[xyz_lbx_default_code]

Publicaciones etiquetadas ‘pri’

Un Congreso del Estado sometido

.

Algo tendrá que hacer los futuros diputados locales para garantizar que los actuales procedimientos legislativos garanticen la designación correcta de los mejores nombramientos de funcionarios, pues hoy en día sólo se trata de un trámite más para cumplir con la ley y permitir que se haga efectiva la voluntad de la persona que hoy ostenta el poder en Tlaxcala.

dal

Resulta intrascendente el procedimiento legal para llevar a cabo la designación del procurador de Justicia en el estado, cuando el gobernador envía la terna a los legisladores quienes a su vez montan un teatro para realizar a través de unos sinodales una evaluación que al final termina en una recomendación sobre alguien específico cuyo nombre es plasmado en un dictamen que es sometido a votación en el pleno y sin mayor problema obtiene su nombramiento.

Entonces, el abogado designado rinde protesta ante esa soberanía como nuevo procurador general de Justicia en el estado, para después anunciar la reestructuración de la dependencia y su transformación para adaptarse a los tiempos modernos, lo cual sólo se queda en declaraciones estrambóticas porque en la realidad las cosas siguen igual o peor.

Y que mejor ejemplo para ilustrar lo anterior es que en 20 meses la Procuraduría General de Justicia en el Estado ha tenido tres titulares (Tito Cervantes Zepeda, José Aarón Pérez Carro y el designado ayer José Antonio Aquiahuatl Hernández), quienes pasaron por el ridículo procedimiento antes descrito y prometieron la reestructuración de esa dependencia que es ineficaz, ineficiente y corrupta.

Al nuevo procurador Aquiahuatl Hernández hay que darle el beneficio de la duda y un tiempo para comprobar si realiza la mentada reestructuración o simplemente optó por emular a sus antecesores que fracasaron en su intento por corregir las deficiencias que enfrenta una dependencia que hoy padece la falta de personal, de equipo y recursos económicos para enfrentar a una delincuencia organizada que está desatada en Tlaxcala.

Los diputados locales dóciles y en su actitud de divos ni siquiera cuestionaron que en 20 meses se vaya por el tercer procurador y que ninguno de los dos que estuvieron en el cargo antes que José Antonio Aquiahuatl hubiera aceptado comparecer ante esa soberanía para explicar las razones por las cuales la incidencia delictiva se ha disparado.

Si en un tema tan delicado los legisladores no tuvieron la delicadeza de aparentar interés, menos lo hicieron en el caso de la designación del titular del Órgano Interno de Control del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones donde acomodaron al marianista José Marcial Flores Gómez, quien carece de experiencia en el trabajo que deberá desempeñar a partir de este día.

En la pasada administración estatal que encabezó Mariano González Zarur, el hoy nuevo funcionario del ITE se desempeñó como un jefe de Departamento del C4 donde no hizo nada trascendente.

Es evidente que había mejores perfiles para ocupar ese cargo, pero los diputados evitaron las complicaciones y realizaron el nombramiento una vez que recibieron la instrucción de su jefe político.

El desdén de los diputados locales que en 20 días dejarán sus cargos es preocupante, porque seguramente harán los peores nombramientos de los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, donde por cierto 21 personas buscan integrarse a ese organismo que tendrá que estar conformado a más tardar el 15 de agosto.

Hasta ahora ningún nombre destaca y tampoco se tienen buenas referencias de alguno de ellos, de ahí que es muy probable que en Tlaxcala se tenga un comité gris y sometido a la influencia del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.

Mientras exista un Congreso del Estado dócil e incapaz de ejercer su independencia, seguiremos viendo el nombramiento de funcionarios a modo que lejos de ver por los intereses de los ciudadanos llegan a defender y velar por los intereses de las personas que facilitaron su designación.

Así no se puede avanzar.

La enfermedad de la Secretaría de Salud

.

Una de las dependencias que al final del gobierno Mariano González Zarur padeció el abandono fue la Secretaría de Salud, el cual se pensó que sería superado una vez que la administración de Marco Antonio Mena Rodríguez la incluyó en su triángulo de prioridades, sin embargo eso no ha sucedido y los problemas que tenía se han agravado por el pésimo trabajo que ha realizado el hidalguense Alberto Jonguitud Falcón.

sesa
Al igual que sucedió con otros funcionarios foráneos que se incrustaron en el gobierno del estado a principios del 2017 presumiendo sus currículum y su amplia trayectoria administrativa, Alberto Jonguitud Falcón asumió el control de la Secretaría de Salud en Tlaxcala sin aportar ninguna novedad o algún cambio sustancial en la operación de esa dependencia.

Han pasado casi 20 meses desde que llegó a Tlaxcala y la Secretaría de Salud padece los mismos problemas que en el gobierno pasado, pues la falta de personal y equipo es la constante, así como de otros insumos necesarios para ofrecer un aceptable servicio a la población.

Resulta lamentable que por la negligencia de los funcionarios de esa dependencia que dice controlar Jonguitud Falcón se tenga escasez de vacunas, pues resulta que se les olvidó girar un oficio para comprar esas inmunizaciones que hoy simplemente no se encuentran en las clínicas y hospitales de Tlaxcala.

También resulta grave que los pacientes que acuden a un hospital tengan que desembolsar fuertes cantidades de dinero para pagar intervenciones quirúrgicas porque según el personal médico no existen los especialistas, cuando en realidad se trata de doctores que si están disponibles pero que aprovechan la desesperación de los familiares de los enfermos para hacer negocio.

Los que conocen las entrañas de la Secretaría de Salud en Tlaxcala dicen que existe un desorden no sólo en la atención médica, sino administrativamente al grado que la cuenta pública del 2017 de esa dependencia tiene graves inconsistencias que de no ser perdonadas por los diputados locales será reprobada.

Esa fue una de las razones por las cuales hace unas semanas el ex diputado local Mario Hernández Ramírez fue cesado de la dirección Administrativa de la Sesa. Su lugar fue ocupado por Guadalupe Zamora Rodríguez, quien ha tenido serias dificultades para corregir las fallas y errores que se cometieron durante más de un año en esa dependencia.

Nadie se explica porque la Secretaria de Salud se encuentra abandonada y con tal desbarajuste si en teoría Alberto Jonguitud presumió su amplia experiencia obtenida en Hidalgo, ya que ocupó la titularidad de esa área en el gobierno de Manuel Ángel Núñez Soto y otros dos en la administración del ex mandatario Miguel Ángel Osorio Chong.

El descuido de Jonguitud Falcón es tal que los indicadores de ciertos rubros de la Secretaría de Salud de Tlaxcala han venido a la baja, lo que comprobaría que ese funcionario sólo llegó a cobrar a Tlaxcala.

Si se llevara a cabo una evaluación sobre el desempeño y logros de los actuales funcionarios que integran el gabinete estatal, sin dudas el secretario de Salud estaría reprobado en todos los sentidos, sin embargo aun así tiene la fortuna de presumir que está lejos de dejar su puesto porque ha tenido la fortuna de asumir un bajísimo perfil que casi lo ha hecho imperceptible como su trabajo que dice realizar.

Tlaxcala merece funcionarios comprometidos y no simuladores que su labor tarde o temprano afectará la imagen del gobierno.

La insaciable ambición de la actual legislatura

.

Sólo la corrupción podría explicar el raro comportamiento que en los últimos días han tenido los diputados integrantes de la agonizante legislatura, quienes se han erigido en los salvavidas de los presidentes municipales en la revisión de sus cuentas públicas, pues las anomalías e inconsistencias detectadas por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) pretenden ser borradas de un plumazo.

retoqie

 

Los diputados encabezados por el perredista Alberto Amaro Corona, quien se ostenta como presidente de la poderosa Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado se han atrincherado en el edificio que alberga al OFS para aparentar que su proceder en la revisión de las cuentas públicas está siendo avalado por esa instancia, cuando no es así porque las anomalías e inconsistencias detectadas durante el ejercicio del año fiscal del 2017 no pueden ser solventadas por arte de magia y de la noche a la mañana.

Sin medir las consecuencias de sus actos, los legisladores locales se han dado a la tarea de vender la idea de que gracias a su intervención y al estímulo que pudieran recibir será posible elaborar dictámenes aprobatorios de aquellas cuentas que según la observación técnica y especializada del Órgano de Fiscalización Superior deberían ser reprobadas.

Ofrecen impunidad y eximir a los alcaldes en funciones de cualquier responsabilidad, situación que resulta totalmente falsa porque los futuros diputados ligados a la coalición electoral conformada por Morena, el PT y el PES que en septiembre tendrán el control del Congreso del Estado están enterados de esos acuerdos poco claros y podrían revisar la actuación de sus homólogos, lo cual abriría la posibilidad de iniciar procedimientos administrativos y penales.

Un buen ejemplo de lo anterior es el caso del ex alcalde de Tlaxcala, Adolfo Escobar Jardínez, quien logró que la pasada legislatura aprobara su cuenta pública, sin embargo los actuales diputados ordenaron que se presentara la denuncia penal por presuntos malos manejos financieros que prosperó, al grado que el panista hoy en día se encuentra vinculado a un proceso legal y cada lunes debe ir al juzgado a firmar el libro para llevar su caso en libertad.

El diputado neo priísta José Martín Rivera Barrios no pierde oportunidad y estaría ofreciendo a los ediles que se encuentra en el camino limpiar sus cuentas públicas. Lo anterior lo podrían corroborar los alcaldes de Tzompantepec, Xaloztoc, Terrenate y San José Teacalco, quienes se dice que ya comprometieron las obras del 2019 a cambio de obtener el aval del Congreso del Estado respecto a sus estados financieros del año pasado.

Para nadie es un secreto que Rivera Barrios también es un próspero empresario constructor que cuando se desempeñó como alcalde de Terrenate se dio tiempo para ejecutar obras en su población y en otros municipios como Contla, donde por cierto dejó un cochinero que estaría por manchar su impoluto plumaje de buitre.

En lo personal dudo que el Órgano de Fiscalización Superior se preste al comportamiento ilegal que pretenden llevar a cabo los actuales diputados locales, quienes muestran una insaciable ambición a poco más de veinte día de dejar su cargo.

Pareciera que no ven la nueva realidad política del país y de Tlaxcala. Hoy nadie puede solapar y tolerar actos de corrupción sin enfrentar consecuencias legales.

Imagínese si al rato aparece un video que muestre a un diputado local recibiendo dinero u ofreciendo limpiar la cuenta pública de algún alcalde a cambio de un estímulo. Sería un escándalo mayúsculo que sin dudas daría la pauta a los futuros legisladores de Morena, el PT y el PES para iniciar una cacería contra los corruptos.

Si surge un escándalo de corrupción no dude que éste salpique al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, pues nadie podrá negar que la actual legislatura está bajo su ámbito de influencia y que él ha avalado la actuación de sus integrantes.

La apresurada y alterada aprobación de las cuentas públicas podría convertirse en un serio dolor de cabeza para muchos. Al tiempo.

Una papa caliente la procuraduría de Justicia

.

Será el miércoles de esta semana cuando se conozca el nombre del tercer procurador general de Justicia en el estado, una vez que los diputados locales realicen el trámite legal correspondiente y reciban línea para designar al elegido que asumirá una dependencia cuyos pendientes son enormes al igual que la falta de resultados en los últimos 20 meses.

señorio

Al revisar la terna que se integró con los abogados José Antonio Aquiahuatl Sánchez, Nemesio Flores Santander y Betinia Pérez Pluma para nombrar al nuevo procurador, el primero se ubica como el favorito para llegar al cargo que soñó ocupar cuando el entonces responsable de la PGJE, Tito Cervantes Zepeda, lo invitó en abril del 2017 a convertirse en jefe del Departamento de Investigación del Delito.

Posteriormente, el mencionado abogado y especialista en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio brincó a la Subprocuraduría de Justicia, posición que ha conservado y desde donde fue tejiendo poco a poco para tener el control de la dependencia que estaba bajo el mando de marianistas ligados a la ex procuradora Alicia Fragoso Sánchez.

Aunque ya puso a raya a los marinistas que obstaculizaban el trabajo de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, la realidad es que Aquiahuatl Sánchez forma parte de la estructura de esa instancia que no ha entregado buenos resultados en los últimos meses, pues los expedientes de casos sin resolver siguen acumulándose como ha venido sucediendo desde la administración de Mariano González Zarur.

Si José Antonio Aquiahuatl asume la responsabilidad de esa dependencia no tendrá muchos pretextos ni tiempo para justificar la ineficacia e inoperancia de los ministerios públicos y de la policía encargada de investigar los delitos, toda vez que se le exigirán resultados inmediatos sobre todo porque ha tenido una función de mando desde hace más de un año y no podrá alegar desconocimiento de los temas y de los pendientes.

Para nadie es un secreto que es la fecha que la PGJE no puede detener a la banda criminal dedicada al robo con violencia de las unidades del transporte público que en los últimos días ha aumentado su actividad en la zona de Chiautempan y Tlaxcala sin enfrentar algún tipo de consecuencia o a los ladrones de automóviles que con la complicidad de los policías municipales operan libremente.

Tampoco ha detenido a la banda que con total impunidad opera en la capital de Tlaxcala y lo mismo roba a negocios ubicados en los alrededores de Acuitlapilco que por las noches hurta automóviles de lujo con uso de violencia, pues los conductores son interceptados y obligados a detenerse para después ser despojarlos de su unidad sin que la policía municipal mueva un dedo que al parecer está más preocupada en aumentar sus grupos vecinales a través de WhatsApp que en salir a vigilar y dar rondines.

Los múltiples casos de ejecuciones registrados en Tlaxcala siguen sin ser aclarados. Vaya es común y hasta normal dar a conocer el hallazgo de cuerpos en diferentes zonas del estado con signo de violencia, sin que las autoridades estatales muestren alguna preocupación o alguna reacción para tratar de aclarar esos lamentables hechos que generan miedo e incertidumbre a los tlaxcaltecas.

Los tlaxcaltecas quieren resultados y tienen derecho a exigir resultados al futuro procurador.

Alejandra Frausto Guerrero en Tlaxcala

Hasta ahora poco o nada se sabe del encuentro que el pasado jueves sostuvieron en Tlaxcala el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez y la futura secretaria de Cultura del gobierno federal, Alejandra Frausto Guerrero.

La virtual funcionaria de la administración de Andrés Manuel López Obrador estuvo en la entidad y platicó con el mandatario sobre la instalación de esa dependencia. Poco se conoce de lo platicado y los detalles del encuentro, donde por cierto no asistió Juan Antonio González Necoechea, titular del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, quien suele filtrar los detalles de esas reuniones para aparentar una importancia que no tiene.

Se sabe que Alejandra Frausto también sostuvo una reunión con Lorena Cuéllar Cisneros, virtual coordinadora general del gobierno federal en Tlaxcala. Comieron juntas y disfrutaron unos deliciosos chiles en nogada. Los futuros funcionarios de AMLO andan muy movidos en Tlaxcala.

La mala fama los persigue

.

Donde han empezado a sonar los tambores de guerra es al interior del PT, cuyos militantes tlaxcaltecas quieren que Silvano Garay Ulloa y su gatillero metido a diputado local Jesús Portillo Herrera dejen de controlar el destino de ese instituto político, no sólo porque jugaron chueco en los pasado comicios, sino porque ambos han lucrado con las posiciones que negocia el partido al interior del Congreso del Estado.

manc2

Silvano Garay Ulloa ha optado por aplicar la política del avestruz ahora que él y su hija Irma Garay Loredo tienen prácticamente asegurados sus abultados ingresos, pues el primero cobrará en la Cámara de Diputados y la segunda en el Poder Legislativo de Tlaxcala. Ambos sin esforzarse porque llegan por la vía plurinominal y con el trabajo que realizaron los candidatos y militantes del PT.

Tal situación tiene más que molestos a los miembros de ese partido en Tlaxcala, quienes están cansados de que Silvano Garay y su familia sigan lucrando no sólo con las prerrogativas que recibe el PT en la entidad, sino con las posiciones que siempre obtienen a través de acuerdos obscuros al interior del Poder Legislativo.

El manejo de los recursos que recibe el PT por financiamiento es discrecional y sólo Garay y su hija Irma Garay saben en qué lo gastan, ya que nunca realizan actividades partidistas y tampoco pagan los sueldos al personal que trabaja para lograr el crecimiento de la militancia.

Garay Ulloa cuando se desempeñó como diputado local en la pasada legislatura logró basificar a su yerno y negociar otros privilegios personales, como lograr que su secretario técnico y hoy legislador Jesús Portillo cobrara puntualmente sus quincenas sin mover un solo dedo.

La dupla Garay Portillo ha controlado los últimos años la dirigencia del PT en Tlaxcala. El primero dice ser el cerebro y el segundo el gatillero o el brazo armado con el que se intimida a la militancia para evitar rebeliones.

En los pasados comicios jugaron chueco y sucio al proyecto del hoy presidente electo Andrés Manuel López Obrador, pues mientras Silvano Garay daba la cara en los eventos proselitistas de Morena y el PT, Jesús Portillo hablaba en mítines del partidazo maravillas de los candidatos del PRI a las diputaciones federal y local, Mariano González Aguirre e Ignacio Ramírez Sánchez, respectivamente, por lo que no tenía ningún empacho en pedir el voto para ellos y el tricolor.

Sobra decir que el primero saco raja política, mientras que el segundo hizo el ridículo al quedar demostrado que es un doble cara y un convenenciero.

Los petistas tlaxcaltecas están solicitando la expulsión del aún diputado local Jesús Portillo por traidor y que la familia Garay deje de controlar el partido en Tlaxcala. En breve también exigirán que Irma Garay deje de buscar la coordinación del PT en el Congreso del Estado y se abra esa opción a un diputado que haya obtenido su lugar por los votos que obtuvo en las urnas durante las pasadas elecciones.

Ojalá la coalición electoral “Juntos Haremos Historia” que ganó las elecciones y que asumió como una de sus principales banderas el combate a la corrupción empiece por impedir que vivales como los antes mencionados sigan lucrando con sus posiciones, toda vez que se trata de políticos que les encanta pegar con la izquierda y cobrar con la derecha.

Al PT le urge un cambio y una transformación para ser tomado como un partido serio en la entidad.

Las prisas pueden llevar a errores

.

Pese a que tuvieron tiempo para aprobar todo lo concerniente al Sistema Estatal Anticorrupción, los diputados locales llevaron dejaron al último ese trabajo y hoy con las prisas pueden cometer errores que puede afectar la credibilidad de esa estructura encargada de investigar y castigar posibles malas prácticas de funcionarios públicos.

corrupción tlax

Si en 13 días los diputados locales conformarán el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, entonces porque optaron por realizar el proceso de selección de sus integrantes hasta los últimos días que les resta como legisladores.

Si los diputados cometen un error en el mismo, es probable que alguien impugne ese procedimiento y le toque a la siguiente legislatura concretar esas designaciones que pueden ser muy diferentes a las que se tiene pensado nombrar antes del 15 de agosto.

De acuerdo con la convocatoria dada a conocer, serán nombrados cuatro integrantes del mencionado comité, mismos que durarán en sus cargos, dos, tres, cuatro y cinco años, respectivamente.

Los aspirantes deberán tener la ciudadanía mexicana y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles. Además deberán acreditar experiencia en materias de transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción.

También se pide una edad mínima de cuando menos treinta y cinco años al día de la designación y poseer título profesional de nivel licenciatura y sobre todo gozar de buena reputación.

Los participantes en ese proceso tendrán que presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de forma previa a su nombramiento.

Entre el 6 y 7 de agosto se recibirán las propuestas, para que el 9 de este mes se someterán a una evaluación escrita y otro más que será una entrevista pública que se efectuará entre el 10 y el 13 de agosto.

Será el martes 14 de agosto cuando el pleno del Congreso del Estado designe a los miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, por lo que los diputados del PRI y sus aliados están obligados a no cometer ningún error si es que quieren acomodar a los personajes que ya recibieron la venia del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.

Lo interesante será conocer quiénes se inscriben y si en realidad tienen calidad moral para integrarse al mencionado comité. Veremos si hay voluntad y apertura para permitir la llegada de ciudadanos comprometidos con el combate a la corrupción o si sólo se trata de una cortina de humo para acomodar a personeros del actual grupo en el poder.

Resulta lamentable que Tlaxcala se encuentre entre los estados que no cumplieron con los plazos fijados para poner en marcha el Sistema Estatal Anticorrupción, pero sería más que los futuros miembros del comité no fueran honorables o que no tengan el perfil indicado, porque esa señal sería muy negativa para la futura designación del Fiscal Anticorrupción y de los otros dos magistrados que conformarán el Tribunal de Justicia Administrativa.

Pronto sabremos si el Sistema Estatal Anticorrupción de Tlaxcala tendrá o no credibilidad.

En busca de la estabilidad en la procuraduría

.

Dos de las áreas más sensibles del gobierno del estado, la Secretaría de Gobierno y la Procuraduría General de Justicia en el Estado han tenido en lo que va de la actual administración una inusual rotación de titulares, pues en la primera han pasado ya cuatro personajes y en la segunda está por conocerse el tercer responsable de una dependencia que tiene múltiples pendientes.

exped1

Los ajustes en el gobierno del estado no han terminado y éstos seguirán una vez que el Congreso del Estado designe al nuevo procurador de Justicia. La evaluación de los miembros del gabinete legal y ampliado sigue, por lo que no se descartan cambios, principalmente de aquellos funcionarios que no han entregado resultados o que de plano han cobrado sin hacer nada.

Por lo pronto, ayer el gobernador de Tlaxcala Marco Antonio Mena Rodríguez envió la terna al Poder Legislativo para que los diputados designen al tercer procurador de Justicia que tendrá la entidad en 20 meses.

El primero en ocupar esa dependencia fue Tito Cervantes Zepeda, quien nunca pudo asumir el control total de esa área del gobierno menista, pues los marianistas se atrincheraron y pusieron obstáculos para no perder sus privilegios y sus cotos de poder.

Después llegó el hermano de Margarito Pérez Carro, el ex funcionario de la PGR conocido como José Aarón Pérez Carro, quien paso sin pena ni gloria por la PGJE al estar por poco más de cuatro meses como titular de esa instancia, la cual abandonó en los primeros días de julio para ocupar la Secretaría de Gobierno donde ahora sí se ve su mano y su operación.

El próximo procurador saldrá entre José Antonio Aquiahuatl Sánchez, Nemesio Flores Santander y Betinia Pérez Pluma. De no existir sorpresas, el primero que se desempeña como subprocurador será el elegido.

Al parecer las otras dos propuestas van de relleno en la terna, aunque no descarte que entre esos dos abogados termine saliendo el subprocurador y la fiscal anticorrupción.

Corresponderá a la agonizante legislatura local designar al nuevo procurador de Justicia. Arnulfo Arévalo Lara, nuevo líder de los diputados priistas tendrá bajo su responsabilidad esa operación, la cual podría complicársele si comete el mínimo error, pues sus compañeros andan sensibles no sólo por la derrota electoral del pasado 1 de julio que sufrieron algunos de ellos, sino porque sienten que el gobernador no ha tenido las atenciones que se merecen o la promesa de que serán incorporados a la administración estatal una vez que dejen sus curules.

La Procuraduría General de Justicia en el Estado necesita estabilidad y el nuevo responsable tendrá que dar resultados en el corto plazo, ya que no puede seguir acumulando expedientes y casos sin resolver y encontrar pretextos para justificar la ineficiencia de una dependencia que goza de un enorme desprestigio.

Con la llegada de Pérez Carro a la Secretaría de Gobierno y la virtual designación de José Antonio Aquiahuatl como procurador de Justicia, se dice que ahora sí se llevará a cabo una limpia de marianistas en ambas dependencias al comprobarse que los funcionarios ligados a ese grupo insisten en poner piedras en el camino a la administración de Mena Rodríguez.

Agosto será un mes donde los cambios seguirán, de ahí que habrá que ver si éstos llegan a los titulares de las secretarías que simplemente salen reprobados en sus evaluaciones.

Sólo palabras la implacable fiscalización del Congreso

.

Una vez que ayer concluyó el plazo legal para que los entes fiscalizables solventarán sus observaciones registradas en sus cuentas públicas, corresponderá a los diputados locales revisar, analizar y elaborar los dictámenes correspondientes, por lo que pronto veremos qué tan implacables son a la hora de revisar el correcto uso y aplicación de los recursos públicos.

ediles_9%5b1%5d

Un enorme carga de ineficiencia es la que persigue a la actual legislatura local en el proceso de fiscalización, pues al inició de sus funciones prometió cero tolerancia a la corrupción y castigo a los ex alcaldes que se excedieron en sus funciones y dejaron quebrados a sus respectivos ayuntamientos.

Han pasado 19 meses desde que los diputados asumieron sus cargos y es la fecha que no existe ningún ex presidente municipal en la cárcel, pese a que están más que documentados sus malos manejos financieros.

Tampoco tuvieron el valor para iniciar una investigación sobre los presuntos malos manejos que se cometieron en la pasada administración que encabezó el malhumorado Mariano González Zarur, quien bien pudo ser llamado a cuentas para que respondiera a la estafa maestra que cometió con la compra de miles de tabletas que en teoría fueron entregadas a estudiantes tlaxcaltecas, sólo por citar un caso de sus excesos y abusos.

Alberto Amaro Corona, presidente de la Comisión de Fiscalización y Finanzas del Congreso local ha reiterado en los últimos días que el Poder Legislativo no será un alcahuete y que por el contrario será implacable al momento de dictaminar las cuentas públicas de los 105 entes fiscalizables correspondientes al 2017.

Seguramente habrá una que otra cuenta pública que serán reprobada, así como otras que serán avaladas con severos cuestionamientos y otras más que pasarán sin problemas, sin embargo los actuales diputados deberán medir el alcance de sus decisiones porque la próxima legislatura con mayoría de Morena y sus aliados que entrará en funciones en septiembre no tendrá ningún impedimento legal para abrir esos expedientes en caso de encontrar indicios o elementos que supongan que se trató de cubrir actos de corrupción.

Hoy los diputados pretenden mostrarse exigentes y hasta honestos, pero se les olvida que en la Procuraduría General de Justicia del Estado existen 30 denuncias contra igual número de ex ediles que fueron almacenadas por los agentes ministeriales.

De esas denuncias sólo cuatro fueron debidamente integradas en la PGJE, pero como suele suceder en sistemas corrompidos e infectados por la corrupción, los probables culpables evadieron su aprehensión porque fueron alertados desde el Tribunal Superior de Justicia del Estado, de ahí que Adolfo Escobar Jardínez, Vicente Hernández Roldán, Antonio Mendoza Romero y Filemón Acoltzi Nava caminan libremente por las calles sin ninguna preocupación.

Si los diputados locales no pudieron ser implacables con esos ex alcaldes que enfrentan acusaciones millonarias, dudo que ahora sí se pongan dignos y exigentes con las actuales autoridades.

La revisión de las cuentas públicas correspondientes al año pasado no urge y bien podrían dejar ese proceso a la siguiente legislatura, para darle prioridad a temas más apremiantes como la designación del procurador de Justicia del estado y la puesta en marcha del Sistema Estatal Anticorrupción.

La aprobación de las mencionadas cuentas públicas al final puede resultar un mal negocio para los actuales diputados.

Y para finalizar le dejo una trivia más

Quién es el funcionario del Registro Público que ganando 12 mil pesos mensuales ha acumulado un digno patrimonio inmobiliario. Le gusta la buena vida y simplemente no hay concordancia entre lo que gana y gasta.

Pistas.

Es tan bueno que se ha mantenido en el mismo cargo durante las últimas tres administraciones estatales.

Presume conocer los secretos y negocios de todos los jefes que ha tenido.

La trata y el huachicol que las autoridades no ven

.

Se dicen que ambas actividades ilícitas son combatidas en Tlaxcala y que son una prioridad de las autoridades encargadas de prevenir y vigilar que esos delitos, sin embargo basta con recorrer ciertas zonas del estado para comprobar que se realizan a plena luz de del día y sin ninguna restricción, lo que hace pensar que los funcionarios están coludidos y toleran esas prácticas.

prostihuachicol

Más que realizar conmemoraciones del Día Mundial contra la Trata de Personas a través de diversas actividades deportivas, lúdicas y recreativas, las autoridades federales, estatales y municipales deberían dejar la simulación y emprender acciones reales para erradicar ese problema que por lo regular siempre implica la explotación sexual de mujeres.

Resulta increíble que ninguna autoridad observe el número de mujeres que todos los días se paran a lo largo de la vía corta Puebla-Chiautempan para ofrecer sus servicios sexuales. Todos las ven, menos los responsables de evitar que esas jóvenes damas ejerzan una actividad que según la ley está penalizada.

El gobierno no puede negar que muchas de ellas son víctimas del delito de trata de personas, pues si la PGJE es incapaz de resolver o concluir las quince investigaciones iniciadas este año por hechos donde se presume se cometió ese delito, es obvio que nunca tendrá tiempo para llevar a cabo operativos que inhiban esa práctica en una carretera donde tiene años realizándose como si fuera una costumbre y una imagen natural del paisaje.

Dígame si para combatir ese delito ayuda organizar una caminata por las principales calles de la capital en la que participaron funcionarios públicos de la administración estatal acompañados por sus familias y que después los asistentes hubieran disfrutado de actividades recreativas como exhibiciones de ajedrez, box, taekwondo, karate, kung fu y la presentación de la cuenta cuentos Flaviana Moreno Herrera y del grupo “Cuepani”.

O que el grupo Muralistas de Tlaxcala haya elaboró una imagen alusiva a la fecha o que se hubieran efectuado actividades de baile donde estuvo el grupo musical “Ensamble Acústico”.

También las autoridades ofrecieron recorridos turísticos y organizaron un rally y presentaron la obra “A las Faldas de la Malinche”.

En lo personal creo que poco o en nada ayudan esas actividades para combatir un delito que todos los días se comete en Tlaxcala con total impunidad.

El huachicol llegó para quedarse

Otra actividad ilícita que es común en Tlaxcala es el huachicol, pues según reportes que se tienen diariamente son comercializados en la entidad entre 15 mil y 20 mil litros de combustible que es extraído de los ductos de Pemex por bandas organizadas que siguen teniendo su centro de operación en San Martín Texmelucan.

Los huachicoleros que por lo regular no son oriundos de la entidad, compran en litro de gasolina o diésel en 8 pesos a sus proveedores, para después comercializarlo en Tlaxcala entre 13 y 15 pesos, lo que representa un negocio redondo para todos los involucrados.

Sus unidades pasan todos los días por la carretera de cuota de San Martín Texmelucan a Tlaxcala sin que nadie los moleste.

Vaya es tan lucrativo ese negocio que se dice por parte de los criminales que patrullas de CES de Tlaxcala los custodian para evitar ser detenidos mientras circulan. A cambio de ese servicio los uniformados reciben una mochada de 2 mil pesos. También obtendrían su parte policías federales y municipales, por lo que es difícil pensar que algún día los jefes de esas bandas irán a la cárcel.

Nadie sabe hasta cuándo durará esta absurda simulación en Tlaxcala.

El desordenado sistema educativo tlaxcalteca

.

El malestar que existe al interior del sistema educativo de Tlaxcala contra el responsable de dirigirlo y adminístralo, Manuel Camacho Higareda, es real y los brotes de inconformidad cada vez se harán más evidentes, no sólo por parte de los padres de familia y alumnos, sino de los maestros y personal administrativo que se sienten maltratados y marginados.

bien

Tras casi 19 meses de fungir como responsable de una de las secretarías de mayor importancia en el gobierno de estado, Manuel Camacho Higareda tiene un desordenado sistema educativo que ha olvidado la inversión en maestros y en infraestructura, para dar prioridad a un nuevo sistema estatal de becas que si bien era necesario provocó la marginación de otras necesidades del sector que tarde o temprano serán motivo de inconformidades.

Hoy la estructura administrativa de la Secretaría de Educación Pública y los responsables de las universidades politécnicas e institutos tecnológicos, así como los académicos y administrativos de las escuelas del nivel medio superior perciben la gran diferencia entre Manuel Camacho Higareda y Tomás Munive Osorno, ex titular de esa dependencia en el gobierno de Mariano González Zarur.

Al primero le encanta la presencia mediática sin atender y resolver la problemática que se presenta en su dependencia. El segundo se caracterizaba por un bajo perfil y con disposición para resolver y apuntalar el crecimiento de todos los niveles educativos, para lo cual invertía los recursos públicos en lo que fuera necesario.

En la gestión de Manuel Camacho se ha dado una inusual rotación de directores de escuela y la relación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) es mala al grado que ambas partes recurren a la simulación y a las apariencias, pues ese poderoso gremio no olvida que en el actual gobierno perdió posiciones de mando en la estructura de la SEPE que pretende recuperar.

La política de austeridad aplicada por las autoridades educativas tlaxcaltecas que afectaron las percepciones económicas que recibían los maestros y trabajadores administrativos no implicaron mejoras en infraestructura o en equipo, así como tampoco en novedosos programas de capacitación y actualización docente, de ahí que haya malestar contra esa decisión que al final les pegó en sus remuneraciones.

Un buen ejemplo para describir lo anterior es lo que pasa en el Colegio de Bachilleres de Tlaxcala, donde la directora general Silvia Josefina Millán López tiene una bomba que pronto podría estallarle.

La presunciosa académica eliminó por sus pistolas las prestaciones que venían recibiendo los trabajadores de confianza de 24 planteles (que comprenden a los directores, subdirectores, jefes de oficina, prefectos) y también le recortó prestaciones a los colaboradores de las oficinas centrales entre quienes están directores de área, jefes de departamento, jefes de materia, personal de mantenimiento y administrativos, es decir, casi a todos les cepillo el bolsillo.

Y por si eso no fuera suficiente, Millán López les redujo parte del aguinaldo (en un 10%) y mandó al carajo el estímulo que obtenían los trabajadores del Cobat por “el día del empleado”, el cual era entregado de forma anual cada 15 junio y equivalía a una quincena.

Sin embargo, esa austeridad no fue replicada por la amiga de Manuel Camacho, ya que ella y su selecto grupo de siete colaboradores de apellidos Cervantes, Pastrana, Vega, Guerrero, Salazar y otros más reciben bonos quincenales, autos y gasolina.

Hay prestaciones que el Cobat adeuda a sus trabajadores, quienes antes de las elecciones del pasado 1 de julio recibieron la promesa de Silvia Josefina Millán de que serían liquidadas el 15 de este mes, lo cual no sucedió y por lo que se ve el personal tardará para recibir esos montos económicos.

El sistema educativo tlaxcalteca está descuidado y sin un mando real de poder, por lo que no le extrañe ver que los conflictos se multipliquen en el próximo ciclo escolar que arrancará el agosto.

Y siguiendo con las trivias ahí le va otra.

Cómo se llama la otra secretaría del Registro Público que con un sueldo de 8 mil pesos mensuales logró adquirir una lujosa camioneta que cuyo valor supera los 500 mil pesos.

Es amiga de la otra secretaria que construyó casas para sus hijos y también del funcionario que compró un rancho en Tlaxco.