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Congreso incapaz de cumplir con fallo de juez federal

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El caso del ex magistrado Fernando Bernal Salazar aún no ha concluido y aunque los diputados locales argumenten que ya dieron cumplimiento al fallo del juez federal que ordenó al Poder Legislativo emitir un nuevo dictamen sobre la ratificación o no del abogado como miembro del TSJE, en realidad los legisladores han simulado una solución que difícilmente aceptará la justicia.

marianito

Hasta el momento los diputados priistas que se oponen a la ratificación de Fernando Bernal Salazar como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado no han encontrado ningún elemento que motive su postura de no confirmar en el puesto al abogado que desde el 2014 se le impidió desempeñarse nuevamente como miembro del pleno del Poder Judicial de Tlaxcala.

Por esa sencilla razón los legisladores incumplen con el fallo de un juez federal que ordenó a los diputados locales aprobar un nuevo dictamen donde ratifiquen o no al ex magistrado, el cual deberá estar debidamente fundado y motivado, es decir, deben explicar claramente los razonamientos en caso del sí, pero también los argumentos si la decisión fuera no.

En la sesión del pasado jueves se sometió a votación el caso del ex magistrado, asunto que evidenció que las coyunturas y los intereses económicos pueden más que el respeto a la ley.

En esa ocasión el PRI bajo las órdenes de Mariano González Aguirre si pudo convencer a sus aliados, (Nueva Alianza y Partido Socialista) para ir juntos por la no ratificación de Fernando Bernal, cuando una semana antes sus hoy comparsas se fueron del lado de la oposición (PAN y PRD, PT y Morena) para aprobar la ley que considera la entrega de uniformes escolares gratuitos a estudiantes del nivel básico de Tlaxcala.

El comportamiento de los diputados de Nueva Alianza J. Carmen Corona y su hija Sandra Corona es patético, así como la de los legisladores Delfino Suárez Piedras y Agustín Nava Huerta del Partido Socialista. También es ridícula la postura de la diputada “independiente” Yazmín del Razo y del petista Jesús Portillo.

Le puedo asegurar que ninguno podría dar tres elementos debidamente respaldados que demuestren que Fernando Bernal no debe ser ratificado como ex magistrado, lo que comprueba que al final cedieron a los encantos de Mariano González para hacer efectiva la decisión de su papá, el ex gobernador Mariano González Zarur, de oponerse en el 2014 a la permanencia de ese abogado como miembro del TSJE.

Y aunque González Aguirre se asuma como el gran operador político en el Poder Legislativo, lo cierto es que hasta el momento no ha podido lograr la mayoría calificada que se requiere para aprobar el dictamen de la no ratificación del ex magistrado.

Es muy probable que el caso Fernando Bernal se mantenga vigente y que el juez que lleva el asunto ordene algo más a los diputados locales, a quienes hoy en día les encanta presumir de sus “actos soberanos” cuando ya vimos que el Poder Judicial Federal les tiene que estar dando órdenes para que cumplan con la ley y su trabajo.

El caso de Bernal Salazar representa un pésimo antecedente para la próxima designación de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Tlaxcala y del Fiscal Anticorrupción, porque es evidente que este Congreso local prefiere a los cuates y recomendados más que a las personas con el perfil y la preparación para desempeñar puestos de relevancia.

En los próximos días comprobaremos si el juez federal está satisfecho con el trabajo de los diputados o si éste decide emitir un nuevo fallo que ponga en evidencia la pésima labor que han llevado a cabo los legisladores sobre el asunto de la ratificación o no del ex magistrado.

Del conflicto en ecología hasta el nepotismo judicial

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Plantas al por mayor, construidas según se ve, con ánimos de justificar presupuestos, más que con la obligada eficiencia a la que deberían obedecer. Si el cinismo media en este proceso, qué nos aguarda en el capítulo de la salud, con los hospitales sin personal, o en el carretero, con los puentes que se hunden.

El capítulo de la ecología se cierne como el gran conflicto entre las administraciones saliente y entrante. Se invirtieron cantidades descomunales, con resultados imperceptibles.

Durante los últimos seis años, las autoridades no fueron capaces de censar a los entes contaminantes con el propósito de sancionarlos, y al contrario, en el peor momento, apareció un puñado de patrullitas con un halo de extorsión, generado precisamente por una política de apariencias, encabezada desafortunadamente por un personaje venido de la oposición al gobierno.

Quien conoce el nacimiento del Zahuapan, allá por Acopinalco y lo sigue hasta que deja territorio tlaxcalteca, en el municipio de Zacatelco, atestigua una desafortunada transformación, apenas a unos metros de formado el primer afluente.

Hay una necesidad patrimonial sobre el río. Desde amas de casa, hasta campesinos, consideran de su propiedad a este recurso, pero en muchos casos optan por maltratarlo.

Lo cierto es que pese a ser mayoría, la contaminación del río ocasionada por la gente es mínima por cuanto a daños, si la comparamos con la impunidad operante en reconocidos consorcios a los cuales se les permite existir en suelo tlaxcalteca, como no ocurriría en otras latitudes. Sencillamente los han echado por ensuciar al medio ambiente. Pero aquí encontraron la complicidad oficial necesaria para subsistir.

La próxima administración deberá tomar en serio el saneamiento del Zahuapan, no solo como un hecho impactante, sino como la demostración de que somos capaces de recuperar un recurso tan necesario como lo es el hídrico.

Si el reconocimiento de pendientes, en términos de cinismo, marcará la constante en el ejercicio transitorio, nos esperan malos momentos, porque  no sólo enfrentamos el daño al medio ambiente, sino, aguardamos el intercambio de insultos, tan inútiles como molestos, entre dos que debieran ver por el bien y no por el mal de Tlaxcala.

Qué bonita familia

La designación de los dos nuevos jueces de lo Familiar podría convertirse en un dolor de cabeza para el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Estado (TSJE), Justino Hernández Hernández y el magistrado Ramón Rafael Rodríguez, si se documenta que en tal proceso dominaron más los criterios familiares y sentimentales.

Los nuevos jueces de los Familiar que fueron designados son José Augusto López Hernández, quien se desempeñaba como diligenciario en un juzgado de Huamanta y con apenas 30 años de edad y sin carrera civil en el Poder Judicial. La otra beneficiada fue Guadalupe Castillo, quien se dice tiene dos hijos con un importante miembro del TSJE.

Durante la sesión de ayer, se percibió la molestia de algunos integrantes del TSJE  por tales designaciones, al grado que el magistrado Pedro Molina cuestionó los nombramientos.  La coincidencia de ayer fue que hay lazos familiares que ponen en duda  la certeza, transparencia y legalidad del procedimiento.

Los nombramientos generaron tanta molestia entre los más de 20 participantes en el concurso convocado para cubrir las dos plazas de jueces, que más de cinco litigantes acordaron impugnar el proceso y demostrar que la designación tiene vicios de origen.

Además, solicitarán que se abran los expedientes y se hagan públicos los resultados y evaluaciones que se hicieron a los participantes, también pedirán que se dé a conocer la currícula de los nuevos jueces para saber si cuentan con la experiencia y el perfil para desempeñar los cargos.

A este problema, el presiente del TSJE, Justino Hernández, tendrá que sumar la reprobación de la cuenta pública del Poder Judicial.

Por lo que se ve, algo huele mal, pero muy mal en el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

OFS, Tribunal, pasaje: medicina amarga anticipada, al estilo Mariano

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Urge a los tricolores echar al auditor para servirse con la cuchara grande en cuanto comience la “nueva historia”; algo semejante pasa en el Poder Judicial, donde comenzaron a rodar las cabezas de quienes hacían un negocio con la impartición de la justicia.

Comenzaron las acciones para confeccionar a “la nueva historia”, prometida por el gobernador Mariano González Zarur, a partir del 15 de enero.

Por el momento, son al menos tres los hechos con un grado importante de evidencia, aunque –se lo puedo apostar- conforme se acerque el día D, esto se irá generalizando:

1.- El nuevo gobierno, priísta, muestra obsesión por tener un auditor a modo, para meter a gusto la mano en los presupuestos de aquellas cajas chicas, mediante las cuales se recupere la economía de la añosa y mañosa clase tricolor, en vigilia desde hace doce años.

Si no fuera por la reforma del siete de mayo de 2008 a los artículos 161 y122 de la Constitución, respecto a la democratización de los entes encargados de fiscalizar las cuentas, al menos en Tlaxcala la cabeza del titular del Órganos de Fiscalización Superior (OFS), Crispín Corona, ya tendría precio.

No crea que somos la única entidad donde esta atroz tentación activa la temblorina de los gobernantes en posición de “en sus marcas”.

De acuerdo con el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, la animadversión de los mandatarios electos, es una especie de sentencia en contra de las autoridades políticas a quienes relevan en el poder.

Según Portal –está más claro que el agua- “los gobernadores quieren tener su auditor superior, así como tienen a su contralor, que el auditor superior les reporte también a ellos, más que al Congreso, como ocurre en muchos casos».

2.- En la vida siempre han existido soplones que aprovechan la coyuntura para asegurar la chamba, por lo que no debe sorprendernos la súbita limpia en el Poder Judicial de Tlaxcala (PJET), tras la supuesta entrega de una lista de magistrados, jueces y demás fauna nociva, haciendo el negocio de la vida con los delicados temas de carácter judicial.

Mire usted: un número impar de magistrados lleva y trae litigios, de los pasillos del Poder al que sirven, a las computadoras de sus bufetes particulares.

No, pues así la ganancia está garantizada. Ser juez y parte es el cimiento de los nuevos ricos y poderosos profesionales de Tabasco (por aquello de los plátanos y su naturaleza chueca, sin opción a enderezarse).

¿Ya vio que la depuración del Poder Judicial, se encuentra en pleno proceso?

Lo interesante es atestiguar cómo estos temas se dan en la parte complementaria del sexenio Ortiz-Luévano (los compañeros de parranda que andaban cerrando el negocio al medio día, tras interesante ejercicio de degustación).

Ora que, (empero, como dicen los coleguitas) si así se las gastan los abogados plátanos del Poder Judicial, pues qué bueno que les corten las uñotas y los sentencien al escarnio público (nada más con que les quiten de sus manos el negocio de la impartición de justicia y, erigimos un monumento a Mariano).

Empero (ay!!) no vaya a ser la sustitución de los integrantes de un chiquero, por los de otro, sin más objetivo que pasarnos por las armas cuando algo tengamos que tramitar ante este temible Poder.

3.- A propósito de los chaqueteros, el aumento del costo de la parada mínima, también en la etapa agonizante del orticismo, me parece una tarea infame encargada a varios personajes de dudosa reputación.

Se infiere que el gobierno zarurista tiene el ¿legítimo?, deseo de estrenarse sin pendientes impopulares en su agenda.

Como que celebra por anticipado el 15 de enero, para no espantarnos con la llegada de sus cuates (con todo y uñas y antifaz) para comenzar a escribir la nueva historia.

¡Gulp!