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Las polémicas resoluciones que vienen

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En los próximos días la discusión mediática seguramente girará en torno a la aprobación o no de las cuentas públicas por parte de los legisladores locales y al fallo que deberá emitir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a la asignación de las diputaciones plurinominales. Ambos temas generarán polémica y dejarán a muchos inconformes.

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Tal y como lo prometieron los actuales diputados locales, éstos iniciaron la aprobación en paquete de las cuentas públicas correspondientes del 2017, dejando más dudas y sospechas que certeza y claridad sobre ese rápido proceso de fiscalización que llevaron a cabo el jueves pasado.

Entre las 30 cuentas públicas que fueron “analizadas” se ubica la del gobernador, la del Poder Judicial y la del Congreso del Estado, mismas que sin mayor discusión fueron avaladas y no merecieron ninguna observación ni mayor análisis por parte de los legisladores.

Pero no crea que todos los dictámenes presentados en aquella sesión fueron aceptados, ya que los diputados optaron por reprobar las cuentas públicas del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (Itife) y de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. En ambos casos se encontraron observaciones millonarias y un probable daño patrimonial.

En el Itife se documentaron presuntas irregularidades por el orden de los 70 millones de pesos, mientras que en la mencionada Universidad la cantidad fue de alrededor de 176 millones de pesos.

Aunque en febrero del 2017 el mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez designó a Anahí Gutiérrez Hernández como directora general del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, la realidad es que esa dependencia siguió bajo el control de los marianistas que durante el año pasado habrían utilizado su poder e influencia para beneficiar a sus empresas y a sus negocios sin someterse a la influencia y mando de los menistas.

Otro funcionario herencia del gobierno de Mariano González Zarur que hoy enfrenta problemas en su cuenta pública es Narciso Xicohtencatl Rojas, rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala.

Aunque tales casos se podrían tratar de una casualidad, habrá que ver si en futuras “revisiones” otros marianistas no salen raspados en la fiscalización y son sometidos a procesos sancionatorios.

A los diputados locales que en diez días dejarán sus cargos les urge aprobar las cuentas públicas del 2017 y en su rapidez seguramente cometerán algunos errores que serán severamente cuestionados. Sólo es cuestión de tiempo para que surja el primer escándalo, porque es evidente que hay alcaldes y funcionarios de dependencias estatales que han cometido excesos y abusos que hoy pretenden ser perdonados siempre y cuando no tengan el sello de marianistas.

Todos contra Morena

Antes del 30 de agosto de este año el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberá resolver las inconformidades que existen sobre la asignación de diputaciones plurinominales para el Congreso del Estado, las cuales buscan que al partido de Andrés Manuel López Obrador le quiten las dos posiciones que recibió porque según los argumentos de los quejosos Morena se encuentra sobrerrepresentado.

En la actualidad Morena tiene 11 diputados locales, nueve de mayoría y dos de representación proporcional que sumados a los cuatro del PT y a otros dos del PES suman 17 diputados, número que le garantiza el control del Poder Legislativo de Tlaxcala.

Los inconformes con la actual conformación de la futura legislatura pretenden que Morena pierda las dos diputaciones plurinominales que le asignó el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y que luego confirmó el Tribunal Electoral de Tlaxcala para que éstas sean reasignadas a otras fuerzas políticas que dicen no estar debidamente representadas.

El caso ya está en manos del TEPJF y será cuestión de días para comprobar si Morena y sus aliados logran mantener el control del Congreso del Estado.

Trascendidos de fin de vacaciones

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A más de un mes de que el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez anunció ajustes en su equipo de trabajo y el relanzamiento de su administración, hasta ahora sólo ha existido una rotación de funcionarios y un cambio visible entre los integrantes del círculo cercano del mandatario que fue notorio en Huamantla durante la cena previa a “la noche que nadie duerme”.

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Trascendió que en Tlaxcala se está complicando la permanencia de la mayoría legislativa que logró Morena junto con sus aliados el PT y el PES en el Congreso del Estado, pues resulta que los primeros quieren concentrar todo el poder a través de las principales comisiones.

Joel Molina Ramírez, líder del partido de Morena en la entidad, hasta el martes pasado estaba convertido en el coordinador y jefe de los futuros legisladores locales sin ser diputado electo, situación que los miembros del PT ya no aceptaron cuando ayer decidieron no acudir a la capacitación que estaban recibiendo.

Trascendió que simplemente los diputados petistas no aceptarán más indicaciones de alguien que no tendrá injerencia en el Poder Legislativo. El PT se sintió excluido luego que se enteró que la intención de Morena es quedarse con el control de la Junta de Coordinación y Concertación Política a través de Víctor Báez López y la Comisión de Finanzas y Fiscalización para el ex matador de toros Rafael Ortega Blancas.

Y ya que hablamos de inconformidades, le cuento que será la próxima semana cuando el Partido Encuentro Social lleve a cabo su reestructuración interna ante el malestar que existe contra ciertos liderazgos tlaxcaltecas que dejaron de tener la confianza de sus dirigentes nacionales.

Hugo Eric Flores Cervantes, jefe nacional del PES encabezará los cambios que incluirá a José Luis Garrido Cruz que pronto dejará el liderazgo de ese instituto político en Tlaxcala, por lo que podrá dedicarse de tiempo completo a su trabajo como próximo legislador.

Trascendió que el ex gobernador Alfonso Sánchez Anaya ya alista su cambio de residencia para la Ciudad de México, donde pronto se instalará para atender las responsabilidades que asumirá a partir del 1 de diciembre cuando empiece a despachar en la Secretaría de Seguridad Pública al lado de Alfonso Durazo Montaño.

Otro tlaxcalteca que también logró colarse al equipo de Morena y específicamente al de Ricardo Monreal Ávila, quien en unos días coordinará a los senadores del partido del futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es el ex procurador de Tlaxcala, Eduardo Medel Quiroz.

Trascendió que la propuesta de Marcos Tecuapacho Domínguez para ser designado magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Tlaxcala ha generado gran malestar entre los abogados de la entidad que están más que dispuesto a inconformarse si tal nombramiento se consuma, para lo cual ya le están armando su negro expediente que incluiría escándalos de acoso sexual que involucrarían a una estudiante de la UAT que enfrentó esa situación en España.

Se dice que Tecuapacho Domínguez fue incluido en la terna una vez que en los pasados comicios para elegir gobernador orquestó la demanda contra Lorena Cuéllar Cisneros, entonces candidata del PRD y a quien se le acusó de haber despojado de su herencia a una sobrina, con lo cual se intentó golpear la imagen de esa política que enfrentaba al hoy mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez.

Trascendió que los futuros legisladores locales cocinan una serie de reformas que buscarán poner fin a los excesos de los alcaldes y funcionarios estatales. Darán prioridad a la fiscalización digital y establecerán nuevos tiempos para la revisión y presentación de las cuentas públicas.

Los cambios para combatir la corrupción dicen que serán profundos y las sanciones para castigar excesos y abusos serán ejemplares. Veremos si es real o sólo palabras.

Valió el Sistema Estatal Anticorrupción

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Sólo con observar y analizar los antecedentes y la trayectoria de los integrantes del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción se puede llegar a la conclusión que será un ente sin vida que poco o nada hará para combatir esa práctica tan arraigada en la administración pública, por lo que se perdió la oportunidad de dotar a la sociedad de un instrumento que ayudará a recuperar la credibilidad del gobierno estatal.

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El proceso de elección de los ciudadanos que conformarían el mencionado comité resultó una farsa porque nuevamente los diputados locales optaron por llevar a cabo un reparto de cuotas que atendió más a los intereses partidistas y a la voluntad del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez que en procurar la designación de personas con prestigio e interesadas en aplicar la ley a los excesos que cometen funcionarios estatales y municipales en el desempeño de sus cargos.

Los elegidos para el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala son Abdel Rodríguez Cuapio, José Justino Pérez Cuapio, Isabel Romano Hernández, Rumel Hernández Avendaño y Erika Montiel Pérez, de quienes no se puede decir nada bueno al no tener ninguna trayectoria sobresaliente o una labor destacada.

Basta con verlos para llegar a la conclusión de que se trataba de hombres y mujeres que tenían la necesidad de encontrar un trabajo mejor remunerado, el cual obtuvieron gracias a una recomendación o a una imposición del hombre que hoy detenta el poder en Tlaxcala, de ahí que no tendrá iniciativa propia y se limitarán a acatar las órdenes de quién autorizó su designación.

Es obvio que nadie se preocupó por el prestigio ni por la credibilidad. Los diputados locales y en el gobierno del estado sólo se dieron a la tarea de cumplir con el requisito de integrar un organismo que nació muerto y sin ninguna credibilidad.

Con ese pésimo antecedente ayer mismo fueron enviadas al Congreso del Estado las dos ternas de abogados para elegir una dupla de magistrados que integrarán el Tribunal de Justicia Administrativa de Tlaxcala, en las cuales se incluyó a personajes que representan una burla para los ciudadanos porque no es posible que esos “profesionales del derecho” con antecedentes de corrupción sean los que juzgarán esa práctica tan común en los gobiernos estatal y municipal.

La terna femenina está conformada por María Isabel Pérez González, Teodora Popocatl Nava y Noemí Nohpal González, mientras que la terna masculina la integran Marcos Tecuapacho Domínguez, Javier Caporal Rodríguez y Pedro Sánchez Ortega.

María Isabel Pérez es una abogada que ha trabajado en el Poder Judicial de Tlaxcala y ha sido señalada por dejar en libertad a delincuentes acusados de secuestro.

Noemí Nohpal participó en la integración de la averiguación previa que se abrió contra los policías acreditables acusados de secuestro durante la administración de Mariano González Zarur, mismos que sufrieron anomalías en su proceso y que además fueron torturados. También tuvo a su cargo las investigaciones ministeriales contra los ex presidentes municipales, quienes fueron alertados para tramitar amparos y evitar su detención para no ir a la cárcel.

Por lo que respecta a los varones, Marcos Tecuapacho Domínguez es un personaje que goza de un enorme desprestigio. Tan sólo habría que preguntar a sus alumnos cuando dio clases en la UAT que piensan de tal propuesta. Estoy seguro que más de uno podría describir y recordar las cuotas que pedía ese “honorable” catedrático para otorgar buenas calificaciones.

Además tiene mala fama y se le ubica como un pésimo litigante. Si hoy es considerado para ser magistrado es por su larga amistad con Fabricio Mena Rodríguez, hermano del gobernador Marco Antonio Mena.

Y si no me cree que Marcos Tecuapacho es uno de los favoritos, entonces que alguien me explique por qué fue el único abogado propuesto que ha sostenido una reunión privada con el secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, la cual se llevó a cabo el lunes pasado sin ningún gramo de discreción.

Por lo que respecta a Abdel Rodríguez Cuapio, éste es un abogado que sus antecedentes no lo ayudan en nada. Para empezar es sobrino del Consejero Jurídico del gobierno del estado, Ramón Rafael Rodríguez Mendoza. Se sabe que fue despedido de la Unidad Jurídica de la Procuraduría General de Justicia en el Estado por tener, según dicen, un comportamiento poco ético.

Habría que ver si las propuestas enviadas a los diputados locales cumplen con los requisitos que establece la ley para integrar un tribunal de justicia administrativa, pues hasta donde se sabe los abogados que formen parte de esa instancia judicial deben ser especialistas en esa materia como lo establece el artículo 116 de la Constitución federal.

El Sistema Estatal Anticorrupción de Tlaxcala es una burla, así de simple.

Los protagonistas en el Congreso y en el Gobierno

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Hasta ahora sólo un tlaxcalteca se ha colado al equipo de transición del gobierno del futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por lo que tendrá asegurado un puesto en la próxima Secretaría de Seguridad Pública. Se trata del ex gobernador Alfonso Sánchez Anaya que aspira a convertirse en subsecretario o el encargado de la Oficialía Mayor de la mencionada dependencia.

LOCOS

Cuando este día concluya el curso de capacitación que los legisladores locales de Morena están recibiendo, es probable que se dé a conocer el nombre del coordinador de los diputados que tendrá bajo su responsabilidad la conducción de la bancada y el control del Congreso del Estado.

Todo apunta que será Víctor Báez López el que recibirá esa responsabilidad. Ganó sin problemas el distrito 13 y es ubicado como uno de los próximos diputados con más tablas para desempeñar ese cargo.

El ex alcalde de Zacatelco además goza del respaldo de la mayoría de sus compañeros de bancada y los dirigentes morales de Morena lo ven con buenos ojos, por lo que si las negociaciones de último momento no alteran el rumbo de los acuerdos Víctor Báez tendrá asegurado un papel protagónico en la próxima legislatura.

Una vez que el Tribunal Electoral de Tlaxcala confirmó la asignación de las diputaciones plurinominales que realizó el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, el PT también llevará a cabo la designación de su coordinador de bancada, posición que podría perder Irma Yordada Garay Loredo, hija del mal visto líder estatal del Partido del Trabajo, Silvano Garay Ulloa, porque simplemente no son confiables y los envuelve un enorme estigma de corrupción.

La poderosa Comisión de Finanzas y Fiscalización podría quedar en manos del PT y ahí llegaría Víctor Castro López, ex alcalde de Tzompantepec. También quiere esa posición Michel Brito Vázquez, la ex priista que hasta hace unos meses mantuvo unos fuertes lazos con el grupo de Mariano González Zarur.

Otro legislador de Morena que estaría en condiciones de tener un papel protagónico en la próxima legislatura por la experiencia que acumula es Ramiro Vivanco Chedraui, ex delegado de la Semarnat y ex dirigente del Partido Verde Ecologista de México.

Habrá que ver si Morena, el PT y el PES muestran disposición a negociar con la chiquillada representada por el PRD y el PAN, ya que ambos partidos apenas si tienen dos diputados cada uno y sin mucho margen de maniobra para obtener posiciones relevantes en el Congreso local.

El PRD estará representado por el ex edil de Texoloc Miguel Ángel Covarrubias Cervantes y Laura Yamili Flores Lozano, mientras que el PAN contará con la presencia de la adrianista Leticia Hernández Pérez y el adolfista Omar Milton López Avendaño, ambos intrascendentes políticamente hablando.

El PRI tendrá una imperceptible presencia con Zonia Montiel Candaneda, al igual que el PVEM, Movimiento Ciudadano y el Panal con Maribel León Cruz, María Isabel Casas Meneses y Luz Guadalupe Mata Lara, respectivamente.

Y mientras avanza la conformación de la próxima legislatura, le cuento que Joel Molina Ramírez pronto dejará la dirigencia de Morena en Tlaxcala para asumir de tiempo completo una coordinación regional en el gobierno federal al lago de Lorena Cuéllar Cisneros, quien a partir del 1 de diciembre tendrá el control, supervisión y vigilancia de la aplicación de los recursos federales.

Los otros dos coordinadores regionales que acompañarán a Lorena Cuéllar ya fueron designados, pero hasta ahora sus nombres no han trascendido, por lo que se espera que en los próximos días se conozca quienes integrarán el equipo principal que trabajará al lado de la ex candidata al gobierno de Tlaxcala.

Los protagonistas de lo que viene poco a poco se empiezan a conocer, por lo que veremos qué tan buenos salen.

Un Congreso del Estado sometido

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Algo tendrá que hacer los futuros diputados locales para garantizar que los actuales procedimientos legislativos garanticen la designación correcta de los mejores nombramientos de funcionarios, pues hoy en día sólo se trata de un trámite más para cumplir con la ley y permitir que se haga efectiva la voluntad de la persona que hoy ostenta el poder en Tlaxcala.

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Resulta intrascendente el procedimiento legal para llevar a cabo la designación del procurador de Justicia en el estado, cuando el gobernador envía la terna a los legisladores quienes a su vez montan un teatro para realizar a través de unos sinodales una evaluación que al final termina en una recomendación sobre alguien específico cuyo nombre es plasmado en un dictamen que es sometido a votación en el pleno y sin mayor problema obtiene su nombramiento.

Entonces, el abogado designado rinde protesta ante esa soberanía como nuevo procurador general de Justicia en el estado, para después anunciar la reestructuración de la dependencia y su transformación para adaptarse a los tiempos modernos, lo cual sólo se queda en declaraciones estrambóticas porque en la realidad las cosas siguen igual o peor.

Y que mejor ejemplo para ilustrar lo anterior es que en 20 meses la Procuraduría General de Justicia en el Estado ha tenido tres titulares (Tito Cervantes Zepeda, José Aarón Pérez Carro y el designado ayer José Antonio Aquiahuatl Hernández), quienes pasaron por el ridículo procedimiento antes descrito y prometieron la reestructuración de esa dependencia que es ineficaz, ineficiente y corrupta.

Al nuevo procurador Aquiahuatl Hernández hay que darle el beneficio de la duda y un tiempo para comprobar si realiza la mentada reestructuración o simplemente optó por emular a sus antecesores que fracasaron en su intento por corregir las deficiencias que enfrenta una dependencia que hoy padece la falta de personal, de equipo y recursos económicos para enfrentar a una delincuencia organizada que está desatada en Tlaxcala.

Los diputados locales dóciles y en su actitud de divos ni siquiera cuestionaron que en 20 meses se vaya por el tercer procurador y que ninguno de los dos que estuvieron en el cargo antes que José Antonio Aquiahuatl hubiera aceptado comparecer ante esa soberanía para explicar las razones por las cuales la incidencia delictiva se ha disparado.

Si en un tema tan delicado los legisladores no tuvieron la delicadeza de aparentar interés, menos lo hicieron en el caso de la designación del titular del Órgano Interno de Control del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones donde acomodaron al marianista José Marcial Flores Gómez, quien carece de experiencia en el trabajo que deberá desempeñar a partir de este día.

En la pasada administración estatal que encabezó Mariano González Zarur, el hoy nuevo funcionario del ITE se desempeñó como un jefe de Departamento del C4 donde no hizo nada trascendente.

Es evidente que había mejores perfiles para ocupar ese cargo, pero los diputados evitaron las complicaciones y realizaron el nombramiento una vez que recibieron la instrucción de su jefe político.

El desdén de los diputados locales que en 20 días dejarán sus cargos es preocupante, porque seguramente harán los peores nombramientos de los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, donde por cierto 21 personas buscan integrarse a ese organismo que tendrá que estar conformado a más tardar el 15 de agosto.

Hasta ahora ningún nombre destaca y tampoco se tienen buenas referencias de alguno de ellos, de ahí que es muy probable que en Tlaxcala se tenga un comité gris y sometido a la influencia del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.

Mientras exista un Congreso del Estado dócil e incapaz de ejercer su independencia, seguiremos viendo el nombramiento de funcionarios a modo que lejos de ver por los intereses de los ciudadanos llegan a defender y velar por los intereses de las personas que facilitaron su designación.

Así no se puede avanzar.

La enfermedad de la Secretaría de Salud

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Una de las dependencias que al final del gobierno Mariano González Zarur padeció el abandono fue la Secretaría de Salud, el cual se pensó que sería superado una vez que la administración de Marco Antonio Mena Rodríguez la incluyó en su triángulo de prioridades, sin embargo eso no ha sucedido y los problemas que tenía se han agravado por el pésimo trabajo que ha realizado el hidalguense Alberto Jonguitud Falcón.

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Al igual que sucedió con otros funcionarios foráneos que se incrustaron en el gobierno del estado a principios del 2017 presumiendo sus currículum y su amplia trayectoria administrativa, Alberto Jonguitud Falcón asumió el control de la Secretaría de Salud en Tlaxcala sin aportar ninguna novedad o algún cambio sustancial en la operación de esa dependencia.

Han pasado casi 20 meses desde que llegó a Tlaxcala y la Secretaría de Salud padece los mismos problemas que en el gobierno pasado, pues la falta de personal y equipo es la constante, así como de otros insumos necesarios para ofrecer un aceptable servicio a la población.

Resulta lamentable que por la negligencia de los funcionarios de esa dependencia que dice controlar Jonguitud Falcón se tenga escasez de vacunas, pues resulta que se les olvidó girar un oficio para comprar esas inmunizaciones que hoy simplemente no se encuentran en las clínicas y hospitales de Tlaxcala.

También resulta grave que los pacientes que acuden a un hospital tengan que desembolsar fuertes cantidades de dinero para pagar intervenciones quirúrgicas porque según el personal médico no existen los especialistas, cuando en realidad se trata de doctores que si están disponibles pero que aprovechan la desesperación de los familiares de los enfermos para hacer negocio.

Los que conocen las entrañas de la Secretaría de Salud en Tlaxcala dicen que existe un desorden no sólo en la atención médica, sino administrativamente al grado que la cuenta pública del 2017 de esa dependencia tiene graves inconsistencias que de no ser perdonadas por los diputados locales será reprobada.

Esa fue una de las razones por las cuales hace unas semanas el ex diputado local Mario Hernández Ramírez fue cesado de la dirección Administrativa de la Sesa. Su lugar fue ocupado por Guadalupe Zamora Rodríguez, quien ha tenido serias dificultades para corregir las fallas y errores que se cometieron durante más de un año en esa dependencia.

Nadie se explica porque la Secretaria de Salud se encuentra abandonada y con tal desbarajuste si en teoría Alberto Jonguitud presumió su amplia experiencia obtenida en Hidalgo, ya que ocupó la titularidad de esa área en el gobierno de Manuel Ángel Núñez Soto y otros dos en la administración del ex mandatario Miguel Ángel Osorio Chong.

El descuido de Jonguitud Falcón es tal que los indicadores de ciertos rubros de la Secretaría de Salud de Tlaxcala han venido a la baja, lo que comprobaría que ese funcionario sólo llegó a cobrar a Tlaxcala.

Si se llevara a cabo una evaluación sobre el desempeño y logros de los actuales funcionarios que integran el gabinete estatal, sin dudas el secretario de Salud estaría reprobado en todos los sentidos, sin embargo aun así tiene la fortuna de presumir que está lejos de dejar su puesto porque ha tenido la fortuna de asumir un bajísimo perfil que casi lo ha hecho imperceptible como su trabajo que dice realizar.

Tlaxcala merece funcionarios comprometidos y no simuladores que su labor tarde o temprano afectará la imagen del gobierno.

La insaciable ambición de la actual legislatura

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Sólo la corrupción podría explicar el raro comportamiento que en los últimos días han tenido los diputados integrantes de la agonizante legislatura, quienes se han erigido en los salvavidas de los presidentes municipales en la revisión de sus cuentas públicas, pues las anomalías e inconsistencias detectadas por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) pretenden ser borradas de un plumazo.

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Los diputados encabezados por el perredista Alberto Amaro Corona, quien se ostenta como presidente de la poderosa Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado se han atrincherado en el edificio que alberga al OFS para aparentar que su proceder en la revisión de las cuentas públicas está siendo avalado por esa instancia, cuando no es así porque las anomalías e inconsistencias detectadas durante el ejercicio del año fiscal del 2017 no pueden ser solventadas por arte de magia y de la noche a la mañana.

Sin medir las consecuencias de sus actos, los legisladores locales se han dado a la tarea de vender la idea de que gracias a su intervención y al estímulo que pudieran recibir será posible elaborar dictámenes aprobatorios de aquellas cuentas que según la observación técnica y especializada del Órgano de Fiscalización Superior deberían ser reprobadas.

Ofrecen impunidad y eximir a los alcaldes en funciones de cualquier responsabilidad, situación que resulta totalmente falsa porque los futuros diputados ligados a la coalición electoral conformada por Morena, el PT y el PES que en septiembre tendrán el control del Congreso del Estado están enterados de esos acuerdos poco claros y podrían revisar la actuación de sus homólogos, lo cual abriría la posibilidad de iniciar procedimientos administrativos y penales.

Un buen ejemplo de lo anterior es el caso del ex alcalde de Tlaxcala, Adolfo Escobar Jardínez, quien logró que la pasada legislatura aprobara su cuenta pública, sin embargo los actuales diputados ordenaron que se presentara la denuncia penal por presuntos malos manejos financieros que prosperó, al grado que el panista hoy en día se encuentra vinculado a un proceso legal y cada lunes debe ir al juzgado a firmar el libro para llevar su caso en libertad.

El diputado neo priísta José Martín Rivera Barrios no pierde oportunidad y estaría ofreciendo a los ediles que se encuentra en el camino limpiar sus cuentas públicas. Lo anterior lo podrían corroborar los alcaldes de Tzompantepec, Xaloztoc, Terrenate y San José Teacalco, quienes se dice que ya comprometieron las obras del 2019 a cambio de obtener el aval del Congreso del Estado respecto a sus estados financieros del año pasado.

Para nadie es un secreto que Rivera Barrios también es un próspero empresario constructor que cuando se desempeñó como alcalde de Terrenate se dio tiempo para ejecutar obras en su población y en otros municipios como Contla, donde por cierto dejó un cochinero que estaría por manchar su impoluto plumaje de buitre.

En lo personal dudo que el Órgano de Fiscalización Superior se preste al comportamiento ilegal que pretenden llevar a cabo los actuales diputados locales, quienes muestran una insaciable ambición a poco más de veinte día de dejar su cargo.

Pareciera que no ven la nueva realidad política del país y de Tlaxcala. Hoy nadie puede solapar y tolerar actos de corrupción sin enfrentar consecuencias legales.

Imagínese si al rato aparece un video que muestre a un diputado local recibiendo dinero u ofreciendo limpiar la cuenta pública de algún alcalde a cambio de un estímulo. Sería un escándalo mayúsculo que sin dudas daría la pauta a los futuros legisladores de Morena, el PT y el PES para iniciar una cacería contra los corruptos.

Si surge un escándalo de corrupción no dude que éste salpique al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, pues nadie podrá negar que la actual legislatura está bajo su ámbito de influencia y que él ha avalado la actuación de sus integrantes.

La apresurada y alterada aprobación de las cuentas públicas podría convertirse en un serio dolor de cabeza para muchos. Al tiempo.

Una papa caliente la procuraduría de Justicia

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Será el miércoles de esta semana cuando se conozca el nombre del tercer procurador general de Justicia en el estado, una vez que los diputados locales realicen el trámite legal correspondiente y reciban línea para designar al elegido que asumirá una dependencia cuyos pendientes son enormes al igual que la falta de resultados en los últimos 20 meses.

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Al revisar la terna que se integró con los abogados José Antonio Aquiahuatl Sánchez, Nemesio Flores Santander y Betinia Pérez Pluma para nombrar al nuevo procurador, el primero se ubica como el favorito para llegar al cargo que soñó ocupar cuando el entonces responsable de la PGJE, Tito Cervantes Zepeda, lo invitó en abril del 2017 a convertirse en jefe del Departamento de Investigación del Delito.

Posteriormente, el mencionado abogado y especialista en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio brincó a la Subprocuraduría de Justicia, posición que ha conservado y desde donde fue tejiendo poco a poco para tener el control de la dependencia que estaba bajo el mando de marianistas ligados a la ex procuradora Alicia Fragoso Sánchez.

Aunque ya puso a raya a los marinistas que obstaculizaban el trabajo de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, la realidad es que Aquiahuatl Sánchez forma parte de la estructura de esa instancia que no ha entregado buenos resultados en los últimos meses, pues los expedientes de casos sin resolver siguen acumulándose como ha venido sucediendo desde la administración de Mariano González Zarur.

Si José Antonio Aquiahuatl asume la responsabilidad de esa dependencia no tendrá muchos pretextos ni tiempo para justificar la ineficacia e inoperancia de los ministerios públicos y de la policía encargada de investigar los delitos, toda vez que se le exigirán resultados inmediatos sobre todo porque ha tenido una función de mando desde hace más de un año y no podrá alegar desconocimiento de los temas y de los pendientes.

Para nadie es un secreto que es la fecha que la PGJE no puede detener a la banda criminal dedicada al robo con violencia de las unidades del transporte público que en los últimos días ha aumentado su actividad en la zona de Chiautempan y Tlaxcala sin enfrentar algún tipo de consecuencia o a los ladrones de automóviles que con la complicidad de los policías municipales operan libremente.

Tampoco ha detenido a la banda que con total impunidad opera en la capital de Tlaxcala y lo mismo roba a negocios ubicados en los alrededores de Acuitlapilco que por las noches hurta automóviles de lujo con uso de violencia, pues los conductores son interceptados y obligados a detenerse para después ser despojarlos de su unidad sin que la policía municipal mueva un dedo que al parecer está más preocupada en aumentar sus grupos vecinales a través de WhatsApp que en salir a vigilar y dar rondines.

Los múltiples casos de ejecuciones registrados en Tlaxcala siguen sin ser aclarados. Vaya es común y hasta normal dar a conocer el hallazgo de cuerpos en diferentes zonas del estado con signo de violencia, sin que las autoridades estatales muestren alguna preocupación o alguna reacción para tratar de aclarar esos lamentables hechos que generan miedo e incertidumbre a los tlaxcaltecas.

Los tlaxcaltecas quieren resultados y tienen derecho a exigir resultados al futuro procurador.

Alejandra Frausto Guerrero en Tlaxcala

Hasta ahora poco o nada se sabe del encuentro que el pasado jueves sostuvieron en Tlaxcala el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez y la futura secretaria de Cultura del gobierno federal, Alejandra Frausto Guerrero.

La virtual funcionaria de la administración de Andrés Manuel López Obrador estuvo en la entidad y platicó con el mandatario sobre la instalación de esa dependencia. Poco se conoce de lo platicado y los detalles del encuentro, donde por cierto no asistió Juan Antonio González Necoechea, titular del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, quien suele filtrar los detalles de esas reuniones para aparentar una importancia que no tiene.

Se sabe que Alejandra Frausto también sostuvo una reunión con Lorena Cuéllar Cisneros, virtual coordinadora general del gobierno federal en Tlaxcala. Comieron juntas y disfrutaron unos deliciosos chiles en nogada. Los futuros funcionarios de AMLO andan muy movidos en Tlaxcala.

La mala fama los persigue

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Donde han empezado a sonar los tambores de guerra es al interior del PT, cuyos militantes tlaxcaltecas quieren que Silvano Garay Ulloa y su gatillero metido a diputado local Jesús Portillo Herrera dejen de controlar el destino de ese instituto político, no sólo porque jugaron chueco en los pasado comicios, sino porque ambos han lucrado con las posiciones que negocia el partido al interior del Congreso del Estado.

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Silvano Garay Ulloa ha optado por aplicar la política del avestruz ahora que él y su hija Irma Garay Loredo tienen prácticamente asegurados sus abultados ingresos, pues el primero cobrará en la Cámara de Diputados y la segunda en el Poder Legislativo de Tlaxcala. Ambos sin esforzarse porque llegan por la vía plurinominal y con el trabajo que realizaron los candidatos y militantes del PT.

Tal situación tiene más que molestos a los miembros de ese partido en Tlaxcala, quienes están cansados de que Silvano Garay y su familia sigan lucrando no sólo con las prerrogativas que recibe el PT en la entidad, sino con las posiciones que siempre obtienen a través de acuerdos obscuros al interior del Poder Legislativo.

El manejo de los recursos que recibe el PT por financiamiento es discrecional y sólo Garay y su hija Irma Garay saben en qué lo gastan, ya que nunca realizan actividades partidistas y tampoco pagan los sueldos al personal que trabaja para lograr el crecimiento de la militancia.

Garay Ulloa cuando se desempeñó como diputado local en la pasada legislatura logró basificar a su yerno y negociar otros privilegios personales, como lograr que su secretario técnico y hoy legislador Jesús Portillo cobrara puntualmente sus quincenas sin mover un solo dedo.

La dupla Garay Portillo ha controlado los últimos años la dirigencia del PT en Tlaxcala. El primero dice ser el cerebro y el segundo el gatillero o el brazo armado con el que se intimida a la militancia para evitar rebeliones.

En los pasados comicios jugaron chueco y sucio al proyecto del hoy presidente electo Andrés Manuel López Obrador, pues mientras Silvano Garay daba la cara en los eventos proselitistas de Morena y el PT, Jesús Portillo hablaba en mítines del partidazo maravillas de los candidatos del PRI a las diputaciones federal y local, Mariano González Aguirre e Ignacio Ramírez Sánchez, respectivamente, por lo que no tenía ningún empacho en pedir el voto para ellos y el tricolor.

Sobra decir que el primero saco raja política, mientras que el segundo hizo el ridículo al quedar demostrado que es un doble cara y un convenenciero.

Los petistas tlaxcaltecas están solicitando la expulsión del aún diputado local Jesús Portillo por traidor y que la familia Garay deje de controlar el partido en Tlaxcala. En breve también exigirán que Irma Garay deje de buscar la coordinación del PT en el Congreso del Estado y se abra esa opción a un diputado que haya obtenido su lugar por los votos que obtuvo en las urnas durante las pasadas elecciones.

Ojalá la coalición electoral “Juntos Haremos Historia” que ganó las elecciones y que asumió como una de sus principales banderas el combate a la corrupción empiece por impedir que vivales como los antes mencionados sigan lucrando con sus posiciones, toda vez que se trata de políticos que les encanta pegar con la izquierda y cobrar con la derecha.

Al PT le urge un cambio y una transformación para ser tomado como un partido serio en la entidad.

Las prisas pueden llevar a errores

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Pese a que tuvieron tiempo para aprobar todo lo concerniente al Sistema Estatal Anticorrupción, los diputados locales llevaron dejaron al último ese trabajo y hoy con las prisas pueden cometer errores que puede afectar la credibilidad de esa estructura encargada de investigar y castigar posibles malas prácticas de funcionarios públicos.

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Si en 13 días los diputados locales conformarán el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, entonces porque optaron por realizar el proceso de selección de sus integrantes hasta los últimos días que les resta como legisladores.

Si los diputados cometen un error en el mismo, es probable que alguien impugne ese procedimiento y le toque a la siguiente legislatura concretar esas designaciones que pueden ser muy diferentes a las que se tiene pensado nombrar antes del 15 de agosto.

De acuerdo con la convocatoria dada a conocer, serán nombrados cuatro integrantes del mencionado comité, mismos que durarán en sus cargos, dos, tres, cuatro y cinco años, respectivamente.

Los aspirantes deberán tener la ciudadanía mexicana y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles. Además deberán acreditar experiencia en materias de transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción.

También se pide una edad mínima de cuando menos treinta y cinco años al día de la designación y poseer título profesional de nivel licenciatura y sobre todo gozar de buena reputación.

Los participantes en ese proceso tendrán que presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de forma previa a su nombramiento.

Entre el 6 y 7 de agosto se recibirán las propuestas, para que el 9 de este mes se someterán a una evaluación escrita y otro más que será una entrevista pública que se efectuará entre el 10 y el 13 de agosto.

Será el martes 14 de agosto cuando el pleno del Congreso del Estado designe a los miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, por lo que los diputados del PRI y sus aliados están obligados a no cometer ningún error si es que quieren acomodar a los personajes que ya recibieron la venia del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.

Lo interesante será conocer quiénes se inscriben y si en realidad tienen calidad moral para integrarse al mencionado comité. Veremos si hay voluntad y apertura para permitir la llegada de ciudadanos comprometidos con el combate a la corrupción o si sólo se trata de una cortina de humo para acomodar a personeros del actual grupo en el poder.

Resulta lamentable que Tlaxcala se encuentre entre los estados que no cumplieron con los plazos fijados para poner en marcha el Sistema Estatal Anticorrupción, pero sería más que los futuros miembros del comité no fueran honorables o que no tengan el perfil indicado, porque esa señal sería muy negativa para la futura designación del Fiscal Anticorrupción y de los otros dos magistrados que conformarán el Tribunal de Justicia Administrativa.

Pronto sabremos si el Sistema Estatal Anticorrupción de Tlaxcala tendrá o no credibilidad.