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Justicia pronta y expedita por encargo en Tlaxcala

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Un escándalo mayúsculo es el que podría enfrentar el impoluto procurador de Justicia en el estado, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, una vez que los familiares de dos detenidos recurran a las instancias legales y de Derechos Humanos para exponer el amañado caso que se les armó para involucrarlos en la muerte de Diego N., hijo de ex rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Serafín Ortiz Ortiz.

Pese al enorme sigilo y discreción a la que recurrieron en la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) para ocultar hasta el mismo gobernador de Tlaxcala la investigación en torno al fallecimiento del mencionado joven de 28 años de edad, quien perdiera la vida el pasado 31 de enero en el domicilio ubicado en calle Heroico Colegio Militar número 6 de la capital luego de recibir un disparo de arma de fuego en la cabeza, los excesos y probables abusos de ese expediente han empezado a conocerse.

Aunque inicialmente se había comprobado que el disparo salió de una pistola que el mismo Diego N. manipulaba bajo los influjos del alcohol y otras sustancias según consta en la carpeta de investigación, lo cierto es que se dice que, de la noche a la mañana, por alguna poderosa influencia y un abundante estímulo, la indagatoria se amplió para tratar de llevar a la cárcel a dos personas que estuvieron presentes cuando sucedieron los lamentables hechos.

El caso fue encargado a los hombres de confianza –David Mejía Morales y Raúl Moreno- del maquiavélico José Antonio Aquiahuatl que se comprometió, en ese caso en específico, a entregar resultados a la brevedad, lo cual lo cumplió hace unos días.

Se sabe que el pasado 20 de abril agentes de la PGJE hicieron los trámites legales necesarios para detener en Cancún a un joven y a uno más al inicio de esta semana en el aeropuerto de la Ciudad de México tras tomar un vuelo en el estado de Oaxaca.

Se presume que a ambos se le fabricaron delitos y responsabilidad penal, ya que al principio el caso de Diego N. se manejó como un suicidio al estar jugando a la “ruleta rusa”, pero después se amplió la indagatoria sin que nadie explicara los motivos y las razones.

Los familiares y abogados de los dos detenidos perciben que el caso fue armado para perjudicar a los jóvenes que estaban con el hijo del ex rector de la UAT, por lo que ya alistan su defensa y su solicitud a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que intervenga y ayude a determinar que el proceder de los agentes de la PGJE encargados de la investigación junto con el Ministerio Público fue incorrecto y que operaron para incriminarlos.

Sobre este caso llama la atención el enorme sigilo y celeridad con que actuó el personal a cargo del obscuro procurador Aquiahuatl Sánchez, quien por alguna extraña razón no ha presumido esas detenciones como suele hacerlo con otras que realiza su dependencia y que resultan cotidianas.

La sospecha de que en Tlaxcala la justicia es pronta y expedita por encargo crece, lo cual resulta lamentable porque explicaría muy bien la enorme impunidad que prevalece en el estado.

Veremos en qué termina este caso que huele muy, pero muy mal.

Otro periodo ordinario perdido en el Congreso

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A los actuales diputados locales les quedan 29 días no sólo para atender el 100 por ciento de su ambiciosa agenda legislativa, sino para sacar los pendientes que están relacionados a iniciativas que están observadas por el mandatario estatal Marco Antonio Mena Rodríguez y de propuestas que han sido ignoradas por venir del Ejecutivo, como sería convertir la Comisión Estatal de Seguridad en la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana.

El juego de las vencidas que sostiene el gobernador priista Mena Rodríguez con los diputados locales agrupados en el bloque mayoritario conformado por Morena, el PT y el PES ha frenado el trabajo legislativo en Tlaxcala y hasta la aplicación de recursos públicos para el campo y la ejecución de obras en los municipios del estado.

Los legisladores locales han dejado pasar mucho tiempo para aceptar que se equivocaron y que necesitan corregir leyes aprobadas como la Protección Civil, la de Ecología y de la Austeridad que fueron observadas por el mandatario, quien al detectar inconsistencias recurrió a su facultad legal para no publicarlas y evitar que estas normas entraran en vigor.

Si de por si el trabajo de la actual legislatura comandada por los diputados de la Cuarta Transformación es pobre, imagínese como serán evaluados sin en los próximos días no muestran capacidad para corregir sus errores y destrabar el proceso legislativo que no produce los resultados esperados cuando el actual periodo ordinario de sesiones se cerrará el próximo 31 de mayo.

Los diputados locales y en especial los de Morena, el PT y el PES son evaluados a nivel nacional porque lejos de acatar los lineamientos de austeridad del gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, optaron por irse por la libre al aumentarse sus salarios, disponer de más recursos públicos que manejan de una forma poco clara y de llevar a cabo una limitada labor legislativa que resulta intrascendente.

El pleito soterrado que mantienen los diputados con el gobernador tendrá consecuencias que terminarán por afectar a ambos. Los legisladores simplemente no darán prioridad a las iniciativas y propuestas del mandatario estatal y el Ejecutivo no sólo seguirá su política de observar leyes aprobadas, sino de frenar su publicación para demostrar que él es el que ejerce el poder en Tlaxcala.

Si los diputados no aprueban la iniciativa de ley para cambiar el nombre de la Comisión Estatal de Seguridad y darle el estatus de Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, así como otras disposiciones legales que quiere el gobernador de Tlaxcala, es probable que se retrase aún más la publicación de las reglas de operación de los fondos aprobados para el campo y en materia de obra pública, lo que impedirá que se ejerzan en tiempo y forma más de 400 millones de pesos que fueron autorizados en el Presupuesto de Egresos de este año.

Antes de que finalice el actual mes, el diputado de Morena y presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso local, Víctor Manuel Báez López, pretende que sea aprobada la ley que creará la Fiscalía General del Estado que considera el relevo del inútil procurador de Justicia José Antonio Aquiahuatl Sánchez, iniciativa que quizá no salga porque el bloque mayoritario está dividido sobre ese tema y porque la chiquillada conformada por el PAN, PRD, PRI, Movimiento Ciudadano y el Panal quieren modificar algunos criterios y lineamientos que ya fueron sugeridos por los asesores del gobernador.

Si el primero periodo de sesiones de la actual legislatura local que fue de agosto a diciembre del año pasado fue una decepción, el que se lleva en estos momentos que inició en enero y concluirá en mayo también lo será, porque el comportamiento de los diputados de Morena, el PT y el PES que tienen el control del Congreso del Estado es muy similar al que en su momento tuvo el PRI con sus aliados o el PAN cuando disfrutó ser mayoría en el Poder Legislativo de Tlaxcala.

El cambio no se ve por ningún lado.

Alcaldes llegan desinflados a la mitad de sus periodos

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Al llegar a la mitad de sus periodos para los cuales fueron electos, muchos presidentes municipales empezarán a comprobar que dilapidaron la confianza y el respaldo con el que habían llegado al poder, no sólo porque incumplieron acuerdos sino porque ahora están desinflados, sin credibilidad y arrastrando serios problemas en sus cuentas públicas que derivarán en conflictos y en serias acusaciones de corrupción.

 

Son pocos los alcaldes tlaxcaltecas que han mantenido los pies en la tierra durante los últimos 28 meses y que se han dedicado a administrar correctamente los recursos públicos. Algunos porque están pensando en convertirse en candidatos a diputados locales y otros porque quieren cerrar su carrera política sin problemas y sin señalamientos que dañen su prestigio.

Sin embargo, hay ediles que se han excedido, incumplieron acuerdos y dejaron que otros asumieran las decisiones importantes en sus ayuntamientos, situación que ha provocado molestia ciudadana en esas demarcaciones, actos de corrupción, quebrantos millonarios y decepción social porque los presidentes municipales se convirtieron en lo que tanto criticaron durante las campañas políticas del 2016.

Un ejemplo de lo anterior es lo que se vive en San Pablo Apetatitlán, donde es un secreto a voces que el verdadero poder en ese ayuntamiento no radica en el presidente municipal perredista Eloy Reyes Juárez, sino en su hermana Araceli Reyes Juárez y el nefasto controlar Marco Antonio Campo Cid.

Esa dupla de soberbios y sabelotodos controla y autoriza todo lo que tenga que ver con el dinero público en ese ayuntamiento. Ellos deciden en qué se gasta y con quién sin importan que algunos recursos estén programados.

Vaya es tanta la altanería con que se conduce esa dupla que en las últimas semanas se han dedicado a maltratar a los ciudadanos, como se vio en la coronación de la reina del carnaval de la comunidad de Belén Atzitzimititlán, de donde es originario Eloy Reyes.

Mientras el edil andaba por Tabasco en compañía de otras funcionarias del ayuntamiento, su engreída hermana y el contralor decidieron no comprar la corona de la reina, lo que provocó el llanto de la señorita durante la ceremonia oficial porque nunca recibió tal adorno y distinción.

La molestia por el desplante del alcalde de dejar plantados a los huehues y humillar a la joven fue tal que los servidores públicos de la administración municipal que asistieron al evento fueron corridos de la población con mentadas de madre y silbidos.

El perredista Eloy Reyes prefirió gozar una estancia de 5 días por Tabasco y gastar dinero público por ese estado que atender la invitación de su pueblo natal y destinar un mínimo presupuesto para adquirir una corona para la reina del carnaval. Al alcalde ya se le olvidó que Belén Atzitzimititlán le otorgó los votos suficientes para llegar a su actual cargo, así como también ya no recuerda a las personas que lo ayudaron a ganar la elección.

Pero lo más grave del ayuntamiento de Apetatitlán, es que su cuenta pública del 2018 tiene serias inconsistencias que podrían abarcar un quebranto financiero de casi 20 millones de pesos, las cuales al parecer no fueron corregidas en los plazos fijados y se presume que el ejercicio fiscal de ese año será reprobado por los diputados locales.

Dicen que el presidente municipal Eloy Reyes tendrá muchos problemas para gobernar los 28 meses que le restan en el poder.

El Chema quiere alzar la mano para la gubernatura

Una vez que en Tlaxcala se vive una anticipada carrera por la sucesión, se menciona que el diputado local de Morena, José María Méndez Salgado, mejor conocido como “El Chema”, anda más que movido recorriendo su distrito y otros municipios aledaños para analizar la posibilidad de buscar la candidatura para la diputación federal por el distrito 1.

Según sus allegados, las aspiraciones políticas de El Chema cuentan con el respaldo ciudadano de los electores de su distrito, de ahí que le propusieron que ampliara su presencia porque estaría en condiciones de buscar la nominación para la gubernatura de Tlaxcala, una vez que esa posición no se encuentra definida ni otorgada.

Aunque pareciera que tal aspiración es una locura, no descarte que el legislador local opte por analizar el terreno y en su momento haga oficial tal propósito, pues la lista de tiradores a tal candidatura irá creciendo conforme pasen los meses.

El secuestro un delito a la alza

Como suele suceder en Tlaxcala, pocos le dieron importancia a la información dada a conocer sobre la inseguridad que prevalece en la entidad. En el primer trimestre de este año se confirmaron de manera oficial cinco secuestros, un delito que se ha incrementado sin que las autoridades estatales emprendan acciones para evitarlo y contenerlo.

Fuentes cercanas a la Procuraduría General de Justicia en el Estado, revelaron que el lunes de esta semana cerca del Hospital General de Tzompantepec se llevó a cabo otro secuestro que involucró a una mujer. Aunque el caso es manejado con toda reserva, se sabe que los delincuentes exigen a los familiares de la dama una fuerte cantidad de dinero para dejarla en libertad.

Una semana antes, se reportó otro intento de secuestro en Apizaco, lo que demuestra que en Tlaxcala ese tipo de ilícitos va en aumento y que las autoridades no hacen nada para detener a los criminales, lo cual resulta lamentable y preocupante.

Las disputas que se verán por la sucesión

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En las próximas semanas veremos qué tan preparados están los aliados de Lorena Cuéllar Cisneros, la super delegada de Programa de Desarrollo del gobierno federal, quienes deberán mostrar capacidad y músculo para controlar dos partidos políticos que serán piezas claves para convertirse en candidata a la gubernatura en las elecciones locales del 2021.

El primer reto que deberán superar es mantener el control de la dirigencia del Partido Encuentro Social (PES) que obtuvo su registro como una fuerza política estatal y que hasta hoy manipula el diputado local José Luis Garrido Cruz, quien está más que dispuesto a poner al servicio de la funcionaria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador el emblema de ese instituto para registrar a Cuéllar Cisneros como su abanderada al gobierno de Tlaxcala.

Sin embargo, antes José Luis Garrido tendrá que rebelarse como lo ha hecho últimamente al ex líder moral del PES Hugo Eric Flores que está convertido en super delegado de la administración federal en el estado de Morelos y que no ve con buenos ojos la candidatura de Lorena Cuéllar.

Hugo Eric Flores mantiene una fría relación con Lorena Cuéllar, lo cual se originó desde las elecciones del año pasado cuando la hoy funcionaria federal fue registrada como abanderada a la diputación federal por el distrito 3 con cabecera en Calpulalpan y ésta nunca uso el emblema del PES para hacer campaña porque siempre recurrió al logotipo y a los colores de Morena.

Y se agudizó más cuando al ganar Cuéllar Cisneros decidió inscribirse en la bancada de Morena y no a la del PES que la había registrado como abanderada, de ahí que su lugar fue ocupado por José de la Luz Sosa Salinas, quien como diputado federal por el distrito 1 con sede en Apizaco renunció al partido de López Obrador para integrarse al grupo parlamentario que controlaría Hugo Eric Flores.

José Luis Garrido conoce de los desencuentros entre su ex líder nacional y Lorena Cuéllar, de ahí que desde hace algún tiempo fue notificado para dejar la dirigencia estatal, ya que ésta sería entregada a “Pepeluche” que también es conocido como José de la Luz Sosa. Él sería el aspirante del PES al gobierno de Tlaxcala.

Hasta ahora Garrido Cruz no ha cumplido la instrucción de Hugo Eric Flores ni su palabra de pasar la estafeta a “Pepeluche”, por lo que no sería raro que se registraran inconformidades en ese partido que terminen en la designación de una nueva dirigencia ajena a los intereses del aún líder de esa fuerza política.

Aunque se ha mencionado que la convenenciera diputada local del PES, Luz Vera Díaz, podría convertirse en la próxima dirigente estatal del PES, lo cierto es que sus posibilidades son casi nulas, porque está más que comprobado que no tiene ningún liderazgo ni palabra.

A todos los morenistas que buscan la candidatura para el gobierno del estado Vera Díaz les ha prometido su apoyo para quedar bien y así asegurar la buena vida que se da desde hace algunos meses como legisladora local y que nunca se había imaginado tener cuando se desempeñaba como una gris maestra.

Sera interesante conocer si Lorena Cuéllar logra retener el control del PES o simplemente muestra debilidad para tener a su lado a los aliados que necesitará si es que realmente quiere convertirse en gobernadora.

Hoy también se verá que tanto respaldo tiene Cuéllar Cisneros al interior de Morena, partido que creó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Alejandro Rojas Díaz Durán, lacayo del poderoso senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, visitará este día Tlaxcala en busca de los respaldos para convertirse en el líder nacional de ese partido y a la vez para mostrar su rechazo a la supuesta imposición de candidatos que ha registrado esa fuerza política bajo el control de Yeidckol Polenvsky.

Hace unos meses Monreal Ávila asistió a un informe de los senadores por Tlaxcala Ana Lilia Rivera Rivera y el insufrible ex gobernador José Antonio Álvarez Lima, donde no tuvo ningún problema para otorgar su respaldo a la primera y destaparla como otra aspirante más al gobierno del estado, dejando entrever que Lorena Cuéllar no era la única morenista con deseos de competir por esa nominación.

A la lista de aspirantes a la candidatura de Morena para el gobierno de Tlaxcala hay que sumar al senador y líder estatal de ese partido, Joel Molina Ramírez.

Veremos si este día los morenistas se muestran civilizados o deciden lanzar dardos envenenados contra Cuéllar Cisneros que podría ser sometida a un golpeteo para que entienda que su nominación para los comicios del 2021 no está segura ni mucho menos definida.

Este día llegamos a la mitad del periodo de gobierno del actual mandatario estatal Marco Antonio Mena Rodríguez y el tema de la sucesión ya está caliente.

La insultante discrecionalidad sobre los recursos públicos

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Un asunto que pareciera normal e irrelevante y al que nadie le da la importancia que merece, tiene que ver con la exagerada discrecionalidad que se otorga a los tres poderes en Tlaxcala para manejar y disponer de millonarios recursos que obtienen a través de los ajustes trimestrales, pues simplemente sus titulares los pueden ejercer a su conveniencia sin rendir cuentas claras del destino final de esos fondos.

Un esquema que ya es inaceptable y que los diputados locales deberían revisar, no sólo por tener una fórmula amañada para repartir los fondos en los 60 municipios de la entidad, sino porque la distribución de los recursos que cada tres meses llegan a Tlaxcala por parte de la Federación son manejados discrecionalmente sin que exista la certeza de que éstos son utilizados correctamente en beneficio de la población o de los servidores públicos.

Para que tenga una idea clara de lo que estamos hablando, le comento que la semana pasada se reveló que los 60 municipios tlaxcaltecas se repartieron una bolsa de 94 millones de pesos, mientras que el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez dispondrá de más de 400 millones de pesos por el bendito ajuste trimestral.

El Poder Legislativo y el Poder Judicial también resultaron beneficiados con el primer ajuste trimestral del 2019, al disponer cada uno de más de 19 millones de pesos, cantidad que se suma a los incrementos que ambas instancias registraron en sus presupuestos de este año.

Tan sólo el Poder Judicial de Tlaxcala en manos del magistrado marianista Héctor Maldonado Bonilla ya dispone para el mes de abril de casi 75 millones de pesos más de lo que administró durante el 2018, sin embargo esos fondos extras no se han reflejado en una mejora salarial de la mayoría del personal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado que sigue cobrando muy bajas remuneraciones.

De acuerdo con un análisis y proyección de la Secretaría de Planeación y Finanzas que controla Alejandra Nande Islas, se estima que el segundo, tercer y cuarto ajuste trimestral será muy similar al primero de este año. Lo anterior se traduce que el gobernador Mena Rodríguez dispondrá de casi 1,600 millones de pesos para el 2019 que podrá gastar en lo que él quiera sin pedir ninguna autorización a nadie.

Los 25 diputados de la actual legislatura local que pueden presumir ser los mejores pagados en la historia de Tlaxcala manejarán casi 80 millones de pesos adicionales a su presupuesto de este año, los cuales no se sabe en que se invertirán si tiene una sede nueva que no requiere mantenimiento y muebles recientemente adquiridos para llevar a cabo sus actividades.

Dudo que se quieran ampliar aún más la bolsa que disponen para otorgar apoyos a los ciudadanos, pues está comprobado que algunos legisladores prefieren quedarse con esos fondos y no entregar ni un peso a las personas que los visitan solicitando su ayuda.

Sin dudas el beneficiado en el Poder Judicial de Tlaxcala es la burocracia dorada conformada por los magistrados y los integrantes del Consejo de la Judicatura, quienes con el aval del controlar interno, el marianista Ignacio Ramírez Sánchez, suelen repartirse el dinero público y obtener privilegios que ellos se autorizan.

Difícilmente esos excedentes se usarán para incrementar el salario al personal del Tribunal Superior de Justicia del Estado que es el que realmente trabaja y mantiene a flote al Poder Judicial.

Los 60 alcaldes del estado esperan que los montos de los ajustes trimestrales se mantengan porque para ellos representan una gran ayuda para solventar gastos y necesidades que sus habitantes les plantean.

Aunque se diga lo contrario, la realidad es que la distribución de esos fondos a los municipios se da en condiciones pocos claras.

Valdría la pena que los legisladores locales revisarán no sólo la fórmula y el procedimiento de asignación por las inconsistencias que se tienen. Quién puede explicar por qué razones en el más reciente ajuste trimestral Cuaxomulco obtuvo 1.6 millones de pesos y otros municipios con mayor recaudación, población y desarrollo económico como Tzompantepec y Teacalco recibieron menos recursos.

Sobre el tema hay muchas dudas y las evidencias de la presunta corrupción siguen acumulándose.

Por lo pronto urge que alguien ponga fin a la insultante discrecionalidad que existe en Tlaxcala en el manejo de los recursos públicos.

En verdad ayuda presumir una falacia

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Cuando la parte oficial se aferra a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para presumir que Tlaxcala se mantiene como una de las entidades más seguras de México al registrar la segunda incidencia delictiva más baja del país, uno entiende el extraño comportamiento de los funcionarios estatales que minimizan los hechos violentos y se dan tiempo para desayunar con tal parsimonia que uno pensaría que son eficientes.

Si el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez considera que su administración es eficiente y eficaz en materia de seguridad porque los datos oficiales indican que Tlaxcala es el segundo estado más seguro del país, también debería entender que la violencia y los criminales llegaron a la entidad para quedarse y que según los últimos reportes del primer trimestre del presente año en el estado se cometió un homicidio doloso cada tercer día.

El dato antes mencionado es oficial porque salió de la boca del inútil y gris procurador de Justicia, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, quien reconoció que de los 30 homicidios investigados por la PGJE y que se cometieron entre enero y marzo de este año, sólo uno había sido resuelto y se trataba de un feminicidio registrado en la comunidad de Acuitlapilco, donde el presunto responsable ya estaba detenido y enfrentando el proceso penal.

Sobre el resto de los casos, el torpe Aquiahuatl Sánchez se justificó el pasado 23 de abril con el pueril argumento de que los asesinatos se habían cometido en otras entidades y que los maleantes habían decidido abandonar los cadáveres en Tlaxcala, situación que según él dificultaba las acciones para encarcelar a los responsables.

Después de esas absurdas declaraciones, al día siguiente a José Antonio Aquiahuatl se le vio desayunando en el restaurante del Hotel GS Jerocs acompañado de su “hermano lelo” José Aarón Pérez Carro, actual secretario de Gobierno, quienes no tuvieron empacho en presumir sus nuevas y lujosas camionetas color café y el aparatoso equipo de seguridad que los custodia, el cual les da elementos para sostener la cantaleta de que Tlaxcala no hay crimen organizado.

Antes de que el mandatario presumiera ayer en la Tercera Sesión de la Conferencia Estatal de Directores de Seguridad Pública Municipal que Tlaxcala sigue siendo el estado más seguro del país, el diputado de Morena y presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, Víctor Manuel Báez López, aseguró el miércoles pasado que “la sociedad está hasta la madre de tanta inseguridad.

Durante su intervención por el arranque de los foros de consulta pública para la creación de la Fiscalía General de Tlaxcala, el legislador morenista habló de una realidad muy distinta a la que describió el gobernador Mena Rodríguez, pues sostuvo que “la inseguridad ha crecido a tal magnitud que ha dado paso a que la ciudadanía actúe por mano propia para hacerse justicia”.

Además, precisó, es de dominio público la falta de interés, de quehacer político, de voluntad y, sobre todo, de capacidad de quienes tienen la responsabilidad de gobernar”.

Palabras más palabra menos, el también ex alcalde de Zacatelco dejó entrever que la Procuraduría General de Justicia en manos de José Antonio Aquiahuatl cumplió su ciclo de vida.

Según Báez López el reclamo de la sociedad que está insatisfecha con la PGJE es contante, de ahí que ahora se demande la presencia de un fiscal que realmente persiga y castigue los delitos que lastiman y laceran a las víctimas.

Como podrá ver en Tlaxcala hay dos realidades sobre el tema de la seguridad. Usted cuál es la que ve.

Una precisión.

Para concluir le comento que ayer el gobierno de Marco Mena envió a un servidor una carta aclaratoria negando los señalamientos que se publicaron en este espacio de opinión en torno a las transas que existen en el reparto de los ajustes trimestrales que asigna la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Ya se publicó.

Ahora le pedimos un tiempo para estar en posibilidades de documentar nuestras afirmaciones a través de audios y papeles oficiales que demostrarán los turbios manejos de los que hablamos y que involucran a un contador de nombre Gilberto, quien habría recibió 150 mil pesos de un alcalde en funciones que de la noche a la mañana registró un incremento de esos fondos por varios millones de pesos.

Destapan la cloaca de la corrupción en los ajustes trimestrales

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A los 60 alcaldes de Tlaxcala no les cayó nada bien el llamado del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez para realizar un esfuerzo que permita incrementar el porcentaje de recaudación en sus municipios, ya que de esa forma estarán en condiciones de competir con mayor fuerza en el reparto de recursos que la Federación distribuye a las entidades en beneficio de todas las comunidades del estado.

Tal propuesta que sin duda representan un mayor trabajo para los presidentes municipales que no quieren dejar su actual zona de confort, generó molestia entre algunos alcaldes tlaxcalteca que saben que sus niveles de recaudación son ridículos y de mantenerse serán relegados en el reparto de los fondos que se hará desde el gobierno federal que encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Quizá este año sea el último en que funcione el actual esquema corrupto que se estableció desde hace tiempo para distribuir los recursos extraordinarios que se obtienen de los ajustes trimestrales.

Ayer el mandatario Marco Mena reveló durante un acto oficial celebrado en el Centro de Convenciones que el monto del primer ajuste trimestral de este año fue 94 millones de pesos, los cuales ya fueron asignados a los 60 ayuntamientos.

Y cuando decimos que existe un esquema corrupto para repartir esos fondos, es porque los ediles, diputados locales y funcionarios estatales saben que un contador adscrito a la Secretaría de Planeación y Finanzas a cargo de Alejandra Nande Islas es el responsable de manipular la fórmula y los criterios de distribución, pues de acuerdo con su “atinado juicio” suele premiar a ciertos ediles que previamente se mocharon y también castigar a los que no entraron a esa tómbola arreglada.

En pocas palabras, la asignación de los ajustes trimestrales es a través de una operación corrupta que es disfrazada con la absurda aplicación de una fórmula que arroja incongruencias que se han observado desde el año pasado, como es el hecho de asignar más fondos de esos ajustes al ayuntamiento de Huamantla que al de Apizaco, cuando el segundo tiene una mayor recaudación.

Pero si tiene dudas de lo anterior, revise las asignaciones de este primer ajuste trimestral del 2019 y compruebe las inconsistencias que tiene como la mencionada hace un momento.

El nombre del audaz contador encargado de ese esquema, los montos que solicita para manipular la fórmula y los detalles de esa operación pronto se darán a conocer, pues aunque no lo crea hay alcaldes que en su momento se mocharon y lejos de recibir lo prometido obtuvieron menos fondos, situación que ya ha provocado desencuentros entre las partes involucradas en la transa del reparto de los ajustes trimestrales.

El mensaje que ayer envió el gobernador Marco Antonio Mena no fue del todo captado por los presidentes municipales y los diputados locales, pues sin ser alarmista el mandatario dejó entrever que el 2020 será un año austero para todos y que la única forma de obtener fondos adicionales del gobierno federal es si sus administraciones comprueban ser eficientes en el gasto y en la captación de ingresos propios como en el cobro del impuesto predial y de otros servicios.

La bonanza que los presidentes municipales han vivido por casi tres años para mantener abultadas nóminas, aviadores, gastos excesivos y otros lujos quizá desaparecerá el próximo año, porque sin duda el gobierno federal establecerá otros criterios de operación que pondrá fin a las malas administraciones en los ayuntamientos, de ahí que los ediles deberían tomar el consejo del gobernador de cuidar el presupuesto para que tengan finanzas estables y evitarse problemas al cierre de sus periodos de gobierno.

En unas semanas se conocerán los nombres de los presidentes municipales que han despilfarrado los recursos públicos, una vez que se precise el número de cuentas públicas correspondientes al 2018 que serán reprobadas por los diputados locales, quienes recibirán la documentación que acredita presuntos malos manejos que representan un quebranto para las finanzas de los ayuntamientos.

Muchos alcaldes serán exhibidos y quedarán bien quemados.

La farsa de la nueva Ley de Fiscalización

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Una diputada que podría hacer nuevamente el ridículo es la morenista María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, quien sólo busca combatir la corrupción con discursos y poses de honestidad que nadie le cree, porque su voluntad no se traduce en hechos concretos ni en acciones que demuestren que tiene un interés real en castigar las malas prácticas y conductas de los servidores públicos.

 

La oriunda de San Pablo de Apetatitlán que logró ser diputada local por pura suerte, presentó una iniciativa para tener una nueva Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, con la cual se pretende ampliar las sanciones económicas y otorgar más facultades al Órgano de Fiscalización Superior para que a través de la intimidación y del miedo se cumplan con los plazos para entregar las cuentas públicas.

El año pasado María del Rayo Netzahuatl fracasó en su intento por mejorar, según ella, los procesos de fiscalización, pues su propuesta de reforma constitucional que presentó para que las cuentas públicas fueran entregadas mensualmente y no trimestralmente como sucede actualmente no prosperó luego que los cabildos rechazaron tal cambio.

Ahora, la zombi discípula del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, va por otro intento para tener una nueva ley en materia de fiscalización, la cual podría naufragar al no tener el respaldo de todos los legisladores de Morena, el PT y el PES que perciben que tal propuesta no sólo está incompleta, sino que tiene serias inconsistencias y deficiencias.

La mencionada iniciativa quedó maldecida desde su presentación por parte del diputado local del PT, Víctor Castro López, quien lamentó que se proponga una nueva legislación que es omisa para sancionar y frenar los casos de nepotismo que están documentados en varios ayuntamientos del estado.

La práctica del nepotismo es violatoria de la ley y sin embargo esa conducta que es solapada y tolerada en los ayuntamientos, también es replicada en el Poder Legislativo donde hay diputados locales que tienen trabajando a familiares, quienes cobran y no realizan ninguna actividad en el Congreso como es el caso del hermano de la coordinadora de la fracción parlamentaria del PT, Irma Garay Loredo.

Y aunque María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, trate de deslindarse de esa nefasta práctica en los ayuntamientos bajo el absurdo y pueril argumento que no está en sus facultades investigar y sancionar esas conductas, lo cierto es que ella protege esa irregularidad de los presidentes municipales y de sus compañeros legisladores que muchos de ellos prometieron no robar, no mentir y no traicionar.

Vender la idea que con una nueva Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios se hará efectivo el combate a la corrupción es demagogia pura, porque las normas no fallan si simplemente no se aplican y se cumplen.

La actual legislatura bajo el control de Morena y sus aliados el PT y el PES ha tenido 8 meses para demostrar con hechos que era diferente a las anteriores, sin embargo los días han pasado y su comportamiento es muy similar a otras que fueron corruptas, omisas y con un pobre trabajo legislativo.

Sólo un iluso puede esperar que las cosas cambien o mejorarán con los actuales diputados locales. El destino de la actual legislatura está marcado hacia la decepción.

La tirante relación entre el gobernador y el Congreso

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Los intentos por establecer una real y auténtica relación de colaboración entre el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez y los diputados del Congreso del Estado han fracasado, por lo que valdría la pena que el mandatario buscara nuevos interlocutores antes de que la ruptura entre ambos poderes sea definitiva y ser traduzca en una ingobernabilidad que afecte la estabilidad política de Tlaxcala cuando aún tiene que trabajar coordinadamente por 28 meses.

Aunque ayer el gobernador Marco Mena asistió a la sesión solemne del Congreso del Estado por la Conmemoración de los 500 Años de Mestizaje en el Encuentro de Dos Culturas, hubo diputados que decidieron ausentarse para marcar distancia hacia el jefe político de la entidad, como el morenista Víctor Manuel Báez López, presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política; Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, líder de la fracción parlamentaria del PRD e Irma Garay Loredo, quien dice ser la coordinadora de los diputados del PT.

Esa triada de legisladores que hace unos meses se habían mostrado como un aliado incondicional del gobierno priista hoy ya pinta su raya. El primero quizá recibió la instrucción de fijar alejamiento, mientras que el segundo optó por un berrinche más ante su nula capacidad política, pues está comprobado que sus iniciativas de ley que plagio fueron observadas al tener varias inconsistencias y la tercera decidió prolongar su periodo vacacional quizá porque necesita más tiempo para broncear su abundante cuerpo.

El morenista y el perredista asistieron previamente a reuniones de trabajo que se realizaron en el edificio de la calle Allende, sin embargo se excusaron para no estar presentes en la mencionada sesión solemne, donde una vez iniciada el legislador del PT, Víctor Castro López, decidió abandonar el salón de plenos ante el asombro de invitados y de sus compañeros legisladores.

Para nadie es un secreto que entre los legisladores locales existe molestia por el trato que han recibido del gobernador Mena Rodríguez, quien en uso de sus facultades legales ha observado varias leyes que han aprobado los diputados. Es la fecha que también se ha negado a publicar las reglas de operación para que los representantes populares puedan disponer de más de 400 millones de pesos para financiar proyectos en el campo y obras en los 60 municipios de la entidad.

El pasado martes los diputados revisaron y atendieron las observaciones del Ejecutivo sobre las mencionadas reglas de operación, sin embargo éstas siguen sin ser publicadas porque ahora existe la intención de utilizar ese requisito legal para pedirles a los diputados que aprueben ciertas iniciativas que son del interés del mandatario tlaxcalteca.

Si los legisladores cederán o no a la pretensión del gobernador eso no lo sé, pero si le puede comentar que los diputados harán responsable de publicar o no las reglas de operación de los mencionados fondos al Poder Ejecutivo, porque según ellos ya hicieron su trabajo y ahora son víctimas de una omisión del jefe político del estado.

En el discurso se dice que existe una buena relación y unidad entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, pero en los hechos la realidad es otra. Un buen ejemplo de lo anterior fue la invitación que hizo el gobernador a los diputados para asistir a una comida que se llevó a cabo ayer en la Casa de Gobierno.

A ella acudió la intrascendente coordinadora de los diputados de Morena, Ana Bertha Mastranzo Corona, a quien se le vio más que emocionada de compartir el pan y la sal con el mandatario. También estuvieron los panistas, la priista y el resto de la chiquillada. No asistió Víctor Manuel Báez, ni Miguel Ángel Covarrubias, tampoco los legisladores morenistas María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, Jesús Rolando Pérez Saavedra, Ramiro Vivanco Chedraui y José María Méndez Salgado, tampoco los petistas Michaelle Brito Vázquez y Víctor Castro, así como José Luis Garrido Cruz, del PES.

Sería conveniente que el gobernador Mena intentara recomponer la relación con los integrantes del Congreso del Estado y designe a otros interlocutores más avezados para tal tarea, porque sería una pérdida de tiempo seguir dejando esa responsabilidad al inútil de Arnulfo Arévalo Lara y al nimio José Aarón Pérez Carro, secretario de Gobierno.

O no.

Una burla el Sistema Estatal Anticorrupción

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A unos días de que concluya el cuarto mes del año, en Tlaxcala existe la intención como a nivel nacional de entorpecer y obstaculizar la puesta en marcha del Sistema Estatal Anticorrupción, porque el tiempo pasa y no se percibe la menor voluntad de dotar todos los instrumentos que permitan a la sociedad civil contar con un mecanismo que realmente combata las malas conductas de los servidores públicos.

En plena semana santa y casi en la clandestinidad, se llevó a cabo la inauguración de las instalaciones del Sistema Anticorrupción del Estado, situación que representó una burla más para los ciudadanos y ciudadanas, porque mientras no sea designado el secretario técnico de esa instancia la burocracia consentida que lo conforma seguirá siendo inoperante.

Un purista de la ley como el actual secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, es quien se prestó a esa pantomima, pues para nadie es un secreto que ese sistema debido estar integrado y operando desde el año pasado, sin embargo el gobierno priista de Marco Antonio Mena Rodríguez ha optado por sumarse al boicot que existe a nivel nacional para posponer la implementación de ese andamiaje legal.

De acuerdo con los plazos establecidos en la ley, el secretario técnico que es el responsable de manejar y coordinar el Sistema Estatal Anticorrupción debió ser nombrado a mediados de febrero de este año, pero por alguna extraña razón no se encuentra el perfil idóneo para ocupar ese cargo.

Desde agosto pasado a la fecha se está manteniendo a una inútil burocracia que simula un trabajo para la prevención, detección y sanción de fallas administrativas y hechos considerados como actos de corrupción.

Según un comunicado oficial, el Sistema Anticorrupción del Estado establece, articula y evalúa políticas para prevenir posibles actos de corrupción y además tiene el tiene el objetivo de que autoridades estatales y municipales trabajen de manera coordinada para establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la prevención, detección y sanción de fallas administrativas.

No cabe duda que Abdel Rodríguez Cuapio, presidente del Sistema Anticorrupción del Estado, es un charlatán más y un torpe mentiroso que por desgracia en su segundo acto oficial ya enterró la credibilidad de esa instancia, debido a que suele balbucear una serie de falsedades que sólo existen en su lambiscona mente.

Quién le puede creer que han establecido nuevas políticas públicas para combatir la corrupción o modernos procedimientos de prevención, detección y sanción de fallas administrativas, cuando la estructura administrativa la ocuparon para acomodar a sus amigos y novias no sólo en el Sistema Anticorrupción del Estado, sino también en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, donde dicen que es común ver al cachondo magistrado Marcos Tecuapacho Domínguez con copas de más porque tiene la seguridad que uno de sus hijos realizará su trabajo mientras el otro se la pasa escribiendo alabanzas al gobernador Mena.

Rodríguez Cuapio tuvo la estúpida ocurrencia de presumir la página www.saetlax.org que según él los ciudadanos pueden utilizar para realizar sus denuncias, sin embargo cuando uno visita ese sitio en internet pareciera que se trata de una web falsa que fue elaborada por un aprendiz de diseño que cuenta con información limitada y que carece de datos relevantes.

Dudo que un ciudadano con interés en presentar una denuncia se sienta seguro y con la confianza de llevar a cabo ese procedimiento, pues simplemente con ver ese sitio percibe uno que no hay ningún compromiso serio en combatir la corrupción en Tlaxcala.

El Sistema Anticorrupción del Estado es una falacia.