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La corrupción al parecer si será castigada

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Los presidentes municipales del estado ayer comprobaron que enfrentarán otra realidad en el proceso de fiscalización de sus cuentas públicas, pues los actuales diputados locales ya dejaron claro que no están en la posición de ofrecer protección para cubrir quebrantos financieros, excesos, irregularidades y violaciones a la ley como sucedió en el 2017, por lo que más de uno podría enfrentar un proceso penal y su remoción.

La soberbia y la actitud retadora que mostraron la mayoría de los alcaldes de los 60 municipios de la entidad que asistieron al Salón Blanco del Poder Legislativo a una reunión con los diputados locales miembros de la Comisión de Finanzas y Fiscalización terminaron por desaparecer cuando comprobaron que sus oscuros arreglos para lograr la aprobación de sus cuestionadas cuentas públicas del 2017 no sobrevivirán, por lo que el daño patrimonial detectado por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) será revisado y en caso de persistir se procederá legalmente para recuperar esos recursos públicos.

La reunión celebrada por la tarde ayer se hizo con la intención de conocer las inquietudes de los presidentes municipales de Tlaxcala en materia presupuestal y para exhortarlos a mejorar sus procesos administrativos, así como corregir las inconsistencias en la presentación de sus cuentas públicas.

Sin embargo, los alcaldes se confundieron y empezaron a quejarse de los limitados recursos públicos que disponen y de los rigurosos procesos de fiscalización a los que son sometidos, actitud que provocó la molestia de los legisladores que al principio aguantaron pero después decidieron enfrentar los reclamos con señalamientos de anomalías.

El presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, Víctor Báez Lópéz, les recordó que muchos ediles han cometido excesos y lamentó que éstos tengan sometidos a sus síndicos, a quienes no les entregan legalmente y en forma ordenada las cuentas públicas para ser revisadas y avaladas, lo cual genera dudas y sospechas de presuntos malos manejos financieros en los ayuntamientos.

Los alcaldes no contentos con esos señalamientos siguieron quejándose y negaron que existan anomalías financieras en sus administraciones, pues las observaciones detectadas durante el año fiscal del 2017 fueron solventadas ante la anterior legislatura y aceptadas por el Órgano de Fiscalización Superior.

Lo anterior fue desmentido por los actuales legisladores locales que fueron encabezados por María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, quienes les precisaron a los ediles que los quebrantos millonarios detectados persisten y que la información del OFS con la publicada en el Periódico Oficial del Estado no concuerda, de ahí que será verificada para aclarar esas inconsistencias.

Ustedes se arreglaron con los diputados locales de la anterior legislatura que utilizaron las instalaciones del OFS para negociar y vender la idea de que el órgano estaba avalando las solventaciones, pero eso no fue así porque los dictámenes técnicos de los auditores se mantienen intactos y ahí se detallan los quebrantos, expuso un legislador.

Y para que no quedara dudas de lo que se estaba hablando, el diputado local del PT Víctor Castro López empezó a mencionar los nombres de los ayuntamientos y los montos millonarios observados como Zacatelco con más de 31 millones de pesos, Apizaco con más de 13 millones de pesos, Calpulalpan con más de 14 millones de pesos, Contla con más de 8 millones de pesos, Huamantla con más de 13 millones de pesos, Texoloc con más de 11 millones de pesos, Panotla con más de 10 millones de pesos y otros más.

Lo intervención del legislador incomodó a los presidentes municipales presentes que para entonces ya habían perdido la sonrisa, la soberbia y su actitud retadora, al grado que la diputada del PRI Zonia Montiel Candaneda intentó frenar los señalamientos de su compañero bajo el argumento de que esos pequeños detalles no venían al caso.

Trascendió que las cuentas públicas del 2017 que dejaron aprobadas la anterior legislatura serán revisadas y de manera especial las que tenían un dictamen reprobatorio por parte del OFS y que terminaron siendo avaladas, con el propósito de verificar si los quebrantos fueron debidamente justificados o si es necesario enviar esos casos a otras instancias para que se proceda administrativamente y penalmente contra los presidentes municipales responsables.

Los alcaldes y sus cabildos que han votado para rechazar la reforma constitucional aprobada por los actuales diputados para modificar los tiempos legales para presentar las cuentas públicas podrían arrepentirse de su decisión, porque ayer les quedó claro que no tendrán aliados ni las mismas atenciones que recibieron de la pasada legislatura.

Ojalá la postura asumida por los nuevos diputados sea una primera señal de que ahora sí la corrupción será castigada en Tlaxcala.

La Plaza Bicentenario por fin al Conacyt

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Tuvieron que pasar casi siete años y siete meses para que se le pudiera encontrar un uso al inmueble conocido como La Plaza Bicentenario, la cual fue construida por el gobierno panista de Héctor Ortiz Ortiz y que implicó el gasto de más de 500 millones de pesos que por fin servirán de algo una vez que el Conacyt decidió instalar un consorcio tecnológico y científico.

Plaza Bicentenario

Hoy el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) asumirá el control de La Plaza Bicentenario, espacio en donde espera invertir alrededor de 27 millones de pesos para adecuar el inmueble que albergara un consorcio científico dedicado a la investigación automotriz, textil y química.

Los recursos que se invertirán provienen de las multas aplicadas a los partidos políticos y cuyos fondos por ley se deben aplicar a cuestiones de ciencia. Los proyectos que emprenderá el Conacyt en Tlaxcala serán regionales y estarán encaminados a apoyar a las ramas industriales antes mencionadas a fin de alentar su crecimiento y consolidación.

Hasta aquí todo se escucha bien, pero habrá que conocer cuál será la postura que asumirá María Maricela Escobar Sánchez, Contralora del Ejecutivo, para iniciar una investigación que permita fincar responsabilidades a los funcionarios de la administración de Mariano González Zarur, quienes ante su negligencia y omisión provocaron la pérdida de millones de pesos en equipo y mobiliario.

El gobierno de Héctor Ortiz no sólo gasto miles de pesos en la edificación del inmueble localizado a unas cuantas cuadras del zócalo capitalino, sino que también realizó la compra de butacas, elevadores, el sistema de aire acondicionado y de un sofisticado equipo de sonido.

La inconclusa Plaza Bicentenario que dejó Ortiz Ortiz al abandonar el gobierno sirvió de pretexto al vengativo Mariano González para emprender una encarnizada persecución contra funcionarios orticistas y constructores, pues según los sabuesos del marianismo había irregularidades financieras y estructurales que debían ser sancionadas.

En junio del 2015 el gobierno del hacendado Mariano González reveló los nombres de los ex funcionarios orticistas que fueron inhabilitados por supuestas anomalías relacionadas con el mencionado inmueble.

La lista la encabezó Adalberto Campuzano Rivera, ex Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, Baldomero Ruíz García, ex Director de Obras Públicas, Gilberto Reyes Zepeda, ex Secretario Técnico, José Eusebio Rubén Téllez Gutiérrez, ex Encargado de la Unidad de Concursos y Precios Unitarios, José Luis Mejía Rojas, ex Jefe del Departamento de Infraestructura Urbana, Leonel Lima Loaiza, ex Jefe del Departamento de Infraestructura y Obras Viales, Marco Antonio Vázquez Salazar, ex Jefe de Oficina adscrito a la Dirección de Obras Públicas y Felipe Cuapio Tzompa, ex Residente de Obra.

Y como podrá ver nunca apareció el constructor de la obra y funcionario estatal Jesús Luévano Escalona ni el ex gobernador Héctor Ortiz, pues simplemente González Zarur no pudo proceder en su contra por más que buscó elementos para hacerlo o mejor dicho su contralor Hugo René Temoltzin Carreto nunca rascó donde en realidad estaban las inconsistencias porque no quiso o porque habría encontrado algún estímulo para engañar a su jefe.

Valdría la pena que la actual contralora María Maricela Escobar se pusiera a trabajar para indagar el destino y el estado que tienen los equipos que se compraron para el adecuado funcionamiento de La Plaza Bicentenario, pues hasta donde se sabe éstos estaban abandonados y sin el debido cuidado en una de las bodegas de la Secoduvi.

Se trata de millones de pesos que no fueron resguardos correctamente por funcionarios de la pasada administración, de ahí que es obligación de la Contraloría del Ejecutivo determinar si hay responsables o no por el daño que sufrió ese equipamiento que seguramente no sirve por el poco cuidado que recibió.

Si hay una dependencia que ha estado de adorno en la actual administración es la Contraloría del Ejecutivo que se ha dedicado más a tapar todas las irregularidades que dejó el gobierno de Mariano González y a cubrir los errores y anomalías que llevan a cabo los actuales funcionarios, ya que hasta ahora se desconoce si hay servidores públicos sancionados o amonestados por alguna inconsistencia.

Héctor Maldonado va hacia el patíbulo

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El presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, Héctor Maldonado Bonilla, puede jactarse de ser el funcionario que más animadversión ha acumulado en tan solo cuatro meses de haber asumido el cargo, lo que tarde o temprano le va a generar problemas que afectarán su posición y complicarán su periodo como representante del Poder Judicial en Tlaxcala.

TSJE 20

Algo le aprendió el magistrado Héctor Maldonado a su patrón el ex gobernador y hacendado Mariano González Zarur que sus compañeros de pleno del TSJE y del Consejo de la Judicatura le aprueban todo lo que quiere y nadie muestra la mínima resistencia a sus decisiones, de ahí que ese abogado pirruris no ha tenido problemas para dar chamba a sus subordinados que al igual que él viven en Puebla y que han llegado a Tlaxcala a cobrar y desplazar a los licenciados oriundos de estas tierras.

Ahora habrá que ver cuánto tiempo le dura el gusto al marianista, porque lo que no ha calculado es el tamaño del malestar que han generado sus decisiones y que en su momento el sector de la abogacía tlaxcalteca le cobrará la afrenta de despreciarlo y marginarlo de las posiciones de poder al interior del Tribunal Superior de Justicia en el Estado.

Como se recordará el primer movimiento que llevó a cabo el magistrado presidente del TSJE fue el de su incondicional Georgette Pointelin González, la michoacana que asumió el control de la poderosa Secretaría Ejecutiva, para después designar a Noé Cuecuecha Rugerio, Ana Cecilia Quiroz Chauviere y Alejandro Terova Tepatzi, como Contralor, subdirectora de Recursos Humanos y Materiales y jefe del Departamento de Informática, respectivamente.

También tuvo el detalle de aceptar la recomendación marianista y abrir un espacio a María Angélica Temoltzin Durante, quien desde hace unas semanas despacha como directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado.

Y para seguir con los cambios en el Poder Judicial, el abogado de la UDLA no tuvo empacho en designar a la poblana Rosalba Velázquez Peñarrieta como directora del Instituto de Especialización Judicial, quien goza de un mala reputación no sólo por su cuestionado desempeño como consejera electoral en el vecino estado, sino por su trayectoria y escándalos en los que se ha visto involucrada.

La abogada conocida como la Tina Turner poblana es cercana al ex gober precioso de Puebla, Mario Marín Torres, con lo cual ya nos podemos imaginar que mañas tiene.

Héctor Maldonado le sigue jugando al Chanoc y siente que en su isla de poder nadie le hará ver su suerte, de ahí que presume sus movimientos y conquistas sin ningún pudor. Por lo pronto ya incorporó a la nómina a más acompañantes de viaje, pues por lo que se ve al presidente del TSJE no le gusta ir y venir a Puebla solo.

Magistrados blandengues

Los que dan pena ajena son los tres magistrados del Tribunal Electoral de Tlaxcala encabezados por Luis Manuel Muñoz Cuahutle, que ante el desacato en que han incurrido los diputados locales para permitir la llegada de los suplentes, pues se han visto más como aliados de los legisladores que como responsables de hacer valer la ley.

Han pasado días y los diputados suplentes que solicitaron ser incorporados al Congreso del Estado no han podido asumir sus responsabilidades porque al parecer no existe nadie con la autoridad suficiente de ordenar a los legisladores en funciones que asistan a la sesión extraordinaria para que se pueda llevar a cabo el acto legal correspondiente.

Los diputados encabezados por el prángana político Juan Carlos Sánchez García se han burlado de los fallos del Tribunal Electoral de Tlaxcala y del emitido por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues simplemente han mandado al cagadero la orden de tomar protesta a los legisladores suplentes que pretenden ocupar las posiciones que dejaron los propietarios que desde hace varios días andan en campaña para buscar la reelección u otro cargo a nivel federal.

Y lo que es peor, es que los magistrados han permitido esas burlas, al grado que ayer los magistrados del TET aprobaron una amonestación para los diputados incumplidos, medida que resulta ridícula y que demuestra que están en contubernio con los legisladores en campaña para impedir la llegada de los suplentes. O no.

La seguridad, el gran fracaso de los gobiernos

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Si hay un reproche generalizado de los mexicanos hacia las autoridades es la enorme inseguridad, la cual sin duda fue una herencia de los gobiernos panistas que mostraron su ineficiencia en ese rubro durante doce años y que hoy en día la administración federal del priista Enrique Peña Nieto también demuestra que fracasó.

Un diagnóstico mal elaborado con una lectura parcial de la película en materia de seguridad fue la que al final de la administración de Mariano González Zarur se enseñó al gobernador electo Marco Antonio Mena Rodríguez, quien nunca recibió la información real del problema de la inseguridad en Tlaxcala.

Esa fue una de las razones por las que la seguridad fue excluida de las prioridades del gobierno menista que desde su inicio se comprometió a dar mayor atención a la educación, la salud y el empleo.

A mediados del año pasado, cuando se presentó el Plan Estatal de Desarrollo hubo un intento por corregir el rumbo y se anunció una inversión histórica en materia de seguridad y el incremento del 50 por ciento de la fuerza policiaca estatal, con el propósito de enfrentar el crimen que prácticamente está desatado desde finales del 2016.

La postura del gobierno estatal para combatir la inseguridad fue buena, pero su proceder es extremadamente lento y su estrategia sigue sin dar los resultados esperados.

Los datos no mienten. En los primeros cuatro meses de este año el robo con violencia de automóviles se ha disparado al sumar 161 ilícitos de ese tipo, cuando en el mismo periodo del 2017 se registraron 62 hechos de esa naturaleza.

Pero no sólo creció el robo de vehículos con violencia, sino que ahora esa problemática ya refleja una tendencia en la forma de delinquir. En uno de cada tres delitos de ese tipo cometidos en Tlaxcala se usa la fuerza y armas para llevar a cabo el despojo de la unidad automotora.

Según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública al día se roban en Tlaxcala un automóvil de forma violenta, hecho que resulta grave porque nunca antes se había registrado ese clima de inseguridad.

Esa problemática ha pegado de más a la imagen del gobierno de Marco Mena y hasta ahora no se ha dimensionado el daño.

Héctor Ortiz Ortiz cuando gobernó Tlaxcala se mostró muy sensible sobre el tema de la seguridad, al grado que se dice tenía un pacto no escrito con los delincuentes que operaban en el estado, pues se les permitía vivir pero no cometer sus fechorías en el territorio estatal porque si lo hacían de inmediato eran perseguidos y encarcelados.

El mismo pacto lo habría replicado el hacendado gobernador Mariano González a través de su procuradora Alicia Fragoso Sánchez. Las bandas criminales estarían identificadas y se les dejaba operar a cambio de no afectar de más a los tlaxcaltecas.

Sólo los ex gobernadores saben si lo anterior fue real o no, sin embargo es un hecho tangible que en los últimos 16 meses el clima de seguridad que prevalecía en Tlaxcala se descompuso y que hoy en día observamos ilícitos que antes se presentaban de manera esporádica como los levantones, secuestros exprés, robo de vehículos con violencia, extorsiones y secuestros.

Y ante tal panorama, resultan ridículas las declaraciones del diputado Juan Carlos Sánchez García, quien quiere que el responsable de la seguridad pública en el estado, Hervé Hurtado Ruiz, comparezca ante los legisladores para que explique las estrategias que sigue para enfrentar al crimen.

El empresario constructor metido a diputado y promotor de eventos de lucha libre, dice que tal decisión es producto de un acuerdo de los diputados que esperan que en esta ocasión el funcionario estatal si los obedezca y asista al Poder Legislativo, sin que exista una autorización por parte del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.

Antes de ponerse “gallito” valdría la pena que el legislador panista consultara la ley y se enterara del procedimiento que debe seguir para lograr una comparecencia, porque le encanta asumir la actitud de ser un guerrero cuando todos saben que al tipo no sólo le falta cerebro, sino dos elementos necesarios para demostrar su hombría.

El problema de la inseguridad es grave, pero hay algunos bufones como El Saga que lo tratan de utilizar para ganar reflectores y así alimentar su retorcido ego.

El marianismo está de regreso

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El ex gobernador Mariano González Zarur faltó a su palabra de retirarse de la política en Tlaxcala. Si bien es coordinador regional de la campaña de su compadre José Antonio Meade Kuribreña, lo cierto es que ya dispuso que la mayoría de su grupo trabaje al lado de su hijo Mariano González Aguirre para que gane la diputación federal del primer distrito con cabecera en Apizaco.

El marianismo está de regreso y junto con ellos todas las mañas y estrategias probadas para ganar elecciones. El ex gobernador de Tlaxcala no permitirá que su hijo y su orgullo sean pisoteados el primer domingo de julio, por lo que ya rescató de su retiro al ex secretario de Educación, Tomás Munive Osorno, quien hoy en día se ostenta como el coordinador de los marianistas.

A la complicada tarea de hacer ganar al heredero del marianismo también se sumó el ex secretario de Gobierno, Ernesto Ordoñez Carrera, el ex Contralor, Hugo René Temotlzin Carreto, el ex responsable del Cecyte, Victorino Vergara Castillo, la ex titular del Sepuede, Maricela Cuapio Cote, el ex director del Itea, Víctor Carro Meneses, el galán ex director de Recursos Humanos de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, Armando Hernández Ramírez y la actual delegada de la Sedesol, Mariana González Foullon.

La consigna que tienen los marianistas es hacer ganar en el primer distrito al ciudadano candidato presidencial de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade y a Mariano González Aguirre que busca llegar a la Cámara de Diputados con el respaldo del PRI, Nueva Alianza y el PVEM.

Lo interesante de la reaparición de los generales de ese grupo político, es que no necesitaron permiso para llamar a los operadores políticos incrustados en la nómina oficial del estado para pedirles que se concentren en el primer distrito.

Tomás Munive sin ser el secretario de Educación recibió el respaldo inmediato de la estructura operativa de la dependencia que dice controlar el aspirante a poeta Manuel Camacho Higareda. Ernesto Ordoñez tampoco tuvo problemas para citar a todos los empleados de la Secretaría de Gobierno, a quienes les dio indicaciones pese a que esa área de la administración pública está bajo el mando de Tito Cervantes Zepeda.

Pero si usted cree que los marianistas van a trabajar en la operación política electoral para los candidatos al Senado, Anabel Alvarado Varela y el inútil de Florentino Domínguez Ordoñez se equivoca. Sólo llevarán su respaldo a Meade y a Mariano González, pues su acuerdo es no mover ni un dedo por los candidatos menistas.

El patético ex secretario de Gobierno y ex líder del PRI en Tlaxcala, Florentino Domínguez, insiste que ganará los comicios porque en la entidad habrá una elección de Estado, por eso sólo se dedica a tirar rostro y alzar su pulgar para simular que trabaja cuando en realidad espera que el gobernador lo haga senador por una operación mágica que según él se verá el día de las elecciones.

Hasta el momento nadie sabe porque Ubaldo Velasco Hernández, el ex Oficial Mayor del gobierno de Mariano González no se ha sumado al trabajo electoral de los marianistas. Dicen que está muy molesto porque los menistas lo jubilaron cuando él se cansó de repartir efectivo en los comicios pasados de gobernador donde resultó triunfador Marco Mena.

Lo malo del regreso de los marianistas es que sus ínfulas de jefes aún se mantienen y han empezado a presionar a los trabajadores del sector educativo para apoyar las aspiraciones de González Aguirre.

Personal docente y administrativo de diferentes instituciones educativas están cansados de las amenazas de los marianistas. El secretario de Educación Manuel Camacho giró instrucciones para que nadie se involucrara en las elecciones, sin embargo Tomás Munive y Ernesto Ordoñez se brincaron esa orden y presionan para que los empleados del sector apoyen al PRI.

Los encargados de intimidar a los trabajadores del sector educativo son Felipe Pascual Rosario Aguirre, encargado del Instituto Tecnológico de Apizaco, Anibal George Haro, responsable del Instituto Tecnológico de Tlaxco, Humberto Becerril Acoltzi, rector de la Universidad Tecnológica de Huamantla, así como Leoncio González Fernández, rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente y la directora del IDET, Minerva Hernández Bello. Todos le deben el trabajo al ex gobernador Mariano González y es obvio que harán hasta lo imposible para hacer ganar al junior.

La apuesta de los marianistas para el 2021 es clara. O no.

El combate a la corrupción puede esperar

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La omisión de los diputados locales de aprobar el Sistema Estatal Anticorrupción fue solucionada en fast track para evitar más señalamientos en su contra, sobre todo cuando un número importante de legisladores anda tras la reelección, por lo que ayer avalaron cambios legales que darán vida a un esquema que intentará castigar el enriquecimiento inexplicable de los servidores públicos.

corrupción tlax
A los diputados locales de Tlaxcala les encanta ser exhibidos y exhibirse, al grado que solitos se ponen en evidencia ante sus representados, como sucedió ayer con la aprobación de las reformas y leyes del anhelado Sistema Estatal Anticorrupción.

Es obvio que los legisladores tenían la intención de posponer el tiempo que fuera posible la creación del mencionado sistema y que el plazo constitucional establecido para aprobar dichos cambios jurídicos y que venció a finales del año pasado nunca les importó, pues está claro que en Tlaxcala simplemente no hay voluntad política para combatir la corrupción.

Las reformas y dictámenes para dar paso al Sistema Estatal Anticorrupción siempre estuvieron listos y en manos del ladino diputado priista Enrique Padilla Sánchez, pero por alguna extraña razón los representantes populares de los tlaxcaltecas prefirieron esconderlas y guardarlas hasta que el jefe de los diputados diera la instrucción de procesar esos cambios, tal y como sucedió en la sesión ordinaria de ayer.

Pero para lograr que esa orden llegara, fue necesario que el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Juan Pablo Gómez Fierro, concediera la semana pasada un amparo a integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, por el cual se pudo obligar al Congreso del Estado a expedir las reformas que sustentarán al sistema legal que castigará las malas prácticas de los servidores públicos.

Si usted piensa que tenemos legisladores eficientes y responsables que en menos de cinco días se pusieron a trabajar para elaborar las reformas y dictámenes que fueron avalados ayer se equivoca, ya que esos documentos tenían semanas o meses listos y se ocultaron a fin de prolongar el mayor tiempo posible la instauración del Sistema Estatal Anticorrupción.

Y aunque ya se aprobaron los cambios y reformas, será hasta finales de agosto cuando ese andamiaje jurídico funcione en Tlaxcala. Una vez que sea publicada la reforma en el Periódico Oficial, el Congreso del Estado deberá conformar el Tribunal de Justicia Administrativa, para lo cual tendrá que designar a dos magistrados a propuesta del gobernador.

El tercer miembro de ese cuerpo colegiado será el gris magistrado Elías Cortés Roa, quien funge como encargado de la Sala Electoral Administrativa del TSJE.

El Tribunal de Justicia Administrativa empezará a funcionar dentro de seis meses, al igual que el Comité de Participación Ciudadano que se conformará por cinco representantes de la sociedad civil.

La Procuraduría General de Justicia en el Estado tendrá que crear la fiscalía especializada en materia de corrupción, proceso que deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor de 60 días después de haber sido publicado el decreto correspondiente.

Como podrá ver en Tlaxcala no existe ninguna prisa por castigar la corrupción, la cual al parecer sólo existe en la imaginación de los tlaxcaltecas y uno que otro mal pensado periodista. Es mentira que haya funcionarios que llegan con una mano adelante y otra atrás y cuando dejan el cargo presumen propiedades, carros de lujo y viajes en el extranjero.

Y ya que hablamos de funcionarios, le cuento que hay algunos responsables de importantes dependencias federales que andan operando en contra del virtual candidato del PRI a la diputación federal por el distrito uno, Mariano González Aguirre.

Los responsables de esas delegaciones relacionadas ambas con la vivienda dicen que no trabajarán por el aun diputado local y que no permitirán que disponga de recursos y de personal para su campaña. Con esos amigos para que quiere enemigos el hijo del ex gobernador.

El marianismo quedó oficialmente en libertad

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Los principales operadores del marianismo recibieron la venia de su amo para moverse en libertad en este proceso electoral, por lo que no serán castigados o acusados de traición si optan por sumarse y operar a otros proyectos que no involucren al ciudadano José Antonio Meade Kuribreña y a los candidatos del PRI al Senado y a las diputaciones federales y locales.

marcomena

El añoso y rabioso ex gobernador Mariano González Zarur estuvo el pasado miércoles y jueves en Tlaxcala. Sostuvo diferentes reuniones con sus colaboradores y principales operadores políticos, a quienes les dejó muy claro que su alejamiento con el actual mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez es real.

El hacendado sólo invitó a los más cercanos a trabajar por el proyecto del candidato del PRI a la presidencia de México, José Antonio Meade, pero en el estado de Hidalgo, donde él aparecerá como coordinador y responsable del ejército electoral rumbo a los comicios del 1 de julio de este año.

En su estilo, el ex gobernador tlaxcalteca rechazó que en la entidad exista una diarquía como muchos han creído, al grado que se deslindó de las designaciones de los candidatos del PRI a los diferentes cargos de elección popular que estarán en juego.

Si mi hijo Mariano González Aguirre aceptó una candidatura a una diputación federal es su responsabilidad, por lo que ahora deberá enfrentar esa decisión y tratar de ganar con el respaldo de Marco Mena, habría explicado un dubitativo ex gobernador.

Con ese preámbulo, Mariano González soltó las riendas a sus operadores y les dijo que estaban en libertad de buscar acomodo en otros proyectos políticos, dejando entrever que la división interna del PRI en Tlaxcala es inevitable.

Los operadores marianistas que lograron buenos resultados en las elecciones del 2015 y 2016 están cotizados y aunque no lo crea algunos han empezado a recibir propuestas tentadoras de la oposición.

El viernes pasado en un café del centro histórico de la capital se dejaron ver Ernesto Ordoñez Carrera, ex secretario de Gobierno, Tomás Munive Osorno, el poderoso ex titular de la Secretaría de Educación Pública y Victorino Vergara Castillo, ex director general de los Cecytes. Su reunión generó morbo y se dio un día después de haber estado con Mariano González.

Se habla que la ex gobernadora Beatriz Paredes Rangel llegaría a Tlaxcala a coordinar las campañas del PRI y a tratar de mantener la unidad del partido, designación que quizá llegue a destiempo porque muchos de sus seguidores ya trabajan para el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y porque las divisiones internas del partidazo se encuentran muy avanzadas.

En serio que el PRI no le encuentra la cuadratura al círculo y cada vez es más notorio el malestar de la militancia, no sólo porque José Antonio Meade insiste en no asumirse como priista, sino porque en Tlaxcala se permitió la reelección de diputados locales que no han hecho nada más que cobrar.

No cabe duda que el PRI de Mena tiene la pelota, por lo que ahora falta ver si logra meter los goles que se requieren para ganar.

De descuidos imperdonables hasta el juego de las vencidas

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Al final una decisión del gobierno federal que dejó sin recursos para seguridad a dos municipios tlaxcaltecas terminará pegando al gobierno que encabeza Marco Antonio Mena Rodríguez, ya que en esas dos demarcaciones la incidencia delictiva va en aumentado y los alcaldes no podrán por sí solos enfrentar ese problema.

manchimagistrado

Los alcaldes de Calpulalpan Neptalí Moisés Gutiérrez Juárez y de San Pablo del Monte Cutberto Cano Coyotl tendrán a partir de este año serios problemas para atender el rubro de la seguridad en sus respectivos municipios, pues por errores cometidos por los anteriores ediles y en el último año dejarán de recibir fondos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG).

Se trata de los recursos que reciben los ayuntamientos en forma de un subsidio por parte del gobierno federal, mismos que son utilizados para equipamiento, salarios y otras necesidades que se tienen para combatir el crimen.

De los seis ayuntamientos tlaxcaltecas que recibían esos fondos, a partir de este año quedaron excluidos del FORTASEG los municipios de Calpulalpan y San Pablo del Monte, quedando sólo los de Tlaxcala, Apizaco, Chiautempan y Huamantla.

Tlaxcala y Apizaco recibirán cada uno 10.7 millones de pesos, mientras que Chiautempan y Huamantla se verán beneficiados con 10 millones de pesos cada uno. Calpulalpan y San Pablo del Monte dejarán de gastar cada uno 10 millones de pesos, toda vez que fueron eliminados de ese programa que a nivel federal controla la Secretaría de Gobernación.

El problema si bien afectará inicialmente a los alcaldes de las mencionadas poblaciones, lo cierto es que terminará golpeando al gobierno de Marco Antonio Mena, debido a que en esos municipios se registran serios problemas de delincuencia organizada que tarde o temprano tendrá que atender el exquisito Hervé Hurtado Ruiz, quien se desempeña como responsable de la Comisión Estatal de Seguridad.

Por cierto, le cuento que el programa de video vigilancia que lleva a cabo la presidenta municipal de Tlaxcala Anabell Avalos Zempoalteca va dando los resultados esperados, pues aunque usted no lo crea ya existen en este momento más de mil cámaras instaladas en el municipio que ayudan a las labores de vigilancia.

Al finalizar este 2018 se espera que haya más de 2 mil cámaras de video vigilancia en la capital del estado, las cuales junto con los 200 grupos de vecinos vigilantes -incluyen a más de 5 mil personas- contribuyen a mejorar las acciones de seguridad que coordina Máximo Hernández Pulido.

El programa que opera en el municipio de Tlaxcala logró disminuir en 15 por ciento la incidencia delictiva en el 2017 con respecto al 2016, por lo que varios alcaldes de otras entidades han empezado a interesarse en la estrategia que se sigue en la capital para replicarla en sus poblaciones.

Valdría la pena saber cuántas cámaras de vigilancia tiene el gobierno del estado, porque por más que se anuncian inversiones en materia de seguridad los resultados no se ven por ningún lado.

Magistrados se rebelan y se ponen la manchi casaca

La instrucción, sugerencia, orden, solicitud o como lo quiera usted llamar que se hizo para que el magistrado Elías Cortés Roa asumiera la presidencia del Tribunal Superior de Justicia en el Estado simplemente fue ignorada.

Alguien les recordó a los actuales magistrados que gracias a un hacendado gobernador ocupan su cargo, de ahí que ninguno se negó a recibir la llamada y la ordenanza para echar atrás la sugerencia de llevar a Elías Cortés a la silla principal del Poder Judicial de Tlaxcala.

La noche del miércoles para el jueves no había la menor duda de que los magistrados habían aceptado la llegada de Cortés Roa, pero en las primeras horas de ayer las cosas cambiaron y de repente todos los miembros del Pleno llegaron con su manchi casaca y acataron la instrucción de designar al poblano Héctor Maldonado Bonilla como nuevo presidente del TSJE.

El nuevo representante legal del Tribunal que en su momento ha sido mal evaluado por sus alumnos de derecho de la Udla ni siquiera vive en Tlaxcala, sin embargo nadie tuvo el valor de oponerse a su designación, lo que demuestra que el ex gobernador Mariano González sigue mandando pese a que dejó su cargo el 31 de diciembre del 2016.

Elsa Cordero no pudo consumar su ambición de dejar la presidencia del TSJE para llegar a la representación del Tribunal de Justicia Administrativa de Tlaxcala que deberá estar funcionando en los próximos meses.

Imagínese lo que viene para la impartición de justicia ahora que el TSJE quedó en manos de un manchimagistrado.

Los desencuentros en la oposición y la gris caballada priista

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La duda que existe en Tlaxcala es si el partido de Andrés Manuel López Obrador irá o no en coalición con el PT y el PES en los comicios para renovar el Congreso del estado, pues sus aliados en los comicios federales no están conformes con el reparto que propone Morena para las 15 diputaciones locales.

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Los militantes tlaxcalteca del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Encuentro Social (PES) están hartos de la soberbia que domina y controla a los seguidores del eterno aspirante a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, quien no conforme con haberse quedado con las candidaturas al Senado y a las diputaciones federales, ahora pretende agandallarse once de los 15 distritos locales.

Las negociaciones para replicar la alianza electoral nacional a los comicios locales no avanzan, pues el PT no acepta por ningún motivo que sólo le asignen dos distritos al igual que al PES, cuando según ellos tienen más fuerza que Encuentro Social.

Los petistas exigen a Morena que por lo menos entregue 5 distritos locales, de los cuales dos deberán ser considerados de alta competencia para garantizar la llegada de sus abanderados, propuesta que el equipo de López Obrador ha rechazado porque el PT no solo carece de cuadros con presencia y arraigo, sino porque está comprobado que sus legisladores suelen terminar siempre de aliados del PRI.

Aunque se ha hablado muy poco de los desencuentros entre Morena, el PT y el PES, la realidad es que la coalición electoral para los comicios a diputados locales podría venirse debajo de mantenerse las actuales posturas, situación que afectaría seriamente a esa alianza que de concretarse estaría en posibilidades de convertirse en la primera o segunda fuerza política en la próxima legislatura según los resultados que arrojan los últimos sondeos.

Joel Molina Ramírez, líder estatal de Morena es el que tiene bajo su responsabilidad esas negociaciones, pues el hijo de López Obrador, Gonzalo López Beltrán, dejó hace unos días de operar en la entidad, porque según el Tlaxcala está ganado, así que decidió llevar su talento a otros lados donde se requiere reforzar la estrategia de su padre.

El PRI de Mena débil y con puro gallito habanero

Muy pocos podrían asegurar que la caballada del PRI para las diputaciones locales esta fuerte, ya que los mensajes enviados ayer en el arranque del proceso interno de ese partido para elegir a sus candidatos son desalentadores.

De entrada los priistas que acudieron a presentar su carta de intención y a tomar el curso de inducción a su candidatura, requisito estatutario para lograr la nominación, no representaron ninguna sorpresa ni generaron grandes expectativas.

La ausencia de liderazgos y operados marianistas fue evidente y la presencia de Mariano González Aguirre y su séquito de diputados fue de mero trámite y compromiso, pues está claro que serán los amigos de la familia Mena y no los militantes con fuerza los que se alistan para ser los beneficiados de las candidaturas a diputados locales.

El PRI que busca quitarse el estigma de corrupto mal hizo en permitir la entrada al curso de ex presidentes municipales, ex diputados locales, delegados federales y ex funcionarios estatales, toda vez que muchos tienen pasados cuestionables como es el caso de Pedro Pérez Lira, Ángel Meneses Barbosa, Armando Hernández Ramírez y Héctor Martínez Zamora sólo por mencionar a algunos.

De nada sirvió que el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez enviará al PRI de Tlaxcala al incoloro Florentino Domínguez Ordoñez, porque reunió a puro gallito habanero que no tienen el tamaño para enfrentar a una oposición crecida y que está metida realmente en la pelea por las diputaciones locales.

El PRI se está equivocando y va encaminado a la ruta de la derrota.

Los marianitas abandonaron al PRI, por lo que ahora falta ver si el partidazo tiene la capacidad de ganar sin tener como su principal operador al ex gobernador Mariano González Zarur.

La pantomima de la fiscalización en Tlaxcala

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Sin título-24

La persecución iniciada por Isabel Maldonado Textle, encargada del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), contra un pequeño grupo de ex presidentes municipales tiene tintes de venganza, porque nadie le puede creer que se ponga extremadamente estricta con los ex ediles y que al gobierno de Mariano González Zarur y sus funcionarios les haya perdonado todas sus transas.

El disfraz de dócil cordera que le gusta ponerse todos los días a la auditora general del OFS le ha servido para engañar y acercarse al poder que la ha arropado, situación que la fiscalizadora ha aprovechado para sacar su verdadera naturaleza de hiena y emprender una cacería donde va acompañada de un séquito que tiene una enorme hambre de venganza.

Hay ex alcaldes que cometieron excesos y abusos en el manejo de los recursos públicos y que merecen un castigo, sin embargo la aplicación de la ley en los casos que llegaron a la Procuraduría General de Justicia está siendo selectiva, al grado que el OFS y la ministerio público encargada de dar el trámite administrativo a las denuncias, Nohemí Nophal, no podrían justificar por qué se agilizó ciertas averiguaciones previas y por qué otras han sido olvidadas.

Además, quién puede confiar en la actuación de una ministerio público que trabajó y concentró la información en una de las oficinas que le fue asignada en las instalaciones del OFS, misma que sólo hace lo que los asesores y gurús de Isabel Maldonado le ordenan.

Vaya, es tan autónoma esa ministerio público que el mismo procurador de Justicia en el estado, Tito Cervantes Zepeda, desconoce el trabajo que Nohemí Nophal lleva a cabo para intentar meter a la cárcel a un reducido grupo de ex presidentes municipales.

La cacería iniciada ayer y que buscaba detener a ex alcaldes como el panista Adolfo Escobar Jardínez y al petista perredista Antonio Mendoza Romero, quienes gobernaron los ayuntamientos de Tlaxcala y Chiautempan, respectivamente, no prosperó y sólo pudo concretar la aprehensión de la ex tesorera de la administración capitalina Norma Sánchez Tepetla, quien es acusada por uso indebido de atribuciones y funciones.

En los próximas horas o quizá días veremos hasta dónde quiere llegar Isabel Maldonado, quien está empeñada en llevar a la cárcel a ciertos ex ediles, porque desde ahora le puedo asegurar que no todas las denuncias penales que llegaron a la PGJE terminarán en órdenes de aprehensión.

Habrá que ver si la vengativa Maldonado Textle en realidad cumple su cometido o si sólo busca asustar y aparentar supuestos castigos a actos de corrupción, con el propósito de sensibilizar a los actuales ediles y así obtener, a través de sus gurús, beneficios económicos como los han tendido todos los responsables del Órgano de Fiscalización Superior.

De hecho nadie en su sano juicio puede creer que Isabel Maldonado tiene la intención de realizar una verdadera fiscalización y castigar los abusos de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, pues de entrada tuvo que pagar muy caro su imposición en el cargo por parte del ex gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur.

La auditora general del OFS simplemente paso por alto todas las anomalías que se cometieron en la administración del hacendado, en especial las realizadas en el último año de esa gestión donde hay más que evidencias del desorden y corrupción que prevaleció, sin embargo no merecieron ninguna observación por parte de ese ente fiscalizador.

Es una lástima que en Tlaxcala se simule el castigo de la corrupción y sobre todo que exista funcionarios como Isabel Maldonado que utilizan sus cargos para llevar a cabo venganzas.