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Las cortas del fin de semana

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Antes de que los diputados locales entren de lleno al análisis de las observaciones que recibieron sobre la ley de austeridad, el código financiero y el presupuesto de egresos de este año, definirán a los integrantes de la mesa directiva que presidirá el segundo periodo ordinario que abarcará del 15 de enero al 30 de mayo.

De mantenerse la unidad en el grupo mayoritario opositor del Congreso del Estado, lo más probable es que la diputada de Morena, Mayra Vázquez Velázquez, se convierta en la presidenta de la mesa directiva y lleve como vicepresidenta a la legisladora más joven que ha tenido Tlaxcala, la petista María Félix Pluma Flores, cerrando la posibilidad de que la chiquillada conformada por el PRD, PAN, PRI, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano pueda encabezar ese órgano de gobierno del Poder Legislativo.

Y aunque el análisis de las observaciones que envió el Poder Ejecutivo a tres ordenamientos legales para que sean revisados y en su caso modificados iniciará formalmente este día, será hasta el martes o miércoles de la próxima semana cuando se conozca si los diputados las aceptan u optan por mantener firmes sus dictámenes.

Arnulfo Arévalo Lara, enlace del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo sigue sin convencer a la mayoría de los diputados para que acepten las observaciones, pues ha perdido credibilidad para negociar y sus argumentos simplemente no han tenido el eco y apoyo que el ex legislador priista esperaba.

Los extraños robos al tren

Una línea de investigación que ya es seguida por las autoridades federales sobre los permanentes robos que se cometen a los trenes que pasan por Tlaxcala tiene que ver con la probable complicidad de jefes policiacos.

La policía estatal bajo el mando de Eduardo Valiente Hernández dispone de un grupo de patrullas para cuidar el paso del ferrocarril, sin embargo se ha comprobado que en ciertos embarques el delegado de esa corporación en Apizaco, Jairo Andrés García Ávila, suele ordenar que la camioneta con elementos que se encuentra estacionada en la zoca conocida como Ocotes de la colonia Morelos se traslade a otro lugar, lo que es aprovechado por los maleantes para detener el tren y proceder a robar miles de pesos en mercancía.

De acuerdo con la versión de los vecinos de esa colonia, ese jefe policiaco y un grupo de comandantes estarían relacionados con el robo de trenes, pues incluso los cabecillas de esa banda que organizan esos saqueos asegura que gozan de protección y que en su territorio se les permite hacer lo que quieran.

Este tipo de acusaciones no son nuevas, ya que desde que estaba Hervé Hurtado Ruiz, anterior responsable de la policía estatal se hablaba de la existencia de esos obscuros acuerdos que permitían a los criminales robar trenes no sólo en Apizaco, sino también en Huamantla.

Protagonismo improductivo

La flamante secretaria de Cultura a nivel federal, Alejandra Frausto Guerrero, debería dejar su protagonismo y sus aires de conquistadora y ponerse a trabajar, porque en nada sirve al desarrollo de su sector que presuma que por fin ya va a despachar en una oficina que se instaló en la antigua sede del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.

Su soberbia e ingenuidad la hizo aparecer al lado del director del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, Juan Antonio González Necoechea, quien durante la pasada campaña presidencial se dedicó a denostar y criticar todas las propuestas del hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Además de que el limitado funcionario estatal representa todo lo que odian los intelectuales, escritores y creadores de cultura, de ahí que Alejandra Frausto empezó su labor en Tlaxcala con el pie izquierdo y con un excesivo protagonismo que no se justifica, porque a nadie le hace un favor que trabaje en esta entidad porque al final ya cobra como una empleada más del gobierno federal.

Ojalá que la funcionaria deje de posar y en verdad de ponga a trabajar.

Y cuándo la austeridad entre los diputados

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Un grave problema de credibilidad es el que cargan los diputados locales y específicamente los que integran el bloque mayoritario que controla el Congreso del Estado integrado por Morena, el PT y el PES, pues si bien aplicaron medidas de austeridad y recortes en el gasto para el presupuesto de egresos de este año, la realidad es que ellos decidieron conservar sus privilegios y violentar la norma al querer manejar recursos para obras públicas.

 

Los legisladores están faltando a su palabra en el sentido de bajarse el salario y reducir el costo tan oneroso que representa tener un Poder Legislativo en Tlaxcala que resulta ser muy caro en relación a la labor que llevan a cabo.

Algo de lo que no se ha hablado, es que los diputados conservaron la partida de 300 mil pesos para cada uno de ellos, la cual suele asignarse al inicio de la legislatura para que los representantes populares adquieran un vehículo nuevo que les permita realizar sus actividades durante su periodo, sin embargo al finalizar su labor como legisladores no reintegran esa unidad porque se la llevan como si la hubieran comprado con su dinero.

Tampoco recortaron las partidas que reciben para gasolina y otros gastos que sumados implican cantidades importantes de recursos públicos. Y en cambio sí conformaron una bolsa de 40 millones de pesos para apoyos sociales que reparten los diputados locales.

Nadie se explica cómo es posible que el Poder Legislativo disponga más recursos que el Poder Judicial en Tlaxcala, pues es uno de los pocos estados del país donde prevalece esa incongruencia que hace pensar que los diputados locales gozan de ciertos privilegios.

Fue en el periodo de gobierno priista de Beatriz Paredes Rangel cuando el presupuesto del Congreso del Estado sufrió un incremento importante, lo cual dio la pauta para empezar a corromper y consentir a los políticos tlaxcaltecas que llegaban a despachar a las oficinas de la calle Allende.

La entonces gobernadora ordenó que el recurso para construir la nueva sede del Poder Legislativo se incluyera en el presupuesto del Congreso del año 1998 o 1989. Una vez terminada la obra e inaugurado el nuevo edificio, los diputados recibieron al año siguiente de esos trabajos la misma cantidad en su presupuesto, con la diferencia que ya no necesitaban esa cantidad para financiar más obra, de ahí que los representantes populares empezaron a consentirse con esos recursos públicos.

Hace más de dos años se aprobó la reducción de 32 a 25 el número de diputados locales con el argumento de lograr ahorros, pero es la fecha que nadie visualiza los beneficios de haber concretado la disminución de legisladores porque el presupuesto del Congreso se ha mantenido igual a cuando cobraban 32 legisladores.

El Poder Legislativo pretende disponer para este año de 307 millones 504 mil 800 pesos, de los cuales 235 millones 144 mil 800 pesos serán para el Congreso del Estado (con 25 diputados, poco más de 100 empleados y una sede) y 72 millones 360 mil pesos para el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), cuando el Poder Judicial ejercerá 290 millones de pesos que incluyen los recursos para el Tribunal de Justicia Administrativa que se encargará de atender los casos del Sistema Estatal Anticorrupción. El número de sedes y de personal del TSJE (más de 600 trabajadores) , así como los gastos de papelería y otros son por mucho superiores a los que realizan los diputados .

La intención de los diputados de crear un fondo de 250 millones de pesos para obras que serán asignados a los municipios es buena porque la ausencia de la misma en los dos últimos años ha sido evidente, lo malo es que esa partida la pretenden manejar ellos mismos lo que al parecer estaría violando la Constitución porque esa facultad sale del ámbito de sus atribuciones y porque ha abierto la puerta a acusaciones de presunto cobro de moches.

Si los diputados quieren salir airosos de este conflicto que sostienen con el Poder Ejecutivo, están obligados a revisar su presupuesto y realizar ajustes y ahorros, porque de lo contrario las acciones emprendidas para exigir austeridad a los otros poderes, a los municipios y a los organismos públicos descentralizados serán interpretadas como meros actos de revanchismo político.

El juego de las vencidas y sus consecuencias

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El gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez junto con la complicidad de algunos diputados locales busca reventar el bloque legislativo conformado por Morena, el PT y el PES que tuvo la osadía de aprobar una ley de austeridad y llevar a cabo reajustes al presupuesto de egresos, situación que prácticamente ha paralizado el gobierno del estado, a los ayuntamientos y a los organismos públicos descentralizados.

 

Tlaxcala vive una “Vacatio legis”, es decir, el período que transcurre desde la publicación de una norma hasta su entrada en vigor, el cual se podría prolongar hasta finales de este mes cuando se conozca si los diputados locales aceptan las observaciones que el gobernador hizo al Presupuesto de Egresos de este año o terminan avalando el que ya aprobaron, lo que obligaría al mandatario Mena Rodríguez recurrir a su facultad de veto y utilizar los criterios de gastos del 2018 para liberar los recursos que permitan a su administración y a los ayuntamientos operar adecuadamente.

De acuerdo con la ley, los diputados locales deberán resolver el asunto de las observaciones al presupuesto antes del 20 de enero, de ahí que existe confianza que el conflicto generado por la disputa del presupuesto concluya a finales de este mes y se evite la parálisis gubernamental.

Sin embargo, la incertidumbre sobre el Presupuesto de Egresos se mantendrá porque nadie sabe con precisión si se aplicará el que aprobaron los diputados locales a finales de diciembre o se terminarán imponiendo los criterios del presupuesto del 2018.

Si bien para algunos analistas y plumas al servicio del gobierno del estado consideran arbitraria la decisión de los legisladores de llevar a cabo reasignaciones de partidas y recortes económicos en algunas dependencias estatales, también resulta un exceso que el gobernador del estado tenga la facultad para vetar una ley e imponer su criterio sobre la decisión de un órgano colegiado como lo es el Congreso del Estado sólo porque le metieron tijera a su propuesta.

La estrategia gubernamental para desacreditar el trabajo de los legisladores y descalificarlos seguramente tendrá sus consecuencias.

Los líderes estatales del PRD, PAN y el Panal, Juan Manuel Cambrón Soria, Carlos Carreón Mejía y Humberto Hernández Hernández, respectivamente, declararon que podrían impugnar el presupuesto de este año si prevalecían los recortes a la seguridad y la educación, lo que demuestra que siempre han estado al servicio de la actual administración priista.

Si tanto les preocupa el tema de la seguridad, porque nunca se quejaron del amañado proceso de licitación que el gobierno estatal canceló el año pasado para comprar 200 patrullas una vez que se demostró que el mismo estaba arreglado y que representaba una vil y burda transa.

Resulta ridículo que el líder panista Carlos Carreón se indigne del presupuesto de este año cuando son los presidentes municipales de su partido los que más se benefician en obra pública, lo cual no había sucedió en los dos últimos años.

El ayuntamiento de Apizaco que preside Julio César Hernández Mejía ha sido castigado invariablemente. En el presupuesto del año pasado la ciudad rielera no recibió ningún recurso del gobierno del estado y en cambio el municipio de Huamantla fue beneficiado con 20 millones de pesos por tener una buena recaudación, cuando se sabe que el primero supera por mucho en la captación de impuestos y servicios al segundo.

Hoy el gobierno del estado se indigna porque los diputados locales que crearon un fondo de 250 millones de pesos para financiar obras en los municipios y por dejar fuera de esa bolsa a nueve poblaciones tlaxcaltecas, pero no dice que en el 2018 el también marginó de alguna acción de infraestructura a más de 10 municipios.

En fin, en las próximas horas y días veremos si prospera la estrategia del gobernador Mena reventar la mayoría del bloque legislativo conformado por Morena, el PT y el PES, pues sus operadores han empezado a trabajar para lograr que las observaciones del mandatario sean consideradas.

El morenista Víctor Manuel Báez López, presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política de Congreso, junto con el perredista priista Migue Ángel Covarrubias Cervantes, están convocando a un desayuno a los diputados para que “oigan” las propuestas y los “estímulos” que podrían recibir si optan por respaldar las observaciones del mandatario estatal y dejan atrás la propuesta de presupuesto de egresos que avalaron a finales de diciembre.

Los cañonazos estarán presentes y con el paso de los días se comprobará si algún legislador del bloque de Morena, el PT y el PES acepta o si todos se mantienen firmes.

El caso de Tlaxcala es seguido muy de cerca por el subsecretario de Gobernación a nivel federal, Zoé Robledo Aburto, quien no sólo tiene registrados todos los movimientos del gobernador Marco Mena, sino que también tiene supervisadas todas las acciones de los legisladores locales.

Aquí es cuando queremos ver el talento y la buena política, porque Tlaxcala no merece que este tipo de pleitos frenen su desarrollo.

Un divorcio en puerta por culpa del dinero

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La relación entre el Ejecutivo y los diputados locales entró en un tobogán que al final podría poner fin a la relación de sometimiento y complicidad que existía de los segundos con el primero, pues todo hace suponer que no tendrán acuerdos y que las diferencias provocadas por el manejo de los recursos públicos serán más fuertes que los deseos de mantener ese matrimonio de conveniencia.

Aprovechando la noche y como si se buscara la complicidad de la obscuridad para ocultar algo, el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez presentó sus observaciones al Presupuesto de Egresos de este año.

El mandatario se inconformó del recorte que sufrió la Oficialía Mayor de Gobierno, el sector educativo, Pensiones Civiles y que nueve municipios de los 60 que conforman el estado hayan quedado fuera de los recursos del fondo de infraestructura municipal que crearon los diputados.

También le pareció grave que el presupuesto del Tribunal de Justicia Administrativa se hubiera reducido en 50 por ciento, lo que impedirá a los magistrados que integran esa instancia recibir los jugosos salarios que se habían establecido.

Mena Rodríguez no está de acuerdo con la reducción que se aprobó para dependencias, organismos desconcentrados y entidades del Poder Ejecutivo y menos que esos recursos se hayan asignado al Poder Legislativo y al Poder Judicial.

Según el documento, la disminución en el presupuesto de 70 millones de pesos que se hizo a la Oficialía Mayor de Gobierno al pasar de más de 223 millones de pesos a poco más de 153 millones de pesos impedirá a esa dependencia cumplir con las obligaciones y funciones que realiza, como sería el aumento de sueldos y salarios que se negocian en abril con el sindicato dentro de las revisiones que se hacen al contrato colectivo de trabajo.

Las observaciones plasmadas en un documento de 21 cuartillas detallan las inconsistencias que según el gobernador existen en el Presupuesto de Egresos del 2019 que fue avalado por los diputados, por lo que solicita que sean atendidas y corregidas.

Hasta ahora no se descarta que esa ley sea vetada y la disputa legal llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que todos se verán obligados a ejercer el gasto de este año de acuerdo con los lineamientos del presupuesto del 2018.

Por lo pronto, los diputados se preparan para analizar en comisiones el miércoles y el jueves las observaciones que el gobernador Mena Rodríguez hizo a la Ley de Austeridad, Racionalidad, Probidad y Disciplina en el Manejo del Presupuesto Público y las reformas al Código Financiero, con el propósito de estar en posición de votar en el pleno esas normas con algún cambio o simplemente dejarlas como están.

En una primera revisión efectuada a las observaciones recibidas, los legisladores no han encontrado sustancia, al grado que consideran exageradas las afirmaciones que señalan que la mencionada ley de austeridad y las reformas al Código Financiero transgreden principios constitucionales y la división de poderes.

El consenso inicial entre los legisladores es mantener esa norma y los cambios aprobados, decisión que el mandatario Mena podrían conocer antes de que venza el plazo que otorga la ley a los diputados, quienes deberán iniciar las negociaciones para sacar adelante a los integrantes de la próxima mesa directiva del Congreso del Estado que legalmente tiene que operar en unos días más.

El gobernador Marco Mena quiere jugar a las vencidas y tratará de salir airoso en esta confrontación que sostiene con los diputados de la coalición opositora integrada por Morena, el PT, el PES y el PRD que se sumó, pero su decisión le podría salir muy cara si los legisladores hacen públicas las observaciones que tienen sobre el destino poco claro de los 90 millones de pesos que dispone anualmente la oficina del mandatario, así como los casos de corrupción que están más que acreditados en el Itife y en la Secoduvi y que involucran a funcionarios estatales y la red de empresas que un familiar del mandatario utiliza para hacer negocios millonarios.

El desenlace de esta historia será de pronóstico reservado.

Rumores que podrían terminar en escándalos

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Con el paso de los meses el misterio que existía en torno a la extraña desaparición de los bienes muebles del Congreso del Estado que se perdieron tras la millonaria remodelación que registró el edificio se ha ido aclarando, al grado que hoy se tienen evidencias claras de dónde fue a parar ese mobiliario que era de buena calidad y que su venta pudo generar ganancias a un ex diputado local.

 

Si los actuales diputados locales quieren saber el destino de los muebles que fueron sacados del edificio que alberga el Poder Legislativo y que presuntamente fueron robados por un ex legislador, porque nunca se siguió un procedimiento legal para dar de baja esos bienes del inventario, deberían preguntar entre los empleados quiénes fueron los que participaron en la mudanza y conocerán qué paso con esos artículos.

Se dice que los muebles caros y en excelente estado fueron almacenados en una bodega que se localiza cerca del Outlet Puebla Premier y la Planta Armadora Volkswagen en el vecino estado, la cual sería una propiedad del junior y ex diputado local Mariano González Aguirre.

Nadie sabe si los diputados están haciendo algo para recuperar esos bienes y para aclarar los desfalcos que encontraron en las finanzas del Congreso Local, porque al parecer la intención es olvidar esos temas y solapar no sólo el presunto robo de esos muebles, sino de los recursos públicos que hoy ayudan a mantener una vida de lujos a un ex diputado que sigue esperando una llamada para incorporarse al gobierno del estado.

Y ya que hablamos de la familia González, le cuento que el actual responsable de la Comisión Estatal de Seguridad, Eduardo Valiente Hernández y el encargado de la Oficialía Mayor de Gobierno, Luis Miguel Álvarez Landa, podrían recibir varias solicitudes de información para que aclaren si hay elementos de esa corporación asignados a la seguridad del ex gobernador Mariano González Zarur y el número de vehículos y sus características que tiene bajo su responsabilidad el ex mandatario.

Se habla que son cerca de 19 elementos los que cuidan la seguridad y propiedades del hacendado y que por lo menos tendría bajo su resguardo cuatro camionetas del gobierno del estado.

Si Eduardo Valiente anda recuperando los elementos de la CES que estaban asignados a tareas de vigilancia en ciertas empresas para según él tener más policías en las calles, también debería llamar a los agentes que resguardan a Mariano González y sus propiedades porque nada justifica que los ciudadanos paguen esos excesos.

Otro funcionario que también podría quedar en evidencia es Jorge Luis Vázquez Rodríguez, actual titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, quien le gusta presumir la inversión privada que llega para crear nuevas empresas y sobre todo el número de empleos que se han generado en Tlaxcala.

Se sabe que desde el año pasado y en el actual ese funcionario recurrió a empresas dedicadas al outsourcing para pedirles que parte de las contrataciones que realicen las acrediten en Tlaxcala, sin que en realidad esos trabajadores vivan o desempeñen su labor en el estado, sino simplemente para que los datos estadísticos se asienten y eleven las cifras de la entidad.

Ese especialista en la simulación pronto será evidenciado y quedará demostrado que le encanta inflar no sólo alcohol, sino los números para justificar su mediocre trabajo.

La desesperante realidad de los municipios

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La tensa calma que se percibe en por lo menos una veintena de ayuntamientos pronto estaría en condiciones de desvanecerse y convertirse en una serie de conflictos que golpearán las estabilidad política y social de los municipios y del estado. A dos años de estar en funciones, los alcaldes ya comprobaron que cada año es más difícil cumplir con los compromisos financieros ante la escasez de recursos que registran sus arcas.

 

El ayuntamiento de Apizaco no fue el único que enfrentó problemas financieros para cubrir el pago total de las prestaciones de fin de año a los trabajadores, pues hubo otros que también pospusieron para estas fechas el cumplimiento de esas obligaciones luego que los recursos programados no alcanzaron , debido a que sus administraciones tuvieron que absorber aumentos no previstos en ciertos insumos, así como destinar partidas para pagar los adeudos que heredaron y reparar vehículos, muebles e inmuebles que los ex alcaldes dejaron inservibles a finales del 2016.

Es una realidad que los 60 ayuntamientos del estado han dejado de recibir apoyos económicos del gobierno del estado y cada vez se ven obligados a mejorar su recaudación para tratar de mantener a flote sus administraciones.

Ante tal panorama económico, los alcaldes tlaxcaltecas estarían obligados a iniciar un proceso de recorte de personal y aplicar ciertas medidas de austeridad para evitar conflictos con su personal y con los ciudadanos que en algunos municipios están cansados por la falta de obra y la desbordante inseguridad, pero sobre todo porque si quieren evitar problemas deberán planear el cierre de sus gobiernos que desde ahora están sometidos a un rigurosa supervisión y vigilancia por parte del Órgano de Fiscalización Superior que en el 2017 encontró quebrantos millonarios que fueron solapados por los ex diputados y que se desconoce si ya fueron solventados.

La estabilidad que prevalece en los cabildos de los ayuntamientos está en riesgo, pues si bien hay varios municipios donde los regidores y síndicos están en contra de los ediles por el dudoso manejo financiero que realizan, pronto se complicará más esa situación cuando se confirme que a partir de este año los presidentes de comunidad podrán ejercer su derecho al voto que recientemente le devolvieron los diputados locales, debido a que muchos llegarán a vengarse después de ser maltratados por dos años.

El 2019 seguramente será un año donde se multiplicarán los conflictos municipales que terminarán convirtiéndose en un dolor de cabeza para las autoridades estatales.

El fantasma de los moches ronda Tlaxcala

Quien será el diputado o diputada que podrá explicar los criterios que se utilizaron para repartir los recursos del Fondo de Fortalecimiento de Obras y Acciones aprobado la madrugada del 29 de diciembre, como parte del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2019.

Los legisladores realizaron recortes a otras partidas y generaron una bolsa de 250 millones de pesos. Esos recursos fueron etiquetados al parecer de manera discrecional porque nadie sabe que lineamientos se siguieron para asignar esos fondos a los ayuntamientos, ya que por ningún lado se ve un criterio de equidad o una medida establecida en una política pública para combatir la pobreza.

Al parecer los diputados de Morena, el PT y el PES junto con los del PRD se vieron tan buena onda que decidieron beneficiar a administraciones panistas con montos importantes como fue el caso de San Pablo de Monte y Apizaco con más de 26 y 21 millones de pesos cada una, castigando a Acuamanala, San Lucas Tecopilco , Atlangatepec, Xiloxoxtla , Coaxomulco, Españita, Mazatecochco, San José Teacalco, Quilehtla, Tocatlán y Tzompantepec que no recibieron ningún peso, como si en esas poblaciones no hubiera necesidades o rezagos en infraestructura que se deben atender.

El ayuntamiento capitalino de Tlaxcala logró un ridículo monto de 4.7 millones de pesos, cuando sus necesidades de obras y de infraestructura son mayores a las de Tlaxco que manejará 11.6 millones de pesos o de Ixtacuixtla que dispondrá de 8.2 millones de pesos.

Dicen que tales inconsistencias están relacionadas a la política de “los moches” que se instauró y se puso de moda en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, cuando los legisladores solicitaban un estímulo o se encargaban de ejecutar la obra etiquetada para así obtener una utilidad ilegal ajena a su actividad como representante popular.

Entre los alcaldes que no recibieron ningún peso hay uno que asegura que fue castigado porque simplemente no aceptó “mocharse” con el diputado local que le ofreció asignarle un recurso.

Ojalá que lo anterior sólo sea un rumor y no se compruebe, porque si resulta real la credibilidad de los diputados que aprobaron ese fondo se iría al cagadero.

Por lo pronto urge que los diputados expliquen cuál fue el criterio que usaron para asignar los recursos, pues la opacidad que existió en ese proceso empieza a generar muchas dudas.

El obligado tema de la sucesión en Tlaxcala

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El gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez entró a la etapa intermedia de su periodo para el que fue electo, por lo que de ahora en adelante será inevitable el tema de la sucesión en Tlaxcala. Los precandidatos opositores aprovecharán cualquier asunto para mantenerse vigentes y en el ánimo de los electores, mientras que los aspirantes priistas tienen la obligación de mostrarse y empezar a jugar si es que no quieren rezagarse rumbo a los comicios del 2021.

Las circunstancias políticas en Tlaxcala cambiarán en el presente año no sólo al interior del grupo en el poder que deberá realizar ajustes y cambios para enfrentar las elecciones del 2021, sino en la oposición que si quiere ganar la gubernatura y quitársela al PRI tendrá que armar un proyecto viable y llevar como candidato o candidata al mejor aspirante posicionado.

Si bien hoy en día hay elementos y condiciones que hacen pensar que Morena y sus aliados naturales (el PT y el PES) podrían ganar sin problemas la gubernatura en Tlaxcala, la realidad es que el PRI estaría en condiciones de dar pelea si pone en marcha un urgente proceso de reestructuración y deja de ser un ente pasmado incapaz de superar la derrota electoral que sufrió a nivel nacional y en el estado en los comicios del año pasado.

El PAN se encuentra fracturado y debilitado y para sobrevivir quizá deba recurrir a otra alianza electoral con el PRD, partido que está moribundo y sin figuras capaces de revivirlo.

Normalmente los gobernantes siempre llegan fortalecidos y con una estructura política y electoral definida a la mitad de sus administraciones, lo cual hoy no se percibe en Tlaxcala cuando vemos que el mandatario Mena apenas si alcanza una aprobación de casi tres de cada diez tlaxcaltecas y cuando su gabinete y equipo de trabajo refleja cansancio y ningún ánimo de cumplir con las expectativas que los ciudadanos depositaron en el proyecto que ganó la gubernatura en el 2016.

Los ciudadanos empiezan a observar a un gobernador débil que estaría siendo sometido por unos inexpertos diputados locales que se mueven más por instinto que por conocimiento, lo cual se debería evitar porque de mantenerse esa idea la sucesión se complicará y disminuirán las posibilidades de que el PRI retenga el gobierno de Tlaxcala.

Los cambios de ciertos funcionarios de la administración estatal son más que obligados, pues está más que comprobado que su labor en los últimos dos años fue intrascendente y que en esas circunstancias no son útiles para el trabajo y operación que viene, como es el caso de los secretarios de Salud, Alberto Jonguitud Falcón; de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, Francisco Javier Romero Ahuactzi ; de la Contraloría del Ejecutivo, María Maricela Escobar Sánchez; de Turismo, Roberto Núñez Baelón; y de Políticas Públicas y Participación Ciudadana, Lenin Calva Pérez.

El gobierno de Mena no ha estado ajeno al tema de la sucesión, ya que nadie puede negar que su acercamiento con el grupo orticista y la UAT tiene fines políticos, así como el apapacho que ha ofrecido al ex gobernador morenista priista José Antonio Álvarez Lima y a la ex embajadora y ex mandataria de Tlaxcala, Beatriz Paredes Rangel.

El grupo del ex gobernador Mariano González Zarur ya está reagrupándose y su activismo está presente por todo el estado, por lo que en unos meses saldrán a mostrar su apoyo y respaldo al ex diputado federal Ricardo García Portilla, quien también es impulsado por priistas con influencia nacional.

Anabell Ávalos Zempoalteca, alcaldes capitalina que le encanta negar sus aspiraciones políticas cuando en realidad se muere de ganas por ser la candidata del PRI al gobierno del estado, tiene prendida su veladora para que Miguel Ángel Osorio Chong deje el Senado y se convierta en el líder nacional del ex partidazo, pues sabe que su amigo podría ser un factor de peso para ayudarla a cumplir su enfermiza obsesión de ser la segunda mandataria de Tlaxcala.

La carrera por la sucesión ya comenzó y nadie la detendrá.

Distanciamiento obligado o ruptura de conveniencia

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Será en las próximas semanas cuando se compruebe si el distanciamiento que tuvieron los diputados de la coalición integrada por Morena, el PT, el PES y el PRD es permanente con el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez o de simple coyuntura y de conveniencia al reasignar partidas en el presupuesto de egresos del siguiente año, cuyos fondos serán etiquetados por los legisladores.

Los intentos que emprendieron los operadores del gobernador para evitar la modificación al presupuesto de egresos del 2019 no prosperaron y sus esfuerzos por convencer con estímulos económicos a los legisladores casi prosperan, pero al final prevaleció la congruencia y avanzó el recorte a algunas partidas cuyos recursos públicos eran utilizados para mantener gastos superfluos o para financiar fiestas y festivales.

Víctor Manuel Báez López, el aún presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política fue un espectador más de ese proceso legislativo, al grado que ya comprendió que su liderazgo sólo existe en su mente como se le dejaron en claro sus compañeros de bancada y de otras fracciones parlamentarias.

Arnulfo Arévalo Lara, enlace del Ejecutivo con los diputados locales, no pudo con la tarea que le encargo su jefe, pues durante ese proceso comprobó que sólo goza de la lealtad ciega de su legisladora priista, de los dos diputados del PAN, así como de las representantes de Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano, número de legisladores que apenas si le alcanza para hacer algo de ruido en la tribuna con acusaciones estrambóticas.

Su estrategia de llevar al Congreso del Estado a los ridículos líderes de las secciones 31 y 55 del SNTE, Demetrio Rivas Corona e Ignacio Díaz Grande, respectivamente, junto con otro grupúsculo de maestros para protestar contra los recortes al presupuesto de egresos no tuvo ningún efecto, más que retrasar por algunas horas lo que era inevitable.

Aunque la reasignación alcanzó los 430 millones de pesos que implicó la reducción en las partidas que recibirán la Oficialía Mayor de Gobierno, Pensiones Civiles, el fondo de seguridad pública y los apoyos básicos de la educación, ésta no fue tan grave porque no tiene implicaciones financieras que pongan en riesgo la operatividad de la actual administración.

En Tlaxcala los legisladores de Morena, el PT, el PES y los convenencieros del PRD impulsaron la creación de un fondo para fortalecer la autonomía municipal que apenas si suma los 250 millones de pesos, cuando en otras entidades como el Estado de México esa misma coalición legislativa procedió a recortar al Ejecutivo más de 2 mil millones de pesos en su presupuesto, así como a bajar los recursos al Poder Legislativo y Judicial con 300 millones de pesos a cada uno y generar con otros ahorros una bolsa de 4 mil millones de pesos que serán distribuidos en 125 municipios que conforman ese estado.

En los últimos cuatro meses la relación entre el gobernador priista Marco Mena y el Congreso del Estado con mayoría de Morena, el PT y el PES ha tenido altibajos que les ha permitido transitar, sin embargo habrá que ver si a partir de enero retoman el acuerdo de sumisión que ofreció Báez López al Ejecutivo o se hace más grande la distancia al grado que en unas semanas más se hable de una ruptura.

Una prueba de la sumisión que el diputado morenista priista Víctor Manuel Báez tiene hacia el mandatario estatal, es que se dedicó a obstaculizar y evitar cualquier comparecencia de algún funcionario con relación a la glosa del Segundo Informe de Gobierno, pues el plazo legal para llevar a cabo ese procedimiento ya venció y ningún legislador tuvo la iniciativa de pedir la visita de un secretario al menos para cuestionar algún párrafo de ese documento oficial.

Hoy es el último día del presente año y aprovecho para desearle a los lectores de e-consulta Tlaxcala y de este espacio de opinión lo mejor para el 2019. Felicidades.

El jaloneo por el control del Congreso del Estado

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El control que ejerció el PRI con un solo diputado sobre el Congreso del Estado en los últimos cuatro meses podría perderse entre hoy y el lunes, en caso de que la alianza legislativa conformada por Morena, el PT y el PES decida valer su mayoría y opte por romper los acuerdos insanos que algunos diputados establecieron con el gobierno priista de Marco Antonio Mena Rodríguez.

Hoy el PRI junto con la chiquillada conformada por cinco diputados locales (PAN, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano) intentará frenar las modificaciones al presupuesto de egresos del 2019 que ya hicieron los legisladores de Morena, el PT y el PES, quienes al recortar y reasignar recursos no sólo crearon una bolsa de 250 millones de pesos que serán distribuidos entre los 60 municipios de la entidad, sino que además generaron otro fondo que también será manejado por los legisladores para financiar programas productivos.

Arnulfo Arévalo Lara, enlace del Ejecutivo con los legisladores intentará seducir, quizá con la ayuda de algún estímulo económico, a otros diputados para evitar que prosperen los cambios al mencionado presupuesto que debilitará las finanzas del gobernador Mena Rodríguez y fortalecerá la figura de los ocupantes de las principales oficinas del edificio de Allende.

Incluso, se habla que la chiquillada estaría en condiciones de presentar este día su propuesta de presupuesto de egresos alterna, la cual fue elaborada por la actual administración estatal y que si bien presenta algunos cambios, éstos son mínimos y se ciñe a los lineamientos de la iniciativa original que hace unos días envió el mandatario a los legisladores.

Si los diputados de Morena, el PT, el PES y los dos del PRDLaura Yamil Flores Lozano y Miguel Ángel Covarrubias Cervantes- que ahora por conveniencia marchan al lado de la oposición se mantienen firmes y no ceden a las órdenes del PRI, es probable que cada legislador disponga de casi 20 millones de pesos que podrá repartir entre los alcaldes que serían los beneficiados al obtener más recursos públicos.

Lo malo de ese proceso de reajuste y reasignación de partidas, es que los presidentes municipales no están mostrando mucho interés por esos fondos, pues hasta anoche muy pocos se habían acercado a los legisladores para proponer proyectos y lograr la dotación de recursos.

La mayoría de los ediles anda de vacaciones o se encuentra en recuperación como la alcaldesa capitalina, Anabell Ávalos Zempoalteca, quien hace unos días se sometió a una cirugía de trasplante de córnea y por esa razón no atiende a nadie.

Y como nunca falta los vivales, le cuento que el diputado federal plurinominal del PT, Silvano Garay Ulloa, una vez que se enteró que su hija la legisladora local Irma Garay Loredo manejaría recursos para obras, citó a una veintena de alcaldes para, según dicen, ofrecerles recursos a cambio de una comisión porque a ellos les cuesta mucho trabajo negociar y obtener esas partidas.

El operador del gobernador en el Congreso, el diputado morenista priista, Víctor Manuel Báez López, está convertido en un inútil, porque aunque aún se ostenta como presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política la realidad es que todos lo ignoran y ha dejado pasar propuestas como la iniciativa de Ley de Austeridad, Racionalidad, Probidad y Disciplina en el Manejo del Presupuesto Público del Estado de Tlaxcala y sus Municipios que terminará beneficiando y fortaleciendo la labor que lleva a cabo el Órgano de Fiscalización Superior.

De no existir algún cambio, esa ley podría ser aprobada este día, pues no se descarta que al concluir la sesión de la Comisión Permanente se realice una sesión extraordinaria para tal efecto, donde además se podría también discutir y avalar el presupuesto de egresos del 2019.

Es obvio que Ramiro Vivanco Chedraui, el junior diputado verde morenista que impulsó esa propuesta de austeridad nunca vio ni analizó el alcance de esa ley que sin dudas es buena, pero que al final generará un gran descontento entre los funcionarios estatales y municipales que ahora deberán restringir más sus gastos y someterse a la supervisión de los auditores del OFS, instancia que ampliará su poder e influencia en el estado, incluso por encima de los legisladores locales.

Si los alcaldes y los responsables de las dependencias estatales y de los entes fiscalizables ya tenían problemas para justificar adecuadamente los recursos públicos, imagínese cómo les irá ahora que tendrán que realizar ajustes y cumplir con otras disposiciones legales para hacer efectiva la racionalidad del gasto.

Sin duda Ramiro Vivanco será señalado como el culpable de incrementar, el de por sí ya pesado trabajo administrativo, de ahí que ese mediocre diputado deberá cargar con las mentadas que pronto empezará a recibir.

Los superdelegados más firmes que nunca

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ayer confirmó que pese a la oposición que existe de algunos gobernadores y de una parte de los senadores para que los superdelegados operen en las 32 entidades, éstos seguirán siendo los representantes del gobierno federal y los encargados no sólo de los programas sociales, sino de los recursos que se asignen a los estados en materia de obra pública.

Ayer los superdelegados recibieron un espaldarazo de López Obrador y al mismo tiempo fueron exhortados para dar resultados en la integración del Censo de Bienestar que será determinante para que las personas reciban los apoyos que el nuevo gobierno federal se comprometió a entregar a partir de enero del 2019.

Aunque el promedio nacional del avance de los censos de los beneficiarios de los diferentes programas es del 50 por ciento, hay entidades como Oaxaca y Chiapas que se encuentran en un porcentaje mayor, así como Puebla y Tlaxcala que en términos reales reportan un progreso del 60 por ciento en esa tarea.

Esta primera encomienda para los superdelegados representa una prueba de su efectividad y trabajo, pues es obvio que el presidente de México sigue de cerca esa labor y está evaluando la capacidad de esos funcionarios federales que en caso de no dar resultados podrían ser cambiados.

Tlaxcala se encuentra en el ánimo de López Obrador, a quien no se le olvida que fue el segundo estado del país donde obtuvo la más alta votación para convertirse en presidente de México, por esa razón en enero se tienen previstas dos visitas del tabasqueño, de las cuales ya está enterada la superdelegada del estado, Lorena Cuéllar Cisneros.

La primera podría darse antes del 10 de enero y López Obrador vendría para poner en marcha la ampliación y modernización de la carretera Tlaxcala-Apizaco, trabajos que si bien ya iniciaron hace unas semanas con algunas deficiencias, la obra serviría de marco para dar a conocer el programa carretero y de mantenimiento que el gobierno federal tiene planeado para el 2019.

Posteriormente y antes de que finalice el primer mes del 2019, Andrés Manuel López tiene planeado llegar nuevamente a Tlaxcala para iniciar la entrega de los apoyos de uno de los programas sociales que su administración pondrá en marcha y que la superdelegada Lorena Cuéllar coordinará y supervisará a fin de evitar corrupción y el uso con fines políticos electorales.

Algo de lo que no se habló ayer durante el encuentro privado que los superdelegados sostuvieron con el presidente y los secretarios de la administración federal, fue la recomendación que hizo López Obrador a los miembros de su gabinete en el sentido de abstenerse de hacer designaciones de delegados en las dependencias que controlan, porque el único canal oficial para trabajar en los estados es a través de los superdelegados, lo que fue interpretado como un espaldarazo para esos funcionarios que en algunas entidades sufren el maltrato de los gobernadores y de otros actores políticos.

El proyecto de López Obrador de impulsar a funcionarios desde el gobierno federal para ganar gubernaturas en las próximas elecciones está en marcha y se mantendrá pese a quien le pese, por lo que ahora sólo falta esperar para ver si ese experimento le da los resultados esperados.

Por cierto, el que pronto podría verse inmiscuido en otro escándalo es el secretario de Salud de Tlaxcala, Alberto Jonguitud Falcón, quien al parecer procedió a repartir las certificaciones de comunidades saludables sin cumplir con los requisitos que establece ese programa, porque simplemente ese funcionario estatal pretende captar los recursos que llegan por ese proyecto gubernamental y así simular que trabaja cuando todos saben que desde hace dos años está de vacaciones en la entidad.

El caso antes mencionado ya fue notificado a las autoridades federales que podrían iniciar una investigación para evitar que exista mal uso de los recursos económicos que se destinan a ese programa.

Y así como los proveedores del Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) sufren por los adeudos cercanos a los 15 millones de pesos que esa dependencia se niega a pagar, en la Secretaría de Salud de Tlaxcala existe un problema similar que implica varios millones de pesos que los abastecedores de servicios y productos reclaman y que pronto podrían hacer público.

Algo pasa en el gobierno del estado porque los adeudos con los proveedores van en aumento y nadie se explica las razones si las autoridades siempre presumen finanzas sanas y cero deuda pública.