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La mediocridad del procurador Aquiahuatl

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Si había alguna duda de que José Antonio Aquiahuatl Sánchez era un procurador de Justicia balín, esta semana quedó despejada al observar su insultante inmovilidad en un caso de justicia de propia mano que llevaron a cabo con total impunidad los iracundos habitantes de la comunidad de Muñoztla del municipio de Chiautempan.

Sin que existieran claras evidencias de que dos jóvenes originarios de San Bartolomé Cuahuixmatlac, comunidad vecina de Muñoztla, intentaron robarse un vehículo en la segunda población, los vecinos de la misma cansados de la inseguridad y la ineficiencia de las autoridades decidieron detenerlos, golpearlos y casi lincharlos, bajo la mirada de la policía municipal, estatal y de investigación que dejaron y solaparon esas conductas que también eran ilegales.

Los hechos registrados la noche del martes de esta semana fueron ampliamente difundidos y con asombro los ciudadanos comprobaron que las autoridades se encuentran rebasadas y que son incapaces de hacer valer el estado de Derecho en Tlaxcala.

Sin tener pruebas más que la acusación verbal de una persona de esa comunidad, los vecinos de Muñoztla procedieron a golpear, juzgar y exigir la reparación del supuesto daño para evitar el linchamiento que estaban dispuestos a concretar para poner, según ellos, un contundente ejemplo a los presuntos delincuentes que decidan cometer fechorías en su pueblo.

Pasaron minutos y horas sin que las autoridades estatales tuvieran la capacidad operativa y política para intervenir y rescatar a los jóvenes de nombres Javier N. y Jesús N. Sólo se limitaron a observar y permitir esos excesos que vulneraron la frágil legalidad que prevalece en el estado.

Al final, los “enardecidos” vecinos de Muñoztla recibieron 60 mil pesos de los familiares de los dos jóvenes retenidos y en un gesto de bondad los dejaron en libertad para que por sus propios medios se trasladaran a una institución médica para recibir atención.

En teoría el chafa procurador José Antonio Aquiahuatl debió iniciar una investigación no sólo en contra de los jóvenes para determinar si se dedican o no a robar vehículos o a otras actividades ilícitas que merezcan ser castigadas, sino también tuvo que abrir otro proceso contra los habitantes de Muñoztla que simplemente no pueden aplicar su ley y burlarse de las instituciones.

La mediocridad del procurador de Justicia de Tlaxcala es preocupante porque su omisión y negligencia envía señales muy negativas a los ciudadanos.

Valdría la pena que ese ineficaz funcionario diera la cara y explicara en qué casos si intervendrá la Procuraduría General de Justicia en el Estado y en cuáles no, porque pareciera que en Tlaxcala hay privilegiados que pueden tomar la ley en sus manos y ejercerla de acuerdo a sus conveniencias sin que enfrente alguna consecuencia, tal y como sucedió en esa comunidad del municipio de Chiautempan.

Resulta grave el comportamiento del procurador en casos tan delicados como el antes mencionado, pero también la indiferencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno y de los legisladores locales y federales que lejos de abordar el tema para exigir respeto a la ley prefieren evadirlo para no comprometerse.

En Tlaxcala nadie podrá negar que ya vivimos la ley de la selva.

En vilo la viabilidad del nuevo hospital

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Un proyecto que seguramente algún día de estos arrancará pero que no será una prioridad para el futuro gobierno federal que encabezará el presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador será el nuevo Hospital General de Tlaxcala, debido al alarmante diagnóstico que su equipo de trabajo ha realizado sobre el descuidado, deteriorado y quebrado sistema de salud del país.

La grotesca lentitud con que Francisco Javier Romero Ahuactzi, titular de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi), ha llevado a cabo el proceso para licitar e iniciar la obra de lo que será el nuevo Hospital General de Tlaxcala es sin duda un factor ha afectado la viabilidad del proyecto que corre el riesgo de no ser terminado en la actual administración estatal.

Aunque parezca increíble, el desarrollo de ese proyecto ha implicado más de un año, pues fue anunciado desde mediados del 2017 y es la fecha que aún no se sabe cuál será la empresa responsable de la obra y cuándo comenzarán los trabajos en un predio de San Matías Tepetomatitlán, municipio de Apetatitlán, donde se edificarán 16 mil 400 metros cuadrados de instalaciones con cinco áreas de atención, 90 camas hospitalarias, dos salas de expulsión, cinco quirófanos y una área de investigación.

Desde febrero de este año se mencionó que el proyecto ya estaba casi listo, pero la realidad es que apenas en octubre se realizaron los últimos procedimientos de la licitación de la obra, sin embargo a casi un mes de que procedió a la apertura de las propuestas del concurso organizado por la Secoduvi se desconoce si hay una empresa ganadora.

Las futuras autoridades que asumirán la responsabilidad de la Secretaría de Salud en el próximo gobierno federal ven con cierto recelo el proyecto del nuevo Hospital General de Tlaxcala. En primera porque apenas si está garantizada (300 millones de pesos) una tercera parte de lo que costará ese nosocomio (más de 900 millones de pesos) y porque antes de alentar un nuevo centro hospitalario pretenden hacer funcionar los hospitales y clínicas que se han construido en los últimos años por las administraciones del panista Felipe Calderón Hinojosa y el priista Enrique Peña Nieto y que hoy en día no están equipados y ni tienen personal médico.

El diagnóstico del sector salud es alarmante, no sólo por el tamaño de la corrupción que prevalece, sino porque el sistema de vacunación se ha descuidado enormemente al grado que en unos años esa negligencia representará un alto riesgo para la salud pública y porque los servicios médicos que se ofrecen a los ciudadanos cada vez son más deficientes.

La fuga de recursos millonarios que se ha tenido a través del Seguro Popular es escandalosa, así como los casos de corrupción en donde no sólo están involucradas las autoridades, sino el sindicato de los trabajadores de la Secretaría de Salud.

En la actualidad hay 19 ex funcionarios que se hicieron cargo del sector salud en diferentes estados del país que están en la cárcel o enfrentan un proceso penal por presuntamente desviar los fondos públicos que manejaron.

Se dice que las futuras autoridades federales antes de pensar en grandes obras en materia de salud tratarán de corregir las enormes fallas que han sido detectadas, de ahí que el Hospital General de Tlaxcala no será una prioridad, lo cual no quiere decir que la obra no se llevará a cabo, sino que ésta avanzará a paso lento como le gusta trabajar al ineficiente Francisco Javier Romero.

Este día el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez entregará al Congreso del Estado su propuesta de presupuesto para el próximo año, documento que será interesante conocer para ubicar cuáles serán las prioridades y qué rubros registrarán un aumento en su gasto, como seguramente lo tendrá el sector educativo a cargo de Manuel Camacho Higareda, cuya imagen y trabajo seguirán siendo impulsadas con miras a las elecciones locales del 2021.

Ojalá se incremente el presupuesto para la construcción del Hospital General de Tlaxcala, cuyo proyecto ya tiene un subejercicio de 300 millones de pesos que no se ejercieron en este año porque como se ha dicho aún no se concluye con la mentada licitación.

Veremos si para el 2019 la administración estatal etiqueta una partida similar a la de este año y se dan claras señales de que el hospital es una obra prioritaria que será terminada antes de que concluya el gobierno de Mena Rodríguez.

La doble moral de Morena y sus aliados

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La actual legislatura local que controla el partido de Andrés Manuel López Obrador conocido como Morena y sus aliados decidieron mandar al carajo la credibilidad y confianza que en Tlaxcala se tenía en ellos y optaron por el camino de la protección, la impunidad y el solapamiento de los actos que prometieron combatir durante las pasadas campañas electorales, pues en el caso de Ixtenco decidieron limpiar y no castigar la cuestionada labor del presidente municipal Miguel Ángel Caballero Yonca.

Lejos de hacer valer su palabra y demostrar con hechos que los diputados de Morena, el PT y el PES serían diferentes en el desempeño de sus cargos, esas fracciones parlamentarias decidieron ver pos sus intereses y compromisos políticos y personales antes que actuar a favor de la legalidad y la gobernabilidad.

Los argumentos que se dieron a conocer durante la lectura del dictamen emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado sobre el caso de Ixtenco no fueron suficientes para convencer a los legisladores de que Caballero Yonca había incurrido en ciertas inconsistencias financieras y administrativas que debían ser sancionadas.

Pese a que se documentaron los excesos del soberbio edil, al final los diputados de Morena, el PT (salvo Víctor Castro López) y el PES hicieron valer su mayoría y determinaron absolver a Miguel Ángel Caballero de todas las acusaciones que pesaban en su contra y que fueron determinantes para suspenderlo del cargo por un periodo de 90 días que aprobó la pasada legislatura que controlaba el PRI y sus aliados.

Lo anterior representa un pésimo antecedente porque está claro que los diputados locales que llegaron a sus cargos por el impulso de López Obrador no tienen la mínima intención de castigar la corrupción y los excesos del ejercicio del poder. Antes que el pueblo están sus compromisos y eso será su tumba política, porque los ciudadanos no aceptarán esa burla y tarde o temprano les cobrarán esa traición a los legisladores locales que dicen impulsar la cuarta transformación del país.

Los principales defensores de Miguel Ángel Caballero fueron el diputado presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso, Víctor Baéz López y el legislador del PES, José Luis Garrido Cruz, quienes en esta ocasión no aceptaron la recomendación del enlace del gobernador con el legislativo Arnulfo Arévalo Lara, en el sentido de abstenerse de limpiar el cagadero que hizo el alcalde de Ixtenco porque el conflicto en esa población de agudizaría si optaban por esa tonta salida.

De acuerdo con la actitud asumida por los diputados de Morena, el PT y el PES, a Caballero Yonca habría que pedirle una disculpa por los agravios que ha sufrido en las últimos meses, ponerlo de ejemplo en la elaboración y presentación de cuentas públicas y solicitar la ayuda de un sacerdote para exorcizarlo a fin de impedir que alguna fuerza extraña o maligna se vuelva aparecer en ese municipio y ordene a los policías arremeter contra los habitantes que decidan manifestarse en contra de ese digno clon del protagonista de la película La ley de Herodes.

En 75 días los mencionados legisladores destruyeron su credibilidad. Su pésima decisión seguramente tranquilizó a los alcaldes tlaxcaltecas en funciones que ya comprobaron que los diputados son susceptibles a dejarse consentir para lograr acuerdos al margen de la ley.

Los legisladores lopezobradoristas están muy lejos de cumplir su palabra empeñada y emprender acciones para investigar y castigar la abundante corrupción en Tlaxcala, lo cual es una enorme decepción.

Aquí no queda más que decir la frase que hace unos meses lanzó el hoy presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. “Al diablo con su Congreso del Estado”.

El nuevo magistrado del TET

La llegada de Miguel Nava Xochitiotzi como nuevo magistrado del Tribunal Electoral de Tlaxcala por un periodo de 7 años resultó extraña y de inmediato se especuló que su designación se logró gracias a un acuerdo que alcanzaron tres enemigos políticos de la diputada federal Lorena Cuéllar Cisneros.

En el proceso final que se llevaba a cabo en el Senado para designar al futuro integrante del TET, la intención era dejar ese cargo para una mujer, por lo que los legisladores federales revisaban las propuestas de Fanny Margarita Amador Montes, Verónica Hernández Carmona, Yareli Álvarez Meza e Yovani Reyes Molina.

Sin embargo, cuando trascendió que una de ellas gozaba de la simpatía de Lorena Cuéllar, futura coordinadora del gobierno federal en Tlaxcala, la propuesta cambió y la senadora Ana Lilia Rivera Rivera en coordinación con su compañero de bancada José Antonio Álvarez Lima habrían operado para que en lugar de una mujer fuera nombrado un varón de nombre Miguel Nava Xochitiotzi, quien también habría recibido la bendición del mandatario tlaxcalteca.

Muchos dirán que la llegada de Nava Xochitiotzi al TET fue una casualidad, pero la verdad es que su designación tiene aires de complot.

Se busca oposición en Tlaxcala

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A más de cuatro meses de las elecciones federales y locales que impusieron una nueva realidad política en Tlaxcala, hasta el momento los dirigentes de los partidos que participaron en esos procesos no terminan por entender que viven otra circunstancia y que en la entidad dejó de tener presencia la oposición, situación que beneficia a Morena y sus aliados y al maltrecho PRI.

Hasta ahora la única esperanza que existe en Tlaxcala es que el PAN resuelva sin contratiempos la renovación de su dirigencia estatal para convertirse en una oposición activa que pueda hacer contrapeso al PRI que controla al gobierno del estado con el mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez y a Morena que junto con sus satélites el PT y el PES ejerce el poder en el Congreso del Estado y en unos días más dominará la administración pública federal con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador.

El PRD sufre un claro proceso de extinción tras las elecciones del 2016. Su líder estatal Juan Manuel Cambrón Soria está desaparecido y el protagonismo del diputado local Miguel Ángel Covarrubias Cervantes tiene sumido al sol azteca en el desprestigio porque en los hechos ese legislador se comporta más como un priista que como un militante de un partido de izquierda.

El PRI está desorganizado y temeroso de su nueva realidad. En Tlaxcala aunque controla el gobierno del estado su presencia mediática es nula al igual que su trabajo político y el comportamiento de su dirigente estatal, Roberto Lima Morales, es el de aceptar una derrota anticipada en los comicios del 2021 en que se elegirá al próximo gobernador.

Si bien el PRI perdió el control del Poder Legislativo en la entidad y no logró ninguna posición en la Cámara de Diputados, lo cierto es que mantiene el gobierno del estado y el control de varios municipios, lo cual lo debería aprovechar antes de que sea demasiado tarde.

La ausencia de oposición en el estado es evidente y los ciudadanos empiezan a observar ese vacío, de ahí que no sería extraño ver que las críticas a las autoridades provengan de nuevos liderazgos que surjan para llenar los espacios que los dirigentes de los partidos y los diputados locales no quieren ocupar.

Joel Molina Ramírez, líder de Morena en Tlaxcala, lleva un trabajo interesante rumbo a las próximas elecciones locales, pues se ha dedicado a contactar a la mayoría de los presidentes municipales en funciones para tratar de sumarlos a su causa, con el propósito de que apoyen al partido de López Obrador para los futuros comicios en que los tlaxcaltecas saldrán a votar por alcaldes, diputados y gobernador.

En la primera elección local (2016) donde Morena participó tuvo malos resultados, pero en su segundo proceso electoral (2018) obtuvo triunfos importantes por el arrastre de Andrés Manuel López Obrador. Para los comicios del 2021 la intención de ese partido es retener el control del Congreso del Estado, gobernar la mitad de los municipios de la entidad y lograr el gobierno de Tlaxcala.

Hasta hace unos días se pensaba que el principal competidor de Morena y sus aliados en Tlaxcala sería el PRI, pero esa percepción ha ido cambiando porque todo apunta a que el PAN podría representar un problema porque estaría en posibilidades de convertirse en una oposición incómoda si logra salir unido de su proceso interno para renovar su dirigencia y si la fractura que alienta a nivel nacional el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa no tiene graves consecuencias.

Tlaxcala necesita una verdadera oposición y ojalá pronto aparezca.

La inseguridad pega a la gobernabilidad

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El gobierno del estado debe impedir que siga creciendo la escalada de inseguridad si desea mantener la gobernabilidad, pues para la mala fortuna de las autoridades la tranquilidad en los municipios está desapareciendo por diferentes hechos delictivos que están provocando la molestia de los habitantes que exigen resultados a sus alcaldes, a la policía estatal y a la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE).

Los últimos acontecimientos violentos registrados en la entidad deberían representar una seria preocupación para el gobierno estatal, porque los robos armados que han terminado en homicidios de dos jóvenes han indignado a los tlaxcaltecas que están a un paso de organizarse y empezar un movimiento para demandar justicia y sobre todo un cambio en las estrategias para combatir y detener a los delincuentes.

El crimen organizado que opera en Tlaxcala y que las autoridades se niegan a reconocer, está empeñado en mostrar su fuerza y cada que puede envía un reto al gobierno que lejos de actuar con contundencia se muestra permisivo e inoperante ante esas bandas.

Se dice que el pasado 1 de octubre los delincuentes que se mueven en la entidad dejaron un mensaje a las autoridades cuando procedieron a levantar al policía municipal de Yauhquemehcan Ricardo N. en el momento en que custodiaba el Hotel Pegaso y un campo de gotcha, lugar donde semanas atrás se había ejecutado a un ex policía federal y a su ayudante.

Los criminales se llevaron al uniformado y el hecho derivó en una intensa movilización para dar con el paradero del policía y su patrulla. El primero fue localizado amarrado y con señales de haber sido golpeado por los alrededores de Ciudad Judicial, mientras que la unidad oficial fue ubicada en un camino de terracería del municipio de San Cosme Xaloztoc.

Como suele suceder con todos los casos de alto impacto, la Procuraduría General de Justicia en el Estado que controla el lenguaraz José Antonio Aquiahuatl Sánchez se limitó a dar a conocer el hecho, pero se reservó la información sobre las presuntas amenazas que recibió el oficial y que también se hicieron extensivas a toda la policía municipal y estatal.

Por esa razón, no resulta extraño lo que sucedió en el municipio de El Carmen Tequexquitla durante el fin de semana cuando varios delincuentes enfrentaron a elementos de la policía estatal en los momentos en que intentaban robar un tráiler. El saldo lamentable de ese suceso fue un uniformado muerto tras recibir varios impactos de bala.

El sábado por la noche también se registró el asesinato de un joven en el municipio de Mazatecochco. El homicidio según la versión de los familiares se cometió para concretar un robo, pues los delincuentes dispararon sus armas para despojar de dinero y algunas otras pertenencias al vecino de esa población que era hijo de un empresario textilero.

La muerte de ese joven se suma a la reportada hace unos días en el municipio de Apizaco, cuando un comerciante fue ultimado para arrebatarle 50 mil pesos que minutos antes había retirado de una institución bancaria. Pese a que su ejecutor está plenamente identificado, los agentes de la PGJE no lo han podido o no han querido detenerlo.

La estrategia en materia de seguridad que ahora implementa Eduardo Valiente Hernández no ha dado resultados. El trabajo del procurador José Antonio Aquiahuatl es deficiente y malo, pues si comparamos la lista de homicidios y robos violentos contra la lista de detenidos y personas sujetas a un proceso por esos hechos delictivos comprobaremos que el nivel de eficiencia es mínimo.

Ambos funcionarios deben entender que su deficiente labor ya está afectando la gobernabilidad del estado, lo cual resulta preocupante porque el malestar de los tlaxcaltecas que ahora se centra hacia los presidentes municipales que están totalmente rebasados en materia de seguridad, pronto podría trasladarse hacia el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez.

Sería un grave error ignorar el enojo de los ciudadanos, sobre todo porque a la actual administración y a los alcaldes aún les quedan 34 meses en el poder.

Los rumores de los tan esperados cambios

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Conforme se acerca la fecha en que podría realizarse el segundo informe de gobierno del mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez, los rumores de cambios de funcionarios de primer nivel se han multiplicado, bajo el argumento de que serán los relevos definitivos para buscar la consolidación de la actual administración.

El proceso de evaluación de los funcionarios estatales ha terminado y al parecer ya existe una lista de aquellos que podrían dejar sus cargos a finales de diciembre, para permitir la incorporación de nuevos colaboradores que tendrán la difícil tarea de concretar los proyectos y obras que se tienen previstas y que el objetivo es terminarlas antes del mes de agosto del 2021.

La ampliación y modernización de la carretera Tlaxcala Apizaco no puede tener errores, ni atrasos y mucho menos cuestionamientos de corrupción o favoritismo, de ahí que su proceso de licitación está siendo sumamente cuidado para garantizar un fallo contundente que permita cumplir los tiempos y el programa de obra establecido.

Lo mismo sucederá con la construcción del nuevo Hospital General de Tlaxcala que se tiene prevista llevar a cabo en el municipio de San Pablo Apetatitlán. Para nadie es desconocido que la obra se ha retrasado por la limitada capacidad de Francisco Javier Romero Ahuactzi, titular de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi).

Ambas obras son prioritarias para el gobierno menista y por esa razón se habla que podría llegar un nuevo funcionario a la Secoduvi, pues el actual responsable de esa dependencia no ha podido con el paquete.

Aunque en la ola de rumores también se incluye un cambio en la Oficialía Mayor de Gobierno donde despacha el fracasado operador priista Luis Miguel Álvarez Landa, quien desde hace más de un año no ha podido concretar la compra de patrullas y equipo para la policía estatal, la realidad es que su salida de la actual administración es poco probable porque se dice que sabe todos los secretos de las compras oficiales no sólo del gobierno de Mena Rodríguez, sino de Mariano González Zarur.

Un cambio que se especula que está más que cantado es el de la Secretaría de Salud de Tlaxcala, donde el hidalguense Alberto Jonguitud Falcón tiene sus días contados, debido a que suele nadar de muertito en cada crisis que enfrenta ese sector. Siempre deja que los problemas crezcan y los evade para que sean otros los que resuelvan, situación que al parecer ya no será tolerada por más tiempo.

Los rumores incluyen a por lo menos la mitad de funcionarios del gabinete de Marco Mena, de ahí que lo prudente será esperar unos días para conocer cuántos cambios se concretan. Lo que es una hecho es que si habrá relevos y que éstos se estarán conociendo antes de que finalice el presente año.

Se dice que algunos ex diputados locales que fueron compañeros de legislatura del actual mandatario podrían ser incorporados a la administración estatal luego de ser convocados y notificados de esa intención por parte de Eladia Torres Muñoz, quien se desempeña como secretaria particular del gobernador, pero con la salvedad que ninguno ocupará una posición de primer nivel sino direcciones o jefaturas de departamento.

Ojalá que los cambios impliquen un mayor dinamismo y otro estilo de trabajo, porque sería desalentador ver que se cambió de funcionarios para que todo siga igual.

Jalón de orejas para los diputados

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Los pleitos internos y la división que prevalece al interior de la alianza legislativa conformada en Tlaxcala por los diputados de Morena, el PT y el PES ya no serán tolerados, porque trascendió que el equipo del futuro presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, no se arriesgará a perder el control de un Congreso local y mucho menos hacer el ridículo de que una iniciativa alentada por el nuevo gobierno no sea aprobada.

Cansados del desorden y los desaciertos que han cometido en los últimos dos meses los diputados locales de Morena, el PT y el PES que gracias al impulso de López Obrador llegaron al Congreso del Estado, éstos fueron llamados a una reunión con carácter de urgente a la Ciudad de México, la cual fue presidida por el futuro subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo Aburto.

Ahí, el futuro funcionario federal y cercano colaborador del presidente electo de México escuchó con atención las múltiples quejas contra el presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, Víctor Báez López, por el entreguismo mostrado hacia al gobernador priista Marco Antonio Mena Rodríguez y su perversa alianza legislativa con la chiquillada integrada por el PAN, PRD y el PRI.

Joel Molina Ramírez, líder en Tlaxcala de Morena fue un testigo incómodo de las acusaciones lanzadas contra su pupilo Báez López, quien por cierto decidió no asistir al encuentro junto con las diputadas del PT Irma Garay Loredo (No fue convocada), María Félix Pluma (Se disculpó porque debía asistir al sepelio de su abuelo) y Michel Brito Vázquez (Se excusó por cuestiones de trabajo), así como los legisladores morenistas con las responsabilidades más importantes en el Poder Legislativo como el presidente del Comité de Administración Rafael Ortega Blancas, (Argumentó un problema familiar) y la presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi que no se sabe el motivo de su inasistencia.

Trascendió que los diputados locales de los mencionados partidos no están contentos con el desempeño de Víctor Báez como presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso de Estado, por lo que se dejó entrever que el ex presidente municipal de Zacatelco podría ser removido de su cargo para que su lugar sea ocupado por María Ana Bertha Mastranzo Corona, quien al parecer reúne el consenso de sus compañeros.

También se analizó la posibilidad de remover algunas designaciones del personal directivo del Poder Legislativo, de ahí que no se descarta que sea cambiado el director Jurídico, el secretario Parlamentario y el responsable de la Dirección de Comunicación Social.

El futuro subsecretario de Gobernación Zoé Robledo no tuvo empacho en regañar a los diputados locales de Tlaxcala y lamentar su pobre y gris actuar de las últimas semanas. Les advirtió que su proceso de aprendizaje había terminado y que a partir de hoy deberían alinearse y mostrar unidad, porque quien seguirá alentando la división y tuviera un comportamiento distinto al que promueve López Obrador tendría que irse y enfrentar las consecuencias de sus decisiones.

Los convocó a tener una relación respetuosa con el gobernador priista de Tlaxcala sin que eso implique sometimiento u obediencia ciega. Al diputado del PES José Luis Garrido Cruz, se le encargó presentar una iniciativa de reforma para obligar al mandatario en turno rendir su informe de gobierno en el Congreso del Estado y no en otro recinto como sucede actualmente.

No se sabe si el regaño que recibieron los legisladores locales de Morena, el PT y el PES tendrá un efecto inmediato, pues eso se verá en los próximo días con las decisiones que asuman y que sin duda se deberán reflejar en un cambio en su actitud, pues es real la preocupación en el equipo de López Obrador en el sentido de que las divisiones internas pueden provocar que se pierda el endeble control que hoy se tiene sobre el Poder Legislativo del estado.

Joel Molina y Víctor Báez fueron los que más perdieron ayer. Su alianza y su entreguismo con las autoridades estatales quedó más que evidenciado, situación que prácticamente minó su poca credibilidad que les quedaba como políticos.

Ojalá el jalón de orejas tenga un efecto positivo, ya que Tlaxcala merece un Congreso del Estado de mayor nivel.

La desfachatez de Narciso Xicohténcatl

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En Tlaxcala estamos muy lejos pero muy lejos de hacer efectiva la demanda popular de castigar la corrupción, pues pareciera que aquí las instancias oficiales se coordinan para proteger y facilitar ese tipo de conductas, de ahí que es casi imposible lograr una sanción ejemplar que inhiban esos actos que siempre quedan impunes.

Si en cualquier otro estado del país se hubiera detectado un probable desfalco por más de 170 millones de pesos en una institución educativa seguramente se habría registrado un escándalo mediático y el responsable de esos presuntos malos manejos hubiera sido despedido o suspendido de su cargo hasta aclarar el destino de los recursos públicos.

Sin embargo, en nuestra entidad un hecho de tal magnitud que se registró en la Universidad Politécnica de Tlaxcala que mal dirige el marianista Narciso Xicohténcatl Rojas se pretende esconder, solapar y lo que es peor, proteger no sólo por parte de la autoridad que es considerada como cabeza de sector como Manuel Camacho Higareda, secretario de Educación Pública, sino por parte de la responsable de la Contraloría del Ejecutivo, María Maricela Escobar Sánchez, que no mueve ningún dedo para investigar las presuntas anomalías financieras que fueron el motivo para reprobar la cuenta pública de esa institución correspondiente al año pasado.

Pese a que la pasada legislatura local estaba bajo el control del priista Mariano González Aguirre, sus encantos no fueron suficientes para convencer a sus compañeros diputados que casi al final de su periodo decidieron reprobar las cuentas públicas de ITIFE y de la Universidad Politécnica de Tlaxcala.

Ambas instancias bajo el control de marianistas y en donde los recursos públicos se manejaron discrecionalmente sin considerar las instrucciones o recomendaciones del nuevo grupo en el poder, sumaron un daño patrimonial de 246.3 millones de pesos que se desconoce si ya fueron solventados ante el Órgano de Fiscalización Superior (OFS).

Esas graves anomalías que fueron dadas a conocer a mediados de agosto de este año han sido ignoradas por las autoridades estatales y los nuevos diputados locales encabezados por la coalición integrada por Morena, el PT y el PES que no han llevado a cabo ninguna acción legal para tratar de sancionar esas conductas, porque quizá esperan la instrucción de su máximo líder y futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Y ante esa evidente omisión, el marrullero Narciso Xicohténcatl rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala tramitó un amparo en contra del dictamen avalado por los legisladores que reprobaron los estados financieros del 2017 de esa institución, con la clara intención de esconder sus dudosos manejos y evitar la solventación de las observaciones del OFS que seguramente se convertirán en un pliego de cargos que si se concretan tendrían que implicar la separación del cargo del ex perredista que se siente académico.

Dicha Universidad y la gestión de Narciso Xicohténcatl se encuentra en el radar de los morenistas y los principales colaboradores de López Obrador, ya que hay indicios de que en esa institución tlaxcalteca se operaba no sólo electoralmente a favor del PRI y sus candidatos en pasados procesos, sino que también se montaba una sala con un sofisticado equipo de cómputo que ayudaba a los priistas a manipular los resultados para validar sus cuestionados triunfos como los que obtuvieron en los comicios locales del 2016.

Los nuevos diputados locales aún tienen la posibilidad de marcar un nuevo camino, por lo que pronto veremos si son capaces de entrarle al tema de combate a la corrupción o si terminan por sumarse a la nefasta inercia que existe en Tlaxcala de solapar y alentar la impunidad.

Si prevaleciera la lógica, Narciso Xicohténcatl debería ser sancionado y removido de su cargo que obtuvo gracias a su amigo el ex gobernador Mariano González Zarur, pues para nadie es desconocido que esa Universidad no ha dejado de vivir en escándalos que han dañado seriamente su imagen.

Su caso sería un buen comienzo para enviar un mensaje a los tlaxcaltecas de que ahora sí se castigarán los excesos y abusos de los servidores públicos.

Manchis y su extraña reaparición pública

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Un mal mensaje para el priismo y el marianismo dejó la presencia desaliñada del ex gobernador Mariano González Zarur en el concierto que el tlaxcalteca Carlos Rivera ofreció el 1 de noviembre en el palenque de la feria, pues se le vio sólo y medio arropado por los empresarios de la familia Torre que fue consentida con buenos negocios durante su gestión.

A casi dos años de haber dejado el poder, el marianismo vive un franco proceso de extinción que de continuar difícilmente podrá disputar a finales del 2020 y principios del 2021 la candidatura del PRI al gobierno de Tlaxcala.

Ese grupo que disfrutó el poder y el dinero durante el pasado sexenio está desperdigado y resentido con su líder, quien no fue capaz de negociar posiciones en la actual administración para garantizar su permanencia política.

Mariano González llegó sólo al recinto ferial y antes del concierto de Carlos Rivera espero unos minutos a sus millonarios anfitriones para ingresar al palenque. Su presencia no pasó desapercibida, pero tampoco generó emoción o el desbordamiento de saludos para el ex gobernador que sintió la frialdad de los tlaxcaltecas.

Una vez ubicado en su asiento, el ex gobernador que lucía desaliñado con una barba blanca mal aseada y cortada mantuvo un gesto adusto que sólo cambiaba con una leve sonrisa cuando el coach de La Voz México se para de frente hacia él, en espera de un saludo o un reconocimiento que nunca salió de los labios de Carlos Rivera.

El concierto con mal sonido fue aceptable y nunca terminó por encender a los cientos de tlaxcaltecas que abarrotaron el escenario. Las mujeres fueron las más felices de la noche al gritar y festejar cualquier movimiento de Carlos Rivera que se dejó consentir por sus paisanos.

El cantante quizá optó por guardar las formas y mostrar respeto al actual mandatario de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, quien ha acudido a los conciertos que el tlaxcalteca ha ofrecido en la Ciudad de México y por eso optó por no mencionar la presencia de Mariano González, quien se quedó con las ganas de recibir un reconocimiento y de paso medir su nivel de aceptación entre el público.

Los marianistas dejaron sólo a su líder. No acudieron a su reaparición pública para arroparlo y para dar señales de que aún siguen con él. El hacendado ex gobernador se había mantenido alejado de los reflectores desde que dejó el poder a finales de diciembre del 2016 y sólo tuvo unas apariciones privadas en los pasados comicios para apoyar la campaña de su hijo Marianito González Aguirre a la diputación federal, elección que perdió rotundamente.

Su presencia en el palenque de la feria quizá no tuvo los efectos esperados porque es obvio que el ex gobernador mostró debilidad y que su grupo lo ha abandonado. El PRI debería preocuparse porque difícilmente podrá recuperar su nivel competitivo si los marianistas se mantienen alejados del partido y de la estructura del gobierno, porque los datos confirman que cuando se involucran en una elección obtienen triunfos.

Mariano González se dejó ver en Tlaxcala a un mes del segundo informe de gobierno de Marco Mena y a dos meses de que su hijo dejó de ser diputado local. En política las casualidades no existen y sin duda el ex gobernador envió mensajes que veremos si en los próximos días obtienen una respuesta.

Es curioso que en plena celebración del día de muertos haya reaparecido Mariano González. O no.

¿Y la austeridad republicana?

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En unos días más comprobaremos si el ofrecimiento de la austeridad se hará realidad o si también es una promesa que sólo se quedará en el discurso de las campañas como sucedió con el tema del combate a la corrupción que juraron llevar a cabo los legisladores locales y federales de la coalición electoral conformada por los partidos políticos de Morena, el PT y el PES.


Han pasado dos meses desde que asumieron su responsabilidad los nuevos diputados locales y no se percibe ningún indicio de que pretendan indagar y castigar la corrupción en Tlaxcala, no sólo de los anteriores legisladores que dejaron quebradas las finanzas del Congreso del Estado, sino de los actuales presidentes municipales y encargados de universidades y una que otra dependencia estatal, cuyas cuentas públicas fueron reprobadas y observadas por presuntos malos manejos financieros.

Por parte de los legisladores de todos los partidos hubo muchos discursos para satanizar la corrupción, pero hasta ahora no hay ningún hecho concreto para sancionar esas conductas que pululan en un estado como Tlaxcala.

Con ese pésimo antecedente, los diputados locales tendrán que decidir si en los próximos días hacen realidad la austeridad republicana que a nivel federal pretende establecer el futuro presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, o si dejan las cosas como están para que la burocracia dorada del estado mantenga sus abultados ingresos y privilegios que salen de los presupuestos.

La semana pasada la Mesa Directiva del Senado promulgó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y ordenó su publicación en el Diario Oficial de la Federación para su inmediata entrada en vigor, con el propósito de que comience a bajar el salario de ministros de la Corte, consejeros electorales y todos los que ganen más que el Presidente de la República.

Esa ley crea el delito de “remuneración ilícita”, que se castiga con cárcel de hasta de 14 años a los servidores públicos que ganen más que el Ejecutivo federal.

También, establece la desaparición de las pensiones de los ex presidentes de la República, pues prohíbe la entrega de jubilaciones que estén fuera de la ley. De igual forma, pone límites a las compensaciones y premios económicos que se reciban de la administración pública, así como de gratificaciones por final de sexenios o de periodos de gobierno o administraciones.

Las liquidaciones al término de la relación de trabajo en el servicio público sólo serán las que establezca la ley o decreto legislativo, el contrato colectivo de trabajo o las condiciones generales de trabajo, y no podrán concederse por un solo acuerdo de los titulares de los entes públicos ni de sus órganos de gobierno.

En Tlaxcala sería bueno conocer si los diputados locales que en teoría están del lado del pueblo revisarán ciertos casos, como la asignación de camionetas del gobierno del estado a los ciertos ex gobernadores y el pago de algunos agentes para su seguridad.

O si los ex procuradores de Justicia seguirán contando con la seguridad que gozan por parte de agentes de la PGJE que fueron asignados para esa tarea.

Serán capaces los diputados locales de solicitar a Luis Miguel Álvarez Landa responsable de la Oficialía Mayor de Gobierno, que ordene el regreso del personal de seguridad y los automóviles oficiales que la ex secretaria de Gobierno y ex candidata del PRI al Senado, Anabel Alvarado Varela, se presume se llevó y disfruta sin ser funcionaria estatal.

Ojalá los legisladores locales revisen sus ingresos y los ajusten, porque si sumamos todo lo que cobran quedará comprobado que ganan más de lo que pretende recibir cada mes el futuro presidente de México.

Y esa revisión también la podrían hacer extensiva hacia el Poder Judicial de Tlaxcala donde los magistrados y miembros del Consejo de la Judicatura se despachan con la cuchara grande no sólo con ciertos privilegios y lujos, sino con bonos o compensaciones que si se acumulan a sus salarios podrían ubicarse por arriba de los ingresos que tendrá López Obrador.

Será interesante ver si los diputados de Morena y sus aliados del PT y el PES tiene la intención de meterle la mano al presupuesto que en breve enviará el Poder Ejecutivo para reorientar partidas, obtener ahorros y destinar más recursos para obras públicas, o simplemente se limitarán a aprobar esa propuesta sin ningún cambio y demostrar una vez más que están sometidos a las órdenes del gobernador Mena.

La actual legislatura tiene dos meses en funciones y nadie sabe cómo ha gastado el recurso del Congreso. Dicen que en septiembre los gastos se dispararon en comparación con agosto y julio, al grado que las galletas salieron más caras de las que se compraban meses atrás.

Veremos si la transparencia y la rendición de cuentas es una realidad en el Poder Legislativo, porque hasta ahora mantienen el mismo comportamiento que los ex diputados, quizá porque los actuales se han dejado seducir por la empleada priista y marianista Cynthia Fernández Bautista que tiene bajo su poder las chequeras.