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Publicaciones etiquetadas ‘Marlene Alonso Meneses’

Contagios a la alza y Tlaxcala lejos de la normalidad

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Tlaxcala entra a su cuarta semana con un registro elevado de contagios de Covid-19, lo que aleja la posibilidad de imponer en los siguientes días la nueva normalidad.

El confinamiento social seguirá vigente y el clima de descontento contra el gobierno por parte de los ciudadanos se agravará, así como el malestar que existe entre el personal de la Secretaría de Salud que podría desencadenar en una protesta para exigir mejor y más equipo de seguridad para enfrentar la enfermedad.

En México el coronavirus no está domado como hace unos días lo aseguró el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, ya que a la fecha se han superado las 90 mil personas infectadas y el número de muertes casi se ubica en las 10 mil.

En Tlaxcala se han reportado 176 fallecimientos de Covid-19 y el número de infectados positivos es de mil 12 casos, siendo las últimas semanas en las que se han registrado el mayor número de contagios y de muertes.

La prolongada cuarentena que hasta ayer implicó 77 días de confinamiento ya es cuestionada porque pese a ese aislamiento y a la sana distancia, el número de contagios sigue a la alza y nomás no se ve cuando se reportará “el pico” de infectados y cuando se “achatará” la creciente curva de contagiados.

En la entidad no existen condiciones para entrar a la nueva normalidad y el riesgo de que siga aumentado el número de pacientes afectados por el coronavirus y de personas fallecidas es real, de ahí que el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez y el secretario de Salud, René Lima Morales, deberán ser muy prudentes en las decisiones que asuman localmente porque existe el riesgo de que la pandemia se mantenga con la misma intensidad y termine por colapsar los servicios médicos del estado.

El malestar del personal que labora en los centros de salud y hospitales del estado existe. Aunque hasta ahora ha prevalecido la prudencia, la realidad es que no descartan hacer pública su inconformidad por la mala calidad de los equipos que reciben para trabajar y la limitada entrega de esos artículos, sobre todo a los trabajadores que están adscritos al área de Covid-19.

No han recibido estímulos económicos, ni les han pagado los viáticos prometidos. La posibilidad de ver en los siguientes días un paro o una protesta frente al Palacio de Gobierno está latente.

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno federal que encabeza López Obrador, reconoció este fin de semana que una equivocación en la aplicación de la nueva normalidad una vez finalizada la jornada nacional de la sana distancia y el aislamiento social podría tener severas consecuencias en los estados y el país.

El funcionario dijo que si el retorno gradual de las actividades no cumple con ciertos lineamientos sanitarios ni lo establecido en el semáforo epidemiológico que impuso la administración federal, la cantidad de mexicanos infectados se podría disparar y el número de muertes provocadas por esa enfermedad podría llegar hasta las 30 mil.

Empieza junio y seguramente Tlaxcala mantendrá el confinamiento social durante la primera quincena.

Mayo terminó con números rojos en materia de contagiados y muertos. En materia económica habrá que ver que nos dejó, porque seguramente la pérdida de empleos fue severa.

En fin, la pesadilla del Covid-19 aún no termina.

La insultante incongruencia de los diputados locales

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Las prisas son malas y más cuando se recurre a ellas para sacar adelante cuestionados procesos legislativos que responden más a intereses particulares que a generales, como lo que ayer sucedió en el Congreso del Estado donde los diputados aprobaron reformas a siete leyes para garantizar los derechos de las mujeres y sancionar la violencia contra ese sector.

Aunque usted no lo crea ese trabajo legislativo encaminado a eliminar y castigar las conductas violentas contra las mujeres fue el pretexto para que los diputados dirimieran sus añejas diferencias y cobraran venganza de antiguas afrentas.

Sin tener argumentos sólidos y de peso, 13 legisladores locales de los 25 que componen la Cámara de Diputados decidieron en cuestión de minutos quitar la presidencia de la Junta de Coordinación y Concertación Política a la petista Irma Garay Loredo, posición que ocupó gracias al respaldo que recibió del grupo morenista encabezado por Víctor Manuel Báez López y de la llamada chiquillada que ayer se dividió.

La ausencia de la legisladora del PT, Michaelle Brito Vázquez, considerada por los protagonistas del inmueble ubicada en la calle Allende como “la salada”, porque siempre que se suma a un grupo para realizar votaciones importantes suele perder, fue un factor determinante para que Garay Loredo fuera echada de una de las comisiones más importantes del Poder Legislativo.

Otro movimiento que sorprendió pero que no causó mucho malestar fue el de la morenista María del Rayo Netzahual Ilhuicatzi, quien se desempeñaba como responsable de la influyente y poderosa Comisión de Finanzas y Fiscalización, cargo que utilizó, según los comentarios de sus propios compañeros, para darle trabajo a sus recomendados en varios ayuntamientos, como es el caso de su hermano que cobra en la administración de Apizaco que preside el panista Julio César Hernández Mejía.

Si bien la mayoría de diputados respaldó esos cambios, lo cierto es que la otra mitad de legisladores presentes en la sesión de ayer se opuso y calificó de ilegal tales reacomodos porque, según ellos, los movimientos respondieron más a un acto de venganza.

Incluso hubo hasta diputados como el ex priista Báez López que utilizaron la tribuna para ejercer violencia contra aquellas legisladoras que votaron en contra de la reforma que obligaba a los partidos políticos a registrar a una mujer en el primer lugar de la lista de candidatos a diputados por la vía plurinominal para los comicios del 2021. Fueron catalogadas entre otras cosas de traidoras y de asumir el papel de “juanitas”.

La diputada de Nueva Alianza, Luz Guadalupe Mata Lara, fue la que pidió eliminar tal propuesta, lo que provocó un tremendo berrinche de su dirigente estatal, Sandra Corona Padilla, la ex legisladora local y compinche del PRI, misma que pretendía beneficiarse con tal disposición y vivir nuevamente con los lujos que da ser miembro del Congreso de Estado.

La aparente armonía y civilidad que existía en la actual legislatura y que se mantuvo por algunos meses se perdió ayer. Las diferencias y pleitos serán la constante, situación que complicará el trabajo que deberán llevar a cabo los diputados tlaxcaltecas en los siguientes meses.

Se dice que los cambios registrados ayer no son los únicos, porque el nuevo grupo mayoritario de diputados locales que se conformó buscará otros reacomodos que seguramente provocarán pleitos de antología.

La imagen de la actual legislatura es pésima y cuánta razón tiene el morenista Víctor Manuel Báez al aceptar en tribuna que la población hace bien en no bajar de “pendejos y corruptos” a los actuales diputados, quienes por la falta de resultados en el trabajo que realizan reciben justificadamente y de manera recurrente mentadas de madre.

Su arranque de honestidad fue conmovedor. O no.

Una reforma electoral fallida en Tlaxcala

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A los diputados locales se les han ido casi todas las oportunidades que han tenido para aprobar leyes de avanzada o modernas. Ahora les urge sacar adelante una reforma electoral que no propone nada nuevo y lo único que busca es establecer como obligación para los partidos políticos la alternancia permanente de género en las candidaturas a diputados locales, alcaldes y presidentes de comunidad, dejando fuera de ese proceso la nominación para gobernador de Tlaxcala.

Si la mencionada reforma que es “analizada” prospera en los términos en que está, nuevamente serán mujeres las que encabecen la lista de candidatas a diputadas plurinominales y será hasta las elecciones del 2024 cuando los hombres puedan ocupar los primeros lugares para acceder por esa vía al Congreso del Estado.

Los cambios en la norma electoral pretenden eliminar la camisa de fuerza y la injerencia que tiene el desprestigiado Instituto Tlaxcalteca de Elecciones para determinar los municipios y distritos donde se debe registrar varón y en que otros mujeres, atiendo variables como el número de votos alcanzados en los últimos comicios, si hay competencia o no, el número de ciudadanos inscritos en el padrón y otros criterios.

Según la reforma y en caso de que sea aprobada en los actuales términos en que se encuentra, en Tlaxcala donde gobierna el PRI a través de la alcaldesa capitalina Anabell Ávalos Zempoalteca estaría obligado a proponer como candidato a un varón para los comicios del 2021 y en Apizaco donde gobierna el PAN con Julio César Hernández Mejía el blanquiazul tendría que registrar a una dama.

Ese criterio sólo se establecería para las elecciones de diputados locales, alcaldes y presidentes de comunidad, situación que al parecer ya tiene el consenso de la mayoría de los legisladores.

El punto que ha generado cierta inconformidad es en un artículo transitorio que considera por “única ocasión” la obligación de registrar en el primer lugar de la lista de diputados plurinominales a mujeres, tal y como sucedió en las pasadas elecciones y que terminó por sobrerrepresentar a ese género al ocupar 15 de los 25 espacios disponibles en el Congreso del Estado.

Si un partido político sólo va a contender en los comicios del siguiente año por 40 municipios, entonces deberá registrar a 20 mujeres y 20 varones, es decir, no podrá registrar a 30 hombres y 10 damas y argumentar que hizo eso porque en los ayuntamientos donde no competirá tenía previsto llevar como candidatas a señoras.

Lo que se busca es que un solo género tenga una marcada mayoría como sucedió en los comicios del 2016 en donde resultaron electos como alcaldes 54 hombres y sólo 6 mujeres que hasta ahora gobiernan Tlaxcala, Tlaxco, Axocomanitla, Texoloc, Acuamanala y Emiliano Zapata.

La reforma electoral en Tlaxcala no tiene nada nuevo y más bien está dando el pretexto para alentar discusiones estériles que no conducen a nada, porque es claro que los diputados han optado por cancelar la posibilidad de llevar a cabo cambios de avanzada como podría ser la obligatoriedad de establecer cuotas de candidatos para jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Aunque aún existe tiempo para concretar cambios relevantes e importantes en esa legislación, porque el plazo para poder modificar esa norma vence el 5 de septiembre, la realidad es que no se ve mucho interés en concretar una reforma de gran calado.

Las más interesadas en concretar los cambios en materia electoral son la petista Irma Garay Loredo y la panista Leticia Hernández Pérez, quien apoya con todo esas modificaciones por instrucciones de su dueña la diputada federal Adriana Dávila Fernández que se muere por seguir acumulando en su trayectoria cargos plurinominales, de ahí que quizá ya está pensando en llegar al Congreso de Estado, situación que le resultará muy complicada y hasta difícil porque desde hace unos meses simplemente dejó de tener el control del PAN en Tlaxcala.

Tenga presente que en la entidad la reelección para diputados locales está permitida siempre y cuando sea por la misma vía en que resultó electo, de ahí que Irma Garay no pueda ocultar su felicidad por el consenso que empieza a tener la reforma electoral que para ella es un traje a la medida.

Reanudar labores o prolongar el quédate en casa

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Un difícil dilema es el que deberán enfrentan en los próximos días las autoridades estatales ante la pandemia Covid-19, porque los contagios y enfermos siguen a la alza en Tlaxcala, sin que hasta ahora se tenga la certeza de cuándo será la semana en que la curva de infectados registrará una inflexión que demuestre que el aumento de pacientes se detuvo.

Los casos de personas afectados por el coronavirus siguen incrementándose y se desconoce si la semana pasada fue la que reportó “el pico” de contagios o será ésta porque los primeros datos obtenidos ayer lunes arrojan un comportamiento muy similar al captado en días pasados, de ahí que han empezado a surgir dudas si el primero de junio algunas actividades comerciales e industriales podrán reanudarse.

El confinamiento decretado por el gobierno del estado cumple hoy 72 días y para el domingo 31 de mayo los tlaxcaltecas tendrán acumulados 77 días de aislamiento social, situación que resulta agobiante no sólo por el desgaste psicológico, económico y emocional de las familias y de las personas, sino que urge conocer cuál será la nueva realidad que se enfrentará para adaptarse y buscar los mecanismos que permitan vivir lo mejor posible.

La semana pasada fue la que acumuló el mayor número de contagios al haber sumado 207 nuevos infectados de Covid-19, sin embargo la tendencia registrada se mantuvo este lunes según el reporte diario que emite la Secretaría de Salud del estado que confirmó un acumulado de 810 enfermos y 148 fallecimientos.

De acuerdo con los datos disponibles, se sabe que hay 405 pacientes que están a la espera de confirmar el resultado de su prueba y otros 810 que están bajo vigilancia epidemiológica.

Aunque los contagiados se concentran en las principales zonas urbanas de la entidad como la capital del estado, Apizaco, Chiautempan, San Pablo del Monte, Zacatelco, Huamantla y Calpulalpan, también se empiezan a recibir a pacientes del medio rural donde la enfermedad ya se hizo presente.

Si la cuarentena por más de 70 días ayudó a contener el número de contagios y a evitar la saturación de los servicios médicos disponibles como lo ha asegurado Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno federal, entonces no sería nada raro que en los próximos días se informara que en Tlaxcala se mantendrá por otros 15 días más el confinamiento social y que sólo el primero de junio reanudará labores la industria automotriz que le urge regresar ante el riesgo de perder clientes y mercado.

Otro sector que también reiniciará con sus operaciones es el de la construcción que forma parte de las actividades esenciales.

El resto de las actividades seguirán suspendidas y no descarte que el gobierno que encabeza Marco Antonio Mena Rodríguez determine reanudar las labores de la nueva normalidad hasta el lunes 15 de junio, medida que si es decretada implicará casi 92 días de confinamiento social que sin dudas provocará muchas complicaciones.

El dilema está puesto sobre la mesa, pero por lo que se ve no existen condiciones para regresar a la actividad la siguiente semana.

Los siguientes días serán determinantes para decidir qué pasará en Tlaxcala.

La corrupción existe aunque se diga que va disminuyendo

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Sólo un ingenuo podría creer los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019 del INEGI, sobre la evolución del problema de la corrupción en Tlaxcala que según los datos disponibles señalan que ese grave y añejo problema ha disminuido en los últimos tres años.

De acuerdo con el Inegi, entre 2017 y 2019 la tasa de víctimas de corrupción disminuyó 7.6 por ciento y 17 por ciento en incidencia, es decir, hubo menos las víctimas y actos de corrupción por cada 100 mil habitantes.

Según los datos disponibles, sólo 37.5 por ciento de los tlaxcaltecas considera que la policía contribuye a generar una sensación de seguridad, mientras que 67.7 por ciento enfrentó al menos un problema para realizar un trámite, pago o solicitud de servicios aunque el nivel de satisfacción general fue de 74.6 por ciento, aún por debajo del promedio nacional que es del 79.3 por ciento.

La percepción de los tlaxcaltecas puede ser creíble y hasta entendible si se cree que la actual administración encabezada por Marco Antonio Mena Rodríguez es un poco más honesta que la presidida por el ex gobernador Mariano González Zarur y la conducida por el ex mandatario panista Héctor Ortiz Ortiz, consideradas como las más corruptas de los últimos 20 años.

En el actual gobierno del estado si hay focos de corrupción y una estructura muy visible de donde operaba y con quiénes, lo que ha evidenciado que resulta inservible el sistema estatal anticorrupción y un desperdicio los millones de pesos que se destinan a pagar jugosos salarios a una estructura burocrática que sólo la hace de tapadera de múltiples prácticas indebidas que se realizan al interior de las dependencias.

Un ejemplo que podría ilustrar lo que sucede al interior del gobierno es lo que se presenta en la Coordinación General de Ecología que está bajo la responsabilidad del verde ecologista, Efraín Flores Hernández, quien dicen que anda juntando su cochinito para pagar su campaña a la presidencia municipal de Chiautempan.

Si algún tlaxcalteca tiene la necesidad de ir a esa instancia del gobierno para tramitar un estudio de impacto ambiental que requiere para instalar un negocio o llevar a cabo la construcción de un inmueble, se enfrentará a un grupo de servidores públicos domesticados que hacen de la corrupción un sistema efectivo.

La directora de Normatividad, Inspección y Gestión Social, Yolanda López Mata no le resolverá nada y le impondrá mil trabas para llevar a cabo los trámites, para lo cual recurre a Eduardo Caporal Rodríguez, jefe del Departamento de Denuncias e Inspección que también suele emplear a una subordinada de nombre Lazara Cuatle.

Al ver el interesado que su trámite en la Coordinación General de Ecología no prospera, recibirá la sugerencia de buscar a Salvador Santos que suele entregar los árboles que dona esa dependencia, pero que en realidad es el operador de Efraín Flores en los arreglos obscuros que se amarran en esa área del gobierno.

Dependiendo la urgencia y el tipo de estudio de impacto ambiental que se requiera es la mochada que pedirá Salvador Santos que no sólo incluirá dinero en efectivo, sino que últimamente abarca despensas que al parecer son distribuidas estratégicamente entre habitantes de Chiautempan a nombre del funcionario estatal que se mueve para ser considerado como aspirante a la alcaldía de ese municipio.

Si el interesado cumple con los pedimentos, en automático su estudio de impacto ambiental es aprobado y Salvador Santos se encarga de recorrer todas las áreas de la dependencia para ordenar que se agilice el trámite y se entregue a la brevedad.

De acuerdo con las evidencias que se tienen, se presume que una importante cantidad de recursos ha dejado de ingresar a las arcas estatales por esa operación ilegal que se lleva a cabo en la Coordinación General de Ecología, pues dependiendo del estudio éste implica una contribución al estado de siete mil pesos hasta veinte mil pesos.

Efraín Flores es un funcionario que se incrustó en la actual administración como una cuota que el gobernador Marco Mena le entregó al Partido Verde Ecologista de México por apoyar su nominación en las elecciones del 2016, sin embargo ese nefasto político ha defraudado la confianza del mandatario.

Valdría la pena que se analizara la permanencia de Flores Hernández en el gobierno porque es evidente que para él ya empezó el año de Hidalgo. Los verificentros son también un buen ejemplo de la corrupción que prevalece en la Coordinación General de Ecología, de ahí que no resulta muy complicado comprobar el cagadero que existe en esa área de la administración.

Dicen que Efraín Flores es tan cínico que en su oficina existe una enorme televisión que representa la gran corrupción que encabeza, pues ese aparato habría sido “donado” por las tiendas Oxxo a fin de tener las facilidades que se requieren para abrir en Tlaxcala ese tipo de establecimientos.

Grave. No.

Se buscan candidatos y la absurda decisión del ITE

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A un año y días de que se lleven a cabo las elecciones para elegir gobernador, diputados federales y locales, así como alcaldes y presidentes de comunidad, la lista de probables aspirantes a esos cargos está integrándose para ser sometida a diferentes estudios de opinión que ayuden a determinar si tienen posicionamiento y nivel de competencia que les asegure aparecer en las boletas electorales que se usarán el primer domingo de junio del 2021.

En el PRI la opinión del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez y del líder nacional de ese partido, Alejandro Moreno Cárdenas, serán determinantes en la designación del abanderado a la gubernatura de Tlaxcala, por lo que una vez que definan a su representante arrancarán el proceso de analizar a los candidatos a las diputaciones y a las presidencias municipales.

Ante la escasez de cuadros competitivos y el compacto grupo político que encabeza Marco Mena, el PRI optará por medir en una primera evaluación a los funcionarios que forman parte de la actual administración estatal y que tienen ciertas posibilidades de convertirse en candidatos.

En ese primer grupo anote a Florentino Domínguez Ordoñez, titular de la Secretaría de Educación, Anabel Alvarado Varela, secretaria de Turismo, Arnulfo Arévalo Lara, responsable de la Secretaría de Fomento Agropecuario, José Luis Ramírez Conde encargado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Efraín Flores Hernández, coordinador general de Ecología.

En un segundo paquete estarían incluidos José Aarón Pérez Carro, el débil secretario de Gobierno, el voraz Lenin Calva Pérez que cobra como secretario de Políticas Públicas y Participación Ciudadana, así como el convenenciero Néstor Flores Hernández, titular de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, el lenguaraz, ex panista, ex marianistas y dizque representante de las familias de abolengo, el director del ITC, Juan Antonio González Necoechea.

También se analizarían las opciones de las sumisas exdiputadas locales María Angélica Zárate Flores, directora del Instituto Estatal de la Mujer y Juana de Guadalupe Cruz Bustos, directora del Centro de Justicia para las Mujeres. Por ser joven y tener una buena relación con el mandatario estatal anote a Anabelle Gutiérrez Sánchez, directora del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud.

Cómo se podrá dar cuenta la lista de funcionarios es enorme y si no hay otro remedio muchos dejarán sus cargos a principios del siguiente año y se encaminarán a una aventura político electoral complicada, porque de ellos a lo mucho dos o tres tendrán posibilidades reales de obtener el triunfo en las urnas.

Pero no crea que sólo en el gobierno del estado y en el PRI se están barajando nombres, porque en el Congreso del Estado más de 10 diputados han arrancado sus intentos por conseguir otro cargo de elección popular.

Los diputados morenistas que ya andan en abierta promoción son José María Méndez Salgado que quiere la alcaldía de Huamantla, María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi que ya le puso el ojo a la presidencia municipal de Apetatitlán, María Ana Bertha Mastranzo Corona que quiere gobernar San Pablo del Monte, Mayra Vázquez Velázquez que sueña con llegar a mandar en Xaltocan, Miguel Piedras Díaz que suspira por tomar las riendas de Apizaco y el soberbio Víctor Manuel Báez López que se siente seguro de llegar a gobernar el ayuntamiento de Zacatelco.

La petista Michaelle Brito Vázquez tiene en la mira la presidencia municipal de Tlaxco, el panista Omar Milton López Avendaño busca la alcaldía de la capital, posición que también pretende el diputado del PES José Luis Garrido Cruz, mientras que su compañera de bancada, Luz Vera Díaz, haría lo propio pero para la alcaldía de Calpulalpan.

La priista Zonia Montiel Candaneda, quiere de nuevo ser alcaldesa, pero no crea que de Lázaro Cárdenas, sino que ahora quiere administrar Apetatitlán, municipio donde actualmente tiene su residencia.

Los legisladores perredistas Laura Yamili Flores Lozano y Miguel Ángel Covarrubias Cervantes tan bien andan en lo suyo. La primera quiere ser alcaldesa de Benito Juárez y el segundo es el único que aspira a llegar al Congreso de la Unión, específicamente a la Cámara de Diputados.

Cómo se podrá dar cuenta la emergencia sanitaria no ha frenado los sueños ni las aspiraciones de los legisladores que hoy en día dedican gran parte de su tiempo en lograr la meta de seguir vigentes.

Y tan acelerados andas algunos aspirantes a un cargo en los comicios del próximo año que este día los consejeros del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones que preside la gris Elizabeth Piedras Martínez aprobarán un acuerdo para pedir que los diputados locales Michaelle Brito Vázquez y José Luis Garrido Cruz le bajen a su promoción mediática luego que el PRD presentó una queja.

Incluso la autoridad electoral del estado podría caer en el exceso de pedir al periódico digital e-consulta Tlaxcala que elimine las notas que ha publicado de esos dos políticos.

Lo anterior no solo representa un exceso sino que confirma que el ITE no es un organismo confiable ni autónomo y que como siempre se dedica a realizar el trabajo sucio al PRI y a sus aliados.

Últimamente varios caraduras que se incrustaron en la Cuarta Transformación han sido vinculados a proceso por la Fiscalía General de la República (FGR), por el delito de usurpación de funciones públicas y cohecho.

Estos personajes sin escrúpulos, y carentes de dignidad, han querido defraudar a los ciudadanos pidiéndoles dinero a cambio de ofrecerles créditos y registrarlos en los diversos programas federales que lleva a cabo el Gobierno de México, aun cuando el trámite es gratuito.

Otros más quienes han sido despedidos por no realizar sus tareas que les fueron encomendadas en la Cuarta Transformación, han recurrido a las mentiras y al espectáculo para desacreditar el trabajo que efectúa el gobierno federal, auspiciados por una pandilla de serviles y rastreros los cuales se dicen ser líderes de opinión y que poco les importan los ciudadanos. Sus notas cargadas de mentiras y basadas en rumores, sólo pretenden quedar bien con la mano que les da de comer.

Recientemente, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Huamantla recibieron un reporte en el que un hombre ofrecía créditos de un programa federal a cambio de una cuota de 600 pesos.

Por lo anterior los elementos municipales localizaron y pusieron a disposición de la fiscalía a Faustino “N”, por probables hechos constitutivos de delito.

El presidente de la República ha mencionado que en su administración no se permitirá la corrupción y ha instruido a la FGR se rija conforme a los principios de legalidad e imparcialidad, y no permita ningún tipo de conductas delictivas vinculadas a funcionarios y servidores públicos.

A este tipo de personas le debe quedar claro que se perseguirán e investigarán aquellas faltas administrativas que realicen al patrimonio de un ente público.

La Fiscalía tiene abiertas carpetas de investigación relacionadas con actos de corrupción, donde se indagan posibles delitos como el ejercicio indebido del servicio público, cohecho, peculado, abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades y lo que resulte.

El grave asunto de la corrupción es un cáncer que el gobierno de México quiere erradicar, el reto no es menor, sino complejo, en un ambiente dónde muchos de los ladrones son apoyados incluso por ciertos medios de comunicación, cuyo único interés es seguir alimentando su avidez por el dinero resultando ser unos reverendos hampones iguales a los que encubren.

Un gobernador de primera y funcionarios de cuarta

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En Tlaxcala los esfuerzos para atender y enfrentar la emergencia sanitaria que provocó el Covid-19 no son parejos.

Mientras el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez jala todos los días a sus funcionarios para que se incorporen a la dinámica que impone la actual situación, hay quienes optan por la simulación y el camino más fácil a fin de no complicarse la existencia, porque lejos de atender sus responsabilidades prefieren mantener viva la esperanza de concretar sus aspiraciones político-electorales rumbo a los comicios del 2021.

La defensa del empleo en la entidad se ha convertido en una prioridad para la actual administración. Tras la cancelación de casi 3 mil fuentes de trabajo durante abril, para mayo las autoridades han concreto la entregar de mil 363 créditos del Programa Emergente de Apoyo a la Economía Estatal por un monto de más de 23 millones pesos que han permitido conservar un total de 3 mil 708 empleos.

Al finalizar el actual mes se comprobará que tan efectivo resultó ese mencionado programa gubernamental, porque según las proyecciones realizadas la pérdida de empleos formales en Tlaxcala podría alcanzar los 3 mil puestos laborales que se sumarían a las cancelaciones registradas en abril.

En lo que se refiere a la atención de pacientes contagiados por el coronavirus, el gobernador Mena ha demostrado capacidad y planeación para enfrentar la pandemia. Los servicios médicos no se han saturado ni tampoco se han llenado las camas disponibles, porque hasta ahora se ha ocupado el 45 por ciento de las existentes pese a que el número de infectados en la entidad se ha multiplicado durante los últimos diez días.

Es evidente que la dinámica y los esfuerzos del mandatario tlaxcalteca no son replicados por los funcionarios estatales.

Ayer, el limitado secretario de Educación Pública, Florentino Domínguez Ordoñez, confirmó lo que todo mundo sabía y que era que el actual ciclo escolar concluiría sin clases presenciales.

Lo malo del anunció es que ese funcionario se mostró como un incapaz y sin ninguna vocación docente al sostener que en automático todos los estudiantes tlaxcaltecas pasarían de grado o estarían aprobados en sus estudios, siendo hasta el momento el único estado del país que optó por esa medida cuando en otras entidades se determinó llevar a cabo una evaluación o aplicar ciertos criterios de apreciación para los alumnos.

Es obvio que “el profe” Florentino Domínguez tiene prisa por cerrar el año lectivo porque necesita tiempo para seguir en la puja por la candidatura del PRI al gobierno del estado.

La calidad educativa, la actualización docente y las acciones para mejorar los indicadores de aprovechamiento y eficiencia terminal pueden esperar. Total el programa de becas del estado es lo que quizá puede sacar a flote a la presente administración en ese rubro.

Por cierto, ayer Florentino Domínguez confirmó que si contrató a una empresa de la Ciudad de México para llevar a cabo la millonaria sanitización de todas las escuelas del estado. Incluso sostuvo una reunión con los funcionarios de la dependencia que participaron en ese negocio para reclamarles su falta de lealtad, “porque no es posible que el pendejo del e-consulta se haya enterado cuando el jefe pidió que el asunto se manejara con discreción”.

Con un secretario de Educación tan burro y rupestre que se puede esperar.

Otro funcionario que se encuentra rebasado y que su dependencia opera y da resultados no por él, sino por el personal es René Lima Morales, encargado de la Secretaría de Salud.

Si bien el equipo para atender a los enfermos de Covid-19 es entregado en los hospitales dispuestos para recibir a ese tipo de pacientes, la realidad es que en otros nosocomios el personal sufre para recibir la protección que requiere para laborar en esos espacios considerados de alto riesgo.

En lo que va de la emergencia sanitaria se tienen reportados 42 trabajadores del sector salud de Tlaxcala contagiados por ese virus, al grado que varios de ellos no lograron sobrevivir.

Valdría la pena que el gobernador Mena se diera una vuelta por el Hospital General de Tlaxcala y verificara si el equipo de protección personal que deben tener los trabajadores está siendo entregado, porque no es así y hay áreas donde se puede observar a médicos y enfermeras sin esos materiales, tan es así que ellos deben comprar de su bolsa el overol Tyvek y otros instrumentos para evitar un contagio.

Esa situación no es desconocida por René Lima que también le encanta cargarle la bolsa a la líder sindical de los trabajadores de salud, Blanca Águila Lima, porque la encargada del área de epidemiología de ese nosocomio Alicia Reyes Rugeiro, sabe en qué condiciones laboran los médicos, enfermeras, camilleros y otros empleados.

Además, en ese hospital no existe una planeación para atender a los enfermos. De entrada el personal es limitado y no se da abasto. Los pacientes de todo tipo se concentran en un área y lo mismo puede haber un contagiados de Covid-19 que otro con un severo dolor de estómago.

En ese centro hospitalario no se cuenta con el triage respiratorio, es decir, el personal médico capacitado para ubicar a probables infectados de coronavirus.

La actual emergencia sanitaria está evidenciando a mucho charlatán.

Urgen apoyos económicos al personal de salud

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La reciente muerte de personal médico a causa de la enfermedad de Covid-19 ha generado molestia no sólo entre los doctores, sino en todo el personal que labora en los hospitales porque perciben que su trabajo no es reconocido y porque si bien reciben el equipo de protección para atender a los enfermos, éste está siendo limitado o bien en algunos casos no reúne las características de calidad que se requiere.

Si antes de que se estableciera la cuarentena por la presencia del coronavirus el personal de salud arengado por su líder sindical Blanca Águila Lima mostró su inconformidad con paros y marchas para exigir la salida de la Guadalupe Zamora Rodríguez, directora Administrativa de la Secretaría de Salud (Sesa), a quien acusaron de diferentes anomalías como la entrega de equipo e insumos de baja calidad y de ser la responsable de la escasez de otros materiales para atender a los enfermos, hoy le pudo decir que la inconformidad prevalece y que ésta podría hacerse notar una vez que concluya la emergencia sanitaria y convertirse en un dolor de cabeza para las autoridades estatales.

Los médicos, enfermeras, camilleros, personal de limpieza, laboratoristas, químicos y otros más que laboran en los hospitales de la Sesa comprobaron que la nueva directora Administrativa de la dependencia, Giovanna Aguilar Meza, salió peor que Zamora Rodríguez, porque de inmediato se convirtió en la carga bolsas de Blanca Águila y se olvidó de los trabajadores que están dando la batalla para atender a los infectados de Covid-19.

El malestar ha venido creciendo y no tarda en ser generalizado. Desde hace días hubo médicos y enfermeras que plantearon llevar a cabo una protesta para exigir más equipo y de mayor calidad, pero la medida no fue avalada, sin embargo hoy las condiciones han cambiado luego que se conociera que en los últimos dos días fallecieron dos doctores que laboraban en hospitales de la Secretaría de Salud de Tlaxcala.

Al personal de salud nadie les ha hecho un reconocimiento ni ha recibido una promesa de recibir un bono o un incremento salarial tras enfrentar de manera profesional la actual emergencia sanitaria.

Hay químicos que trabajan en los laboratorios de la dependencia que ganan de cuatro mil a cinco mil pesos mensuales y otro tipo de empleados que perciben muy bajas remuneraciones, mismos que hoy aborrecen al secretario de Salud, René Lima Morales y a su líder sindical Blanca Águila.

En cambio han visto como el gobierno de estado ha destinado un fondo para apoyar a los familiares de los pacientes con coronavirus, otro más para cubrir los gastos de los enfermos fallecidos, así como también ha invertido recursos para jornadas de sanitización que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) no sirve para eliminar al nuevo coronavirus y representan un riesgo sanitario y han observado como en plena contingencia las autoridades tienen recursos suficientes para consentir a los maestros con lujosos regalos.

Si la OMS ya declaró que las medidas de desinfección que se llevan a cabo no funcionan y además no existe la certeza de que se reanuden las clases en junio para concluir el presente ciclo escolar, entonces porque le Secretaría de Educación Pública bajo el torpe mando de Florentino Domínguez Ordoñez contrató a una empresa de la Ciudad de México para llevar la sanitización de todas las instituciones educativas de Tlaxcala.

Sin seguir los criterios legales y administrativos, el personal de esa dependencia decidió concretar ese negocio, perdón esa medida, porque según dicen los dividendos serán utilizados para apuntalar la campaña de Florentino Domínguez, quien insiste en mantener su estúpido sueño de convertirse en candidato del PRI al gobierno del estado.

Por esa razón, aprobaron ese contrato millonario María Elena Tapia Lima, directora Administrativa de la Sepe, Pedro Bañuelos Morales, encargado de la infraestructura educativa, quien hace unos días sustituyo en el cargo a Gregorio Cervantes y Roberto Lima Morales, director de Educación Básica y ex líder estatal del PRI.

Si la empresa que seguramente cobró una buena cantidad empezó a trabajar ayer y según su brigada se llevará todo un mes para dizque desinfectar todas las escuelas de Tlaxcala, eso quiere decir que si los alumnos tlaxcaltecas regresan a clases lo harán entre el 18 y 20 de junio, lo cual es ridículo porque prácticamente se estará cerrando el actual ciclo escolar y no tiene ninguna razón exponer a los alumnos y maestros a una enfermedad que ha demostrado ser letal.

Nunca faltan los vivos que aprovechan las contingencias para hacer negocio.

Para concluir y hablando de otros temas le cuento que de no existir cambios los diputados locales aprobarán hoy varios cambios a la Ley Estatal de Educación, una vez que la improductiva y arrogante legisladora del PES, Luz Vera Díaz, aceptó incorporar en su iniciativa varias propuestas y modificaciones legales que en su momento hizo el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, con lo cual, según dicen, se elimina la posibilidad de que esa norma pueda ser vetada por el Ejecutivo estatal.

Donde parece que las grillas internas ya son parte del pasado es en el Tribunal Superior de Justicia en el Estado una vez que se conoció que Georgette Alejandra Pointelin González fue designada el pasado viernes como la nueva directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa, cargo que ocupó en el 2016 durante la presidencia de la magistrada Elsa Cordero Martínez.

Pointelin González fue la causante que el magistrado Héctor Maldonado Bonilla fuera removido como presidente del Poder Judicial, sin embargo parece que los integrantes del pleno ya olvidaron las ofensas y rencillas y aceptaron que nuevamente la conflictiva mujer ocupe un cargo relevante en el Tribunal Superior de Justicia, donde hace más de un año ejerció el poder y control absoluto.

Ver para creer.

Los fantasmas del desempleo y la pobreza

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Dos de los logros alcanzados en los últimos tres años por la actual administración estatal están a punto de perderse por la pandemia de Covid-19, pues al concluir la cuarentena establecida por la emergencia sanitaria se comprobará que Tlaxcala tendrá un nivel de empleo formal similar al que dejó el gobierno de Mariano González Zarur y que el número de personas que viven en pobreza extrema se incrementará en la entidad.

Las acciones y planes emprendidos por las autoridades estatales y federales para defender el empleo no han funcionado. Durante abril se contabilizaron casi tres mil fuentes de trabajo menos a las registradas en marzo, donde todavía se reportaron más de 800 nuevos empleos según los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En el actual mes, se estima que se podrían cancelar otros dos mil o tres mil empleos más, para llegar a una cifra de trabajadores formales en el estado de alrededor de 98 mil, muy similar al número de fuentes de trabajo que dejó la administración del hacendado gobernador Mariano González, situación que será un duro golpe porque todo lo que se había avanzado en esa materia se perderá y no habrá nada de que presumir.

Hay funcionarios estatales como Manuel Camacho Higareda, responsable del Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario e Icatlax que están lejos de dimensionar el problema, al grado que en medio de la actual crisis tienen la tonta ocurrencia de seguir promocionándose y, según él, destacar que durante el periodo de contingencia sanitaria logró colocar a 130 tlaxcaltecas en una fuente laboral en empresas del estado, cifra que en nada se compara con los empleos perdidos hasta el momento.

El programa Supérate que la administración de Marco Antonio Mena Rodríguez creó para reforzar las acciones de combate a la pobreza extrema y ser complementario a los planes y acciones del gobierno federal para atender a la población vulnerable pasará a la historia sin pena ni gloria, porque se espera un incremento en el número de personas que viven en miseria.

El año pasado se canalizaron 200 millones de pesos para ese programa y para éste se invertirán 450 millones de pesos. Nadia sabe si esos recursos serán suficientes o no para evitar que el número de pobres crezca en Tlaxcala, pues los efectos de la crisis económica que ya se viven y se agudizarán en los siguientes meses aún son de pronóstico reservado.

Pero no todos sufren o padecen la emergencia sanitaria, porque la semana pasada comprobamos que el gobierno del estado está lejos de dejar de papachar y consentir al magisterio tlaxcalteca, que si bien no fue agasajado con una gran fiesta como se acostumbra el 15 de mayo, no dejó de recibir lujosos obsequios.

El pasado viernes se rifaron se rifaron 23 automóviles, 54 pantallas, 70 bocinas de bluetooth, 16 refrigeradores de 11 pies, 16 refrigeradores de 14 pies, 23 estufas de 20”, 109 licuadoras, 57 vajillas de loza con 12 piezas, 58 ollas express de 6 litros, 109 planchas de vapor y 124 batidoras.

Mientras hay cientos de familias tlaxcaltecas que están haciendo malabares para sobrevivir en la actual contingencia sanitaria, las autoridades estatales se muestran más que dadivosas con los docentes que hoy por hoy sigue siendo un sector muy consentido.

En Tlaxcala aun es un misterio saber por cuánto tiempo más se prolongará la cuarentena por la pandemia de Covid-19. La semana pasada el número de contagios de esa enfermedad fue muy alto y se dice que en los siguientes siete días se podría alcanzar el pico de pacientes contagiados, por lo que si esa tendencia se mantiene es casi seguro que el aislamiento social y la sana distancia seguirán vigentes hasta la primera quincena de junio.

En la entidad ya superamos el medio millar de contagios y la centena de fallecidos.

Las cifras no son alentadoras y los escenarios por venir tampoco.

Adiós a los juicios políticos de Huamantla y Axocomanitla

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Al inicio del año cuando se determinó empezar los juicios políticos contra los presidentes municipales de Huamantla y Axocomanitla por supuestas irregularidades financieras existían ciertas condiciones que hacían pensar que ambos procedimientos prosperarían, pero como se atravesó la pandemia de Covid-19 y los diputados locales optaron por suspender sus actividades cada vez parece más lejano que esos casos terminen con una resolución a favor de las partes acusadoras.

La emergencia sanitaria impuesta por las autoridades federales y estatales ha sido la mejor aliada de los alcaldes señalados, no sólo porque han tenido más tiempo para encontrar los elementos que justifiquen su acción y el manejo de los recursos públicos, sino que porque al interior del Congreso del Estado ya no existe el consenso que se tenía en torno a investigar ambos casos y poner una sanción ejemplar.

El edil priísta de Huamantla Jorge Sánchez Jasso y la alcaldesa ex panista de Axocomanitla Martha Palafox Hernández tienen amplias posibilidades de concluir su periodo y mantenerse en el cargo hasta agosto del 2021, salvo que el diputado morenista José María Méndez Salgado, presidente de la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes logre armar los expedientes y sumar los votos que requiere para proceder en su contra.

En 15 días más concluirá el actual periodo ordinario de sesiones y aunque al interior de la Junta de Coordinación y Concertación Política que preside la petista Irma Garay Loredo se analiza la opción de convocar a un periodo extraordinario para abordar pendientes y tratar de cumplir con la agenda legislativa, la realidad es que no existe el consenso para tal propósito porque la intención de muchos legisladores es regresar a trabajar hasta agosto para darle prioridad a la revisión y aprobación de las cuentas públicas del 2019.

De concretarse lo anterior, difícilmente los diputados locales aceptarán discutir y tratar los casos de juicios políticos de Huamantla y Axocomanitla, pues prácticamente estarán encima los comicios del 2021 y no faltarán las acusaciones de que los legisladores estarían usando esos procedimientos con fines electorales y para su beneficio, sobre todo porque José María Méndez se muere por ser candidato a la alcaldía del pueblo mágico de los muéganos y de las espectaculares alfombras de aserrín.

Los diputados tlaxcaltecas tendrán suficiente trabajo y presiones con la revisión de las cuentas públicas del 2019. Tal y como ha sucedido últimamente, en esta ocasión también se habla de que existen estados financieros que serán reprobados porque los alcaldes no justificaron adecuadamente la aplicación de los recursos públicos y porque algunos organismos públicos descentralizados y dependencias estatales estarían en las mismas condiciones.

A la anterior situación habrá que sumar las quejas y denuncias que se presentarán en los siguientes días en el Congreso del Estado contra uno que otro presidente municipal que determinó unilateralmente pagar durante la emergencia sanitaria sólo el 50 por ciento de los salarios a su personal como es el caso del ayuntamiento de Panotla y Tocatlán, situación que no sólo es ilegal sino que los munícipes no tienen ningún elemento para justificarla porque los trabajadores fueron obligados y nunca aceptaron esa medida.

También se esperan denuncias por presuntos malos manejos en que han incurrido ciertos alcaldes que han aprovecho la actual pandemia de coronavirus para comprar a sobre precios cubrebocas, gel antibacterial y otros productos para llevar procesos de desinfección en sus poblaciones.

Se han detectado compras a sobreprecios y también que los volúmenes adquiridos están inflados, pues hay alcaldes que piensan que pueden burlar una revisión fiscalizadora porque nadie estará en condiciones, según ellos, de verificar si realmente recibió 200 mil cubrebocas que compró a su proveedor y si éstos fueron repartidos entre los habitantes de su municipio cuya cantidad no supera las 18 mil personas.

El tiempo y la carga de trabajo determinarán cuáles serán las prioridades de los actuales diputados locales que en las siguientes semanas deberán decidir si siguen los mencionados juicios políticos y atienden otros rezagos legislativos u optan por dar preferencia a los procesos de fiscalización y de revisión de los gastos que están realizados los presidentes municipales.

Veremos qué pasa.