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Las lecturas del Tercer Informe de Gobierno

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Ayer quedó más que demostrada la excelente relación que existe entre el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez y la administración federal que encabeza el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, así como el rompimiento irreversible entre el grupo político menista y el que preside el ex gobernador Mariano González Zarur que lleva tres informes haciéndole el feo al actual mandatario que llegó al cargo gracias al impulso y decisión del hacendado.

Marco Mena se mostró en su Tercer Informe de Gobierno más que atento con los funcionarios federales que asistieron al acto y que estuvieron encabezados por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien sin tapujos reconoció el trabajo del priista y no paró en halagos, como el hecho de destacar el crecimiento del 4 por ciento que logró Tlaxcala, las obras de gran impacto realizadas sin recurrir a la deuda pública, el programa de becas y otras acciones que permitieron a muchos tlaxcaltecas abandonar la pobreza extrema.

La ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en su momento salvó al priista Mario Marín Torres, el ex gobernador precioso de Puebla de ir a la cárcel y de enfrentar la justicia por supuestamente conspirar contra la periodista Lydia Cacho, hoy se desvivió en consentir al mandatario tlaxcalteca que está convertido en el mejor aliado de la Cuarta Transformación en un estado que después de Tabasco le dio más votos a López Obrador para ganar los comicios presidenciales del 2018.

Si bien estuvieron presentes los ex gobernadores Tulio Hernández Gómez, Samuel Quiroz de la Vega, Beatriz Paredes Rangel, el camaleónico José Antonio Álvarez Lima y el ex panista Héctor Ortiz Ortiz, la ausencia del ladino ex priista y ex perredista Alfonso Sánchez Anaya pasó desapercibida, no así la inasistencia del hacendado ex gobernador Mariano González Zarur que sigue generando especulaciones y reacciones entre la clase política.

El gobernador Mena se mostró prudente y nunca mencionó al PRI. Sólo agradeció la presencia del dirigente nacional de su partido Alejandro Moreno Cárdenas, quien fue sentado en primera fila al lado de los mandatarios de Oaxaca, Alejandro Murat y del Estado de México, Alfredo del Mazo.

Si fue un acto premeditado o no, llamó la atención el hecho de que en el evento oficial sólo se mencionaran los nombres de dos de las aspirantes que son manejadas para suceder en el cargo a Marco Mena, la priista y alcaldesa de la capital, Anabell Ávalos Zempoalteca y la delegada de Programas Integrales de Desarrollo del gobierno federal, Lorena Cuéllar Cisneros.

Por cierto, Lorena Cuéllar no sólo fue apapachada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, sino por la Directora de Atención Ciudadana de Palacio Nacional, Leticia Ramírez Amaya. Fue una de las políticas tlaxcaltecas que más saludos y muestras de afecto recibió por parte de los asistentes al Centro de Convenciones, al grado que el hermano del gobernador de Tlaxcala, Fabricio Mena, aprovechó la oportunidad y no tuvo ningún problema para solicitarle una reunión porque le urge hablar y tratar temas importantes, detalle que fue observado por varios invitados al informe.

En el evento también se pudo ver a un desangelado Mariano González Aguirre, quien fungió como mayordomo de Alejandro Moreno. Sin poder y sin cargo relevante, el hijo del ex gobernador de Tlaxcala prácticamente fue ignorado por la clase política a la que siempre maltrato.

Otro político tlaxcalteca que fue denigrado y que hace dudar de su llegada a la dirigencia del PRI en el estado, fue Noé Rodríguez Roldán, quien tras dejar el gabinete estatal fue sentado a la orilla del recinto y muy lejos de Alejandro Moreno, pese a que en agosto pasado fungió en Tlaxcala como su coordinador de campaña en el proceso interno que ese partido llevó a cabo para elegir a sus nuevos líderes.

La cuenta regresiva de la administración de Marco Mena empezó y el tema de la sucesión será cada vez más recurrente. Al actual gobierno le queda un año y ocho meses en el poder y la pregunta que todos se hacen es si el PRI tendrá la capacidad para retener la gubernatura o si ya está resignado a entregarla a Morena.

Diputados al banquillo de los acusados

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Varios será los problemas legales que tendrán que enfrentar en breve los diputados locales por sus cuestionadas y absurdas decisiones.

De entrada ya fueron emplazados a contestar una demanda de amparo que un grupo de ciudadanos presentó contra la decisión del Congreso del Estado de aprobar la cuenta pública del 2018 del ayuntamiento de Panotla que preside el fiestero y desordenado perredista Eymard Grande Rodríguez.

El asunto que parece simple no lo es, porque los diputados tlaxcaltecas ahora tendrán que justificar ante la justicia federal por qué razón cambiaron el sentido del dictamen del Órgano de Fiscalización Superior que establecía la reprobación de esos estados financieros ante el cúmulo de inconsistencias financieras y administrativas detectadas.

Hasta donde se sabe, los diputados locales dieron por buena cierta comprobación y optaron por avalar esa cuenta pública que entre otras muchas irregularidades tiene el gasto de 150 mil pesos que por servicio de café de un solo día pagó la administración de Eymard Grande.

Se dice que ese amparo no es el único, porque también se menciona que existe otro en los mismos términos pero que involucra la cuenta pública del ayuntamiento de Yauhquemehcan que encabeza el panista Francisco Villarreal Chairez.

A esos dos litigios seguramente se sumará el que promoverá en los próximos días el magistrado del Poder Judicial, Elías Cortés Roa, quien por lo que se ve no logrará su ratificación en el cargo debido a que los legisladores de Morena, el PT y el PES no están dispuestos a darle su bendición, dejando en claro que de nada sirvió la reunión secreta que sostuvieron para tratar de llegar a un arreglo.

El tiempo legal para llevar a cabo ese procedimiento de ratificación o no venció el pasado 15 de octubre, lo que le da elementos al gris magistrado Cortés para inconformarse y litigar en la justicia federal su permanencia en el cargo como en su momento lo hizo el otro magistrado triquiñuelas de nombre Fernando Bernal Salazar.

Sin sorpresas el Tercer Informe de Gobierno

El gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez aprovechará el mensaje por el Tercer Informe de su Gobierno para destacar los avances que ha logrado en materia de generación de empleos, crecimiento económico, combate a la pobreza y seguramente establecerá los plazos definitivos para entregar terminadas las obras emblemáticas de su administración como el nuevo Hospital Regional de Tlaxcala, la modernización de la carretera Tlaxcala-Apizaco y la ampliación del estadio Tlahuicole.

Para nadie es un secreto que el mandatario ha logrado establecer una buena relación con el gobierno federal que encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de ahí que mostrará prudencia y evitará cualquier crítica a esa administración que será representada en ese acto oficial por Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.

Tlaxcala aunque se encuentra gobernada por el PRI no ha sido castigada presupuestalmente por la federación. Si bien sufrió recortes de fondos en algunos programas como también lo reportaron otros estados del país, lo cierto es que para el 2020 dispondrá de un presupuesto superior a los 21 mil millones de pesos, cantidad superior a la que dispuso en el presente año.

Marco Mena es un gobernador que entendió de inmediato la nueva realidad política del país después de que López Obrador ganara la presidencia de México el 1 de julio del 2018 y se supo adaptar a ella, de ahí que quizá encabeza uno de los estados donde el gobierno federal ha encontrado un buen aliado para aterrizar y operar sus programas y acciones debido a que las autoridades de ambos ámbitos de gobierno han dejado a un lado sus diferencias políticas para ponerse a trabajar y dar resultados.

Durante el Tercer Informe de Gobierno no se esperan sorpresas ni grandes anuncios. Se descarta un discurso cargado de política y con mensajes entrelineas rumbo a la sucesión, porque Marco Mena sabe que no es el foro ni el lugar para mezclar la política con el gobierno y sólo se limitará a describir e informar el estado que guarda la administración pública.

Veremos cuáles son los avances y los pendientes. Quizá a los medios nos tocará hablar de las omisiones y de uno que otro fracaso que se tenga, pero eso será después de que se tenga acceso al informe y se conozca el mensaje que este día dará el gobernador Mena Rodríguez.

Lo bueno y lo malo de los enroques en el gobierno

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La rotación de algunos funcionarios en el gabinete del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez ha empezado a dar resultados para la administración. La escasa movilidad y acercamientos con los tlaxcaltecas a través de la Secretaría de Salud se superaron, al igual que el problema de la escasez de placas para automovilistas que se prolongó por varios meses.

La salida de Alberto Jonguitud Falcón de la Secretaría de Salud y la llegada de René Lima Morales ha permitido un cambio en la operación de esa dependencia, pues desde hace unas semanas y a través del programa denominado “Ruta por tu Salud” se decidió acercar los servicios médicos a los tlaxcaltecas, situación que ha permitido cambiar poco a poco la percepción que se tenía en el sentido de que ese sector estaba abandonado o no le interesaba a las autoridades estatales.

Otra dependencia donde también se percibe un estilo diferente de trabajo, es en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, donde el nuevo titular José Luis Ramírez Conde se abocó para solucionar el problema heredado y que tenía que ver con la escasez de placas nuevas para los automóviles, ya que desde mayo de este año prácticamente se agotaron las láminas y las pocas que quedaron se limitaban a los ciudadanos, lo que alentó la corrupción en esa dependencia.

Hoy las placas nuevas están disponibles y en unos días más se espera que quede regularizado el abasto y los trámites a fin de disipar el malestar de los tlaxcaltecas.

Pero así como hubo funcionarios que emprendieron acciones concretas para atender la problemática que tenían sus dependencias, también hay otros que están dedicados a echar rostro y presumir los avances que ha tenido su sector, pero que en realidad no se han metido a atender los contratiempos que existen.

Un buen ejemplo de lo anterior es el caso del olvidado hotel propiedad del gobierno del estado y que se localiza en Atlihuetzia, el cual en teoría sería manejado por la cadena Holiday Inn.

La responsable de la Secretaría de Turismo, Anabel Alvarado Varela, lejos de andar cacareando el crecimiento sostenido de esa actividad, debería dedicarle tiempo a verificar por qué razón dicho hotel no ha abierto sus puertas, luego que a finales del gobierno de Mariano González Zarur fue cerrado y arrebatado al grupo Hoteles Misión.

El anterior titular de la Secretaría de Turismo del Estado de Tlaxcala, Roberto Núñez Baleón, reveló en el 2017 que se buscaría una nueva cadena hotelera para que se hiciera cargo del inmueble y éste pudiera reabrir sus puertas en el menor tiempo posible.

Meses después se supo que la cadena Holiday Inn se haría cargo del hotel tras concretar una inversión de 120 millones de pesos para su remodelación, sin embargo ya paso el 2018 donde se dieron dos probables fechas para su reinauguración sin que ninguna se concretara.

El 2019 también está por terminar y nadie sabe para cuándo estará operando ese hotel.

La funcionaria estatal debería mostrar mayor interés por el tema porque no resulta lógico que exista un hotel parado por la negligencia de alguien.

Un funcionario que deberá mostrar en el 2020 sus dotes de buen político y negociador para evitar que los campesinos realicen marchas y protestas, es Arnulfo Arévalo Lara, quien asumió el control de la Secretaria de Fomento Agropecuario.

Para el siguiente año su dependencia dejará de disponer de 38 millones de pesos que recibía de la federación a través del programa el Programa de Concurrencia, lo que sin duda generará la molestia de los productores que por años tuvieron acceso a esos fondos que utilizaban para la renovación de maquinaria, tractores, arados de rastras, remolques y otros equipos.

Si bien Arnulfo Arévalo concluirá el presente año sin sobresaltos y con resultados positivos por lo encaminado que le dejaron la dependencia, para los siguientes meses podría enfrentar problemas ante la falta de recursos para operar, pues los hombres del campo tlaxcalteca empezarán a reclamar la cancelación de los apoyos.

Veremos si ex el diputado tiene las tablas para mantener sereno el sector o si éste se le sale de control y se convulsiona como en los primeros años del gobierno panista de Héctor Ortiz Ortiz.

Juicios políticos, un tema espinoso para los diputados

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Sin medir y calcular las implicaciones de su actuar, los diputados locales pronto saldrán raspados y desgastados de más cuando empiecen a desahogar algunos de los 48 juicios políticos que tiene pendientes, pues es muy probable que utilice diferentes varas para medir y proceder porque de entrada no se sabe cuál es el criterio que emplearon para determinar qué caso si es prioritario y cual no.

Si bien los casos de juicio políticos son analizados y tratados en el Poder Legislativo, hasta ahora sólo el que se armó contra los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP) Marlene Alonso Meneses, Francisco José Morones Servín y José David Cabrera Canales ha procedido.

El asunto que se resolvió a mediados de julio de este año terminó con la destitución de los mencionados comisionados una vez que el pleno del Congreso local se erigió en jurado de sentencia respecto a tres juicios políticos promovidos desde el 2018.

Sólo 17 de los 25 diputados se instalaron en sesión extraordinaria para resolver esos juicios, pues a la sesión no se presentaron la perredista Laura Yamili Flores Lozano, las morenista María del Rayo Netzáhuatl Ilhuitcatzi y Patricia Jaramillo, así como la petista Irma Yordana Garay Loredo y los miembros de la bancada de Morena Víctor Manuel Báez López, Rolando Pérez Saavedra y José María Méndez Salgado, a quienes se sumó el delicado coordinador del PRD Miguel Ángel Covarrubias Cervantes.

Lo curioso del caso es que ahora entre esa lista de legisladores tlaxcaltecas hay unos que están presionando para que se agilicen algunos juicios políticos como el actual coordinador de los diputados de Morena José María Méndez Salgado y otros para que ciertos asuntos sean ignorados y no se les dé el trámite correspondiente.

De acuerdo con las declaraciones de ese legislador que preside la Comisión Instructora de Juicio Político del Congreso del Estado, hay 48 casos que están pendientes, mismos que son herencia de la pasada legislatura, por lo que se espera que un día de estos sean tratados y desahogados a fin de atender y dar respuesta a las denuncias de los ciudadanos inconformes.

El legislador conocido como “El Chema” afirmó que de esos expedientes 10 son prioritarios y que requieren una urgente resolución, pero no explicó cuáles son las razones y elementos que tienen para ser catalogados como apremiantes.

Su postura pareciera que tiene un interés personal y político porque en la lista de los 10 casos prioritarios incluyó los más recientes asuntos que llegaron al Poder Legislativo y que se refieren a los presidentes municipales de Huamantla y Axocomanitla, Jorge Sánchez Jasso y Martha Palafox Hernández, respectivamente, quienes para su mala suerte han logrado los consensos que se requieren para que los diputados opten por removerlos.

Más allá de que existan los elementos y las justificaciones legales, contables y financieras para destituir a esos dos ediles, lo cierto es que el proceder de los legisladores será muy cuestionado porque desde ahora ya se presume que en esos casos hay intereses poco claros y que están actuando por consigna, porque es obvio que dan entrada a esos expedientes y olvidan otros más que se presentaron con anterioridad y un principio básico de la ley “es que el primero en tiempo es primero en derecho”.

Habrá que ver si la vara utilizada para medir a esos dos alcaldes es la misma que emplearán los diputados tlaxcaltecas para otros presidentes municipales como el de Apizaco, Julio Cesar Hernández Mejía o el cachondo de Zitlaltepec de nombre Alejandro Juárez Cajica.

El tema de los juicios políticos es un arma de dos filos que los diputados deben aplicar correctamente si es que no quieren dar los elementos para que el estado se convulsione. Si un alcalde es destituido más por cuestiones políticas que legales, no dude que en las siguientes semanas se presenten más solicitudes de ese tipo y se registren movilizaciones para exigir el cambio de autoridades municipales.

Los diputados están por abrir una puerta que quizá después se arrepientan de haberlo hecho.

Al tiempo.

El PRI no cambia, pero tampoco entregará el poder tan fácil

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Después de más de dos meses de espera, por fin el PRI en Tlaxcala decidió poner en marcha la renovación de su dirigencia estatal, proceso que se ajustará a la vieja tradición de la imposición a través del dedazo del actual gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, quien tratará de disimular su decisión con una absurda asamblea de delegados que se encarga de avalar, sin ninguna objeción, el nombre del priista que tomará las riendas del ex partidazo.

El PRI está lejos de cambiar y transformarse para enfrentar su nueva realidad política electoral, de ahí que el pasado sábado dio muestras de que recurrirá a sus tradicionales métodos de operación a fin de construir y generar las posibilidades que le permitan retener el poder en las elecciones del 2021.

La apuesta del ex partidazo es que en el 2020 dos de sus precandidatos a la candidatura a la gubernatura Anabell Ávalos Zempoalteca, alcaldesa capitalina y Florentino Domínguez Ordoñez, secretario de Educación, crezcan en las preferencias y busquen armar una amplia coalición opositora que les permita ubicarse como una opción real de competencia a Morena y su abanderado o abanderada que hoy en día encabezan las encuestas.

El gobernador Marco Mena decidió cerrar el proceso de renovación en el PRI en Tlaxcala y descartó por completo una consulta abierta, pues no quiso arriesgarse a perder el control del ex partidazo, lo que evidencia que no renunciará a la oportunidad de imponer a la mayoría de los candidatos para los comicios del 2021 donde seguramente el reducido, limitado y mediocre grupo menista tratará de acaparar las designaciones y dejar una que otra posición al clan marianista.

Sin hacer mucha alharaca, los priistas bajo el mando del joven mandatario están dando señales de que darán la pelea por retener el gobierno de Tlaxcala y que las elecciones del primer domingo de junio del 2021 no serán un día de campo para Morena, toda vez que a la par de que han empezado a mover la aletargada maquinaria del ex partidazo, también buscan tener una mayor presencia y acercamiento con los electores a través de diferentes programas de la actual administración estatal.

Simplemente basta con ver el presupuesto de egresos del siguiente año para comprobar lo anterior y las recientes medidas puestas en marcha como el programa “Ruta por tu Salud” que hace unos días entró en operación y que no representa ninguna novedad, ya que esa estrategia es similar a la que tenía el gobierno panista de Héctor Ortiz Ortiz y que consistía en acercar los servicios médicos a los ciudadanos y a las ciudadanas a través de unidades móviles.

Otro sector que tiene meses trabajando políticamente es el educativo, donde el gobernador Mena decidió designar como encargados a operadores priistas que saben hacer su labor como Enrique Padilla Sánchez, rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, el desprestigiado Victorino Vergara Castillo que tiene el control del Colegio de Bachilleres y Teodardo Muñoz Torres, como responsable del Cecyte.

Marco Mena como buen jugador de ajedrez ya está moviendo sus piezas y conforme pasen los días y las semanas dejará ver hacia dónde se mueven sus preferencias. Su primera opción quizá sea el lambiscón y convenenciero Florentino Domínguez, pero nunca descartará a la alcaldesa capitalina que sigue siendo la mejor carta.

La disciplina y trabajo de Anabell Ávalos le puede conseguir la anhelada candidatura y demostrar que el PRI y ella pueden ser la combinación más competitiva para enfrentar a Morena.

Aunque hay otros priistas que se mencionan para la mencionada candidatura como el cuasi poeta metido a promotor del empleo y la capacitación, Manuel Camacho Higareda, la realidad es que sus posibilidades se fueron al cagadero cuando lo destituyeron como secretario de Educación para convertirlo en director del Sepuede e Icatlax.

El PRI está dando señales de vida y sólo falta ver si su trabajo le permite lograr triunfos en el 2021.

El insultante presupuesto para el sistema estatal anticorrupción

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Hasta ahora resulta inexplicable las propuestas de presupuestos de egresos que solicitaron algunas dependencias, poderes, tribunales y organismos del estado para el 2020, porque su trabajo y la enorme cantidad de recursos públicos que manejan no se justifican en ningún momento, por lo que valdría la pena que los diputados locales revisaran realmente esos planes financieros y llevarán a cabo los ajustes que impidan esos excesos.

Un claro ejemplo de lo anterior son los casi 16 millones de pesos que para el siguiente año se pretenden canalizar al Sistema Estatal Anticorrupción que resultó ser un organismo inservible y opaco, donde el personal que lo integra cobra atractivos salarios sin hacer absolutamente nada para combatir ese fenómeno que no sólo existen en los ayuntamientos, sino en la administración de Marco Antonio Mena Rodríguez.

Este año, a ese bodrio de sistema se le destinaron casi nueve millones de pesos, los cuales en su gran mayoría se fueron para pagar la nómina de los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y de los ocho burócratas que dicen laborar y auxiliar a la Secretaría Ejecutiva del organismo.

Esa instancia gubernamental es un adorno y una carga para los tlaxcaltecas. Si uno revisa su trabajo de inmediato llegará a la conclusión que representa un oneroso adorno que está más para encubrir y solapar la corrupción que en emprender acciones o proponer políticas públicas para enfrentar y castigar el desvío y manipulación de los recursos públicos que comenten las autoridades estatales y municipales.

En estén año, el Sistema Estatal Anticorrupción sólo elaboró el Informe del Comité Coordinador y el Informe del Comité de Participación Ciudadana que no aportan nada y hablan de lugares comunes.

Los resultados obtenidos no justifican el salario de 50 mil pesos que cobra mensualmente José Justino Pérez Romano como presidente del Comité de Participación Ciudadana y los 45 mil pesos que reciben cada uno de los otros integrantes de ese comité como Isabel Romano Hernández, Rumel Hernández Avendaño, Erika Montiel Pérez y Lucero Romero Mora.

Esos son los inútiles burócratas de ese sistema que cuesta a los tlaxcaltecas casi 9 millones de pesos en sueldos al año, más la ineficaz e inoperante plantilla de personal que encabeza Julio Caporal Flores como Secretario Ejecutivo del Sistema Anticorrupción de Tlaxcala, Cirilo Rosalio Espejel Velazco que se desempeña como Contralor Interno y Bernardino Santracruz Vázquez que presume ser el honesto director administrativo.

También cobran como parte del equipo jurídico Arturo Flores López y Monserrat Pérez García. Luis Enrique Bermúdez Cruz, se desempeña y no es broma, como jefe del Departamento de Riesgos y Políticas Públicas, mientras que Luis Ernesto Pérez Ramírez, dice controlar la inútil área de comunicación y Esteban García López es el responsable de la Oficialía de Partes.

Y por si no fuera poco mantener a esa bola de zánganos, el Sistema Estatal Anticorrupción quiere casi duplicar para el 2020 su presupuesto y disponer de 16 millones de pesos, pues su intención es contratar más personal que ayude a los que están contratados a echar mejor la hueva y tal vez acomodar a sus recomendados y novias que están a la espera de ser incluidos en la nómina oficial.

Pero no crea que es el único organismo donde pretenden consentirse y darse vida de “Godínez Fifí”, ya que también en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala quieren un incremento sustancial en su presupuesto al intentar ejercer para el siguiente año más de 43 millones de pesos, los cuales pronto se lo desglosaremos para que vea como en esa instancia se dan la buena vida los magistrados, sus recomendados y sus protegidos.

Si los diputados aprueban tales presupuestos, es decir, 16 millones de pesos para el Sistema Estatal Anticorrupción y 43 millones de pesos para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, prácticamente estarán tirando al cagadero casi 60 millones de pesos porque esas dos áreas encargadas de combatir la corrupción no sirven para nada.

O alguien pensará lo contrario.

Plan con maña o una declaración de guerra

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Si el análisis y aprobación del presupuesto de egresos del presente año generó un desencuentro y un alejamiento entre el joven gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez y los diputados locales, el del siguiente ejercicio fiscal correspondiente al 2020 seguramente llevará a la ruptura entre los dos poderes porque medirán fuerzas para ver quien impone su criterio sobre la distribución y gasto de los recursos públicos.

En el presupuesto del 2019 el gobernador Mena no considera ningún recurso para que los diputados etiquetaran obra en los municipios y entregaran apoyos al campo, sin embargo los legisladores tlaxcaltecas decidieron llevar a cabo recortes en algunas partidas del Poder Ejecutivo para disponer de casi 500 millones de pesos que al final aprobaron.

En el plan de gastos del 2020, el Poder Ejecutivo no incluyó la partida que este año manejaron los diputados para obras y entrega de apoyos a las actividades del sector primario, por lo que ese dinero público lo canalizó al Poder Judicial, al programa de combate a la pobreza extrema denominado “Supérate” y a otras instituciones educativas y dependencias estatales.

Tal decisión provocó la molestia de la mayoría de los legisladores que empezaron a revisar el presupuesto de egresos del 2020 que el gobernador Marco Mena envió el pasado viernes al Congreso del Estado para su revisión y aprobación, el cual será sometido a una cirugía mayor porque así como hace un año los diputados hicieron ajustes, para esta ocasión también tienen previsto meter tijera.

De entrada, los diputados no están dispuestos a autorizar para el siguiente año un presupuesto cercano a los 400 millones de pesos al Poder Judicial, casi cien millones de pesos más con respecto al 2019. Tampoco avalarán el incremento al fondo del programa “Supérate” cuando hasta ahora los 200 millones de pesos que se autorizaron no se han ejecutado.

Los legisladores que han solicitado la comparecencia de la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, María Alejandra Marisela Nande Islas, están molestos porque tal petición no ha prosperado y porque existe la sospecha de que en la actual administración hay varios subejercicios y fondos que están “perdidos”, como los 50 millones de pesos que se etiquetaron para atender a los enfermos renales de la entidad.

Hasta ahora no se sabe con precisión cuál es la intención del gobernador Marco Mena al presentar un Paquete Económico para el 2020 con tales características, pues de antemano el priista sabe que su propuesta no pasará y que ésta será modificada por los legisladores opuestos a su proyecto político, por lo que quizá busca que los diputados metan mano para estar en posibilidades de vetar el presupuesto, tal y como paso el año pasado.

Aunque el bobo y bisoño secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, asegure que prevalece una buena vecindad entre ambos Poderes para trabajar coordinadamente en el análisis responsable de la propuesta de Paquete Económico 2020, la realidad es que el buen entendimiento del que habla es una vil simulación porque los diputados no se dejarán manejar y manipular, pese a que la responsable de presentar el dictamen del presupuesto es la torpe y convenenciera morenista María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi.

Cuando el presupuesto del siguiente año sea modificado, seguramente se lanzará una campaña y una serie de acusaciones en contra de los diputados locales de Morena, el PT y el PES, bajo el argumento de que cometieron la osadía de recortar dinero al Poder Judicial y al programa para combatir la pobreza extrema, lo que terminará por enrarecer más la relación con el gobernador Mena Rodríguez.

Para algunos diputados el proceder y el comportamiento del actual gobernador y su negativa a establecer canales directos de comunicación y negociación es una declaración de guerra, de ahí que muy pronto Marco Mena será sometido a un escrutinio por parte de los legisladores que están hartos de su raro estilo de ejercer poder en Tlaxcala.

La confrontación entre el gobernador y diputados es inevitable.

El pleito sacará chispas y muchos quedarán salpicados con suciedad que empezará a surgir.

La pobreza extrema disminuyó sin el programa Supérate

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En las acciones de combate a la pobreza en Tlaxcala seguramente están influyendo otros factores ajenos al gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez, porque la entidad sigue reportando avances en ese rubro sin que hasta ahora se haya puesto en operación el programa Supérate que fue anunciado hace poco más de un año y al que se le autorizaron una inversión inicial de 200 millones de pesos.

De acuerdo con el Coneval, en Tlaxcala se redujo 2.2 por ciento el número de personas que no pudieron adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral entre el segundo y el tercer trimestre del 2019.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social determinó que Tlaxcala junto con los estados de Puebla y Yucatán fueron las entidades federativas con mayores disminuciones en ese rubro.

Según el reporte de ese organismo, hasta septiembre de este año 45.8 por ciento de la población tlaxcalteca económicamente activa tenía un ingreso inferior al costo de la canasta básica, cuando ese porcentaje en junio pasado se situó en 48 por ciento.

Lo anterior pone en evidencia que el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez presume de logros que su administración tiene muy poco que ver, por no decir que nada, pues seguramente los más de 72 mil tlaxcaltecas que viven en pobreza extrema deben una mejoría en sus condiciones de vida gracias a los programas federales.

Sin que hasta ahora se haya canalizado un peso de los 200 millones que se etiquetaron en este año para el programa Supérate, es evidente que tal plan dado a conocer el pasado 4 de diciembre durante el Segundo Informe de Gobierno de Marco Mena es un gran simulación y una burda estrategia barata para colgarse medallas que no le corresponden.

Desde hace meses el gobierno de Marco Mena presume la disminución paulatina de la pobreza extrema en Tlaxcala, sin embargo es más que obvio que su administración no ha realizado ninguna acción concreta o ha puesto en marcha una política pública definida para contribuir con ese logro que quizá está más ligado al gobierno federal que en este año destinó más de 4 mil millones de pesos a programas sociales que tuvieron un impacto en 250 mil tlaxcaltecas.

El programa Supérate inició el pasado 14 de noviembre con la entrega de tarjetas bancarias y seguros a beneficiarios. La intención, según José Luis Bustos Villegas, coordinador del mencionado plan estatal, es repartir siete mil plásticos que ayudarán a mejorar las condiciones de vida de 30 mil personas de 13 municipios, en los cuales vive la mitad de la población ubicada en pobreza extrema.

Aunque ya se están entregando las tarjetas bancarias, el apoyo monetario aún no se dispersa pese a que estamos en el penúltimo mes del año. Lo curioso es que los montos aún no se determinan porque éstos dependerán de las carencias sociales de cada persona como lo establece el Coneval, según lo confirmó Bustos Villegas.

Si los beneficiarios tuvieron que esperar meses para recibir su plástico, seguramente tendrán que esperar otros más para obtener el recurso económico prometido por el gobierno de Tlaxcala, que según la administración menista, será dispersado el 15 de cada mes.

Quién en su sano juicio puede creer que el programa Supérate se diseñó y recogió la experiencia y evidencia de iniciativas exitosas en 20 países como India, Paquistán, Perú, Etiopía, Yemen y Ghana, y que el mismo recibió la opinión de especialistas internacionales en la materia y se le hicieron las adaptaciones necesarias para ponerlo en marcha de acuerdo con nuestras circunstancias, cuando su operación a todas luces en un desorden y un rotundo fracaso.

En diciembre del año pasado se dijo que se destinaría una inversión de 200 millones de pesos para atender a 74 mil tlaxcaltecas que viven en pobreza extrema, para lo cual se llevarían a cabo siete fases a saber: Apoyo monetario mensual, Esquema de Aseguramiento, Entrenamiento productivo, Transferencia de Activos productivos, Ahorro, Atención a la primera infancia y Acceso a programas federales y estatales complementarios, sin embargo a casi un año de distancia nada de lo prometido se ha concretado, lo que demuestra que sólo se trató de un programa “patito” que busca colgarse méritos ajenos.

Los datos y las evidencias no mienten. La pobreza extrema en Tlaxcala va disminuyendo, pero sin la porquería del programa Supérate que hasta ahora sólo existe en el discurso del gobierno de estado, porque en los hechos no se le ve por ninguna lado.

Todos unidos contra Morena en Tlaxcala

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A 14 meses de que se definan los candidatos oficiales a la gubernatura de Tlaxcala, el PRD a través de su grupúsculo que se hace llamar “RJTlax” encabezado por Santiago Sesín Maldonado pretende encabezar y alentar la conformación de un bloque opositor capaz de derrotar en los comicios de junio del 2021 a Morena, partido que hoy en día encabeza las preferencias y se encamina a tomar el poder en el estado.

La presencia de ciertas figuras políticas en la convención estatal de la mencionada organización perredista que se llevó a cabo el sábado pasado alentó que sesudos analistas pronostiquen la construcción de una mega alianza opositora, cuando se trató de una cortesía política que corrieron algunos dirigentes, quienes obviamente no están desesperados en buscar una unión rumbo a las futuras elecciones.

El PRD sigue en un franco proceso de agonía y su fuerza electoral es casi nula en Tlaxcala. Carece de una figura propia que jale simpatías y por eso anda desesperado buscando en otros partidos el liderazgo que requiere para no desaparecer y, conservar, al menos, un diputado local por la vía plurinominal en la próxima legislatura.

El PAN ya fue en alianza con el PRD y los resultados han sido más que desastrosos. En el 2010 la entonces abanderada perredista al gobierno de Tlaxcala Minerva Hernández Ramos fue obligada a declinar por la panista Adriana Dávila Fernández, acción que los electores decidieron castigar y optaron por respaldar al priista Mariano González Zarur que finalmente obtuvo el triunfo.

En los comicios del 2016, la alianza ganadora (operada por Mariano González) resultó ser la encabezada por el PRI junto con el Verde Ecologista, Nueva Alianza y el Partido Socialista de carácter local quienes nominaron a Marco Mena. El PRD se ubicó en el segundo lugar al llevar como abanderada a Lorena Cuéllar Cisneros y el PAN que volvió a lanzar a Adriana Dávila se quedó en el tercer sitio.

Morena que registró como candidata a Martha Palafox Gutiérrez apenas si logró sumar el 5 por ciento de los votos emitidos y su participación fue una enorme decepción pese a que contó con todo el respaldo de Andrés Manuel López Obrador.

Para las elecciones del 2018, PRD y PAN y el grupo político de los Ortiz con su partido local el PAC decidieron ir juntos desde el principio del proceso, pero su alianza no sirvió para nada porque fueron aplastados por la fuerza de Morena que ganó no sólo las votaciones para Presidente de México, sino el Senado, las tres diputaciones federales y la mayoría de las diputaciones locales.

En ese proceso electoral el PRI también fue borrado y fue enviada al sótano de las preferencias, lugar donde aún permanece y hasta ahora realiza un tímido y mediocre trabajo para tratar de disputar la gubernatura en el 2021.

Anabell Ávalos Zempoalteca, la alcaldesa priista de la capital, sabe que sus posibilidades de ser candidata del PRI a la gubernatura en el 2021 son pocas pese a que es la militante mejor posicionada y competitiva, de ahí que quizá se presentó a la mencionada convención de ese grupúsculo del PRD con la intención de enviar un mensaje a su partido y al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, sobre todo porque está claro que la estructura del ex partidazo y de la administración estatal ya se decantó por Florentino Domínguez Ordoñez, actual secretario de Educación Pública, quien es arropado y muy promocionado en eventos y medios de comunicación para hacerlo crecer en las encuestas.

La presidente municipal de Tlaxcala tiene la invitación del PT y del PRD para convertirse en su abanderada a la gubernatura, sin embargo tendría que pasar algo muy grave para que ella renunciara al PRI y terminara aceptando tal nominación.

Ella sabe que para ganar la gubernatura de Tlaxcala no es suficiente el respaldo de esos dos partidos, pues para alcanzar esa meta sería necesario sumar al PAN y al resto de la chiquillada, ya que de otra forma sería muy complicado enfrentar al partido del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, conocido como Morena.

Aunque la intención de ciertos actores políticos de la entidad es unirse y crear un bloque opositor que esté en posibilidades de competir a Morena, la realidad es que se ve muy difícil y complicado que en Tlaxcala prospere una mega alianza, pero como soñar no cuesta nada hay que dejar que esos políticos de pacotilla sigan construyendo su Frankenstein.

El PRI tlaxcalteca moribundo y sin credibilidad

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El otrora poderoso Partido Revolucionario Institucional que gobierna Tlaxcala se resiste a morir y su agonía seguramente será prolongada unos meses más, porque difícilmente alguien que esté en sus cabales puede pensar que esa fuerza política está trabajando en la entidad para recobrar su presencia dominante y disputar en los comicios del 2021 los diferentes cargos que estarán en juego como la gubernatura, las diputaciones federales y locales, así como las alcaldías y las presidencias de comunidad.

Los principales líderes locales del destartalado PRI como Roberto Lima Morales y Fabricio Mena Rodríguez, el hermano poderoso del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, ofrecieron ayer por la tarde una conferencia de prensa donde, según ellos, informaron que mantienen un trabajo permanente y una política de acercamiento no sólo con los militantes del partido, sino con los ciudadanos a fin de recuperar la empatía que existía entre el tricolor y las personas.

La pantomima de Lima Morales y Mena Rodríguez quizá buscaba sorprender a la ingenua secretaria de Gestión Social del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Lorena Piñón Rivera, a quien antes de sentarla con los medios de comunicación la llevaron, según la versión de esos chafas líderes, a diferentes actividades partidistas cuyo sello principal fue la clandestinidad, como si la intención fuera esconder con quiénes se reunió y qué y cuántos apoyos entregaron.

Resulta insultante la postura de esos dos deslucidos dirigentes priistas que no pueden hablar de buscar un acercamiento con la militancia cuando ellos y el actual mandatario cerraron las puertas del gobierno a los miembros del ex partidazo que trabajaron en la campaña para ganar la gubernatura en el 2016, lo que sin duda generó una gran molestia y decepción que dos años después se reflejó cuando el PRI controlado por Marco Mena fue aplastado en Tlaxcala por Andrés Manuel López Obrador y Morena.

El PRI en Tlaxcala bajó la tutela de los hermanos Mena y de su lacayo Roberto Lima está desmantelado, desarticulado, carece de rumbo y de un trabajo serio y permanente que busque revivir a ese partido, pues sólo se necesita ver la lista de sus precandidatos a la candidatura al gobierno del estado para comprobar que salvo la actual alcaldesa capitalina, Anabell Ávalos Zempoalteca, los demás nombres que se manejan son puros petardos que no asustan a nadie y que la verdadera militancia priista no ve con buenos ojos por ser marionetas o inventos del joven mandatario.

La lambisconería que Fabricio Mena y Roberto Lima mostraron con Lorena Piñón y su dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito” para los cuates, sólo demuestra que ese par de bribones ya tiene puesta la mira en una candidatura a una diputación local, el primero por el distrito de la capital y el segundo por el distrito que abarca los municipios de Chiautempan y Tlaltelulco, lo que deja entrever su enorme ambición por mantenerse vigentes una vez que Marco Mena deje el poder en agosto del 2021.

El PRI está jodido si piensa que con las tontas posturas fijadas por la secretaria de Gestión Social del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Lorena Piñón, ese partido recobrará fuerza y credibilidad en Tlaxcala.

Según ella los priistas corruptos ya dejaron el partido para buscar otras opciones como Morena. Aseguró ante los medios de comunicación que en la actualidad en ese instituto político sólo existen honestos e impolutos militantes, pero más le valdría revisar con quién se sienta porque no sea que un día de estos le demuestren que no es así.

Sabrá la ilusa Piñón Rivera que un “destacado” priista de esta entidad adquirió no hace mucho dos lujosos automóviles Mercedes-Benz, de los cuales uno es común verlo por las maltratadas calles de Tlaxcala y otro por las avenidas de la ciudad de Puebla donde tiene su residencia una ex poderosa ex funcionaria de la Secretaría de Educación Pública de un apellido cien por ciento tlaxcalteca.

Si el salario de ese “honesto” miembro del Comité Directivo Estatal del PRI en Tlaxcala le da para esos lujos, entonces ahora entiendo porque Roberto Lima se resiste a dejar la dirigencia de ese partido y se opone a entregar esa posición a Noé Rodríguez Roldán que tiene más de dos meses esperando que le cedan ese cargo luego que coordinó en la entidad la campaña de “Alito” para convertirse en el líder nacional del ex partidazo.

Lo que pasa en el PRI da pena.