[xyz_lbx_default_code]

Publicaciones etiquetadas ‘Martín Rodríguez’

Los diputados ya quieren reajustar comisiones

.

Mientras unos ya entendieron que a los actuales diputados y autoridades estatales le restan 19 meses de poder, otros como el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez siguen pensando que el poder es eterno y sin una pizca de humildad se muestran arrogantes y hasta soberbios para ofrecer imposibles como comprometerse a que los servicios de salud en Tlaxcala incluirá a todos los ciudadanos.

Al interior del Congreso del Estado los ánimos están encendidos y un grupo de diputados de Morena, del PT y de otros partidos como el PAN y el PRI sostienen pláticas para emprender un reajuste y cambios en las principales comisiones, pues sencillamente no están conformes en la forma en que se conduce el Poder Legislativo y saben que este año es clave para tratar de rescatar algo de la imagen, el prestigio y la credibilidad que han perdido por errores y excesos.

Aunque la petista Irma Garay Loredo, presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política ha tratado de incluir a todos los diputados en las decisiones, la realidad es que su estilo para alcanzar acuerdos y generar consensos no ha gustado, de ahí que en esta semana se haya puesto sobre la mesa su relevo que poco a poco ha ido ganando consenso y no se descarta que pudiera concretarse en los siguientes días.

La mayoría de los legisladores locales no están contentos que los morenistas Víctor Manuel Báez López y María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi traten de controlar a la actual legislatura y sean ellos quienes tomen las decisiones que después imponen a los presidentes de ciertas comisiones, porque es obvio que ven por sus intereses y no por los de todos.

La designación del representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Judicatura del Poder judicial y la negociación unilateral de un par de diputados para lograr convenios publicitarios con algunos medios de comunicación ha generado desencuentros entre los diputados.

De entrada, el actual consejero del Congreso del Estado ante el mencionado órgano, el presunto acosador y traficante de influencias, Álvaro García Moreno, quien habría gozado de la protección de Fabricio Mena Rodríguez, “el vicegobernador de Tlaxcala” y de Carlos Bailón Valencia, secretario Técnico del Despacho del Gobernador, no será ratificado y por esa razón se inició el pleito por esa atractiva posición que forma parte de la exclusiva burocracia dorada de la entidad a la que sólo los privilegiados pueden llegar.

El PT a través de Irma Garay busca quedarse con ese lugar, pero Morena no está dispuesto a cederlo y se habla que estaría impulsado al director jurídico de la dirigencia de ese partido. La chiquillada también está haciendo su lucha y busca aliados, de ahí que al saber que sus votos son claves ya propuso reajustes en las comisiones legislativas.

El ambiente que se percibe en el Poder Legislativo es de tensión y confrontación.

Por cierto, este día se desahogarán las audiencias en torno a la solicitud de juicio político que existe contra la alcaldesa de Axocomanitla, la deslucida panista Martha Palafox Hernández, quien si bien no es tan grave su situación como la que estaría enfrentando el edil de Huamantla, Jorge Sánchez Jasso, se habla que sus probables desvíos no superan los cinco millones de pesos y que no tiene otras circunstancias graves que la comprometan.

El Insabi la panacea en Tlaxcala

Sin perder el estilo de hablar por hablar y prometer gobernanzas modernas y una administración única y especial que sólo existen en su mente académica, el bisoño gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez dijo que ahora sí se logrará que los servicios de salud abarquen a todos los ciudadanos y más con la operación en Tlaxcala del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar que le impuso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Sin reconocer que los servicio médicos en Tlaxcala son pésimos, que no existen especialistas y que la escasez de medicinas y material en clínicas y hospitales es constante y que los pacientes de cáncer y de insuficiencia renal reciben una atención mala, el mandatario tuvo la puntada de declarar que aún le falta revisar cinco anexos del Insabi en los que se detallan sus reglas de operación, la dotación de recursos financieros, humanos, de infraestructura, así como de carácter administrativo, lo que confirma que sólo se sumó a ese proyecto del gobierno federal por inercia tal y como lo hicieron todos los gobernadores priistas.

Hace unas semanas la actual administración estatal puso en marcha el programa “Ruta Por Tu Salud” que tiene una intención más política electoral que en realidad llevar y acercar los servicios médicos a los habitantes de los municipios tlaxcaltecas, así como la caravana “Caravana Día de Reyes” que lleva a cabo la exquisita Presidenta Honorífica del DIF Estatal, Sandra Chávez Ruelas, quien después de tres años ya le gusto viajar en camionetas blindadas para ella y su numerosa familia, así como andar custodiada por un cuerpo de seguridad que la hace sentir fifí y poderosa.

El gobernador Mena sigue pensando que su mandato es eterno y por eso su soberbia lo ciega y le impide ver que su torpe operación electorera que lleva a cabo a través de las dependencias estatales es tan burda que pronto enfrentará acusaciones y escándalos.

Vaya es tan descuidado que de una forma tan descarada tiró ya línea a los magistrados del Poder Judicial para evitar que los marianistas le ganen la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, tal y como pasó hace dos años que lo dejaron en ridículo.

Fracasa el marianismo disfrazado de menismo y pierde poder

.

Un asunto que sucedió hace un par de días y que para la mayoría pasó inadvertido, pero que confirmaría que las cosas han empezado a cambiar al interior de la actual administración estatal, es el hecho de que los marianistas disfrazados de menistas no pudieron retener por más tiempo la presidencia del Colegio de Notarios que ahora pasó a manos de Selene Cabrera García, fedataria pública de Tlaxco.

Si el sumiso y distraído gobernador tlaxcalteca, Marco Antonio Mena Rodríguez, se enteró o no de la renovación de la presidencia de ese organismo nadie lo sabe, porque con eso de que es inaccesible y sólo se reúne con dos o tres funcionarios fifís, el joven mandatario pronto sabrá que los ortinotarios a los que por inercia odio y despreció por ser una instrucción de su creador, el ex gobernador Mariano González Zarur, le ganaron la partida y éstos decidieron imponer como nuevo representante a una ternurita que puede que obedezca, pero también puede que no si la mayoría de los fedatarios ve afectados sus intereses.

El marianista de hueso colorado Sergio Cuahutémoc Lima López, director de Notarías y Registro Público, decidió ponerse el saco del menismo y tratar de operar la elección del nuevo presidente de los notarios tlaxcaltecas, sin embargo muy pronto el soberbio funcionario entendió que ese traje no asusta a nadie y que está muy lejos de generar respeto o lealtad, de ahí que esos profesionales del derecho no aceptaron que el notario público de Tlaxcala, Martín Macías Pérez, ocupará la presidencia del Colegio de Notarios y menos que se vendiera que tal propuesta era para cumplir un deseo del blandengue Marco Mena.

Reunidos la mayoría de los 25 notarios, 16 designados por el ex gobernador panista Héctor Ortiz Ortiz y 9 fedatarios conocidos como los viejos, éstos se dividieron y más cuando se habló que Martín Macías no era la única propuesta, porque también estaba la de Selena Cabrera, que como si fuera una diva de la banda, generó discordia, pero al final salió en hombros y con la presidencia en su bolsa.

El marianista disfrazado de menista Sergio Cuahutémoc Lima trago su bilis para después poner cara de que el final se acerca para una gris administración que nunca consolidó un grupo y menos un proyecto político.

Los ortinotarios por fin hicieron una para desquitarse del despreciable trato que han recibido de un sumiso gobernador que sólo los maltrató porque su verdadero patrón Mariano González se lo ordenó y no tuvo otra más que acatar la instrucción sin siquiera preguntar si se justificaba ese tonto rencor.

Los avisperos que existen contra los alcaldes trácalas

La difusión del procedimiento legal para llevar a juicio político al edil de Huamantla, Jorge Sánchez Jasso, representó un golpe a los avisperos que se tienen en varios municipios, pues las quejas contra los alcaldes se han multiplicado en el Congreso del Estado, las cuales son acompañadas de graves acusaciones de corrupción.

En Apetatitlán, donde despacha el trácala alcalde servilletero Eloy Reyes Juárez, hay serias acusaciones de malos manejos. Incluso hay videos y otras evidencias que demuestran como ese perredista se esconde de un constructor que le habría pagado por adelantado una comisión para recibir y ejecutar una obra, la cual no realizó porque ese edil sin palabra no le cumplió pero ahora tampoco le quiere regresar la supuesta mochada.

No es la primera vez que ese presidente municipal gilipollas hace de las suyas. Antes de asumir el poder recibió por parte de su principal patrocinador que hoy es un influyente funcionario una camioneta de lujo y un Jetta para ofrecérselo a la que sería su síndica, pero los meses pasaron y Eloy Reyes no cumplió con lo que se había comprometido ni tuvo la intención de pagarlos, por lo que le tuvieron que retirar las unidades automotoras que disfrutó a la mala.

El alcalde de Calpulalpan, Neptaly Gutiérrez Juárez, pronto volverá a enfrentar protestas no sólo de los habitantes, sino de los proveedores de ese ayuntamiento que ya no saben qué hacer para que les paguen por sus servicios o productos.

El malestar contra ese edil va en aumento, así como el mal ambiente que se está generando en San Juan Huactzinco, donde el presidente municipal Alfredo Valencia Muñoz ya no sabe cómo ocultar la presunta corrupción que la síndico le tiene documentada y que ya está siendo analizada por los diputados locales.

Pero no crea que son los únicos casos, también se habla de probables conflictos en El Carmen Tequexquitla y en Axocomanitla.

El 2020 será un año muy convulsionado. Al tiempo.

El Congreso del Estado en la antesala de realizar juicios políticos

.

El procedimiento legislativo para determinar si el presidente municipal de Huamantla, Jorge Sánchez Jasso, será sometido o no a un juicio político por presuntas anomalías cometidas en su administración avanza sin contratiempos, donde es evidente que el juego de estrategias de las partes involucradas es intenso y calculado, por lo que tendrán que pasar una semanas más para conocer el desenlace.

La Comisión Especial que atiende el caso de Huamantla y que es presidida por el legislador del PT, Víctor Castro López, ha optado por cumplir con el procedimiento sin cargar los dados para uno u otro lado, situación que le está resultando positiva porque el informe que presente a la Comisión Instructora de Juicio Político del Congreso del Estado será una pieza clave para decidir si el edil de extracción priista es juzgado o exonerado.

La parte acusadora no sólo ratificó sus señalamientos sino que aportó pruebas y más documentos. De las más de 70 sesiones de Cabildo que por ley debieron realizarse desde el inicio de la actual administración municipal hasta diciembre pasado, solamente existe registro de 20 de ellas.

También se habla de anomalías relacionadas con facturas, sobreprecios y falsificación de firmas, elementos que se habrían detectado durante las revisiones que lleva a cabo el Órgano de Fiscalización Superior.

Trascendió que la Comisión Estatal de Derechos Humanos notificó la existencia de 4 o 5 quejas presentadas contra Sánchez Jasso y se especula que el edil huamantleco enfrenta también dos demandas por incumplimiento de contrato, mismas que son llevadas en juzgados tlaxcaltecas.

Si Jorge Sánchez enfrenta denuncias penales en la Procuraduría General de Justicia del Estado aún no se sabe, pues aunque la información fue solicitada es la hora que el ocupado y “académico” responsable de esa dependencia, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, no había atendido el pedimento del Congreso del Estado.

El presidente municipal de Huamantla compareció ayer ante la Comisión Especial y llegó acompañado del abogado marrullero y triquiñuela s Orlando Santacruz Carreño. Sólo pidió copias del expediente y no aportó ningún elemento o documento para su defensa, pues en una entrevista posterior dejó entrever que las pruebas para desvirtuar los hechos de que le acusan serán exhibidas en su momento, es decir, ante la Comisión Instructora de Juicio Político del Poder Legislativo.

Sánchez Jasso sabe que la Comisión Especial sólo elabora un informe y éste es remitido a otra comisión legislativa que finalmente abre un nuevo expediente con miras a elaborar un dictamen que determinará si hay elementos o no para llevar a cabo el juicio político, momento procesal que utilizará el alcalde para defenderse y evitar una sanción por parte de los diputados locales.

Si la legalidad y el manejo adecuados de los recursos públicos en Huamantla es una realidad, entonces el edil no debe preocuparse, porque al final esos señalamientos son insostenibles, pero si hay anomalías administrativas y jurídicas quizá deba inquietarse porque los diputados locales si quieren dar un mensaje de que si están dispuestos a castigar la corrupción en Tlaxcala.

Hasta ahora las versiones se encuentran divididas al interior del Congreso del Estado, pues mientras hay un bloque de legisladores que considera viable y positivo someter a juicio político al edil de Huamantla, otro grupo no ve con buenos ojos realizar y concretar ese procedimiento porque considerar que se puede generar inestabilidad en los municipios, de ahí que en las próximas semanas se verá si optan por una decisión legal o una política sobre ese caso que ya acaparó la atención de los tlaxcaltecas.

Las incongruencias priistas y su realidad alterna

.

Los priistas están muy, pero muy lejos de entender su realidad y aceptar que el tiempo se les agota para tratar de recobrar la credibilidad, la influencia, el poder y el acercamiento que alguna vez llegaron a tener con los ciudadanos, porque su incongruente comportamiento no sólo los dibuja como ignorantes, sino como políticos y funcionarios insensibles que son capaces de burlarse de tragedias que afectan a los tlaxcaltecas.

Lo anterior no es sólo privativo de los funcionarios de la actual mediocre administración estatal, sino que involucra al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez que no se cansa de mostrarse sumiso y dócil ante el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario estatal cuya administración culpaba al gobierno federal de la falta de medicamentos para tratar a los niños enfermos de cáncer que eran atendidos en el Hospital Infantil de Tlaxcala, ayer asistió a una comida con López Obrador donde, junto con los otros gobernadores del ex partidazo, terminó por aceptar el Insabi y doblegándose al poder del tabasqueño y su cuestionado proyecto de salud.

Mena Rodríguez no sólo está lejos de seguir la recomendación emitida por el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, en el sentido de exigir al gobierno federal que cambie las reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar porque, según los militantes del tricolor, no se puede jugar con la salud y el patrimonio de millones de mexicanos.

Alguien puede ver en el comportamiento del gobernador a un PRI que está buscando ser una oposición firme, clara, crítica e inteligente.

No han pasado ni 15 días de que Marco Mena aplaudió el discurso de Alejandro Moreno que asistió a Tlaxcala a la toma de protesta de los nuevos dirigentes del PRI en Tlaxcala y en donde eufórico avaló la postura del ex gobernador de Campeche en el sentido de que “El PRI exige resultados claros a los gobiernos opositores al nuestro” y en donde además afirmó que “Morena es ave de paso. Nació ayer, gobierna hoy, y se irá mañana, porque le vamos a ganar en las próximas elecciones”.

No crea que lo anterior es la única incongruencia, porque en la mañana de ayer mientras el gobernador sostenía en Palacio Nacional una reunión con Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal y los titulares de la Defensa Nacional y de Marina para fortalecer disque el trabajo de coordinación y operatividad en las tareas de seguridad en el estado, un comando armado llevaba a cabo la ejecución de un hombre al interior de un negocio de materiales de construcción en el municipio de El Carmen Tequexquitla evidenciando que lo que menos existe en Tlaxcala es coordinación y menos seguridad porque ni la policía municipal, ni los elementos estatales ni la Guardia Nacional hicieron algo para tratar de detener a los responsables de ese crimen.

El que de plano ni la burla perdona es el chafa procurador de Justicia en el Estado, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, quien tras mantener en el olvido por mucho tiempo el caso de Karla Romero Tezmol, una menor que desapareció del municipio de San Pablo del Monte hace cuatro años, ahora sale con la jalada que sería posible localizarla sólo porque la dependencia firmó un convenio de colaboración con la Universidad de Granada, España, “ADN-PROKIDS”, por el cual las autoridades tendrán acceso a una identidad genética y al uso de un software que es empleado en varios países.

Después del tiempo que ha pasado y la indiferencia de la pasada y actual administración, el “académico” afirmó que “en el caso de Karla, en la exposición genética de los familiares directos se van a subir y se hará una búsqueda no solo a nivel local, sino en el país y a nivel internacional”.

Si las autoridades tlaxcaltecas nunca hicieron nada y lo que es peor perdieron evidencia importante del caso (los videos), difícilmente y tras cuatro años se podrá hacer algo efectivo para dar con el paradero de esa niña, cuya madre no ha tenido la fortuna de ser atendida y ni recibida por el gobernador Marco Mena, quizá porque no es empresaria, o una estudiante destacada o una piloto aviador que sea un orgullo para el estado.

Los ejemplos de incongruencias priistas sobran, de ahí que al final uno entiende porque ese partido y la mayoría de sus aspirantes a un cargo de elección popular están en el sótano de las preferencias electorales y porque el gobierno estatal que encabeza Marco Antonio Mena está reprobado y alejado de los ciudadanos.

La clave de la sucesión está en las futuras coaliciones

.

Pensar que en Tlaxcala está resuelta la elección del 2021 para gobernador es un grave error que están cometiendo los simpatizantes y la misma precandidata morenista Lorena Cuéllar Cisneros, que se asume como inalcanzable en las diferentes encuestas para medir la intención del voto de los tlaxcaltecas cuando un factor clave para definir la sucesión es la conformación de las alianzas que a nivel nacional negocian las dirigencias del PRI, PAN, PRD y otros partidos políticos como el PT.

Nadie puede discutir que Lorena Cuéllar, la “super delegada” del gobierno federal que preside Andrés Manuel Lópéz Obrador, es la mejor aspirante a ocupar el lugar que dejará vacante el priista Marco Antonio Mena Rodríguez, pero tampoco nadie puede asegurar que los comicios venideros están definidos porque hay factores que aún no son analizados porque sencillamente se están construyendo.

La prolongada crisis interna del partido del presidente conocido como Morena está lejos de superarse y cada vez es más inminente la ruptura en esa fuerza política que no sólo controla la presidencia de México, sino la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.

Ese factor está golpeando la figura de Morena y poco a poco la de López Obrador, por lo que seguramente el apoyo ciudadano que reciben irá a la baja y la tendencias electorales se modificarán.

Si bien en Tlaxcala las dirigencias locales del PRI, PAN, PRD han sostenido acercamientos para explorar una coalición para el 2021, la realidad es que a nivel nacional las dos primeras fuerzas políticas han avanzado en los acuerdos y se da como un hecho su alianza electoral, por lo que existe un borrador que establece los estados donde los panistas pondrían candidatos y en qué otros lo harían los priistas.

El PRD no tiene otra más que sumarse a esa coalición, pero sabe que ante su escasa fuerza y presencia nacional lo único que podría pedir es una o dos candidaturas a gobernador (Michoacán y Tlaxcala) de las 14 que estarán en juego, de ahí que desde hace meses se haya dado a la tarea de acercarse y respaldar las aspiraciones de la priista Anabell Ávalos Zempoalteca, quien hace unos días también fue apapachada por el diputado federal de Morena Porfirio Muñoz Ledo.

Anabell Ávalos que se desempeña en la actualidad como presidenta municipal de Tlaxcala es la única aspirante que reúne el consenso en torno a su probable nominación de ese bloque. No tendría que renunciar a su partido, pues en caso de concretarse la alianza simplemente sería registrada por el PRD.

El PAN sigue el juego de que está buscando a la mejor candidata o candidato a la gubernatura de Tlaxcala, sin embargo en los hechos realiza un trabajo a ras de suelo en los distritos y municipios donde tiene posibilidades de ser competitivo para asegurar su triunfo, pues la dirigencia nacional y estatal de ese partido saben que si van solos en los comicios del 2021 no estarán en condiciones de pelar el gobierno del estado.

El PAN está empeñado en conseguir el distrito uno federal con cabecera en Apizaco, así como demostrar su fuerza en ese corredor donde tiene en su poder varios ayuntamientos. El alcalde panista de Apizaco Julio Cesar Hernández Mejía, está trabajando para lograr ese objetivo y aunque su nombre ya se maneja como aspirante a la gubernatura, en realidad su verdadera intención es llegar a la Cámara de Diputados.

El PRI aunque cambio de dirigente local sigue sin rumbo y sin proyecto definido. Hace unos días, el gobernador Marco Antonio Mena convocó en Casa de Gobierno a un cónclave priista que contó con las principales figuras de ese partido entre los que se pudo ver a alcaldes, funcionarios estatales y miembros del ex partidazo.

Dejando en el clóset su vestimenta de sumisión al presidente de México y su chaleco de imparcial, cuentan que Mena Rodríguez dijo que ahora si se tenían que poner a trabajar y acercarse a los ciudadanos para presumir los logros de su administración, pues la competencia en el 2021 sería complicada y dura.

A los presentes se les solicitó que propusieran ideas y las acciones a seguir para fortalecer al PRI en los siguientes meses, de ahí que un alcalde cercano a la capital planteó la idea de que los ahí presentes donaran permanentemente una quincena de sus salario para financiar las actividades del partido que carece de fondos económicos. El silencio poco a poco se apoderó de los presentes hasta que se hizo sepulcral y obligó la intervención del mandatario que solicitó siguiera la lluvia de ideas para revivir al ex partidazo.

Al final la reunión no sirvió de nada porque todo sigue igual como antes.

A la sucesión en Tlaxcala le faltan muchos capítulos por escribirse, pero como se podrá dar cuenta la clave de la misma está en las coaliciones que pronto se empezarán a definirse.

La exhibida que le dieron al diputado Garrido Cruz

.

Al diputado local del PES José Luis Garrido Cruz poco a poco lo está alcanzando la realidad, dejando bien claro que no es el gran operador político que dice ser, ni es el experto en derecho que presume, porque está más que claro que enfrenta serios problemas para retener el control del partido que alardea controlar y que es incapaz de ofrecer una solución al conflicto de límites territoriales que prevalece entre Chiautempan y Tlaltelulco.

Hace unos meses el legislador del Partido Encuentro Social ofreció poner fin a los conflictos de límites territoriales que se tienen registrados en diferentes regiones del estado, de ahí que dedujo que el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez intervendría en ese problema y se haría cargo de las negociaciones, lo cual no sucedió porque previamente el mandatario estatal fue advertido de lo difícil que sería lograr los consensos sobre esos casos.

La administración estatal a través de la Secretaría de Gobierno que controla el ineficiente José Aarón Pérez Carro ya notificó al diputado Garrido que se mantendrá al margen de esa problemática y que corresponderá al Congreso del Estado encontrar la mejor salida legal al pleito que desde hace años sostienen las autoridades de Chiautempan y Tlaltelulco por una zona territorial entre ambos municipios.

Por esa razón, José Luis Garrido fue acusado ayer por los habitantes de Tlaltelulco que fueron encabezados por su torpe alcalde Rubén Pluma Morales de evadir su responsabilidad y dejar que la disputa por un territorio se prolongue por más tiempo, de ahí que ese legislador no tuvo otra más que arremeter contra el gobierno del estado al que culpó de mostrarse indiferente ante ese conflicto y de ser omiso.

Obviamente las acusaciones y ponzoña lanzada por ese pequeño diputado y líder estatal del Partido Encuentro Social no tuvo los efectos esperados y fue exhibido como un mentiroso, hablador e ineficiente político que tiene bajo su responsabilidad la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso del Estado que atiende la problemática de los límites territoriales.

Para la mala suerte del legislador local, el presidente municipal de Tlaltelulco, el petista Rubén Pluma, supo aprovechar el error de una vecina de esa población que hizo a la hora de realizar su trámite ante las autoridades para obtener su credencial de elector para manipular a sus huestes y llevarlos ante las oficinas del Poder Legislativo, donde por cierto su hija gilipollas María Félix Pluma Flores despacha como diputada del PT y no ha hecho nada para intervenir desde su posición y exigir que ese caso sea resuelto.

La vecina de Tlaltelulco ya reconoció que ella dio mal las referencias de donde su ubica su actual domicilio y por esa razón su credencial de elector salió como si esa calle perteneciera al municipio de Chiautempan, de ahí que resultan falsos los señalamientos de los habitantes de la primera población y de sus tontas autoridades en el sentido de que se les pretende quitar por la mala parte de su territorio.

Ayer no sólo el diputado José Luis Garrido comprobó que fue un error darle entrada a las demandas de los alcaldes de dichos municipios y de los vecinos manipulados, pues varios de sus compañeros legisladores que lo acompañaron en la comisión conformada para atender a los inconformes que se manifestaron en la sede del Poder Legislativo entendieron que los conflictos de límites territoriales son muy espinosos y que éstos están lejos de solucionarse en un dos por tres.

No lo cuente en voz alta, pero desde ayer los diputados locales andan buscando como salirse legalmente de ese conflicto y dejar que el problema se mantenga vigente sin que se generen más protestas y confrontaciones, porque simplemente ya vieron que no existen las condiciones para llegar a acuerdos.

Finalmente, le comento que ayer los habitantes que exigen la destitución del alcalde priísta de Huamantla, Jorge Sánchez Jasso, no sólo ratificaron ante los diputados sus quejas, sino que se comprometieron entre este día y mañana a aportar más elementos que, según ellos, demuestran los malos manejos financieros en ese ayuntamiento.

El presidente municipal de esa población considerada como pueblo mágico deberá comparecer el martes 28 de enero ante la comisión especial y llevar todos los documentos que lo ayuden a justificar la correcta aplicación de los recursos públicos, pues de eso dependerá de que evada o enfrente el juicio político que se le pretende abrir para removerlo del cargo.

La nueva quiebra de Pensiones Civiles ligada al hermano incómodo

.

Los expedientes negros que existen de la actual administración y que por meses permanecieron ocultos han empezado a salir a la luz para evidenciar que el tufo de corrupción que emana de las dependencias estatales es cada vez más desagradable, especialmente donde se ubican funcionarios ligados a Fabricio Mena Rodríguez, el poderoso hermano incómodo del gobernador priísta Marco Antonio Mena Rodríguez.

Los casos que poco a poco se irán conociendo y que están siendo compartidos a diferentes periodistas de Tlaxcala a través de correo electrónico fueron armados por personal de las dependencias estatales que no sólo conocen a detalle el manejo de las áreas del gobierno estatal, sino que tienen acceso a las evidencias documentales que demostrarían presuntos actos de corrupción y la grotesca malversación de recursos públicos.

Uno de esos expedientes involucra al actual Director de Pensiones Civiles del Estado, el poblano Roberto Carlos Morán Pérez, quien además se dice que es esposo de la prima del gobernador y de Fabricio Mena. Dicho funcionario se sumó a la gobernanza moderna el 12 de julio del 2018.

En menos de dos años su ritmo de vida cambió a tal grado que tendría problemas para explicar su enriquecimiento, el cual obviamente estaría ligado a presuntos malos manejos que habría en Pensiones Civiles del Estado, cuyas finanzas no sólo están desfondadas al arrastrar un déficit de 60 millones de pesos, sino que están a punto de llegar a la quiebra como sucedió en la administración del hacendado gobernador, Mariano González Zarur, quien se vio obligado a intervenir y rescatar ese sistema antes de que colapsara.

La alarmante situación que vive esa área del gobierno que debe pagar y cubrir los salarios y prestaciones de los trabajadores pensionados y jubilados, es solapada y ocultada por los consejeros de los sindicatos que prefieren mantener sus dádivas antes que dar a conocer las irregularidades que prevalecen.

En Pensiones Civiles del Estado y específicamente en el área de farmacias (Servicios Farmacéuticos de Pensiones Civiles) existen varios aviadores como el supuesto Jurídico Armando Galindo Palacios, quien sólo acudiría a firmar y tiene la fortuna de ganar la cantidad de 23,830 pesos libres de impuestos. Otro destacado miembro de esa fuerza aérea sería el secretario de Organización del Comité Directivo Estatal del PRI Óscar Amador que se llevaría sin esfuerzo 10,348 pesos.

Pero lo que más sorprendente es que el Director Roberto Carlos Morán contrató a un despacho poblano, a quien se le pagaría una iguala mensual de 131,818 pesos como se comprueba con las facturas que cobra dicho Grupo Consultor Legal y Contable RH, el cual en sólo un año se presume que se llevaría 1,581,816.04 pesos.

Lo absurdo es que ese grupo de abogados poblanos no resuelve nada y tampoco ayuda en algo porque sólo se dedica a sangrar las finanzas de Pensiones Civiles del Estado.

Pero por si fuera poco en la próxima sesión del Consejo de Servicios Farmacéuticos se tratará de imponer en un cargo más importante a Laura Flor Santiago Rodríguez (actual Coordinadora de la Clínica de Especialidades en Tizatlán), cuyo mérito principal es ser amiga muy, pero muy cercana de Morán Pérez.

Los detalles de las anomalías financieras y gastos excesivos que prevalecen en la Clínica de Especialidades en Tizatlán en breve se darán a conocer, así como los detalles del viaje al extranjero que realizó Fabricio Mena y el Director Roberto Carlos Morán. También se documentarán las inconsistencias de las compras de medicinas a laboratorios que se encuentran vetados por el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

El gobierno de Marco Mena ya enfrenta una guerra interna y las gargantas profundas junto con los quintacolumnas serán un fuerte dolor de cabeza. Al tiempo.

Pura palabrería en torno a la rendición de cuentas y la transparencia

.

Si algo ha caracterizado a los políticos y autoridades tlaxcaltecas durante los últimos años es su doble moral y discurso, porque suelen presumir manejos escrupulosos de los recursos públicos, emprender acciones para combatir la corrupción y las malas prácticas y encabezar administraciones transparentes, cuando en realidad hacen todo lo contrario y nadie, absolutamente nadie, hace algo para acabar con esa farsa que oculta múltiples irregularidades financieras.

Casos para demostrar lo anterior abundan en la actual administración estatal, la cual por ejemplo debería dejar de presumir que ha realizado acciones para combatir la pobreza extrema en la entidad y explicar detalladamente que factores y acciones gubernamentales han contribuido para alcanzar ese logro, que según reportes, estaría más ligado a la administración federal que a la local

En diciembre del 2018 se autorizaron por primera vez un presupuesto de 200 millones de pesos al programa estatal “Supérate” que sería ejercido el siguiente año y que se convertiría en una acción complementaria de los programas federales para mejorar las condiciones de vida de cientos de tlaxcaltecas.

Hasta diciembre del año pasado sólo se habían entregado las tarjetas bancarias a los cerca de 30 mil beneficiarios de 13 municipios que serían atendidos en una primera etapa, pero después de eso nunca se informó que el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez hubiera dispersado los recursos que se comprometió a entregar a esas personas en condiciones de pobreza extrema.

Hasta ahora son un misterio las razones que impidieron a la administración estatal operar adecuadamente ese mentado programa y sobre todo conocer cuánto fue su costo administrativo y cuántos recursos de esos 200 millones realmente llegaron a manos de los beneficiarios, porque sería ridículo que ahora José Luis Bustos Villegas, coordinador del mencionado plan denominado “Supérate” saliera con el cuento que el presupuesto se empleó para garantizar su correcto funcionamiento y que será hasta este año cuando los más de 70 mil tlaxcaltecas que incluye ese programa reciban su apoyo económico y que éste saldrá de los 400 millones de pesos autorizados para el 2020.

En noviembre pasado le decía que si los beneficiarios de “Supérate” tuvieron que esperar meses para recibir sus tarjetas bancarias, seguramente tendrían que hacer lo mismo para obtener el recurso económico prometido por el gobierno de Mena Rodríguez que se comprometió a dispersar el 15 de cada mes los mentados apoyos, situación que hasta este momento no ha cumplido.

Si lo anterior sólo ha quedado en pura palabrería, imagínese si los otros seis componentes del programa se concretarán algún día tales como Esquema de Aseguramiento, Entrenamiento productivo, Transferencia de activos productivos, Ahorro, Atención a la primera infancia y Acceso a programas federales y estatales.

Ante la falta de información, rendición de cuentas y transparencia, se deduce que la administración estatal incurrió en un subejercicio presupuestal con el programa “Supérate”, sin embargo a nadie parece importarle esa situación que resulta irregular y que evidencia las anomalías que prevalecen en el gobierno del estado.

La ingenua diputada de Morena, María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado recientemente declaró que los proceso de transparencia y eficiencia en la aplicación de recursos públicos de los municipios, poderes, dependencias y organismos autónomos mejorará con la entrada en vigor de la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, lo cual es una falacia más porque todos forman parte de una pantomima donde se disfrazan de honestos y justos.

Esa diputada no ha movido ningún dedo para aclarar y castigar anomalías no sólo en algunos ayuntamientos donde pulula la corrupción o en aquellas dependencias estatales en las que se detectó serias irregularidades financieras como las del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (Itife) que del 2017 al 2018 acumuló un presunto daño patrimonial cercano a los 169 millones de pesos.

La responsable de esa situación Anahí Gutiérrez Hernández fue recientemente removida de la dirección general del Itife, con lo cual la administración de Marco Mena tratará de limpiar el enorme cochinero que existe en esa dependencia y evitar por todos los medios aplicar una sanción administrativa o penal a esa ex colaboradora.

La rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción en Tlaxcala es una farsa o no lo cree usted.

La última oportunidad de los diputados para salvar su imagen

.

Desgastados y sin credibilidad porque hasta ahora han resultado ser más de lo mismo, los diputados de la actual legislatura tienen ante sí la última oportunidad para reivindicarse y dar una señal clara de que no solaparán ni protegerán anomalías financieras y administrativas de los presidentes municipales, quienes aunque tradicionalmente malversen y acumulen riquezas presuntamente obtenidas ilegalmente de los recursos públicos jamás enfrentan la ley.

Sin enfrentar presiones y prisas, los diputados que optaron por aprovechar al máximo sus vacaciones decembrinas y de fin de año dejaron en pausa el proceso de juicio político contra los presidentes municipales de San Lorenzo Axocomanitla, Martha Palafox Hernández y de Huamantla, Jorge Sánchez Jasso, por lo que hasta ayer decidieron instalar las comisiones especiales que se encargarán de llevar esos procedimientos que al parecer son tan agotadores que fue necesario dotar de una espléndida botana de carnes frías y quesos, así como de galletas y aguas a los legisladores que quizá necesitan de esos pequeños estímulos para trabajar y evidenciar que son fieles imitadores de la austeridad republicana de la que tanto hablan y presumen en el gobierno federal.

El procedimiento formalmente ya inició y ahora se abrió una etapa de coadyuvancia con la parte acusadora, la cual estará en posibilidades de comparecer en los próximos 15 días para que aporte más elementos de prueban de sus dichos, pero también los alcaldes señalados tendrán el derecho de presentar elementos y documentos que tengan para justificar la aplicación de los recursos públicos y defenderse de la incriminación.

Se sabe que el Órgano de Fiscalización Superior y el Tribunal Superior de Justicia en el Estado recibieron los oficios correspondientes a fin de conocer si en esas instancias tienen registrado un expediente administrativos que involucren a esos ediles.

También la Procuraduría General de Justicia y la Comisión Estatal de Derechos Humanos tendrán que notificar si hay carpetas de investigación que involucre a los mencionados presidentes municipales o si existen algunas quejas contra ellos.

La primera comisión especial que atenderá el expediente de San Lorenzo Axocomanitla está conformada por los diputados Miguel Piedras Díaz, Mayra Vázquez Velázquez y José Luis Garrido Cruz, mientras que la segunda que analizará el caso de Huamantla está integrada por los legisladores Víctor Castro López, Rafael Ortega Blancas y Zonia Montiel Candaneda.

Ambas deberán rendir un informe a la Comisión Instructora de Juicio Político del Congreso del Estado para que siga el procedimiento y a partir de esa fecha todavía se tendrán seis meses para emitir una resolución que si bien nos va podría conocerse hasta agosto de este año.

Si existen o no elementos para proceder a la remoción de esos presidentes municipales pronto se sabrá, por lo pronto habrá que ver cuál es el comportamiento de los diputados locales de dichas comisiones, porque no se descarta que sean ellos mismos los que traten de limpiar los expedientes y ayudar a los ediles acusados.

Hay presidentes municipales en funciones que llevan dos cuentas públicas anuales reprobadas y siguen en sus cargos sin que nadie los moleste. Y si a los actuales nadie les exige cuentas, imagínese como la están gozando los ex ediles que no sólo se ríen de los actuales diputados locales que prometieron perseguir y castigar la corrupción, sino que constantemente se mofan de las denuncias penales que duermen el sueño de los justos en la Procuraduría General de Justicia del Estado que nunca ha tenido la mínima intención de integrar uno de los 30 expedientes que tiene abiertos.

La actual legislatura controlada por una mayoría de diputados que forman parta de la Cuarta Transformación conformada por Morena, el PT y el PES resultó tan mala como las que en su momento encabezó el PRI, el PAN y el PRD. Para tenerlos medios contentos fue necesario destinar para este año 2.5 millones de pesos al comedor del Congreso del Estado, es decir, que cada mes los 25 legisladores se gastan más de 208 mil pesos en alimentos y bebidas.

Lo anterior quiere decir que si en promedio asisten 20 días al mes, en cada uno de ellos los legisladores se suelen tragar algo así como 10,416 pesos.

Grotesco no le parece.

La farsa del procurador de Tlaxcala y sus cursos patito

.

Si la Procuraduría General de Justicia en el Estado en manos del “académico” José Antonio Aquiahuatl Sánchez tuviera en esa dependencia elevados estándares de eficiencia y eficacia en la integración e investigación de averiguaciones previas y un aceptable nivel de casos resueltos que se pudieron judicializar, quizá se justificaría la celebración de un “Magno Congreso de Derecho Penal” que servirá, según dicen, para compartir las experiencias, analizar temáticas y fortalecer conocimientos en materia penal.

Sin embargo, la realidad es otra y el quehacer de la procuraduría tlaxcalteca deja mucho que desear porque pese a los esfuerzos de la actual administración estatal para mejorar las condiciones salariales, crear nuevas plazas y dotar de más y mejor equipo y tecnología, el nivel de eficiencia de esa área clave del gobierno está muy lejos de ser aceptable.

En lo que va de la actual administración se han registrado más de 460 homicidios en el estado, mismos que implicaron el inicio de una averiguación previa, de ahí que valdría la pena que el farsante procurador Aquiahuatl Sánchez informara cuántos casos se han resuelto y el número de responsables que se encuentra detenidos y en vías de ser castigados por esos delitos, así como también sería sano conocer el número de expedientes que no han tenido avances y cuyas familias no han podido recibir la anhelada justicia.

El crecimiento de la violencia durante el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez ha sido evidente, pues de los 96 homicidios registrados en el último año de la gestión del hacendado gobernador Mariano González Zarur para el 2019 casi se duplicaron los asesinatos al situarse en 188 casos.

Y si bien el fenómeno de la violencia es nacional donde Tlaxcala no ha quedado al margen, la realidad indica que es muy reducido el número de casos que han sido resueltos y que han terminado con personas detenidas y castigadas por cometer esos homicidios, situación que se replica en otros ilícitos del fuero común donde simplemente los afectados no ven que sus denuncias se integren y lleguen a un juez.

Por lo anterior resulta ridículo e insultante que la Procuraduría General de Justicia del Estado destine tiempo y recursos públicos para organizar un “Magno Congreso de Derecho Penal” previsto para el próximo 23 de enero, en donde por cierto aparece como patrocinador una institución patito ligada al trácala José Antonio Aquiahuatl conocida como Universidad NOVA.

Dicho evento que goza del respaldo institucional de la PGJE contará la participación de José Eduardo Téllez Espinoza, Magistrado en Retiro, Arturo Altamirano González, docente de la Universidad Nacional Autónoma de México y Miguel Ángel Aguilar López, catedrático de Posgrado en Derecho de la UNAM y revisor del Código Nacional Penal tendrá una cuota de recuperación de 350 pesos que todos deberán cubrir si es que tienen la intención de “fortalecer” sus conocimientos, incluido el personal de la dependencia que estaría siendo obligado a asistir en día laboral y en horario de trabajo, lo cual resulta incongruente y deja al descubierto los intereses del nefasto procurador.

Aquiahuatl Sánchez ha intentado por todos los medios posicionar a la mencionada institución que forma parte de las “universidades patito” que se autorizan sin ninguna razón por parte de las autoridades educativas, la cual ofrece licenciaturas en línea en dos años de estudio y una maestría en la misma modalidad en un año y cuatro meses, lo que obviamente deja entrever el dudoso nivel académico que logran los incautos que optan por inscribirse en esa escuelita.

Si el procurador extraña su vida “académica” y está más interesado en generar recursos económicos a través de la “capacitación”, sería bueno que renunciara a su cargo y permitiera que otro abogado asumiera esa responsabilidad para dedicarle tiempo completo a su trabajo y se comprometa a entregar mejores resultados a los obtenidos hasta el momento.

Con este tipo de funcionarios uno entiende porque ciertas áreas del gobierno de Marco Mena están más que jodidas.

Ni hablar.