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Y el ganador del juego de las vencidas es

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El ganador de este nuevo round del juego de las vencidas que sostienen los diputados locales con el Poder Ejecutivo fue el Congreso del Estado que ignoró las observaciones del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez al presupuesto de egresos de este año, porque el decreto aprobado durante la madrugada de este día mantiene los recortes, aunque en menor impacto, a la Oficialía Mayor de Gobierno y a Pensiones Civiles.

 

Los esfuerzos y la presión que ejerció el Poder Ejecutivo para lograr modificaciones sustanciales al presupuesto de egresos del 2019 no prosperaron ni se tradujeron en cambios sustanciales, porque al final sólo se movieron 114 millones de pesos que implicaron recortes al Despacho del Gobernador, a la Secretaría de Planeación y Finanzas y a los Fondos de Contingencia y Blindaje Financiero.

Por lo que respecta al Fondo de Aportaciones para Educación Básica que había sido recortado en el presupuesto avalado el pasado 28 de diciembre y que provocó una serie de protestas de los maestros afiliados al SNTE, éste desapareció definitivamente y los 38 millones de pesos etiquetados fueron redistribuidos en otras partidas.

El presupuesto del Fondo de Acciones de Fortalecimiento al Campo que generó la movilización de organizaciones campesinas, cuyos integrantes agredieron la tarde de ayer a personal del Congreso del Estado e insultaron a algunos diputados, se modificó a la baja al pasar de 175 millones a 154 millones de pesos.

En términos reales, la presión que se hizo a los legisladores para dar marcha atrás a los recortes que habían aprobado no prosperó y por esa razón se puede decir que hasta ahora el ganador del juego de las vencidas son los diputados locales, quienes tendrán que esperar la postura del gobernador Marco Antonio Mena sobre este asunto.

El mandatario tlaxcalteca deberá decidir a la brevedad si lo va a publicar u opta por vetar ese presupuesto, que en caso de ser así, será el Poder Judicial el que determine si a los diputados locales les asiste la razón o en su caso al gobernador Mena.

Al inicio de esta historia le comente que el divorcio entre los diputados locales y el gobernador se había hecho presente y que de concretarse sería por culpa del dinero.

Los operadores del gobernador fracasaron rotundamente. El gris Arnulfo Arévalo Lara, encargado de la relación del Ejecutivo con los legisladores demostró una vez más que es un cero a la izquierda. El diputado morenista priista, Víctor Manuel Báez López, presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, dejó en claro que no controla nada y que su liderazgo sólo está en un barato papel.

Los únicos aliados que ayudaron pero que por su número no pudieron hacer gran cosa, fueron los diputados integrados en el grupo de la chiquillada conformada por PAN, PRI, PANAL, Movimiento Ciudadano y el PVEM.

Habrá que ver cuál es el costo que pagarán los diputados locales de la mayoría legislativa integrada por Morena, el PT, el PES y los convenencieros del PRD por esa victoria que aún tiene que ser confirmada, porque sin duda pasarán a un riguroso escrutinio público y cualquier error o exceso será más que cuestionado.

De entrada deberán de explicar si ejercerán o no el apoyo de casi 300 mil pesos que se autorizaron para adquirir un vehículo nuevo para desempeñar su actividad.

Los diputados procuraron la austeridad en el Poder Judicial y en el Poder Ejecutivo y sólo falta comprobar si la harán efectiva en su casa.

El gobernador perdió y los diputados ya vieron que pueden ganarle al mandatario. Ojalá que eso no rompa la frágil gobernabilidad que existe en Tlaxcala.

Delincuencia desbordada y ni luces de la autoridad

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La impunidad y desfachatez con que opera el crimen en Tlaxcala es insultante y evidencia claramente que las autoridades estatales encargadas de combatirla no pueden con esa encomienda porque son incapaces o porque tienen un acuerdo económico con las bandas de hampones que operan a cualquier hora del día y en lugares de alta concurrencia.

Mientras el inútil procurador de Justicia en Tlaxcala, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, sostenía una reunión con algunos reporteros para hablar de sus “logros” como funcionario del gobierno priista de Marco Antonio Mena Rodríguez, los delincuentes que abundan en la entidad estaban planeando sus próximos ilícitos, quizá con la intención de evidenciar que pagan piso para operar libremente y que en esta entidad el nivel de impunidad es altísimo y que la capacidad de las policías para enfrentarlos es nula.

Torpe y sin idea de lo que declara, Aquiahuatl Sánchez reconoció su pobre trabajo como encargado de la PGJE, pues sobre los casos de los dos linchamientos registrados hace unas semanas en San Pablo del Monte y Hueyotlipan dijo que el avance de las indagatorias es del 80% y que ya casi identifican a los responsables de alentar la muerte de dos personas.

Respecto a los ex alcaldes que fueron acusados de malversar recursos públicos, el abogado mencionó que no hay avances porque el Órgano de Fiscalización Superior no ha presentado las denuncias ni ha dado seguimiento a los casos que ya se tenían.

Y para demostrar que es un grandísimo boludo, José Antonio Aquiahuatl presumió el desmantelamiento de una casa de seguridad en el municipio de Yauhquemehcan donde permanecía una mujer poblana secuestrada. Sin tapujos aceptó que él y sus agentes no hicieron nada porque la investigación y operativo para dar con esa banda la llevaron a cabo personal de la Fiscalía General de Puebla.

Sobre sus incondicionales agentes y específicamente uno de nombre Luis N. que fue detenido en el municipio poblano de San Martín Texmelucan acusado de cometer una extorsión, el jefe de la PGJE prefirió minimizar el tema y negar su estrechísima cercanía con ese comandante que se encargaba de los asuntos especiales y personales.

El procurador y sus agentes que no hicieron absolutamente nada para liberar a la persona secuestrada en Tlaxcala, lo más seguro es que mantenga esa actitud sobre los lamentable hechos violentos registrados ayer en la entidad.

En San Pablo Apetatitlán y a plena luz del día se registró un intento de asalto en el centro comercial el Gran Patio donde se detonó un arma de fuego. En Tequexquitla se reportó que un joven recibió varios impactos de bala para ser asaltado.

Por lo tarde noche se conoció que un comerciante del municipio de Huamantla había sido víctima de la delincuencia y que murió tras ser agredido a balazos por los hampones que como siempre suele ocurrir se dieron a la fuga. En ese mismo municipio, pero en la población de Lázaro Cárdenas, se presentó una balacera entre delincuentes y policías por un supuesto robo al tren.

El crimen va en aumento y por desgracia el inútil procurador no puede esclarecer ni detener a ningún delincuente relacionado con los hechos delictivos que se han registrado en Tlaxcala durante los últimos meses. Ese funcionario es un fiel promotor de la impunidad y un monumento a la ineficiencia y estupidez.

Inició el trabajo de parto para el presupuesto.

De mantenerse el consenso que hasta anoche existía sobre los cambios al presupuesto de egresos de este año, es muy probable que este día los diputados locales sometan a votación un nuevo dictamen que incluye cambios mínimos con relación al aprobado el pasado 28 de diciembre.

La intención de los legisladores es mantener el fondo para financiar obras en los municipios y uno que otro recorte, pero también se están viendo bondadosos con el gobernador Marco Mena al aumentar el porcentaje de los recursos que podrá manejar discrecionalmente sin pedir autorización del Congreso del Estado.

Anteriormente, los diputados habían establecido que si los recursos extraordinarios que llegaran al estado rebasaban el 4% del monto total del presupuesto autorizado, el mandatario debería solicitar autorización de los legisladores para gastar esos fondos públicos.

Ahora ese porcentaje se incrementará al 10% con lo cual el gobernador Marco Mena podrá disponer discrecionalmente de hasta 1,800 millones de pesos que podrá gastar sin pedir permiso a nadie.

Las negociaciones han avanzado y se espera que el conflicto generado por la discusión del presupuesto de egresos de este año concluya muy pronto.

La verdad a medias del procurador

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Desde hace seis meses en que José Antonio Aquiahuatl Sánchez asumió el control de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) sus resultados han sido nulos e inexistentes, pero no así los escándalos y excesos de los agentes de esa dependencia que en repetidas ocasiones han estado involucrados en conductas ilegales que, curiosamente, son solapadas y protegidas por ese tenebroso funcionario.

La mejor prueba de lo anterior tiene que ver con la difusión de comunicado oficial de la PGJE en torno a un procedimiento contra un elemento de la Policía de Investigación que presuntamente está involucrado en malas prácticas en el estado de Puebla.

Según el boletín, tal medida se desprendió luego que “el 22 de enero en el municipio de San Martín Texmelucan, en Puebla, Luis N., fue asegurado por su presunta participación en el delito de extorsión.

Por ello, de acuerdo a la normatividad de control interno de la dependencia, la Unidad de Visitaduría y Asuntos Internos inició un procedimiento en contra del oficial, con el propósito de investigar la conducta desplegada por el elemento en activo.

De esta forma, la Procuraduría de Tlaxcala ratifica su compromiso de no tolerar malas conductas en los servidores públicos y depurar al personal que trabaja en las dependencias, a efecto de mantener la confianza de la sociedad en sus instituciones”.

La verdad a medias del comunicado y lo que no dice el procurador, es que ese agente con cargo de comandante estaba llevando a cabo una extorsión a un presunto huachicolero del municipio vecino del estado de Puebla, a quien le estaban exigiendo la cantidad de 1.5 millones de pesos para dejarlo en libertad.

Se dice que el agente de la PGJE llevaba a cabo ese ilícito en compañía de otros tres policías investigadores de Tlaxcala que responderían a los nombres de Pedro Ardavín, Pilar Portilla y José Alfredo Reyna, quienes en el operativo que realizó la Policía Municipal de San Martín Texmelucan lograron darse a la fuga y dejar a su amigo que no pudo evadirse.

En el momento en que fue asegurado el comandante Luis N. también se detuvo un vehículo oficial de la PGJE, es decir, un Jetta Clásico color negro propiedad del gobierno del estado.

Los agentes que acompañaban al comandante no se han presentado a laborar en la PGJE y trascendió que hubo un intento por ayudar a Luis N. y su grupo con un oficio de colaboración que se pretendió crear, pero que a la mera hora ya no se elaboró porque estaba más que comprometido ese asunto.

Ese grupo de agentes era el de mayor confianza y cercanía del gris procurador José Antonio Aquiahuatl, quien según dicen estaría enterado de todos los movimientos y acciones de sus subordinados.

Esos policías de investigación de la PGJE que integran el grupo conocido como “La Nueva Hermandad” son de cuidado y no es la primera vez que se ven involucrados en actividades ilegales.

En agosto del año pasado se conoció que Marcos N. otro miembro de ese grupo fue detenido para enfrentar a la justicia en el vecino estado de Puebla por el delito de trata de personas (http://archivo.e-consulta.com/blogs/senoriotlaxcalteca/?tag=pri&paged=9 ).

Ese agente tlaxcalteca de la PGJE fue acusado de obligar a una mujer a ofrecer servicios sexuales desde marzo del 2016 hasta agosto del 2018. Sobra esta decir que sus compañeros se movieron con lana y el mejor abogado para tratar de liberarlo.

El hoy procurador de Justicia en Tlaxcala sabe que esos agentes cargan una larga lista de abusos y excesos. A finales del 2016 también fueron detenidos en Puebla en un operativo donde les fueron encontradas armas largas y cortas a bordo de un lujoso Camaro, acción que fue aprovechada por Aquiahuatl Sánchez para golpear y desacreditar el trabajo de su jefe Tito Cervantes Zepeda con la entonces secretaria de Gobierno Anabel Alvarado Varela.

Es una realidad que el nefasto procurador no puede detener a ningún responsable de los dos linchamientos registrados en Tlaxcala y que tampoco tiene la capacidad para esclarecer los múltiples homicidios violentos de los últimos meses, mucho menos tiene la intención o voluntad de proceder contra ex funcionarios como la ex procuradora Alicia Fragoso Sánchez que enfrenta acusaciones de tortura y ni se diga de que vaya a integrar las carpetas de investigación que hay contra varios ex alcaldes señalados de haber malversado millones de pesos de recursos públicos.

El gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez debería pensar muy serio en llevar a cabo otro cambio de procurador, porque el que está resultó un fiasco y una enorme decepción.

Otra decepción.

Una diputada que resultó un gran chasco es María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, encargada de la Comisión de Fiscalización y Finanzas, quien a leguas se ve que no puede con esa responsabilidad no sólo porque sus neuronas no pueden procesar y entender toda la información que recibe y maneja, sino porque su falta de tacto político le ha llevado a cometer graves errores que ponen en evidencia su abundante improvisación.

Ya fracasó en su intento por hacer que las cuentas públicas de los ayuntamientos y entes fiscalizables se presentaran mensualmente y no cada trimestre como sucede en la actualidad. Sus propuestas en la comisión que preside regularmente siempre son rechazadas porque carecen de lógica o sentido y su actitud de quitar dinero aquí para ponerlo allá ahora que realiza la revisión del presupuesto de egresos confirma su enorme novatez y que fue un error haberle entregado la Comisión de Fiscalización y Finanzas.

La legisladora quiere pero no puede con la responsabilidad. Ojalá que sus compañeros se apiaden de ella y la pongan en otra comisión donde si pueda hacer algo bien, porque ante su incapacidad no se sabe cuándo se podrá sacar el presupuesto de egresos que a todos tiene paralizados aunque se diga que no.

Dónde quedó la transparencia en obras

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Dice un viejo refrán que no hagas cosas buenas que parezcan malas, el cual se podría recomendar ampliamente a Francisco Javier Romero Ahuactzi, titular de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi), quien por alguna extraña razón dejó de hacer pública la información respecto al nombre de las empresas constructoras contratadas, los montos pagados y sobre todo los fallos de las licitaciones públicas, las adjudicaciones restringidas y las adjudicaciones directas.

 

Es cierto que todo está en el ojo de quien lo percibe, por lo que no sería raro que alguien pueda considerar como algo tramposo y sucio lo que sucede en cierta dependencia estatal que dispone de millones de pesos que se invierten en obras de infraestructura cuyo manejo es más que opaco, porque no existe información oficial que confirme la asignación de los trabajos bajo los criterios establecidos en la ley.

Los caciques que controlan la obra pública en la actual administración estatal son Carlos Bailón Valencia, quien despacha como secretario Técnico de la Oficina del Gobernador y Pedro Bañuelos Morales, actual Director de Obras Públicas de la Secoduvi.

Ambos personajes deciden a qué empresas contratan y favorecen, lo que ha marginado a muchas constructoras de tener trabajo porque no son bien vistas o no gozan de la confianza de esos dos funcionarios que, según ha trascendido, son de los pocos que su situación económica ha mejorado en un corto plazo de tiempo.

El titular de la Secoduvi, Francisco Javier Romero, es un vil espectador de lo que sucede en su dependencia y carece de la autoridad y poder para asignar la obra pública, de ahí que es evidente que no le da ninguna importancia al rubro de transparencia.

Hace unos meses en el portal de esa dependencia estatal se podía acceder a las licitaciones y adjudicaciones a fin de conocer los montos contratados y los nombres de las empresas o las personas físicas que ganaban una licitación o una adjudicación directa o restringida, pero hoy es imposible tener conocimiento de esa información que por ley la Secoduvi está obligada a hacer pública.

Los datos disponibles son los del periodo del 2012 al 2016, es decir, después del último año del gobierno de Mariano González Zarur no hay nada disponible, lo cual llama la atención porque la gestión de Marco Antonio Mena Rodríguez lleva dos años (2017 y 2018) contratando obra pública.

El sector empresarial de la construcción en la entidad representado por Hugo Cano Martínez ayer hizo evidente su molestia respecto a la contratación de la obra pública y lamentó que el gobierno de Tlaxcala opte por dar preferencia a compañías poblanas que durante el año pasado acumularon trabajos por un monto de 738 millones de pesos, seguidas por las del Estado de México que sumaron 200 millones de pesos.

Las empresas tlaxcaltecas apenas si pudieron obtener 168 millones de pesos, cantidad que demuestra la política de exclusión que sufren sin que ninguna autoridad estatal ofrezca una explicación de esa razón.

Hasta ahora es un misterio el nombre de las empresas que tienen a su cargo las obras emblemáticas que ha emprendido la actual administración y en donde se invertirán más de mil millones de pesos.

Nadie sabe quién es la constructora que cobra por el levantamiento del nuevo Estadio Tlahuicole, así como tampoco se conoce que empresa ganó la ampliación y modernización de la carretera Tlaxcala Apizaco ni la compañía que lleva a cabo los trabajos de edificación del nuevo Hospital General de Tlaxcala.

La ausencia de información genera desconfianza y podría abrir la puerta a críticas por la nula transparencia que existe en materia de contratación de obra pública.

Carlos Bailón y Pedro Bañuelos son dos personajes que no gozan de una buena reputación y su sospechosa actitud de esconder la información ya está desatando rumores de que la corrupción en la actual administración se concentra en esas manos.

La marcha atrás de los diputados locales

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De no existir algún inconveniente, será este lunes cuando las comisiones de Finanzas y Fiscalización y la de Puntos Constitucionales sesionen fast track para avalar los dictámenes sobre el presupuesto de egresos, el código financiero y la ley de austeridad, mismos que incluirán algunas observaciones que en su momento hizo el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez que decidió frenar su publicación.

El martes los diputados locales tienen previsto desahogar una maratónica sesión para atender las observaciones que recibieron por parte del Ejecutivo estatal que utilizó sus facultades legales solicitar que se corrigieran los tres dictámenes antes mencionados, bajo el argumento de que violaban la división de poderes y se atentaba con la operatividad de ciertas dependencias como Pensiones Civiles y la Oficialía Mayor de Gobierno que sufrieron recortes en sus presupuestos.

Los cambios que se tienen previstos al presupuesto de egresos sólo son conocidos por un reducido número de diputados, quienes se dice que no sólo trabajaron en la clandestinidad, sino que esas modificaciones ya fueron consensadas y pactadas con funcionarios estatales encabezados por la insufrible secretaría de Planeación y Finanzas, Alejandra Nande Islas.

Los morenistas Víctor Manuel Báez López presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, encargada de la Comisión de Fiscalización y Finanzas, Rolando Pérez Saavedra, responsable de la Comisión de Puntos Constitucionales y Ramiro Vivanco Chedraui, “impulsor” de la ley de austeridad, estarían convertidos en los principales operadores priistas y del gobernador Mena Rodríguez para “atender” las observaciones.

La percepción entre los diputados de Morena, el PT y el PES es que los mencionados legisladores “ya se vendieron” y según ellos lo anterior se puede comprobar con el cambio que ha tenido su línea discursiva sobre el tema del presupuesto, pues ahora resulta que “el gobernador tiene razón y lo mejor es que sea el Ejecutivo el que establezca las reglas de operación para asignar los fondos que dispusieron para realizar obras en los municipios cuyo proceso de contratación de empresas constructoras debe estar en manos de la Secoduvi”.

Es probable que la partida de 40 millones de pesos que los diputados se establecieron para otorgar apoyos de gestión en el presupuesto de egresos aprobado el pasado 28 de diciembre se reduzca o desaparezca, así como también se tiene previsto disminuir los recursos para el campo para compensar los recortes de otras dependencias estatales.

El comportamiento de los diputados Víctor Manuel Báez, María del Rayo Netzahuatl, Rolando Pérez y Ramiro Vivanco Chedraui ya generó desconfianza entre los demás legisladores locales. La unidad del bloque conformado por Morena, el PT, el PES y al que se sumó el PRD está en riesgo y el PRI y el mandatario Marco Mena podría recuperar el control del Congreso del Estado que tuvieron por casi cuatro meses a pesar de que sólo tiene una legisladora.

Los legisladores locales carecen de calidad moral, liderazgo, fortaleza y sobre todo de una estrategia para abordar el tema del presupuesto ante los medios de comunicación. Ayer fijaron un posicionamiento y lejos de salir bien librados se hundieron más en el cagadero donde están metidos.

Si respetan los acuerdos internos y mantienen el presupuesto de egresos sin cambios serán tachados de ambiciosos y de ir en contra de la política de austeridad del presidente de México Andrés Manuel López Obrador y si en cambio aceptan las observaciones del Ejecutivo estatal serán considerados unos traidores que se vendieron y optaron por asumirse como obedientes subordinados del gobernador.

La novatez e inexperiencia de los diputados locales y su desmedida ambición por el dinero público los está llevando a convertirse en un tiempo record en una legislatura sin credibilidad que camina en sentido opuesto al rumbo que lleva su líder moral que no dudará un solo segundo en desconocerlos si insisten en su actual comportamiento.

Pareciera que el juego de las vencidas lo ganará el gobernador Marco Mena. Pronto veremos si se confirma esa versión.

La impericia e ingenuidad de los diputados

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Los diputados locales y específicamente los que forman parte de la llamada cuarta transformación donde están incrustados los de Morena, el PT y el PES fueron chamaqueados por la burda estrategia montada desde el gobierno estatal en complicidad con miembros de sindicatos de maestros y burócratas.

Después de varias horas de presión y de mantener encerrados a los ingenuos representantes populares de Tlaxcala que no aguantaron la presión, los sindicalizados inconformes lograron una minuta que en esencia dará marcha atrás a los recortes en el presupuesto de egresos que fue aprobado el pasado 28 de diciembre y que el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez no aceptó porque lo observó y frenó su publicación para su entrada en vigor.

La burda estrategia para acorralar a los diputados contó con la complicidad del gobierno del estado y algunos legisladores mañosos que saben que la mayoría de sus compañeros peca de ingenuos y que su inexperiencia les lleva a cometer errores graves.

De entrada el gobierno nunca dispuso de un operativo preventivo para resguardar las instalaciones del Congreso del Estado ante la protesta de los maestros y de los miembros de otros sindicatos de burócratas como suele hacer en otras manifestaciones.

Es una realidad que las autoridades permitieron que los inconformes ingresaran por la fuerza a la sede del Legislativo luego de romper los candados que mantenían cerradas las puertas, lo que facilitó “el secuestro” de más de 20 diputados que empezaron a recibir insultos y una serie de presiones para cambiar su postura respecto al presupuesto de egresos.

La diputada de Morena, Mayra Vázquez Velázquez, pensó que ser presidenta de la mesa directiva del Congreso Local era lo mismo que ser edecán en un evento de una escuela privada o de un ayuntamiento, por lo que cayó en la trampa de aceptar a una comisión de los inconformes, quienes ante tal facilidad recibida aprovecharon el momento para ejercer presión y obtener un acuerdo de parte de los legisladores para no disminuir los presupuestos destinados a la operatividad del sector de salud, educativo y de Pensiones Civiles.

A esa legisladora nunca se le ocurrió solicitar la presencia de la fuerza pública y mucho menos tuvo la pericia para proteger la integridad de los diputados y sus facultades, pues avaló el chantaje y la rudeza de los manifestantes que al final salieron airosos porque mediáticamente lograron su objetivo que fue doblar a los legisladores de Morena, el PT y el PES.

Víctor Manuel Báez López, presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, al principio lanzó acusaciones contra el gobernador Mena Rodríguez respecto a su responsabilidad de alentar enviar esa protesta, pero después cambió su postura para que se diera una respuesta favorable a los maestros y burócratas que estaban apoderados del recinto legislativo.

Una incongruencia más fue la postura de la diputada del PT y espuria coordinadora de los legisladores de ese partido, Irma Garay Loredo, quien salió a defender a su compañero panista Omar Milton López Avendaño de los reproches de otros diputados por sus señalamientos en torno al presupuesto y la desinformación que, según dicen, provocó al ofrecer datos y cifras que no están acreditados.

Los buenos deseos del gobierno estatal que hace un par de días presumió el diálogo con el Congreso Local respecto a las observaciones al presupuesto 2019 a fin de alcanzar puntos de acuerdo favorables quedó sólo en una cortina de humo, pues en realidad se estaba planeando el golpe bajo que ayer recibieron los legisladores que hicieron el ridículo.

Se dice que si bien el mandatario a través de su lacayo Arnulfo Arévalo Lara tenía la intención de llevar la fiesta en paz con los legisladores, el oficial Mayor de Gobierno, Luis Miguel Álvarez Landa, en complicidad con un influyente familiar del gobernador organizó la protesta contra los diputados, al grado que fueron los guardias de seguridad del Congreso adscritos a esa dependencia los que facilitaron el ingreso de los manifestantes y reportaban la llegada de cada uno de los representantes populares.

Habrá que ver si ahora los diputados locales en realidad cumplen su palabra y dan marcha atrás a los recortes autorizados el 28 de diciembre del año pasado o se mantienen firmes y deciden ratificar ese presupuesto que incluyó la reasignación de partidas y la creación de un fondo de 250 millones de pesos que será manejado por ellos para financiar obras en los municipios de la entidad.

Este round lo ganó el gobernador priista Marco Mena y sus aliados. Así de simple.

Las tendencias electorales en Tlaxcala

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Al Partido Movimiento de Regeneración Nacional mejor conocido como Morena le bastaron dos procesos electorales en Tlaxcala para consolidar su hegemonía, pues a casi siete meses de los pasados comicios presidenciales y locales se mantiene en las preferencias muy por encima del PRI y el PAN, partidos que apenas si rebasan los dos dígitos en simpatías.

De acuerdo con los resultados de una encuesta estatal que se realizó hace unos días para conocer los niveles de aprobación de las autoridades federales, estatales y municipales, así como las tendencias electorales que prevalecen en Tlaxcala y otros temas relacionados a la seguridad, el empleo y la salud, se comprobó que la administración del presidente de México Andrés Manuel López Obrador goza de un respaldo de siete de cada 10 tlaxcaltecas, mientras que el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez apenas si es avalado por tres de cada 10 personas que vive en la entidad.

Los resultados completos del mencionado ejercicio demoscópico no se han dado a conocer, pero se sabe que en cuestión de preferencias electorales Morena se ubica a la cabeza con el 35 por ciento de las simpatías, seguido por el PAN que apenas si llega al 15 por ciento del respaldo ciudadano, mientras que el PRI obtuvo el 11 por ciento de las menciones.

El PRD alcanzó casi el 7 por ciento de las simpatías y el resto de los partidos nacionales o locales (PT, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, el Partido Verde, el PS y el PAC) sus niveles rondan del 1.5 por ciento al 2.7 por ciento de preferencias, lo que prácticamente los margina de alguna posibilidad de ser competitivos rumbo a las elecciones del 2021.

Las tendencias reflejadas en ese estudio son una fotografía del momento, por lo que sería un error interpretar que Morena tiene ganadas las elecciones locales e intermedias del 2021, cuando los tlaxcaltecas acudirán a las urnas para elegir gobernador, legisladores, alcaldes, presidentes de comunidad y diputados federales.

El PAN que a partir de los próximos días será dirigido por José Gilberto Temotlzin Martínez, quien por cierto ayer recibió de manos de Marko Cortés y Héctor Larios presidente nacional y secretario general, respectivamente, su constancia de mayoría que lo acredita como ganador del proceso interno, tiene el difícil reto de hacer crecer al partido en Tlaxcala y lograr que aumente su competitividad electoral.

Si los panistas pretenden convertirse en una opción real de gobierno para las futuras elecciones locales tendrán que innovar en sus estrategias, buscar nuevos cuadros que sean competitivos y superar la división interna que lo sigue debilitando, lo cual parece una tarea difícil porque los rencores contra el grupo que ganó la dirigencia estatal están más vigentes que nunca.

Mientras el PRI se mantenga inmóvil y pasmado como hasta ahora no tendrá muchas posibilidades de retener el gobierno del estado, porque se encuentra desarticulado y con una estructura descuidada y resentida que podría empezar a trabajar por otro proyecto político como ya sucedió en otros procesos electorales cuando el ex partidazo perdió la gubernatura.

En estos momentos el trabajo de la actual administración estatal no está siendo un factor que jale al PRI. Tampoco se percibe un liderazgo priista que por sí sólo sea competitivo, de ahí que ese partido debe salir de su letargo y ponerse a operar políticamente antes de que sea demasiado tarde.

Del PRD hay muy poco que decir, debido a que vive en proceso de extinción que nadie puede detener, tan ese así que incluso el camaleónico diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, ya reconoce que él comparte más ideales con Morena que con el partido del sol azteca que le permitió llegar al Congreso de Estado.

Una más de “El Cubitas”

Una prueba de que el alcohol en exceso daña las neuronas, se puede ver en el actual secretario de Desarrollo Económico, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, quien en aparente estado de sobriedad dijo que Florentino Domínguez Ordoñez es el secretario del Trabajo en la entidad en un evento que se realizó en Calpulalpan en el marco de una feria del empleo.

Hasta ahora la Secretaría del Trabajo en Tlaxcala no existe y es obvio que el ex alcalde de Apizaco sacó al lambiscón que todos llevamos dentro para quedar bien con Florentino Domínguez, una vez que llegó tarde a la inauguración de un evento oficial, por culpa, según él, de los trabajos de ampliación de la carretera Tlaxcala Apizaco.

Si a Jorge Luis Vázquez ya le dio por inventar secretarías, no dude que pronto genere el cuento que puede ser el sucesor de Marco Mena. Salud.

Garay, el plomero del PRI y los Ortiz

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Movido por una desmedida ambición y su enorme adicción a los recursos públicos, el pasado lunes por la tarde noche el diputado federal por el PT y líder de ese partido en Tlaxcala, Silvano Garay Ulloa, arremetió contra la delegada federal de Programas de Desarrollo del gobierno federal, Lorena Cuéllar Cisneros, a quien descalificó y aseguró que no tendría el respaldo de esa fuerza política para buscar la gubernatura en el 2021.

Sin cuidar las formas por lo adelantado de los tiempos, el vividor político oriundo de San Luis Potosí que llegó a Tlaxcala para aumentar su fortuna, recurrió a una fluida diarrea verbal para desacreditar la trayectoria y trabajo de Lorena Cuéllar, quien sin duda será una de las aspirantes con alguna posibilidad de buscar y obtener la candidatura de Morena para la gubernatura del estado.

La funcionaria federal siempre fue mencionada de manera despectiva como “La chilindrina” y no sólo fue criticada por su salida del PRI al PRD y del PRD a Morena, sino por su falta de resultados como servidora pública y legisladora, ya que según Garay nunca ha concluido ninguno de los cargos para los que ha sido electa.

El jefe del clan Garay aseguró en su «lapsus brutus» que el PT no firmará una coalición con Morena para los comicios locales del 2021 y que mucho menos respaldaría a una mujer que tiene un comportamiento priista que siempre termina por traicionar los principios de la izquierda.

En unos meses más, dijo el avaro petista, tendremos como candidata a una mujer que ahora se desempeña como alcaldesa del municipio más importante del estado y que en su momento renunciará al PRI para abanderar al PT, de ahí que es necesario reforzar la estructura del partido y trabajar para ese proyecto.

La actitud de Silvano Gary cayó como agua fría a ciertos militantes del PT, quienes comprobaron que ese político es insaciable, pues con total de mantener sus privilegios es capaz de asumirse como el plomero del PRI y la familia Ortiz de la que habló maravillas, por lo que sin ningún pudor no dudo en emprender una serie de descalificaciones contra Lorena Cuéllar y su proyecto para ser la sucesora del mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez.

Garay Ulloa ha sido un político ladino que por años ha manejado de manera discrecional los recursos que el PT recibe de las autoridades electorales. También se ha caracterizado por exprimir los fondos del Congreso del Estado donde fue un gris diputado local.

Actualmente, cobra como diputado federal por la vía plurinominal. Su hija Irma Garay Loredo recibe un salario como legisladora local por el principio de representación proporcional y su otro hijo también está incrustado en la nómina del Congreso del Estado, toda vez que cobra como secretario técnico sin presentarse a laboral.

Esa familia también dispone de las jugosas prerrogativas que el PT recibe del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y que sólo ellos saben en que las invierten porque el dinero tan luego llega a las cuentas del partido desaparece por arte de magia.

El PT debe ser prudente y entender su realidad, porque el hecho de que en la actual legislatura local tenga cuatro legisladores no quiere decir que posee una fuerza y una presencia electoral por sí sólo, pues esa bancada la obtuvo por el impulso y arrastre que recibieron sus candidatos por parte de Andrés Manuel López Obrador.

Los petistas están en su derecho o no de apoyar las aspiraciones de Lorena Cuéllar, quien si quiere cumplir su sueño de convertirse en la próxima gobernadora deberá sumar a todos los aliados posibles aunque ciertos liderazgos tan cuestionados como el de Silvano Garay vayan en su contra.

El negocio detrás del ambulantaje en Apizaco

El conflicto generado ayer en Apizaco por la instalación de vendedores ambulantes, específicamente en la calle Cuauhtémoc, sacó a la luz un sucio negocio que podría salpicar al alcalde panista Julio Cesar Hernández Mejía, quien ahora está obligado a investigar y sancionar a algunos funcionarios municipales que estarían fomentando la corrupción.

Los ambulantes que fueron desalojados con lujo de violencia de la mencionada calle por un aparatoso operativo donde participaron elementos del Ejército, la policía federal, estatal y municipal, denunciaron que esa medida fue arbitraria porque ya habían generado un pago al director de Industria y Comercio de Apizaco, Javier Llerena Martínez y al secretario del ayuntamiento Edgar García Gutiérrez, quienes dieron su aval para que esos comerciantes vendieran sus productos sin ningún problema.

Sin embargo, el acuerdo no fue respetado y los ambulantes fueron echados de sus espacios, lo que generó su molestia, pues revelaron que cada día pagan 10 pesos a los inspectores de la Dirección de Industria y Comercio para poder instalarse, sin embargo ese dinero no ingresa a las arcas municipales pese a que esos funcionarios entregan un boleto o recibo que para el alcalde Hernández Mejía no tiene valor oficial.

Si cada día mil vendedores pagamos 10 pesos para que nos dejen trabajar, eso quiere decir que en promedio el ayuntamiento de Apizaco debería recibir 10 mil pesos diarios por esa actividad, no obstante esos recursos no van a las cuentas del oficiales, sino a las bolsas de ciertos funcionarios municipales que se han enriquecido ilegalmente con nuestra actividad, denunciaron algunos vendedores ambulantes que pusieron al descubierto la corrupción que estaría imperando.

El presidente municipal Julio Cesar Hernández está obligado a investigar esas acusaciones y señalamientos, porque no le conviene que su administración sea ligada a cuestiones tan delicadas como es la corrupción.

Veremos si hay consecuencias o no.

Las explicaciones que nunca llegarán

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En Tlaxcala no se percibe ninguna señal de cambio. El gobierno del estado ejerce un control absoluto sobre sus acciones y se limita a informar lo que quiere y le conviene, mientras que los diputados locales renunciaron a su derecho de exigir cuentas y explicaciones a los funcionarios estatales, de ahí que todos son responsables del desorden y del limitado avance que registra la entidad.

Una de las características que tiene el actual gobierno estatal es la prolongada toma de decisiones, situación que ha retrasado la ejecución de los proyectos emblemáticos de la actual administración que al parecer opera con funcionarios que nunca superaron su proceso de aprendizaje.

Obras como la edificación del nuevo Estadio Tlahuicole, la modernización y ampliación de la carretera Tlaxcala Apizaco y la construcción del Hospital General de Tlaxcala tardaron largas semanas en concretarse y aunque la primera es la que registra un cierto avance, las otras dos tiene un pobre progreso que demuestra que las empresas encargadas no tienen prisa por concluir los trabajos.

Lo lógico sería ver que la empresa responsable de la ampliación de la carretera trabajara los siete días de la semana y por las noches, como sucede en otras entidades donde las autoridades piden que ciertas obras se ejecuten en el menor tiempo posible por las molestias y complicaciones que generan durante su desarrollo.

Valdría la pena que la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda revelara los nombres de las empresas responsables de los trabajos porque nadie sabe cuál es la compañía beneficiada y si en realidad el gobierno del estado contrató a la que ofreció el mejor precio.

Otro ejemplo de la tardanza gubernamental tiene que ver con la designación del próximo director del CECyTE, pues desde que Luis Vargas González renunció a principios de diciembre del año pasado no se ha podido conocer quién será el funcionario o funcionara que asumirá el control de ese subsistema educativo.

Un proyecto que también se ha prolongado un exagerado tiempo es la reapertura del hotel ubicado en Atlihuetzia que es propiedad del gobierno del estado y que durante la administración de Mariano González Zarur fue rescatado y cerrado a finales de septiembre del 2016.

Al inicio de la gestión de Marco Antonio Mena Rodríguez el titular de la Secretaría de Turismo del Estado de Tlaxcala (SECTURE), Roberto Núñez Baleón, reveló que se buscaría una nueva cadena hotelera para que se hiciera cargo del inmueble y éste pudiera reabrir sus puertas en el menor tiempo posible.

Tras varios meses, se conoció que la cadena Holiday Inn se haría cargo del hotel donde operó por muchos años el consorcio de los Hoteles Misión.

En teoría se han invertido 120 millones de pesos en su remodelación, pero es la fecha que nadie sabe cuándo volverá a funcionar tras permanecer cerrado por 28 meses, debido a que su reinauguración se había anunciado para agosto y luego para noviembre del año pasado, sin embargo no se ha concretado esa acción porque pareciera que nadie tiene interés en aprovechar la infraestructura que se tiene en Tlaxcala para apuntalar la llegada de visitantes.

En materia de seguridad existen muchas dudas e interrogantes, cómo conocer si algún día se concretará la inversión histórica que se anunció en esa materia y que implicaría la compra de nuevas patrullas y tecnología.

Podríamos seguir enumerando pendientes y promesas incumplidas, pero de nada servirá porque sencillamente a nadie le interesan esos temas.

Los diputados locales de la cuarta transformación que llegaron gracias al impulso del hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, están más ocupados en conservar y ampliar sus privilegios que en pedir cuentas y explicaciones a los funcionarios estatales.

Dejaron pasar la facultad legal para llevar a cabo la glosa del segundo informe de gobierno de Mena Rodríguez y hasta ahora ningún legislador ha mostrado interés para lograr la comparecencia del algún miembro del gabinete estatal.

El hacendado gobernador Mariano González nunca permitió ni autorizó ninguna comparecencia de algún funcionario ante el Poder Legislativo, consigna que mantendrá el actual mandatario que sabe que sus colaboradores no saldrían bien librados en un probable encuentro con los diputados locales.

El desorden es evidente y la complicidad para no verlo también.

Semana de definiciones en Tlaxcala

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Antes de que finalice la actual semana se podrá conocer si las diferencias entre legisladores y el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez son superadas o si éstas prevalecen, porque se sabrá si la ley de austeridad, las reformas al código financiero y los recortes al presupuesto se mantienen o si los diputados de Morena, el PT y el PES reculan y optan por atender las observaciones que recibieron del Ejecutivo estatal.

En los últimos días ha prevalecido la soberbia y el distanciamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ya que nadie ha mostrado disposición para sostener un encuentro que busque solucionar la parálisis financiera que prevalece en Tlaxcala, debido a que ninguna dependencia, organismo públicos descentralizado o ayuntamiento puede gastar algún recurso público porque sencillamente no está autorizado.

Seguramente la nómina de la primera quincena de este mes será pagada puntualmente a fin de evitar el malestar de la burocracia estatal y municipal, sin embargo no se descarta que existan algunos problemas en algunos ayuntamientos y organismos públicos descentralizados que quizá esperaban la dispersión de recursos por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas para cumplir con esos compromisos.

Un asunto tan delicado como el presupuesto de egresos que se encuentra en el limbo no ha recibido la atención adecuada por parte de los funcionarios de la Secretaría de Planeación y Finanzas encabezados por Alejandra Nande Islas y de los diputados locales que dice coordinar el morenista priista Víctor Manuel Báez López, quien sin importarle nada decidió vacacionar y visitar a su hija en Italia.

Las observaciones del Poder Ejecutivo a la ley de austeridad, código financiero y el presupuesto de egresos fueron entregadas al Congreso del Estado en tiempo y forma, pero para la mala fortuna del mandatario Mena su enlace con los diputados, Arnulfo Arévalo Lara, no pudo avanzar en la negociación y en el análisis debido a su limitada capacidad y liderazgo, pues apenas si es atendido por los legisladores del PAN, PRI, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y el Verde Ecologista.

Ese bloque conocido como la chiquillada suele ser apoyado por los dos legisladores del PRD cuando les resulta conveniente el tema para sus intereses personales.

El juego de las vencidas que se encuentra en su primer episodio tendrá un final que seguramente será polémico y no dejará a nadie contento, porque si los diputados mantienen la unidad y sus dictámenes lo más seguro es que enfrenten el veto del gobernador Marco Mena, pero si aceptan las observaciones y reculan en los cambios legales y recortes financieros serán calificados de entreguistas, improvisados, vendidos y como una vergüenza para la Cuarta Transformación que impulsa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

La ausencia de la negociación y la operación política han sido más que evidentes y por esa razón Tlaxcala enfrenta una parálisis que resulta inaceptable.

La soberbia y la estupidez, una mala combinación

Una funcionaria federal que dice despachar en Tlaxcala y que no da una es Alejandra Frausto Guerrero, quien como responsable de la Secretaría de Cultura no puede atender los requerimientos de información de los reporteros especializados en esa fuente.

Uno de sus tantos errores fue incorporar como vocero al delicado tlaxcalteca Antonio Martínez Velázquez (“Marvel” para los cuates), quien lleva a cabo un pésimo trabajo en esa responsabilidad porque no responde llamadas, ni mensajes, ni correos con diversos requerimientos de información de los medios de comunicación.

Lo anterior se dio a conocer en una publicación del periódico El Universal que asegura que ninguno de los medios nacionales con área especializada de cultura le parece adecuada la comunicación en esa dependencia que recayó en un bisoño funcionario que por sus venas corre sangre priista de muy malos antecedentes, pues sólo bastaría con ir a Oaxaca y preguntar por los malos manejos de su papá Guillermo Martínez Gómez cuando se desempeñó como titular de Caminos y Aeropistas de Oaxaca para entender su comportamiento.

Sintiéndose el “hombre” poderoso de la Secretaría de Cultura, Antonio Martínez habría anunciado el pasado viernes en una reunión con diferentes periodistas nacionales que llegaría a su fin la colección de Periodismo Cultural, porque según él no tenía sentido que se editen libros de Humberto Musacchio, Humberto Batis, Ignacio Solares, Paco Ignacio Taibo I, Jorge Ayala Blanco, Arturo Brennan y otros más.

En lugar de esa colección, Antonio Martínez dijo que en Tlaxcala se crearía “un laboratorio” de periodismo cultural para ayudar a la profesionalización de la actividad.

La soberbia a veces lleva a la estupidez, que mal.