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¿Quién ganará la elección en la Sección 55 del SNTE?

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La desesperación del sindicalismo oficial para evitar la pérdida del control de la Sección 55 del SNTE es enorme, como el miedo que tiene el aún dirigente de ese gremio, Ignacio Díaz Grande, para aclarar el destino de los gastos médicos y otras partidas que superan los 10 millones de pesos, de ahí que se hayan puesto en marcha una ilegal operación de compra de delegados que garantice la permanencia en el poder de ese nefasto grupo.

Como se lo advertimos hace unos días, la elección de la próxima dirigencia de la Sección 55 del SNTE será más que problemática, debido a que los docentes que integran el movimiento “Maestros por México” que representan los intereses de Elba Esther Gordillo Morales harán hasta lo imposible por recuperar el dominio en ese sindicato.

Ayer, un grupo de maestros jubilados tomó las instalaciones del sindicato y corrió a los representantes del CEN del SNTE que operaban a favor del grupo de Ignacio Díaz, por lo que no tuvieron otra que instalar su bunker en un restaurante ubicado por Tepehitec, donde siguieron operando la compra de votos de los delegados electos que participarán este día en el congreso sindical que se realizará en el Hotel City Express Apizaco.

Hasta anoche, Teresa Meneses Morales, quien es la responsable de las finanzas del sindicato se perfilaba como la “candidata oficial” para suceder a Ignacio Díaz, sin embargo su nominación generó una ruptura en el movimiento de Bases Magisteriales que comanda el convenenciero profesor Manuel Campos.

Por esa razón, el oficialismo del SNTE también empezó a manejar como una segunda opción el nombre de Saraí Zambrano, hijo de actual presidente municipal de Ixtacuixtla, Rafael Zambrano. Ese maestro estaría siendo impulsado por el torpe y gris Lenin Calva Pérez, titular de la Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana y el carismático “profe” Florentino Domínguez Ordoñez, encargado del Sepuede e Icatlax, ambas dependencias del gobierno del estado.

Una tercera alternativa es la de Luis Carlos Rosete, un maestro que estuvo ligado a los intereses del grupo orticista y que hoy se encuentra vinculado a los dirigentes del SNTE que no quieren el retorno de Elba Esther Gordillo.

La cargada y las sucias maniobras de los actuales dueños del SNTE para impedir la libre participación de los maestros se hizo presente anoche, cuando se obstaculizó el registro de la maestra Mari Carmen Vera Almaguer, a quien se le impidió ingresar al mencionado hotel por instrucciones del insufrible Ignacio Díaz.

Vera Almaguer es una de las cartas fuertes de los “Maestros por México” para convertirse en la próxima secretaria general de la Sección 55 del SNTE, de ahí el absurdo y torpe comportamiento de Díaz Grande sólo provocó una mayor molestia entre los maestros que están inconformes con su periodo como líder sindical.

En unas horas más se verá si ganó la compra de delegados o los deseos de cambio. Por lo pronto le puedo adelantar que la elección del próximo comité ejecutivo de la Sección 55 del SNTE sacará chispas.

Una relación de respeto

Sólo dos diputados de los 25 que existen en el Congreso del Estado aprovecharon la presencia del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez en la sesión solemne para pedirle su intervención en dos casos específicos.

La diputada del PT, Michelle Brito Vázquez, le solicitó que interviniera para agilizar la publicación de las reglas de operación que permitan ejercer más de 400 millones de pesos que se etiquetaron en el presupuesto de egresos de este año para financiar obras en los municipios y realizar acciones en el campo.

Ante tal planteamiento, el mandatario estatal reveló que será esta semana cuando se tengan esas reglas que por alguna extraña razón no se han dado a conocer.

También el legislador petista, Víctor Castro López, le pidió al gobernador su intervención para mejorar la atención a los enfermos renales de la entidad, por lo que le sugirió que hiciera buen uso de los recursos etiquetados para esa acción y evite gastos superfluos que no benefician a esos pacientes.

El mandatario aceptó de buen modo los comentarios y dijo que su administración dará un buen uso y destino a los recursos públicos, dejando entrever que puede existir una relación abierta y de respeto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Lo malo de la sesión solemne de ayer, fue la actitud de diva que tuvo la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, la morenista de ocasión Mayra Vázquez Velázquez, quien después de llegar tarde tuvo la descortesía de interrumpir la lectura de su compañera legisladora María Félix Pluma Flores con un afán tan protagónico que sus aires de grandeza le valieron múltiples críticas.

No cabe duda que el poder cambia a las personas.

Las incongruencias de la clase política de Tlaxcala

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Tal y como sucedió al final de la pasada administración que encabezó el hacendado gobernador Mariano González Zarur que se negó a avalar un proyecto para que en Tlaxcala se construyera una clínica especializada para enfermos renales, hoy las actuales autoridades de la Secretaría de Salud en el estado mantienen la misma actitud y la donación del equipo para atender a pacientes con ese mal se podría perder porque se niegan a destinar recursos para edificar un espacio que reciba esos aparatos.

Si hay algo que se requiere urgentemente en Tlaxcala es contar con espacios especializados para atender a los numerosos pacientes renales que existen en la entidad y que carecen de los recursos económicos para pagar los tratamientos y diálisis que necesitan, sin embargo ahora que una fundación está dispuesta a canalizar recursos para dotar de los aparatos que se requieren para que a través de una clínica se ofrezcan esos servicios a personas de escasos recursos, las autoridades de la Secretaría de Salud bajo el mando de Alberto Jonguitud Falcón se niegan a apoyar esa acción porque la gestión la estaría llevando a cabo Lorena Cuéllar Cisneros.

La inversión ofrecida por la fundación es importante y la gestión de Cuéllar Cisneros, actual delegada de Programas de Desarrollo del gobierno federal, se podría perder nuevamente, debido a la negativa de las autoridades estatales para destinar fondos a la construcción de un espacio para recibir y operar ese equipo.

Y aunque en el presupuesto de egresos de este año se aprobó una partida de 50 millones de pesos para atender a enfermos renales, la Secretaría de Salud se resiste a avalar que esos recursos se inviertan en la construcción de un espacio especializado para atender a esos pacientes.

Su intención es utilizar esos fondos para financiar estudios que ayuden a detectar las causas que provocan esa enfermedad o para otras actividades cuyo beneficio no se tiene bien definido.

En una lástima que por celos políticos se esté a punto de perder una donación por parte de una fundación, como si el tratamiento y atención de los múltiples enfermos renales que hay en Tlaxcala fuera algo intrascendente para las autoridades.

La millonaria obras del Itife

Ahora que está de moda la austeridad y el gasto eficiente de los recursos públicos, ciertas dependencias que se encargan de realizar obras están siendo sometidas a una exhaustiva revisión porque durante los últimos dos años han llevado a cabo trabajos cuyo costo simplemente no se justifica.

La titular del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (Itife), Anahí Gutiérrez Hernández, no ha podido convencer a nadie que la remodelación de unos baños de una escuela hayan costado 600 mil pesos, pues quienes han supervisado la obra no encuentran donde se invirtió tal cantidad de dinero público.

Si hay una dependencia del gobierno estatal donde se presume que los funcionarios y constructores se han beneficiado con las obras es en el Itife, de ahí que su cuenta pública del 2018 está siendo revisada con lupa porque nadie tiene la intención de avalar que existan otras obras millonarias que se hayan pagado sin que en realidad se justifiquen los exagerados montos que se liquidaron para rehabilitar algunos espacios educativos.

Pero no crea que las anomalías son exclusivas del Itife, porque también en la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda a cargo de la marioneta Francisco Javier Romero Ahuactzi se han encontrado inconsistencias cuyo listado pronto daremos a conocer, porque una cosa es la que paga y otra la que entregan.

Vicente Hernández amenaza con ser alcalde por tercera vez

El ex alcalde panista Vicente Hernández Roldán conocido como “lord reelección” amenazó a unos policías municipales con convertirse en los comicios del 2021 y por tercera ocasión en edil de Calpulalpan, luego que los guardines del orden tuvieron la mala decisión de intentar detenerlo por estar ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública.

A través de un video que circula por redes sociales, el panista en aparente estado de ebriedad confronta a los policías municipales de Calpulalpan a quienes les pide que los dejen seguir su borrachera y que mejor se dediquen a perseguir y detener a los huachicoleros y ladrones porque según él la inseguridad se encuentra desbordada.

Sin recordar que su cuenta pública del último año de su administración (2016) fue reprobada y observada por un posible daño patrimonial que supera los 23 millones de pesos, lo cual originó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia en el Estado, el panista advirtió a los uniformados que goza de tan buena reputación que será por tercera ocasión presidente municipal de Calpulalpan en las elecciones del 2021, por lo que cuando eso pase “nos veremos en la dirección para que recuerden este momento”, dejando entrever que serán despedidos por quien sueña con dirigir nuevamente el desarrollo de ese municipio.

A Vicente Hernández se le ve parado al lado de su lujosa camioneta color blanca. El panista tuvo un comportamiento como si fuera un político de quinta que presume lo que se llevó y que no supera ser tratado como un ciudadano común y silvestre.

Si piensa que así conseguirá nuevamente la presidencia municipal de Calpulalpan se equivoca, porque si de algo están hartos los ciudadanos es de políticos como él que se sienten bordados a mano.

Preparan la guillotina para el gris procurador de Justicia

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Los días del actual procurador de Justicia en el estado, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, podrían estar contados y no crea que por su incapacidad manifiesta para resolver y llevar a la cárcel a los responsables de crímenes violentos registrados en la entidad, sino porque los diputados locales alistan una reforma legal que implicará el relevo de ese funcionario que nunca cumplió con las expectativas.

Entre los diputados locales existe el consenso de que el actual procurador de Justicia está rebasado por el crimen y los hechos violentos reportados en el estado, de ahí que en los próximos días acelerarán el paso para organizar los foros y recibir las propuestas que les permita concretar a la brevedad una reforma para crear la Fiscalía General de Justicia y desaparecer la Procuraduría General de Justicia en el Estado.

Si tal decisión ya se tenía tomada antes del terrible homicidio del director de Seguridad Pública de Tequexquitla, Humberto Arcovendiz Vázquez, registrado el pasado fin de semana, ahora que se conoce que ese funcionario estuvo desparecido por varias horas y que su cuerpo fue localizado con signos de tortura y sin órganos, los legisladores locales le darán prioridad al tema de crear la mencionada fiscalía y de emprender el proceso para buscar al primer responsable de esa instancia que realmente haga su trabajo y deje de contemplar a los criminales como sucede con Aquiahuatl Sánchez.

La lista de hechos violentos sin resolver es larga y la incapacidad del procurador es más que manifiesta. Ese gris funcionario no ha hecho nada para resolver el caso del hombre descuartizado en Contla, tampoco para aclarar la aparición de tres cadáveres calcinados y abandonados en San Pablo del Monte.

En la misma situación se encuentra el caso de los cuatro cuerpos semi enterrados en el bosque de Nanacamilpa, el de los dos policías estatales asesinados en Quilehtla, el del cuerpo de una persona ejecutada y que fue hallado en la carretera de cuota Tlaxcala Puebla cerca de Zacatelco, el robo con armas de fuego en una sucursal bancaria de Apizaco y la balacera ocurrida en Nativitas que sostuvieron policías con una banda dedicada al robo de autos y camiones de carga.

La reforma para crear la Fiscalía General de Justicia del Estado es una prioridad. En ella se considera establecer un nuevo proceso para designar al responsable de esa dependencia a fin de garantizar su autonomía e independencia.

Actualmente, el gobernador envía al Congreso del Estado una terna que es evaluada por un sínodo de especialistas y tras ese proceso los diputados eligen al “más idóneo” para el cargo, que por lo regular termina siendo un procurador carnal que sirve más a los intereses del mandatario que a los de los ciudadanos.

Para el fiscal se pretende que exista una convocatoria abierta para que después el Poder Legislativo integre una lista de ocho posibles candidatos, mismos que ocuparán sus lugares de acuerdo con la evaluación que hayan obtenido. De esas propuestas, el gobernador tendrá que integrar una terna que será turnada al Congreso del Estado donde finalmente los diputados en pleno designarán al nuevo fiscal.

José Antonio Aquiahuatl es el tercer procurador en la actual administración. Ese abogado charlatán fue designado el pasado 8 de agosto por la anterior legislatura. Su pésimo trabajo lo condena y aunque no dude que intentará inscribirse en el proceso para ser designado fiscal, en realidad sus posibilidades de obtener esa apetecible posición son remotas porque ningún diputado local lo respaldará y es muy probable que pronto se cierre su negro ciclo en la PGJE.

La realidad confirma que un punto débil del gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez es la avasallante inseguridad. Los funcionarios estatales responsables de esas áreas están lejos de dar resultados, por lo que es urgente pensar en su relevo antes de que las cosas se salgan de control en Tlaxcala.

Es triste observar como el miedo se ha apoderado de los tlaxcaltecas que hoy en día se sienten impotentes ante un crimen que ha tenido todas las facilidades para ganar terreno en un estado que era considerado como de los más seguros del país.

La consigna, limpiar al SNTE de líderes oficialistas

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La semana que comienza será clave para amarrar los votos que permitan a los miembros de la organización “Maestros por México” ganar la secretaría general de la Sección 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), lo cual no será nada fácil porque son actuales dirigentes en complicidad con el gobierno del estado buscan mantener esa posición a través de un incondicional que les garantice el control y la sumisión de ese gremio.

Hasta ahora son varios los nombres que se mencionan para ocupar la dirigencia de la Sección 55 del SNTE que el próximo viernes dejará el oficialista Ignacio Díaz Grande.

La disputa por el control de ese gremio es de alta intensidad y quizá los profesores ligados a los intereses de la poderosa maestra Elba Esther Gordillo Morales agrupados en el movimiento “Maestros por México” son los que han ganado terreno en esa batalla bajo la coordinación del ex secretario de Educación en Tlaxcala, Miguel Ángel Islas Chío, quien impulsa las aspiraciones de la docente Mari Carmen Vera.

Sin embargo, el actual líder de ese sindicato, Ignacio Díaz, en contubernio con dos funcionarios del gobierno del estado, Lenin Calva Pérez, titular de la Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana y Florentino Domínguez Ordoñez, encargado del Sepuede e Icatlax, operan para impedir que un incondicional de Gordillo Morales asuma el control del SNTE porque saben que eso complicará la relación de ese gremio con el gobierno de su jefe Marco Antonio Mena Rodríguez.

Díaz, Calva y Domínguez pretenden que a la Sección 55 de SNTE llegue un “maestro carnal” que le diga sí a todo lo que pida y ordene el secretario de Educación en Tlaxcala, Manuel Camacho Higareda, tal y como ha sucedido últimamente, aunque eso implique que los derechos y fuerza del sindicato sean pisoteados.

En ese grupo se menciona que podrían impulsar la llegada de Saraí Zambrano, hijo de actual presidente municipal de Ixtacuixtla, Rafael Zambrano, quien estaría respaldado por personajes muy cercanos al actual gobernador. También se dice que otra opción con posibilidades sería la secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo de la Sección 55 del SNTE, Teresa Meneses Morales, quien también goza del respaldo y algo más del mercenario profesor Manuel Campos.

No se descarta que en ambos grupos exista un tapado cuyo nombre se revelaría el 11 y 12 abril cuando se realice la votación para elegir al próximo Comité Ejecutivo de la Sección 55 del SNTE.

Por lo pronto, ayer en el vecino estado de Puebla, la poderosa maestra Elba Esther Gordillo confirmó durante su participación en el Segundo Encuentro Nacional de Jóvenes de las Redes Sociales Progresistas, agrupación política que busca su registro como partido político luego de que el Partido Nueva Alianza lo perdiera a nivel nacional, que buscará la presidencia del sindicato magisterial.

Para alcanzar tal propósito es indispensable recuperar el control de la mayoría de las secciones del SNTE, de ahí que sus aliados harán hasta lo imposible por lograr el dominio de la Sección 55, tarea que si no será fácil, tampoco será complicada porque muchos de los integrantes del actual Comité Ejecutivo carecen de calidad para pedir a los maestros que respalden las aspiraciones de su grupo.

Ignacio Díaz y su secretaria de Finanzas encubrieron un enorme fraude por gastos médicos registrado en la pasada administración y que superó los 8 millones de pesos.

El operador del mandatario, Lenin Calva enfrenta acusaciones de los maestros jubilados de desaparecer un millón de pesos para comprar un elevador y de haberles quitado un terreno de su propiedad ubicado en la parte posterior del hotel que es propiedad del anterior secretario de Educación, Tomás Munive Osorno.

Los hermanos Jorge y José Luis Guevara Lozada, ya no tienen credibilidad y se sabe que sólo se meten a la grilla para obtener una cartera en el sindicato que les permita mantener sus privilegios. El primero ocupa la Secretaria de Vinculación Social y el segundo la Secretaría de Créditos.

Otros maestros que forman parte del Comité Ejecutivo de la Sección 55 del SNTE y que son vomitados por los docentes son Heriberto Toquiantzi Velázquez, secretario de Comunicación y que no pierde la oportunidad para sacar sus dotes de galán de quinta. También está Arturo Santacruz Flores, mejor conocido como “El Telerín” que se encarga supuestamente de atender los Conflictos en las Telesecundarias sin que en realidad haga su chamba porque nunca atiende a los profesores de ese sistema educativo.

“El Telerín” quiere ser considerado como candidato a la secretaría general, pero su nulo y pésimo trabajo lo condena.

Otro caso es el de Argelio Tlapale Ramírez secretario de Conflictos de Primarias. Durante su periodo siempre ha estado ausente, pero ahora ya reapareció para ver si pesca algo. Raymundo Briones Hernández ya intentó ser secretario general, pero al no conseguir esa posición se volvió miembro del exquisito séquito que acompañó al gris Ignacio Díaz Grande. Se hizo responsable de la cartera de Vivienda, donde sobra decir que hizo muy poco.

Jorge Varela Varela, mejor conocido como “El copitas” se desempeña como secretario de Escalafón, sin embargo nunca llevó a cabo su trabajo, al igual que Jesús López Velázquez que tiene la titularidad de la Secretaría de Educación Especial.

Alejandra Ramírez Vásquez, como titular de la Secretaría de Previsión Social, hizo valer sus influencias y logró que uno de sus hijos fuera designado director de una telesecundaria sin tener derecho a esa posición.

También existe un documento que detalla el tráfico que existió para repartir plazas, el cual pronto daremos a conocer.

Con esos personajes y su pésimo desempeño es entendible que la mayoría de los afiliados a la Sección 55 del SNTE quieran una limpia y una renovación total de su dirigencia.

La limpia es urgente.

Sin éxito la defensa panista a las Estancias Infantiles

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La defensa para mantener sin cambios la operación del programa social de Estancias Infantiles duró muy poco, pues el Partido Acción Nacional no pudo lograr que el gobierno federal que preside Andrés Manuel López Obrador cambiara sus intenciones de entregar esos apoyos económicos directamente a los padres de familia, quienes estarán en libertad de decir si recurren o no a los servicios de esos lugares.

Una vez que la Secretaría del Bienestar Social a cargo de María Luisa Albores González dio a conocer que el programa antes conocido como de Estancias Infantiles se modifica para dar paso al programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, es muy probable que el cierre de esos negocios se multiplique en los próximos días al no tener liquidez para seguir operando.

A partir de ayer, los padres de familia que forman parte del nuevo programa empezaron a recibir del gobierno federal mil 600 pesos por cada bimestre. En caso de tener hijos con alguna discapacidad, el monto que obtendrán como apoyo de las autoridades es de tres mil 600 pesos cada dos meses.

De acuerdo con el gobierno federal, este programa beneficiará en el presente año a 203 mil padres y 213 mil niños a nivel nacional.

La postura del gobierno de López Obrador sobre las Estancias Infantiles es permitir su funcionamiento siempre y cuando brinden un servicio de calidad y garanticen la seguridad de los menores de edad. Los propietarios absorberán la totalidad de los gastos porque ya no recibirán ningún fondo público como apoyo.

En Tlaxcala existen 235 estancias infantiles que opera en 59 de los 60 municipios de la entidad. De esas sólo 135 inmuebles cuentan con Clave Escolar de Registro, es decir, que estaban incorporadas a la Secretaría de Educación Pública.

Los intentos de los panistas encabezados por la diputada federal Adriana Dávila Fernández para defender las Estancias Infantiles no prosperaron, por lo que su movimiento para desacreditar a la nueva administración le duro muy poco.

La inminente renovación de SNTE

Será el próximo viernes cuando se conozca si la poderosa maestra Elba Esther Gordillo Morales logra recuperar la Sección 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que hoy controla el convenenciero profesor Ignacio Díaz Grande.

El ala oficial no ha dado a conocer quién será su gallo para jugar la sucesión en ese gremio y los docentes opositores agrupados en el movimiento “Maestros por México” tampoco.

Por lo pronto, el gris e improductivo secretario de Políticas Públicas y Participación Ciudadana del gobierno del estado, Lenin Calva Pérez, mantiene una operación permanente para quedarse con esa posición a través de un incondicional e impedir que la maestra Gordillo avance en su intención de retomar el control del SNTE.

El ex secretario de Educación, Miguel Ángel Islas Chío, es el encargado de dirigir a los maestros opositores a los actuales dirigentes sindicales. Sus amarres para conseguir la secretaría general de la Sección 55 del SNTE existen y sólo falta que se concrete ese movimiento que podría implicar un serio problema para la actual administración estatal.

Los que conocen al SNTE dicen que los aires de cambio soplan con fuerza al interior de ese sindicato que hoy en día está dispuesto a recuperar los espacios perdidos.

Con AMLO se mantiene la repartición de cuotas en el gobierno

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Si bien algunos vicios del pasado se han exterminado con la llegada al gobierno de Andrés Manuel López Obrador como el exceso de personal, guardaespaldas, lujos y gastos superfluos, también es cierto que hay otras prácticas que se han mantenido como la repartición de cuotas en la administración pública federal a los diferentes grupos que existen al interior del partido conocido como Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

 

Tras cuatro meses en el poder, hasta ahora el equipo que se ha incorporado al gobierno federal en Tlaxcala no ha sorprendido a nadie y quizá se puede decir que cedió posiciones a políticos de media tabla hacia abajo, siendo hasta ahora Lorena Cuéllar Cisneros, la coordinadora general de Programas de Desarrollo y la representante de la administración de López Obrador la figura más representativa, debido a que se le mencionada como una de las aspirantes con más fuerza para ser nominada candidata de Morena a la gubernatura en las elecciones del 2021.

Y aunque en una primera lectura simple y hasta ingenua se podría decir que la nueva estructura administrativa del gobierno federal en Tlaxcala ha sido acaparada por personajes ligados a Cuéllar Cisneros, la realidad indicaría todo lo contrario porque al menos dos de los tres coordinadores regionales como Isela Rojas Amador y Baldemar Cortés Meneses representan los intereses de la ex candidata de Morena a la gubernatura y ex senadora Martha Palafox Gutiérrez.

Sobra decir que ambos personajes son militantes de Morena y que no son los únicos miembros de ese partido que han obtenido un cargo en el gobierno federal.

Después de la coordinadora general, esos son los funcionarios federales que más cobran sin tener un desgaste como lo tienen otros servidores públicos que tienen bajo su responsabilidad la operatividad de las dependencias del gobierno federal.

El único de esos coordinadores regionales que estaría ligado al grupo político de Lorena Cuéllar es Jorge Atristain San Germán. Otros servidores públicos que formarían parte de su equipo son el abogado y ex consejero electoral Óscar Lobatón Corona, el ex alcalde perredista de Amaxac Carlos Luna Vázquez que maneja el programa de Adultos Mayores, el morenista Homero Meneses Hernández que coordina Prospera y el ex líder del PAN Sergio González Hernández, quien dice organizar y dirigir a los nuevos funcionarios federales.

Pero así como Lorena Cuéllar ha logrado colocar a miembros de su equipo que también forman parte de Morena como Ventura Sánchez, también han hecho lo mismo el grupo de Joel Molina Ramírez, líder estatal de Morena y Senador, quien junto con el ex gobernador priista José Antonio Álvarez Lima y actual director del Canal Once han impulsado la llegada de nefastos funcionarios como el ex consejero electoral Mario Cervantes Hernández, quien fue uno de los operadores en el ITE del ex gobernador Mariano González Zarur.

Alfonso Sánchez Anaya, el ex gobernador de Tlaxcala y actual funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de la administración de López Obrador, es otro que también ha tenido su cuota, pues sus recomendados ya trabajan al lado de Lorena Cuéllar, así como la Senadora Ana Lilia Rivera Rivera que también ha sumado posiciones.

Y por si fuera poco, también el ex gobernador priista Mariano González ha obtenido su cuota de poder en el gobierno de Andrés Manuel López, ya que hasta el momento Jaime Ortega Vázquez se mantiene como Subdelegado de Administración en lo que hoy se conoce como la Delegación de la Secretaría del Bienestar, posición que ocupa desde que Mariana González Fuollon asumió la Delegación de la Sedesol en los tiempos en que su papá era mandatario de Tlaxcala y José Antonio Meade Kuribreña se desempeñaba como secretario de esa dependencia en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Jaime Ortega quien es ubicado como la garganta profunda del PRI y de la familia González en el nuevo gobierno federal, trabajó en la administración estatal y era uno de los colaboradores más cercanos de Jorge Valdés Aguilera, ex secretario de Planeación y Finanzas y uno de los funcionarios de todas las confianzas de Mariano González.

Como podrá ver, en el gobierno de la cuarta transformación todos los grupos tienen presencia, así como los militantes de Morena que no pueden decir que fueron excluidos del reparto de cuotas.

Presidentes de comunidad mantienen su voto en Cabildos

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Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) optaron por una salida fácil y ayer negaron a los alcaldes de algunos municipios del estado su solicitud de suspender la ley por la cual se regresó el voto a los presidentes de comunidad, situación que ha tensado la relación entre los integrantes de algunos cabildos que pronto podrían enfrentar serios conflictos por los desacuerdos que sostienen.

 

Aunque los alcaldes inconformes con la reforma avalada por el Congreso del Estado por la cual se devolvió el voto a los presidentes de comunidad a partir de este año mantendrán su litis en la SCJN por considerar que dicha norma viola a la ley y los derechos políticos electorales de los ediles, regidores y síndicos, la realidad es que el malestar en los cabildos va en aumento y no tarda en registrarse conflictos que ser convertirán en un dolor de cabeza para los diputados locales.

Se espera que la resolución de la SCJN de negar la suspensión de dicha reforma sea notificada esta semana, para que el lunes o martes de la siguiente semana los ediles involucrados en ese asunto presenten su inconformidad y de esa forma obliguen a los ministros a analizar nuevamente el caso y determinen que los presidentes de comunidad no podrán votar en la sesiones de cabildos hasta que el tema sea resuelto de manera definitiva.

Como se sabe, los alcaldes que encabezan esa litis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación son el panista Francisco Villareal Chairez de Yauhquemehcan y la priista Gardenia Hernández Rodríguez de Tlaxco.

Y aunque no lo crea, en más de una veintena de ayuntamientos del estado la relación entre los alcaldes con los presidentes de comunidad que votan en sus cabildos es más que tensa, lo cual se pude comprobar porque en algunos municipios se encuentran suspendidas la sesiones de esos cuerpos colegiados o porque éstas se han llevado a cabo pero de manera ilegal porque no se permitió sufragar a esas autoridades.

Los ediles llegan a la mitad de sus periodos de gobierno desgastados y con bajos niveles de aprobación por parte de sus gobernados, de ahí que no descarte que en las próximas semanas aumenten las solicitudes para remover a los alcaldes, especialmente aquellos que sostienen un pleito casado con los presidentes de comunidad.

A la revisión las cuentas públicas del 2018

No lo cuente en voz alta pero el proceso de la última revisión de las cuentas públicas del 2018 de todos los entes fiscalizables del estado ya inició y será en las próximas semanas cuando se empiece a conocer si algunas serán reprobadas tal y como paso con algunas del 2017, lo que sin duda pondrá en serios predicamentos a uno que otro presidente municipal que no entendió que los tiempos han cambiado.

Hoy no sólo hay alcaldes en funciones que están enfrentando procesos penales por presuntos desvíos, sino que también han varios expresidentes municipales que están siendo requeridos para reintegrar recursos millonarios a sus ayuntamientos luego de que no pudieron justificar la aplicación de los mismos.

La política de borrón y cuenta nueva ya no existe.

El Órgano de Fiscalización Superior está empeñado en cumplir con su trabajo y no se convertirá en la tapadera de nadie.

Desde ahora la atención se centrará en los actuales diputados locales que en unos meses más deberán revisar y fiscalizar las cuentas públicas del 2018, debido a que se espera un comportamiento diferente a la de otras legislaturas donde era común enterarse que cambian el sentido de los dictámenes del OFS o que se dedicaban a limpiar el cochinero que se encontraban si es que obtenían algún abultado estímulo.

Veremos si los diputados de la cuarta transformación están en sintonía con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de combatir y castigar la corrupción o si sólo simularán en ese proceso tal y como lo hicieron en el asunto de aplicar la austeridad republicana.

La prueba de fuego para el fiscal anticorrupción

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Tras cinco meses de simular que trabajaba, Pedro Sánchez Ortega, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la PGJE, enfrentará su prueba de fuego y ahora tendrá que demostrar con hechos que si combatirá las malas conductas y prácticas de servidores públicos, pues ayer se confirmó que en su escritorio existen diez denuncias contra igual número de autoridades que presuntamente desviaron recursos durante el 2017.

Gris y sin iniciativa, Sánchez Ortega tuvo la fortuna de ser un incondicional del actual charlatán procurador José Antonio Aquiahuatl Sánchez, quien decidió designar el pasado 27 de octubre a ese intrascendente agente del ministerio público como fiscal anticorrupción, cargo que llegó a ocupar sin tener ningún gramo de voluntad para integrar las carpetas relacionadas con actos de corrupción que se presumen había en esa dependencia.

Cinco días después de su nombramiento, el nuevo funcionario ofreció una entrevista a El Sol de Tlaxcala donde aseguró que “Los tlaxcaltecas deberán tener confianza en que se combatirán los actos de corrupción que se comentan” y que “la Fiscalía Anticorrupción no tenía en ese momento ninguna denuncia, pero que la PGJE debería canalizar las carpetas de investigación existentes relacionadas con delitos para que pudieran ser atendidas”.

Si lo segundo sucedió o no, nadie lo sabe, porque no es un secreto que en la PGJE la justicia se imparte discrecionalmente y a la voluntad y conveniencia de José Antonio Aquiahuatl.

Cinco meses le duro a Pedro Sánchez la beca de cobrar sin trabajar, pues ahora ya no tendrá pretextos y deberá armar las carpetas de los diez casos que recibió por parte del Órgano de Fiscalización Superior cuya titular María Isabel Maldonado Textle confirmó que presentaron y que involucra probables desvíos del ejercicio fiscal del 2017, específicamente de algunos entes fiscalizables cuyas cuentas públicas fueron reprobadas.

El único caso que se tiene confirmado es el de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) por las irregularidades financieras del año pasado y que ascendieron a 176 millones de pesos, siendo el principal responsable de esas inconsistencias el ex rector Narciso Xicohténcatl Rojas.

Lo delicado de esos expedientes, es que involucra a algunos presidentes municipales en funciones y sus tesoreros, quienes podrían enfrentar procedimientos penales por posibles actos de corrupción, lo cual sería algo inédito porque nunca antes se había visto una situación similar que de concretarse dejaría buenos antecedentes si es que en realidad la Fiscalía Especializado en Combate a la Corrupción de la PGJE y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala hacen su chamba y no optan por proteger a los probables responsables.

Dudo que los expedientes del OFS tengan inconsistencias o que éstos no aporten los elementos para cuadrar el daño patrimonial del que se habla, pues si hay una funcionaria minuciosa en realizar su trabajo es María Isabel Maldonado.

La prueba de fuego para comprobar si en Tlaxcala se combatirá o no la corrupción llegó. Ahora habrá que ver si hay alguien que quiera ofrecer un manto protector a los involucrados en esas diez denuncias o se dejará correr los casos para que se logre uno que otro escarmiento. El tiempo lo dirá.

Apizaco solo ante la creciente inseguridad

La administración panista que encabeza el alcalde de Apizaco, Julio César Hernández Mejía, pareciera que está sola en su lucha contra la delincuencia, pues toda acción o iniciativa que emprende ese ayuntamiento para combatir el crimen es ignorada y carece del respaldo y apoyo del gobierno priista de Marco Antonio Mena Rodríguez.

Una prueba de lo anterior se registró durante el evento que organizó ayer el gobierno de Hernández Mejía para dar a conocer la Aplicación Policía Inteligente (API), la cual se puso en marcha y ubica al municipio de Apizaco a la vanguardia a nivel nacional en lo que se refiere a la policía de proximidad.

La ausencia de autoridades estatales fue más que notable, ya que ni el procurador José Antonio Aquiahuatl Sánchez, ni el encargado de la Policía Estatal, Eduardo Valiente Hernández ni el secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, acudieron a la presentación de dicha aplicación que debería contar con el respaldo de la administración estatal que tiene abandonado el tema de la seguridad en Tlaxcala.

En cambio contó con la presencia del secretario de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados federal, Raúl Ernesto Sánchez Barrales y Jorge Ramos Hernández, ex presidente municipal de Tijuana y actual secretario de buen gobierno del CEN del PAN.

La aplicación denominada API será una herramienta eficiente de vinculación estrecha entre gobierno y ciudadanos en materia de seguridad. Funcionará para dispositivos móviles con Android y iOS. Además cuenta con un sistema de monitoreo y almacenamiento de la información en tiempo real.

Esa herramienta tiene funciones de geolocalización tanto del ciudadano como del policía, así como notificación de mensajes de ubicación y direccionales para rastreo y monitoreo de la incidencia reportada.

La aplicación permitirá reducir los tiempos de respuesta de los policías y cuenta con los más avanzados estándares de protección de datos personales. Su funcionamiento depende de factores externos como permisos de localización del usuario y que cuente con conexión a internet.

La intención es que esa aplicación sea usada por 50 mil suscriptores en este año. Su alcance será la zona conurbada de Apizaco, Tetla, Yauhquemehcan y Tzompantepec.

El alcalde de Apizaco sin dudas ha demostrado que no le rehúye a los problemas y que a pesar de estar solo trabaja para enfrentar la inseguridad de su ciudad y sus alrededores.

La compleja red de tráfico de plazas

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Una discreta, pero efectiva red de complicidades es la que funcionada desde hace algunos meses en el estado, la cual ha logrado que familiares, amigas y recomendados de presidentes municipales logren plazas, así como también algunos líderes sindicales y funcionarios estatales que han facilitado esos procedimientos que se han concretado para evitar escándalos o protestas porque por lo regular esa práctica se registraba al final de las administraciones.

Sin que hasta ahora haya sido detectada la maniobra para aumentar el número de trabajadores sindicalizados en los ayuntamientos y en el gobierno del estado, la realidad es que esa lamentable práctica la han puesto en marcha varios presidentes municipales de Tlaxcala que tendrían la complicidad del líder del gremio de burócratas “7 de Mayo”, Edgar Tlapale Ramírez y del Oficial Mayor de Gobierno, Luis Miguel Álvarez Landa.

Al inicio de las actuales sus administraciones municipales, los ediles intercambiaron posiciones laborales entre ellos para ubicar a familiares o amigas, por lo que esa medida les permitió beneficiar a sus recomendados que cobran sin trabajar. Fue una salida fácil para evitar casos de nepotismo o problemas al interior de sus Cabildos o entre los habitantes de sus municipios que suelen criticar que los acaldes usen a los ayuntamientos para contratar a sus parientes.

Sin embargo, ese esquema de operación cambio en los últimos meses cuando en ciertos ayuntamientos los presidentes municipales decidieron ampliar el número de trabajadores sindicalizados, al igual que en la administración estatal que se ha prestado a satisfacer los intereses de los alcaldes.

El esquema que siguen es más o menos el siguiente, el alcalde solicita una plaza en el gobierno del estado para un hermano o un familiar, la cual se otorga si éste permite la basificación de cuatro o cinco trabajadores cuyos lugares son repartidos entre el edil, el líder del sindicato 7 de Mayo y el funcionario estatal encargado de las contrataciones de personal.

Se dice que una vez generados los lugares algunas plazas son vendidas y los recursos van a parar a los bolsillos de los principales operadores de esa red de intereses y complicidades. Los nombres de los alcaldes y sus familiares que ya fueron basificados pronto se darán a conocer, una vez que se tengan todos los documentos que respalden los atípicos movimientos administrativos que se llevaron a cabo para cumplir sus deseos.

Entre esos beneficiados estaría la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, Elsa Cordero Martínez, quien habría logrado sindicalizar a un cercano familiar en el ayuntamiento de San Pablo Apetatitlán.

Este asunto será todo un escándalo cuando se conozcan los nombres y los detalles de los involucrados en esa red.

La galopante inseguridad

Aunque las autoridades estatales se empeñan en insistir que el problema de la inseguridad no es tan grave, la realidad dice todo lo contrario porque los hechos delictivos van a hacia arriba sin que nadie haga algo para contenerlos.

La semana pasada se registró un secuestro más de un tlaxcalteca, que al parecer fue rescatado en el vecino estado de Puebla. Los robos de comandos armados es la constante en Tlaxcala, así como las balaceras.

Las autoridades locales están rebasadas y su parálisis es insultante, lo cual resulta preocupante porque no tarda en que se registre otro linchamiento en el estado.

Subirá de tono el pleito entre el gobernador y los diputados

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La deteriorada relación entre el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez y los diputados locales podría empeorar más y subir de tono no sólo las descalificaciones sino la confrontación que sostienen, debido a la negativa del primero por publicar las reglas de operación para que los legisladores puedan ejercer los fondos para el Fortalecimiento de Obras y Acciones a Municipios y el de Fortalecimiento del Campo.

Tal y como ha sucedido últimamente con otras leyes aprobadas por los diputados, el mandatario de Tlaxcala no ha querido publicar en el Periódico Oficial las reglas de operación de dichos fondos, situación que ha impedido a los legisladores locales aplicar más de 400 millones de pesos que siguen en poder de la Secretaría de Planeación y Finanzas que controla Alejandra Nande Islas.

Las razones por las cuales el gobernador Mena se ha negado a publicar dichas reglas se desconocen. Al principio se mencionó que los lineamientos serían establecidos por la administración estatal, pero después se decidió que fueran los propios legisladores de las bancadas de Morena, el PT y el PES los responsables de fijar los requisitos para ejercer dichos fondos.

Se sabe que las reglas de operación ya fueron turnadas al Poder Ejecutivo desde hace varios días por parte del Poder Legislativo, sin embargo éstas no han sido publicadas pese a los tímidos llamados que en su momento hizo la diputada morenistas y presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Mayra Vázquez Velázquez, al gobernador Marco Mena para agilizar ese procedimiento.

La realidad es que el mandatario ha ignorado las solicitudes y los llamados de los diputados locales, pues pareciera que simplemente a él no le urge publicar esas reglas ni entregar los recursos de los fondos para el Fortalecimiento de Obras y Acciones a Municipios y el de Fortalecimiento del Campo, postura que tiene encabronados a los legisladores y los presidentes municipales que están decididos a mostrar su malestar y encaminar sus críticas al mandatario Marco Antonio Mena.

La buena relación que según el presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, Víctor Manuel Báez López, existe entre el gobernador y los legisladores locales es una farsa y una vil simulación, ya que ni hay cordialidad ni respeto al grado que pronto podrían vivir un nuevo desencuentro donde ambos se lanzarán acusaciones y descalificaciones que los encaminaría hacia una ruptura más grave.

Para algunos diputados locales la postura asumida por el Poder Ejecutivo es arbitraria e ilegal al no dar cumplimiento al Presupuesto de Egresos del 2019, donde se establecieron los mencionados fondos que ya se debieron estar ejerciendo y que no ha sido posible por la falta de un trámite burocrático.

Ambas partes tienen información y elementos para desacreditarse, pero a ninguno le conviene llevar sus diferencias al terreno mediático porque con el tiempo podrían arrepentirse y lamentarse.

La ausencia de operadores efectivos del gobernador Mena para lidiar con los legisladores es cada vez más evidente, al grado que a estas alturas se antoja imposible que el mandatario tlaxcalteca pueda sostener una reunión con la mayoría de los integrantes del Poder Legislativo como se ha pretendido en las últimas semanas.

En fin, veremos en que termina este asunto que seguramente dejará muchos egos y reputaciones vapuleadas.