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Confirman que el sistema anticorrupción es un desastre

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La percepción que muchos teníamos sobre el inservible sistema estatal anticorrupción no estaba mal, porque al final son las mismas autoridades las que confirman que han fracaso no sólo en emprender las acciones para evitar y castigar las malas prácticas de los servidores públicos, sino para hacer del conocimiento de los ciudadanos que existe un andamiaje institucional integrado por diferentes dependencias que su trabajo es sancionar la corrupción.

Para este gobierno, pero sobre todo para el sistema estatal anticorrupción, las malas prácticas de los funcionarios tlaxcaltecas no existen, pese a que en un año se hayan recibido 345 denuncias presentadas contra igual número de servidores públicos, es decir, casi una diaria, con la novedad que ninguna de ellas ha avanzado a la etapa de judicialización y todas se encuentran bajo investigación.

De acuerdo con las declaraciones del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la PGJE, Pedro Sánchez Ortega, éstas involucran en su mayoría a presidentes municipales o ex alcaldes, así como funcionarios de Tesorerías, Obras Públicas y Seguridad Pública en los municipios, aunque también en menor concurrencia aparecen funcionarios de los tres Poderes del Estado o servidores públicos de instancias autónomas.

Si bien la mencionada fiscalía tiene más de un año que se creó y que la mayoría de las denuncias presentadas fue en los últimos doce meses, Pedro Sánchez miente sobre las acusaciones que pesan sobre los ex presidentes municipales, pues muchas de esas delaciones se hicieron hace más de dos años y ninguna se ha integrado pese a que fueron acompañadas por todos los documentos del Órgano de Fiscalización Superior que acreditan las presuntas irregularidades y desvíos financieros.

Si esos expedientes no han prosperado es porque las actuales autoridades estatales así lo han decidido y han otorgado su manto protector para que ex alcaldes no enfrenten la ley ni respondan a los serios señalamientos que pesan en su contra.

Si el sistema estatal anticorrupción es incapaz de armar casos contra esos funcionarios o ex servidores públicos considerados menores, usted cree que investigarán a los que están cerca del poder y que tienen bajo su responsabilidad las compras millonarias, donde poco a poco se están documentando las anomalías, el favoritismo y los negocios que se realizan sin que exista ninguna tipo de consecuencia.

Un buen ejemplo de lo anterior sería la acusación que hizo la ex diputada federal poblana Violeta Lagunes Viveros y vocera de la Organización Todos para Todos, quien se quejó, según ella del proceso irregular que el gobierno de Tlaxcala llevo a cabo a través de una adjudicación directa a la empresa Formas Inteligentes S.A de C.V para la producción de placas y calcomanías por un monto superior a los 90 millones de pesos.

De acuerdo con columnas difundidas en diferentes portales, trascendió que la mencionada empresa junto con otros políticos poblanos como el también priista Jorge Estefan Chidiac habrían financiado la campaña del hoy gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, por lo que estarían siendo recompensados primero con la concesión de las licencias conducir y después con la elaboración de las nuevas placas vehiculares de Tlaxcala, pese a que la empresa Formas Inteligentes S.A de C.V no cuenta ni con la maquinaria ni con la técnica adecuada para que esas láminas cumplan con los requisitos indispensables de calidad, seguridad y adherencia.

Dicen que uno de los involucrados en ese cuestionado negocio es un personaje muy, pero muy cercano al mandatario estatal, por lo que difícilmente el caso será investigado o discutido en las instancias que se crearon para dizque castigar la corrupción.

En Tlaxcala el combate a la corrupción es una falacia y los ciudadanos muestran muy poco interés por presionar para que esa práctica sea castiga. Siete de cada 10 tlaxcaltecas dijo no estar dispuesto a denunciar un acto de tal naturaleza porque esa acción no serviría para nada y una cifra similar mencionó desconocer la existencia de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la PGJE.

Mientras a los ciudadanos no les interese el combate a la corrupción, los gobernantes y funcionarios seguirán haciendo de las suyas tal y como lo hacen hasta ahora.

O no.

El cagadero de Morena que salpicó a todos

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Morena decidió el camino de la lucha estéril, el de la violencia, el de la intolerancia, el de las transas y el de los cochupos, tal y como lo han seguido otros partidos políticos que recurren a esas circunstancias para mantener el poder y el control, situación que fue determinante para que los ciudadanos dejaran de apoyarlos.

El proceso interno de Morena, el partido que fundó el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue un cagadero. Dos de las tres asambleas distritales convocadas para este fin de semana se suspendieron (Apizaco y Zacatelco) y la que se puedo realizar está muy lejos de ser un ejemplo de democracia y participación porque los 10 consejeros electos (5 hombres y 5 mujeres) apenas si en conjunto sumaron 1,199 votos de un padrón superior a los 15 mil militantes.

Como se había anticipado, esos consejeros están ligados al grupo de los senadores Joel Molina Ramírez y Ana Lilia Rivera Rivera que son manejados tras bambalinas por el ex gobernador y actual director del Canal Once, José Antonio Álvarez Lima, de ahí que si las otras dos asambleas se hubieran podido llevar a cabo el control de Morena en Tlaxcala estaría en manos de ese triunvirato.

La división y polarización en ese instituto político se agudizó y se hizo más evidente la lucha por el poder, porque no faltaron los señalamientos en contra de la “super delegada” del gobierno federal, Lorena Cuéllar Cisneros, quien fue culpada de reventar a través de sus operadores las asambleas del distrito 1 y 3, debido a que en ellas fueron vistos políticos plenamente identificados con su equipo.

Aunque Cuéllar Cisneros intentó desligarse de esos señalamientos y de las broncas registradas en el proceso interno de Morena, la percepción mediática es que sí intervino y que estuvo inmiscuida en todo momento, situación que es un error porque su proyecto de convertirse en candidata de ese partido a la gubernatura de Tlaxcala puede complicarse.

Lorena Cuéllar debe entender que ella tiene un alto nivel de posicionamiento y potencial de voto entre los tlaxcaltecas que hasta ahora ningún otro político tiene. Morena la necesita más a ella que ella al partido, de ahí que la actitud de algunos torpes operadores ligados a su grupo de hacerse presentes y buscar reflectores le perjudicó más que ayudarla.

En ese partido la lucha estéril por el poder ha sido la constante en sus asambleas. El comportamiento de los morenos es igual al de los priistas, panistas y perredistas. Todos tienen el mismo ADN e intolerancia, sino que le pregunten a Mario Delgado Carrillo coordinador de los diputados federales de Morena y aspirante a la dirigencia nacional de ese partido que simplemente no lo dejaron participar en el proceso, sólo porque no apareció en el amañado y depurado padrón.

Los grupos morenistas deberían visualizar que la verdadera lucha es el 2021, cuando los tlaxcaltecas acudirán a las urnas a elegir gobernador, diputados federales y locales, alcaldes y presidentes de comunidad. Sus diferencias y pleitos internos lo único que hace es darle oxígeno al resto de los partidos políticos que si bien ahora no tiene posibilidades de competir, en unos meses las circunstancias pueden cambiar.

Es una lástima que Morena se haya corrompido en tan solo cinco años que lleva de vida. Es evidente que ese partido no puede transitar sin el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador que seguramente está decepcionado de que su proyecto navegue en aguas de la violencia, la mentira, la corrupción y de las transas, porque su movimiento fue creado para impulsar un cambio y la transformación del país.

Después de lo que hemos visto quién podrá creer que Morena es un partido diferente.

Ese partido entró muy rápido al cagadero donde se situaron las otras fuerzas políticas. De inmediato procedió salpicar a todos de la suciedad que tanto renegaban y que ayer quedó demostrado que también les encanta estar embarrados.

Qué asco.

Una incógnita el desarrollo de las asambleas de Morena

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Hasta este día nadie está en posibilidades de asegurar que las tres asambleas distritales de Morena previstas para este domingo para elegir a sus 30 consejeros se realizarán legalmente y sin contratiempos, pues el gansteril comportamiento de los organizadores de las mismas hace pensar que no existen condiciones para garantizar la libre participación de los militantes de ese partido y sobre todo que ese proceso se apegará a la ley.

Una vez que el senador Joel Molina Ramírez dejó la dirigencia estatal de Morena, el partido no ha precisado quién es el responsable de las asambleas programadas en Tlaxcala en el Salón Azul ubicado frente Procuraduría General de Justicia del Estado, en Zacatelco en el inmueble conocido como Pista 3 Estrella localizado en la Avenida Lerdo de Tejada No 83 de la Segunda Sección y en el en el Centro de Convenciones de Apizaco que está en la Avenida Xicoténcatl en el centro de ese municipio.

Aunque Morena ha pretendido vender la idea de que es un partido político diferente, en los hechos recurre a las mismas mañas y vicios que existen en otras fuerzas para que un grupo determinado termine con el control absoluto del instituto, para lo cual no sólo manipula el padrón, las mesas receptoras de votos, el registro de participantes a las asambleas, sino que también dispone de las boletas que se usarán.

En la actualidad el grupo que tiene el control de las asambleas es el del ex gobernador y Director del Canal Once, José Antonio Álvarez Lima a través de sus personeros los senadores Joel Molina y Ana Lilia Rivera Rivera, quienes a su vez gozan del aval de Bertha Elena Luján Uranga que pretende convertirse en la próxima dirigente nacional del partido Morena que llevó a la presidencia de México a Andrés Manuel López Obrador.

Si las asambleas se realizan, de por un hecho que la dirigencia estatal de ese partido seguirá en poder del triunvirato conformado por Álvarez, Molina y Rivera, situación que seguramente alentará la polarización en Morena, donde no pasa desapercibido que existe una lucha interna por el partido y la designación de los futuros candidatos a los diferentes cargos de elección popular que estarán en juego en los comicios del 2021.

Pero también existe la posibilidad de que las tres asambleas se suspendan al no haber condiciones para llevarlas a cabo, debido a que hay un número importante de militantes tlaxcaltecas que no está conforme con la forma en que se pretenden realizar esos procedimientos, porque sencillamente no tendrán la opción de participar sólo por el hecho de no haberse registrado en el padrón del partido antes de noviembre del 2017.

El fantasma de la violencia y del conflicto ronda en Tlaxcala, tal y como también se hizo presente el pasado fin de semana en varias entidades del país donde Morena realizó asambleas. Esos actos partidistas se vieron manchados por comportamientos porriles de ciertos militantes que recurrieron a las armas y a otras artimañas para desacreditar la elección de consejeros.

La renovación de la dirigencia estatal y nacional de Morena no está resultando fácil. El desgaste del partido es evidente y de no ser porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, goza de una buena imagen y apoyo ciudadano, éste se mantiene en las preferencias electorales de los mexicanos, pero de seguir por el camino que va empezará a dar oxígeno a sus odiados rivales como el PAN o el PRI que lo necesitan para regresar a la escena política.

Veremos cómo sale el partido de López Obrador este fin de semana y que tan confrontados están los grupos internos que no sólo se disputarán la dirigencia estatal de Morena, sino la candidatura de ese partido a la gubernatura de Tlaxcala para las elecciones previstas para el primer domingo de junio del 2021.

Joel Molina y Ana Lilia Rivera están seguros que si gana la dirigencia del partido podrán disputar la candidatura al gobierno de estado a la actual “super delegada” y representante de la administración federal en Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, sin reparar que López Obrador tendrá sino la última palabra en la designación del abanderado de Morena, si una opinión que será determinante.

En fin, pronto sabremos en que termina el proceso interno de Morena.

Supérate, el programa que no termina por aterrizar en Tlaxcala

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El programa que se armó, se diseñó y se planeó para combatir la pobreza extrema en Tlaxcala no termina por ser una realidad a casi 10 meses de que fuera anunciado por el gobernador del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, pues ningún peso de los 200 millones que se prometieron para ayudar a mejorar la condición de vida de más de 14 mil tlaxcaltecas de 13 municipios se ha canalizado durante el presente año y en lo que sería la primera etapa de esa acción gubernamental.

Como suele ser en este gobierno, los colaboradores del mandatario tlaxcalteca son quizá los responsables de que las acciones y programas de la actual administración tarden tiempo de más en ejecutarse.

Esa actitud no sólo se ha visto en el desarrollo de las obras más relevantes que se llevan a cabo como la eterna modernización del estadio Tlahuicole, la tortuosa ampliación de la carretera Tlaxcala Apizaco y la lenta construcción del nuevo Hospital Regional de Tlaxcala, sino en la operación del programa social de carácter estatal que busca combatir el fenómeno de la pobreza extrema en la entidad que involucra a más de 74 mil habitantes.

Durante el segundo informe de gobierno de Marco Mena que se realizó el 4 de diciembre del 2018, el mandatario priista anunció con bombo y platillo el programa Supérate y cinco meses después, en mayo del presente año, detalló sus alcances y los siete componentes del mismo, teniendo como testigo a la representante de la Organización de las Naciones Unidas, Cynthia Valdés Galicia.

José Luis Bustos Villegas, presidente de la Coordinación Técnica Estatal de la estrategia, fue el encargo de describir sus componentes. “Apoyo Monetario Mensual” que entregará 743 pesos para beneficiarios urbanos y 516.4 pesos para tlaxcaltecas que viven en zonas rurales, con topes por hogar de cuatro mil 177.9 y dos mil 237.8, respectivamente.

“Un esquema de aseguramiento de vida”, que será un seguro gratuito que cubrirá a todos los miembros del hogar.

“Entrenamiento en habilidades para asegurar la sustentabilidad de las actividades productivas de los beneficiarios” que incluye capacitaciones sobre educación financiera, emprendimiento, asesoramiento en oficios conectados a sectores estratégicos y actividades agropecuarias, dirigidas a personas de 15 a 64 años.

El cuarto componente considera “Una transferencia de activos para desarrollar una actividad productiva”, donde máximo se podrán tener dos activos productivos por hogar.

“Acompañamiento, apoyo e incentivos monetarios para abrir una cuenta de ahorro” fortalecerá la educación financiera de la población y brindará incentivos de ahorro individualizados por hogar; además, facilitará la apertura de una cuenta en sucursales bancarias.

“Atención a la primera infancia de 0 a 5 años de edad”, con lo cual se brindará servicios de salud especializados a este sector de la población, y se entrenará a los padres con diversas actividades de estimulación temprana para mejorar las habilidades cognitivas y de lenguaje de los niños.

Finalmente, “La identificación de las carencias sociales por hogar y su atención mediante su acceso a los programas sociales federales y estatales”.

Después de esa faraónica presentación del programa Supérate, los pobres siguieron esperando que esas acciones y apoyos se hicieran realidad, pero los días pasaron y de nuevo la burocracia se apoderó de las buenas intenciones porque fue hasta a mediados de septiembre pasado cuando el ineficiente José Luis Bustos volvió a declarar que ahora sí en octubre el gobierno de Marco Mena estaría listo para poner en marcha los primeros tres componente antes descritos.

Ya pasamos la primera quincena de octubre y simplemente no se ve claro para cuando Supérate se haga realidad en Tlaxcala. Al gobierno federal del presidente de México Andrés Manuel López Obrador le llevó varios meses operar sus siete programas sociales en la entidad, pero después de eso empezaron a fluir los apoyos económicos a más de 200 mil tlaxcaltecas, por lo que no se explica uno las razones por las cuales las autoridades estatales no puedan aterrizar su dichoso programa que en una primera etapa incluye sólo a 14 mil personas de 13 municipios.

Desde diciembre del año pasado se sabía el monto que se invertiría en este 2019. También se tenía presente que el programa se elaboró con la experiencia y evidencia de iniciativas exitosas de 20 países, tan diversos como India, Paquistán, Perú, Etiopía, Yemen y Ghana, mismas que recibieron la opinión de especialistas internacionales en la materia, de ahí que su inoperancia es injustificable porque prácticamente se han desperdiciado 10 meses que en nada ayudan a los tlaxcaltecas que viven en pobreza extrema.

Supérate es un programa de buenas intenciones que difícilmente podrá ser evaluado para determinar si cumplió o no con su objetivo primordial. Si en este año se empiezan a aplicar los recursos etiquetados y se mantienen en el 2020, la estimación de su impacto quizá se podría llevar en el 2021, año en que terminará el gobierno de Marco Mena.

El programa estatal de combate a la pobreza extrema en Tlaxcala hasta ahora es solo una buena intención.

La pelea por la sucesión ya existe al interior de los partidos

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A 20 meses de que se lleven a cabo los comicios del 2021 en que se elegirá gobernador, diputados federales y locales, alcaldes y presidentes de comunidad, existe una lucha soterrada e interna por el control los partidos políticos, donde ciertos grupos con mayor poder buscan frenar las ambiciones de sus enemigos y evitar que éstos accedan a algunos cargos de elección popular.

En el PAN el grupo contrario a los intereses de José Gilberto Temoltzin Martínez intentó sorprender a la militancia y a algunos medios de comunicación con la noticia que la integración del Consejo Estatal de ese partido se podría modificar con un recuento de votos de dicha la elección celebrada el pasado 18 de agosto, el cual fue ordenado por la Comisión de Justicia del CEN.

Pese a que los estatutos del PAN no se consideran el “recuento de votos”, la dirigencia nacional del blanquiazul opto por dar certeza y legalidad a la elección del Consejo Estatal de Tlaxcala, por lo que determinó aplicar otros criterios jurídicos de otras normas para ponerle punto final a los reclamos de ciertos militantes que se inconformaron con tal proceso.

El recuento de votos se aplicará porque el número de votos nulos fue mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugar de la votación, pero con la salvedad que tal proceso no implicará la nulidad de la elección y en caso de existir una corrección ésta beneficiaría a Valentín Gutiérrez Hernández ex alcalde de Apetatitlán y no al grupo del actual diputado federal y ex líder del partido Carlos Carreón Mejía.

Los panistas inconformes identificados a los grupos de Carlos Carreón y de la ex dueña del partido y actual diputada federal, Adriana Dávila Fernández, se quedarán con las ganas de arrebatarle el control del Consejo Estatal del PAN a José Gilberto Temoltzin, quien está más que consciente que el recuento de votos podría modificar los resultados en un 2 por ciento, situación que dejaría prácticamente las cosas como están.

El Consejo Estatal del PAN está conforma por 80 miembros, quienes en su gran mayoría están identificados con el liderazgo de Temoltzin Martínez y sólo una decena representa los intereses de Dávila Fernández, de ahí que en los próximos comicios el primer grupo será el que lleve mano en la designación de los candidatos a los diferentes puestos de elección popular.

En el PRI también existe una disputa interna por el poder, la cual se está llevando a cabo en todas las dependencias estatales, pues los principales operadores del menismo han creado una estructura que la hace de quinta columna a fin de ubicar a los priistas que están jugando hacia otro equipo.

Arnulfo Arévalo Lara, nuevo responsable de la Sefoa, despidió a trabajadores de esa dependencia sólo por el simple hecho de estar trabajando políticamente a favor del ex titular José Luis Ramírez Conde, quien a su vez está haciendo lo mismo pero en la Secte donde despacha y pretende mover a los operadores de Noé Rodríguez Roldán, quien dejó el cargo para en un día no muy lejano asumir el control del PRI en Tlaxcala.

Los menistas no están dispuestos a ceder espacios a otros grupos priistas como el del ex gobernador Mariano González Zarur, de ahí que los principales operadores del marianismo que aún sobreviven en la nómina del gobierno están siendo presionados para que se sumen a ellos y se olviden de trabajar por cualquier priista ajeno a su clan.

Florentino Domínguez Ordoñez, secretario de Educación Pública ya pintó su raya con el menismo y se ha empezado a rodear de operadores identificados con Miguel Ángel Islas Chío, quien representa los intereses de la maestra Elba Esther Gordillo Morales y también con los colaboradores de Tomás Munive Osorno, ex titular de la SEPE en la administración de Mariano González.

El objetivo del “Profe” es convertirse en candidato del PRI al gobierno del estado, por lo que anda desatado en buscar aliados que lo ayuden a cumplir con su sueño.

Todos los miembros del gabinete antes mencionado pretenden un cargo de elección para los comicios del 2021, razón por la cual trabajan para alcanzar ese objetivo que les permita mantenerse vigentes una vez que la actual administración deje el poder en agosto de ese año.

En Morena las cosas están que arden y la pelea por el control del partido en Tlaxcala aún subirá de tono en los siguientes días.

Para algunos morenos el control del partido se ha convertido en una obsesión y se niegan a aceptar que en ese instituto político el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tendrá la última palabra para la designación de candidatos, especialmente aquellos que contenderán por una gubernatura en el 2021.

La sucesión en Tlaxcala está en marcha y ya nadie la detiene.

Qué camino tomará Morena en Tlaxcala

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El partido del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene un complicado acertijo que resolver con las tres asambleas previstas para el próximo domingo en Tlaxcala, en las cuales se elegirán a 30 consejeros que designarán a la dirigencia estatal y nacional de Morena, partido que empezó con el pie izquierdo la renovación de sus liderazgos porque la falta de transparencia y certidumbre derivó en hechos de violencia en estados como Jalisco, Durango, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit y Veracruz.


En Tlaxcala el grupo conformado por los senadores Ana Lilia Rivera Rivera y Joel Molina Ramírez que son manipulados y alentados por el ex gobernador José Antonio Álvarez Lima, actual director del Canal Once, están empeñados en no perder el control del partido en el estado, por lo que buscan por todos los medios impedir que un militante ajeno a su tribu llegue a la dirigencia estatal de Morena.

Ese grupo que controla y tiene bajo su resguardo el manipulado padrón de militantes de ese partido, ya ha comprobado que no toda la base respalda sus intenciones como pensaban que sería, pues hay muchos miembros que apoyan a otros liderazgos que en su momento tuvieron el detalle de acercarse con ellos y ayudarlos en ciertas gestiones.

Ana Lilia Rivera y Joel Molina han denunciado públicamente que en Tlaxcala hay viejas prácticas utilizadas en otros partidos (entrega de dádivas, despensas, manipulación de programas sociales, chantaje y otras más) para tratar de manipular a los militantes de Morena rumbo al desarrollo de las asambleas distritales del próximo domingo, sin embargo hasta el momento ningún senador ha hecho señalamientos concretos y muchos menos ha presentado las denuncias o quejas ante las instancias correspondientes para que esos casos sean investigados y sancionados conforme a la ley.

Ambos políticos están empeñados en atacar a la “super delegada” del gobierno federal y representante de López Obrador en Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, quien se ha mantenido al margen del proceso de renovación de Morena, aunque eso no quiere decir que no haya miembros de ese partido afines a ella que estén participando y buscando convertirse en consejeros de esa fuerza política.

Por alguna extraña razón Ana Lilia Rivera y Joel Molina se muestran más que preocupados por la posibilidad de perder el control de la dirigencia estatal de Morena, sobre todo cuando otro fundador del partido como José Luis Ángeles Roldán, mejor conocido como “El Patrón” ha venido construyendo un proyecto que busca hacer realidad los cambios que promueve el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En Morena se registran los mismos problemas y vicios que tienen todos los partidos políticos de México. La lucha por el poder interno es intensa y al final se busca tener el control del partido para estar en condiciones de entregar las candidaturas no a los mejores cuadros morenistas, sino a los amigos y aliados de los dirigentes en turno, tal y como se presenta en el resto de las fuerzas políticas del país.

A seis días de que se lleven a cabo las tres asambleas distritales, nadie sabe en qué lugar se realizarán, ni tampoco quién es el representante nacional de Morena que se hará cargo de ese proceso en Tlaxcala.

En la entidad los ánimos se encuentran encendidos y el fantasma de la violencia podría presentarse como lo hizo en otras entidades este fin de semana, sobre todo por el discurso de polarización que en los últimos días han propagado los senadores de Tlaxcala en el sentido de que hay buenos morenistas y otros malos que, según ellos, le apuestan a la división y a la corrupción del partido.

Pronto sabremos qué camino decidió tomar Morena en Tlaxcala, el de la unidad o el de la división y la violencia.

Lo anterior será un buen antecedente para determinar si ese partido sigue la ruta correcta para lograr la gubernatura de Tlaxcala en el 2021 o si ellos mismos son lo que se meten la pata para complicar la llegada de Morena al gobierno de estado.

La estúpida forma de dilapidar un capital político

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Un diputado local que había ganado presencia y hasta cierto respeto de la clase política tlaxcalteca por ser el único que logró vencer la ola morenista en las elecciones del 2018, es el ex perredista y hoy nuevo neopetista, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, a quien lo invadió la fatuidad y la enorme necesidad de recuperar en el menor tiempo posible la millonaria inversión que realizó en su campaña electoral, por lo que desde que asumió su cargo ha buscado embolsarse todo el dinero que se le aparezca en su actividad legislativa.


El supuesto experto en mercadotecnia no ha tenido el cuidado en esconder su ambición económica y política, por lo que en su momento supo aprovechar su posición de coordinador de la fracción parlamentaria del PRD para unir a la chiquillada y ganar espacios y poder al interior del Congreso de Estado, sobre todo cuando también conquistó al diputado líder de Morena, Víctor Manuel Báez López, con quien hizo una mancuerna que le permitió sacar muchos beneficios.

El granuja Covarrubias Cervantes siempre ha tenido injerencia en los asuntos delicados y de importancia en la actual legislatura. A la par que crecía su presencia también aprovecharía esa condición para impulsar sus negocios relacionados con la venta de calentadores solares y el impulso de empresas constructoras que acapararon la obra pública no sólo en el ayuntamiento de Texoloc que encabeza su mamá, Maribel Cervantes Hernández, sino en el de Zacatelco en manos del ex perredista Tomás Orea Albarrán.

Su victoria electoral del 2018 que le generó buena fama fue tan efímera que hoy todos relacionan al diputado en asuntos de corrupción, negociaciones obscuras, manejos pocos claros de los recursos públicos y con el engaño y el fraude, sobre todo porque se dedicó a entregar animales enfermos dentro del Fondo del Fortalecimiento al Campo que dispusieron la mayoría de los 25 legisladores locales.

Las quejas de los beneficiarios de ese programa que recibieron animales viejos y enfermos se han multiplicado, al grado que las autoridades estatales y federales tuvieron que intervenir no sólo para comprobar el pésimo estado y calidad del ganado, sino para controlar las enfermedades que se empezaron a multiplicar por el contagio de esas especies que tenían ciertos males.

El problema ha sido más que documentado en las dependencias, donde al delicado diputado Miguel Ángel Cervantes se le ha visto para tratar de evitar que se hagan públicas esas observaciones que lo dejarían muy mal parado, sin embargo el caso ya es del conocimiento del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, quien está más que molesto con la actitud del legislador por la crisis sanitaria que generó en ciertos municipios de la entidad.

El caso podría terminar en la Procuraduría General de Justicia en el Estado una vez que los beneficiarios reúnan todos los elementos que necesitan para documentar las transas del trácala Miguel Ángel Cervantes y su mami la nefasta alcaldesa Maribel Cervantes.

Si los Cervantes pensaban que podrían seguir escalando posiciones y mantener por otros años más su actual ritmo de vida a través del engaño de los ciudadanos, tenga la certeza de que eso difícilmente pasará porque la credibilidad de esa familia está por los suelos y el rechazo que han empezado acumular crecerá conforme se conozcan los otros supuestos negocios que han llevado a cabo bajo el amparo del poder.

Por cierto, no lo cuente en voz alta pero una diputada local que de plano resultó ser un decepción ante su monumental carencia de oficio político es la bisoña petista Irma Garay Loredo, quien en cada sesión de la Junta de Coordinación y Concertación Política suele cagarla y en meter en aprietos a los legisladores de la Cuarta Transformación conformada por Morena, el PT y el PES.

Ayer, la voluminosa mujer avaló que en el orden del día de la sesión se incluyera la lectura de un exhorto propuesto por el PRI para que el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador liberara y restituyera recursos destinados al campo tlaxcalteca contemplados en el presupuesto de egresos de este año, iniciativa que los diputados locales de Morena y el PT pretendían aprobar hasta que alguien les hizo ver que tal decisión sería un pésimo error como el que cometieron días atrás con el exhorto que respaldaron para pedirle al gobernador de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García Jiménez, que respetara la autonomía de la Fiscalía General del Estado.

Garay Loredo quedó mal con la diputada del PRI Zonia Montiel Candaneda y con la chiquillada que se quedó con las ganas de aprobar el exhorto contra la administración de López Obrador. La limitada petista ya perdió la confianza de casi todos los legisladores y no dude que pronto se proponga su remoción de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso de Estado.

Sólo en el discurso el amor con amor se paga de AMLO

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Hasta ahora hay diferentes indicios que demuestran que Tlaxcala dejará de ser una entidad consentida por el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, quien antes de asumir el poder y en los primeros meses de su administración ofreció corresponder al amor que los tlaxcaltecas le demostraron en las elecciones de julio del 2018, al convertirse en el segundo estado del país que más votos aportó para que el tabasqueño ganara los comicios presidenciales.

 

Un primer elemento que demuestra lo anterior es el incremento apenas superior al 2 por ciento que registrarán las participaciones federales para el 2020, sumando aproximadamente 23 mil 482.2 millones de pesos que dispondrá Tlaxcala, recursos que no implican ninguna obra de relevancia para el estado o el financiamiento de un programa destacado.

Y si bien hay dependencias como la Secretaría de Educación Pública que dispondrá de más recursos públicos al pasar de mil 246.9 millones de pesos a mil 278.5 millones de pesos para el próximo año, hay otras como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que registrará una disminución significativa.

Mientras en este año esa dependencia dispuso de 56.6 millones de pesos, para el ejercicio 2020 sólo tendrá 26.6 millones de pesos, es decir, 30 millones de pesos menos lo que equivale al 51.3 por ciento menos.

La Secretaría de Cultura que supuestamente tendría su sede en Tlaxcala también reportará un recorte, pues de venir aplicando cinco millones de pesos en el estado, para el 2020 no tiene etiquetado ni un sólo peso esa dependencia del gobierno federal que encabeza la gris abogada Alejandra Frausto Guerrero.

Los Programas de Subsidios y de Proyectos de Inversión para el Estado de Tlaxcala tendrán para el siguiente año un recorte del 30 por ciento, medida que se replica para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que en este 2019 dispuso de 95.8 millones de pesos y para el 2020 sólo manejará 28.3 millones de pesos, es decir, más de 67 millones de pesos menos o un 71.5 por ciento menos de presupuesto.

En el área de Bienestar la disminución fue de 12.5 millones de pesos que significa el 50.7 por ciento al pasar de 25.6 millones de pesos en 2019 a 13.1 millones de pesos para el 2020.

Las razones de esos ajustes y disminuciones sólo las sabe el presidente y su equipo más cercano de colaboradores, sin embargo una de las causas que explicarían esas decisiones tendrían que ver con los niveles de aceptación y tendencias electorales que existen en Tlaxcala rumbo a los comicios del 2021, pues a 20 meses de las elecciones para elegir gobernador, diputados federales y locales, alcaldes y presidentes de comunidad Morena acapara en promedio una intención del voto superior a los 45 puntos porcentuales.

El PRI y el PAN están muy lejos de representar una competencia para el partido del presidente de México.

En el siguiente año no se verá mucho el amor que López Obrador prometió a Tlaxcala, pero quizá en el 2021 las cosas cambien y eso se refleje en el presupuesto que ejercerá el gobierno federal en esta entidad que siempre lo ha respaldado con votos.

La columna Templo Mayor del periódico Reforma dejó entrever que el presupuesto del 2020 tiene criterios políticos porque estados en manos de la oposición fueron castigados mientras que otros en poder de aliados priistas y de Morena han sido beneficiados.

A continuación le comparto esa parte de la columna para que tenga la información completa.

“A lo mejor es pura coincidencia…

F. Bartolomé / Reforma

A LO MEJOR es pura coincidencia… si no fuera porque en la política dicen que no existen las coincidencias: resulta curiosa la lista de estados en los que el gobierno federal ha repartido menos Tandas del Bienestar.

RESULTA QUE las entidades menos afortunadas son Coahuila, Baja California Sur, Colima, Querétaro y Chihuahua… casualmente todas gobernadas por la oposición. En contraparte, de las cinco más beneficiadas, dos están en manos de Morena (Chiapas y Veracruz); y en tres gobiernan priistas que han decidido acercarse a Andrés Manuel López Obrador (Oaxaca, Guerrero y Estado de México).

¿A POCO el gobierno federal está usando los programas sociales para apapachar a los aliados y castigar a los adversarios? La pregunta es pertinente porque el reparto en el resto de los estados no tiene mucha lógica. Por ejemplo, Tlaxcala, Zacatecas y Morelos presentan altos índices de pobreza y tampoco les fue bien con las tandas.

Y AUNQUE se supone que el sureste es la prioridad, a Campeche y a Yucatán les tocó sólo un pedacito. ¡Bien raro!”.

Una vez más quedaría claro que en estos momentos Tlaxcala no es una prioridad para el gobierno de AMLO y que la supuesta cercanía e increíble entendimiento entre el tabasqueño y el gobernador priista Marco Antonio Mena Rodríguez no es como lo pretenden hacer creer. Es una buena relación de apariencia, o no.

De trámite la ratificación del magistrado Elías Roa

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Los diputados locales integrantes de la Cuarta Transformación desecharon de tajo la posibilidad de llevar un cambio o una transformación en el Poder Judicial de Tlaxcala, donde por ley existía la opción de empezar la renovación de los magistrados con el análisis de la ratificación o no del abogado Elías Cortés Roa, vinculado a los intereses priistas.

Sin el menor ánimo de alentar la renovación del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, los legisladores no sólo conformaron una Comisión Especial dócil para atender la ratificación o no de magistrado Cortés Roa, sino que ayer los diputados avalaron un procedimiento sonso que otorga todas las facilidades y elementos para que ese gris abogado se mantenga en la nómina dorado del Poder Judicial.

Su ratificación depende de un informe y opinión que envíe el Consejo de la Judicatura integrado en su mayoría por puro abogado lambiscón y convenenciero, de un expediente que detalle su labor de los últimos seis años (deberá incluir la estadística sobre los asuntos tramitados, resueltos, impugnaciones recibidas, medios de defensa ordinarios y extraordinarios que atendió, así como los asuntos confirmados, modificados o ratificados) y de una reseña de las sentencias que emitió.

Y aunque el procedimiento permitirá la presentación de escritos de ciudadanos que estén de acuerdo o no en la revalidación del mencionado magistrado, la realidad apunta que los diputados de Morena, el PT y el PES no tienen los tamaños, ni la fuerza y el interés de alentar un cambio en un poder que está bajo el control del PRI.

Elías Cortés le debe su llegada como magistrado al ex gobernador Mariano González Zarur y su gris papel como alto funcionario de Poder Judicial en su momento ha sido avalado por el actual mandatario estatal Marco Antonio Mena Rodríguez que intentó ubicarlo como presidente del Tribunal Superior de Justicia, deseo que no pudo cumplir porque los magistrados se rebelaron e impusieron en esa posición al poblano Héctor Maldonado Bonilla, quien hace unos meses fue destituido para dar paso a la llegada de Mario de Jesús Jiménez Martínez que compuso la relación con el Poder Ejecutivo.

A los actuales diputados de Morena, el PT y el PES se les permitió reincorporar como magistrado al abogado triquiñuelas Fernando Bernal Salazar que de inmediato dejó su chaqueta de morenista para ponerse el saco de priista y convenenciero miembro del pleno del Poder Judicial de Tlaxcala, de ahí que hoy no les quedó otra más que aceptar anticipadamente la ratificación del intrascendente Cortés Roa que seguramente repartirá algunos estímulos por tan lindo detalle que recibirá de algunos legisladores que dicen ser piezas claves para lograr esa proeza.

La Comisión Especial que preside la diputada priista Zonia Montiel Candaneda sabe que el asunto del magistrado Elías Cortés está planchado y que simplemente simularán que evaluaran al abogado porque su ratificación es inminente.

Y si necesita más elementos para decepcionarse de los diputados de la Cuarta Transformación le cuento que el descuento salarial que había sido aprobado para ocho legisladores que se ausentaron de la sesión del pasado 18 de julio cuando se destituyó a los comisionados del IAIP fue revertido por la actual presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política, Irma Garay Loredo, decisión que dejó sin 120 mil pesos a una escuela que ocuparía esos recursos para comprar equipo de cómputo.

La petista que forma parte de la Cuarta Transformación ha tenido en un mes un papel desastroso como presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado.

Ella y su palera también legisladora del PT, María Félix Pluma, son las responsables del escándalo en el que se han visto involucrado el diputado federal Gerardo Fernández Noroña y su homóloga panista Adriana Dávila Fernández, quien habría sido atacada despiadadamente por el petista en un evento que se organizó en el Patio Vitral del Congreso del Estado y que las legisladoras de ese partido aplaudieron y avalaron sin ningún recato.

Ambas legisladoras deberían dejar sus cargos, porque nadie en su sano juicio puede permitir que Irma Garay como presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política respalde los ataques a una diputada federal y que la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, María Félix Pluma, haga lo mismo, porque en el evento y después del mismo ninguna de las dos se desligó de las afirmaciones y señalamientos que Fernández Noroña hizo contra la tlaxcalteca Adriana Dávila. De pena, no.

Diputados locales hambrientos y sin llenadero

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Ahora que diferentes diputados integrantes de la Cuarta Transformación se han pronunciado a favor de revisar y reducir el presupuesto de egresos que dispondrá el Congreso de Estado para el siguiente año, valdría la pena saber en qué están dispuestos a ahorrar y que excesos estarían dispuestos a eliminar para que efectivamente hagan realidad la austeridad republicana que tanto pregonan pero que en los hechos es nula.

En la actualidad y de acuerdo con la información disponible, se sabe que el Poder Legislativo ejerce cada año 1.7 millones de pesos para mantener un comedor donde la mayoría de los 25 diputados locales llega a saciar su hambre con alimentos que supones son de primera calidad.

En promedio cada mes nos cuesta a los tlaxcaltecas 141 mil pesos alimentar a los legisladores que disponen de más de 250 mil pesos cada 30 días para sus diferentes gastos y ocupaciones.

Cada día el Congreso del Estado estaría disponiendo de 4 mil 700 pesos para mantener un comedor, donde hay que decirlo no falta el salmón y otros alimentos de calidad como si los diputados merecieran esa clase de atención por su pésimo y limitado trabajo.

Pero no crea que ese es el único lujo que se dan los diputados tlaxcaltecas, pues también se tiene conocimiento que cada año destinan otros 390 mil pesos para flores y lonas que adornan los diferentes eventos que se organizan al interior del Poder Legislativo.

Otras partidas que valdría la pena echarle una revisada, son las que reciben los 25 legisladores para contratar personal y la establecida para entregar apoyos a los ciudadanos que lo requieren. Hay diputadas como la coordinadora del PT y presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política, Irma Garay Loredo, que prácticamente desaparece cada 30 días esos recursos sin tener trabajadores y sin repartir un solo peso en ayudas.

Su actitud voraz y rapaz la heredo de su padre el diputado federal del PT y dirigente estatal de ese partido en Tlaxcala, Silvano Garay Ulloa, quien goza de la protección del maestro de la corrupción y el chantaje, Alberto Anaya Gutiérrez, líder nacional de esa fuerza política.

Alberto Anaya ha permitido que la familia Garay que no es oriunda del estado malverse las prerrogativas del PT en Tlaxcala y disponga de los cargos de elección popular que se acceden por la vía plurinominal. Este año ese instituto político ha recibido cada mes alrededor de 400 mil pesos, sin embargo sólo Silvana y su hija Irma saben a dónde va a parar la enorme cantidad de recursos públicos que reciben.

En el PT dudo que apoyen y avalen la austeridad republicana que dicen los diputados que aplicarán para el 2020, por lo que ahora será interesante conocer si el nuevo coordinador de los legisladores de Morena, José María Méndez Salgado, deja el doble discurso sobre los ahorros en el Congreso del Estado.

Por un lado presume que el Poder Legislativo ejercerá 20 millones de pesos menos para el siguiente año, pero es el legislador que solicita la compra de Perrier, el agua de manantial gasificada proveniente del sur de Francia, la cual es indispensable para refrescar su garganta y sentir el exquisito burbujeo mientras el diputado panista Omar Milton López Avendaño sube a la tribuna para criticar el gobierno federal de López Obrador y la desbordante ambición de los diputados que conforman la Cuarta Transformación, sin que tal acción merezca una sola palabra del huamantleco que hoy coordinada a la principal fuerza política en el Congreso local.

Los excesos en el Poder Legislativo ya empezaron a surgir y también pronto se conocerá la red de corrupción que impera entre diputados locales, alcaldes y empresas constructoras ligadas a familiares que son beneficiadas con recursos públicos.

Si antes nos quejamos de los moches que alentaron los legisladores del PAN, ahora esa práctica se queda corta con lo que establecieron los legisladores de la Cuarta Transformación.