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Los problemas que tocan la puerta en Tlaxcala

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Si bien el gobierno federal ha librado hasta ahora problemas en el sector salud por la mala atención en los hospitales o porque no se ha generalizado o agravado la falta de medicamentos, lo cierto es que pronto podría lidiar con la sequía que afecta al campo tlaxcalteca y que ya perjudicó la producción de algunos alimentos como el maíz porque las lluvias simplemente se retrasaron.

Hay que decir que hasta ahora la administración del presidente de México Andrés Manuel López Obrador ha sabido enfrentar la problemática del sector salud en la entidad, pues al menos Tlaxcala no padece la marcada escasez de medicamentos que reportan 28 entidades del país y ningún hospital vive una crisis financiera como la que enfrentan otros nosocomios por los recortes presupuestales ordenados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En Tlaxcala no es nueva la problemática que hoy vive el sector salud del país, pues la falta de medicinas, el recorte de personal y la ausencia de especialistas son una constante desde el gobierno de Mariano González Zarur, de ahí que la actual administración estatal que encabeza Marco Antonio Mena Rodríguez ha tenido que enfrentar esa realidad a lo largo de 28 meses sin que se haya convertido en una crisis para su gestión.

Según las autoridades federales responsables del IMSS e ISSSTE los servicios médicos y de atención a los pacientes operan normalmente en Tlaxcala, pese a las quejas que existen de algunos enfermos renales por el trato y condiciones en que se llevan a cabo las diálisis en la segunda institución.

El sector salud del estado se encuentra estable y aunque está lejos de ser considerado uno de los mejores a nivel nacional, al menos no figura en los reportes que se han elaborado por la escasez de medicamentos o la falta de liquidez que ponga en riesgo la atención de pacientes.

Veremos si esa calma se mantiene o al final la crisis nacional del sector salud termina por pegar en Tlaxcala, pues aunque no se quiera reconocer la administración de López Obrador enfrenta un grave problema que le ha empezado a golpear en su imagen porque los pacientes, médicos y personal de apoyo lo culpan de la actual dificultad que se vive al aplicar una exagerada política de austeridad y recortes presupuestales.

Otro problema que en breve tendrá que ser atendido por las autoridades federales es el del campo tlaxcalteca, cuya producción de granos y otros productos ya se vio afectada por la sequía que azotó al estado.

Los campesinos conocen los tiempos y saben que la producción de maíz y otros productos será mala porque las lluvias fueron contadas durante mayo, lo cual impidió el desarrollo de las plantas que ya no generan los alimentos esperados, de ahí que los trabajadores del campo ni siquiera estarán en condiciones de recuperar lo invertido.

Ante tal panorama, no descarte que los campesinos se organicen y acudan al gobierno federal y estatal para solicitar apoyos, porque es un hecho que el sector primario del estado vivirá una crisis por la sequía que se registra.

Si el gobierno federal de Andrés Manuel López sólo estaba preocupado porque sus programas sociales de su administración no terminan por arrancar y hacerse realidad, ahora tendrá que afrontar los problemas del sector salud y del campo mexicano que no se resolverán por arte de magia.

La rebelión de los diputados locales de la 4T

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La salida de Zoé Robledo Aburto de la Secretaría de Gobernación para ocupar la dirección general del IMSS tras la escandalosa renuncia del expanista Germán Martínez Cázares, seguramente trastocará la frágil estabilidad que se registra en algunos Congresos locales entre los diputados que conforman el bloque mayoritario de la cuarta transformación, pues el encargado de contener las divisiones y confrontaciones internas ahora se dedicará a atender la problemática de esa institución del área de la salud.

Si el actual presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, Víctor Manuel Báez López, aún se mantiene en el cargo fue por la intervención del subsecretario de la Segob Zoé Robledo que evitó la fractura de la coalición legislativa integrada por Morena, el PT y el PES, ya que a principios de noviembre del año pasado ese funcionario comprobó que los diputados tlaxcaltecas de ese grupo rechazaban el liderazgo del oriundo de Zacatelco por su abierto entreguismo a la administración del gobernador priista Marco Antonio Mena Rodríguez.

Báez López se pudo mantener porque también contó con el apoyo incondicional del líder de Morena en Tlaxcala, Joel Molina Ramírez, quien hoy también despacha como senador y presume a todos los que quieren escucharlo que no sólo es el operador político del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, sino su amigo y su gallo para convertirse en candidato a la gubernatura.

Otro que ayudó al ex alcalde de Zacatelco Víctor Manuel Báez es el senador con licencia y actual director del Canal Once, el ex gobernador José Antonio Álvarez Lima. Esos personajes han creado un triunvirato en el Poder Legislativo de Tlaxcala, el cual establecieron para satisfacer sus intereses, pues cuando les conviene se ponen a las órdenes del gobernador Mena y cuando no se muestran como un blandengue bloque opositor.

La intención de ese triunvirato es disputar la candidatura de Morena al gobierno del estado a la actual “superdelegada” del gobierno federal, Lorena Cuéllar Cisneros, de ahí que no pierden la oportunidad para promover a Joel Molina que se muere por ser el sucesor de Marco Antonio Mena en el 2021.

Como se lo mencioné hace un momento, el diputado Víctor Manuel Báez fue removido de la coordinación del grupo parlamentario de Morena en noviembre, cargo que desde esa fecha dice detentar la gris Ana Bertha Mastranzo Corona que nunca tuvo el coraje, la audacia, la intrepidez, el arrojo, el brío, el ímpetu, el ánimo, la determinación, el valor, la bizarría, la gallardía, la enjundia, el atrevimiento y la osadía para llegar a la presidencia de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado que por lógica política debió ocupar.

A casi nueve meses de que la actual legislatura de Tlaxcala asumió funciones y sin la abierta intervención de Zoé Robledo, el panorama para Víctor Manuel Báez es desalentador porque cada vez se reúne el consenso necesario entre los 25 diputados locales para removerlo de la presidencia del mencionado órgano de gobierno del Congreso del Estado.

Su único aliado visible e incondicional es el quebradizo diputado perredista Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, quien ahora enfrenta un escándalo luego de utilizar con fines políticos a más de 200 personas inscritas en el programa federal “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

El gobierno de Mena Rodríguez se anticipó a lo que podría venir y decidió retirar al enlace que había designado para negociar y pactar con los diputados, ya que en varias ocasiones durante diferentes procesos legislativos comprobó que Báez López no sólo carecía de control y liderazgo entre sus compañeros, sino que tampoco cumplía los acuerdos previamente establecidos.

La guerra de baja intensidad que se vive en Tlaxcala por la candidatura de Morena al gobierno del estado es real y pronto podría subir de tono. El diputado Víctor Manuel Báez podría ser la primera baja, aunque tampoco se descarta que se mantenga en su actual posición y demuestre que su triunvirato está fuerte y empieza a ganar terreno en la batalla por la sucesión.

En unos días veremos a que grupo perjudicó más la salida de Zoé Robledo de la Secretaría de Gobernación.

El asistencialismo oficial a todo lo que da

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En los próximos días el asistencialismo de las administraciones federal y estatal estará más que presente en Tlaxcala, pues existe el objetivo de que ambas autoridades cumplan con sus metas y hagan realidad la entrega de apoyos económicos a los ciudadanos y ciudadanas que forman parte de algún programa gubernamental.

La inversión para alentar el desarrollo a través de infraestructura podría ser un tema pendiente para este 2019 por parte del gobierno federal que encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuya prioridad por el momento es concretar la dispersión de los apoyos económicos prometidos a los adultos mayores, a los jóvenes y a las personas con alguna discapacidad.

Las obras prometidas y ofrecidas hace unas semanas por López Obrador en materia carretera durante una visita oficial que realizó a Tlaxcala quizá puedan esperar junto con la inversión de casi 700 millones de pesos que se anunció en aquella ocasión, pues hasta el momento nadie sabe cuándo empezará el proceso de licitación y menos cuándo se podrían aplicar esos fondos que corren el riesgo de entrar a la bolsa de los subejercicios y perderse al no ser empleados para el fin que se programaron.

El objetivo prioritario del gobierno federal son los programas sociales con un alto grado de asistencialismo. Se dice que para el 1 de julio se tiene programado un informe de los avances logrados por la administración del presidente Andrés Manuel López, cuya meta es haber entregado para esa fecha apoyos económicos a 20 millones de mexicanos.

En Tlaxcala los funcionarios federales bajo el mando de la “super delegada” Lorena Cuéllar Cisneros trabajan a marchas forzadas para cumplir con la meta, es decir, beneficiar a casi 700 mil tlaxcaltecas, para lo cual en los próximos días ampliarán la capacidad de reparto de tarjetas a los beneficiarios de los diferentes programas para que a la brevedad reciban los recursos prometidos por el presidente de México.

Ojalá el gobierno federal no olvide la inversión en infraestructura y también establezca como prioridad esas acciones, porque si bien sus programas sociales tendrán un impacto en el desarrollo, lo cierto es que también este país y estado necesitan obras que contribuyan al progreso.

Pero el asistencialismo oficial que se vive en el país con gran intensidad no es privativo del gobierno federal, pues después de seis meses de que el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez anunciara el programa “Supérate” con el que se busca combatir la pobreza extrema en Tlaxcala, éste se hará realidad en las próximas semanas.

En breve iniciarán las acciones que permitirán atender en una primera etapa a 37 mil tlaxcaltecas que viven en esas condiciones, para lo cual el gobierno estatal también aplicará un censo para conocer sus problemas y necesidades, tal y como en su momento lo hicieron las autoridades federales para armar sus padrones respecto a sus programas sociales.

Según el mandatario estatal la estrategia del mencionado programa que se diseñó a partir de la experiencia de 20 países, incluyendo México, es contribuir al desarrollo de esos habitantes, porque el objetivo es hacer que Tlaxcala sea el estado con menor pobreza extrema a nivel nacional.

Para el programa “Supérate” la administración de Marco Mena tiene previsto ejercer para este año 200 millones de pesos que si se distribuyen equitativamente entre los 37 mil tlaxcaltecas que viven en 13 municipios de la entidad cada uno recibirá alrededor de 5,405 pesos.

Dicha cifra que es casi 35 por ciento mayor a lo que recibe en estos momentos un beneficiario del programa federal “Jóvenes Construyendo el Futuro” que cada mes le depositan 3,600 pesos para juntar al año 43,200 pesos, pareciera que es insuficiente para cumplir el objetivo de combatir la pobreza extrema.

El gobierno de Marco Mena podría saltar a la historia si en realidad comprueba que con la entrega de 5,405 pesos pudo logar que la mitad de los 74 mil tlaxcaltecas que viven en pobreza extrema dejaron esa condición en los próximos meses.

En lo personal creo que el programa “Supérate” es una medida asistencialista de las autoridades estatales que optaron por crear un acción gubernamental que les permita decir que ellos también entregan recursos a los pobres como lo hace la administración de López Obrador.

Dudo que 5,405 pesos sean un factor determinante para sacar de la pobreza extrema a 37 mil tlaxcaltecas como pretende hacer creer el gobierno de Marco Mena, sin embargo habrá que ver y conocer los detalles de dicho programa para poder evaluar su impacto en Tlaxcala.

La demagogia de la Segob sobre la inseguridad

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Alguien debería sugerir al bisoño secretario de Gobierno en Tlaxcala, José Aarón Pérez Carro, que recurrir constantemente a la demagogia para abordar el tema de la inseguridad no le ayudará a calmar el creciente malestar ciudadano y mucho menos asustar a los delincuentes, a quienes suele lanzar tontas amenazas de que no tendrán cabida en el estado cuando se observa que el crimen cada vez desplaza más a las autoridades.

Resulta ridículo leer y escuchar las declaraciones del encargado de la política interna en el estado cuando ante los medios de comunicación y con los gestos de “Harry El Sucio Callahan” se quiere mostrar como un funcionario implacable contra los criminales, pues aparte de minimizar los hechos violentos de los últimos días lanza advertencias que más que temor provocan risa a los maleantes que se han de pitorrear de la supuesta coordinación que según el titular de la Segob existe entre los tres niveles de gobierno para combatir la inseguridad.

El recomendado de la ex gobernador de Tlaxcala Beatriz Paredes Rangel no sólo le quedó muy grande el puesto de procurador de Justicia, sino el de secretario de Gobierno, toda vez que su “experiencia” como un longevo burócrata más de la PGR no se ve por ningún lado, ni sus dotes de político porque simplemente el problema de la inseguridad no sólo se ha acrecentado, sino que empieza a salirse de control.

Pérez Carro declaró que la actual administración estatal no permitirá el fácil arribo de los delincuentes a Tlaxcala y que trabajan para impedir que operen en la entidad porque según el blandengue funcionario los criminales no tienen lugar en el estado.

Sin embargo, alguien debería avisarle que las bandas de maleantes llegaron desde hace tiempo y que su operación por el territorio tlaxcalteca es permanente porque lo mismos se dan asaltos por comandos que desarman a policías municipales y roban cajeros, que hay secuestradores que se enfrentan a balazos con agentes de investigación para darse a la fuga o que hay hampones que sin ningún temor entran a un banco en la capital de estado para robar a clientes o hay ejecuciones y ataques a ciudadanos con armas de fuego a plena luz del día.

La coordinación de la que supuestamente habla el titular de la Secretaría de Gobierno debería ser real y no una mera cuestión imaginaria de su titular, porque si realmente existiera se vería más el trabajo de la policía estatal en municipios como Apizaco, donde por alguna extraña razón ha sido marginado y olvidado por la actual administración estatal que encabeza Marco Antonio Mena Rodríguez.

El alcalde de la ciudad rielera, el panista Julio César Hernández Mejía, ha invertido recursos públicos para mejorar la seguridad no sólo en equipamiento y vehículos, así como en una Aplicación Policial Inteligente, pero sus esfuerzos no han sido respaldados por el gobierno de Mena y por la administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que decidió cancelar los fondos que recibía ese municipio para ese rubro.

Sigue pendiente la promesa del gobernador Marco Mena de aumentar en 50 por el ciento el número de policías estatales y de realizar una inversión histórica en seguridad, porque pasan los días y semanas y no se ve para cuando se vaya a hacer realidad esos ofrecimientos cuando a su administración le quedan poco más de 27 meses de vida.

Y créame que el asunto de la inseguridad es un tema que le ha pegado muy fuerte a la imagen del mandatario tlaxcalteca, pues éste ha permeado más que las obras y acciones emprendidas por la administración estatal como la ampliación y modernización de la carretera Tlaxcala-Apizaco y la construcción del nuevo Hospital General.

Hay funcionarios estatales que le han fallado al gobernador y a los tlaxcaltecas, pues sencillamente su trabajo es nulo por más declaraciones estrambóticas que hagan ante los medios de comunicación, como es el caso del intrascendente Pérez Carro que debería renunciar ante su manifiesta incapacidad.

La verdad no peca pero incomoda.

La negación, la actitud recurrente del gobierno

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Hasta cuando el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez reconocerá que en Tlaxcala si opera el crimen organizado y que éste curiosamente llegó para quedarse, al grado que ahora fuerzas policiacas de otros estados como es el caso de Puebla tienen que venir hasta estas tierras a combatir y detener a los delincuentes porque aquí el inútil procurador de Justicia, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, es un cero a la izquierda.

Como suele suceder con casos de alto impacto que terminan por dañar la imagen de las autoridades estatales, el tema del enfrentamiento registrado el pasado viernes por la noche entre una banda de secuestradores contra elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla que dejó un criminal muerto en la calle Yunque de la colonia Ferrocarrilera del municipio de Apizaco se minimizó, para evitar que éste tuviera impacto negativo entre los habitantes de este estado que según el gobierno de Tlaxcala es de los más seguros del país.

La absurda negación de los funcionarios estatales de no reconocer la operación del crimen organizado en Tlaxcala es insostenible, pues de acuerdo con las versiones oficiales se sabe que los agentes poblanos investigaban a una banda de secuestradores que operaba en Puebla y Tlaxcala, por lo que una vez que obtuvieron y comprobaron la información realizaron los trámites legales necesarios para incursionar en Apizaco donde pretendían llevar a cabo un operativo para detener a los integrantes de ese grupo de maleantes que al parecer tenían privada de su libertad a una persona.

En ese operativo que derivó en un enfrentamiento armado participaron varias personas que recurrieron a la violencia para detener el avance de los miembros de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Puebla.

Por la versión oficial que la PGJE de Tlaxcala emitió a través de un comunicado, se tiene confirmado que los integrantes de la banda criminal lograron escapar. En su huida también se especula que se llevaron a su víctima, aunque también existe otra versión que refiere que los agentes sí lograron rescatar a una joven de Orizaba, Veracruz, que había sido levantada anteriormente en Puebla.

La oficina de prensa de la PGJE informó que la dependencia sólo abrió una carpeta de investigación por el fallecimiento de un presunto criminal, de ahí que para muchos el operativo montado en Apizaco fuera un fracaso, tanto que se sospecha que alguien pasó el pitazo a los miembros de esa banda criminal que tuvo las condiciones para poder huir de Apizaco.

Se desconoce si esa banda es la responsable de algunos secuestros cometidos en Tlaxcala. En el último mes se tiene conocimiento de dos privaciones ilegales de la libertad que involucran a una mujer y un hombre, los cuales no han sido resueltos por la PGJE que controla el gris José Antonio Aquiahuatl.

Resulta preocupante que los agentes poblanos de la Fiscalía General del Estado de Puebla hayan descubierto que en Apizaco operaba un grupo criminal dedicado al secuestro y otros ilícitos sin que en Tlaxcala estuvieran enteradas las autoridades encargadas de brindar seguridad y procurar justicia, situación que demuestra que los funcionarios responsables de esas tareas hacen muy mal su trabajo.

Es ridículo que el procurador José Antonio Aquiahuatl y el secretario de Gobierno José Aarón Pérez Carro sostengan que en Tlaxcala no opera el crimen organizado y que sea a través de una dependencia del gobierno de Puebla por la cual nos enteremos que en Apizaco hacía de las suyas una banda de secuestradores.

La sicosis por la ola de inseguridad que prevale en Apizaco y en Tlaxcala va en aumento. En redes sociales se especula que el criminal abatido la noche del viernes luce la misma ropa y características del maleante que al inicio de la semana se metió a un banco de la capital tlaxcalteca para robar 270 mil pesos a unas jóvenes que habían retirado esa cantidad.

Si Tlaxcala es de los estados más seguros del país, no quiero imaginar cómo estarán otras entidades.

La disputa por los futuros electores en Tlaxcala

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Una guerra de baja intensidad es la que se vive en Tlaxcala entre el gobierno de estado que encabeza el priista Marco Antonio Mena Rodríguez y la administración federal que preside el morenista Andrés Manuel López Obrador por el futuro voto de los jóvenes que para las elecciones del 2021 estarán en condiciones de acudir a las urnas y sufragar por primera vez, de ahí que ahora las autoridades buscan entregarles dinero con fines asistencialistas sin que exista una auténtica preocupación por su futuro y preparación.

Luego que el gobierno federal avanzó en la elaboración del censo para entregar con inconsistencias a jóvenes de preparatoria la beca Benito Juárez a través de la “superdelegada” Lorena Cuéllar Cisneros, hace unos días la administración estatal inició por segundo año consecutivo el proceso administrativo para beneficiar a estudiantes tlaxcaltecas del nivel medio superior con un apoyo económico, para lo cual lleva a cabo una intensa promoción mediática que es utilizada para promover al impopular secretario de Educación, Manuel Camacho Higareda.

Sobra decir que los más felices de esa disputa por ese futuro mercado electoral son los jóvenes que ahora reciben no sólo dinero del gobierno del estado, sino de la federación, cosa que nunca antes se había visto y que sin duda habrá que esperar unos meses para comprobar a quien agradecen tal gesto una vez que asistan por primavera vez a las urnas en los comicios concurrentes que se celebrarán en junio del 2021 y donde el PRI buscará retener la administración estatal y Morena buscará arribar al poder en Tlaxcala.

Aunque las autoridades han sido extremadamente cuidadosas en no utilizar por el momento esos programas con fines políticos electorales, la realidad es que ambas están elaborando padrones donde están captando la información necesaria que en su momento podrán usar para obtener votos de un sector que puede ser influenciable por su inexperiencia y edad.

Así como el DIF estatal en su momento intentó llevar a cabo un censo para detectar con precisión a los adultos mayores que serían beneficiados por el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hoy el personal del Sepuede e Icatlax bajo el mando de Florentino Domínguez Ordoñez que aspira a la candidatura del PRI al gobierno del estado, tiene la instrucción de elaborar un padrón paralelo del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

De acuerdo con la versión del personal estatal de esas dependencias, éstos debe llenar formatos donde deben poner fecha, nombre del becario, domicilio, localidad, número telefónico, correo electrónico y edad, sin que se explique para qué quieren tal información y cuál será su uso si en teoría esos datos los tiene el gobierno federal.

Si Tlaxcala vive una sucesión adelantada, también enfrenta ya una disputa por los futuros electores que tanto el PRI como Morena quieren captar.

Un fiasco la Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana

Cuando al inicio del gobierno del joven mandatario Marco Antonio Mena se anunció la creación de la Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana se generaron expectativas porque se llegó a pensar que la nueva administración sería innovadora y que establecería una marcada diferencia con los anteriores gobiernos.

Quizá el primer error fue designar como titular de esa dependencia al inútil y gris lidercillo magisterial Lenin Calva Pérez, quien prácticamente hizo muy bien lo que siempre ha hecho, cobrar sin trabajar.

Pero como alguien le comentó que debería justificar su salario porque parecía un becario, el pésimo funcionario optó por asumir como suya la campaña “Bájale dos Rayitas”, que según el gobierno del estado fue tan exitosa que en 2018 Tlaxcala logró reducir la cifra de accidentes de manera significativa hasta en un 14 por ciento.

Esa campaña que corresponde más a la Secretaría de Salud o la extinta Comisión Estatal de Seguridad se pretende vender como el gran logro de Lenin Calva, lo cual es entendible porque es obvio que a tal personaje no se le puede pedir más cuando sus escasas neuronas simplemente no dan para más.

Hasta ahora de nada ha servido que Tlaxcala sea de los pocos estados con que cuenta con una Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana si esa instancia gubernamental es un vil adorno que estorba y lo que menos hace es lucir y trabajar.

Un poblano, el jefe de asesores de Marco Mena

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Tras permanecer oculto por varios meses y con un bajísimo perfil, por fin el ex diputado federal priista Alberto Amador Leal, coordinador de Asesores del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, se mostró ayer en la reunión que el mandatario sostuvo con David Cervantes Peredo, subsecretario federal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Alberto Amador es oriundo de Huauchinango, Puebla, estudió Ingeniería en el IPN y una Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos en la UNAM. Ha sido diputado federal a las LIV, LVII y LX Legislaturas, así como diputado local a la LIV Legislatura. A lo largo de su vida ha ocupado diversos cargos en las administraciones públicas federal y local.

El poblano llegó a Tlaxcala desde el año pasado y es uno de los pocos colaboradores que tiene acceso directo al gobernador que suele escucharlo y seguir sus recomendaciones. A él se le atribuye la creación del Programa “Supérate” con el cual la administración busca combatir la pobreza en que viven más de 74 mil tlaxcaltecas.

En la fotografía que ayer difundió el área de comunicación social del gobierno del estado sobre la reunión que sostuvo Marco Mena con funcionarios federales y estatales, se puede apreciar del lado derecho y al extremo al influyente priista que le habla al oído al gobernador y que sin duda tendrá que ver en las próximas decisiones administrativas y políticas que se tomarán en Tlaxcala.

Aunque tiene meses en Tlaxcala, el poblano había optado por la discreción y mantenerse alejado del reflector, sin embargo ayer ya se mostró y su presencia no pasó desapercibida porque en los corrillos del Palacio de Gobierno se empezó a escuchar que era el “asesor” y de los poquísimos privilegiados con acceso al mandatario, quien según dicen, sigue sin acordar o recibir a la mayoría de los miembros de su gabinete.

Se busca presidente de la JCCP

No lo cuente en voz alta pero resulta que al interior del Congreso del Estado cada vez se oye con mayor fuerza la necesidad de renovar algunos órganos de gobierno, debido a que hay muchos legisladores que están decepcionados del endeble liderazgo del morenista Víctor Manuel Báez López, quien por casi nueve meses ha intentado, sin lograrlo, controlar el Poder Legislativo de Tlaxcala.

El mencionado diputado primero perdió el respaldo de los legisladores de su bancada, para luego alejarse de los integrantes del PT y del PES que comprobaron que el presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso local atendía más a las recomendaciones del gobernador Mena Rodríguez que a las del bloque mayoritario.

Finalmente, se dice que no cumplió acuerdos con la chiquillada conformada por el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y el Panal. Hoy su único aliado visible es el PRD que está bajo el mando del delicado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, quien sueña con llegar al Comité de Administración del Poder Legislativo.

La mayoría de los diputados locales no sólo están enojados por la forma en que se ha conducido el Congreso del Estado en los últimos meses, sino del intenso golpeteo mediático que han recibido y que nadie ha podido frenar.

El consenso que se ha generado es sobre la necesidad de impulsar un relevo en la presidencia de la Junta de Coordinación y Concertación Política, de ahí que los diputados inconformes con el desempeño de Víctor Manuel Báez ya buscan a su sucesor, por lo que no descarte que se pueda registrar un cambio en esa privilegiada posición.

Ahora que el gobernador Marco Mena sacó temporalmente las manos del Congreso de Estado veremos si la mayoría de los diputados de Morena, el PT y el PES aprovechan esa oportunidad y logran quitarle el poder al ex alcalde de Zacatelco que goza del respaldo del ex gobernador José Antonio Álvarez Lima y el senador y líder de Morena, Joel Molina Ramírez.

El pleito por ese cargo al parecer es inevitable.

De ajustes en el gabinete y los mensajes que se envían

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La designación de nuevo director general de Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) cuya responsabilidad recayó en el gris y veleta Teodardo Muñoz Torres no implicó ninguna sorpresa, debido a que ya se espera la llegada de un tonto útil que se prestara a tapar el cochinero en esa institución y que estampara su firma en los certificados de los estudiantes que están por concluir su educación media superior.

El sesudo análisis que según el secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, emprendieron por casi seis meses las autoridades estatales para llevar a cabo el nombramiento del responsable del Cecyte, cuya dirección general se encontraba acéfala desde el 1 de diciembre del año pasado terminó por ser una vacilada.

Al final tal responsabilidad recayó en otro ex diputado local, como ha sido la constante en los últimos nombramientos realizados por el gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, quien ha recurrido a intrascendentes priistas y ex legisladores para llenar los espacios en su gabinete ante la falta de cuadros y equipo que ha mostrado durante casi 29 meses que lleva su administración.

Teodardo Muñoz era un marianista que no dudo ningún momento en ofrecer su respaldo al ex diputado federal Ricardo García Portilla para buscar la candidatura del PRI al gobierno de estado, al grado que aprovechaba cualquier ocasión para hablar mal y burlarse de quien hoy en su jefe político, porque según el ex alcalde de Papalotla era improvisado y carecía de carrera para convertirse en el sucesor del hacendado ex mandatario Mariano González Zarur.

Pero como vivir fuera del presupuesto es un error, Muñoz Torres no sólo olvido su marianismo, sino que ahora aceptó la dirección general del Cecyte para emprender toda una operación que permita enterrar las anomalías que existen en ese subsistema educativo, mismas que han sido solapadas y alentadas por el soberbio secretario poeta de Educación, Manuel Camacho Higareda.

El nombramiento del nuevo director general del Cecyte también fue aprovechado por el gobernador Mena para hacer otro movimiento y enviar algunos mensajes entrelíneas a los diputados locales y a los integrantes de su gabinete.

El mandatario por fin decidió remover al inútil Arnulfo Arévalo Lara de la posición que mal desempeñaba como enlace hacia el Poder Legislativo para designarlo Secretario Técnico de la Secretaría de Gobierno, posición que había sido eliminada pero que hoy en día se volvió a crear para dar cobijo al amigo y de paso dejar entrever que José Aarón Pérez podría tener sus días contados en tal dependencia porque su actitud de “dejar hacer y dejar pasar” no ayuda en nada a la gobernanza moderna.

Muy a su estilo, Marco Mena también envió un mensaje a los diputados locales en el sentido de que su relación con ellos será institucional y que ya no habrá un trato preferencial para algunos legisladores, debido a que no cumplen acuerdos ni aceptaron someterse a la órbita de influencia que el Ejecutivo intentó imponer en los últimos nueve meses.

La relación entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo será áspera, pues es una realidad que el mandatario priista no pudo establecer en buen entendimiento con los diputados de la cuarta transformación que con su mayoría (Morena, el PT y el PES) controlan el Congreso del Estado.

La delincuencia desatada y el procurador ni sus luces

Mal augurio tuvo la creación de la nueva Secretaría de Seguridad Ciudadana en Tlaxcala, ya que momentos antes de que esa dependencia fuera avalada por los diputados locales se llevó a cabo un absurdo robo al interior de una institución bancaria en la capital del estado que pone al descubierto la complicidad que existe entre los hampones, los empleados bancarios y la policía.

Resulta que unas personas de Teolocholco que acudieron a la sucursal de Banorte ubicada sobre el boulevard Guillermo Valle para obtener el dinero que lograron al ganar un juicio laboral contra el Cobat, se encontraban en las instalaciones del banco cuando un sujeto entró armado y sin dudarlo se dirigió a la mujer que cargaba una bolsa donde había guardado 270 mil pesos.

El ladrón le exigió a la joven dama la bolsa y al ver que ésta opuso resistencia disparó su arma hacia el techo, generando temor y confusión que el maleante aprovechó para obtener su botín y salir de Banorte para abordar una motocicleta que lo esperaba con otro cómplice.

Los ladrones que actuaron con total impunidad y con ayuda al interior del banco lograron darse a la fuga sin que la policía capitalina o estatal hiciera algo para evitarlo.

Como se podrá dar cuenta, pareciera que las bandas criminales tienen permiso para operar impunemente en Tlaxcala, pues es la fecha que el inútil procurador de Justicia, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, no hace nada para detener a esos hampones que tienen meses cometiendo sus fechorías por todo el territorio estatal sin que nadie se atreva a ponerles un alto.

Que lamentable que la delincuencia esté desatada y fuera de control.

La complicada realidad de ser gobierno

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A casi seis meses de iniciado el gobierno de la cuarta transformación, éste no avanza al ritmo esperado ni ha tenido la capacidad de hacer realidad los programas sociales, por lo que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador ya empezó a comprobar que no todos sus colaboradores tienen la capacidad administrativa que se requiere para aterrizar y operar con eficacia y eficiencia los recursos públicos.

La mañana de ayer el mandatario del país sostuvo una reunión con su gabinete donde también fueron convocados los “superdelegados”, a quienes se les pidió redoblar esfuerzos y dejar la comodidad de sus oficinas y escritorios para garantizar que programas como el de Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Jóvenes Construyendo el Futuro y el de Becas para Estudiantes se concreten a la brevedad, porque los beneficiarios se han empezado a desesperar y a molestar porque los recursos prometidos nomás no llegan a sus manos.

Ningún “superdelegado” se salvó y todos recibieron un jalón de orejas, ya que hasta ahora no hay un solo estado en el país que pueda presumir que los mencionados programas operan al cien por ciento, situación que ha comenzado a golpear la imagen y aceptación del presidente López Obrador y de su partido Morena.

Hace diez meses Morena tenía una aceptación del 50 por ciento en las pasadas elecciones presidenciales y hoy es del 38 por ciento, lo que demuestra que los ciudadanos han dejado de respaldar a esa fuerza política, según los resultados de un estudio de opinión realizado por la casa encuestadora Arias Consultores.

Además, hay programas como el de Jóvenes Construyendo el Futuro que ha perdido credibilidad y aceptación entre ese sector de la población, pues cuando se difundió que los participantes podrían recibir capacitación laboral hasta en tianguis, los aspirantes a recibir 43 mil 200 pesos al año se desanimaron porque dudo que muchos quieran convertirse en carniceros o empleados de una pollería o tlapalería, así como ayudar a tianguistas o ser “office boy” de diputados locales.

En Tlaxcala “superdelegada” Lorena Cuéllar Cisneros ha trabajado para cumplir con las metas establecidas por la administración federal que encabeza el tabasqueño, sin embargo es una realidad que su equipo de colaboradores de segunda división no le ayuda, lo cual terminará por afectar sus aspiraciones para lograr la candidatura de Morena al gobierno del estado, pues en una reciente entrevista que se difundió en internet reconoció que también está trabajando para cumplir ese objetivo.

Si bien la entidad no se ubica en los últimos lugares de cumplimiento de metas de los programas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tampoco está entre los estados con mayor avance. Los funcionarios que ayudan a Lorena Cuéllar quizá puedan presumir cargos en la administración pública estatal y municipal, pero su labor ha sido más política que operativa y por esa razón se registran inconsistencias.

El desgaste de ser gobierno ya los alcanzó y de mantener el actual ritmo pronto iniciarán los reclamos de los ciudadanos que tendrán elementos para exigir resultados, porque seis meses es un tiempo razonable para cumplir con los ofrecimientos que se hicieron.

No sería honesto reconocer que ese proceso afectará más a Lorena Cuéllar que a otros aspirantes de Morena a la candidatura del gobierno de Tlaxcala, como el senador Joel Molina Ramírez que no pierde la oportunidad para establecer alianzas y mostrarse como otra opción con posibilidades de obtener la anhelada nominación, que incluso no sería del desagrado del actual mandatario estatal, el priista Marco Antonio Mena Rodríguez.

Otra desventaja que también enfrentará la “superdelegada” es que desde ahora todos sus errores e incumplimiento de metas de la administración federal serán magnificados no sólo por sus adversarios políticos, sino por sus enemigos internos en Morena y en el gobierno de López Obrador que están más que dispuestos a unirse para evitar que se convierta en candidata al gobierno de Tlaxcala.

La posición de “superdelegada” lejos de ayudarla quizá le perjudique más en sus aspiraciones. El tiempo nos dará la respuesta.

La absurda renovación sindical del SNTE

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En Tlaxcala estamos muy lejos de que los sindicatos realmente representen los intereses de sus agremiados, pues los que se apoderan de esas instancias hacen hasta lo imposible para mantener sus privilegios y repartirse el poder, dejando a un lado a sus miembros que sólo observan como sus dirigentes y sus familiares progresan económicamente y gozan de los beneficios de estar en el lado indicado.

Lo anterior viene a colación porque a uno días de que se llevó a cabo la renovación de la dirigencia de la Sección 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), los maestros han empezado a comprobar que el poder de esa organización se repartió entre los incondicionales del nefasto ex líder Ignacio Díaz Grande y el actual secretario general Jorge Guevara Lozada.

Tras impedir y golpear a los maestros afines a la poderosa ex líder del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales, que pretendían participar en el congreso de la Sección 55, el actual grupo en el poder se repartió los cargos del Comité Ejecutivo y el títere de Jorge Guevara aprovechó la ocasión para acomodar a su familia.

De entrada logró que su hermano José Luis Guevara Lozada dejara la Secretaría de Créditos para ahora volverlo responsable de la Secretaría de Negociación Laboral, lo que le garantiza seguir cobrando por cuatro años más su abultado salario sin llevar a cabo su labor de docente, debido a que desde el 2014 desempeña una comisión sindical que le permite andar tirando rostro a la hora que quiere sin preocuparse por trabajar.

Y por si fuera poco, ahora la “poderosa familia” Guevara Lozada logró también incorporar a la dirigencia de la Sección 55 del SNTE a Janeth Pérez Muñoz como responsable de la Secretaría de Conflictos de Preescolar, cuando se sabe que ésta mujer es hija de Eufrosina Sampedro, esposa del “hermano lelo consentido” José Luis Guevara.

Los maestros de la mencionada sección sindical están más que molestos con sus actuales dirigentes y no dude que en unas semanas más se registren conflictos internos, ya que el liderazgo de Jorge Guevara es endeble y el próximo miércoles podría comprobar que no goza del respaldo de los docentes tlaxcaltecas.

Los maestros identificados con la maestra Elba Esther Gordillo ya se alistan para participar en la renovación de la Sección 31 del SNTE que controla el amoroso Demetrio Rivas Corona, proceso que se tiene previsto para los próximos meses y que será más que complicado porque el malestar hacia la actual dirigencia es mayúsculo.

El PAN sólo para los cuates

Y ya que hablamos de renovación, le cuento que José Gilberto Temoltzin Martínez mantuvo por muy poco tiempo su ofrecimiento se encabezar una dirigencia plural donde todos los grupos del partido político tuvieran una representación, pues resulta que tal y como sucedió cuando Adriana Dávila Fernández y Carlos Carreón Mejía controlan al PAN, él también pretende incorporar a sus cuates en la estructura partidista a pesar de que gozan de mala fama.

A través de las redes sociales, los usuarios y simpatizantes del PAN cuestionaron la designación de Gerardo Javier Amaya como presidente del Comité Municipal del partido en Tetla de la Solidaridad, cuando es una persona que carga una pésima reputación entre la militancia y los ciudadanos de esa población.

El ahora dirigente del PAN en ese municipio fue acusado en el 2013 por una militante de abuso sexual cuando él se desempeñaba como secretario general del mencionado comité, lo cual fue un escándalo que daño seriamente la imagen del partido en Tetla de la Solidaridad, de ahí que se considera un grave error permitir y abrir espacios de poder a miembros con ese tipo de antecedentes.

Ese error y la inactividad del PAN en Tlaxcala son factores que han empezado a manchar la dirigencia de José Gilberto Temoltzin que ha optado por asumir un comportamiento como si el partido estuviera en el poder, cuando en realidad vive y enfrenta una de sus peores crisis porque simplemente no sabe cómo enfrentar a Morena y al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.