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Preguntas incómodas y los dardos envenenados de Maldonado

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Ahora resulta que los medios de comunicación son los culpables de recurrir a una fuente oficial y documentar que el supuesto sueldo que percibe el presidente del Tribunal de Justicia en el Estado, Héctor Maldonado Bonilla, se encuentra modificado por un error y por tal razón supera los 200 mil pesos mensuales, lo que le valió ser exhibido no sólo en Tlaxcala, sino a nivel nacional donde lo acusaron de ganar más que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y de ser uno de los funcionarios cuyos emolumentos son realmente envidiables.

 

Si los datos publicados del Presupuesto de Egresos del 2019 en el Periódico Oficial del estado están equivocados, alterados o con errores, valdría la pena saber quién fue el culpable y que otras imprecisiones existen en el documento, pues no vaya a ser que haya otras partidas con incrementos no validados que generen confusión y un desorden financiero.

Llama la atención que el error se haya centrado en el sueldo de poblano magistrado Héctor Maldonado, quien desde que llegó a esa posición estableció una distancia con el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, con el claro propósito de permitir la incorporación al Poder Judicial de marianistas que fueron corridos de la administración estatal y que hoy se alistan para jugar la sucesión gubernamental desde las posiciones logradas en el TSJE.

Para nadie es un secreto que existe una mala relación entre el mandatario Mena y el magistrado Maldonado, quien pudo convencer, sin la ayuda del Ejecutivo, a los diputados locales de aumentar para este año el presupuesto del Poder Judicial.

En política no existen casualidades y es obvio que el golpeteo al presidente del TSJE estuvo armado y planeado, pero eso no le da argumentos a Héctor Maldonado para amenazar con proceder con una demanda por daño moral contra los comunicadores que recibieron la información oficial con errores para desacreditarlo.

El magistrado aguantó la embestidas, pero ayer durante una entrevista lanzó varios dardos envenenados que pusieron fin al golpeteo mediático, cuando dejó entrever que el presupuesto fiscal de este año que fue publicado está alterado y que tiene errores que no corresponde al documento original que días pasados fue aprobado por los diputados locales.

Lo anterior fue suficiente para que el tema fuera borrado de los medios al servicio del menismo y sus plumas sesudas e independientes dejaran de abordar el caso, porque quizá Héctor Maldonado destapó una anomalía de la que nadie se había dado cuenta y que a lo mejor permitía al Poder Ejecutivo acomodar las partidas presupuestales a su conveniencia y no a los criterios que fijaron los legisladores.

Y no crea que estoy defendiendo al magistrado presidente del TSJE que si bien no cobra lo que se dice, si mantiene y alienta excesos en el Poder Judicial, así como también ayuda a las empresas de sus amigos con contratos a modo.

El magistrado Maldonado debería entender que no goza de una buena reputación. Los estudiantes de Derecho de la UDLA, institución donde daba clases, lo consideraban un mal catedrático. Entre los tlaxcaltecas, el poblano dejó una pésima imagen en la pasada Feria de Tlaxcala cuando se dejó ver vomitando y haciendo el ridículo en un conocido restaurante luego de no controlar el consumo de alcohol.

Pero volviendo al tema que nos ocupa, ahora quién será el valiente que aclarará las dudas en torno al Presupuesto de Egreso del 2019.

¿Cuántos errores tiene y en que partidas?

¿Sólo se alteró el sueldo mensual del presidente del TSJE o hay más inconsistencias?

¿El presupuesto fiscal 2019 publicado es el que aprobó el Congreso del Estado?

¿Quién o quiénes son los responsables de alterar, modificar y publicar los errores de ese documento?

¿El presupuesto del Congreso del Estado es el correcto o también sufrió errores?

Las preguntas pueden continuar, pero valdría la pena que los diputados locales revisaran ese caso y que la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Alejandra Nande Islas, precisara si hay más errores en el Presupuesto de Egresos de este año y que hará para corregir esa información antes de que se genere un caos y un desorden por la difusión de una información oficial con errores.

La inservible Contraloría del Ejecutivo

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A lo largo de los últimos dos años los casos de corrupción y del mal ejercicio de algunos funcionarios públicos han sido la constante, sin embargo ni un solo asunto ha sido investigado y terminado en una sanción, es como si la Contraloría del Ejecutivo a cargo de María Maricela Escobar Sánchez fuera una instancia inexistente que sabemos que ahí está pero que nunca hará su tarea.

 

Nadie puede asegurar que al interior del gobierno se vive una descomunal corrupción, pero tampoco se puede sostener que ese grave mal no existe, porque algunos medios de comunicación han documentado a lo largo de los último meses anomalías en dependencias como la Secretaría de Educación Pública, en la Dirección de Notarías y del Registro Público de la Propiedad, así como el Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa y la Procuraduría General de Justicia en el Estado sin que hubiera una sanción para los presuntos malos servidores públicos que incurrieron en esas irregularidades.

En la Secretaría de Educación Pública que está bajo el mando del impoluto Manuel Camacho Higareda, los casos han sido permanentes y van desde las compras infladas, hasta el pago de aviadores, sin dejar los gastos realizados sin cumplir con los procedimientos legales y hasta solapar a maestros borrachos y a presuntos profesores dedicados a la venta de plazas en el sector educativo de Tlaxcala.

Los casos que han sido detectados a través de auditorías o por la existencia de alguna denuncia interpuesta para el conocimiento de las autoridades son reales, pero ninguna investigación ha avanzado o ha terminado con una medida correctiva, lo que demuestra que en Tlaxcala prevalece un manto protector para esas conductas ilegales que tanto dañan la imagen del sector público.

Ayer, en e-consulta se documentó un nuevo caso relacionado con la venta de una plaza que involucra a un profesor, el cual fue denunciado ante la Procuraduría General de Justicia en el Estado que seguramente presionará a las personas que presentaron la querella para que se desistan bajo el argumento de que ellos estarían también involucrados en un presunto delito al intentar comprar un puesto permanente de trabajo en la Secretaría de Educación Pública.

Pese a que existen las evidencias y elementos para proceder contra el presunto responsable que está plenamente identificado, dudamos que la PGJE en manos del gris José Antonio Aquiahuatl Sánchez tenga la voluntad de actuar, porque seguramente no descuidará su profesional trabajo de perseguir a los verdaderos delincuentes que pudieran representar un mejor negocio para sus intereses.

Y así como la impunidad prevalece en la Secretaría de Educación Pública, también sucede lo mismo en la Dirección de Notarías y del Registro Público de la Propiedad en manos del marianista Sergio Cuauhtémoc Lima López, quien ha logrado armar una red de funcionarios que estarían dedicados a la presunta venta de escrituras falsas que son usadas para despojar de casas y terrenos a personas que tienen forma de demostrar con son los legítimos propietarios de esos inmuebles.

Los casos se han documentado y en esa dependencia no pasa nada, pareciera que en la Dirección de Notarías y del Registro Público de la Propiedad su titular y su personal son inamovibles y que pueden hacer las irregularidades que quieran sin enfrentar ninguna consecuencia legal.

Lo grave es que la Contralora del Ejecutivo María Maricela Escobar también acumula señalamientos de excesos y corrupción, pues se dice que su dependencia se ha dedicado a beneficiar a un restaurante de Apizaco y a su despacho contable, versiones que pronto podrían documentarse para demostrar que esa funcionaria nunca tendrá cara para castigar la corrupción que existe en el gobierno del estado.

Si hiciera un balance de los funcionarios estatales, no dudamos que la actual Contralora del Ejecutivo sería una de las peor evaluadas porque su trabajo es inexistente y hasta ahora no ha servido para nada, porque la corrupción ha ganado terreno y presencia en la administración del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.

En Tlaxcala prefieren los escándalos que la austeridad

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Los escándalos de los excesos salariales que perciben algunos funcionarios estatales y legisladores locales han sido la constante en las últimas semanas, demostrando que los abusos no son exclusivos del PRI, sino también de Morena, partido que durante la última campaña electoral se comprometió a hacer realidad la austeridad republicana y eliminar los lujos que prevalecía entre los servidores públicos.

Tlaxcala es uno de los dos estados más pequeños del país y aunque económicamente depende de los recursos que recibe de la federación, algunos funcionarios como los magistrados del Tribunal Superior de Justicia en el Estado (TSJE) no tuvieron ningún problema para aumentar sus percepciones, tal y como también lo hicieron los diputados locales que durante los primeros meses de su gestión (septiembre y octubre del 2018) prometieron reducir sus dietas y otros gastos sin que eso se cumpliera en el ejercicio fiscal del presente año.

En el caso del TSJE se documentó el aumento salarial superior al 100 por ciento que lograron los ingresos de los magistrados encabezados por el poblano Héctor Maldonado Bonilla, quien fue exhibido a nivel nacional por sus excesos y por ser uno de los funcionarios mejor pagados del país.

Pero no crea que los lujos y los buenos salarios son exclusivos del TSJE, pues existen evidencias que en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala que preside María Isabel Pérez González paga un lujoso salario a esa funcionaria que ronda los 160 mil pesos mensuales, pero las exageraciones y escándalos amorosos que se viven en esa instancia merecen ser tratados en otro momento que no tardará en llegar.

En las presidencias municipales también se han ubicado serias anomalías que están relacionadas a casos de nepotismo. Hay alcaldes que se dan el lujo de tener hasta 25 familiares en la nómina sin que hasta ahora exista una autoridad capaz de frenar esos abusos.

Los casos de esos ediles ya están siendo documentados y pronto se podrían dar a conocer.

Ante tal panorama, uno no se explica las razones por las cuales el gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, observó la Ley de Austeridad que buscaba prohibir gastos de lujo para servidores públicos, viáticos, alimentos, pensiones o bonos exclusivos por fin de mandato y hasta guaruras que son pagados con el erario.

Dicha norma establecía que los 105 entes públicos deberían realizar un Programa de Reducción y Ahorro no menor al 30 por ciento del gasto ejercido en el año anterior, el cual tendría que ser presentado en un plazo no mayor a 30 días naturales al Órgano Interno de Control y al Órgano de Fiscalización Superior.

La mencionada ley fue aprobada el pasado 28 de diciembre, pero en enero fue observada por el mandatario estatal, lo cual impidió su publicación y su entrada en vigor.

Luego, el pasado 28 de enero se supo que dicha norma iría a la congeladora con el aval de los diputados locales del bloque mayoritario conformado por Morena, el PT y el PES, partidos que en teoría prometieron hacer realidad la austeridad republicana que tanto pregona el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Por lo que se ve al gobernador, a los diputados locales y a los presidentes municipales les convino que la Ley de Austeridad nunca entrara en vigor, pues es evidente que se sienten cómodos sin ella y que en ciertas cuestiones se vuelven cómplices en el manejo poco claro que existe sobre los recursos públicos.

La recomendación que el fin de semana hizo a los legisladores locales durante una gira de trabajo por municipios del sur el diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, para que se pongan a trabajar y traigan corto al gobernador Mena llega muy tarde.

La sospecha de que el mandatario de Tlaxcala ya compró a algunos diputados para que no se hagan muchas cosas a favor del pueblo como lo pretende el presidente López Obrador existe y sólo se necesita ver el comportamiento de algunos para comprobarlo, como es el caso del impulsor de la Ley de Austeridad, el verde morenista Ramiro Vivanco Chedraui, quien no dijo ni pío cuando se enteró que su iniciativa sería congelada sin que se diera una razón de peso que justificara tal decisión.

En Tlaxcala los escándalos serán la contante, pues la austeridad puede esperar. O no.

Cancelan los fondos de seguridad y nadie dice nada

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El silencio cómplice del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, de legisladores federales y locales y de funcionarios que representan la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la marginación que sufrieron los municipios de Tlaxcala para recibir recursos del Fondo para el Fortalecimiento a la Seguridad Pública (Fortaseg) es insultante, porque nadie fue capaz de alzar la voz ante esa injusticia que afectará a los policías de Tlaxcala, Apizaco, Huamantla y Chiautempan.

Los nuevos genios encargados de la seguridad del país y los responsables de asignar los recursos del mencionado fondo simplemente la cagaron y a leguas se observa que prevaleció un criterio político más que técnico para asignar esas partidas económicas.

El estado de Tlaxcala simplemente fue eliminado de un plumazo y en este rubro ya no se mantuvo el criterio del presidente López Obrador de que “amor con amor se paga”, porque no existe ningún razonamiento lógico para cancelar ese apoyo a los municipios de Tlaxcala, Huamantla y Chiautempan que son gobernados por el PRI y el de Apizaco que se encuentra en poder del PAN.

Y cuando me refiero a que predominó un criterio político más que técnico, es porque en el vecino estado los municipios de Puebla y Tehuacán registraron un incremento de recursos al pasar de 75 a 82.11 millones de pesos y de 14.17 a 40.54 millones de pesos, respectivamente, con la novedad de que ambas ciudades son gobernados por alcaldes emanados de Morena, el partido que fundó el tabasqueño.

En aquella entidad el municipio poblano de San Martín Texmelucan dejará de recibir los recursos del Fortaseg, pese a los altos niveles de incidencia delictiva que registra y que afectan a las poblaciones de Tlaxcala que se encuentran en sus límites.

Los cuatro municipios del estado de Tlaxcala que este año no recibirán ni un peso del Fortaseg recibieron de manera conjunta el año pasado más de 40 millones de pesos, los cuales fueron utilizados para adquirir uniformes y botas, así como para mejorar las condiciones salariales de los uniformados que recibieron estímulos económicos y en algunos casos dispusieron de una partida para gastos médicos.

Hasta donde se sabe los cuatro ayuntamientos comprobaron el 100 por ciento de los recursos recibidos y demostraron con números los buenos resultados entregados en materia de seguridad.

Difícilmente los policías municipales de Tlaxcala, Apizaco, Huamantla y Chiautempan mantendrán las mismas condiciones laborales, de ahí que los alcaldes de las poblaciones más importantes de la entidad enfrentarán inconformidades y problemas financieros para poder cumplir con los compromisos adquiridos.

Pese a que el problema de la seguridad es una prioridad para el gobierno de López Obrador, en los hechos demuestra que a su administración no le preocupa el tema en Tlaxcala, pues simplemente hay que ver el trato que tiene con los mencionados presidentes municipales que gobiernan más de 300 mil tlaxcaltecas para deducir lo anterior.

Llama la atención que el gobernador Marco Mena guarde silencio sobre el tema y no establezca una postura que defienda a los alcaldes y a los habitantes de esos municipios que al final son los que reciben el servicio de seguridad pública de esos ayuntamientos.

El gobierno del estado ha incumplido su promesa de llevar a cabo la inversión histórica en materia de seguridad, ya que la compra de 200 patrullas que pretendió hacer el año pasado y que fue cancelada por algunas irregularidades en la licitación se encuentra suspendida y se desconoce la fecha en que podría concretarse ese ofrecimiento que se ha hecho en repetidas ocasiones durante los dos últimos años.

También es insultante la indiferencia de los diputados federales de la cuarta transformación como Rubén Terán Águila, Claudia Pérez Rodríguez y José de la Luz Sosa Salinas “Pepeluchue”, así como de los senadores Ana Lilia Rivera Rivera y José Antonio Álvarez Lima, quienes ante ese atropello simplemente se esconden y evitan fijar un posicionamiento.

Lorena Cuéllar Cisneros, delegada de Programas de Desarrollo del gobierno federal y representante de la administración de López Obrador tampoco ha dicho algo sobre ese asunto, lo cual resulta grave porque pareciera que ante una mala decisión de las autoridades nadie tiene la capacidad de disentir y defender a los habitantes de Tlaxcala.

Ahora habrá que esperar la postura de los alcaldes afectados y ver si recurren a una acción legal para inconformarse y tratar de recuperar esos fondos que para sus administraciones son de una gran ayuda.

Recortarán número de estancias infantiles en Tlaxcala

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La decisión inicial de suspender el programa de estancias infantiles que había tomado el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, seguramente se cancelará porque hasta ahora no ha encontrado los elementos y las justificaciones para desmantelar ese proyecto que funcionó en la administración panista de Felipe Calderón Hinojosa y en la priista que encabezó Enrique Peña Nieto.

Aunque muchos interpretarán la permanencia de las estancias infantiles como un fracaso del gobierno de López Obrador por no concretar la cancelación del programa, lo cierto es que ese esquema para ayudar a las madres de familia que trabajan y que tienen hijos menores de cuatro años se mantendrá, pero con nuevas reglas de operación que implicará una disminución del número de inmuebles que operan actualmente.

En Tlaxcala se tiene registradas 235 estancias infantiles que implicaban un gasto mensual de 7.1 millones de pesos, es decir, alrededor de 85 millones de pesos al año. Con esa cantidad se beneficiaba a más de 2,500 jefas de familia del estado.

Aunque en otras entidades se ha documento casos de corrupción en esas instancias que tenían inflados los padrones o que operaban sin ofrecer la calidad de los servicios a que estaban obligadas, en Tlaxcala se tiene acreditado que en dos se registraron acusaciones de abuso sexual y que otras más funcionan sin las condiciones necesarias para atender a los infantes.

De las 235 estancias inscritas en el programa que opera en 59 de los 60 municipios de la entidad, sólo 135 inmuebles cuentan con Clave Escolar de Registro en Tlaxcala, es decir, que están incorporadas a la Secretaría de Educación Pública.

De acuerdo con la revisión que se lleva a cabo a nivel federal, es muy probable que en Tlaxcala 100 estancias infantiles o más queden fuera del programa y dejen de recibir el apoyo que otorga el gobierno federal.

La Auditoría Superior de la Federación en su momento acreditó que la mitad de las estancias están ubicadas en localidades con muy bajo grado de marginación, cuando el programa está enfocado en madres y padres con problemas económicos que requiere apoyos para el cuidado de sus hijos al momento de salir a trabajar.

Quedarán fuera las que no hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos de afiliación, aquellas que no hayan comprobado y justificado la entrega de los subsidios o las que no pudieron documentar que los beneficiarios cumplían con los lineamientos establecidos para recibir ese apoyo del gobierno federal.

Se espera que antes del 28 de febrero se conozcan los nuevos lineamientos de operación que deberán cumplir las estancias infantiles, las cuales serán sometidas a una revisión para determinar el número de inmuebles que funcionará en Tlaxcala y que tendrán derecho a recibir el subsidio de 950 pesos mensuales por cada menor que atiendan.

A nivel federal se tiene previsto para este año un gasto de 2 mil millones de pesos para ese programa que en el 2018 atendió a 9 mil 354 establecimientos que implicaron una inversión de más de 4 mil millones de pesos.

Seguramente la determinación del gobierno federal no será bien vista en Tlaxcala, por lo que no será raro ver de nuevo protestas y manifestaciones de los responsables de esas estancias que quedarán fuera de ese lucrativo negocio que tuvieron por algunos años con el respaldo de funcionarios priistas como la ex delegada de la Sedesol, Mariana González Foullon.

La popularidad de AMLO es exclusiva

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Algo urgente deberán hacer los diputados locales que forman parte de la Cuarta Transformación porque su nivel de aprobación y popularidad está por los suelos, lo que demuestra que los tlaxcaltecas si disocian la labor del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador con el trabajo que llevan a cabo los legisladores de Tlaxcala.

En mandatario del país conserva un elevado nivel de aceptación ciudadana que llega al 82 por ciento, cifra que contrasta con el aval que logran los legisladores locales que apenas si obtienen una aprobación del 27 por ciento, muy similar a la del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.

De acuerdo con los resultados de un estudio de opinión levantado en Tlaxcala a finales de enero para medir el desempeño del presidente, el gobernador, los diputados locales y los alcaldes, así como de los funcionarios federales, los únicos que lograron una calificación aprobatoria fue López Obrador y la vapuleada delegada de programas de desarrollo del gobierno federal, Lorena Cuéllar Cisneros.

La diputada federal con licencia y ex candidata al gobierno del estado no sólo goza del respaldo ciudadano en su labor como funcionaria al alcanzar una aprobación de casi el 70 por ciento, sino que su nivel de conocimiento se ha incrementado porque más de 8 de cada 10 ciudadanos la ubica o ha oído hablar de ella.

En contraste, los diputados locales no supieron vincularse ni aprovechar la popularidad del presidente de México para avalar su trabajo. Los ciudadanos perciben que los legisladores realizan una pésima labor y que incumplieron sus promesas de reducirse el salario y hacer efectiva la austeridad que prometieron en sus campañas.

El nivel de conocimiento de todos los diputados que forman parte de la actual legislatura es bajísimo y ninguno ha logrado trascender, pese a que están por cumplir seis meses en sus cargos.

Lo más grave es que los ciudadanos hicieron evidente su rechazo a los diputados locales, pues al ser interrogados sobre si avalan o no la continuidad en el cargo de los legisladores, la respuesta de las personas que participaron en la encuesta fue contundente con un no que acumuló un 91 por ciento.

El desempeño promedio de los presidentes municipales es reprobatorio y los ciudadanos consideran que hasta ahora han hecho pocos esfuerzos para resolver problemas como la inseguridad y el mejoramiento de los servicios públicos.

A nivel estatal, el gobernador y sus funcionarios salen mal evaluados, pues los ciudadanos perciben que la actual administración está alejada y ausente para atender la problemática que se vive en Tlaxcala.

Los funcionarios encargados de la seguridad son los peor calificados y el asunto de la corrupción empieza a ganar terreno en el imaginario colectivo.

El desgaste de los presidentes municipales y del gobierno del estado es notorio. Quizá deberían considerar la posibilidad emprender algunos cambios que les permita cerrar sus administraciones sin acumular un marcado repudio por parte de sus gobernados.

El Marianismo en tiempos del Menismo

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Cansados de esperar para ser incrustados en la administración del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, los marianistas decidieron concluir su asalto en el Tribunal Superior de Justicia del Estado para establecer su coto de poder y desde ahí jugar la sucesión que seguramente será en contra del actual mandatario que, ante ese grupo, se muestra como un espectador incapaz de frenar sus ímpetus para obtener dinero público y fuerza política.

Una vez que los marianistas empezaron a ser eliminados de los puestos que controlaban en el Poder Ejecutivo, optaron por jugar las contras a Marco Mena y decidieron arrebatarle el control del Poder Judicial donde los primeros impusieron como presidente al poblano Héctor Maldonado Bonilla, quien llegó gracias a la operación que emprendió el ex gobernador Mariano González Zarur con los magistrados que logró imponer a lo largo de su administración.

Una vez que el ex consejero jurídico asumió la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado empezó a registrarse la llegada discreta de marianistas a la nómina de ese poder, quienes también controlaban la pasada legislatura del Congreso Local con Marianito González Aguirre, hijo del ex mandatario.

La dolorosa derrota que sufrió el PRI, el marianismo y el menismo en los comicios del 1 de julio del 2018 provocó que todos perdieran presencia y el control del Congreso del Estado, por lo que el ex diputado vedette González Aguirre adelantó que él y su grupo sería invitado a colaborar en el gobierno de su amigo Marco Mena, lo cual no sucedió y siete meses después de esa terrible fecha tuvieron la osadía de afianzar su control en el Poder Judicial.

Sin consultar al gobernador y como lo han hecho desde hace más de un año, el marianismo se apoderó el pasado viernes de la Tesorería del TSJE a través de Lilian Rivera Nava, prima de Marianito y quien fuera titular de la Secretaría Administrativa de la pasada legislatura, donde presumió sus amplios dotes para desaparecer el dinero público sin tener alguna consecuencia legal.

Antes, esa mujer se desempeñó en el gobierno del hacendado gobernador como Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Y para confirmar que el marianismo es el que manda en el Poder Judicial de Tlaxcala, también designó al ex diputado local Ignacio Ramírez Sánchez como Contralor Interno, lugar que antes ocupaba Noé Cuecuecha Rugerio, quien ahora es el Director Jurídico del TSJE, posición que obtuvo gracias a los buenos oficios de la convenenciera magistrada Rebeca Xicohténcatl Corona, quien desde hace muchos meses olvidó su menismo para revivir su amor por los González.

Los marianistas cobrarán más que un juez y su poder e influencia ya se dejó sentir inmediatamente.

El dócil y sumiso magistrado Héctor Maldonado resultó un buen peón para el marianismo, pues desde su llegada a la presidencia del TSJE no ha tenido más que atenciones para ese grupo que ya controla la impartición de justicia, los negocios y los recursos públicos del Poder Judicial.

Si hay un grupo político en el estado que no ha mostrado miedo ni respeto al gobernador Mena es el marianismo, quien seguramente tendrá en la próxima sucesión gubernamental prevista para el 2021 un candidato propio que jugará a la vencidas con el abanderado que impulse el mandatario priista.

Aunque parezca increíble, el gobernador Marco Mena ha hecho efectiva la separación de poderes más por debilidad que por voluntad propia o por una decisión de estadista. El Congreso del Estado está en manos de Morena y sus aliados el PT y el PES, mientras que el Poder Judicial responde a los intereses de los marianistas que mantienen oídos sordos a las órdenes de quien en teoría debería ser su jefe político. Ni hablar.

Nace primera asociación de presidentes municipales

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De mantenerse las cosas como hasta ahora, el próximo domingo se dará a conocer la primera asociación legal de presidentes municipales del estado de Tlaxcala, la cual buscará no sólo convertirse en un factor real de poder frente a otras instancias gubernamentales, sino en un organismo que defienda sus intereses de una manera organizada y grupal.

Lo que al principio pareció como algo imposible, la realidad es que 40 de 60 alcaldes que existen en la entidad decidieron avalar la creación de esa asociación, la cual será representada durante su primer año por el presidente municipal de Yauhquemehcan, Francisco Villarreal Chairez, quien llevará como otros miembros de la mesa directiva a los ediles de Tlaxco, Gardenia Hernández Rodríguez, de Santa Cruz Tlaxcala, Miguel Ángel Sanabria Chávez, de Ixtacuixtla Rafael Zambrano Cervantes, de Zacatelco Tomás Orea Albarrán, de Huamantla Jorge Sánchez Jasso y de Tlaxcala Anabell Ávalos Zempoalteca.

La iniciativa parece buena y de entrada los presidentes municipales que la conformarán darán su respaldo a la controversia constitucional que algunos ediles promovieron contra la reforma legal que aprobaron los diputados locales y por la cual le regresaron a partir de este año el voto en la sesiones de Cabildo a los presidentes de comunidad, cuando durante el 2017 y el 2018 sólo tuvieron voz.

Los alcances, objetivos y metas que tiene prevista la mencionada asociación se darán a conocer en la mañana del domingo 10 de febrero en el salón Apizaco de lo que antes se conocía como el Hotel Posada San Francisco.

Es muy probable que los presidentes municipales decidan enviar un mensaje al gobernador del estado Marco Antonio Mena Rodríguez, a quien le solicitarán mayor apertura y disposición a sostener reuniones de trabajo que les permita atender coordinadamente la problemática en materia de seguridad y planeación de obras públicas.

Esa asociación de alcaldes será un nuevo factor de poder en Tlaxcala, pues su voz y postura para ciertos temas no sólo se hará escuchar con más fuerza, sino que en bloque los ediles tendrán más fuerza para negociar y defender sus intereses.

Los excesos de los agentes de vialidad

Algo huele mal al interior de la Dirección de Vialidad de la Comisión Estatal de Seguridad, donde cada vez son más frecuentes los excesos que cometen los agentes contra ciudadanos que supuestamente cometieron una infracción de tránsito.

En redes sociales se hizo viral un video que para muchos representa un exceso por parte de los agentes de esa corporación que procedieron contra un hombre que se escapó de un elemento que pretendía infraccionarlo. Al ser nuevamente detenido, el ciudadano intentó agredir a otro uniformado, lo que encendió los ánimos de los policías que usaron la fuerza para retenerlo.

Si bien ese caso generó polémica, le cuento que el pasado fin de semana sucedió un hecho similar que involucró a dos mujeres, con la salvedad de que éstas fueron agredidas y retenidas por los agentes de vialidad cuyo jefe es Pedro Gómez Celada.

El asunto llegó hasta las instancias legales donde al parecer se demostró que las mujeres fueron retenidas injustificadamente y que los elementos de la mencionada corporación se excedieron en el uso de la fuerza, de ahí que el caso ya fue presentado a la Comisión Estatal de Derechos Humano para ser investigado.

Los agentes de vialidad andan desatados y pareciera que alguien les impuso una cuota a cubrir para tener derecho a la motocicleta o la patrulla, porque su repentino cambio de aplicar a rajatabla el reglamento de tránsito se interpreta como una medida más para fomentar la corrupción que en garantizar la seguridad de los automovilistas.

No cabe duda que con Eduardo Valiente Hernández, responsable de la Comisión Estatal de Seguridad, estamos retrocediendo al grado que ya empezamos a lamentar su llegada y la partida de Hervé Hurtado Ruiz.

El Big Brother de las policías en Tlaxcala

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De poco o de nada ha servido que los municipios de la entidad hayan instalado centros de video vigilancia si la incidencia delictiva sigue a la alza, lo que lleva a la conclusión que no falla la tecnología sino los encargados de los cuerpos de seguridad en el ámbito municipal y estatal que al parecer están coludidos con los delincuentes o están rebasados porque sus acciones no se traducen en detenciones.

Ante su evidente incapacidad para prevenir y frenar las actividades delictivas en Tlaxcala, los jefes de la policía han empezado a justificarse con absurdas declaraciones que demuestran su incapacidad.

Hace un par de días, el mexiquense comisionado de Seguridad, Eduardo Valiente Hernández, se aventó la puntada de informar y dar la relevante nota de que su corporación ya tenía identificadas las bandas dedicadas al robo de trenes que pasan por Tlaxcala, en donde incluso participan menores de edad.

Lo anterior no resulta nuevo ni merece un reconocimiento, pues desde hace años las autoridades del estado, los alcaldes, los jefes policíacos estatales y municipales, así como vecinos de Yauhquemehcan, Apizaco y Huamantla saben quiénes cometen esos atracos, dónde esconden la mercancía y el modus operandi que siguen para mover esos productos robados por Tlaxcala.

Si esas bandas ya están identificadas, por qué razón la Comisión Estatal de Seguridad no procede en su contra. Sería lamentable que esa dependencia se escudara en el argumento de que en ellas participan menores de edad y por tal razón no puede aplicarles la ley. Si eso fuera así entonces estamos jodidos porque pareciera que ese sector de la población tiene permiso para delinquir sin enfrente las consecuencias de sus ilícitos actos.

Así como ayer la corporación presumió su exagerado operativo “Pegaso” que logró remitir 64 motos y aplicar 31 infracciones por diferentes violaciones al reglamento vial, lo deseable sería que también llevara a cabo una acción similar para detener a los delincuentes que según el jefe de la policía ya están identificados.

Eduardo Valiente es otro funcionario foráneo que pretenden sorprender a los tlaxcaltecas y justificar con tontas declaraciones su pésimo trabajo. Su antecesor, el ciberpolicía Hervé Hurtado Ruiz intentó vender los mismos rollos y al final salió despedido porque los delincuentes simplemente se burlan de la policía, tal y como sucede hoy en día.

Dígame de qué sirve que los municipios canalicen importantes sumas de recursos para instalar centros de videovigilancia si los policías municipales no están capacitados ni tienen las armas para enfrentar a las bandas criminales.

Si la intención es grabar y tener el video de los atracos, entonces vamos avanzando, porque lo que no existe en Tlaxcala es una real estrategia que prevenga y combata a los hampones.

La fuerza policiaca en Tlaxcala es limitada y carece de voluntad y estímulos para hacer su trabajo.

Hay llamadas de auxilio al 911 que nunca son atendidas o llamadas a los números de las policías municipales que también son ignoradas.

El uso de tecnología para inhibir las actividades ilícitas como las alarmas vecinales es una buena medida si la policía realmente intervendrá, porque si con ese mecanismo los colonos optan por hacer el trabajo de los elementos y hacer justicia por su propia mano será una decisión con pésimos resultados.

Ya casi llegamos a la mitad del periodo de gobierno de la actual administración estatal y hasta ahora no se ve que la seguridad entre en sus prioridades, por lo que quizá la inversión histórica prometida hace ya varios meses en ese rubro nunca se concretará o se dejará pendiente porque según las autoridades Tlaxcala sigue siendo de los estados más seguros del país.

Los conflictos se asoman en varios ayuntamientos

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Para 17 presidentes municipales resultó muy desalentador la decisión que asumió ayer el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) que optó por no intervenir en la inconformidad que existe luego que los diputados locales aprobaron una reforma constitucional para devolver el voto en los Cabildos a los presidentes de comunidad, pues será el pretexto para que empiecen a surgir conflictos en varios ayuntamientos donde esas autoridades buscan revancha contra los ediles que los marginaron por dos años.

Sin medir las consecuencias legales y políticas de su decisión, a finales del año pasado los diputados locales aprobaron una reforma constitucional que hoy ha provocado una tensa calma en por lo menos 20 ayuntamientos, en los cuales los ediles han perdido el control de los cabildos porque en éstos la mayoría está representada por los presidentes de comunidad que hoy están dispuestos a vender muy caro su voto.

En la pasada administración estatal el gobernador Mariano González Zarur aprobó una reforma para limitar la participación de los presidentes de comunidad en las sesiones de Cabildo, es decir, se avaló que tuvieran voz, pero no voto, medida que entró en vigor en el 2017 cuando las actuales gestiones municipales entraron en funciones.

Sin embargo, en las elecciones de diputados locales que se celebraron en julio pasado junto con los comicios presidenciales, los aspirantes al Congreso del Estado ofrecieron devolver el voto a los presidentes de comunidad como una medida electorera que finalmente se concretó al cierre del 2018.

De inmediato los presidentes municipales se inconformaron por esa decisión y se organizaron para combatir legalmente esa decisión que, según ellos, era ilegal porque era retroactiva y afectaba el desarrollo de sus administraciones.

Los alcaldes que encabezan ese movimiento fueron los priistas de Tlaxco y Huamantla, Gardenia Hernández Rodríguez y Jorge Sánchez Jasso, respectivamente, cuyos Cabildos se vuelven incontrolables por el número de presidentes de comunidad que lo integran.

En la convocatoria del 2016 que se hizo para la elección de los presidentes municipales se estipuló claramente que éstos durarían en el cargo cuatro años y ocho meses por única ocasión y que los presidentes de comunidad tendrían voz, pero no voto, lo cual no fue considerado por los diputados locales que en su afán de quedar bien con esas autoridades determinaron regresarles el poder de influir en las decisiones de sus ayuntamientos.

El Tribunal Electoral de Tlaxcala optó por evadir el tema y ahora habrá que ver si los ediles inconformes recurren a otra instancia o deciden abortar ese pleito legal para lidiar con su nueva realidad y evitar que sus ayuntamientos se salgan de control, pues en algunos se sabe que los presidentes de comunidad ya analizan subirse el sueldo y solicitar más recursos para gastos de operación y obras públicas.

Algunos ayuntamientos representan una bomba de tiempo y tarde o temprano explotará apareciendo los conflictos entre los munícipes y los presidentes de comunidad, lo que provocará un clima de ingobernabilidad que le pegará no sólo al gobierno de estado, sino al Congreso del Estado que tendrá que cargar con la responsabilidad de esos pleitos.

La actual legislatura va para su sexto mes en funciones y su trabajo es muy gris, porque hasta ahora no ha hecho nada bien y si no me cree simplemente revise su actuación y saque usted sus propias conclusiones.