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Un divorcio en puerta por culpa del dinero

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La relación entre el Ejecutivo y los diputados locales entró en un tobogán que al final podría poner fin a la relación de sometimiento y complicidad que existía de los segundos con el primero, pues todo hace suponer que no tendrán acuerdos y que las diferencias provocadas por el manejo de los recursos públicos serán más fuertes que los deseos de mantener ese matrimonio de conveniencia.

Aprovechando la noche y como si se buscara la complicidad de la obscuridad para ocultar algo, el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez presentó sus observaciones al Presupuesto de Egresos de este año.

El mandatario se inconformó del recorte que sufrió la Oficialía Mayor de Gobierno, el sector educativo, Pensiones Civiles y que nueve municipios de los 60 que conforman el estado hayan quedado fuera de los recursos del fondo de infraestructura municipal que crearon los diputados.

También le pareció grave que el presupuesto del Tribunal de Justicia Administrativa se hubiera reducido en 50 por ciento, lo que impedirá a los magistrados que integran esa instancia recibir los jugosos salarios que se habían establecido.

Mena Rodríguez no está de acuerdo con la reducción que se aprobó para dependencias, organismos desconcentrados y entidades del Poder Ejecutivo y menos que esos recursos se hayan asignado al Poder Legislativo y al Poder Judicial.

Según el documento, la disminución en el presupuesto de 70 millones de pesos que se hizo a la Oficialía Mayor de Gobierno al pasar de más de 223 millones de pesos a poco más de 153 millones de pesos impedirá a esa dependencia cumplir con las obligaciones y funciones que realiza, como sería el aumento de sueldos y salarios que se negocian en abril con el sindicato dentro de las revisiones que se hacen al contrato colectivo de trabajo.

Las observaciones plasmadas en un documento de 21 cuartillas detallan las inconsistencias que según el gobernador existen en el Presupuesto de Egresos del 2019 que fue avalado por los diputados, por lo que solicita que sean atendidas y corregidas.

Hasta ahora no se descarta que esa ley sea vetada y la disputa legal llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que todos se verán obligados a ejercer el gasto de este año de acuerdo con los lineamientos del presupuesto del 2018.

Por lo pronto, los diputados se preparan para analizar en comisiones el miércoles y el jueves las observaciones que el gobernador Mena Rodríguez hizo a la Ley de Austeridad, Racionalidad, Probidad y Disciplina en el Manejo del Presupuesto Público y las reformas al Código Financiero, con el propósito de estar en posición de votar en el pleno esas normas con algún cambio o simplemente dejarlas como están.

En una primera revisión efectuada a las observaciones recibidas, los legisladores no han encontrado sustancia, al grado que consideran exageradas las afirmaciones que señalan que la mencionada ley de austeridad y las reformas al Código Financiero transgreden principios constitucionales y la división de poderes.

El consenso inicial entre los legisladores es mantener esa norma y los cambios aprobados, decisión que el mandatario Mena podrían conocer antes de que venza el plazo que otorga la ley a los diputados, quienes deberán iniciar las negociaciones para sacar adelante a los integrantes de la próxima mesa directiva del Congreso del Estado que legalmente tiene que operar en unos días más.

El gobernador Marco Mena quiere jugar a las vencidas y tratará de salir airoso en esta confrontación que sostiene con los diputados de la coalición opositora integrada por Morena, el PT, el PES y el PRD que se sumó, pero su decisión le podría salir muy cara si los legisladores hacen públicas las observaciones que tienen sobre el destino poco claro de los 90 millones de pesos que dispone anualmente la oficina del mandatario, así como los casos de corrupción que están más que acreditados en el Itife y en la Secoduvi y que involucran a funcionarios estatales y la red de empresas que un familiar del mandatario utiliza para hacer negocios millonarios.

El desenlace de esta historia será de pronóstico reservado.

Rumores que podrían terminar en escándalos

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Con el paso de los meses el misterio que existía en torno a la extraña desaparición de los bienes muebles del Congreso del Estado que se perdieron tras la millonaria remodelación que registró el edificio se ha ido aclarando, al grado que hoy se tienen evidencias claras de dónde fue a parar ese mobiliario que era de buena calidad y que su venta pudo generar ganancias a un ex diputado local.

 

Si los actuales diputados locales quieren saber el destino de los muebles que fueron sacados del edificio que alberga el Poder Legislativo y que presuntamente fueron robados por un ex legislador, porque nunca se siguió un procedimiento legal para dar de baja esos bienes del inventario, deberían preguntar entre los empleados quiénes fueron los que participaron en la mudanza y conocerán qué paso con esos artículos.

Se dice que los muebles caros y en excelente estado fueron almacenados en una bodega que se localiza cerca del Outlet Puebla Premier y la Planta Armadora Volkswagen en el vecino estado, la cual sería una propiedad del junior y ex diputado local Mariano González Aguirre.

Nadie sabe si los diputados están haciendo algo para recuperar esos bienes y para aclarar los desfalcos que encontraron en las finanzas del Congreso Local, porque al parecer la intención es olvidar esos temas y solapar no sólo el presunto robo de esos muebles, sino de los recursos públicos que hoy ayudan a mantener una vida de lujos a un ex diputado que sigue esperando una llamada para incorporarse al gobierno del estado.

Y ya que hablamos de la familia González, le cuento que el actual responsable de la Comisión Estatal de Seguridad, Eduardo Valiente Hernández y el encargado de la Oficialía Mayor de Gobierno, Luis Miguel Álvarez Landa, podrían recibir varias solicitudes de información para que aclaren si hay elementos de esa corporación asignados a la seguridad del ex gobernador Mariano González Zarur y el número de vehículos y sus características que tiene bajo su responsabilidad el ex mandatario.

Se habla que son cerca de 19 elementos los que cuidan la seguridad y propiedades del hacendado y que por lo menos tendría bajo su resguardo cuatro camionetas del gobierno del estado.

Si Eduardo Valiente anda recuperando los elementos de la CES que estaban asignados a tareas de vigilancia en ciertas empresas para según él tener más policías en las calles, también debería llamar a los agentes que resguardan a Mariano González y sus propiedades porque nada justifica que los ciudadanos paguen esos excesos.

Otro funcionario que también podría quedar en evidencia es Jorge Luis Vázquez Rodríguez, actual titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, quien le gusta presumir la inversión privada que llega para crear nuevas empresas y sobre todo el número de empleos que se han generado en Tlaxcala.

Se sabe que desde el año pasado y en el actual ese funcionario recurrió a empresas dedicadas al outsourcing para pedirles que parte de las contrataciones que realicen las acrediten en Tlaxcala, sin que en realidad esos trabajadores vivan o desempeñen su labor en el estado, sino simplemente para que los datos estadísticos se asienten y eleven las cifras de la entidad.

Ese especialista en la simulación pronto será evidenciado y quedará demostrado que le encanta inflar no sólo alcohol, sino los números para justificar su mediocre trabajo.

La desesperante realidad de los municipios

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La tensa calma que se percibe en por lo menos una veintena de ayuntamientos pronto estaría en condiciones de desvanecerse y convertirse en una serie de conflictos que golpearán las estabilidad política y social de los municipios y del estado. A dos años de estar en funciones, los alcaldes ya comprobaron que cada año es más difícil cumplir con los compromisos financieros ante la escasez de recursos que registran sus arcas.

 

El ayuntamiento de Apizaco no fue el único que enfrentó problemas financieros para cubrir el pago total de las prestaciones de fin de año a los trabajadores, pues hubo otros que también pospusieron para estas fechas el cumplimiento de esas obligaciones luego que los recursos programados no alcanzaron , debido a que sus administraciones tuvieron que absorber aumentos no previstos en ciertos insumos, así como destinar partidas para pagar los adeudos que heredaron y reparar vehículos, muebles e inmuebles que los ex alcaldes dejaron inservibles a finales del 2016.

Es una realidad que los 60 ayuntamientos del estado han dejado de recibir apoyos económicos del gobierno del estado y cada vez se ven obligados a mejorar su recaudación para tratar de mantener a flote sus administraciones.

Ante tal panorama económico, los alcaldes tlaxcaltecas estarían obligados a iniciar un proceso de recorte de personal y aplicar ciertas medidas de austeridad para evitar conflictos con su personal y con los ciudadanos que en algunos municipios están cansados por la falta de obra y la desbordante inseguridad, pero sobre todo porque si quieren evitar problemas deberán planear el cierre de sus gobiernos que desde ahora están sometidos a un rigurosa supervisión y vigilancia por parte del Órgano de Fiscalización Superior que en el 2017 encontró quebrantos millonarios que fueron solapados por los ex diputados y que se desconoce si ya fueron solventados.

La estabilidad que prevalece en los cabildos de los ayuntamientos está en riesgo, pues si bien hay varios municipios donde los regidores y síndicos están en contra de los ediles por el dudoso manejo financiero que realizan, pronto se complicará más esa situación cuando se confirme que a partir de este año los presidentes de comunidad podrán ejercer su derecho al voto que recientemente le devolvieron los diputados locales, debido a que muchos llegarán a vengarse después de ser maltratados por dos años.

El 2019 seguramente será un año donde se multiplicarán los conflictos municipales que terminarán convirtiéndose en un dolor de cabeza para las autoridades estatales.

El fantasma de los moches ronda Tlaxcala

Quien será el diputado o diputada que podrá explicar los criterios que se utilizaron para repartir los recursos del Fondo de Fortalecimiento de Obras y Acciones aprobado la madrugada del 29 de diciembre, como parte del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2019.

Los legisladores realizaron recortes a otras partidas y generaron una bolsa de 250 millones de pesos. Esos recursos fueron etiquetados al parecer de manera discrecional porque nadie sabe que lineamientos se siguieron para asignar esos fondos a los ayuntamientos, ya que por ningún lado se ve un criterio de equidad o una medida establecida en una política pública para combatir la pobreza.

Al parecer los diputados de Morena, el PT y el PES junto con los del PRD se vieron tan buena onda que decidieron beneficiar a administraciones panistas con montos importantes como fue el caso de San Pablo de Monte y Apizaco con más de 26 y 21 millones de pesos cada una, castigando a Acuamanala, San Lucas Tecopilco , Atlangatepec, Xiloxoxtla , Coaxomulco, Españita, Mazatecochco, San José Teacalco, Quilehtla, Tocatlán y Tzompantepec que no recibieron ningún peso, como si en esas poblaciones no hubiera necesidades o rezagos en infraestructura que se deben atender.

El ayuntamiento capitalino de Tlaxcala logró un ridículo monto de 4.7 millones de pesos, cuando sus necesidades de obras y de infraestructura son mayores a las de Tlaxco que manejará 11.6 millones de pesos o de Ixtacuixtla que dispondrá de 8.2 millones de pesos.

Dicen que tales inconsistencias están relacionadas a la política de “los moches” que se instauró y se puso de moda en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, cuando los legisladores solicitaban un estímulo o se encargaban de ejecutar la obra etiquetada para así obtener una utilidad ilegal ajena a su actividad como representante popular.

Entre los alcaldes que no recibieron ningún peso hay uno que asegura que fue castigado porque simplemente no aceptó “mocharse” con el diputado local que le ofreció asignarle un recurso.

Ojalá que lo anterior sólo sea un rumor y no se compruebe, porque si resulta real la credibilidad de los diputados que aprobaron ese fondo se iría al cagadero.

Por lo pronto urge que los diputados expliquen cuál fue el criterio que usaron para asignar los recursos, pues la opacidad que existió en ese proceso empieza a generar muchas dudas.

El obligado tema de la sucesión en Tlaxcala

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El gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez entró a la etapa intermedia de su periodo para el que fue electo, por lo que de ahora en adelante será inevitable el tema de la sucesión en Tlaxcala. Los precandidatos opositores aprovecharán cualquier asunto para mantenerse vigentes y en el ánimo de los electores, mientras que los aspirantes priistas tienen la obligación de mostrarse y empezar a jugar si es que no quieren rezagarse rumbo a los comicios del 2021.

Las circunstancias políticas en Tlaxcala cambiarán en el presente año no sólo al interior del grupo en el poder que deberá realizar ajustes y cambios para enfrentar las elecciones del 2021, sino en la oposición que si quiere ganar la gubernatura y quitársela al PRI tendrá que armar un proyecto viable y llevar como candidato o candidata al mejor aspirante posicionado.

Si bien hoy en día hay elementos y condiciones que hacen pensar que Morena y sus aliados naturales (el PT y el PES) podrían ganar sin problemas la gubernatura en Tlaxcala, la realidad es que el PRI estaría en condiciones de dar pelea si pone en marcha un urgente proceso de reestructuración y deja de ser un ente pasmado incapaz de superar la derrota electoral que sufrió a nivel nacional y en el estado en los comicios del año pasado.

El PAN se encuentra fracturado y debilitado y para sobrevivir quizá deba recurrir a otra alianza electoral con el PRD, partido que está moribundo y sin figuras capaces de revivirlo.

Normalmente los gobernantes siempre llegan fortalecidos y con una estructura política y electoral definida a la mitad de sus administraciones, lo cual hoy no se percibe en Tlaxcala cuando vemos que el mandatario Mena apenas si alcanza una aprobación de casi tres de cada diez tlaxcaltecas y cuando su gabinete y equipo de trabajo refleja cansancio y ningún ánimo de cumplir con las expectativas que los ciudadanos depositaron en el proyecto que ganó la gubernatura en el 2016.

Los ciudadanos empiezan a observar a un gobernador débil que estaría siendo sometido por unos inexpertos diputados locales que se mueven más por instinto que por conocimiento, lo cual se debería evitar porque de mantenerse esa idea la sucesión se complicará y disminuirán las posibilidades de que el PRI retenga el gobierno de Tlaxcala.

Los cambios de ciertos funcionarios de la administración estatal son más que obligados, pues está más que comprobado que su labor en los últimos dos años fue intrascendente y que en esas circunstancias no son útiles para el trabajo y operación que viene, como es el caso de los secretarios de Salud, Alberto Jonguitud Falcón; de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, Francisco Javier Romero Ahuactzi ; de la Contraloría del Ejecutivo, María Maricela Escobar Sánchez; de Turismo, Roberto Núñez Baelón; y de Políticas Públicas y Participación Ciudadana, Lenin Calva Pérez.

El gobierno de Mena no ha estado ajeno al tema de la sucesión, ya que nadie puede negar que su acercamiento con el grupo orticista y la UAT tiene fines políticos, así como el apapacho que ha ofrecido al ex gobernador morenista priista José Antonio Álvarez Lima y a la ex embajadora y ex mandataria de Tlaxcala, Beatriz Paredes Rangel.

El grupo del ex gobernador Mariano González Zarur ya está reagrupándose y su activismo está presente por todo el estado, por lo que en unos meses saldrán a mostrar su apoyo y respaldo al ex diputado federal Ricardo García Portilla, quien también es impulsado por priistas con influencia nacional.

Anabell Ávalos Zempoalteca, alcaldes capitalina que le encanta negar sus aspiraciones políticas cuando en realidad se muere de ganas por ser la candidata del PRI al gobierno del estado, tiene prendida su veladora para que Miguel Ángel Osorio Chong deje el Senado y se convierta en el líder nacional del ex partidazo, pues sabe que su amigo podría ser un factor de peso para ayudarla a cumplir su enfermiza obsesión de ser la segunda mandataria de Tlaxcala.

La carrera por la sucesión ya comenzó y nadie la detendrá.

Distanciamiento obligado o ruptura de conveniencia

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Será en las próximas semanas cuando se compruebe si el distanciamiento que tuvieron los diputados de la coalición integrada por Morena, el PT, el PES y el PRD es permanente con el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez o de simple coyuntura y de conveniencia al reasignar partidas en el presupuesto de egresos del siguiente año, cuyos fondos serán etiquetados por los legisladores.

Los intentos que emprendieron los operadores del gobernador para evitar la modificación al presupuesto de egresos del 2019 no prosperaron y sus esfuerzos por convencer con estímulos económicos a los legisladores casi prosperan, pero al final prevaleció la congruencia y avanzó el recorte a algunas partidas cuyos recursos públicos eran utilizados para mantener gastos superfluos o para financiar fiestas y festivales.

Víctor Manuel Báez López, el aún presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política fue un espectador más de ese proceso legislativo, al grado que ya comprendió que su liderazgo sólo existe en su mente como se le dejaron en claro sus compañeros de bancada y de otras fracciones parlamentarias.

Arnulfo Arévalo Lara, enlace del Ejecutivo con los diputados locales, no pudo con la tarea que le encargo su jefe, pues durante ese proceso comprobó que sólo goza de la lealtad ciega de su legisladora priista, de los dos diputados del PAN, así como de las representantes de Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano, número de legisladores que apenas si le alcanza para hacer algo de ruido en la tribuna con acusaciones estrambóticas.

Su estrategia de llevar al Congreso del Estado a los ridículos líderes de las secciones 31 y 55 del SNTE, Demetrio Rivas Corona e Ignacio Díaz Grande, respectivamente, junto con otro grupúsculo de maestros para protestar contra los recortes al presupuesto de egresos no tuvo ningún efecto, más que retrasar por algunas horas lo que era inevitable.

Aunque la reasignación alcanzó los 430 millones de pesos que implicó la reducción en las partidas que recibirán la Oficialía Mayor de Gobierno, Pensiones Civiles, el fondo de seguridad pública y los apoyos básicos de la educación, ésta no fue tan grave porque no tiene implicaciones financieras que pongan en riesgo la operatividad de la actual administración.

En Tlaxcala los legisladores de Morena, el PT, el PES y los convenencieros del PRD impulsaron la creación de un fondo para fortalecer la autonomía municipal que apenas si suma los 250 millones de pesos, cuando en otras entidades como el Estado de México esa misma coalición legislativa procedió a recortar al Ejecutivo más de 2 mil millones de pesos en su presupuesto, así como a bajar los recursos al Poder Legislativo y Judicial con 300 millones de pesos a cada uno y generar con otros ahorros una bolsa de 4 mil millones de pesos que serán distribuidos en 125 municipios que conforman ese estado.

En los últimos cuatro meses la relación entre el gobernador priista Marco Mena y el Congreso del Estado con mayoría de Morena, el PT y el PES ha tenido altibajos que les ha permitido transitar, sin embargo habrá que ver si a partir de enero retoman el acuerdo de sumisión que ofreció Báez López al Ejecutivo o se hace más grande la distancia al grado que en unas semanas más se hable de una ruptura.

Una prueba de la sumisión que el diputado morenista priista Víctor Manuel Báez tiene hacia el mandatario estatal, es que se dedicó a obstaculizar y evitar cualquier comparecencia de algún funcionario con relación a la glosa del Segundo Informe de Gobierno, pues el plazo legal para llevar a cabo ese procedimiento ya venció y ningún legislador tuvo la iniciativa de pedir la visita de un secretario al menos para cuestionar algún párrafo de ese documento oficial.

Hoy es el último día del presente año y aprovecho para desearle a los lectores de e-consulta Tlaxcala y de este espacio de opinión lo mejor para el 2019. Felicidades.

El jaloneo por el control del Congreso del Estado

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El control que ejerció el PRI con un solo diputado sobre el Congreso del Estado en los últimos cuatro meses podría perderse entre hoy y el lunes, en caso de que la alianza legislativa conformada por Morena, el PT y el PES decida valer su mayoría y opte por romper los acuerdos insanos que algunos diputados establecieron con el gobierno priista de Marco Antonio Mena Rodríguez.

Hoy el PRI junto con la chiquillada conformada por cinco diputados locales (PAN, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano) intentará frenar las modificaciones al presupuesto de egresos del 2019 que ya hicieron los legisladores de Morena, el PT y el PES, quienes al recortar y reasignar recursos no sólo crearon una bolsa de 250 millones de pesos que serán distribuidos entre los 60 municipios de la entidad, sino que además generaron otro fondo que también será manejado por los legisladores para financiar programas productivos.

Arnulfo Arévalo Lara, enlace del Ejecutivo con los legisladores intentará seducir, quizá con la ayuda de algún estímulo económico, a otros diputados para evitar que prosperen los cambios al mencionado presupuesto que debilitará las finanzas del gobernador Mena Rodríguez y fortalecerá la figura de los ocupantes de las principales oficinas del edificio de Allende.

Incluso, se habla que la chiquillada estaría en condiciones de presentar este día su propuesta de presupuesto de egresos alterna, la cual fue elaborada por la actual administración estatal y que si bien presenta algunos cambios, éstos son mínimos y se ciñe a los lineamientos de la iniciativa original que hace unos días envió el mandatario a los legisladores.

Si los diputados de Morena, el PT, el PES y los dos del PRDLaura Yamil Flores Lozano y Miguel Ángel Covarrubias Cervantes- que ahora por conveniencia marchan al lado de la oposición se mantienen firmes y no ceden a las órdenes del PRI, es probable que cada legislador disponga de casi 20 millones de pesos que podrá repartir entre los alcaldes que serían los beneficiados al obtener más recursos públicos.

Lo malo de ese proceso de reajuste y reasignación de partidas, es que los presidentes municipales no están mostrando mucho interés por esos fondos, pues hasta anoche muy pocos se habían acercado a los legisladores para proponer proyectos y lograr la dotación de recursos.

La mayoría de los ediles anda de vacaciones o se encuentra en recuperación como la alcaldesa capitalina, Anabell Ávalos Zempoalteca, quien hace unos días se sometió a una cirugía de trasplante de córnea y por esa razón no atiende a nadie.

Y como nunca falta los vivales, le cuento que el diputado federal plurinominal del PT, Silvano Garay Ulloa, una vez que se enteró que su hija la legisladora local Irma Garay Loredo manejaría recursos para obras, citó a una veintena de alcaldes para, según dicen, ofrecerles recursos a cambio de una comisión porque a ellos les cuesta mucho trabajo negociar y obtener esas partidas.

El operador del gobernador en el Congreso, el diputado morenista priista, Víctor Manuel Báez López, está convertido en un inútil, porque aunque aún se ostenta como presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política la realidad es que todos lo ignoran y ha dejado pasar propuestas como la iniciativa de Ley de Austeridad, Racionalidad, Probidad y Disciplina en el Manejo del Presupuesto Público del Estado de Tlaxcala y sus Municipios que terminará beneficiando y fortaleciendo la labor que lleva a cabo el Órgano de Fiscalización Superior.

De no existir algún cambio, esa ley podría ser aprobada este día, pues no se descarta que al concluir la sesión de la Comisión Permanente se realice una sesión extraordinaria para tal efecto, donde además se podría también discutir y avalar el presupuesto de egresos del 2019.

Es obvio que Ramiro Vivanco Chedraui, el junior diputado verde morenista que impulsó esa propuesta de austeridad nunca vio ni analizó el alcance de esa ley que sin dudas es buena, pero que al final generará un gran descontento entre los funcionarios estatales y municipales que ahora deberán restringir más sus gastos y someterse a la supervisión de los auditores del OFS, instancia que ampliará su poder e influencia en el estado, incluso por encima de los legisladores locales.

Si los alcaldes y los responsables de las dependencias estatales y de los entes fiscalizables ya tenían problemas para justificar adecuadamente los recursos públicos, imagínese cómo les irá ahora que tendrán que realizar ajustes y cumplir con otras disposiciones legales para hacer efectiva la racionalidad del gasto.

Sin duda Ramiro Vivanco será señalado como el culpable de incrementar, el de por sí ya pesado trabajo administrativo, de ahí que ese mediocre diputado deberá cargar con las mentadas que pronto empezará a recibir.

Los superdelegados más firmes que nunca

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ayer confirmó que pese a la oposición que existe de algunos gobernadores y de una parte de los senadores para que los superdelegados operen en las 32 entidades, éstos seguirán siendo los representantes del gobierno federal y los encargados no sólo de los programas sociales, sino de los recursos que se asignen a los estados en materia de obra pública.

Ayer los superdelegados recibieron un espaldarazo de López Obrador y al mismo tiempo fueron exhortados para dar resultados en la integración del Censo de Bienestar que será determinante para que las personas reciban los apoyos que el nuevo gobierno federal se comprometió a entregar a partir de enero del 2019.

Aunque el promedio nacional del avance de los censos de los beneficiarios de los diferentes programas es del 50 por ciento, hay entidades como Oaxaca y Chiapas que se encuentran en un porcentaje mayor, así como Puebla y Tlaxcala que en términos reales reportan un progreso del 60 por ciento en esa tarea.

Esta primera encomienda para los superdelegados representa una prueba de su efectividad y trabajo, pues es obvio que el presidente de México sigue de cerca esa labor y está evaluando la capacidad de esos funcionarios federales que en caso de no dar resultados podrían ser cambiados.

Tlaxcala se encuentra en el ánimo de López Obrador, a quien no se le olvida que fue el segundo estado del país donde obtuvo la más alta votación para convertirse en presidente de México, por esa razón en enero se tienen previstas dos visitas del tabasqueño, de las cuales ya está enterada la superdelegada del estado, Lorena Cuéllar Cisneros.

La primera podría darse antes del 10 de enero y López Obrador vendría para poner en marcha la ampliación y modernización de la carretera Tlaxcala-Apizaco, trabajos que si bien ya iniciaron hace unas semanas con algunas deficiencias, la obra serviría de marco para dar a conocer el programa carretero y de mantenimiento que el gobierno federal tiene planeado para el 2019.

Posteriormente y antes de que finalice el primer mes del 2019, Andrés Manuel López tiene planeado llegar nuevamente a Tlaxcala para iniciar la entrega de los apoyos de uno de los programas sociales que su administración pondrá en marcha y que la superdelegada Lorena Cuéllar coordinará y supervisará a fin de evitar corrupción y el uso con fines políticos electorales.

Algo de lo que no se habló ayer durante el encuentro privado que los superdelegados sostuvieron con el presidente y los secretarios de la administración federal, fue la recomendación que hizo López Obrador a los miembros de su gabinete en el sentido de abstenerse de hacer designaciones de delegados en las dependencias que controlan, porque el único canal oficial para trabajar en los estados es a través de los superdelegados, lo que fue interpretado como un espaldarazo para esos funcionarios que en algunas entidades sufren el maltrato de los gobernadores y de otros actores políticos.

El proyecto de López Obrador de impulsar a funcionarios desde el gobierno federal para ganar gubernaturas en las próximas elecciones está en marcha y se mantendrá pese a quien le pese, por lo que ahora sólo falta esperar para ver si ese experimento le da los resultados esperados.

Por cierto, el que pronto podría verse inmiscuido en otro escándalo es el secretario de Salud de Tlaxcala, Alberto Jonguitud Falcón, quien al parecer procedió a repartir las certificaciones de comunidades saludables sin cumplir con los requisitos que establece ese programa, porque simplemente ese funcionario estatal pretende captar los recursos que llegan por ese proyecto gubernamental y así simular que trabaja cuando todos saben que desde hace dos años está de vacaciones en la entidad.

El caso antes mencionado ya fue notificado a las autoridades federales que podrían iniciar una investigación para evitar que exista mal uso de los recursos económicos que se destinan a ese programa.

Y así como los proveedores del Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) sufren por los adeudos cercanos a los 15 millones de pesos que esa dependencia se niega a pagar, en la Secretaría de Salud de Tlaxcala existe un problema similar que implica varios millones de pesos que los abastecedores de servicios y productos reclaman y que pronto podrían hacer público.

Algo pasa en el gobierno del estado porque los adeudos con los proveedores van en aumento y nadie se explica las razones si las autoridades siempre presumen finanzas sanas y cero deuda pública.

Las implicaciones de la muerte de Moreno Valle en Tlaxcala

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El presunto accidente aéreo en donde perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo, y su esposo el senador Rafael Moreno Valle Rosas, sin duda tendrá implicaciones entre algunos tlaxcaltecas que mantenían una relación comercial y política, pues seguramente la empresa que rentó la nave será investigada con lupa y los panistas que recibían el apoyo del legislador quedarán huérfanos.

Rafael Torre Mendoza y José Antonio Torre Mendoza son los dos tlaxcaltecas accionistas de Servicios Aéreos del Altiplano SA de CV (Saasa), empresa que es dueña del helicóptero en el que perdieron la vida la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo y el senador Rafael Moreno Valle Rosas.

Desde el día en que se registró el accidente, la empresa está sujeta por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a una exhaustiva investigación no sólo legal, sino técnica para verificar si el mantenimiento que tuvo la aeronave era el correcto y el adecuado, con el propósito de descartar su responsabilidad en la tragedia que enlutó a los poblanos.

Ahora los empresarios tlaxcaltecas amigos del ex gobernador Mariano González Zarur son cuestionados por su cercanía y relación con ciertos gobiernos, como el de Puebla y Tlaxcala donde a través de una comercializadora realizaron negocios millonarios con la venta de tabletas electrónicas que fueron repartidas a alumnos de ambos estados.

Los dueños de la empresa Saasa no han fijado ninguna postura respecto al desplome del helicóptero Augusta de su propiedad, de ahí que seguramente será hasta el final de las investigaciones cuando se conozca si Rafael Torre Mendoza y José Antonio Torre Mendoza tuvieron o no alguna responsabilidad.

Por lo que respecta a los panistas tlaxcaltecas que quedaron en la orfandad tras la muerte del ex gobernador de Puebla y senador Rafael Moreno Valle, se encuentra el grupo que apenas el 16 de diciembre se hizo del control del Comité Directivo Estatal del PAN a través del ex diputado local José Gilberto Temoltzin Martínez.

Si bien esos panistas lograron el control del partido en Tlaxcala, lo cierto es que su enlace y protector a nivel nacional era Rafael Moreno Valle. Ante su ausencia lo más seguro es que esos panistas pierdan fuerza y presencia y enfrenten los embates de los grupos encabezados por la diputada federal Adriana Dávila Fernández y el que preside el debilitado ex alcalde capitalino Adolfo Escobar Jardinez.

Adriana Dávila moverá sus influencias y relaciones para desacreditar a José Gilberto Temoltzin, quien es señalado como un panista que sirve a los intereses del partido Morena que llevó al poder al presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

La senadora plurinominal Minerva Hernández Ramos tratará de buscar otro aliado en el Senado para garantizar cierta presencia política que le permita sobrevivir los próximos años. Su necesidad de tener protección de otro panista con influencia será tan grande que no dudará en desconocer al grupo de José Gilberto Temoltzin y del senador Rafael Moreno Valle, porque está en su naturaleza ser traidora y convenenciera.

La muerte del ex gobernador de Puebla es un duro golpe para los panistas de Tlaxcala que perdieron a su principal benefactor.

De todo un poco para ir cerrando el año

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Más allá de quién resulte ganador del proceso interno del PAN para encabezar la dirigencia del partido en Tlaxcala, la división será la constante y la peor enemiga del futuro representante de ese instituto político, ya que las descalificaciones y la guerra sucia que ha prevalecido durante el proceso de campaña impedirán que haya reconciliación y unidad entre los grupos que al parecer su intención es destruirse para nunca convertirse en una oposición fuerte y organizada.

El proceso interno del PAN que culminará este domingo con la elección del próximo dirigente estatal resultó un cagadero donde todos los grupos salieron manchados de su plumaje, situación que afectará a cualquiera de los tres aspirantes a ocupar el cargo que dejará el gris Carlos Carreón Mejía, de ahí que Ángelo Gutiérrez Hernández, José Gilberto Temoltzin Martínez o Asael Corona Ramírez encontrarán un partido dividido, enfrentado y con una pésima imagen ante los electores tlaxcaltecas.

La posibilidad de que ese partido saliera fortalecido tras elegir a un nuevo dirigente estatal se diluyó. Si bien el PAN no desaparecerá, si perderá presencia y difícilmente recuperará los espacios que llegó a tener en Tlaxcala donde gobernó a más del 50 por ciento de la población del estado.

El PAN no tiene presencia y su imagen se ha deteriorado no sólo porque desapareció de la agenda mediática, sino porque hoy en día se ha convertido en el plomero del PRI a través de su diputado local Omar Milton López Avendaño, quien optó por lo fácil y la conveniencia para dejar a un lado su independencia y su libertad.

No cabe duda que el próximo domingo el PAN vivirá un desastroso proceso interno que le dejará serias heridas.

No sólo misógino, sino también gandalla

Durante la sesión de trabajo de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado celebrada ayer, el diputado morenista-priista Víctor Manuel Báez López no sólo confirmó que es un misógino, sino un gandalla que como vil porro utilizó la violencia verbal para conservar su cargo como presidente de ese órgano de gobierno que, según él, se lo debe a Joel Molina Ramírez, líder estatal de Morena y al convenenciero senador José Antonio Álvarez Lima.

Báez López montó en cólera cuando la coordinadora de los diputados de Morena María Ana Bertha Mastranzo Corona se presentó a la sesión de trabajo de la mencionada comisión para ser incluida.

No sólo fue recibida con gritos e insultos que compartió con la diputada Luz Vera Díaz, presidenta de la Mesa Directiva y representante del PES, sino que no se le dejó participar al grado que su voto fue ignorado.

La actitud misógina de Báez fue respaldada por su lacayo panista Omar Milton López Avendaño, quien también arremetió verbalmente contra Mastranzo Corona sólo por el simple hecho de reclamar su lugar en la Junta de Coordinación y Concertación Política.

El diputado Báez que suele ser títere de Arnulfo Arévalo Lara, enlace del gobernador Marco Mena con el Poder Legislativo, tratará de cumplir la instrucción y buscará imponer a la perredista-priista Laura Yamil Flores Lozano como presidente de la Comisión Permanente del Congreso del Estado a fin de evitar que un diputado morenista ajeno a los intereses del grupo entreguista asuma esa posición.

Si alguien duda del entreguismo de Báez López, sólo que pregunte porque en la sesión ordinaria de ayer operó junto con los diputados de la chiquillada para frenar la creación de una comisión especial que ayude a declarar en Tlaxcala la alerta de género por los feminicidios registrados en el estado.

Otro fiestón del procurador

Mañana uno de los consentidos del actual procurador de Justicia en el Estado, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, contraerá nupcias en Veracruz y por esa razón se dispone a consentir a su jefe para que lo siga impulsado.

El afortunado es Eduardo Medina agente del Ministerio Público de la Mesa Especializada en Homicidios Dolosos región Sur, con sede en la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien se unirá en matrimonio con la hija de un Juez Federal.

El procurador ya le confirmó a su subordinado que si asistirá a la boda que se realizará en Veracruz, y de la que Eduardo Medina, presume que se la pagará su suegro porque según él así debe ser.

Éste Ministerio Público se caracteriza porque no judicializa las carpetas de investigación, ya que su falta de conocimientos le impide realizar un trabajo eficiente, por lo que recurre a la experiencia y talento de la abogada Laura Maza, otra agente del Ministerio Público.

Hay antecedentes de que han sacado de los juzgados a Eduardo Medina, toda vez que no sabe el procedimiento para judicializar las carpetas de investigación que han integrado por homicidios dolosos.

Pero este “jurista” es protegido del procurador, José Antonio Aquihuatl. Al parecer es puntual al momento de pasar la cuota y evitar que lo muevan del cargo. Además es de los pocos privilegiados que acude a parrandas del “jefe de jefes” que suelen iniciar en La Cantina de los Amigos.

Dicen que el encargado de pedir dinero a los familiares de los posibles responsables de haber asesinado a personas, es su auxiliar de nombre “Pepe”, quien les comenta que si le dan determinada cantidad, el Ministerio Público, Eduardo Medina, no judicializará su asunto. De esa forma sale para la cuota y para pagar las parrandas y comidas que suele disfrutar al lado del señor procurador.

Ese Ministerio Público tiene un amplio corazón y es todo un casanova entre las ministerios públicos y las jóvenes abogadas que laboran en las oficinas de la PGJE, mañas que son reconocidas y aplaudidas por su jefe. Salud.

La mala fama ganada a pulso

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El Poder Judicial de Tlaxcala no quedará exento de las críticas que enfrentan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los magistrados y jueces que laboran a nivel federal, a quienes se les acusa de recibir de abultados salarios y otras prestaciones que los ubica como los empleados mejor pagados de México.

En Tlaxcala, los magistrados encabezados por el poblano Héctor Maldonado Bonilla no cantan mal las rancheras y aunque no me crea aquí los encargados de impartir la ley cobran envidiables salarios que demuestran que la austeridad en el Poder Judicial no existe y que los recursos públicos se manejan de manera ilegal.

Lo anterior será motivo de otra columna no muy lejana, porque hoy le quiero confirmar que al interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado lo que vale es la amistad y los pactos donde estuvo de por medio el alcohol y las vomitadas.

Recordará que hace unos días le comentaba sobre un amañado proceso de licitación que realizó el TSJE para contratar los servicios de intendencia y jardinería que implicaban un negocio de 1,637,340,00 pesos para el ganador.

Desde un inicio estaría acordado el mentado negocio para el ex contralor de la pasada administración Hugo René Temoltzin Carreto, quien en una primera instancia lo pretendió obtener a través de una de sus tantas empresas denominada Mom Tlax S.A de C.V que era representada por su suegra Aurelia Ramírez Gordian.

Pero como se descubrió su jugada, Maldonado y Temoltzin habrían decidido bajar a esa empresa y seguir en el concurso a través de Aurelia Ramírez, a quien se le permitió hacer una propuesta como persona física, lo cual violaba la recomendación de la Contraloría Interna.

Al final la suegra del ex contralor del ex gobernador Mariano González Zarur obtuvo el contrato, fallo que fue impugnado por la empresa “Cuatro Señoríos el Reto” S.A de C.V a través de su representante legal Gerardo Campech López.

La inconformidad que llegó a la Contraloría del Poder Judicial en contra de Aurelia Ramírez y que detallaba las anomalías registradas en el proceso de licitación simplemente fue desechada sin abrir una investigación.

La instrucción de Héctor Maldonado fue dejar firme el fallo y su deseo se cumplió al pie de la letra, lo que hizo pensar que el pacto establecido en la borrachera que se puso la Feria de Tlaxcala con su amigo marianista Temoltzin Carreto se concretó pese quien le pese.

La Contraloría ignoró que la ganadora Aurelia Ramírez incumplió con los requisitos contemplados dentro de la convocatoria para la licitación al no realizar la visita que debían llevar a cabo los interesados, ya que ella se acreditó como representante de la empresa Mom Tlax S.A de C.V y no como persona física, que es como ganó el contrato.

Otro aspecto que generó sospechas de todas las empresas participantes, es que la suegra de Hugo René Temoltzin hizo una propuesta económica sólo 500 pesos por debajo de la razón social “Cuatro Señoríos el Reto” S.A de C.V, la cual se inconformó con el fallo, lo que hace pensar que los sobres fueron abiertos con antelación para darle ventaja a la familiar del conocido ex funcionario estatal.

Si así se comporta y se maneja el TSJE en las licitaciones que convoca para contratar ciertos servicios, imagínese cómo será el actuar de los magistrados y los jueces a la hora de impartir la justicia en Tlaxcala.

Ante ese entorno, asusta la propuesta de reforma a la ley que Héctor Maldonado hizo ante el Congreso del Estado para modificar el Código Financiero, pues con ese cambio busca que el Poder Judicial tenga la posibilidad de captar recursos económicos por diferentes cobros de servicios que brinda esa instancia.

Aunque no dio muchos detalles de su propuesta, el magistrado presidente del Poder Judicial estaría proponiendo rentar algunos espacios de Ciudad Judicial para que en ellos se instalen algunos negocios que seguramente ya tienen planeados sus amigos marianistas o generar producto adicionales a los servicios que ofrece el TSJE como “la consulta por medios electrónicos”, cuya inversión según comentó ya se tiene prevista pero que hasta ahora nadie conoce el proyecto y mucho menos se sabe quién sería la empresa encargada de manejar esa información que debe ser confidencial.

Como podrá ver los marianistas han convertido en el TSJE en un buen negocio.