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Se cae la compra de las patrullas de lujo, pero el negocio sigue

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El proceso para adquirir nuevas patrullas sigue su curso, pero con la salvedad que ya no serán compradas las 35 camionetas de lujo que pretendía adquirir el gobierno del estado para consentir a los jefes de la recién creada Secretaría de Seguridad Ciudadana que encabeza el oriundo del Estado de México, Eduardo Valiente Hernández.

Una vez que en la sesión del pasado lunes se dieron a conocer las propuestas técnicas de los participantes, Luis Miguel Álvarez Landa encargado de la Oficialía Mayor de Gobierno y responsable de la millonaria compra de esas unidades automotoras, reveló que el proceso para adquirir 10 camionetas Ford Pick Up 4×4 y 25 camionetas Ford Explorer XLT se cancelaba, porque según ninguna de las empresas que se inscribió entregó la documentación completa que fue solicitada por el gobierno de Tlaxcala.

Lo curioso del caso es que algunas de las empresas presentes para esa venta sí pudieron reunir todos los documentos requeridos, pero exclusivamente para la comercialización más grande que implica 165 camionetas Ford Pick Up 4 x 2 cuyo valor de cada unidad en el mercado es de $567,600 pesos.

De concretarse esa compra, el gobierno del estado que preside Marco Antonio Mena Rodríguez estaría destinando a gastar más de 93 millones de pesos sólo por las unidades que después tendrán que ser equipadas, de ahí que habrá que ver quién o quiénes son los proveedores que ganarán ese atractivo negocio.

Respecto a la compra de 10 camionetas Pick Up 4×4 y 25 camionetas Explorer XLT, unidades consideradas de lujo porque las primeras se cotizan por separado en 670,600 pesos y las segundas en 726,600 pesos cada una, la compra podría adjudicarse o convocarse a una nueva licitación según lo decida Luis Miguel Álvarez, quien prácticamente establece los tiempos y las urgencias de las compras en la actual administración.

Durante julio es muy probable que se conozca quién ganó el concurso pues antes del día 10 se llevará a cabo la apertura de las propuestas económicas, con lo cual la Oficialía Mayor de Gobierno estará en condiciones de decir a que proveedor le comprará las 165 camionetas Ford, las cuales deberán ser equipadas en las siguientes semanas para que luzcan como patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y puedan circular por la entidad.

Nadie sabe con precisión si existe o no la posibilidad de que la licitación de esas 165 camionetas se caiga, pues habrá que ver si los participantes en la licitación acatan el fallo o si alguien se inconforma por detectar una que otra inconsistencia como la de perfilar que la compra sea exclusiva de la marca Ford y no de otras como Chevrolet o Chrysler, cuando en la actualidad hay patrullas estatales de esas empresas automotrices que funcionan correctamente.

La compra de las patrullas es una urgente necesidad y sería deseable que ese proceso concluyera sin contratiempos, porque sería lamentable que al final existieran problemas o dudas sobre cierto favoritismo hacia un determinado proveedor poblano que desde la pasada licitación pretendió quedarse con ese jugoso negocio.

Por lo pronto hay que esperar y ver cómo termina la única licitación que sigue vigente.

Presidentes municipales van encaminados al patíbulo

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El periodo de audiencias que abrió la Comisión de Finanzas y Fiscalización que aún preside la morenista María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi resultará una pérdida de tiempo para los presidentes municipales, porque por más excusas y pretextos que ofrezcan sus observaciones millonarias que enfrentan por el ejercicio fiscal del 2018 se mantendrán y deberán enfrentar los procesos resarcitorios que en unas semanas más iniciará el Órgano de Fiscalización Superior (OFS).

La probable reprobación de las cuentas públicas correspondientes al año pasado representará un serio problema para algunos presidentes municipales, pero más para aquellos que por segunda ocasión y de manera consecutiva reporten malos manejos financieros, porque difícilmente se podrán quitar el estigma de ser malos administradores y corruptos.

Entre esos alcaldes con ese tipo de problemas estará Neptalí Gutiérrez Juárez que preside el ayuntamiento de Calpulalpan, quien arrastra la reprobación de la cuenta pública del 2017 por un monto de 14.7 millones de pesos. La del año pasado también se encuentra en riesgo de no ser avalada al acumular un probable daño patrimonial superior a los 10 millones de pesos.

El ejemplo emblemático de lo que no debe hacer un edil es el caso de Tomás Orea Albarrán, quien en el primer año de su ejercicio como presidente municipal de Zacatelco tuvo observaciones por más de 31 millones de pesos, las cuales fueron superadas durante el 2018, pues según los reportes del OFS el monto del probable daño a las finanzas de ese ayuntamiento es superior a los 56 millones de pesos.

En dos años las observaciones del ayuntamiento de Zacatelco suman más de 87 millones de pesos, lo que sin duda desatará una serie de señalamientos contra el alcalde perredista que piensa que su aliado y amigo, el diputado también del sol azteca, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, lo salvará al momento de ser sometida su cuenta pública por haber aceptado la recomendación de las empresas constructoras que son las mismas que ofrecen sus servicios en el municipio de Texoloc, donde dicen que gobierna Maribel Cervantes Hernández, madre del delicado legislador.

Otro presidente municipal que acumulará dos cuentas públicas reprobadas es el de Zitlaltepec, Alejandro Juárez Cajica, a quien le fue documentado en el ejercicio del 2018 un daño patrimonial de más de 17 millones, el cual se suma a las observaciones del 2017 que fueron por 5.8 millones de pesos y que le valieron el voto negativo de los diputados que no avalaron sus estados financieros.

Un alcalde que entrará en la lista de los ediles con pésimos antecedentes en la administración de los recursos públicos será el de Apetatitlán, Eloy Reyes Juárez, quien una vez que se confirme que enfrentará observaciones por más de 11 millones de pesos empezará a ser cuestionado por los habitantes de ese municipio que no están muy contentos con la administración que encabeza el perredista.

Dicen que Eloy Reyes sólo pudo guardar las formas y la tentación durante el primer año de su gobierno donde tuvo señalamientos por los auditores del OFS por un monto superior a los 1.8 millones de pesos, sin embargo durante el 2018 optó por el desorden financiero y los excesos que hoy en día lo tienen en el patíbulo.

Durante julio los diputados locales llevarán a cabo la aprobación o no de las cuentas públicas de los 104 entes fiscalizables del estado. Al finalizar el proceso se conocerán los montos que se presumen han sido malversados y las empresas constructoras y comercializadoras que han sido beneficiadas no sólo por los ayuntamientos, sino por el gobierno del estado.

Por lo pronto, los diputados locales y alcaldes ya saben quién fue la responsable de filtrar la información de las cuentas públicas del 2018. La culpable de esa indiscreción sería la improductiva legisladora del PT, Irma Garay Loredo, a quien ya nadie le tiene confianza por su desaseado comportamiento.

Irma Garay y Víctor Manuel Báez López, ex presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado son los diputados más apestados en la actual legislatura. Ambos tuvieron el tino de destruir su imagen por sus erráticas decisiones que asumieron en tan solo unos meses.

Las preguntas obligadas en torno a la millonaria licitación

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El responsable de la Oficialía Mayor de Gobierno, Luis Miguel Álvarez Landa, aseguró a través de una carta aclaratoria que el proceso de licitación para comprar 200 patrullas se lleva a cabo en estricto apego al Artículo 24 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala y niega que exista alguna irregularidad en el proceso que no ha concluido pero que está encaminado a adquirir exclusivamente camionetas de la marca Ford.

En el pasado concurso que también encabezó el inepto pero voraz Álvarez Landa quedó demostrado que el procedimiento estaba encaminado a comprar la marca Ford y que existía una a vinculación de tres participantes que se inscribieron en la licitación a fin de garantizar la venta de las patrullas.

Ford Rivera sería la proveedora de los vehículos, Jomtel Telecomunicaciones el distribuidor autorizado en México del equipo de patrullas solicitado en el concurso y Grupo Comercial Vakart el proveedor e instalador de todos los aditamentos en las unidades automotoras.

En la pasada licitación que al final se canceló todo estaba armado para concretar la compra irregular de 200 patrullas Ecosport y Ford Pick Up 4 x 2 y 4 x 4.

Hoy y en este nuevo concurso, se mantiene nuevamente la intención de comprar 200 unidades de la marca Ford a dos concesionarias poblanas (Rivera S.A de C.V y Automotriz Jalbra).

La diferencia es que al presunto negocio se suma la empresa Automotriz Jalbra y que ya no serán compradas unidades del modelo Ecosport, sino ahora son 25 camionetas Explorer XLT consideras de lujo por el equipamiento, pues cada una tiene un precio de 726,600 pesos, porque quizá nuestra ineficiente, pero soberbia policía necesita esa esplendidez para llevar a cabo su trabajo y detener a los delincuentes que lo mismo abandonan cuerpos, ejecutan a personas y roban camiones de carga y trenes, así como también asaltan bancos, negocios y realizan uno que otro secuestro.

Existen muchas preguntas en torno a esta presunta amañada licitación que ojalá obtengan una respuesta de las impolutas autoridades encargadas del concurso.

No resulta extraño que en la junta de aclaraciones las empresas poblanas antes mencionadas hayan realizado las mismas preguntas y prácticamente en esa sesión se haya dejado sin opción a los proveedores locales, pues la compra está dirigida a una marca específica (Ford) donde no se abrió la opción de considerar a otras empresas automotrices.

Según la licitación, este día se llevará a cabo la presentación de las propuestas técnicas, de ahí que se sabrá quiénes son los participantes que reúnen la mejor opción de compra. Ojalá no se conozca la descalificación de ciertos proveedores locales inscritos y que las autoridades tlaxcaltecas no terminen por adjudicar ese jugoso negocio a las agencias del estado de Puebla.

Después de la compra de las 200 unidades, es muy probable que el gobierno del estado a través de la Oficialía Mayor de Gobierno inicie otro concurso para determinar quién venderá el equipo para adecuar esas unidades a patrullas y quién será el encargado de instalar todos los aditamentos, por lo que no descarte que las empresas beneficiadas sean Jomtel Telecomunicaciones y Grupo Comercial Vakart que en la primera licitación se quedaron a un paso de lograr ese millonario negocio en un presunto acuerdo con el nefasto Luis Miguel Álvarez.

Aunque parezca increíble, el ofrecimiento que hace dos años hizo el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez de realizar una inversión histórica en materia de seguridad no se ha podido concretar por culpa del ambicioso funcionario que despacha como encargado de la Oficialía Mayor de Gobierno, pues está visto que lejos de darle agilidad y trasparencia al asunto busca sacar provecho del enorme gasto que pretende efectuar la administración estatal.

Esta licitación al igual que la primera huele muy mal.

La fallida estrategia de seguridad y la amañada licitación

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Si una cosa se debe reconocer al actual gobierno de estado, es la enorme voluntad y terquedad que muestra para mantener fallidas decisiones que tienen que ver con el desempeño de funcionarios estatales, quienes pese a los nulos resultados que han entregado, su jefe el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez se aferra a conservarlos y descarta cualquier posibilidad de cambio que le permitan mejorar su imagen entre el imaginario colectivo que desaprueba su gestión.

El gobernador Mena Rodríguez decidió dar continuidad a Eduardo Valiente Hernández como secretario de Seguridad Ciudadana tras manejar por casi nueve meses la extinta Comisión Estatal de Seguridad, cargo que llegó a ocupar el pasado 11 de septiembre cuando el mandatario decidió correr a Hervé Hurtado Ruiz, quien no puedo con el paquete.

Sin dejar atrás la demagogia y oportunismo al que suelen recurrir los gobierno priistas, ayer cuando el oriundo del Estado de México asumió el control de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se aventó la puntada de decir que con la nueva dependencia “se cumplen los compromisos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, para contar con una institución policial más fuerte, mejor organizada, con más compromiso y mejores medios para lograr los objetivos”.

Y agregó que ahora sí “se pondrá al centro de las labores de seguridad al ciudadano, se fortalecerán los trabajos de proximidad social y se trabajará de la mano con la población para obtener mayores resultados”.

También reiteró que se “reforzarán las áreas relacionadas con el combate al robo de vehículos de transporte, vinculación, inteligencia, policía cibernética, entre otras”.

Tales palabras y compromisos están más que desgastados pues esa cantaleta la han repetido desde que inició el gobierno de Marco Mena sin que hasta ahora se perciba un resultado favorable en ese rubro, al contrario los delitos de alto impacto van a la alza, así como los ilícitos comunes que todos los días se registran en Tlaxcala, según ellos, el segundo estado más seguro del país.

Con la desaparición de la Comisión Estatal de Seguridad y la entrada en funciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se esperaba un cambio en el responsable de esas labores, pero para sorpresa de los tlaxcaltecas el joven mandatario optó por seguir su esquema y dar continuidad a Eduardo Valiente, de ahí que la fallida estrategia en materia de seguridad se mantendrá sin importar que en ese rubro el gobierno del estado sea reprobado por parte de los ciudadanos y ciudadanas.

Vaya, estamos tan mal que el mañoso y vival Luis Miguel Álvarez Landa, oficial mayor de Gobierno y encargado de las compras en la administración menista, estaría llevando a cabo a cabo otra arreglada licitación para comprar patrullas, tal y como la que pretendió concretar el año pasado y que no puedo terminar porque se puso al descubierto el presunto negocio y favoritismo hacia el Grupo Comercial Vakart y la agencia poblana de autos Ford con razón social Rivera S.A de C.V.

Hoy el sigiloso concurso para adquirir 200 unidades está en marcha, pues dicho proceso inició el pasado 12 de junio y nuevamente estaría dirigido para beneficiar a dos empresas poblanas concesionarias de la marca Ford (Rivera S.A de C.V y Automotriz Jalbra) que serían las suertudas de vender 10 Pick Up 4×4, 25 camionetas Explorer XLT y 165 Pick Up 4X2 cuya operación podría superar los 110 millones de pesos.

Los detalles de ese amañado proceso de licitación pronto se harán públicos. El próximo lunes se llevará a cabo la presentación de las propuestas técnicas, según los tiempos y procedimientos establecidos en la convocatoria que se emitió a través del portal Compranet el pasado 12 de junio.

Habrá que ver quién de los participantes ofrece la mejor opción de compra y se queda con ese millonario negocio. Si no hay un arreglo de por medio tenga por seguro que las empresas poblanas favoritas de Álvarez Landa no ganarán.

Sin embargo, por lo que ha trascendido pareciera que hay un acuerdo entre las mencionadas agencias poblanas y el torpe funcionario estatal, de ahí que el lunes se tratará de descalificar al resto de las empresas que compiten por ese negocio para así estar en posibilidades de adjudicar ese contrato a las firmas antes mencionadas que desde el año pasado esperan concretar esa millonaria venta que pareciera está pactada y comprometida.

Esa licitación de 200 patrullas tiene un intenso tufo de corrupción que amenaza con impregnar al gobierno del estado y sobre todo al mandatario Marco Mena que podría empezar a despedir el aroma característico de los priistas.

El inoperante Sistema Estatal Anticorrupción

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Hasta ahora el Sistema Estatal Anticorrupción de Tlaxcala es un fiasco y una mayúscula decepción, porque de nada sirve que el gobierno del estado se hayan tardado meses para ponerlo en marcha cuando sus integrantes no tienen voluntad para investigar y castigar las presuntas conductas ilícitas que cometen los servidores públicos en el ejercicio de sus actividades.

Una de las características que ha tenido el Comité de Participación Ciudadana del mencionado sistema es su opacidad, su falta de resultados y su trabajo a cuentagotas que resulta desesperante. En la clandestinidad los integrantes de lo que debería ser considerado como un importante órgano, designaron al responsable de la Secretaría Ejecutiva que recayó en la persona de Julio Caporal Flores, de quien por cierto no se conocen sus antecedentes y si tiene el perfil para desempeñar ese importante cargo.

Se sabe que Caporal Flores fue uno de los aspirantes a integrar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y se ubicó entre los cuatro mejor evaluados, sin embargo no hay más referencias de él y su trabajo.

Para nadie es un secreto que el gobierno del estado apostó por perfiles mediocres para llenar los puestos que implicaba la estructura de ese sistema, de ahí que todos los funcionarios están sometidos a las órdenes oficiales y ninguno se saldrá de ese esquema porque simplemente prefieren los buenos salarios y privilegios que gozan al formar parte de la burocracia dorada de Tlaxcala.

Durante una entrevista, el responsable de la Secretaría Ejecutiva, Julio Caporal, reconoció que sólo han recibido dos quejas contra igual número de presidentes municipales que manejan los recursos públicos sin transparencia, sin embargo a éstas no se les pudo dar seguimiento porque los datos proporcionados por los ciudadanos fueron muy escuetos.

Hace unos días el periódico Reforma publicó una nota informativa donde describía que en ningún estado del país funcionaban adecuadamente los sistemas creados para combatir la corrupción, porque los gobernadores y los legisladores han obstaculizado su operación y porque han hecho todo lo posible por tener su control.

Tlaxcala no es la excepción y conforme pasen los meses se comprobará que los funcionarios de esa estructura son un fiasco que difícilmente investigará un caso de corrupción de los múltiples que se comente en la entidad. Habrá que ver actitud asumen cuando se conozcan los dictámenes de las cuentas públicas de los 104 entes fiscalizables y queden documentados presuntos malos manejos financieros de alcaldes y servidores públicos que en conjunto podrían sumar los mil millones de pesos.

Y mientras llega ese momento, ojalá el “Godinez” presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Abdel Rodríguez Cuapio, termine el formato único de denuncia que se implementará en todas las instituciones del estado, el cual parece harto complicado diseñar porque tienen meses haciéndolo y es la fecha que no pueden definir ese simple documento.

En Tlaxcala hay un Sistema Estatal Anticorrupción debidamente integrado, pero lo que no existe es la mínima voluntad de que éste opere y realice su trabajo, de ahí que la corrupción seguirá siendo la constante en este estado donde es muy común ver como diputados, alcaldes y funcionarios se vuelven millonarios de un día para otro.

La lenta agonía del PRI y su petardo

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Si entre los priistas tlaxcaltecas existía una esperanza de resurgir de sus cenizas para enfrentar con dignidad las elecciones del 2021, ayer los ánimos se derrumbaron cuando conocieron que el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez respaldará al mandatario con licencia de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas “Alito” para conseguir la dirigencia nacional del ex partidazo al permitir que el desgatado Noé Rodríguez Roldán se ausente de sus responsabilidades en la administración estatal para dedicarse a la grilla política.

El PRI en Tlaxcala que vive un proceso de extinción desde el pasado 1 de julio en que sufrió una dolorosa derrota frente al partido de Morena y el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha mantenido aletargado y su líder estatal Roberto Lima Morales se ha caracterizado por prolongar un incomprensible duelo, como si la instrucción de su jefe político hubiera sido no hacer nada con la clara intención de entregar en unos años más el poder.

El enorme rechazo hacia el PRI y los bajísimos niveles de aprobación de la administración de Mena Rodríguez, sin duda colocan a ese partido en una posición difícil para enfrentar sus futuros compromisos electorales y más cuando se recurren a figuras desgastadas, sin talento y con una dudosa lealtad para tratar de despertar el interés de los militantes que fueron marginados de la estructura administrativa del poder no sólo por el actual gobierno, sino por el que encabezó el también priista y hacendado Mariano González Zarur.

Mena Rodríguez quizá está dentro del grupo de los gobernadores priistas que apoyan las aspiraciones de Alejandro Moreno “Alito” para convertirse en el dirigente nacional del PRI, porque de otra forma no se entiende la autorización de una licencia de 60 días para que Noé Rodríguez Roldán deje su cómoda oficina de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para coordinar la campaña del mandatario de Campeche.

Cansado del flirteo que por meses sostuvo clandestinamente con Morena y sus dirigentes locales, Noé Rodríguez decidió desempolvar su chaqueta priista y salir públicamente a decir que su partido no está muerto y que éste necesita una cirugía mayor, con la evidente voracidad de agandallarse desde ahora las migajas que el ex partido recogerá en los comicios del 2021 en que los tlaxcaltecas elegirán gobernador, diputados federales, legisladores locales, ediles y presidentes de comunidad.

La intención del priista es que los medios de comunicación lo vuelvan a mencionar como un “serio” aspirante a la candidatura del PRI al gobierno de Tlaxcala, cuando sus verdaderas aspiraciones son convertirse en diputado federal o local por la vía plurinominal, de ahí que su servilismo con el menismo y con “Alito” será inmenso a fin de conseguir su personal objetivo.

Noé Rodríguez es un petardo que hoy en día no representa nada, por lo que su inclusión en la lista de aspirantes a suceder a Marco Antonio Mena resulta una vacilada.

Quién en su sano juicio podrá creer que el funcionario con licencia del gobierno de Mena es un priista diferente o con ganas de impulsar una transformación del partido, cuando formó parte de la corrupta administración del presidente de México, Enrique Peña Nieto y cuando encabezó a un grupo de priistas que terminó por abandonar una vez que vendió el movimiento y se sumó a la campaña del actual mandatario tlaxcalteca y que le valió un cargo en el gabinete.

Además, en caso de lograr la dirigencia nacional de PRI, se dice que Moreno Cárdenas también tendrá que apapachar al grupo marianista que desde hace algunas semanas trabaja para su causa, ya que el junior y ex diputado local, Marianito González Aguirre, opera en diferentes estados del país para que su nuevo aliado tome las riendas del ex partidazo.

Los priistas están perdidos y siguen sin encontrar la brújula que les diga cuál camino deben tomar para revivir y evitar su extinción.

La verdad es que ese partido está muy jodido en Tlaxcala y a nivel nacional.

Pretenden procurador tapar el sol con un dedo

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La acción de elementos de la Procuraduría General de Justicia en el Estado que lograron desmantelar a una presunta banda de secuestradores que operaba en Tlaxcala y Puebla resulta un tanto inverosímil, que más bien parece una pantomima para esconder la ineficiencia y la falta de resultados y extender una cortina de humo para permitir que la verdadera delincuencia organizada siga haciendo de las suyas con total impunidad.

Después de sostener una y otra vez que en Tlaxcala no operaba ni existía el crimen organizado, la dependencia que mal dirige el procurador de Justicia en el estado, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, envió un comunicado de prensa para presumir el rescate de tres víctima de secuestro por parte de una organización criminal, que según ese comunicado, tenía presencia en la entidad y en el estado de Puebla.

De acuerdo con la versión oficial, la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la PGJE y la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (FISDAI) de la Fiscalía General del Estado de Puebla lograron desmantelar en el municipio de Acatzingo, Puebla, una banda de secuestradores compuesta por diez personas, quienes mantenían privados de su libertad a tres tlaxcaltecas que habían sido levantadas en Cuapiaxtla, Tlaxcala.

Y su labor fue tan eficiente y eficaz en ese exclusivo caso que en casi 48 horas no sólo el personal de ambas dependencias descifró el modus operandi de esa organización criminal, sino que con “trabajo de inteligencia y en base al manejo de crisis, así como a sus consistentes técnicas de investigación policial, gabinete, campo y análisis de información” llevaron a cabo un operativo que permitió detener a los secuestradores y liberar a los tlaxcaltecas retenidos contra su voluntad.

El pasado 14 de junio implementaron un “sigiloso operativo” de pago de “rescate controlado”, el cual se llevó a cabo en el municipio de Acatzingo, Puebla. Ahí se ubicó a tres maleantes, quienes tomaron el dinero y se dirigieron a bordo de un vehículo particular hacia un domicilio localizado en calles de la misma población.

Al final los elementos de Tlaxcala y Puebla pudieron recuperar el dinero pagado por el rescate, liberar a los tres tlaxcaltecas y detener a los novatos integrantes de esa organización criminal, con lo cual el gris procurador del estado, José Antonio Aquiahuatl, pretende vender como una gran acción y logro, al grado que ayer en una entrevista difundida en el portal Línea de Contraste dejó entrever que buscará mantenerse al frente de la dependencia cuando ésta se transforme en la Fiscalía General del Estado.

Sólo el procurador sabe las razones por las cuales sigue en el cargo y los motivos por los cuales el joven gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez insiste en mantener a un pésimo funcionario, cuando es evidente que los verdaderos criminales que operan en Tlaxcala siguen libres y llevando a cabo secuestros exprés, robo de camiones de carga y otros delitos como el huachicol sin que nadie haga algo para detenerlos.

En Tlaxcala un delito de alto impacto como el secuestro se ha multiplicado este año y aunque la mayoría de ese tipo de ilícitos (entre el 97 y 98 por ciento) no se denuncia, la realidad es que está presente y que la detención de una inexperta banda de secuestradores no es motivo para festejar y menos para avalar el trabajo del labioso procurador.

Resulta extraño que la captura de esa organización criminal se haya dado en menos de 48 horas y en medio de una crisis de seguridad en Tlaxcala, en donde la principal demanda que ya se dejaba escuchar era la de un cambio de procurador.

Y por lo que se ve el actual responsable de la PGJE sólo puede resolver los “casos montados” o aquellos en los que intervienen agentes y ministerios públicos de otras entidades, porque los asuntos concernientes a los múltiples homicidios dolosos que se han registrado en los últimos días o al robo de un cajero en una conocida universidad de Tlaxcala siguen sin avanzar.

Para nadie es un secreto que Aquiahuatl Sánchez es un funcionario de contentillo y sino que le pregunten al comandante Rohny León Martínez, quien junto con otros dos elementos de la PGJE dejó hace unos días de ser escolta personal del procurador. Según dicen que “el jefe” se sintió amenazado, pero no crea que en su persona, sino en su ego de macho alfa, de ahí que decidió castigar a esos agentes enviándolos a la complicada región de Calpulalpan.

Imagínese en manos de quién está la procuraduría.

Aprobar no significará perdonar quebrantos en ayuntamientos

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El proceso de aprobación o no de las cuentas públicas de los 104 entes fiscalizables de Tlaxcala ha empezado a ser distorsionados no sólo por los que filtraron información que se suponía era confidencial o que aún no podía ser revelada, sino porque se pretende ensuciar ese proceso con señalamientos de corrupción y venta protección cuando nadie conoce el contenido y detalles de los dictámenes que deberán establecer claramente las responsabilidades y acciones legales que enfrentarán los responsables de los quebrantos financieros en los ayuntamientos, dependencias estatales y en los organismos públicos autónomos y descentralizados.

Si bien hoy se habla que una veintena de cuentas públicas podrían ser reprobadas por los diputados locales una vez que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) determinó en sus revisiones que esos entes superaron el 7 por ciento de anomalías financieros en su gasto total, lo anterior no quiere decir que las observaciones millonarias se borrarán y se olvidarán.

Aunque los dictámenes cuenten con el aval de la mayoría de los legisladores locales, las observaciones ahí se quedarán y éstas no serán perdonadas o solventadas por ese simple hecho, ya que de acuerdo con la ley se tendrán que agotar los pasos legales para recuperar esos recursos públicos y evitar que esas irregularidades queden sin castigo.

De ahí la importancia de revisar y no permitir omisiones en los dictámenes que serán aprobados por los diputados tlaxcaltecas, quienes deberán garantizar que el proceso de fiscalización será profesional y no caerá en casos de corrupción como se ha especulado en los últimos días.

Y me explico, si la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi) manejó durante el 2018 la cantidad de 1,500 millones de pesos en su presupuesto de obras y las observaciones con daño patrimonial son cercanas a los 600 millones de pesos que representa un porcentaje del 4 por ciento, el dictamen correspondiente deberá englobar todas las conductas que pueden ser constitutivas de un delito, así como el detalle de los montos implicados para que el OFS esté obligado a seguir con los procedimientos resarcitorios o penales para evitar que ese dinero público se pierda definitivamente sin que haya un castigo.

O en el caso del ayuntamiento de Huamantla que se tiene documentado que las autoridades compraron camiones recolectores de basura con un sobreprecio de un millón de pesos. La cuenta pública de ese municipio será aprobada por que las observaciones graves apenas si llegaron al 5 por ciento del total de su gasto, sin embargo ahí la recomendación de los auditores será dejar firmes los pliegos de cargos para que los funcionarios involucrados regresen el recursos público que supuestamente se ejerció de manera incorrecta.

Se dice que los excesos y abusos de los presidentes municipales y sus tesoreros rondan los 280 millones de pesos que se encuentran observados y documentados por el Órgano de Fiscalización Superior durante el 2018.

A esa cifra habrá que sumar los montos de las observaciones que tendrán las dependencias estatales y los organismos públicos descentralizados.

No sería raro que al final las anomalías catalogadas como daño patrimonial sumen los mil millones de pesos, por lo que si bien se aprobarán la mayoría de las cuentas públicas de los 104 entes fiscalizables, lo importante es que se ordene a las autoridades involucradas iniciar los procedimientos legales para que esos recursos sean reintegrados a las arcas públicas al comprobarse que son generados por graves anomalías y que no se dará por perdido ese dinero.

Los diputados locales están obligados a elaborar profesionalmente los dictámenes y evitar favoritismos o irregularidades como las que tienen los dictámenes que aprobaron para entregar los recursos que autorizaron para apoyo al campo tlaxcalteca, pues el tramposo legislador del PRD Miguel Ángel Covarrubias Cervantes logró que ese patrocinio fueran repartido de manera gratuita a los campesinos de los municipios que forman parte de su distrito mientras que en el resto de las poblaciones del estado se pide una aportación económica a los alcaldes y a los beneficiarios.

Pronto veremos cómo camina y evoluciona el proceso de fiscalización y revisión de las cuentas públicas que hoy en día está manchado por el torpe trabajo y falta de liderazgo de la presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, la zombie morenista María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, quien no cuenta con la confianza ni el respaldo de los legisladores que integran ese importante e influyente cuerpo colegiado.

Me doy por avisado

Desde hace semanas este reportero ha sido víctima de cobardes ataques a sus propiedades con una clara intención de generar miedo.

El primer ataque a mi vehículo lo interpreté como un accidente, pero la constante repetición y los hechos ocurridos este fin de semana me dejan claro que no es una casualidad o un hecho atípico.

Las agresiones a miembros del equipo de e-consulta Tlaxcala han sido la constante y sería un tanto irresponsable hacer un señalamiento específico de un culpable sin tener las pruebas que lo comprueben.

De las amenazas han pasado a la agresión a mi patrimonio. Un aviso de un próximo ataque a mi persona no lo sé, sin embargo esas actitudes cobardes no influirán en nuestra labor diaria. Seguiremos aquí y no cambiaremos la línea editorial ni nuestra postura crítica por más actos intimidatorios que realicen en nuestra contra.

Lamento hacer público lo anterior, pero en ocasiones es necesario dejar un antecedente y sobre todo denunciar que en Tlaxcala hay quienes buscan intimidar y acallar a reporteros.

La reaparición de Manchis y su mensaje de no estoy muerto

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Más allá de las múltiples versiones que se publicarán por la inesperada reaparición del ex gobernador Mariano González Zarur, lo que es un hecho es que ésta no es producto de la casualidad porque la presencia del hacendado en el aniversario luctuoso del ex mandatario tlaxcalteca Emilio Sánchez Piedras tuvo la clara intención de enviar un mensaje al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.

Mariano González pintó su raya con su sucesor desde el pasado 1 de enero del 2017, cuando se percató que Mena Rodríguez empezó a hacer a un lado a los marianistas que fueron una pieza clave para ganar las elecciones del 2016 y que al final no tuvieron un lugar en la estructura gubernamental, por lo que de inmediato comprobó que no habría continuismo como en su momento lo llegó a imaginar.

El ex mandatario asumió el rompimiento y el alejamiento de su grupo de Marco Mena, de ahí que no asistió ni a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo, ni al primer y segundo informe que el gobernador de Tlaxcala rindió y en donde sí estuvieron presentes todos los ex gobernadores del estado menos González Zarur.

Los marianistas que fueron incorporados al gabinete de inmediato se quitaron esa casaca para ponerse la del menismo por conveniencia como el gandalla y avorazado Oficial Mayor de Gobierno, Luis Miguel Álvarez Landa, el sobrino Juan Antonio González Necoechea, actual titular del ITC y el camaleónico Jorge Luis Vázquez Rodríguez, responsable de la Secretaría de Desarrollo Económico, quien ante la luz pública se presenta como un lambiscón de su actual jefe, pero que por las noches se asume como consejero y el hombro cómodo para recibir el llanto del junior Marianito González Aguirre.

Durante un año y ocho meses el marianismo tuvo una relativa presencia y poder en la figura de Marianito González, quien en compañía de un limitado séquito se apoderó del Congreso del Estado y de los recursos públicos que ahí llegaban, sin dejar de mover sus piezas para ganar posiciones administrativas en el Tribunal Superior de Justicia del Estado a partir de que el manchimagistrado Héctor Maldonado Bonilla asumió la presidencia del Poder Judicial en febrero del 2018 sin contar con la anuencia del gobernador Mena Rodríguez.

Los excesos de los marianistas y su soberbia por ganar posiciones en la estructura del poder desafiando al actual mandatario se registró desde principios del año pasado y continuaron aun cuando Marianito González dejó de ser diputado local, pues al comprobar que él no fue llamado para incorporarse al gabinete de su “amigo” el gobernador, decidió tomar por asalto el TSJE donde se atrincheraron los marianistas para no sólo tener presencia política, sino recursos para disputar la candidatura del PRI al gobierno del estado en los futuros comicios locales del 2021.

Sin embargo, la ambición de los marianistas llegó al límite y sin recibir ninguna advertencia, los magistrados del TSJE en complicidad con el gobernador decidieron arrebatarles el control del Poder Judicial al remover a Maldonado Bonilla como presidente y destituir de los cargos a los lacayos de González Aguirre que controlaban el dinero público y la estructura administrativa.

Los marianistas fueron expulsados como apestados y quizá esa última acción motivó al ex gobernador Mariano González Zarur mostrarse públicamente en una ceremonia significativa para la clase política de Tlaxcala.

El frío saludo entre Mariano González y Marco Mena fue más que notorio.

A Marco Mena no le gustó nada la presencia de su antecesor, al grado que ni su nombre apareció en el comunicado oficial que se envió para difundir ese acto y el discurso del mandatario.

Mariano González se dejó ver y saludar.

Dejó en claro que no está muerto y que su grupo pese a los embates del menismo buscará tener presencia en los comicios del 2021.

El marianismo no está manco y es obvio que tiene los expedientes negros de la actual administración.

Si habrá guerra entre marianistas y menistas no lo sé, pero tenga la seguridad que tarde o temprano saldrán a la luz uno que otro escándalo de corrupción.

Una falacia la figura de la super delegada federal

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Conforme pasan los días y los meses cada vez se desdibuja más la pomposa figura de los “superdelegados” creada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para aterrizar y operar en las entidades del país los programas de su administración que están cargados con una alta dosis de asistencialismo que difícilmente ayudarán a resolver los problemas de seguridad, desempleo y pobreza.

A más de seis meses de iniciado el nuevo gobierno federal, es evidente que el “superdelegado” es una figura decorativa que no hace más que supervisar que se cumplan con las metas establecidas a nivel central respecto a los alcances de los programas, porque está comprobado que no tiene capacidad de mando, ni la posibilidad de establecer criterios para mejorar sus acciones, así como tampoco cuenta con la facultad de designar a sus colaboradores y mucho menos a los actuales encargados de las dependencias federales, quienes son unos “Godinez” más porque no tiene ni la fuerza ni las atribuciones de los delegados que oficialmente desaparecieron el pasado 31 de mayo.

El mejor ejemplo de lo anterior es la acotada Lorena Cuéllar Cisneros, diputada federal con licencia y hoy convertida en “superdelegada”, quien en cada entrevista que ofrece a los medios de comunicación se desnuda y sin tapujos se muestra como una funcionaria inexperta que no domina ningún tema y que su improvisación la lleva a cometer graves errores.

Al hablar de los alcances y avances de los programas federales, la ex senadora confunde las cifras y no termina por controlar el tema que ya debería manejar casi a la perfección. Al hablar del problema de la seguridad en Tlaxcala divaga y contesta por inercia, de ahí que lejos de ser precisa sólo se muestra como una “superdelegada” desinformada que sabe muy poco de la estrategia nacional, ya sea porque a nivel federal no le dan los datos o porque simplemente no le tienen confianza.

Y su ignorancia es más notoria cuando le preguntan sobre el estado que guardan las oficinas de representación de las dependencias federales en la entidad. Sabe que si han existido despidos de trabajadores pero no sabe cuántos y si ese proceso seguirá. Deja entrever que hubo anomalías pero desconoce si habrá procedimientos administrativos o penales contra los ex funcionarios y lo que es peor dice no saber quiénes serán los encargados de esas oficinas que hoy existen pero nadie tiene conocimiento de qué labores hacen ni qué acciones realizan.

Se dice que en Tlaxcala se espera el cierre de más de 30 delegaciones de las 44 que funcionan en estos momentos en el estado, medida que estaría analizando el gobierno de López Obrador que por todos los medios busca lograr ahorros a las finanzas federales aunque eso implique dejar sin trabajo a cientos de tlaxcaltecas.

Lorena Cuéllar está lejos de ser una poderosa funcionaria federal y mucho menos una política madura e informada que se está preparando para convertirse en la probable candidata al gobierno de Tlaxcala. Lo suyo es esperar a que las circunstancias se le acomoden y cumplir ese sueño sin que realmente trabaje seriamente por conseguirlo.

Al inicio del gobierno federal de López Obrador, la “superdelegada” brillaba, pero conforme han pasado los días, las semanas y los meses esa luz se ha venido extinguiendo, porque al final su cargo representa una figura decorativa que cualquier otro tlaxcalteca podría desempeñar sin ningún problema o dificultad porque qué esfuerzo puede implicar verificar que los benecifiarios de los programas reciban su tarjeta y empiecen a recibir el dinero prometido.

Por esa razón, Cuéllar Cisneros tiene tiempo para organizar y supervisar todos los detalles del enlace matrimonial de su hija Fernanda, quien este fin de semana contraerá nupcias con un abogado tlaxcalteca.

La sencilla ceremonia como ella misma la describe, se realizará en el municipio poblano de Zacatlán donde se ubica una imponente hacienda, lugar al que se espera la presencia de 400 selectos invitados que serán testigos de ese acontecimiento social.

Del gobierno federal y de sus funcionarios se esperaba más, pero está visto que eso es mucho pedir. O no.