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Rumbo a los desinformes

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Al casi dos años de que las autoridades estatales y municipales asumieron sus responsabilidades y han ejercido el poder, la gran coincidencia que existe es la desaprobación de los ciudadanos y ciudadanas a esas administraciones que durante sus campañas y primeros meses de gobierno generaron grandes expectativas que conforme pasaron los meses quedaron sólo en discursos y promesas incumplidas.

La próxima semana una vez que el nuevo gobierno federal haya entrado en funciones el sábado 1 de diciembre, iniciarán los informes oficiales de las autoridades locales que en teoría darán a conocer el estado que guarda la administración pública y los avances que se han tenido en materia de obra pública y otros indicadores a los que se suele recurrir para presumir que están trabajando.

A nivel estatal habrá muy poco que informar, salvo que la construcción de las gradas del estadio Tlahuicole ya casi se concluye, que por fin se inició la ampliación y modernización de la carretera Tlaxcala-Apizaco y que la entidad cuenta con un amplio programa de becas que beneficia a 10 mil estudiantes.

También se presumirán una que otra obra al interior del estado, la instalación de nuevas empresas y la llegada de más inversiones para crear más centros comerciales, así como la tendencia positiva que se tiene en la generación de empleos formales.

Es muy probable que se omita el gran pendiente que existe en materia de seguridad. La inversión histórica que se ofreció hace meses en esa materia seguramente se llevará a cabo avanzado el 2019 si bien nos va, pues desde que en septiembre pasado se canceló el concurso “amañado” para la compra de las nuevas patrullas el asunto ha sido olvidado y hasta ahora nadie sabe cuándo se procederá con la adquisición de esas unidades y el equipo que requieren los uniformados.

Lo mismo sucede con el proyecto de Hospital General de Tlaxcala, cuyo proceso de licitación ha sido largo y tedioso, al grado que se desconoce la fecha en que empezará esa obra en la que en una primera etapa el gobierno del estado pretende canalizar 300 millones de pesos que apenas si alcanzarán para levantar los muros de lo que un día será el nuevo nosocomio.

Pero los pendientes no son exclusivos del gobierno del estado, ya que también hay por parte de los presidentes municipales que prometieron múltiples acciones y obras que hoy en día no se ven por ningún lado.

Por ejemplo, en la capital de Tlaxcala las autoridades prometieron diferentes proyectos que conforme paso el tiempo se cancelaron por estar basados en la imaginación y no en una planeación con viabilidad financiera.

En los últimos meses esas autoridades anunciaron la adquisición de patrullas, de camiones compactadores de basura y otras acciones que sólo han quedado en el discurso, porque la ciudad sigue padeciendo la delincuencia, la escasez de obra y el descuido de un gobierno que hasta ahora sólo ha demostrado tener buenas intenciones, las cuales no sirven a la hora de ejercer el poder.

Valdría la pena que las actuales autoridades en funciones destinaran un recurso para contratar un estudio de opinión que les presentara datos reales de sus niveles de aprobación. Urge que conozcan cuál es la percepción que los ciudadanos tienen de sus gobiernos y de ellos como políticos, porque a lo mejor así se darían cuenta que están mal y que necesitan cambiar de rumbo.

Ninguna autoridad tanto estatal como municipal obtiene en estos momentos un nivel mínimo de aprobación, sin embargo ese detalle está siendo ignorado porque los políticos que ejercen el poder en la actualidad sólo tienen oídos para los halagos, situación que con el tiempo se convertirá en un grave error para su futuro.

Adiós a los delegados priistas del gobierno federal

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Esta será la última semana laboral de los funcionarios priistas que en los últimos años tuvieron bajo su mando las 46 delegaciones del gobierno federal, pues a partir del sábado el control de esas dependencias pasará a manos de los colaboradores del próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que en el caso de Tlaxcala coordinará Lorena Cuéllar Cisneros.

Una vez más la hegemonía priistas en el gobierno federal desaparecerá, por lo que el PRI dejará de controlar económicamente y políticamente las delegaciones de las dependencias que ocupaba para sus fines electorales, que en el caso de Tlaxcala, respondían a los intereses del ex gobernador Mariano González Zarur y no del actual mandatario estatal, Marco Antonio Mena Rodríguez, que nunca hizo el intento por tener injerencia en esa estructura de poder.

Si uno revisa la lista de los delegados federales en Tlaxcala, comprobará que la gran mayoría le debe su posición al hacendado González Zarur, quien siendo gobernador no tuvo problemas para imponer a su hija Mariana González Foullon como encargada de la Secretaría de Desarrollo Social.

En los pasados comicios del 1 de julio el PRI fue aplastado y reducido a una mínima expresión en la entidad. Aunque ese partido aún controla el gobierno del estado en breve se agudizará su debilitamiento cuando asimile que ya no controlará los programas sociales, la inversión federal en obras públicas y una estructura administrativa que ronda en los 12 mil servidores públicos en Tlaxcala.

La presencia de priistas en el gobierno federal era más evidente que en la administración estatal, donde destaca la incorporación de funcionarios que cobran en un gobierno del PRI pero que no son militantes del ex partidazo, como es el caso de Manuel Camacho Higareda, responsable de la Secretaría de Educación Pública, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la Sedeco, José Aarón Pérez Carro, encargado de la Secretaría de Gobierno, Eladia Torres Muñoz, que despacha como secretaria particular, María Maricela Escobar Sánchez, contralora del Ejecutivo, Roberto Núñez Baelón, que despacha como secretario de Turismo, Lenin Calva Pérez que recibe un salario como secretario de Políticas Públicas y Participación Ciudadana y el ladino procurador José Antonio Aquiáhuatl Sánchez.

La intención del nuevo gobierno federal que encabezará López Obrador es llevar la fiesta en paz en Tlaxcala, sin embargo su propósito es imponer en el corto plazo una novedosa forma de ejercer el poder que le permita conservar simpatías y reforzar el apoyo que logró en la entidad en los pasados comicios que le permitieron ganar la presidencia de México, el senado y las diputaciones federales, así como el control del Congreso del Estado.

Para el próximo año las autoridades federales pretenden otorgar a más de 300 mil tlaxcaltecas apoyos a través de diferentes programas. De esos más de 100 mil serán jóvenes que recibirán una beca o un salario por trabajar en alguna empresa legalmente establecida. Además habrá que sumar a los adultos mayores y a las personas con alguna discapacidad que ya se encuentran identificados y ubicados.

Hasta ahora la única funcionaria confirmada como coordinadora del gobierno federal en Tlaxcala y que ya es denominada como la “superdelegada” es Lorena Cuéllar, quien después del 1 de diciembre se espera que dé a conocer a los funcionarios que la acompañarán en su nueva tarea.

Cuéllar Cisneros será la responsable de operar las acciones y programas del nuevo gobierno y de mostrar un rostro amable y eficiente de la administración pública donde se perciba el mando y la autoridad que requiere Tlaxcala.

Se dice que las próximas autoridades federales no iniciarán una cacería de brujas contra los aún delegados priitas, pero tampoco solaparán o encubrirán anomalías o actos de corrupción en caso de ser detectados.

La era priista en el gobierno federal morirá y vendrá la de Morena y sus aliados, ojalá sea diferente por el bien de Tlaxcala y del país.

La disputa panista en tres momentos

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Antes de que finalice el año el PAN en Tlaxcala tendrá una nueva dirigencia estatal, de la cual dependerá el futuro y el nivel de competitividad que tendrá ese partido rumbo a los comicios locales del 2021, donde podría consolidarse como la única oposición en el estado y a nivel federal porque el resto de los institutos políticos pareciera que están destinados a desaparecer del mapa político.

El actual proceso interno que vive el Partido Acción Nacional en Tlaxcala empieza a decantarse hacia la planilla encabezada por el ex diputado local Ángelo Gutiérrez Hernández, quien logró sumar a su proyecto a los grupos panistas de mayor influencia como el de la diputada federal Adriana Dávila Fernández y el del ex alcalde capitalino Adolfo Escobar Jardínez.

Ángelo Gutiérrez ha evitado entre la militancia tlaxcalteca las descalificaciones y la confrontación, porque sabe que esos dos ingredientes lejos de sumarle simpatías le generan rechazo, de ahí que a unos días de iniciado el proceso ya tenga más de 1400 votos asegurados que saldrán en su mayoría de la estructura que ha creado e impulsado Adriana Dávila, con la cual ha logrado controlar el partido en los últimos años.

Habrá que decir que no todos los votos que están comprometidos para la planilla de Gutiérrez Hernández son de la diputada federal, sino también se suman los aportados por el grupo del ex diputado local que en los últimos años se dedicó a crear una red de militantes que hoy en día le ha permitido tener canicas para poder jugar por el poder en el PAN.

Por lo que respecta a la planilla integrada por José Gilberto Temoltzin Martínez y el ex alcalde Miguel Ángel Polvo Rea, su proyecto basado en el rencor y en la venganza ha perdido el rumbo al igual que las posibilidades que tenían para asumir el control del partido que en breve dejará el gris dirigente Carlos Carreón Mejía.

Entre la militancia panista existen desencanto y una enorme desconfianza hacia esa planilla porque es alentada y apoyada por la reina del oportunismo político la senadora Minerva Hernández Ramos, quien no deja de tener un corazón perredista y una enorme ambición priista.

Hace unos días Temoltzin Martínez y Polvo Rea comprobaron que uno de sus principales promotores como es el ex gobernador poblano y hoy coordinador de los senadores del PAN, Rafael Moreno Valle, no los ubica como una fórmula ganadora, pues en un supuesto acto de apoyo a sus aspiraciones les recomendó negociar con las otras planillas y buscar la unidad, con lo cual dejó entrever que sus oportunidades de ganar la contienda del próximo 16 de diciembre son escasas por no decir nulas.

Moreno Valle sabe lo que dijo y sólo José Gilberto Temoltzin Martínez y Miguel Ángel Polvo no entendieron su mensaje. Una derrota para ese grupo será dolorosa y sin dudas afectará la carrera de ciertos panistas como Julio César Hernández Mejía, actual presidente municipal de Apizaco, porque seguramente será excluido de las próximas candidaturas que estarán en juego rumbo a las elecciones del 2021.

La planilla de Asael Corona Ramírez sólo goza de una mediana presencia mediática, porque está claro que los panistas tlaxcalteca no quieren como líder a un militante tibio y neutro que convertiría al PAN en una oposición blandengue y sin fuerza para fijar posiciones críticas no sólo hacia el gobierno del estado que encabeza Marco Antonio Mena Rodríguez, sino para la futura administración federal que presidirá el morenista Andrés Manuel López Obrador.

Corona Ramírez es un títere de Carlos Carreón, quien desde su posición como diputado federal y líder del PAN aprovechó la estructura del Comité Directivo Estatal y de algunos comités municipales del partido para armar una planilla que incluyó ciertos liderazgos, pero que al final no obtuvo el respaldo de la militancia que está pensando en otra opción más aguerrida.

En unos días más veremos si las tendencias se mantienen o si se registra un cambio, aunque pareciera que la elección interna del PAN ya está resuelta y sólo falta que llegue el día de las votaciones.

A la caza de los jóvenes tlaxcaltecas

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Sin duda el sector de los jóvenes se ha vuelto muy atractivo para las futuras autoridades federales y también para las locales, pues es evidente que ambas buscan apapachar a esa población que en los comicios del 2021 podría votar por primera vez o que ya lo hizo y lo volverá a hacer en ese año justo en las elecciones intermedias de la próxima administración, convirtiéndose en un factor clave para lograr triunfos.

Así como la futura administración del presidente electo Andrés Manuel López Obrador ya prepara diferentes programas de becas para más de 50 mil jóvenes tlaxcaltecas que a partir del 2019 recibirán un estímulo económico, el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez ha empezado a mover las piezas de la maquinaria priista para contener y aprovechar esa nueva realidad a fin de llevar agua a su molino.

En Tlaxcala se encuentra muy avanzado el censo que se lleva a cabo para otorgar los apoyos oficiales a los jóvenes inscritos es instituciones de educación media superior y aquellos que cursan alguna licenciatura o una ingeniera, situación que será novedosa porque cientos de alumnos de la entidad estarían en condiciones de recibir dinero público sólo por el hecho de estar estudiando, lo cual generará simpatías hacia la autoridad responsable de ese programa.

Quizá viendo ese escenario, el mandatario tlaxcalteca optó por hacer ajustes en su equipo de trabajo y designó en las instituciones encargadas de la educación media superior a dos políticos y operadores.

A partir de ayer el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (Cobat) está bajo el mando de Victorino Vergara Castillo, mientras que a la Dirección General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala (Cecyte) llegó Luis Vargas González, un empresario que siempre suele innovar.

El primero no sólo deberá corregir el desastre administrativo y mal clima laboral que dejó la anterior directora del Cobat, Silvia Josefina Millán López, sino que tendrá que operar para que los alumnos también consideren al PRI como una opción para las futuras elecciones.

Otra cambio que tampoco deja de tener implicaciones políticas es la llegada de Enrique Padilla Sánchez a la rectoría de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPT). Su misión es limpiar el cochinero del ex rector marianista Narciso Xicoténcatl Rojas y establecer una nueva relación con los jóvenes.

Por esa razón, José Luis González Cuéllar también asumió la rectoría de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT) y dejó la dirección del Cecyte, pues es obvio que en esa institución de educación superior era necesario poner orden y reforzar la atención hacia los alumnos.

Aunque seguramente nadie lo reconocerá, la realidad es que los recientes cambios en el gobierno del estado tienen implicaciones políticas y no sólo administrativas.

A casi dos años de que inicie formalmente la sucesión en Tlaxcala, sin dudas uno de los aspirantes a la candidatura del PRI al gobierno será el actual secretario de Educación Manuel Camacho Higareda, de ahí que en los siguientes meses se reforzará su imagen y su presencia mediática que ya mantiene desde el inicio de la actual administración.

Y a la par de que se impulse la imagen de Manuel Camacho, también se empezará a promover a Anabel Alvarado Varela, quien como responsable de la Comisión Organizadora de la Conmemoración de los 500 años del Encuentro de Dos Culturas buscará la nominación del PRI para convertirse en la futura presidenta municipal de Tlaxcala.

Otros funcionarios menistas que también ya trabajan para su futura carrera política son el secretario de Desarrollo Económico, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, quien sobrio y con sus cubas encima asegura que buscará con todo la candidatura del PRI a la diputación local por el distrito de Apizaco, mientras que el secretario de Turismo, Roberto Núñez Baleón, hará lo mismo pero por otro distrito local que le sea asignado al Partido Socialista que irá en alianza con el tricolor en los comicios del 2021.

El PRI en Tlaxcala no está muerto y como podrá ver ya está operando rumbo a las próximas elecciones.

El vergonzoso espectáculo de Héctor Maldonado

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La inexperiencia y falta de oficio político son factores que empiezan a jugar en contra de los diputados morenistas, del PT y el PES que podrían hacer el ridículo y quedarse con las ganas de implementar un nuevo esquema de fiscalización para los 60 presidentes municipales, quienes en sus Cabildos están rechazando la reforma Constitucional aprobada para presentar mensualmente las cuentas públicas a partir del 2019.

En medio de los fuertes señalamientos que existen contra un miembro del Tribunal Superior de Justicia del Estado que fue acusado de proteger a tratantes de personas, el presidente del Poder Judicial de Tlaxcala, Héctor Maldonado Bonilla, perdió las formas el viernes pasado en las instalaciones del restaurante La Cabaña que cada año se instala en el recinto ferial.

Animado por las paellas y el alcohol, el magistrado presidente del TSJE decidió continuar la fiesta con el ex contralor del Ejecutivo en la pasada administración y presunto proveedor consentido de ese poder, Hugo René Temoltzin Carreto.

Después de cantar “Oaxaca”, el poblano magistrado no tuvo empacho en soltar el llanto, escena que provocó todo tipo de comentarios.

Los comensales que estaban cenando en el citado restaurante se percataron del estado etílico del representante del Honorable Poder Judicial, quien sin cuidar las formas y su “prestigio” fue visto en los sanitarios vomitando, llorando y haciendo visiones para, según él, bajar los efectos del alcohol que eran más que evidentes en su descompuesta imagen.

Temoltzin Carreto ignoró en todo momento las recomendaciones que recibió de funcionarios, empresarios y otros amigos para llevarse de ese lugar a Maldonado Bonilla, quien la noche del viernes fue el hazme reír de la feria.

Hugo René Temoltzin, ex funcionario marianista y hoy convertido en proveedor del TSJE, estuvo siempre al lado del etílico magistrado. Lo curioso del caso es que ese mismo día pero por la mañana la empresa del marianista a través de su esposa participó en una de las etapas de la licitación que realiza el Poder Judicial para contratar los servicios de intendencia y la adquisición de materiales de limpieza por un monto superior al millón de pesos.

Desde ahora se da por un hecho que la presunta empresa de Temoltzin Carreto que se denomina Mom Tlax S.A de C.V será la ganadora del concurso. No importa que ofrezca los precios más caros y elevados cuando el amigo tuvo los tamaños de aguantar la borrachera del presidente del TSJE.

El primer revés de os diputados locales

Los nuevos dueños del Congreso del Estado confiaron de más en su mayoría y pensaron que no tendrían ningún problema para aprobar algunas reformas legales como la avalada el pasado 25 de octubre, la cual establece que las cuentas públicas serán entregadas cada mes a partir del próximo año y ya no cada trimestre como sucede hasta ahora.

Sin embargo, como esa reforma implicó un cambio constitucional es necesario que los Cabildos de los 60 ayuntamientos la respalden para que pueda ser válida y publicada en el Periódico del Estado para que entre en vigor, medida que no está siendo aceptada no sólo por los alcaldes y sus regidores, sino porque el secretario de Gobierno de Tlaxcala, José Aarón Pérez Carro, quien lleva a cabo una fina operación para evitar que se cumpla con ese requisito legal.

La propuesta de cambiar la Constitución y establecer los nuevos tiempos de entrega de las cuentas públicas de los entes fiscalizables estuvo a cargo de María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, quien ha sido fiel testigo de la operación de Pérez Carro y de cómo va fracasando su “moderna” sugerencia legal.

La actitud del funcionario menista ha sido interpretada como un agravio a los diputados de Morena, el PT y el PES que casi en su mayoría prometieron unidad y trabajo coordinado con el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, de ahí que ahora están decididos a revisar con lupa el proyecto de presupuesto que envió el mandatario para meterle tijera y hacer ajustes como una respuesta a su negativa de apoyar la mencionada reforma constitucional.

La relación entre el Legislativo local y el Ejecutivo del estado se tensará y no descarte que de un momento a otro empiecen las descalificaciones.

Los cambios

El gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez decidió realizar nuevos cambios en la estructura de su gobierno. Tres de los cinco candidatos a legisladores federales que participaron en los pasados comicios del primero de julio fueron reincorporados a la nómina oficial.

Anabel Alvarado Varela encabezará la Comisión Organizadora de la Conmemoración de los 500 años del Encuentro de Dos Culturas, Florentino Domínguez Ordoñez asumió el control de la Coordinación General del Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario (Sepuede) y Enrique Padilla Sánchez se hará responsable de la Universidad Politécnica de Tlaxcala.

Mariano González Aguirre, ex diputado local e hijo del ex gobernador Mariano González Zarur, no fue llamado ni convocado para asumir una posición en la administración pública estatal, por lo que seguramente seguirá en el ostracismo donde suele hablar pestes de todos.

La mediocridad del procurador Aquiahuatl

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Si había alguna duda de que José Antonio Aquiahuatl Sánchez era un procurador de Justicia balín, esta semana quedó despejada al observar su insultante inmovilidad en un caso de justicia de propia mano que llevaron a cabo con total impunidad los iracundos habitantes de la comunidad de Muñoztla del municipio de Chiautempan.

Sin que existieran claras evidencias de que dos jóvenes originarios de San Bartolomé Cuahuixmatlac, comunidad vecina de Muñoztla, intentaron robarse un vehículo en la segunda población, los vecinos de la misma cansados de la inseguridad y la ineficiencia de las autoridades decidieron detenerlos, golpearlos y casi lincharlos, bajo la mirada de la policía municipal, estatal y de investigación que dejaron y solaparon esas conductas que también eran ilegales.

Los hechos registrados la noche del martes de esta semana fueron ampliamente difundidos y con asombro los ciudadanos comprobaron que las autoridades se encuentran rebasadas y que son incapaces de hacer valer el estado de Derecho en Tlaxcala.

Sin tener pruebas más que la acusación verbal de una persona de esa comunidad, los vecinos de Muñoztla procedieron a golpear, juzgar y exigir la reparación del supuesto daño para evitar el linchamiento que estaban dispuestos a concretar para poner, según ellos, un contundente ejemplo a los presuntos delincuentes que decidan cometer fechorías en su pueblo.

Pasaron minutos y horas sin que las autoridades estatales tuvieran la capacidad operativa y política para intervenir y rescatar a los jóvenes de nombres Javier N. y Jesús N. Sólo se limitaron a observar y permitir esos excesos que vulneraron la frágil legalidad que prevalece en el estado.

Al final, los “enardecidos” vecinos de Muñoztla recibieron 60 mil pesos de los familiares de los dos jóvenes retenidos y en un gesto de bondad los dejaron en libertad para que por sus propios medios se trasladaran a una institución médica para recibir atención.

En teoría el chafa procurador José Antonio Aquiahuatl debió iniciar una investigación no sólo en contra de los jóvenes para determinar si se dedican o no a robar vehículos o a otras actividades ilícitas que merezcan ser castigadas, sino también tuvo que abrir otro proceso contra los habitantes de Muñoztla que simplemente no pueden aplicar su ley y burlarse de las instituciones.

La mediocridad del procurador de Justicia de Tlaxcala es preocupante porque su omisión y negligencia envía señales muy negativas a los ciudadanos.

Valdría la pena que ese ineficaz funcionario diera la cara y explicara en qué casos si intervendrá la Procuraduría General de Justicia en el Estado y en cuáles no, porque pareciera que en Tlaxcala hay privilegiados que pueden tomar la ley en sus manos y ejercerla de acuerdo a sus conveniencias sin que enfrente alguna consecuencia, tal y como sucedió en esa comunidad del municipio de Chiautempan.

Resulta grave el comportamiento del procurador en casos tan delicados como el antes mencionado, pero también la indiferencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno y de los legisladores locales y federales que lejos de abordar el tema para exigir respeto a la ley prefieren evadirlo para no comprometerse.

En Tlaxcala nadie podrá negar que ya vivimos la ley de la selva.

En vilo la viabilidad del nuevo hospital

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Un proyecto que seguramente algún día de estos arrancará pero que no será una prioridad para el futuro gobierno federal que encabezará el presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador será el nuevo Hospital General de Tlaxcala, debido al alarmante diagnóstico que su equipo de trabajo ha realizado sobre el descuidado, deteriorado y quebrado sistema de salud del país.

La grotesca lentitud con que Francisco Javier Romero Ahuactzi, titular de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi), ha llevado a cabo el proceso para licitar e iniciar la obra de lo que será el nuevo Hospital General de Tlaxcala es sin duda un factor ha afectado la viabilidad del proyecto que corre el riesgo de no ser terminado en la actual administración estatal.

Aunque parezca increíble, el desarrollo de ese proyecto ha implicado más de un año, pues fue anunciado desde mediados del 2017 y es la fecha que aún no se sabe cuál será la empresa responsable de la obra y cuándo comenzarán los trabajos en un predio de San Matías Tepetomatitlán, municipio de Apetatitlán, donde se edificarán 16 mil 400 metros cuadrados de instalaciones con cinco áreas de atención, 90 camas hospitalarias, dos salas de expulsión, cinco quirófanos y una área de investigación.

Desde febrero de este año se mencionó que el proyecto ya estaba casi listo, pero la realidad es que apenas en octubre se realizaron los últimos procedimientos de la licitación de la obra, sin embargo a casi un mes de que procedió a la apertura de las propuestas del concurso organizado por la Secoduvi se desconoce si hay una empresa ganadora.

Las futuras autoridades que asumirán la responsabilidad de la Secretaría de Salud en el próximo gobierno federal ven con cierto recelo el proyecto del nuevo Hospital General de Tlaxcala. En primera porque apenas si está garantizada (300 millones de pesos) una tercera parte de lo que costará ese nosocomio (más de 900 millones de pesos) y porque antes de alentar un nuevo centro hospitalario pretenden hacer funcionar los hospitales y clínicas que se han construido en los últimos años por las administraciones del panista Felipe Calderón Hinojosa y el priista Enrique Peña Nieto y que hoy en día no están equipados y ni tienen personal médico.

El diagnóstico del sector salud es alarmante, no sólo por el tamaño de la corrupción que prevalece, sino porque el sistema de vacunación se ha descuidado enormemente al grado que en unos años esa negligencia representará un alto riesgo para la salud pública y porque los servicios médicos que se ofrecen a los ciudadanos cada vez son más deficientes.

La fuga de recursos millonarios que se ha tenido a través del Seguro Popular es escandalosa, así como los casos de corrupción en donde no sólo están involucradas las autoridades, sino el sindicato de los trabajadores de la Secretaría de Salud.

En la actualidad hay 19 ex funcionarios que se hicieron cargo del sector salud en diferentes estados del país que están en la cárcel o enfrentan un proceso penal por presuntamente desviar los fondos públicos que manejaron.

Se dice que las futuras autoridades federales antes de pensar en grandes obras en materia de salud tratarán de corregir las enormes fallas que han sido detectadas, de ahí que el Hospital General de Tlaxcala no será una prioridad, lo cual no quiere decir que la obra no se llevará a cabo, sino que ésta avanzará a paso lento como le gusta trabajar al ineficiente Francisco Javier Romero.

Este día el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez entregará al Congreso del Estado su propuesta de presupuesto para el próximo año, documento que será interesante conocer para ubicar cuáles serán las prioridades y qué rubros registrarán un aumento en su gasto, como seguramente lo tendrá el sector educativo a cargo de Manuel Camacho Higareda, cuya imagen y trabajo seguirán siendo impulsadas con miras a las elecciones locales del 2021.

Ojalá se incremente el presupuesto para la construcción del Hospital General de Tlaxcala, cuyo proyecto ya tiene un subejercicio de 300 millones de pesos que no se ejercieron en este año porque como se ha dicho aún no se concluye con la mentada licitación.

Veremos si para el 2019 la administración estatal etiqueta una partida similar a la de este año y se dan claras señales de que el hospital es una obra prioritaria que será terminada antes de que concluya el gobierno de Mena Rodríguez.

La doble moral de Morena y sus aliados

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La actual legislatura local que controla el partido de Andrés Manuel López Obrador conocido como Morena y sus aliados decidieron mandar al carajo la credibilidad y confianza que en Tlaxcala se tenía en ellos y optaron por el camino de la protección, la impunidad y el solapamiento de los actos que prometieron combatir durante las pasadas campañas electorales, pues en el caso de Ixtenco decidieron limpiar y no castigar la cuestionada labor del presidente municipal Miguel Ángel Caballero Yonca.

Lejos de hacer valer su palabra y demostrar con hechos que los diputados de Morena, el PT y el PES serían diferentes en el desempeño de sus cargos, esas fracciones parlamentarias decidieron ver pos sus intereses y compromisos políticos y personales antes que actuar a favor de la legalidad y la gobernabilidad.

Los argumentos que se dieron a conocer durante la lectura del dictamen emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado sobre el caso de Ixtenco no fueron suficientes para convencer a los legisladores de que Caballero Yonca había incurrido en ciertas inconsistencias financieras y administrativas que debían ser sancionadas.

Pese a que se documentaron los excesos del soberbio edil, al final los diputados de Morena, el PT (salvo Víctor Castro López) y el PES hicieron valer su mayoría y determinaron absolver a Miguel Ángel Caballero de todas las acusaciones que pesaban en su contra y que fueron determinantes para suspenderlo del cargo por un periodo de 90 días que aprobó la pasada legislatura que controlaba el PRI y sus aliados.

Lo anterior representa un pésimo antecedente porque está claro que los diputados locales que llegaron a sus cargos por el impulso de López Obrador no tienen la mínima intención de castigar la corrupción y los excesos del ejercicio del poder. Antes que el pueblo están sus compromisos y eso será su tumba política, porque los ciudadanos no aceptarán esa burla y tarde o temprano les cobrarán esa traición a los legisladores locales que dicen impulsar la cuarta transformación del país.

Los principales defensores de Miguel Ángel Caballero fueron el diputado presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso, Víctor Baéz López y el legislador del PES, José Luis Garrido Cruz, quienes en esta ocasión no aceptaron la recomendación del enlace del gobernador con el legislativo Arnulfo Arévalo Lara, en el sentido de abstenerse de limpiar el cagadero que hizo el alcalde de Ixtenco porque el conflicto en esa población de agudizaría si optaban por esa tonta salida.

De acuerdo con la actitud asumida por los diputados de Morena, el PT y el PES, a Caballero Yonca habría que pedirle una disculpa por los agravios que ha sufrido en las últimos meses, ponerlo de ejemplo en la elaboración y presentación de cuentas públicas y solicitar la ayuda de un sacerdote para exorcizarlo a fin de impedir que alguna fuerza extraña o maligna se vuelva aparecer en ese municipio y ordene a los policías arremeter contra los habitantes que decidan manifestarse en contra de ese digno clon del protagonista de la película La ley de Herodes.

En 75 días los mencionados legisladores destruyeron su credibilidad. Su pésima decisión seguramente tranquilizó a los alcaldes tlaxcaltecas en funciones que ya comprobaron que los diputados son susceptibles a dejarse consentir para lograr acuerdos al margen de la ley.

Los legisladores lopezobradoristas están muy lejos de cumplir su palabra empeñada y emprender acciones para investigar y castigar la abundante corrupción en Tlaxcala, lo cual es una enorme decepción.

Aquí no queda más que decir la frase que hace unos meses lanzó el hoy presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. “Al diablo con su Congreso del Estado”.

El nuevo magistrado del TET

La llegada de Miguel Nava Xochitiotzi como nuevo magistrado del Tribunal Electoral de Tlaxcala por un periodo de 7 años resultó extraña y de inmediato se especuló que su designación se logró gracias a un acuerdo que alcanzaron tres enemigos políticos de la diputada federal Lorena Cuéllar Cisneros.

En el proceso final que se llevaba a cabo en el Senado para designar al futuro integrante del TET, la intención era dejar ese cargo para una mujer, por lo que los legisladores federales revisaban las propuestas de Fanny Margarita Amador Montes, Verónica Hernández Carmona, Yareli Álvarez Meza e Yovani Reyes Molina.

Sin embargo, cuando trascendió que una de ellas gozaba de la simpatía de Lorena Cuéllar, futura coordinadora del gobierno federal en Tlaxcala, la propuesta cambió y la senadora Ana Lilia Rivera Rivera en coordinación con su compañero de bancada José Antonio Álvarez Lima habrían operado para que en lugar de una mujer fuera nombrado un varón de nombre Miguel Nava Xochitiotzi, quien también habría recibido la bendición del mandatario tlaxcalteca.

Muchos dirán que la llegada de Nava Xochitiotzi al TET fue una casualidad, pero la verdad es que su designación tiene aires de complot.

Se busca oposición en Tlaxcala

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A más de cuatro meses de las elecciones federales y locales que impusieron una nueva realidad política en Tlaxcala, hasta el momento los dirigentes de los partidos que participaron en esos procesos no terminan por entender que viven otra circunstancia y que en la entidad dejó de tener presencia la oposición, situación que beneficia a Morena y sus aliados y al maltrecho PRI.

Hasta ahora la única esperanza que existe en Tlaxcala es que el PAN resuelva sin contratiempos la renovación de su dirigencia estatal para convertirse en una oposición activa que pueda hacer contrapeso al PRI que controla al gobierno del estado con el mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez y a Morena que junto con sus satélites el PT y el PES ejerce el poder en el Congreso del Estado y en unos días más dominará la administración pública federal con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador.

El PRD sufre un claro proceso de extinción tras las elecciones del 2016. Su líder estatal Juan Manuel Cambrón Soria está desaparecido y el protagonismo del diputado local Miguel Ángel Covarrubias Cervantes tiene sumido al sol azteca en el desprestigio porque en los hechos ese legislador se comporta más como un priista que como un militante de un partido de izquierda.

El PRI está desorganizado y temeroso de su nueva realidad. En Tlaxcala aunque controla el gobierno del estado su presencia mediática es nula al igual que su trabajo político y el comportamiento de su dirigente estatal, Roberto Lima Morales, es el de aceptar una derrota anticipada en los comicios del 2021 en que se elegirá al próximo gobernador.

Si bien el PRI perdió el control del Poder Legislativo en la entidad y no logró ninguna posición en la Cámara de Diputados, lo cierto es que mantiene el gobierno del estado y el control de varios municipios, lo cual lo debería aprovechar antes de que sea demasiado tarde.

La ausencia de oposición en el estado es evidente y los ciudadanos empiezan a observar ese vacío, de ahí que no sería extraño ver que las críticas a las autoridades provengan de nuevos liderazgos que surjan para llenar los espacios que los dirigentes de los partidos y los diputados locales no quieren ocupar.

Joel Molina Ramírez, líder de Morena en Tlaxcala, lleva un trabajo interesante rumbo a las próximas elecciones locales, pues se ha dedicado a contactar a la mayoría de los presidentes municipales en funciones para tratar de sumarlos a su causa, con el propósito de que apoyen al partido de López Obrador para los futuros comicios en que los tlaxcaltecas saldrán a votar por alcaldes, diputados y gobernador.

En la primera elección local (2016) donde Morena participó tuvo malos resultados, pero en su segundo proceso electoral (2018) obtuvo triunfos importantes por el arrastre de Andrés Manuel López Obrador. Para los comicios del 2021 la intención de ese partido es retener el control del Congreso del Estado, gobernar la mitad de los municipios de la entidad y lograr el gobierno de Tlaxcala.

Hasta hace unos días se pensaba que el principal competidor de Morena y sus aliados en Tlaxcala sería el PRI, pero esa percepción ha ido cambiando porque todo apunta a que el PAN podría representar un problema porque estaría en posibilidades de convertirse en una oposición incómoda si logra salir unido de su proceso interno para renovar su dirigencia y si la fractura que alienta a nivel nacional el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa no tiene graves consecuencias.

Tlaxcala necesita una verdadera oposición y ojalá pronto aparezca.

La inseguridad pega a la gobernabilidad

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El gobierno del estado debe impedir que siga creciendo la escalada de inseguridad si desea mantener la gobernabilidad, pues para la mala fortuna de las autoridades la tranquilidad en los municipios está desapareciendo por diferentes hechos delictivos que están provocando la molestia de los habitantes que exigen resultados a sus alcaldes, a la policía estatal y a la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE).

Los últimos acontecimientos violentos registrados en la entidad deberían representar una seria preocupación para el gobierno estatal, porque los robos armados que han terminado en homicidios de dos jóvenes han indignado a los tlaxcaltecas que están a un paso de organizarse y empezar un movimiento para demandar justicia y sobre todo un cambio en las estrategias para combatir y detener a los delincuentes.

El crimen organizado que opera en Tlaxcala y que las autoridades se niegan a reconocer, está empeñado en mostrar su fuerza y cada que puede envía un reto al gobierno que lejos de actuar con contundencia se muestra permisivo e inoperante ante esas bandas.

Se dice que el pasado 1 de octubre los delincuentes que se mueven en la entidad dejaron un mensaje a las autoridades cuando procedieron a levantar al policía municipal de Yauhquemehcan Ricardo N. en el momento en que custodiaba el Hotel Pegaso y un campo de gotcha, lugar donde semanas atrás se había ejecutado a un ex policía federal y a su ayudante.

Los criminales se llevaron al uniformado y el hecho derivó en una intensa movilización para dar con el paradero del policía y su patrulla. El primero fue localizado amarrado y con señales de haber sido golpeado por los alrededores de Ciudad Judicial, mientras que la unidad oficial fue ubicada en un camino de terracería del municipio de San Cosme Xaloztoc.

Como suele suceder con todos los casos de alto impacto, la Procuraduría General de Justicia en el Estado que controla el lenguaraz José Antonio Aquiahuatl Sánchez se limitó a dar a conocer el hecho, pero se reservó la información sobre las presuntas amenazas que recibió el oficial y que también se hicieron extensivas a toda la policía municipal y estatal.

Por esa razón, no resulta extraño lo que sucedió en el municipio de El Carmen Tequexquitla durante el fin de semana cuando varios delincuentes enfrentaron a elementos de la policía estatal en los momentos en que intentaban robar un tráiler. El saldo lamentable de ese suceso fue un uniformado muerto tras recibir varios impactos de bala.

El sábado por la noche también se registró el asesinato de un joven en el municipio de Mazatecochco. El homicidio según la versión de los familiares se cometió para concretar un robo, pues los delincuentes dispararon sus armas para despojar de dinero y algunas otras pertenencias al vecino de esa población que era hijo de un empresario textilero.

La muerte de ese joven se suma a la reportada hace unos días en el municipio de Apizaco, cuando un comerciante fue ultimado para arrebatarle 50 mil pesos que minutos antes había retirado de una institución bancaria. Pese a que su ejecutor está plenamente identificado, los agentes de la PGJE no lo han podido o no han querido detenerlo.

La estrategia en materia de seguridad que ahora implementa Eduardo Valiente Hernández no ha dado resultados. El trabajo del procurador José Antonio Aquiahuatl es deficiente y malo, pues si comparamos la lista de homicidios y robos violentos contra la lista de detenidos y personas sujetas a un proceso por esos hechos delictivos comprobaremos que el nivel de eficiencia es mínimo.

Ambos funcionarios deben entender que su deficiente labor ya está afectando la gobernabilidad del estado, lo cual resulta preocupante porque el malestar de los tlaxcaltecas que ahora se centra hacia los presidentes municipales que están totalmente rebasados en materia de seguridad, pronto podría trasladarse hacia el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez.

Sería un grave error ignorar el enojo de los ciudadanos, sobre todo porque a la actual administración y a los alcaldes aún les quedan 34 meses en el poder.