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Pretenden procurador tapar el sol con un dedo

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La acción de elementos de la Procuraduría General de Justicia en el Estado que lograron desmantelar a una presunta banda de secuestradores que operaba en Tlaxcala y Puebla resulta un tanto inverosímil, que más bien parece una pantomima para esconder la ineficiencia y la falta de resultados y extender una cortina de humo para permitir que la verdadera delincuencia organizada siga haciendo de las suyas con total impunidad.

Después de sostener una y otra vez que en Tlaxcala no operaba ni existía el crimen organizado, la dependencia que mal dirige el procurador de Justicia en el estado, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, envió un comunicado de prensa para presumir el rescate de tres víctima de secuestro por parte de una organización criminal, que según ese comunicado, tenía presencia en la entidad y en el estado de Puebla.

De acuerdo con la versión oficial, la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la PGJE y la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (FISDAI) de la Fiscalía General del Estado de Puebla lograron desmantelar en el municipio de Acatzingo, Puebla, una banda de secuestradores compuesta por diez personas, quienes mantenían privados de su libertad a tres tlaxcaltecas que habían sido levantadas en Cuapiaxtla, Tlaxcala.

Y su labor fue tan eficiente y eficaz en ese exclusivo caso que en casi 48 horas no sólo el personal de ambas dependencias descifró el modus operandi de esa organización criminal, sino que con “trabajo de inteligencia y en base al manejo de crisis, así como a sus consistentes técnicas de investigación policial, gabinete, campo y análisis de información” llevaron a cabo un operativo que permitió detener a los secuestradores y liberar a los tlaxcaltecas retenidos contra su voluntad.

El pasado 14 de junio implementaron un “sigiloso operativo” de pago de “rescate controlado”, el cual se llevó a cabo en el municipio de Acatzingo, Puebla. Ahí se ubicó a tres maleantes, quienes tomaron el dinero y se dirigieron a bordo de un vehículo particular hacia un domicilio localizado en calles de la misma población.

Al final los elementos de Tlaxcala y Puebla pudieron recuperar el dinero pagado por el rescate, liberar a los tres tlaxcaltecas y detener a los novatos integrantes de esa organización criminal, con lo cual el gris procurador del estado, José Antonio Aquiahuatl, pretende vender como una gran acción y logro, al grado que ayer en una entrevista difundida en el portal Línea de Contraste dejó entrever que buscará mantenerse al frente de la dependencia cuando ésta se transforme en la Fiscalía General del Estado.

Sólo el procurador sabe las razones por las cuales sigue en el cargo y los motivos por los cuales el joven gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez insiste en mantener a un pésimo funcionario, cuando es evidente que los verdaderos criminales que operan en Tlaxcala siguen libres y llevando a cabo secuestros exprés, robo de camiones de carga y otros delitos como el huachicol sin que nadie haga algo para detenerlos.

En Tlaxcala un delito de alto impacto como el secuestro se ha multiplicado este año y aunque la mayoría de ese tipo de ilícitos (entre el 97 y 98 por ciento) no se denuncia, la realidad es que está presente y que la detención de una inexperta banda de secuestradores no es motivo para festejar y menos para avalar el trabajo del labioso procurador.

Resulta extraño que la captura de esa organización criminal se haya dado en menos de 48 horas y en medio de una crisis de seguridad en Tlaxcala, en donde la principal demanda que ya se dejaba escuchar era la de un cambio de procurador.

Y por lo que se ve el actual responsable de la PGJE sólo puede resolver los “casos montados” o aquellos en los que intervienen agentes y ministerios públicos de otras entidades, porque los asuntos concernientes a los múltiples homicidios dolosos que se han registrado en los últimos días o al robo de un cajero en una conocida universidad de Tlaxcala siguen sin avanzar.

Para nadie es un secreto que Aquiahuatl Sánchez es un funcionario de contentillo y sino que le pregunten al comandante Rohny León Martínez, quien junto con otros dos elementos de la PGJE dejó hace unos días de ser escolta personal del procurador. Según dicen que “el jefe” se sintió amenazado, pero no crea que en su persona, sino en su ego de macho alfa, de ahí que decidió castigar a esos agentes enviándolos a la complicada región de Calpulalpan.

Imagínese en manos de quién está la procuraduría.

Aprobar no significará perdonar quebrantos en ayuntamientos

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El proceso de aprobación o no de las cuentas públicas de los 104 entes fiscalizables de Tlaxcala ha empezado a ser distorsionados no sólo por los que filtraron información que se suponía era confidencial o que aún no podía ser revelada, sino porque se pretende ensuciar ese proceso con señalamientos de corrupción y venta protección cuando nadie conoce el contenido y detalles de los dictámenes que deberán establecer claramente las responsabilidades y acciones legales que enfrentarán los responsables de los quebrantos financieros en los ayuntamientos, dependencias estatales y en los organismos públicos autónomos y descentralizados.

Si bien hoy se habla que una veintena de cuentas públicas podrían ser reprobadas por los diputados locales una vez que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) determinó en sus revisiones que esos entes superaron el 7 por ciento de anomalías financieros en su gasto total, lo anterior no quiere decir que las observaciones millonarias se borrarán y se olvidarán.

Aunque los dictámenes cuenten con el aval de la mayoría de los legisladores locales, las observaciones ahí se quedarán y éstas no serán perdonadas o solventadas por ese simple hecho, ya que de acuerdo con la ley se tendrán que agotar los pasos legales para recuperar esos recursos públicos y evitar que esas irregularidades queden sin castigo.

De ahí la importancia de revisar y no permitir omisiones en los dictámenes que serán aprobados por los diputados tlaxcaltecas, quienes deberán garantizar que el proceso de fiscalización será profesional y no caerá en casos de corrupción como se ha especulado en los últimos días.

Y me explico, si la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi) manejó durante el 2018 la cantidad de 1,500 millones de pesos en su presupuesto de obras y las observaciones con daño patrimonial son cercanas a los 600 millones de pesos que representa un porcentaje del 4 por ciento, el dictamen correspondiente deberá englobar todas las conductas que pueden ser constitutivas de un delito, así como el detalle de los montos implicados para que el OFS esté obligado a seguir con los procedimientos resarcitorios o penales para evitar que ese dinero público se pierda definitivamente sin que haya un castigo.

O en el caso del ayuntamiento de Huamantla que se tiene documentado que las autoridades compraron camiones recolectores de basura con un sobreprecio de un millón de pesos. La cuenta pública de ese municipio será aprobada por que las observaciones graves apenas si llegaron al 5 por ciento del total de su gasto, sin embargo ahí la recomendación de los auditores será dejar firmes los pliegos de cargos para que los funcionarios involucrados regresen el recursos público que supuestamente se ejerció de manera incorrecta.

Se dice que los excesos y abusos de los presidentes municipales y sus tesoreros rondan los 280 millones de pesos que se encuentran observados y documentados por el Órgano de Fiscalización Superior durante el 2018.

A esa cifra habrá que sumar los montos de las observaciones que tendrán las dependencias estatales y los organismos públicos descentralizados.

No sería raro que al final las anomalías catalogadas como daño patrimonial sumen los mil millones de pesos, por lo que si bien se aprobarán la mayoría de las cuentas públicas de los 104 entes fiscalizables, lo importante es que se ordene a las autoridades involucradas iniciar los procedimientos legales para que esos recursos sean reintegrados a las arcas públicas al comprobarse que son generados por graves anomalías y que no se dará por perdido ese dinero.

Los diputados locales están obligados a elaborar profesionalmente los dictámenes y evitar favoritismos o irregularidades como las que tienen los dictámenes que aprobaron para entregar los recursos que autorizaron para apoyo al campo tlaxcalteca, pues el tramposo legislador del PRD Miguel Ángel Covarrubias Cervantes logró que ese patrocinio fueran repartido de manera gratuita a los campesinos de los municipios que forman parte de su distrito mientras que en el resto de las poblaciones del estado se pide una aportación económica a los alcaldes y a los beneficiarios.

Pronto veremos cómo camina y evoluciona el proceso de fiscalización y revisión de las cuentas públicas que hoy en día está manchado por el torpe trabajo y falta de liderazgo de la presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, la zombie morenista María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, quien no cuenta con la confianza ni el respaldo de los legisladores que integran ese importante e influyente cuerpo colegiado.

Me doy por avisado

Desde hace semanas este reportero ha sido víctima de cobardes ataques a sus propiedades con una clara intención de generar miedo.

El primer ataque a mi vehículo lo interpreté como un accidente, pero la constante repetición y los hechos ocurridos este fin de semana me dejan claro que no es una casualidad o un hecho atípico.

Las agresiones a miembros del equipo de e-consulta Tlaxcala han sido la constante y sería un tanto irresponsable hacer un señalamiento específico de un culpable sin tener las pruebas que lo comprueben.

De las amenazas han pasado a la agresión a mi patrimonio. Un aviso de un próximo ataque a mi persona no lo sé, sin embargo esas actitudes cobardes no influirán en nuestra labor diaria. Seguiremos aquí y no cambiaremos la línea editorial ni nuestra postura crítica por más actos intimidatorios que realicen en nuestra contra.

Lamento hacer público lo anterior, pero en ocasiones es necesario dejar un antecedente y sobre todo denunciar que en Tlaxcala hay quienes buscan intimidar y acallar a reporteros.

La reaparición de Manchis y su mensaje de no estoy muerto

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Más allá de las múltiples versiones que se publicarán por la inesperada reaparición del ex gobernador Mariano González Zarur, lo que es un hecho es que ésta no es producto de la casualidad porque la presencia del hacendado en el aniversario luctuoso del ex mandatario tlaxcalteca Emilio Sánchez Piedras tuvo la clara intención de enviar un mensaje al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.

Mariano González pintó su raya con su sucesor desde el pasado 1 de enero del 2017, cuando se percató que Mena Rodríguez empezó a hacer a un lado a los marianistas que fueron una pieza clave para ganar las elecciones del 2016 y que al final no tuvieron un lugar en la estructura gubernamental, por lo que de inmediato comprobó que no habría continuismo como en su momento lo llegó a imaginar.

El ex mandatario asumió el rompimiento y el alejamiento de su grupo de Marco Mena, de ahí que no asistió ni a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo, ni al primer y segundo informe que el gobernador de Tlaxcala rindió y en donde sí estuvieron presentes todos los ex gobernadores del estado menos González Zarur.

Los marianistas que fueron incorporados al gabinete de inmediato se quitaron esa casaca para ponerse la del menismo por conveniencia como el gandalla y avorazado Oficial Mayor de Gobierno, Luis Miguel Álvarez Landa, el sobrino Juan Antonio González Necoechea, actual titular del ITC y el camaleónico Jorge Luis Vázquez Rodríguez, responsable de la Secretaría de Desarrollo Económico, quien ante la luz pública se presenta como un lambiscón de su actual jefe, pero que por las noches se asume como consejero y el hombro cómodo para recibir el llanto del junior Marianito González Aguirre.

Durante un año y ocho meses el marianismo tuvo una relativa presencia y poder en la figura de Marianito González, quien en compañía de un limitado séquito se apoderó del Congreso del Estado y de los recursos públicos que ahí llegaban, sin dejar de mover sus piezas para ganar posiciones administrativas en el Tribunal Superior de Justicia del Estado a partir de que el manchimagistrado Héctor Maldonado Bonilla asumió la presidencia del Poder Judicial en febrero del 2018 sin contar con la anuencia del gobernador Mena Rodríguez.

Los excesos de los marianistas y su soberbia por ganar posiciones en la estructura del poder desafiando al actual mandatario se registró desde principios del año pasado y continuaron aun cuando Marianito González dejó de ser diputado local, pues al comprobar que él no fue llamado para incorporarse al gabinete de su “amigo” el gobernador, decidió tomar por asalto el TSJE donde se atrincheraron los marianistas para no sólo tener presencia política, sino recursos para disputar la candidatura del PRI al gobierno del estado en los futuros comicios locales del 2021.

Sin embargo, la ambición de los marianistas llegó al límite y sin recibir ninguna advertencia, los magistrados del TSJE en complicidad con el gobernador decidieron arrebatarles el control del Poder Judicial al remover a Maldonado Bonilla como presidente y destituir de los cargos a los lacayos de González Aguirre que controlaban el dinero público y la estructura administrativa.

Los marianistas fueron expulsados como apestados y quizá esa última acción motivó al ex gobernador Mariano González Zarur mostrarse públicamente en una ceremonia significativa para la clase política de Tlaxcala.

El frío saludo entre Mariano González y Marco Mena fue más que notorio.

A Marco Mena no le gustó nada la presencia de su antecesor, al grado que ni su nombre apareció en el comunicado oficial que se envió para difundir ese acto y el discurso del mandatario.

Mariano González se dejó ver y saludar.

Dejó en claro que no está muerto y que su grupo pese a los embates del menismo buscará tener presencia en los comicios del 2021.

El marianismo no está manco y es obvio que tiene los expedientes negros de la actual administración.

Si habrá guerra entre marianistas y menistas no lo sé, pero tenga la seguridad que tarde o temprano saldrán a la luz uno que otro escándalo de corrupción.

Una falacia la figura de la super delegada federal

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Conforme pasan los días y los meses cada vez se desdibuja más la pomposa figura de los “superdelegados” creada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para aterrizar y operar en las entidades del país los programas de su administración que están cargados con una alta dosis de asistencialismo que difícilmente ayudarán a resolver los problemas de seguridad, desempleo y pobreza.

A más de seis meses de iniciado el nuevo gobierno federal, es evidente que el “superdelegado” es una figura decorativa que no hace más que supervisar que se cumplan con las metas establecidas a nivel central respecto a los alcances de los programas, porque está comprobado que no tiene capacidad de mando, ni la posibilidad de establecer criterios para mejorar sus acciones, así como tampoco cuenta con la facultad de designar a sus colaboradores y mucho menos a los actuales encargados de las dependencias federales, quienes son unos “Godinez” más porque no tiene ni la fuerza ni las atribuciones de los delegados que oficialmente desaparecieron el pasado 31 de mayo.

El mejor ejemplo de lo anterior es la acotada Lorena Cuéllar Cisneros, diputada federal con licencia y hoy convertida en “superdelegada”, quien en cada entrevista que ofrece a los medios de comunicación se desnuda y sin tapujos se muestra como una funcionaria inexperta que no domina ningún tema y que su improvisación la lleva a cometer graves errores.

Al hablar de los alcances y avances de los programas federales, la ex senadora confunde las cifras y no termina por controlar el tema que ya debería manejar casi a la perfección. Al hablar del problema de la seguridad en Tlaxcala divaga y contesta por inercia, de ahí que lejos de ser precisa sólo se muestra como una “superdelegada” desinformada que sabe muy poco de la estrategia nacional, ya sea porque a nivel federal no le dan los datos o porque simplemente no le tienen confianza.

Y su ignorancia es más notoria cuando le preguntan sobre el estado que guardan las oficinas de representación de las dependencias federales en la entidad. Sabe que si han existido despidos de trabajadores pero no sabe cuántos y si ese proceso seguirá. Deja entrever que hubo anomalías pero desconoce si habrá procedimientos administrativos o penales contra los ex funcionarios y lo que es peor dice no saber quiénes serán los encargados de esas oficinas que hoy existen pero nadie tiene conocimiento de qué labores hacen ni qué acciones realizan.

Se dice que en Tlaxcala se espera el cierre de más de 30 delegaciones de las 44 que funcionan en estos momentos en el estado, medida que estaría analizando el gobierno de López Obrador que por todos los medios busca lograr ahorros a las finanzas federales aunque eso implique dejar sin trabajo a cientos de tlaxcaltecas.

Lorena Cuéllar está lejos de ser una poderosa funcionaria federal y mucho menos una política madura e informada que se está preparando para convertirse en la probable candidata al gobierno de Tlaxcala. Lo suyo es esperar a que las circunstancias se le acomoden y cumplir ese sueño sin que realmente trabaje seriamente por conseguirlo.

Al inicio del gobierno federal de López Obrador, la “superdelegada” brillaba, pero conforme han pasado los días, las semanas y los meses esa luz se ha venido extinguiendo, porque al final su cargo representa una figura decorativa que cualquier otro tlaxcalteca podría desempeñar sin ningún problema o dificultad porque qué esfuerzo puede implicar verificar que los benecifiarios de los programas reciban su tarjeta y empiecen a recibir el dinero prometido.

Por esa razón, Cuéllar Cisneros tiene tiempo para organizar y supervisar todos los detalles del enlace matrimonial de su hija Fernanda, quien este fin de semana contraerá nupcias con un abogado tlaxcalteca.

La sencilla ceremonia como ella misma la describe, se realizará en el municipio poblano de Zacatlán donde se ubica una imponente hacienda, lugar al que se espera la presencia de 400 selectos invitados que serán testigos de ese acontecimiento social.

Del gobierno federal y de sus funcionarios se esperaba más, pero está visto que eso es mucho pedir. O no.

La inevitable extinción del marianismo en Tlaxcala

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Quizá el magistrado poblano Héctor Maldonado Bonilla hoy siente lo que en su momento padecieron y experimentaron los ortinotarios que él persiguió por órdenes del ex gobernador Mariano González Zarur, pues aunque pareciera que le asiste la razón, simplemente la justicia federal no aceptó cobijarlo y decidió darle la razón al abogado Mario de Jesús Jiménez Martínez para que éste se desempeñe como presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado.

Aunque el litigio por el control del Poder Judicial se mantendrá por unos meses mientras se resuelve en definitiva el caso, lo más seguro es que una de las partes opte por chicanear el asunto hasta enero del 2020, fecha en que los magistrados se deberán reunir para reelegir a Jiménez Martínez o designar a un nuevo representante legal, lo cual dejaría sin efecto el pleito que Maldonado Bonilla inició para recuperar su cargo.

Durante el día de ayer los marianistas no podían ocultar su desolación y tristeza porque no sólo serán expulsados de la nómina del TSJE, sino que los negocios establecidos al amparo del poder se perderán.

Marianito González Aguirre, ex diputado local y principal aliado de Héctor Maldonado pasó en muy pocos días de la euforia a la pesadumbre. De los gritos de venganza y maldiciones al gobernador pasó al silencio sepulcral que quizá dibuja claramente su futuro.

A los abogados del junior que dejó hace unos meses de ser un político influyente, Hugo René Temotlzin Carreto y Emilio Velásquez Leiva se les vio deambulando por las instalaciones del Poder Judicial de Tlaxcala sin entender las razones por las cuales la justicia federal decidió cancelar la suspensión provisional que necesitaban para mantener el ansiado poder del TSJE.

Será cuestión de días para que se concrete una limpia de marianistas en el Poder Judicial de Tlaxcala y para que empiece a salir a la luz los negocios y excesos cometidos por esa camarilla que encabezaba el poblano Héctor Maldonado.

En último reducto que tenían los marianistas en Tlaxcala y que les permitía tener cierto juego político y dinero público para mantenerse vigentes lo han perdido y con muy pocas posibilidades de recuperarlo.

El menismo se tardó más de dos años, pero al final y en complicidad con seis magistrados y los integrantes del Consejo de la Judicatura logró asestar un golpe demoledor a los marianistas que al ser expulsados de la administración estatal encontraron un refugio provisional en el Poder Judicial, donde hasta hace unas semanas la mano que mecía la cuna era la del ex gobernador Mariano González Zarur a través de su vástago Marianito González.

Las posibilidades de que el marianismo influya en la sucesión gubernamental son remotas. Su margen de maniobra y acción al interior del PRI es casi nula y para su mala fortuna no tiene ningún cuadro con posicionamiento y estructura que pueda disputar la candidatura del ex partidazo al gobierno del estado u algún otro cargo de elección popular que estarán en juego en los comicios del 2021.

El marianismo ha muerto y también los sueños de grandeza y futuro que Marianito González no se cansaba de contar a su séquito de lambiscones entre los que se encuentra Jorge Luis Vázquez Rodríguez, el último miembro de ese nefasto grupo que aun sobrevive en el gobierno del estado como secretario de Desarrollo Económico.

No cabe duda que el enemigo de tu enemigo resultó ser el mejor aliado para enterrar al marianismo. O no.

Con amenazas buscan solucionar paro en la USET

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El experto en “negociaciones machas”, Manuel Camacho Higareda, no puede solucionar el paro que sostienen desde la semana pasada el personal de apoyo y administrativo de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, por lo que ha empezado a enviar, en complicidad con la dirigencia del SNTE, sendos oficios por los cuales amenaza con despedir al personal que no se presente a laborar en las sedes alternas que se han abierto y en donde los funcionarios de la dependencia dicen trabajar.

Ante la manifiesta incapacidad para establecer un diálogo y negociación que permita solucionar el conflicto que sostienen trabajadores de la delegación sindical D-III-1, perteneciente a la Sección 31 del SNTE, el desgastado Camacho Higareda no sólo ha recurrido a la intimidación para tratar de doblar al personal inconforme, sino que también buscó el respaldo del CEN del sindicato magisterial representado por Antonio Orozco Montoya para terminar con el paro administrativo.

La postura de Manuel Camacho de solucionar ese conflicto a la brevedad lo ha llevado incluso a soltar el rumor de que el personal de la Secretaría de Educación Pública podría quedarse sin cobrar su primera quincena de junio por culpa de los trabajadores que desde el pasado lunes 3 de junio mantienen cerradas las oficinas centrales de la USET en demanda de pagos pendientes y otros beneficios adquiridos.

Sin embargo, lo anterior resulta falso porque la nómina de la Secretaría de Educación Pública está elaborada y sólo falta que las autoridades locales dispersen el recurso que el gobierno federal ya depositó para pagar los salarios de los trabajadores de ese sector.

De mantenerse el paro, es probable que existan problemas con la nómina de la segunda quincena de junio, pero para eso habrá que ver si los trabajadores doblan al soberbio y al cuasi poeta Manuel Camacho o si éste al final termina por someter al personal administrativo que hasta ahora sigue firme en no abandonar su movimiento según su representante sindical Gwendolynee Amaro Ramírez.

Los atípicos funcionarios estatales

Si para los principales funcionarios del estado la ola de inseguridad que se vive en Tlaxcala es una mera cuestión atípica que merece ser atendida, pero que no es motivo de preocupación o de alarma porque si a nivel nacional crecieron en 30 por ciento los homicidios dolosos la lógica es que eso se replique en la entidad.

Con tales posturas los tlaxcaltecas estamos jodidos, porque con esa clase de servidores públicos que gozan de guaruras pagados con nuestros impuestos lo más seguro es que el clima de violencia empeore.

Resulta insultante leer las declaraciones del bisoño secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, sobre el tema de la inseguridad y los 10 homicidios violentos de los últimos tres días. Su tonta justificación de que se trata de un comportamiento atípico y a que Tlaxcala no es un estado aislado y debe seguir la tendencia nacional en el incremento de los delitos resulta ofensiva y más cuando asegura que el estado es tranquilo, pero para su mala fortuna se encuentra rodeado de entidades (Puebla, Hidalgo y Veracruz) donde los índices delictivos se han disparado y por lo tanto han contaminado a la sociedad tlaxcalteca.

De acuerdo con la entrevista que ofreció al periódico La Jornada de Oriente, el ñoño funcionario aseguró que los hechos violentos de los últimos días no deben traducirse como una alarma roja, porque se tratan de eventos aislados y atípicos que, según él, no deberán ocurrir en el segundo estado más seguro del país.

Y para reforzar las estúpidas declaraciones de Pérez Carro, su carnal lelo, el procurador José Antonio Aquiahuatl Sánchez, justificó su incapacidad y su gris trabajo con la cantaleta de que la ola de homicidios dolosos de Tlaxcala es atípica y negó una y otra vez que las autoridades estatales hayan sido rebasadas por los criminales.

Un par de horas más tarde de esas ridículas declaraciones, el atípico funcionario tuvo conocimiento que un comando armado proveniente de un municipio poblano circuló por una carretera tlaxcalteca para dar alcance y rescatar a un hombre y una mujer que eran trasladados en una ambulancia.

Los maleantes usaron sus armas de fuego y dejaron heridos a dos policías que viajaban en la ambulancia como custodios del hombre herido. Al final el comando armado que realizó su operación rescate sobre la carretera San Martín Texmelucan-Tlaxcala a la altura de Tizatlán logró darse a la fuga porque no hubo ninguna fuerza policiaca disponible para detener a esos criminales.

Sobre el caso, el sensible procurador José Antonio Aquiahuatl guardó silencio.

Así de mal estamos.

Urge un cambio de los responsables de la seguridad en Tlaxcala

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La nueva ola de violencia que golpea al estado de Tlaxcala debe ser un serio motivo de preocupación para el gobierno estatal, no sólo porque ese fenómeno destruye la poca buena imagen que aún conserva el mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez, sino porque pone en evidencia la podredumbre que prevalece al interior de las dependencias encargadas de la seguridad y de la impartición justicia.

En menos de 24 horas se registraron en la entidad seis homicidios violentos, que si bien no todos están relacionados al crimen organizado, lo cierto es que mientras el gobernador dedica tiempo a participar y apoyar el mitin de la unidad y defensa nacional al que convocó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en Tijuana, Baja California, también estaría obligado a dedicar unas horas de su trabajo para tratar de enfrentar y contener los altos índice delictivos que existen en el estado.

Tlaxcala se tiño de rojo y los reclamos en las “benditas” redes sociales contra el gobernador fueron la constante durante el fin de semana, más cuando los ciudadanos y ciudadanas perciben la incapacidad de la policía estatal a cargo de Eduardo Valiente Hernández y del banal procurador de Justicia en el estado, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, quienes deberían renunciar porque su trabajo es pésimo y porque sus torpezas ya son atribuidas a su jefe.

De la policía estatal sobra decir que no hay inteligencia, ni estrategia y que la inversión que se realizan para multiplicar el número de cámaras de video vigilancia no sirve de nada. Simplemente no hubo ningún detenido de los seis homicidios violentos registrados el fin de semana y los uniformados sólo sirven para custodiar las escenas del crimen.

Los tlaxcaltecas tienen suficientes razones para estar molestos con sus autoridades estatales, porque la promesa del gobernador Mena de incrementar en 50 por ciento el número de policías y concretar una inversión millonaria en equipo y tecnología sigue sin cumplirse a casi dos años que ésta se hiciera pública.

Pero donde quizá las cosas estén peores, es en la Procuraduría General de Justicia del Estado donde cada vez hay más elementos para señalar que en esa dependencia hay corrupción, negligencia, omisión y hasta complicidad con los criminales que actúan impunemente en Tlaxcala.

Unos ejemplos de lo anterior tiene que ver con la detención de José Carlos “N” por parte de elementos de la policía municipal de Apizaco, quienes tuvieron que hacer el trabajo de los agentes investigación de la PGJE que nunca intentaron aprehender a esa persona que contaba con una orden judicial por tener responsabilidad en un homicidio.

El presunto criminal fue capturado la noche del sábado a las 21:30 horas cuando se encontraba en el interior de una tienda de conveniencia ubicada en la esquina de la calle Jesús Carranza y avenida Juárez, de la colonia Jesús y San Juan del municipio de Apizaco.

El presunto culpable está relacionado con el asesinato de una persona registrado el pasado 25 de octubre del año 2018, cuando en compañía de otro sujeto robó la cantidad de 50 mil pesos a Miguel Ángel N, quien al resistirse al asalto recibió un balazo que horas más tarde le quitó la vida.

Familiares de la víctima han señalado que elementos de la policía de investigación de la PGJE les solicitaron dinero para que pudieran ejecutar la orden de aprehensión, lo cual representó una burla porque al presunto agresor y maleante siempre se le vio caminando por Apizaco como si no enfrentara ninguna orden de aprehensión.

Si ese sujeto hoy se encuentra tras las rejas es por la policía municipal de Apizaco y no por los agentes de la PGJE.

Pero no crea que esa información es la única que le esconden al gobernador en la PGJE, sino también está el caso de una banda que desde hace unas semanas opera en Tlaxcala y que se dedica al secuestro exprés.

Este asunto que puede considerarse como otro ejemplo de lo mal que está la PGJE, involucra a los jefes del área de secuestros de la dependencia, el comandante Tepox y al coordinador de ese cuerpo de nombre Raúl Moreno, quienes saben que en los últimos días se han registrado por lo menos 10 casos de personas que han sido privadas de su libertad y horas más tarde son liberadas cuando la familia paga por su rescate.

El viernes un empresario fabricante de queso en Tlaxcala y Oaxaca enfrentó esa horrible experiencia. Cuando conducía su camioneta con placas de este estado fue detenido por 8 criminales que se transportan en automóviles de lujo y tras pagar un millón de pesos fue liberado sin que no hubiera ningún detenido.

Lo raro es que los mencionados policías de la PGJE saben del modus operandi de esa banda y se oponen a que alguna autoridad ajena a ellos intervenga en los casos de esos secuestros exprés, como si en lugar de hacer todo lo posible por detenerlos, en realidad dieran las facilidades para que esos maleantes lleven a cabo sus ilícitas actividades.

De acuerdo con la información del área de inteligencia de la PGJE y que el procurador Aquiahuatl Sánchez tendría bajo su custodia, esa banda estaría siendo manejada por el jefe huachicolero de la región de San Martín Texmelucan conocido como “El Loco Torres”.

Se dice que una vez que ese criminal dejó de extraer gasolina robada en los ductos de San Martín Texmelucan, cambió su operación a los municipios poblanos de Chignahuapan y Xicotepec de Juárez donde también optó por ampliar su catálogo de delitos al dirigir una presunta banda de secuestro exprés que opera en Tlaxcala, donde la PGJE no hace el mínimo esfuerzo para detenerla.

Con esas autoridades los ciudadanos estamos indefensos. O no.

El conflicto que puede crecer y salirse de control

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Si el experto en “negociaciones machas” piensa que con montar instalaciones alternas de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) doblará al personal que mantiene tomadas las oficinas de esa dependencia en demanda del pago de derechos ganados, la reactivación de la carrera administrativa, la restauración de compensaciones y la recategorización se equivoca, porque llevarán su movimiento hasta la últimas consecuencias sin la nefasta intervención del líder de la Sección 31 del SNTE, Demetrio Rivas Corona.

El personal de las oficinas centrales está cansado de la soberbia del aspirante a poeta que funge como secretario de Educación Pública en Tlaxcala, Manuel Camacho Higareda, quien desde enero del 2017 cuando fue designado intentó maltratar a esa burocracia que en los sexenios de los gobernadores Alfonso Sánchez Anaya, Héctor Ortiz Ortiz y Mariano González Zarur fue consentida, sobre todo por el último titular de esa dependencia, Tomás Munive Osorno.

La administración de Marco Antonio Mena Rodríguez si cumplió sus compromisos con el SNTE, pero éstos fuero exclusivamente para sus dirigentes que lograron conservar sus privilegios y a la vez incorporarse como titulares de áreas en el gabinete estatal como la Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana donde cobra el inútil de Lenin Calva Pérez.

A cambio de ese acuerdo no escrito, el poderoso sindicato magisterial aceptó perder el control de algunas posiciones claves en la Secretaría de Educación y los privilegios ganados en otros gobiernos, situación que hoy en día los trabajadores de la delegación D-III-1 de la Sección 31 del SNTE ya no están dispuestos a tolerar ni un día más.

Por más de dos años los miembros del SNTE aceptaron su nueva realidad que les llevó a perder posiciones, estímulos y compensaciones. Tampoco tuvieron posibilidades de aspirar a cargos de mayor relevancia dentro de la estructura administrativa, situación que utilizó Manuel Camacho para incorporar a engreídos colaboradores que hoy son insoportables para los trabajadores como la directora de Relaciones Laborales de la USET, Claudia Xochihua.

Aunque no lo reconozcan las autoridades estatales, el paro de labores de la USET afecta el desarrollo de la dependencia y a los estudiantes sobre todo porque está a punto de concluir el presente ciclo escolar.

Sin recurrir a un excesivo protagonismo, Gwendolynee Amaro Ramírez, secretaria general de la delegación D-III-1 de la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se mantiene firme en el movimiento que cuenta con todo el respaldo de sus compañeros, de ahí que ayer decidieron ampliar su protesta a las oficinas del Programa para el Desarrollo Profesional Docente que se localizan en el municipio de San Pablo Apetatitlán, mismas que fueron tomadas y cerradas.

Demetrio Rivas está rebasado y no tiene ninguna influencia sobre ese personal que cada día gana más el respaldo de los maestros tlaxcaltecas, quienes estarían más que dispuestos a llevar a cabo acciones de apoyo, más cuando comprueban que sus dirigentes no sirven para nada y que sólo buscan su beneficio personal.

Una prueba de lo anterior, es el caso de Jorge Guevara Lozada, el nuevo dirigente de la Sección 55 del SNTE que recientemente fuera designado en un congreso amañado, quien rápidamente se ha ganado el repudio de los docentes de ese gremio.

A un mes de haber asumido el cargo no ha recorrido ni visitados ninguna institución educativa para entrar en contacto directo con los profesores, tal y como lo hicieron sus innombrables antecesores.

El creído líder sindical ha declarado que no visitará ninguna escuela y que si los maestros de la sección lo quieren ver, entonces que pidan una cita y acudan a sus oficinas para ponerse a sus órdenes, porque según él se merece esa distinción y trato.

El gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez minimiza la protesta contra su funcionario consentido Manuel Camacho y resta importancia a las demandas de los trabajadores, lo cual puede representar un error porque si el malestar crece el problema puede salirse de control y tener otras implicaciones.

Su liderazgo como jefe político del estado ya es cuestionado por los conflictos que se han registrado al interior del Poder Legislativo y el Poder Judicial, mismos que ayer trato de evadir bajo el argumento de que es respetuoso de la división de poderes y de la autonomía de los mismos, sin embargo es obvio que está inmiscuido y que al menos en el conflicto interno de los magistrados que disputan la presidencia de TSJE pronto saldrá raspado si es que al final la justicia federal sostiene a Héctor Maldonado Bonilla en esa posición.

Manuel Camacho incapaz de resolver conflicto en la USET

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Frustrado porque quizá su situación amorosa vive altibajos, el secretario poeta de Educación Pública en Tlaxcala ha sido rebasado por el conflicto que se registra al interior de la dependencia que dice controlar, pues desde el pasado lunes trabajadores de apoyo pertenecientes a la Delegación DIII-1 de la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) mantienen cerradas las oficinas en protesta por las nuevas disposiciones laborales que se le pretende imponer.

Aunque se ha tratado de distorsionar y ocultar los motivos reales de la inconformidad, en esencia los trabajadores no aceptan que de la noche a la mañana al secretario consentido del gabinete estatal se le haya ocurrido establecer un nuevo horario laboral en la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala que va de las 8 de la mañana a las siete de la tarde.

La consigna del funcionario estatal fue que aquel empleado que no acepte su instrucción sea reasignado a otra área de la dependencia, pero con la salvedad de que su nuevo centro laboral se localice lo más lejos posible como una medida de castigo.

Fiel a su estilo, Camacho Higareda se ha negado a reconsiderar su instrucción y sobre todo a establecer una negociación directa con los trabajadores de la USET, de ahí que el alzado funcionario ha recurrido al inútil líder de la Sección 31 del SNTE, Demetrio Rivas Corona, para tratar de solucionar ese problema, sin que hasta ahora hayan tenido éxito porque simplemente los burócratas no confían y detestan a su representante sindical.

El incongruente Manuel Camacho que hace unos meses alababa y defendía la reforma educativa del gobierno federal priista de Enrique Peña Nieto y que hoy respalda y asume el Nuevo Acuerdo Educativo que impulsa la administración del morenista Andrés Manuel López Obrador, suplica a Rivas Corona su pronta intervención en el conflicto laboral porque tácitamente reconoce su incapacidad para convencer a los trabajadores que regresen a sus actividades y suspendan la toma de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación en el estado.

Lo malo, es que ese aspirante de poeta no ha terminado por entender que los trabajadores sindicalizados de la USET no aceptan la intervención de Demetrio Rivas y que quiera o no Manuel Camacho tendrá que negociar y acordar con ellos, aunque eso quizá le implique al exquisito funcionario bajarse de su ladrillo y pactar con empleados que, según él, no están a su nivel ni aptos para “sostener negociaciones machas”.

Aunque no falta quien diga que Manuel Camacho es de los mejores funcionarios de la actual administración, en realidad ha resultado un pésimo colaborador que su único mérito ha sido poner en marcha un programa estatal de becas para estudiantes, porque como responsable del sector educativo ha sido un fracaso por los contantes conflictos que se registran y porque no hay ningún indicador que demuestre que la educación en Tlaxcala haya mejorado en un rubro en los últimos años.

Habrá mano negra o no en la fiscalización

La aun presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, la zombi morenista María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, atinó a declarar bien cuando estableció el 30 de agosto como fecha límite para aprobar o no las cuentas públicas de los 104 entes fiscalizables, mismas que corresponden al ejercicio fiscal del 2018.

Pero miente al señalar que los responsables de esos entes fiscalizables tendrán audiencias con los diputados a fin de estar en posibilidades de solventar algunas observaciones que se hayan realizado a sus cuentas públicas, porque la postura de la mayoría de los diputados integrantes de esa comisión es no modificar ningún dictamen del Órgano de Fiscalización Superior y evitar la tentación de cambiar el sentido de los mismos de reprobado a aprobado como ha sucedido en las anteriores legislaturas.

Netzahuatl Ilhuicatzi piensa que aun goza del respaldo de sus compañeros legisladores, pero en realidad su trabajo ha sido tan mediocre que pronto podría seguir los pasos de su protector y aliado, Víctor Manuel Báez López, quien por incapaz fue removido hace unos días de la presidencia de la Junta de Coordinación y Concertación Política.

La incompetente diputada Morenista en complicidad con otros tres diputados locales estaría buscando facilitar las cosas para que algunos presidentes municipales que no pudieron o no quisieron solventar en tiempo y forma las observaciones millonarias de sus cuentas públicas tengan posibilidades para hacerlo en estos días, lo cual no sucederá porque ya no tiene la confianza ni el apoyo que tuvo cuando asumió el control de la poderosa Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado.

Tal y como pasó el año pasado, en esta ocasión también se espera que haya cuentas públicas reprobadas, sin embargo no se sabe el número y si habrá alcaldes que volverán a enfrentar ese proceso o si habrá ediles que en los últimos meses han presumido ser buenos administradores pero que en realidad son malos para cuidar los recursos del pueblo y muy eficientes para hacer negocios.

Justicia federal da zape a magistrados rebeldes

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El magistrado Héctor Maldonado Bonilla obtuvo lo que parecía imposible y con la protección de la justicia federal frenó, por el momento, los ímpetus golpistas de sus seis compañeros, quienes sin tener argumentos sólidos y contundentes procedieron a removerlo el pasado viernes de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJE), gusto que sólo les duró tres días porque sus acciones quedaron sin efecto legal.

Maldonado Bonilla fue electo como presidente del Poder Judicial de Tlaxcala para un periodo de dos años que inició en febrero del 2018 y concluye en enero del 2020, de ahí que sin existir una falta grave o una conducta que sea considerada ilegal para proceder a su destitución, los magistrados Fernando Bernal Salazar y Mario de Jesús Jiménez Martínez encabezaron el complot para arrebatarle el poder al marianista, para lo cual contaron con la ayuda de las plásticas Elsa Cordero Martínez y Rebeca Xicohténcatl Corona que terminaron por convencer a Felipe Nava Lemus y a Mary Cruz Cortés Ornelas.

A esos disque expertos del derecho y ejemplos de honorabilidad, les falló su movimiento golpista porque al parecer no ajustaron sus acciones a la ley, por lo que el poblano Héctor Maldonado lejos de enfrentarlos mediáticamente solicitó un amparo y la justicia federal le otorgó ayer una suspensión provisional.

Con esa resolución legal, no sólo el marianista retomó la presidencia del TSJE, sino que además quedaron sin efecto los cambios de funcionarios que la espuria y fugaz presidencia de Mario de Jesús Jiménez había aprobado para nombrar a un nuevo Secretario Ejecutivo, a un Tesorero, al Contralor Interno y otros titulares de áreas.

El bloque de los seis magistrados que fracasaron en su primer intento por destituir a Héctor Maldonado tiene hasta el 11 de junio para presentar sus argumentos jurídicos y justificar su decisión y actuar.

Después se celebrará una audiencia y la autoridad responsable del caso no tendrá un plazo para emitir una resolución final sobre el amparo 497/2019. Incluso éste asunto se podría resolver después de enero del 2020, fecha en que Maldonado Bonilla dejará ese cargo o quizá, para entonces, haya generado las condiciones para buscar su reelección para un periodo más.

La unidad que habían mostrado los seis mencionados magistrados para remover del puesto a Héctor Maldonado está por diluirse, ya que tanto Felipe Nava Lemus como Mary Cruz Cortés Ornelas han mostrado signos de arrepentimiento.

Se dice que incluso la expresidenta del TSJE, Elsa Cordero, también estaría interesada en buscar un acercamiento con el abogado marianista a fin de llegar acuerdos y abandonar al grupo de Mario de Jesús Jiménez y Fernando Bernal.

Entre los más felices por el regreso de Héctor Maldonado a la presidencia del Poder Judicial de Tlaxcala se encuentra la poderosa Secretaria Ejecutiva del TSJE Giorgette Alejandra Pointelin González y el ex diputado local Marianito González Aguirre, quien desde tierras poblanas no ocultaba su euforia ni se cansaba de decir que cobrarían venganza por esa afrenta.

Otros que también hicieron el ridículo fueron los integrantes del Consejo de la Judicatura donde los menistas se sumaron a la andanada contra Maldonado Bonilla tras recibir línea y sin siquiera preguntar si la acción que llevarían a cabo se ajustaba a la ley.

En Tlaxcala cada vez es más notoria la ausencia de un liderazgo en el estado.

La guerra por el control del TSJE seguirá. Hoy trabajadores del Poder Judicial tienen prevista una manifestación en contra de la gestión de Maldonado Bonilla, con el claro propósito de generar inestabilidad.

El zape que la justicia federal dio a los seis magistrados tlaxcaltecas que se sumaron al complot contra el poblano Héctor Maldonado dolió más de lo que se imagina.