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El Profe la tapadera de la incumplida Anahí Gutiérrez

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El mediocre secretario de Educación Pública en Tlaxcala, conocido como “El Profe” Florentino Domínguez Ordoñez decidió descuidar su burda precampaña en busca de la candidatura del PRI al gobierno para ponerse su traje de plomero y operar la cancelación de la junta de gobierno del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (Itife) programada para ayer, pues se enteró que por lo menos tres integrantes de ese órgano tenían previsto exigir la renuncia de la responsable de esa dependencia Anahí Gutiérrez Hernández.

Florentino Domínguez es un limitado funcionario estatal que ha logrado mantenerse y avanzar en la actual administración gracias a su ridícula lambisconería y obediencia ciega a su jefe el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.

Su incapacidad y falta de visión para atender y solucionar problemas de su incumbencia lo llevaron a tomar la decisión más fácil en el espinoso caso del Itife, donde la corrupción brota y se sigue solapando la desastrosa administración de Anahí Gutiérrez.

Resulta que esa funcionaria más vinculada al marianismo que al actual grupo en el poder, se comprometió hace unas semanas a convocar para noviembre pasado a una sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno para aclarar el presunto robo de casi 100 millones de pesos de una de las cuentas bancarias del Itife registrado en el 2018 y su supuesta recuperación, así como aclarar los faltantes de otras partidas y los motivos por los cuales no son solventadas cientos de observaciones realizadas por el Órgano de Fiscalización Superior y la Auditoría Superior de la Federación.

El llamado nunca llegó y “El Profe” que estaba enterado no hizo nada para que esa funcionaria que es su subordinada cumpliera su promesa. Sin embargo, para cerrar el año y acatar la ley, la descarada Anahí Gutiérrez citó a la Junta de Gobierno para el 10 de diciembre, pero para sorpresa de Florentino Domínguez los integrantes de ese cuerpo colegiado no sólo se organizaron para asistir puntualmente, sino para exigir la renuncia de la titular del Itife.

El diputado morenista Ramiro Vivanco Chedraui representante del Poder Legislativo ante la Junta de Gobierno sería uno de los encargados de pedir el cese de la funcionaria, lo malo es que en su corazón aún hay amor al PRI y al parecer el mismo alertó al secretario de Educación de la exigencia que se haría en esa reunión, lo que obligó a cancelar esa sesión de trabajo bajo el argumento de que “El Profe” necesitaba más tiempo para que le expliquen con manzanas las transas en esa dependencia.

Los días de Anahí Gutiérrez como titular del Itife están contados. El malestar de los integrantes de la Junta de Gobierno es monumental y “El Profe” poco o nada podrá hacer para evitar la salida de esa pésima funcionaria que ya logró poner a todos en su contra.

El Itife en manos de Anahí Gutiérrez acumulaba hasta hace unos meses 1,163 observaciones por parte del Órgano de Fiscalización Superior que abarcan los años 2016, 2017 y 2018, de las cuales sólo se habían solventado 109 y 1,054 seguían pendientes.

Según el informe sobre el estado que guardan las observaciones emitidas por los entes fiscalizadores al Itife, se sabe que esa dependencia tiene 27 recursos de la Auditoría Superior de la Federación, de los cuales ninguno ha sido atendido o solucionado, pese a que éstas inconsistencias financieras y administrativas datan del 2015 hasta el 2018.

El Itife en la actual administración ha funcionado en un total desorden y nadie lo puede negar. Mientras en el 2016 esa dependencia acumuló 12 observaciones en materia de obra y 119 en asuntos financieros, para el 2017 el número de observaciones en obra crecieron al ubicarse en 207 y las financieras pasaron a 80, pero para el 2018 las observaciones en obras fueron 675 y en materia financiera 70, lo que explica las razones que obligaron a los diputados locales a reprobar sus cuentas públicas.

En los estados financieros del 2018 se detectó un probable daño patrimonial de 99 millones 93 mil 744.13 pesos, equivalentes al 22% de los recursos ejercidos.

El primer año del gobierno de Marco Mena, es decir durante el 2017, los legisladores también ubicaron anomalías por 70 millones 207 mil pesos.

Estas cifras y datos son las que dice no entender y comprender el “plomerito” Florentino Domínguez, quien en el caso del Itife está empeñado en dejar su mote de “El Profe” para tratar de tapar y esconder el cagadero que existe en esa dependencia con recursos tan chafas como suspender de un día para otro la sesión de la Junta de Gobierno.

La estupidez de ese funcionario lo dibuja de pies a cabeza. Y así quiere ser gobernador de Tlaxcala.

La voracidad de los diputados locales

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Sin que exista una fecha establecida aún para aprobar el presupuesto de egresos del siguiente año, los actuales diputados han empezado a realizar ajustes y recortes con el propósito de generar un nuevo fondo que les permita disponer y manejar recursos públicos para autorizar obras en los municipios tal y como sucedió en este 2019 donde la detestable práctica de los moches estuvo presente.

Mientras los diputados locales de Morena, el PT y el PES que conforman la Cuarta Transformación que impulsa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, andan desatados haciendo cuentas alegres y recortando por recortar el proyecto de egresos que recibieron por parte del Poder Ejecutivo, la chiquillada representada por los legisladores del PAN y el PRI, así como otros representantes de partidos políticos minoritarios ha pedido prudencia al momento de analizar ese documento y esperar las explicaciones que justifiquen los aumentos al Poder Judicial y a otros entes públicos.

A diferencia del año pasado que el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez tenía a Arnulfo Arévalo Lara como su representante y encargado de negociar el presupuesto, para estas fechas el Poder Ejecutivo carece de un enviado con autorización y capacidad de cabildear, lo que ha alentado nuevamente a los diputados de Morena, el PT y el PES a romper otra vez su promesa de no robar, no mentir y no traicionar.

Aunque usted no lo crea, resulta que hay legisladores que ya están etiquetando obras y cobrando por anticipado el moche a uno que otro iluso alcalde que piensa que está siendo beneficiado con recursos públicos, bajo el pretexto de que serán limitados los fondos que recibirán en el 2020 porque la federación castigará a los municipios al igual que el gobierno del estado.

Lo que sucede en Tlaxcala y en especial el grotesco comportamiento de los legisladores locales está siendo documentado por el gobierno federal que preside López Obrador. La semana pasada dicen que la titular de la Secretaría de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, quien asistió al Tercer Informe de Gobierno de Marco Mena como representante de AMLO se llevó un abultado expediente que detalla los abusos y excesos en los que han incurrido los diputados.

Para mala suerte de los legisladores locales, éstos también son motivo de grilla de los diputados federales que se quejan de las limitaciones financieras que enfrentan para desempeñar su trabajo y en cambio el gobierno del presidente Andrés Manuel López consiente que los representantes de la Cuarta Transformación en Tlaxcala repartan cantidades millonarias para obras y que gasten para el próximo año en el comedor del Congreso del Estado la cantidad de 2.5 millones de pesos para satisfacer sus exquisitos gustos gastronómicos de los mal llamados representantes populares.

Los diputados tlaxcaltecas pretender manejar más de 85 millones de pesos para gestión durante el siguiente año, es decir, que cada uno quiere gastar 3.4 millones de pesos al año en ese rubro, lo que implica que cada mes dispondrán de más de 283 mil pesos, cantidad que ya quisieran erogar los diputados federales o los senadores.

Y a parte de esa cifra, los legisladores también buscan crear un fondo similar al de este año (alrededor de 500 millones de pesos) que les permita etiquetar obras para los 60 municipios de la entidad.

Todo lo anterior encendió los focos de alarma de la Cuarta Transformación y no se descarta que desde la federación se dé un jalón de orejas para frenar esos absurdos excesos que López Obrador no está permitiendo en su administración.

Se desconocen los términos y las condiciones en que saldrá el presupuesto de egresos del 2020, porque hasta ahora nadie ha tenido la ocurrencia de pedirles a los impolutos diputados de Morena, el PT y el PES que dejen sus ambiciones y se pongan a analizar fríamente los números antes de decir recortes y reasignar partidas, para lo cual es necesario que la presidenta de la poderosa Comisión de Finanzas y Fiscalización, María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, deje su indiferencia, sonsera y su valemadrismo que está provocando un caos en el tema del gasto del dinero público.

El rebaño de supuestos diputados honorables y honrados que impulsó la Cuarta Transformación se perdió antes de que asumiera el cargo, porque es obvio que los ciudadanos están comprobando que esos representantes populares impulsados por López Obrador salieron malos para legislar y realizar procedimientos, pero buenos para llevar a cabo negocios con recursos públicos.

Para mantener su enorme estómago y darles de tragar a nuestros insaciables legisladores será necesario destinar más de 208 mil pesos mensuales, lo cual resulta un insulto para cientos de tlaxcaltecas que viven en la pobreza extrema.

Son una decepción.

El consejo que Mariano González dio al magistrado Cortés

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El recién ratificado magistrado Elías Cortés Roa le salió más que barata su permanencia en el cargo, pues si acaso pagará una comida de agradecimiento a los 24 diputados que votaron por su continuidad, quienes se quedaron con las ganas de recibir algún estímulo por su voto o la promesa de plazas como se rumora que llegaron a pedir a ese gris abogado con quien sostuvieron reuniones públicas y privadas.

Dicen que Cortés Roa una vez iniciado su proceso de evaluación buscó el apoyo y consejo del ex gobernador Mariano González Zarur, a quien según él le debe su llegada y permanencia como magistrado del Poder Judicial de Tlaxcala.

Se sabe que el hacendado habría recomendado al ya ratificado magistrado no abrir la cartera para entregar apoyos a los diputados locales, porque según el ex mandatario priista la novatez de los legisladores, pero en especial los de Morena, el PT y el PES, los llevó a incumplir los plazos legales establecidos y éstos además no tenían ningún elemento para oponerse a su permanencia.

Puedes mandarlos al carajo si te piden algo y litigar tu continuidad sin que le debas nada a nadie, porque tu ratificación es un hecho, le habría dicho un González Zarur al final de la conversación, quien por lo visto aun mueve ciertos hilos de poder desde el ostracismo.

Ese consejo y aliento fueron suficientes para que Elías Cortés no se saliera de su sobrada soberbia. Estoico no cedió a las propuestas y peticiones de algunos diputados de Morena que solicitaron dinero y puestos en el Tribunal de Justicia Administrativa de Tlaxcala para avalar su ratificación.

El jueves pasado sucedió lo que ya se sabía desde semanas atrás. Cortés Roa fue respaldado para seguir como magistrado al sumar 24 de 25 votos posibles, lo cual sorprendió porque ese aislado magistrado que en apariencia fue abandonado a su suerte por el actual gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez y por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Mario de Jesús Jiménez Martínez, logró mantenerse en la nómina dorada de la burocracia del estado y garantizar su permanencia hasta el 12 de enero del 2026.

Ese magistrado marianista desde ahora podrá presumir que trabajó durante el periodo de tres gobernadores como Mariano González, Marco Antonio Mena y el próximo mandatario que empezará su gestión en el 2021.

Si los diputados locales no opusieron ninguna resistencia para la ratificación de ese chafa magistrado, seguramente no se opondrán a que el desprestigiado representante del Poder Legislativo en el Consejo de la Judicatura, Álvaro García Moreno, siga en el cargo porque está más que comprobado que a los actuales legisladores sólo les interesa el dinero y por esa razón su atención se concentra en el análisis del presupuesto de egresos del próximo año y no en otros asuntos de importancia y de su incumbencia.

Los diputados que pronto podrían quedar exhibidos en caso de prosperar la demanda de amparo contra la aprobación de la cuenta pública del 2018 del ayuntamiento de Panotla son los panistas Leticia Hernández Pérez y Omar Milton López Avendaño, así como los perredistas Miguel Ángel Covarrubias Cervantes y Laura Yamili Flores Lozano, defensora del edil cachondo de ese municipio Eymard Grande Rodríguez.

También la priista Zonia Montiel Candaneda, la verde ecologista Maribel León Cruz, la representante de Movimiento Ciudadano María Isabel Casas Meneses y la diputada de Nueva Alianza Luz Guadalupe Mata Lara.

A esa lista sume a los representantes del PES, José Luis Garrido Cruz y Luz Vera Díaz, así como las petistas María Félix Pluma Flores e Irma Yordana Garay Loredo, quienes fueron respaldados por los morenistas Rafael Ortega Blancas, Jesús Rolando Pérez Saavedra, José María Méndez Salgado, Mayra Vázquez Velázquez, Miguel Piedras Díaz y Ramiro Vivanco Chedraui.

Los únicos legisladores de Morena y el PT que no avalaron el cochinero de la mencionada cuenta pública de Panotla que amenaza con convertirse en un serio dolor de cabeza fueron Víctor Manuel Báez López, Patricia Jaramillo García, Ana Bertha Mastranzo Corona, María de Lourdes Montiel Cerón, Michaelle Brito Vázquez, Víctor Castro López y María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado.

Las lecturas del Tercer Informe de Gobierno

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Ayer quedó más que demostrada la excelente relación que existe entre el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez y la administración federal que encabeza el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, así como el rompimiento irreversible entre el grupo político menista y el que preside el ex gobernador Mariano González Zarur que lleva tres informes haciéndole el feo al actual mandatario que llegó al cargo gracias al impulso y decisión del hacendado.

Marco Mena se mostró en su Tercer Informe de Gobierno más que atento con los funcionarios federales que asistieron al acto y que estuvieron encabezados por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien sin tapujos reconoció el trabajo del priista y no paró en halagos, como el hecho de destacar el crecimiento del 4 por ciento que logró Tlaxcala, las obras de gran impacto realizadas sin recurrir a la deuda pública, el programa de becas y otras acciones que permitieron a muchos tlaxcaltecas abandonar la pobreza extrema.

La ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en su momento salvó al priista Mario Marín Torres, el ex gobernador precioso de Puebla de ir a la cárcel y de enfrentar la justicia por supuestamente conspirar contra la periodista Lydia Cacho, hoy se desvivió en consentir al mandatario tlaxcalteca que está convertido en el mejor aliado de la Cuarta Transformación en un estado que después de Tabasco le dio más votos a López Obrador para ganar los comicios presidenciales del 2018.

Si bien estuvieron presentes los ex gobernadores Tulio Hernández Gómez, Samuel Quiroz de la Vega, Beatriz Paredes Rangel, el camaleónico José Antonio Álvarez Lima y el ex panista Héctor Ortiz Ortiz, la ausencia del ladino ex priista y ex perredista Alfonso Sánchez Anaya pasó desapercibida, no así la inasistencia del hacendado ex gobernador Mariano González Zarur que sigue generando especulaciones y reacciones entre la clase política.

El gobernador Mena se mostró prudente y nunca mencionó al PRI. Sólo agradeció la presencia del dirigente nacional de su partido Alejandro Moreno Cárdenas, quien fue sentado en primera fila al lado de los mandatarios de Oaxaca, Alejandro Murat y del Estado de México, Alfredo del Mazo.

Si fue un acto premeditado o no, llamó la atención el hecho de que en el evento oficial sólo se mencionaran los nombres de dos de las aspirantes que son manejadas para suceder en el cargo a Marco Mena, la priista y alcaldesa de la capital, Anabell Ávalos Zempoalteca y la delegada de Programas Integrales de Desarrollo del gobierno federal, Lorena Cuéllar Cisneros.

Por cierto, Lorena Cuéllar no sólo fue apapachada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, sino por la Directora de Atención Ciudadana de Palacio Nacional, Leticia Ramírez Amaya. Fue una de las políticas tlaxcaltecas que más saludos y muestras de afecto recibió por parte de los asistentes al Centro de Convenciones, al grado que el hermano del gobernador de Tlaxcala, Fabricio Mena, aprovechó la oportunidad y no tuvo ningún problema para solicitarle una reunión porque le urge hablar y tratar temas importantes, detalle que fue observado por varios invitados al informe.

En el evento también se pudo ver a un desangelado Mariano González Aguirre, quien fungió como mayordomo de Alejandro Moreno. Sin poder y sin cargo relevante, el hijo del ex gobernador de Tlaxcala prácticamente fue ignorado por la clase política a la que siempre maltrato.

Otro político tlaxcalteca que fue denigrado y que hace dudar de su llegada a la dirigencia del PRI en el estado, fue Noé Rodríguez Roldán, quien tras dejar el gabinete estatal fue sentado a la orilla del recinto y muy lejos de Alejandro Moreno, pese a que en agosto pasado fungió en Tlaxcala como su coordinador de campaña en el proceso interno que ese partido llevó a cabo para elegir a sus nuevos líderes.

La cuenta regresiva de la administración de Marco Mena empezó y el tema de la sucesión será cada vez más recurrente. Al actual gobierno le queda un año y ocho meses en el poder y la pregunta que todos se hacen es si el PRI tendrá la capacidad para retener la gubernatura o si ya está resignado a entregarla a Morena.

Diputados al banquillo de los acusados

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Varios será los problemas legales que tendrán que enfrentar en breve los diputados locales por sus cuestionadas y absurdas decisiones.

De entrada ya fueron emplazados a contestar una demanda de amparo que un grupo de ciudadanos presentó contra la decisión del Congreso del Estado de aprobar la cuenta pública del 2018 del ayuntamiento de Panotla que preside el fiestero y desordenado perredista Eymard Grande Rodríguez.

El asunto que parece simple no lo es, porque los diputados tlaxcaltecas ahora tendrán que justificar ante la justicia federal por qué razón cambiaron el sentido del dictamen del Órgano de Fiscalización Superior que establecía la reprobación de esos estados financieros ante el cúmulo de inconsistencias financieras y administrativas detectadas.

Hasta donde se sabe, los diputados locales dieron por buena cierta comprobación y optaron por avalar esa cuenta pública que entre otras muchas irregularidades tiene el gasto de 150 mil pesos que por servicio de café de un solo día pagó la administración de Eymard Grande.

Se dice que ese amparo no es el único, porque también se menciona que existe otro en los mismos términos pero que involucra la cuenta pública del ayuntamiento de Yauhquemehcan que encabeza el panista Francisco Villarreal Chairez.

A esos dos litigios seguramente se sumará el que promoverá en los próximos días el magistrado del Poder Judicial, Elías Cortés Roa, quien por lo que se ve no logrará su ratificación en el cargo debido a que los legisladores de Morena, el PT y el PES no están dispuestos a darle su bendición, dejando en claro que de nada sirvió la reunión secreta que sostuvieron para tratar de llegar a un arreglo.

El tiempo legal para llevar a cabo ese procedimiento de ratificación o no venció el pasado 15 de octubre, lo que le da elementos al gris magistrado Cortés para inconformarse y litigar en la justicia federal su permanencia en el cargo como en su momento lo hizo el otro magistrado triquiñuelas de nombre Fernando Bernal Salazar.

Sin sorpresas el Tercer Informe de Gobierno

El gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez aprovechará el mensaje por el Tercer Informe de su Gobierno para destacar los avances que ha logrado en materia de generación de empleos, crecimiento económico, combate a la pobreza y seguramente establecerá los plazos definitivos para entregar terminadas las obras emblemáticas de su administración como el nuevo Hospital Regional de Tlaxcala, la modernización de la carretera Tlaxcala-Apizaco y la ampliación del estadio Tlahuicole.

Para nadie es un secreto que el mandatario ha logrado establecer una buena relación con el gobierno federal que encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de ahí que mostrará prudencia y evitará cualquier crítica a esa administración que será representada en ese acto oficial por Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.

Tlaxcala aunque se encuentra gobernada por el PRI no ha sido castigada presupuestalmente por la federación. Si bien sufrió recortes de fondos en algunos programas como también lo reportaron otros estados del país, lo cierto es que para el 2020 dispondrá de un presupuesto superior a los 21 mil millones de pesos, cantidad superior a la que dispuso en el presente año.

Marco Mena es un gobernador que entendió de inmediato la nueva realidad política del país después de que López Obrador ganara la presidencia de México el 1 de julio del 2018 y se supo adaptar a ella, de ahí que quizá encabeza uno de los estados donde el gobierno federal ha encontrado un buen aliado para aterrizar y operar sus programas y acciones debido a que las autoridades de ambos ámbitos de gobierno han dejado a un lado sus diferencias políticas para ponerse a trabajar y dar resultados.

Durante el Tercer Informe de Gobierno no se esperan sorpresas ni grandes anuncios. Se descarta un discurso cargado de política y con mensajes entrelineas rumbo a la sucesión, porque Marco Mena sabe que no es el foro ni el lugar para mezclar la política con el gobierno y sólo se limitará a describir e informar el estado que guarda la administración pública.

Veremos cuáles son los avances y los pendientes. Quizá a los medios nos tocará hablar de las omisiones y de uno que otro fracaso que se tenga, pero eso será después de que se tenga acceso al informe y se conozca el mensaje que este día dará el gobernador Mena Rodríguez.

Lo bueno y lo malo de los enroques en el gobierno

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La rotación de algunos funcionarios en el gabinete del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez ha empezado a dar resultados para la administración. La escasa movilidad y acercamientos con los tlaxcaltecas a través de la Secretaría de Salud se superaron, al igual que el problema de la escasez de placas para automovilistas que se prolongó por varios meses.

La salida de Alberto Jonguitud Falcón de la Secretaría de Salud y la llegada de René Lima Morales ha permitido un cambio en la operación de esa dependencia, pues desde hace unas semanas y a través del programa denominado “Ruta por tu Salud” se decidió acercar los servicios médicos a los tlaxcaltecas, situación que ha permitido cambiar poco a poco la percepción que se tenía en el sentido de que ese sector estaba abandonado o no le interesaba a las autoridades estatales.

Otra dependencia donde también se percibe un estilo diferente de trabajo, es en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, donde el nuevo titular José Luis Ramírez Conde se abocó para solucionar el problema heredado y que tenía que ver con la escasez de placas nuevas para los automóviles, ya que desde mayo de este año prácticamente se agotaron las láminas y las pocas que quedaron se limitaban a los ciudadanos, lo que alentó la corrupción en esa dependencia.

Hoy las placas nuevas están disponibles y en unos días más se espera que quede regularizado el abasto y los trámites a fin de disipar el malestar de los tlaxcaltecas.

Pero así como hubo funcionarios que emprendieron acciones concretas para atender la problemática que tenían sus dependencias, también hay otros que están dedicados a echar rostro y presumir los avances que ha tenido su sector, pero que en realidad no se han metido a atender los contratiempos que existen.

Un buen ejemplo de lo anterior es el caso del olvidado hotel propiedad del gobierno del estado y que se localiza en Atlihuetzia, el cual en teoría sería manejado por la cadena Holiday Inn.

La responsable de la Secretaría de Turismo, Anabel Alvarado Varela, lejos de andar cacareando el crecimiento sostenido de esa actividad, debería dedicarle tiempo a verificar por qué razón dicho hotel no ha abierto sus puertas, luego que a finales del gobierno de Mariano González Zarur fue cerrado y arrebatado al grupo Hoteles Misión.

El anterior titular de la Secretaría de Turismo del Estado de Tlaxcala, Roberto Núñez Baleón, reveló en el 2017 que se buscaría una nueva cadena hotelera para que se hiciera cargo del inmueble y éste pudiera reabrir sus puertas en el menor tiempo posible.

Meses después se supo que la cadena Holiday Inn se haría cargo del hotel tras concretar una inversión de 120 millones de pesos para su remodelación, sin embargo ya paso el 2018 donde se dieron dos probables fechas para su reinauguración sin que ninguna se concretara.

El 2019 también está por terminar y nadie sabe para cuándo estará operando ese hotel.

La funcionaria estatal debería mostrar mayor interés por el tema porque no resulta lógico que exista un hotel parado por la negligencia de alguien.

Un funcionario que deberá mostrar en el 2020 sus dotes de buen político y negociador para evitar que los campesinos realicen marchas y protestas, es Arnulfo Arévalo Lara, quien asumió el control de la Secretaria de Fomento Agropecuario.

Para el siguiente año su dependencia dejará de disponer de 38 millones de pesos que recibía de la federación a través del programa el Programa de Concurrencia, lo que sin duda generará la molestia de los productores que por años tuvieron acceso a esos fondos que utilizaban para la renovación de maquinaria, tractores, arados de rastras, remolques y otros equipos.

Si bien Arnulfo Arévalo concluirá el presente año sin sobresaltos y con resultados positivos por lo encaminado que le dejaron la dependencia, para los siguientes meses podría enfrentar problemas ante la falta de recursos para operar, pues los hombres del campo tlaxcalteca empezarán a reclamar la cancelación de los apoyos.

Veremos si ex el diputado tiene las tablas para mantener sereno el sector o si éste se le sale de control y se convulsiona como en los primeros años del gobierno panista de Héctor Ortiz Ortiz.

Juicios políticos, un tema espinoso para los diputados

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Sin medir y calcular las implicaciones de su actuar, los diputados locales pronto saldrán raspados y desgastados de más cuando empiecen a desahogar algunos de los 48 juicios políticos que tiene pendientes, pues es muy probable que utilice diferentes varas para medir y proceder porque de entrada no se sabe cuál es el criterio que emplearon para determinar qué caso si es prioritario y cual no.

Si bien los casos de juicio políticos son analizados y tratados en el Poder Legislativo, hasta ahora sólo el que se armó contra los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP) Marlene Alonso Meneses, Francisco José Morones Servín y José David Cabrera Canales ha procedido.

El asunto que se resolvió a mediados de julio de este año terminó con la destitución de los mencionados comisionados una vez que el pleno del Congreso local se erigió en jurado de sentencia respecto a tres juicios políticos promovidos desde el 2018.

Sólo 17 de los 25 diputados se instalaron en sesión extraordinaria para resolver esos juicios, pues a la sesión no se presentaron la perredista Laura Yamili Flores Lozano, las morenista María del Rayo Netzáhuatl Ilhuitcatzi y Patricia Jaramillo, así como la petista Irma Yordana Garay Loredo y los miembros de la bancada de Morena Víctor Manuel Báez López, Rolando Pérez Saavedra y José María Méndez Salgado, a quienes se sumó el delicado coordinador del PRD Miguel Ángel Covarrubias Cervantes.

Lo curioso del caso es que ahora entre esa lista de legisladores tlaxcaltecas hay unos que están presionando para que se agilicen algunos juicios políticos como el actual coordinador de los diputados de Morena José María Méndez Salgado y otros para que ciertos asuntos sean ignorados y no se les dé el trámite correspondiente.

De acuerdo con las declaraciones de ese legislador que preside la Comisión Instructora de Juicio Político del Congreso del Estado, hay 48 casos que están pendientes, mismos que son herencia de la pasada legislatura, por lo que se espera que un día de estos sean tratados y desahogados a fin de atender y dar respuesta a las denuncias de los ciudadanos inconformes.

El legislador conocido como “El Chema” afirmó que de esos expedientes 10 son prioritarios y que requieren una urgente resolución, pero no explicó cuáles son las razones y elementos que tienen para ser catalogados como apremiantes.

Su postura pareciera que tiene un interés personal y político porque en la lista de los 10 casos prioritarios incluyó los más recientes asuntos que llegaron al Poder Legislativo y que se refieren a los presidentes municipales de Huamantla y Axocomanitla, Jorge Sánchez Jasso y Martha Palafox Hernández, respectivamente, quienes para su mala suerte han logrado los consensos que se requieren para que los diputados opten por removerlos.

Más allá de que existan los elementos y las justificaciones legales, contables y financieras para destituir a esos dos ediles, lo cierto es que el proceder de los legisladores será muy cuestionado porque desde ahora ya se presume que en esos casos hay intereses poco claros y que están actuando por consigna, porque es obvio que dan entrada a esos expedientes y olvidan otros más que se presentaron con anterioridad y un principio básico de la ley “es que el primero en tiempo es primero en derecho”.

Habrá que ver si la vara utilizada para medir a esos dos alcaldes es la misma que emplearán los diputados tlaxcaltecas para otros presidentes municipales como el de Apizaco, Julio Cesar Hernández Mejía o el cachondo de Zitlaltepec de nombre Alejandro Juárez Cajica.

El tema de los juicios políticos es un arma de dos filos que los diputados deben aplicar correctamente si es que no quieren dar los elementos para que el estado se convulsione. Si un alcalde es destituido más por cuestiones políticas que legales, no dude que en las siguientes semanas se presenten más solicitudes de ese tipo y se registren movilizaciones para exigir el cambio de autoridades municipales.

Los diputados están por abrir una puerta que quizá después se arrepientan de haberlo hecho.

Al tiempo.

El PRI no cambia, pero tampoco entregará el poder tan fácil

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Después de más de dos meses de espera, por fin el PRI en Tlaxcala decidió poner en marcha la renovación de su dirigencia estatal, proceso que se ajustará a la vieja tradición de la imposición a través del dedazo del actual gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, quien tratará de disimular su decisión con una absurda asamblea de delegados que se encarga de avalar, sin ninguna objeción, el nombre del priista que tomará las riendas del ex partidazo.

El PRI está lejos de cambiar y transformarse para enfrentar su nueva realidad política electoral, de ahí que el pasado sábado dio muestras de que recurrirá a sus tradicionales métodos de operación a fin de construir y generar las posibilidades que le permitan retener el poder en las elecciones del 2021.

La apuesta del ex partidazo es que en el 2020 dos de sus precandidatos a la candidatura a la gubernatura Anabell Ávalos Zempoalteca, alcaldesa capitalina y Florentino Domínguez Ordoñez, secretario de Educación, crezcan en las preferencias y busquen armar una amplia coalición opositora que les permita ubicarse como una opción real de competencia a Morena y su abanderado o abanderada que hoy en día encabezan las encuestas.

El gobernador Marco Mena decidió cerrar el proceso de renovación en el PRI en Tlaxcala y descartó por completo una consulta abierta, pues no quiso arriesgarse a perder el control del ex partidazo, lo que evidencia que no renunciará a la oportunidad de imponer a la mayoría de los candidatos para los comicios del 2021 donde seguramente el reducido, limitado y mediocre grupo menista tratará de acaparar las designaciones y dejar una que otra posición al clan marianista.

Sin hacer mucha alharaca, los priistas bajo el mando del joven mandatario están dando señales de que darán la pelea por retener el gobierno de Tlaxcala y que las elecciones del primer domingo de junio del 2021 no serán un día de campo para Morena, toda vez que a la par de que han empezado a mover la aletargada maquinaria del ex partidazo, también buscan tener una mayor presencia y acercamiento con los electores a través de diferentes programas de la actual administración estatal.

Simplemente basta con ver el presupuesto de egresos del siguiente año para comprobar lo anterior y las recientes medidas puestas en marcha como el programa “Ruta por tu Salud” que hace unos días entró en operación y que no representa ninguna novedad, ya que esa estrategia es similar a la que tenía el gobierno panista de Héctor Ortiz Ortiz y que consistía en acercar los servicios médicos a los ciudadanos y a las ciudadanas a través de unidades móviles.

Otro sector que tiene meses trabajando políticamente es el educativo, donde el gobernador Mena decidió designar como encargados a operadores priistas que saben hacer su labor como Enrique Padilla Sánchez, rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, el desprestigiado Victorino Vergara Castillo que tiene el control del Colegio de Bachilleres y Teodardo Muñoz Torres, como responsable del Cecyte.

Marco Mena como buen jugador de ajedrez ya está moviendo sus piezas y conforme pasen los días y las semanas dejará ver hacia dónde se mueven sus preferencias. Su primera opción quizá sea el lambiscón y convenenciero Florentino Domínguez, pero nunca descartará a la alcaldesa capitalina que sigue siendo la mejor carta.

La disciplina y trabajo de Anabell Ávalos le puede conseguir la anhelada candidatura y demostrar que el PRI y ella pueden ser la combinación más competitiva para enfrentar a Morena.

Aunque hay otros priistas que se mencionan para la mencionada candidatura como el cuasi poeta metido a promotor del empleo y la capacitación, Manuel Camacho Higareda, la realidad es que sus posibilidades se fueron al cagadero cuando lo destituyeron como secretario de Educación para convertirlo en director del Sepuede e Icatlax.

El PRI está dando señales de vida y sólo falta ver si su trabajo le permite lograr triunfos en el 2021.

El insultante presupuesto para el sistema estatal anticorrupción

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Hasta ahora resulta inexplicable las propuestas de presupuestos de egresos que solicitaron algunas dependencias, poderes, tribunales y organismos del estado para el 2020, porque su trabajo y la enorme cantidad de recursos públicos que manejan no se justifican en ningún momento, por lo que valdría la pena que los diputados locales revisaran realmente esos planes financieros y llevarán a cabo los ajustes que impidan esos excesos.

Un claro ejemplo de lo anterior son los casi 16 millones de pesos que para el siguiente año se pretenden canalizar al Sistema Estatal Anticorrupción que resultó ser un organismo inservible y opaco, donde el personal que lo integra cobra atractivos salarios sin hacer absolutamente nada para combatir ese fenómeno que no sólo existen en los ayuntamientos, sino en la administración de Marco Antonio Mena Rodríguez.

Este año, a ese bodrio de sistema se le destinaron casi nueve millones de pesos, los cuales en su gran mayoría se fueron para pagar la nómina de los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y de los ocho burócratas que dicen laborar y auxiliar a la Secretaría Ejecutiva del organismo.

Esa instancia gubernamental es un adorno y una carga para los tlaxcaltecas. Si uno revisa su trabajo de inmediato llegará a la conclusión que representa un oneroso adorno que está más para encubrir y solapar la corrupción que en emprender acciones o proponer políticas públicas para enfrentar y castigar el desvío y manipulación de los recursos públicos que comenten las autoridades estatales y municipales.

En estén año, el Sistema Estatal Anticorrupción sólo elaboró el Informe del Comité Coordinador y el Informe del Comité de Participación Ciudadana que no aportan nada y hablan de lugares comunes.

Los resultados obtenidos no justifican el salario de 50 mil pesos que cobra mensualmente José Justino Pérez Romano como presidente del Comité de Participación Ciudadana y los 45 mil pesos que reciben cada uno de los otros integrantes de ese comité como Isabel Romano Hernández, Rumel Hernández Avendaño, Erika Montiel Pérez y Lucero Romero Mora.

Esos son los inútiles burócratas de ese sistema que cuesta a los tlaxcaltecas casi 9 millones de pesos en sueldos al año, más la ineficaz e inoperante plantilla de personal que encabeza Julio Caporal Flores como Secretario Ejecutivo del Sistema Anticorrupción de Tlaxcala, Cirilo Rosalio Espejel Velazco que se desempeña como Contralor Interno y Bernardino Santracruz Vázquez que presume ser el honesto director administrativo.

También cobran como parte del equipo jurídico Arturo Flores López y Monserrat Pérez García. Luis Enrique Bermúdez Cruz, se desempeña y no es broma, como jefe del Departamento de Riesgos y Políticas Públicas, mientras que Luis Ernesto Pérez Ramírez, dice controlar la inútil área de comunicación y Esteban García López es el responsable de la Oficialía de Partes.

Y por si no fuera poco mantener a esa bola de zánganos, el Sistema Estatal Anticorrupción quiere casi duplicar para el 2020 su presupuesto y disponer de 16 millones de pesos, pues su intención es contratar más personal que ayude a los que están contratados a echar mejor la hueva y tal vez acomodar a sus recomendados y novias que están a la espera de ser incluidos en la nómina oficial.

Pero no crea que es el único organismo donde pretenden consentirse y darse vida de “Godínez Fifí”, ya que también en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala quieren un incremento sustancial en su presupuesto al intentar ejercer para el siguiente año más de 43 millones de pesos, los cuales pronto se lo desglosaremos para que vea como en esa instancia se dan la buena vida los magistrados, sus recomendados y sus protegidos.

Si los diputados aprueban tales presupuestos, es decir, 16 millones de pesos para el Sistema Estatal Anticorrupción y 43 millones de pesos para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, prácticamente estarán tirando al cagadero casi 60 millones de pesos porque esas dos áreas encargadas de combatir la corrupción no sirven para nada.

O alguien pensará lo contrario.

Plan con maña o una declaración de guerra

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Si el análisis y aprobación del presupuesto de egresos del presente año generó un desencuentro y un alejamiento entre el joven gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez y los diputados locales, el del siguiente ejercicio fiscal correspondiente al 2020 seguramente llevará a la ruptura entre los dos poderes porque medirán fuerzas para ver quien impone su criterio sobre la distribución y gasto de los recursos públicos.

En el presupuesto del 2019 el gobernador Mena no considera ningún recurso para que los diputados etiquetaran obra en los municipios y entregaran apoyos al campo, sin embargo los legisladores tlaxcaltecas decidieron llevar a cabo recortes en algunas partidas del Poder Ejecutivo para disponer de casi 500 millones de pesos que al final aprobaron.

En el plan de gastos del 2020, el Poder Ejecutivo no incluyó la partida que este año manejaron los diputados para obras y entrega de apoyos a las actividades del sector primario, por lo que ese dinero público lo canalizó al Poder Judicial, al programa de combate a la pobreza extrema denominado “Supérate” y a otras instituciones educativas y dependencias estatales.

Tal decisión provocó la molestia de la mayoría de los legisladores que empezaron a revisar el presupuesto de egresos del 2020 que el gobernador Marco Mena envió el pasado viernes al Congreso del Estado para su revisión y aprobación, el cual será sometido a una cirugía mayor porque así como hace un año los diputados hicieron ajustes, para esta ocasión también tienen previsto meter tijera.

De entrada, los diputados no están dispuestos a autorizar para el siguiente año un presupuesto cercano a los 400 millones de pesos al Poder Judicial, casi cien millones de pesos más con respecto al 2019. Tampoco avalarán el incremento al fondo del programa “Supérate” cuando hasta ahora los 200 millones de pesos que se autorizaron no se han ejecutado.

Los legisladores que han solicitado la comparecencia de la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, María Alejandra Marisela Nande Islas, están molestos porque tal petición no ha prosperado y porque existe la sospecha de que en la actual administración hay varios subejercicios y fondos que están “perdidos”, como los 50 millones de pesos que se etiquetaron para atender a los enfermos renales de la entidad.

Hasta ahora no se sabe con precisión cuál es la intención del gobernador Marco Mena al presentar un Paquete Económico para el 2020 con tales características, pues de antemano el priista sabe que su propuesta no pasará y que ésta será modificada por los legisladores opuestos a su proyecto político, por lo que quizá busca que los diputados metan mano para estar en posibilidades de vetar el presupuesto, tal y como paso el año pasado.

Aunque el bobo y bisoño secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, asegure que prevalece una buena vecindad entre ambos Poderes para trabajar coordinadamente en el análisis responsable de la propuesta de Paquete Económico 2020, la realidad es que el buen entendimiento del que habla es una vil simulación porque los diputados no se dejarán manejar y manipular, pese a que la responsable de presentar el dictamen del presupuesto es la torpe y convenenciera morenista María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi.

Cuando el presupuesto del siguiente año sea modificado, seguramente se lanzará una campaña y una serie de acusaciones en contra de los diputados locales de Morena, el PT y el PES, bajo el argumento de que cometieron la osadía de recortar dinero al Poder Judicial y al programa para combatir la pobreza extrema, lo que terminará por enrarecer más la relación con el gobernador Mena Rodríguez.

Para algunos diputados el proceder y el comportamiento del actual gobernador y su negativa a establecer canales directos de comunicación y negociación es una declaración de guerra, de ahí que muy pronto Marco Mena será sometido a un escrutinio por parte de los legisladores que están hartos de su raro estilo de ejercer poder en Tlaxcala.

La confrontación entre el gobernador y diputados es inevitable.

El pleito sacará chispas y muchos quedarán salpicados con suciedad que empezará a surgir.