel Camacho (septiembre del 2019 a la fecha) es pésimo.

Por esa razón, hace unos días el “académico” metido a nefasto funcionario estatal anunció en Atlangatepec que próximamente el Icatlax brindará cursos gratuitos en 13 municipios del estado, dirigidos a tlaxcaltecas que viven en pobreza extrema y que son atendidos a través del Programa “Supérate”, que impulsa la administración menista.

Valdría la pena que ambos funcionarios dejarán de dedicar tanto tiempo en alentar sus aspiraciones de convertirse en los sucesores de su amigo Marco Mena y dedicaran más horas a realizar su trabajo, porque hasta ahora no tienen nada de que presumir.

Y ya que hablamos de barbaridades, resulta ilógico que la Asociación Civil Red Joven Tlaxcala vinculada al PRD y que preside el ex diputado local Santiago Sesín Maldonado promueva un foro dirigido a mujeres con el tema “Retos y Desafíos de las mujeres en la función pública”, cuando uno de sus miembros distinguidos como es el alcalde de Panotla Eymard Grande Rodríguez es señalado de andar besando a jóvenes, presuntamente menores de edad, a quienes les financió su diversión en el área de juegos mecánicos de la Feria de Tlaxcala.

Antes de andar promoviendo esos foros tan chafas deberían revisar el comportamiento de sus integrantes, porque nadie les puede creer que buscan reconocer a las mujeres cuando su principal financiador siempre trata de aprovecharse de ellas.

La más dolida por el lujurioso comportamiento del edil cachondo de Panotla es su amiga con derechos la diputada perredista Laura Yamili Flores Lozano, quien ayer andana desconsolada por el destrampe de su inquieto compañero.

En busca de un líder que ponga orden en el Congreso

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Desde hace semanas el Congreso del Estado navega sin brújula y sin ningún líder que evite los constantes errores en la conducción de las sesiones y en la integración de la lista de los asuntos a tratar y discutir, pero sobre todo en impedir la confrontación entre diputados aliados que termina por exhibir a la Cuarta Transformación que impulsa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Los diputados locales están obligados a reaccionar y realizar cambios antes de que el manejo de la sesiones ordinarias siga siendo un desorden y se fomente aún más la división entre el bloque mayoritario integrado por Morena, el PT y el PES, porque al final la chiquillada conformada por el PRI, PAN, PRD, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y el Verde Ecologista terminarán por decidir los asuntos importantes y relevantes en el Poder Legislativo.

María Félix Pluma Flores, la bisoña e inexperta diputada del PT, presidenta de la Mesa Directiva, carece de presencia, inteligencia y voluntad para conducir las sesiones. No tiene palabra y su ineptitud sólo ha alentado la confrontación al no respetar acuerdos.

Ayer, su ignorancia provocó un enfrentamiento entre los diputados del PAN y el PT por una iniciativa que pretendía elevar a las ganaderías de toros de lidia cien por ciento ecológicas, la cual sería aprobada según el acuerdo que ya se había acordado en la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, pero María Félix Pluma alteró lo pactado tras ser presionada por el morenista Rafael Ortega Blancas y el panista Omar Milton López Avendaño.

Fue así que esa propuesta ya no se sometió a votación pese a que ya había sido dictaminada por la Comisión de Agricultura que preside la petista Michaelle Brito Vázquez, quien lamentó que esa iniciativa se haya quedado sólo en primera lectura por el tonto proceder de la limitada María Félix Pluma, quien por cierto ayer volvió a abandonar la sesión ordinaria que ella encabeza para asistir al banderazo de inicio de una obra en el municipio de Chiautempan, dejando muy claro que lo suyo es lo social y no la labor legislativa.

Irma Garay Loredo, coordinadora de la bancada del PT y presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política optó por lavarse las manos del torpe actuar de su achichincle y a justificar el incumplimiento del acuerdo que se tenía para aprobar la mencionada iniciativa.

Más tarde y sin un líder visible entre los diputados que fuera capaz de calmar los ánimos, Michaelle Brito aprovechó la tribuna para acusar y descalificar al diputado morenista Rafael Ortega, a quien acusó de ser un atragantado porque no sólo quiere ganar como legislador y responsable del Comité de Administración del Congreso del Estado, sino como empresario encargado de las corridas de toros de la Feria de Tlaxcala y como matador de animales de lidia.

Diputado quiere chingarse todo. Le pido que deje algo para el pueblo. Decídase lo que quiere hacer y póngase a trabajar, le recomendó la legisladora de PT.

Durante el primer año de la actual legislatura hubo errores y diferencias internas, pero al menos se percibía cierto control sobre el trabajo y sobre los diputados locales por parte de quienes en su momento ejercieron la presidencia de la Junta de Coordinación y Concertación Política, los morenistas Víctor Manuel Báez López y Ana Bertha Mastranzo Corona.

Desde que el PT tiene el control de la junta y de la mesa directiva, el Congreso del Estado navega sin orden y es obvio que se perdió la poca armonía y respeto que se tenía, lo cual es un mal augurio para la discusión del presupuesto de egresos del 2020, porque desde ahora hay diputados como el blandengue morenista Ramiro Vivanco Chedraui que anda promoviendo que el fondo para el campo que manejaron este año se cancele y sólo se deje el de obra pública para los municipios, con la salvedad de que ahora sea la Secoduvi la encargada de ejecutar y supervisar los trabajos, porque según él los alcaldes son unos avorazados.

La postura de ese diputado morenista con marcados vínculos priistas curiosamente cambió luego de que el pasado lunes sostuviera una larga plática con el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, quien acudió a inaugurar la rehabilitación de la calle 12 Oriente de la Quinta Sección de Tenancingo, donde el alcalde de esa población Daniel Martínez Serrano y ningún miembro del Cabildo se presentaron a ese evento oficial, demostrando que el secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, no tiene la capacidad de convocar a las autoridades locales que optaron por hacerle guácala al mandatario y sus invitados.

El desorden que se ve en Tlaxcala está cabrón.

Del dicho al hecho hay un gran trecho

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Pronto veremos si el llamado que hizo el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez de trabajar coordinadamente con los diputados del Congreso de Estado tiene eco y una respuesta favorable, porque a los legisladores se le ha metido la idea de meterle mano al presupuesto de egresos para canalizar más recursos al campo y a obras, pero sobre todo frenar la enorme corrupción que habría en el Instituto Tlaxcalteca del Infraestructura Educativa (Itife) a cargo de Anahí Gutiérrez Hernández.


El presupuesto de egresos del 2020 podría convertirse en un punto de discordia y enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tal y como sucedió el año pasado, cuando los diputados aprobaron recortes en algunas partidas y crearon un fondo cercano a los 500 millones de pesos para financiar obras en municipios y poner en marcha un programa de apoyo al campo, lo que valió el veto del joven mandatario Mena que frenó por unos días la ejecución de dicha norma.

Ese escenario no se descarta nuevamente, sobre todo porque los legisladores tienen indicios de una presunta red de corrupción al interior de la administración estatal que estaría encabezada por Carlos Bailón Valencia, secretario Técnico de la Oficina del Gobernador, quien no sólo estaría siendo señalado por constructores tlaxcaltecas de asignar obras a sobreprecios y establecer el monto (20 por ciento) de las supuestas mochadas que cobraría a los empresarios beneficiados, sino que sería el responsable del enorme desorden financiera y administrativo que prevalece en el Itife.

Al mencionado instituto que se encuentra a cargo de la que se creía una marianista Anahí Gutiérrez le fue reprobada la cuenta pública del 2018 por un posible daño patrimonial de 99 millones 93 mil 744.13 pesos, equivalentes al 22% de los recursos ejercidos.

El primer año del gobierno de Marco Mena, es decir durante el 2017, los legisladores también decidieron dictaminar de manera negativa la cuenta de esa dependencia al detectar inconsistencias y desvíos por 70 millones 207 mil pesos.

En dos años el monto de los recursos observados y reprobados superó los 160 millones de pesos y aunque parezca increíble Anahí Gutiérrez Hernández permanece como responsable del Itife, en gran medida porque permitiría a Carlos Bailón hacer y deshacer en esa área del gobierno estatal donde se presume impera una grotesca corrupción.

El expediente de las anomalías, los sobreprecios y otras irregularidades documentadas por empresarios constructores que fueron excluidos por no acceder a las elevadas mochadas solicitadas para tener acceso a obra pública del Itife está en poder de algunos diputados, quienes utilizarán esa información para justificar la intervención del Congreso del Estado que buscará etiquetar desde el presupuesto de Egresos los montos y las obras que realizaría el próximo año esa dependencia, con la finalidad de impedir que esa red de corrupción siga haciendo lucrativos negocios al amparo del poder.

Habrá que ver si los diputados pueden y concretan esa acción o al final los convencen para dejar las cosas como están.

Por cierto, un tema que pronto dejará de tener vigencia porque no hay nada que reclamar, tiene que ver con la acusación alentada por los legisladores y alcaldes del PAN, quienes insisten en que la administración de Mena Rodríguez ha manipulado el Fondo General de Participaciones Federales para generar un supuesto daño de 2 mil millones de pesos para los municipios tlaxcaltecas.

De acuerdo con el informe final de una revisión que llevó a cabo la Auditoría Superior de la Federación que estuvo a cargo de José Abel González Sánchez, esposo de la senadora panista de Tlaxcala Minerva Hernández Ramos, se establece que “el Gobierno del Estado de Tlaxcala cumplió con las disposiciones normativas respecto de la distribución y pago de las participaciones federales a los municipios de la entidad”.

Pareciera que alguien en el PAN tiene un interés en manipular la información para desgastar la imagen de la administración de Marco Mena, quien quizá por esa razón no atendió el llamado de los diputados locales para autorizar la comparecencia de María Alejandra Marisela Nande Islas Secretaria de Planeación y Finanzas.

Una de las estrategias del PAN para subir en las preferencias electorales de aquí a los comicios del 2021 será la del golpeteo, de ahí que de ahora en adelante concentrará sus críticas en el gobernador Marco Mena.

Al tiempo.

El sobrecupo y la incongruencia de las autoridades

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En cada edición de la Feria de Tlaxcala nunca falta el granito negro en el arroz y en esta ocasión la presentación del huamantleco Carlos Rivera en el palenque el viernes pasado evidenció que la ley en Tlaxcala sigue teniendo un terrible tufo priista, porque ésta sólo se aplica a los enemigos, porque a los amigos se les otorga justicia y gracia, lo cual permitió que la empresa descaradamente concretara la sobre venta de boletos y expusiera a los asistentes con un insultante sobre cupo que generó molestia y la protesta de cientos de tlaxcaltecas que se quedaron afuera del recinto.

Es cierto que esa transa no es atribuible al artista del momento de Televisa, sino a la empresa encargada del palenque y de José Antonio Carvajal Sampedro, presidente del Patronato de Feria, quienes para satisfacer su ambición y recuperar dinero de otras presentaciones de bandas y artistas que han sido de regulares a malas, pusieron a reventar el inmueble ubicado al interior del recinto ferial con la complacencia y tolerancia del personal de Protección Civil a cargo del convenenciero José Antonio Ramírez Hernández.

Exponer a los tlaxcaltecas tan torpemente y permitir esas violaciones a la seguridad demuestra que el negocio del palenque no camina bien.

Lo absurdo del caso, es que no hubo ninguna sanción de las autoridades estatales para la empresa responsable del palenque, ni una llama de atención por la burda sobre venta de boletos, la reventa de los mismos y el incumplimiento a las normas de seguridad, situación que resulta preocupante porque demuestra que el Patronato de la Feria en manos del valemadrista Carvajal Sampedro sólo busca su beneficio económico, característica que hoy en día tienen muchos funcionarios priistas del gobierno del estado.

La penúltima edición de la feria de Tlaxcala que le toca organizar al gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez está resultando una decepción, porque si en esta ya están desatados para llevarse todo lo que puedan, imagínese el comportamiento rapiñero que alcanzarán el siguiente año cuando será la última, porque para el 2021 y para fortuna de los tlaxcaltecas ese importante evento ya quedará en manos de la próxima administración estatal.

En un intento por mitigar el malestar de los tlaxcaltecas, el cantante Rivera y las autoridades estatales adelantaron que el huamantleco será el responsable de inaugurar la remodelación del estadio Tlahuicole, cuya presentación no se sabe si será gratuita o tendrá un costo, así como también se desconoce la fecha del concierto que seguramente tratarán de empatar con el Tercer Informe de Gobierno de Mena Rodríguez.

Los 300 millones de pesos que se invirtieron en ese inmueble tuvo la intención inicial de contar con un estadio que reglamentariamente pudiera albergar los partidos del equipo Coyotes de la Primera A de la liga mexicana de Fútbol, pero como no se cumplió con el plazo establecido y ni los dueños de esa escuadra les interesó mantenerlo en esa división, ahora las sesudas autoridades estatales tienen la torpe intención de utilizarlo como un centro de espectáculos aunque eso implique dañar el pasto nuevo que se colocó en la cancha.

Destinar tal cantidad de recursos públicos para que el gobernador pueda admirar y disfrutar en primera fila un concierto de Carlos Rivera me parece un disparate y hasta una extraña obsesión, sobre todo porque dudo que el cantante, junto con sus músicos y bailarines realice su show sin cobrar un solo peso.

Resulta una incongruencia y un oportunismo barato la presentación de Rivera en el estadio Tlahuicole, cuando el gobierno de Mena pudo canalizar esos 300 millones a terminar la Plaza Bicentenario, cuyo inmueble se construyó para albergar ese tipo de espectáculos y no para que el Conacyt lo destine un día de estos para la operación de un Consorcio de Investigación y de Innovación en Tlaxcala.

Pareciera que este gobierno no ha concluido su proceso de aprendizaje ni porque ya entró a su ruta de salida.

Las ocurrencias son la constante y así es imposible dar resultados.

Es una lástima la indiferencia e impasibilidad del gobierno.

Pone TEPJE una pausa a la guerra intestina de Morena

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Ante la incapacidad de los grupos internos para llevar a cabo un proceso legal de renovación de la dirigencia nacional y estatal del partido Morena, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló la convocatoria al III Congreso Nacional, con lo cual dejó insubsistentes todos los actos derivados, como las asambleas distritales que se desarrollaron en los últimos fines de semana y que en Tlaxcala sólo se pudo concretar una de tres convenciones.

Ahora, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena deberá realizar en 90 días todos los actos necesarios para reponer el procedimiento de elección de sus órganos de dirección, de ahí que será hasta el próximo año cuando el partido que fundó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tenga una nueva dirigencia que se encargará de organizar a esa fuerza política para enfrentar los comicios del 2021.

Es probable que el próximo 20 de noviembre se celebre un Congreso Nacional donde los actuales consejeros aprueben una reforma a los estatutos del partido que permita utilizar la encuesta como un método para elegir a sus dirigentes, como en su momento lo sugirió López Obrador a fin de evitar los conflictos internos.

Sin embargo, no se descarta que ese partido decida reponer el proceso tal y como se venía realizando, una vez que se actualice el padrón y se dé la certeza y certidumbre de que las asambleas se pueden llevar a cabo con la participación de todos los militantes y no sólo de aquellos que quedaron inscritos antes de noviembre del 2017.

Para nadie era un secreto que el padrón de Morena no resulta confiable y que éste se encontraba rasurado. Ese partido también tenía serios problemas en su trabajo de credencialización que estableció en sus estatutos, situación que al final no garantizaba la legalidad del proceso que estaba efectuando.

A nivel nacional tres de los cuatro aspirantes a la dirigencia de Morena aplaudieron el fallo del TEPJF. Yeidckol Polevnsky, Mario Delgado y Alejandro Rojas coincidieron en que fue un fallo acertado y reiteraron que el mejor método que puede emplear el partido para designar a sus líderes es la encuesta.

Sin embargo, Bertha Luján, criticó la decisión de la autoridad electoral y acusó a sus adversarios de estar “meciendo la cuna del tribunal”.

“Todos aquellos que insistieron todos los días en echar abajo el padrón, el proceso electoral de Morena, son cómplices de este atropello y ellos están dentro de Morena, los tenemos que denunciar porque fueron el piso por el cual estos señores caminaron a este terrible laudo del tribunal”, acusó en un pronunciamiento afuera de las oficinas del TEPJF.

La anulación de la convocatoria representa un duro golpe al grupo de Bertha Luján que en Tlaxcala era respaldada por los actuales senadores de ese partido, Ana Lilia Rivera Rivera y Joel Molina Ramírez, quienes aspiraban a controlar ese instituto político en el estado a fin de estar en posibilidades de imponer candidatos no sólo a la gubernatura, sino a las diputaciones federales y locales, así como a las alcaldías y presidencias de comunidad de los comicios previstos para el primer domingo de junio del 2021.

Las ambiciones de esos morenistas y de ese grupo al interior del partido tendrán que esperar mejores tiempos para lograr su enorme deseo de control absolutamente esa fuerza política, porque por lo que se ve terminará imponiéndose el método de la encuesta para designar a sus dirigentes.

La renovación de la dirigencia estatal de Morena entrará en un impasse que seguramente enfriará los actuales ánimos y permitirá que en enero o febrero del próximo año haya otras condiciones que ayuden a transitar a una elección de sus líderes sin enfrentamientos y descalificaciones, pues esas circunstancias sólo terminan por afectar la imagen del partido que llevó a López Obrador a la presidencia del país.

Ojalá los morenistas aprendan de esta lección y corrijan su rumbo si es que quieren seguir contando con el respaldo de los ciudadanos.

Alcaldes tras candidaturas para convertirse en diputados

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Poco a poco se acercan los tiempos fatales para muchos presidentes municipales que se han trazado el objetivo de no sólo dejar sucesor en sus ayuntamientos, sino en buscar una candidatura en sus respectivos partidos políticos que les permita contender en los comicios del 2021 para convertirse en legisladores locales y desde ahí seguir impulsado su carrera con ayuda de los recursos públicos.

La lista de alcaldes interesados en brincar al Congreso del Estado es amplia, sin embargo son muy pocos los que han seguido una ruta planeada que les permita cumplir ese objetivo.

Uno que quizá tiene terreno avanzado para convertirse en candidato a diputado federal es el panista Julio César Hernández Mejía, quien sin descuidar sus funciones ha trabajado a ras de tierra y ha reforzado la estructura de su partido en el distrito federal electoral uno, región donde los panistas tienen presencia, fuerza y estarían en posibilidades de dar la pelea.

A diferencia de otros partidos que han descuidado su presencia en la entidad, el PAN pronto demostrará que tiene fuerza en el distrito uno y que en el 2021 estará en condiciones de retener las alcaldías de Apizaco, Tetla y Yauhquemehcan y de recuperar presidencias municipales que gobernó en otros años como Tlaxco, Huamantla, Calpulalpan y Nanacamilpa.

El PAN es el partido que más se está preparando para enfrentar a Morena en las elecciones del primer domingo de junio del 2021.

La lista de alcaldes con posibilidades de buscar una diputación local estaría conformada por los panistas Eleazar Molina Pérez, Francisco Villarreal Chairez y Cutberto Cano Coyotl que gobiernan Tetla, Yauhquemehcan y San Pablo del Monte, respectivamente.

Por el PRI se menciona a Gardenia Hernández Rodríguez que preside el ayuntamiento de Tlaxco, Rafael Zambrano Cervantes que dirige al municipio de Ixtacuixtla, así como a Noé Parada Matamoros que controla el cabildo de Altzayanca.

Por el PRD el único que tiene una posibilidad real es José Isabel Badillo Jaramillo, alcalde de Xicohtzinco, porque los otros ediles de ese partido que andan más que dispuestos a participar como abanderados del sol azteca a diputados locales y que encabezan cuestionados gobiernos municipales están descartados como Tomás Orea Albarrán en Zacatelco, Giovanni Pérez Briones en Totolac y el nefasto Eymard Grande Rodríguez en Panotla.

En el PT se consideraba como una opción competitiva al presidente municipal de Tlaltelulco, Rubén Pluma Morales, pero su inexperta e imprudente hija, la diputada local María Félix Pluma Flores, le ha venido a quitar méritos y complicar su carrera política, porque esa princesa se empeña no sólo en demostrar cada día que su llegada al Congreso del Estado fue un premio, sino que su comportamiento ha jalado de más los reflectores evidenciándola como una joven improvisada y pésima representante popular.

Como se podrá dar cuenta en realidad es reducido el número de alcaldes que podrían brincar de sus ayuntamientos a un lugar en el Congreso del Estado. Los que aquí se mencionan aparecen en las mediciones de encuestas serias que se han venido realizando en las últimas semanas.

El tiempo nos dirá cuántos fueron capaces de cumplir ese objetivo que sin dudas no será nada fácil de concretar.

Un PRI resignado a entregar el poder en Tlaxcala

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Si hay un partido que necesita tiempo y un trabajo monumental para enfrentar la competencia electoral del 2021 es sin duda el PRI, un instituto político que sigue en un desesperante letargo donde pareciera que su actual líder moral lo ha sometido, como si estuviera resignado a entregar el poder sin dar pelea.

Han pasado 15 meses de la dolorosa derrota que sufrió el PRI en los pasados comicios del 1 de julio del 2018, sin embargo políticamente hablando las cosas siguen igual o hasta peor porque la percepción es que ese partido sigue sin reaccionar, sus aspirantes a la gubernatura no despuntan y sus liderazgos regionales y municipales han empezado a explorar su salida del ex partidazo para buscar cobijo en otras fuerzas como Morena.

El joven gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez ha optado por inhabilitar al PRI a través del patético Roberto Lima Morales, quien lejos de revivir al partido, cambiar estructuras y recorrer el estado para reencontrarse con la militancia tlaxcalteca, ha preferido esconderse, lamerse las heridas de la derrota electoral del año pasado y sobre todo fungir como “quinta columna” para facilitar en Tlaxcala la llegada al poder de Morena.

Si su permanencia en la dirigencia estatal del ex partidazo era absurda tras los desastrosos resultados entregados el año pasado, prolongar más el ridículo liderazgo de Lima Morales en el Comité Directivo Estatal del PRI es inexplicable, sobre todo porque desde finales de agosto pasado se abrió la posibilidad para que Noé Rodríguez Roldán asumiera las riendas de ese instituto político una vez que Alejandro Moreno Cárdenas logró la dirigencia nacional del tricolor.

Alentado por sus deseos de figurar como un serio aspirante priista a la gubernatura de Tlaxcala, Noé Rodríguez dejó temporalmente la Secte para coordinar la campaña de “Alito” con el respaldo del mandatario Mena, de ahí que en agosto confirmó que ya no regresaría a su cargo a la administración estatal y que se enfocaría para convertirse en el próximo líder del partido en el estado.

En aquellos días se daba como un hecho su arribo a la dirigencia estatal del PRI, pero ya ha pasado septiembre y octubre y no se ve para cuando Noé Rodríguez pueda empezar a trabajar para, según él, recuperar la confianza ciudadana y constituirse en un sano contrapeso y en una oposición responsable y combativa en el sistema democrático.

La reconstrucción del PRI no se ve por ningún lado.

El gobernador Marco Mena sigue ausente.

El partido tienen cabeza, pero ésta no tiene capacidad de decisión y movimiento.

Las estructuras y militantes están encabronados y los aspirantes a la gubernatura (Anabell Ávalos Zempoalteca, Florentino Domínguez Ordoñez, Manuel Camacho Higareda, Enrique Padilla Sánchez, Anabel Alvarado Varela y Noé Rodríguez Roldán) siguen sin despuntar y figurar en la competencia rumbo al 2021.

El PRI como partido se ubica como la segunda fuerza política en las preferencias según diferentes estudios de opinión, pero cuando se vincula a sus probables candidatos a la gubernatura es superado por el PAN y sus aspirantes que parecieran tener más aceptación ciudadana.

Hasta ahora el PRI no ha encontrado la fórmula para disputarle a Morena las preferencias electorales en la entidad, pues es evidente que el partido del presidente de México Andrés Manuel López Obrador goza en Tlaxcala de un altísimo nivel de apoyo ciudadano que lo ubica como el favorito para arrebatarle en 20 meses la gubernatura al tricolor.

Con este desolador panorama, la lógica indicaría que el PRI está resignado a perder y entregar el poder en Tlaxcala, porque no hay un solo elemento que haga pensar que el mandatario y el ex partidazo están haciendo algo para retener la gubernatura. O me equivoco.