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La desesperante cantaleta del gobierno estatal

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La trillada postura de los funcionarios estatales de negar una realidad y tratar de minimizar la violencia que ha provocado la disputa que sostienen bandas criminales en diferentes regiones de la entidad no resulta sano para nadie, pues los delincuentes no se van a ir y menos a detener porque no se hable de ellos o porque se diga que radican en otros estados y que sólo vienen a Tlaxcala a realizar sus fechorías.

Un funcionario que en teoría debería estar más que informado de las actividades del crimen organizado en Tlaxcala es el cándido secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, quien en su prolongada estancia en la PGR y su efímero paso por la Procuraduría General de Justicia del Estado debió enterarse de cómo operan y en dónde tienen presencia esos delincuentes, de ahí que sus declaraciones en torno a las balaceras y ejecuciones registradas en la entidad provocan risa por su enorme ingenuidad.

Nadie le puede creer que en Tlaxcala no existan bandas organizadas dedicadas a la extracción y venta de combustible robado de los ductos de Pemex.

Decir que el estado padece y es víctima de delincuentes poblanos es absurdo, pues las actividades ilícitas se realizan en territorio tlaxcalteca y es aquí donde se les debe detener y perseguir.

Resulta grave escuchar al iluso funcionario cuando asegura ante los reporteros que para enfrentar ese problema se reforzarán las estrategias de seguridad en los límites de Ixtacuixtla y San Martín Texmelucan, municipio de Puebla, cuando desde hace meses se vive un grave problema de huachicol.

Es evidente que la postura oficial es hablar exclusivamente de la venta ilegal de combustible y negar y omitir los hechos violentos relacionados al narcomenudeo y la distribución de drogas, debido a que el gobierno del estado no quiere tocar un tema que resulta muy incómodo y que para su mala suerte ya existe en Tlaxcala.

La disputa de bandas del narco por el territorio tlaxcalteca es real y no descarte que en los próximos meses se recrudezca la violencia en la entidad.

Para ese entonces esperemos que el procurador de Justicia, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, ya haya concluido las diligencias preliminares que según él lleva a cabo la dependencia para detener y castigar a los responsables del linchamiento registrado hace unos días en Hueyotlipan, porque por lo visto no ha terminado las que inició en San Pablo del Monte donde se presentó el primer linchamiento en el mes de junio y el cual está impune y sin castigo.

La pasividad de los funcionarios estatales encargados de la estrategia de seguridad es insultante, así como la omisión que muestra el diputado perredista priista que dice presidir la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, quien en 100 días apenas si ha organizado una sesión en la cual no se logró ningún resultado concreto.

Si bien ese diputado mostró un enorme protagonismo al inicio de la actual legislatura, conforme han pasado los días ha optado por subordinarse a las órdenes de Arnulfo Arévalo Lara, enlace del gobernador con los legisladores, quien al parecer le ha dado instrucciones para no convocar a una sesión de la mencionado comisión a fin de evitar que haya pronunciamientos contra la creciente inseguridad que prevalece en Tlaxcala.

Hay diputados que están a la espera de ser convocados para proponer la comparecencia de los funcionarios encargados de la seguridad y para solicitar un informe de los hechos delictivos registrados en el estado y de los avances que existen para castigar a los responsables de los mismos.

Puede ser que Covarrubias Cervantes esté más ocupado en plagiar otras leyes para después presentarlas en el Congreso del Estado como iniciativas propias y presumir un supuesto trabajo legislativo que sólo es una cortina de humo, porque cuando se revisan sus propuestas se observa que el ex alcalde de Texoloc no aporta nada nuevo y que recurrió al copy paste.

Bandas criminales se disputan el territorio en Tlaxcala

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Tlaxcala vive uno de los episodios más violentos de los últimos años por la abierta disputa que sostienen bandas criminales que se pelean a muerte por el territorio a fin de controlar el lucrativo negocio del narcomenudeo y la distribución de drogas, así como la extorsión y la venta de combustible robado de los ductos de Pemex.

Si al procurador de Justicia en el Estado, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, se le hace misión imposible detener y presentar ante la ley a los probables responsables de las personas que alentaron y participaron en los dos linchamientos registrados en Tlaxcala, imagínese si tiene la capacidad para investigar y meter a la cárcel a los jefes criminales que en los últimos días han desatado la violencia y ordenado una serie de ejecuciones.

En los linchamientos que se han perpetrado en San Pablo del Monte y en Hueyotlipan existen múltiples videos y fotografías que permitirían identificar plenamente no sólo a las personas que alentaron a esa acción, sino a los pobladores que participaron en la golpiza que recibieron los presuntos ladrones, que después de ser rescatados tardíamente por las autoridades estatales, perdieron la vida por las lesiones internas que sufrieron.

Sin embargo, ese material no ha servido para proceder contra los habitantes de esos municipios que optaron por hacerse justicia por su propia mano, de ahí que esos dos homicidios quedarán impunes como la mayoría de los delitos que se cometen en Tlaxcala, donde el procurador sólo sirve para organizar “fiestones” y para andar en eventos oficiales para presumir a sus ex amigos y subordinados que él es “El Jefe” y el nuevo “Huicho Domínguez” tlaxcalteca.

Aquiahuatl Sánchez podrá negar mil veces que en Tlaxcala no existe una guerra entre bandas dedicadas al narcomenudeo, pero los hechos y las evidencias de los últimos días confirman todo lo contrario.
Para nadie es desconocido que la violencia y ejecuciones registradas en Ixtacuixtla están relacionadas por la disputa que existe en esa zona por la venta ilegal de combustible robado y por la distribución y comercialización de drogas.

El pasado 26 de noviembre se confirmó la ejecución de Jaime Guzmán García en la región de San Matías Tlalancaleca, población del vecino estado de Puebla, quien recibió dos disparos en la cabeza.

«El Jimmy» como era conocido ese presunto jefe criminal se le vinculaba con redes de distribución de droga en Zacatelco, San Pablo del Monte, Nativitas, Ixtacuixtla, Nanacamilpa, Huamantla, Apizaco y Santa Ana Chiautempan, así como en las poblaciones poblanas de San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca y San Rafael Tlanalapan.

El 4 de julio del 2009 en Zapopan, Jalisco, la Policía Federal reportó la detención de ocho hombres y una mujer ligados a las operaciones para importar droga de Asia y Colombia para el Cártel de Sinaloa. Entre los asegurados se encontraba Jaime Guzmán.

Después de esta detención, “El Jimmy” salió en libertad tras un proceso penal de aproximadamente un año y medio para instalarse en la zona de Tlaxcala y Puebla, misma que ya conocía por haber vivido una temporada en Nanacamilpa.

La violencia en la región de Ixtacuixtla tiene que ver con el control que se están disputando dos bandas criminales, una de las cuales era representada por «El Jimmy». Los enfrentamientos armados en esa región son constantes, al grado que las escuelas han tenido que suspender clases para evitar que los alumnos resulten heridos.

Lo malo es que hasta ahora no se ve ninguna intención del procurador José Antonio Aquiahuatl de intervenir para evitar que esos hechos se sigan repitiendo.

Pero no crea que sólo en esa zona del estado existen problemas entre organizaciones criminales, pues ayer otro presunto jefe de plaza fue ejecutado en la comunidad de San Lorenzo Tlacualoyan, en el municipio de Yauhquemehcan.

“El Gavilán” recibió cinco impactos de bala de varios desconocidos. Se dice que él encabezaba un grupo delictivo en la región de Apizaco, Yauhquemehcan y Tetla de la Solidaridad, haciendo valer su fuerza en la colonia Nuevo México y en el fraccionamiento Girasoles.

De acuerdo con la versión de jefes policiacos municipales y agentes investigadores de la PGJE, “El Gavilán”, quien acababa de salir de la cárcel, controlaba la venta y la distribución de drogas, así como también estaría relacionado con la extorsión y algunos secuestros exprés. Su ficha criminal no sólo es conocida por el gobierno del estado, sino también por el gobierno federal que lo tenía plenamente identificado.

Trascendió que esa plaza la estaba peleando un nuevo grupo criminal que estarían siendo comandado por “El Michoacano” que en los últimos meses logró expandir su territorio e influencia.

Según las autoridades seguimos siendo uno de los estados más seguros del país, pero a pesar de eso nadie podrá negar que el crimen organizado llegó para quedarse y que hoy las bandas de narcos se están pelando el territorio tlaxcalteca ante un procurador incapaz e inepto.

La semana triste de Báez López

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Casi 100 días necesitó Víctor Manuel Báez López, presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, para comprobar que no sólo es un pésimo líder y político, sino que no tiene capacidad y el talento para conducir el Poder Legislativo y la bancada de Morena que en unas horas o días podría removerlo de la posición que detenta gracias al apoyo que aún le otorga su cómplice, Joel Molina Ramírez, líder del partido de AMLO en Tlaxcala.


Así como Hernán Cortés y sus soldados españoles enfrentaron la Noche Triste tras la derrota sufrida a manos del ejército mexica, el legislador morenista Víctor Manuel Báez padeció esta semana una serie de fracasos que lo han obligado a dirigir sus pasos hacia el patíbulo, por lo que no se descarta que pronto deje de tener los reflectores y el papel protagónico que por más de tres meses ha desempeñado de manera desastrosa.

A principios de noviembre durante una reunión que sostuvieron la mayoría de los diputados locales de Morena, el PT y el PES con el hoy subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo Aburto, se analizó la viabilidad de remover a Báez López de la representación de los legisladores morenistas y por consiguiente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado.

Entre las principales razones estaría el entreguismo que el ex presidente de Zacatelco habría mostrado hacia el mandatario priista y su cuestionable disposición para pactar con la chiquillada representada por el PAN, el PRD y el PRI.

Durante esta semana ha sido más que evidente el mal trato y desprecio que han enfrentado por parte del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez los diputados de Morena, el PT y el PES, así como la representante del gobierno federal en Tlaxcala Lorena Cuéllar Cisneros.

El martes durante el segundo informe del gobernador los diputados fueron marginados y desdeñados, empezando por Víctor Manuel Báez que después de ser un fiel y obediente aliado del mandatario fue enviado a la sexta fila, situación que le provocó una gran molestia al grado que abandonó el Centro de Convenciones de Tlaxcala.

El maltrato que sufrió Cuéllar Cisneros no pasó desapercibido en las oficinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, ni tampoco el despreció que hubo hacia los legisladores locales que ganaron las elecciones junto con el tabasqueño.

Por esa razón, extrañamente el comportamiento de los legisladores de Morena, el PT y el PES fue diferente ayer jueves no sólo para con Víctor Manuel Báez, sino con el gobernador Mena a quien no le aceptaron la invitación para sostener un desayuno durante este día.

Báez López intentó hacer una de las suyas y sin tener el consenso de los legisladores buscó incluir en el orden día la propuesta para someter a votación una reforma que regresaría a los presidentes de comunidad el voto en los Cabildos, sin embargo los diputados no permitieron esa unilateral maniobra pese a que súplicas que recibieron de aún presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado.

La propuesta fue ignorada y Víctor Manuel Báez recibió los reproches de sus compañeros legisladores por su falta de seriedad y liderazgo, así como su entreguismo hacia el gobernador Marco Mena.

A los pocos minutos de iniciada la sesión ordinaria del Congreso, la presidenta de la Mesa Directiva, Luz Vera Díaz, dio a conocer formalmente el cambio de la coordinación de los diputados de Morena, cuya responsabilidad recayó en María Ana Bertha Mastranzo Corona, quien de inmediato recibió el apoyo de otros legisladores para presidir la Junta de Coordinación y Concertación Política que ilegalmente tendría el morenista-priista Báez López.

Pareciera que el equipo de López Obrador ha iniciado una fina operación para retomar el control de Poder Legislativo de Tlaxcala y evitar más la influencia e intromisión que el gobernador Mena había logrado a través del casquivano Víctor Manuel Báez, por lo que no sería extraño ver que en los próximos días se registren reacomodos y cambios en las comisiones del Congreso del Estado.

La relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo está fría y tenderá a descomponerse aún más, aunque Arnulfo Arévalo Lara, el funcionario priista encargado de tratar con los diputados locales diga lo contrario.

El pacto de la parranda y la basca se cumplió

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Cuando los marianistas se atrincheraron en el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) lo hicieron para controlar no sólo el negocio que implica la impartición de la ley en Tlaxcala, sino para beneficiarse de todos los recursos públicos que dispone ese poder, por esa razón ese grupo impuso al poblano Héctor Maldonado Bonilla como presidente y representante de los magistrados.

Hace unos días le conté el desagradable espectáculo que hizo en la Feria de Tlaxcala el presidente del TSJE, Héctor Maldonado, mejor conocido como “El Chupitos”, quien no tuvo la prudencia de ocultar su amistad y celebrar anticipadamente el negocio que quizá ese viernes de noviembre cerró con el ex contralor del estado Hugo René Temoltzin Carreto.

Como recordará el día en que ambos personajes al parecer amarraron un jugoso negocio que terminó con una parranda y unas monumentales vomitadas del Maldonado Bonilla, también se había realizado una etapa del proceso de licitación para contratar los servicios de intendencia y jardinería del Poder Judicial, en el cual estuvo presente la esposa de Temoltzin Carreto que impulsaba la propuesta de la empresa denomina Mom Tlax S.A de C.V, la cual tenía como representante legal a Aurelia Ramírez Gordian, quien es suegra del influyente ex funcionario marianista.

Después que se hicieran públicos los detalles de esa morbosa parranda, el nombre de la empresa que se perfilaba como ganadora desapareció del concurso, quizá porque Héctor Maldonado ya sobrio y sin el malestar que provoca las regurgitaciones por el excesivo consumo de alcohol, habría acordado con su amigo Hugo René Temoltzin retirar a Mom Tlax S.A de C.V para evitar un escándalo y confirmar lo que aquí se había manejado como un posible acto de favoritismo hacia esa compañía.

Pese a que en los documentos presentados por Mom Tlax S.A de C.V se acreditó como representante legal a Aurelia Ramírez, ésta supuesta empresaria no tuvo ningún problema para aparecer en la licitación pero ahora como persona física, situación que implicaba una clara violación a los requisitos establecidos por la Contraloría Interna del TSJE.

 

 

Y como si se tratara de un episodio de Pinky y Cerebro, ambos personajes marianistas operaron para que tres de las cinco empresas concursantes fueran descalificadas por no cumplir los requisitos que solicitó el TSJE, pues si bien su idea en ese momento no era apropiarse del gobierno del estado si del negocio que implicaba la limpieza y jardinería de las instalaciones del Poder Judicial, ya que forma parte de su complejo plan que tienen para arrebatar el poder a los Mena.

El fallo del concurso se conoció ayer y como los pactos de parranda y basca se cumplen, la ganadora de la licitación fue Aurelia Ramírez, suegra del ex contralor Hugo René Temoltzin, quien se embolsará la cantidad de 1,637,340,00 pesos al resultar la mejor propuesta económica, ya que cobró 500 pesos más barato de otra empresa tlaxcalteca que cuenta con experiencia y trayectoria en ese rubro.

Existe la versión de que uno de los concursantes se inconformó con el fallo al argumentar que existió favoritismo y que se violaron diferentes normas y requisitos, como es el hecho de que Aurelia Ramírez omitió la vigencia en su propuesta económica y que ésta también representó a la empresa Mom Tlax S.A de C.V.

No cabe duda que la borrachera que compartieron el presidente del TSJE «El ChupitoHéctor Maldonado y el ex contralor Hugo René Temoltzin si surtió efectos, ya que al parecer al segundo le permitieron manejar y manipular una licitación para garantizar el negocio que nadie puede disputarle a los marianistas.

Alguien puede creer que en Tlaxcala se combate y se castiga la corrupción.

Extra, extra

Finalmente, le cuento que el arzobispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino, anda más que contento, pero no crea porque pronto terminará la reconstrucción de las iglesias dañadas por el sismo del 2017 o porque los feligreses tlaxcaltecas dejarán de usar enormes cantidades de pirotecnia para celebrar las fiestas religiosas, sino porque su hermano Roberto Salcedo Aquino ya asumió una subsecretaría en la nueva Secretaría de la Función Pública que desde el pasado 3 de diciembre controla Irma Eréndira Sandoval una vez que recibió la confianza del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

La aparente buena relación entre el gobierno federal y estatal

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Sólo el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez y los diputados locales de Morena, el PT y el PES, así como los nuevos funcionarios federales sabrán cuánto más estirarán la liga para tratar de mantener el respeto y la armonía, pues difícilmente podrán seguir simulando una tersa relación y unidad que sólo existe en los discursos porque en los hechos es evidente su rechazo y su desprecio.

El mandatario Marco Mena sin duda aprovecho su segundo informe de gobierno para dejar en claro que él es el jefe político y administrativo en el estado y que si bien busca establecer una relación de trabajo y respeto con el nuevo régimen que encabeza al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no está dispuesto a someterse a la influencia de poder que detecta la “superdelegada” federal Lorena Cuéllar Cisneros, quien prácticamente fue ignorada en el evento oficial realizado ayer en el Centro de Convenciones de Tlaxcala.

Testigo de la descortesía que sufrió Lorena Cuéllar fue la actual secretaria de Cultura federal y representante de López Obrador en el informe de gobierno, Alejandra Frausto Guerrero, quien con elegancia una vez concluido el acto, rechazó la invitación para asistir a la comida que ofrecería el gobernador y que le hizo la lambiscona Anabel Alvarado Varela, encargada de la Comisión Organizadora de la Conmemoración de los 500 años del Encuentro de Dos Culturas.

Mena Rodríguez dejó en claro que su gobierno emanado del PRI mantendrá el mismo esquema de trabajo que con diferentes acciones logró tener en los dos últimos años ahorros por mil millones de pesos, recursos que le permitirán realizar obras emblemáticas en su administración como la ampliación y modernización de la carretera Tlaxcala-Apizaco, la construcción del nuevo Hospital General de Tlaxcala y la edificación del moderno estadio Tlahuicole.

Y para insertarse en la dinámica que tiene prevista en nuevo gobierno federal de dar prioridad a los pobres, el gobernador anunció que para el próximo año pondrá en marcha el Programa “Supérate”, el cual tendrá una inversión de 200 millones de pesos para atender a 74 mil tlaxcaltecas que viven en pobreza extrema.

El tema de la pobreza nunca había sido una prioridad para la actual administración estatal ni estaba en su línea discursiva, pues los ejes en que se venía moviendo el gobierno de estado eran el de la educación, el empleo y la salud, de ahí que llamó la atención que ahora hable de ese asunto y hasta se proponga un programa para atender ese problema que siempre ha estado presente en Tlaxcala.

La meta será mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan en las 173 áreas geoestadísticas básicas localizadas en los 60 municipios de Tlaxcala, donde vive la mitad de la población con mayores carencias.

Marco Mena optó por mostrarse como un gobernador tolerante, pero también marcó su distancia con los diputados locales emanados del Morena, el PT y el PES, mismos que no recibieron un trato especial ni fueron ubicados en lugares especiales en el Centro de Convenciones de Tlaxcala.

Lo anterior ofendió el enorme ego de algunos camaleónicos legisladores como el morenista-priista Víctor Manuel Baéz López, el perredista-priista Miguel Ángel Covarrubias Cervantes y el líder del PES, José Luis Garrido Cruz, quienes antes de que iniciara la ceremonia decidieron regresas a sus oficinas de la calle Allende para presumir que no aceptarían una falta de respeto del personal del Ejecutivo que los levantó de sus asientos de la segunda fila para reacomodarlos en la sexta donde estaban sus lugares.

Habrá que ver hacia donde se encamina la relación del gobernador Mena con los legisladores de Morena, el PT y el PES ahora que el primero solicitó una partida de 200 millones de pesos para el Programa “Supérate” y cuando los segundos ya dejaron entrever que meterán mano al proyecto de presupuesto que recibieron del Ejecutivo, más cuando los diputados locales ya comprobaron que en los últimos dos años el mandatario priista ha manejado casi 8 mil millones de pesos de manera discrecional.

Ese descubrimiento obviamente generará un conflicto y la negociación para el presupuesto será más que complicada.

La tersa relación que dicen tener el gobierno estatal con el federal tarde o temprano tendrá un punto de quiebre que dejará salir las diferencias y rencores que hasta ahora han sabido guardar y esconder.

La creciente ola de delitos violentos

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Si en casi dos años de la actual administración Tlaxcala ha tenido cuatro secretarios de Gobierno, tres procuradores y dos comisionados de Seguridad Pública, entonces valdría la pena revisar si el desempeño de los últimos dos funcionarios estatales encargados de áreas sensibles del gobierno es el óptimo o es necesario un cambio que ayude a contener la creciente delincuencia.

Tlaxcala no ha escapado del fenómeno nacional del aumento de la incidencia delictiva registrado en los últimos meses, sin embargo aunque sigue siendo uno de los estados más seguros del país la realidad es que los maleantes cada vez recurren a más violencia para llevar a cabo sus ilícitos, lo cual ha crispado los ánimos de los tlaxcaltecas que han recurrido a los linchamientos para hacerse justicia.

De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el estado ya se ubica entre las 10 primeras entidades que registra el mayor número de robos con violencia por porcentaje de incidencia.

Es decir, en Tlaxcala se cometen 134.20 robos con violencia por cada 100 mil habitantes, ubicándose por detrás de estados como Tabasco que tiene 366.62, la Ciudad de México con 342.70, el Estado de México con 338.82, así como Puebla con 244.61 casos.

Las redes sociales reflejan claramente el problema de la inseguridad y violencia que se padece en Tlaxcala, pues cada día se difunden denuncias sobre atracos cometidos con armas de fuego para despojar a ciudadanos de sus vehículos o de dinero retirado de instituciones bancarias.

La estrategia de seguridad que estableció Hervé Hurtado Ruiz, el primer comisionado de la Policía Estatal nunca se observó ni se percibió en Tlaxcala, al contrario los índices de hechos delictivos empezaron a moverse hacia arriba y el clima de malestar ciudadano se hizo presente.

El pasado 11 de septiembre Eduardo Valiente Hernández asumió el cargo de Comisionado Estatal de Seguridad. Su llegada generó expectativas porque se pensó que con él cambiarían las cosas, sin embargo a casi tres meses al frente de la corporación ni hay mejoría ni una estrategia diferente en materia de seguridad.

Simplemente los datos y los números confirman que la inseguridad avanza y que las acciones para tratar de contenerla han fracasado por más que se diga lo contrario.

Se habla que después del segundo informe de gobierno que este día se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Tlaxcala, el mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez podría anunciar nuevos cambios de funcionarios con miras a consolidar las acciones y el rumbo de su administración, la cual que en unos meses más habrá llegado a la mitad del periodo para el cual fue electa.

Hasta ahora los probables ajustes y cambios son meras especulaciones, pero por el desempeño y limitados logros alcanzados por algunos funcionarios no sería extraño ver que se registre una mudanza de servidores públicos.

Un funcionario que está muy nervioso porque conforme pasa el tiempo se comprueba que es muy hocicón es el procurador de Justicia José Antonio Aquiáhuatl Sánchez, quien anda más preocupado en investigar y dar con las personas que filtran sus excesos y errores que en dedicarse a perseguir y detener a los delincuentes.

No pierde oportunidad para enviar a través de diferentes personas mensajes amenazantes a este reportero, porque según él se le ha maltratado con los señalamientos aquí escritos.

Cuando uno se topa con un procurador así es fácil entender porque la delincuencia florece y crece en Tlaxcala.

Del fracaso legislativo a grillas intestinas

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Cuántos errores más tendrán que cometerse para que los dueños de Morena y los impulsores de la cuarta transformación del país opten por cambiar al ladino Víctor Manuel Baéz López como presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso, pues es evidente su falta de liderazgo y operación política.

Hace unos días le adelantaba que los diputados de Morena y sus aliados del PT y el PES estaban por hacer el ridículo una vez que su reforma constitucional para cambiar los tiempos de la presentación de las cuentas públicas fuera rechazada por la mayoría de los presidentes municipales de la entidad, quienes fueron sonsacados por la operación que llevó a cabo José Aarón Pérez Carro, secretario de Gobierno.

El cambio constitucional que los legisladores aprobaron hace unas semanas a propuesta de María del Rayo Netzahuatl Hilhuicatzi, presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXIII Legislatura local, quien por cierto se plagió la idea de otro diputado, buscaba que los alcaldes y los responsables de todos los entes fiscalizables presentaran la comprobación de sus gastos y de los recursos públicos que dispusieran de forma mensual y no cada tres meses como sucede en la actualidad.

Sin realizar alguna operación política, Netzahuatl Hilhuicatzi alentada por el morenista-priista Víctor Manuel Báez y el líder estatal de Morena, Joel Molina Ramírez, decidieron sacar y aprobar esa reforma que para su mala suerte no se hará efectiva una vez que al menos 41 alcaldes juntos con sus Cabildos ya se negaron a aceptar el cambio.

Aunque parezca increíble, los diputados locales fueron exhibidos por los ediles y el gobierno del estado que sin tener mayoría en el Poder Legislativo frenaron sin ningún contratiempo una iniciativa de la cuarta transformación.

Hasta cuando se solapará la omisión

Cuántos hechos violentos más como el registrado en Hueyotlipan tendrán que pasar en el estado para que el procurador de Justicia, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, decida hacer su trabajo y proceda a castigar a los responsables de esos actos, porque su omisión al igual que la de los elementos de la policía municipal y estatal es insultante, al grado que también deberían ser sancionados por no intervenir y sólo fungir como meros espectadores de ciertos comportamientos ilegales.

No es la primera vez que los habitantes del estado deciden hacer justicia por su propia mano ante la ineficiencia de las autoridades para garantizar el orden y la seguridad, sin embargo esas conductas no pueden estar repitiéndose sin que haya alguna consecuencia legal, de ahí que Aquiahuatl Sánchez debe hacer su trabajo o renunciar si es que no puede o no quiere aplicar el estado de derecho en Tlaxcala.

Los niveles de violencia en la entidad siguen escalando posiciones mientras que cada vez es más evidente la omisión de las autoridades estatales y municipales, situación que no es nada alentador porque pareciera que en Tlaxcala se pretende promover la ley de la selva ante un debilitado gobierno estatal.

Las grillas intestinas

Los asesores del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez que suelen lanzar sus intrigas y grillas desde la parte trasera del oído del hombre que hoy detenta el poder en Tlaxcala quizá no midieron el impacto de su veneno en torno a la salida de Luis Vargas González de la dirección general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte), porque podrían abrir un frente innecesario al mandatario que al final saldrá golpeando en su imagen.

Lejos de optar por un comunicado oficial, el gobierno del estado filtró el supuesto despido del funcionario a quien ahora se le pretende de acusar de malos manejos financieros en el Cecyte y en el Sistema Estatal para la Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario (Sepuede), lo cual carece de sustento porque en la primera institución nunca se concretó la entrega recepción y en la segunda dependencia las finanzas están en orden y los resultados del trabajo realizado a la vista de todos para ser evaluado.

Dicen que la versión de que Luis Vargas fue cesado podría caerse en los próximos días porque los asesores omitieron que su jefe suele tener conversaciones a través del WhatsApp con sus funcionarios, de ahí que no se descarta que exista una con el hoy ex servidor público que demuestre que renunció y no que lo despidieron como se busca hacer creer a la opinión pública.

El caso de Luis Vargas podría destapar varias cloacas, por lo que hay que ver a quién salpica la caca.

Ay nanita con el impoluto procurador

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Usted podría confiar en un abogado que siendo responsable de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) utiliza su posición para defender y proteger a su escolta que agredió a golpes a su novia y amenazó con su arma de fuego a un joven y a los dueños y clientes de un antro, la respuesta sería no porque eso hablaría muy mal del funcionario que prometió respetar y hacer valer la ley en Tlaxcala.

El supuesto planteado hace unos momentos habría sucedió el viernes de la semana pasada en el antro MicheMix ubicado en Ocotlán, donde se dice que el escolta del arrogante e inmaculado procurador José Antonio Aquiahuatl Sánchez de nombre Omar Ocomatl, conocido entre los cuates y agentes ministeriales como “El Güero”, procedió a mostrar el verdadero rostro de la PGJE al perder la compostura por los celos que sintió al ver bailar a su chica de nombre Gabriela, quien labora en la dependencia en el Departamento de Atención Inmediata del municipio de Apizaco.

Alterado por los celos y el alcohol, el escolta habría golpeado salvajemente al osado bailarín identificado con el nombre de Raymundo que se lucía en la pista con Gabriela. El agente embrutecido sacó su pistola mientras era protegido por otros ministeriales de la PGJE para después descargar su furia no sólo contra el supuesto rival de amores, sino contra la mujer cuyo rostro y cuerpo recibieron los acertados golpes de “El Güero”.

Los gritos y el temor de apoderó del lugar y nadie intervino por el miedo que provocó la presencia de hombres armados. Se solicitó la intervención de la policía estatal y capitalina, pero nunca llegaron. El agente de la PGJE cuya labor es cuidar al flamante procurador amenazó a todos los presentes y a los dueños del antro para evitar que sus excesos se fueran a conocer.

“Que nadie la haga de a pedo, porque somos la ley y si dicen algo cerramos el lugar y tomaremos represalias”, habrían gritado los ministeriales.

Dicen que el procurador José Antonio Aquiahuatl se enteró del caso y que lejos de proceder contra su escolta optó por solicitar la renuncia a Gabriela, lo cual provocó la molestia del personal femenino de la PGJE porque no conciben que esa dependencia esté en manos de un misógino que en teoría debe defender a las víctimas de la violencia y no proteger y defender a los hombres que golpean a mujeres.

Cuando Aquiahuatl Sánchez era el segundón en la PGJE su actitud era diferente y hasta parecía que le interesaba su trabajo, pues mostraba preocupación por la falta de resultados y se quejaba del raro comportamiento de ciertos magistrados y jueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado que siempre dejaban libres a los presuntos delincuentes cuando estaba demostrado que eran los responsables de los delitos que enfrentaban.

Llevaba la lista de cada uno de esos casos y no se cansaba de sugerir que los magistrados y los jueces eran unos corruptos de primera.

Pero hoy que su sueño se hizo realidad y que despacha como procurador su comportamiento es diferente y su lista con los expedientes de los magistrados y jueces ya no existe y ni se acuerda de ella.

Hace unos 15 días el procurador demostró que ya no es el segundón y que hoy en día la suerte y la fortuna le sonríen, para lo cual organizó un tremendo fiestón con motivo de su cumpleaños.

Como si fuera una celebración del «Huicho Domínguez» tlaxcalteca o una de las fiestas que solía organizar “El Negro” Durazo, el ex jefe policiaco del Distrito Federal, el hoy impoluto funcionario estatal se lució con sus invitados y se dejó consentir porque, según cuentan, en esa ocasión no hubo miserias, al grado que el bacanal se prolongó hasta la mañana siguiente, exceso que fue utilizado por sus amigos y subordinados para destacar el enorme aguante que tiene Aquiahuatl Sánchez para consumir alcohol.

Eres el héroe de mi película papá. Eres el jefe de jefes. Eres el procu precioso, le habrían externado al famoso José Antonio.

Qué pena que esto pase.

La preocupante inseguridad en Tlaxcala

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Si algo quedó claro durante la reunión que sostuvieron los presidentes municipales con el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, miembros de su gabinete y los futuros funcionarios federales que estarán bajo las órdenes de la “super delegada” Lorena Cuéllar Cisneros, es que la inseguridad tiene presencia en todo el estado y que hasta ahora no ha funcionado ninguna estrategia para contenerla.

Las quejas de los alcaldes por la falta de apoyo institucional y la nula estrategia estatal para reforzar la seguridad pública fueron la constante, situación que evidenció el grave problema que padece Tlaxcala en esa materia y que a partir del próximo sábado se buscará corregir con la llegada del nuevo gobierno federal que pondrá en marcha la Guardia Nacional, que por desgracia, nadie supo explicar sus alcances, sus limitaciones y la forma en que empezará a operar.

El gobernador Mena Rodríguez pudo escuchar las quejas y los reclamos de los presidentes municipales y comprobar que el trabajo que realizan José Antonio Aquiáhuatl Sánchez, procurador de Justicia del estado y Eduardo Valiente Hernández, Comisionado Estatal de Seguridad es mediocre y hasta malo.

La intervención de los ediles dibujó un negro panorama en materia de seguridad, pues no sólo la actividad de los delincuentes se ha expandido en el territorio tlaxcalteca, sino que la incidencia delictiva se ha incrementado así como también se han diversificado el tipo de actividades ilegales que se cometen en Tlaxcala.

En el encuentro quedó claro que el gobernador debe concretar en el corto plazo su promesa de realizar una inversión histórica en el rubro de la seguridad pública, lo cual se deberá reflejar en nuevas patrullas y equipo y en un aumento en el número de policías estatales.

Las futuras autoridades representantes del gobierno federal que en Tlaxcala estarán bajo la coordinación de Lorena Cuéllar no dieron detalles ni la suficiente información de la próxima operación de la Guardia Nacional que entrará en funciones a partir del 1 de diciembre, lo cual generó muchas dudas entre los alcaldes y las autoridades estatales porque dieron la impresión de que están improvisando.

Sólo quedó claro que desde el próximo sábado la modalidad en términos de composición y frecuencia de reuniones del Grupo de Coordinación de Seguridad de Tlaxcala cambiará, ya que las sesiones de trabajo ahora serán diarias y la información que se recabe se enviará a la oficina del Presidente de la República.

Lo que no se manejó en la reunión celebrada ayer en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Económico, es que el equipo del futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene un claro diagnóstico de la inseguridad en Tlaxcala y los frentes que deberá atacar y atender en el corto plazo para contrarrestar la presencia de los delincuentes.

Se dice que a Tlaxcala llegará un general del Ejército que coordinará las acciones de combate a la delincuencia, proceso en el que participarán militares que formarán una unidad de la Guardia Nacional. Ese mando tendrá influencia no sólo sobre los policías municipales y estatales, sino que también se tiene previsto que tenga facilidades para supervisar la acción de los ministerios públicos y de la policía investigadora.

Hasta donde se sabe se pondrá especial atención a los municipios de Apizaco y Tlaxcala, así como a los ubicados en los límites entre Puebla y nuestro estado.

Ayer quedó claro que si habrá coordinación entre el gobierno del estado y la administración federal que encabezará López Obrador, lo cual resulta positivo porque pareciera que las diferencias políticas y rencores han quedado atrás, aunque esto apenas inicia y aún falta por ver si en los próximos días se mantiene esta cordialidad o si sólo se trató de una simulación.

El tiempo nos dará la respuesta.

En puerta un conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso

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Más allá de que sea cuestionable la incorporación de algunos diputados y diputadas, la creación de la Comisión Especial para la Austeridad, Racionalidad, Transparencia y Disciplina en el manejo del Presupuesto Público del Estado de Tlaxcala para 2019 abre la posibilidad de que Morena y sus aliados el PT y el PES imponga su sello y logren lo que hasta ahora parece imposible, reajustar el gasto y obtener ahorros para destinarlos a obra pública y a programas sociales.

Los legisladores locales de Morena, el PT y el PES no supieron aprovechar por tres meses su mayoría y por esa razón su trabajo ha sido gris e intrascendente, al grado que su bono democrático y respaldo ciudadano ya casi lo pierden porque su comportamiento ha decepcionado a los tlaxcaltecas que comprobaron que los nuevos diputados impulsados por Andrés Manuel López Obrador replican los excesos y abusos de los priistas, panistas y perredistas.

Pero nunca es tarde para corregir el rumbo y pareciera que ayer los diputados dieron los primeros pasos para demostrar que la actual legislatura será diferente y que buscará una mejor distribución de los recursos públicos, y sobre todo una efectiva racionalidad que evite los lujos, los excesos y los gastos superfluos que benefician a los funcionarios y no a miles de habitantes del estado.

Se espera que la Comisión Especial para la Austeridad, Racionalidad, Transparencia y Disciplina en el manejo del Presupuesto Público del Estado de Tlaxcala para 2019 revise y ajuste las partidas del Congreso del Estado que deberá demostrar con hechos que los recursos aportados por los ciudadanos y las ciudadanas se ejercerán con responsabilidad y sin caer en abusos.

Antes de pensar en ajustes en el gasto estatal tendrán que definir con claridad cuáles serán los ingresos de los diputados locales y las partidas para gestión o ayudas sociales, con el propósito de transparentar esos recursos y evitar la sospecha de que van a parar a la bolsa de los representantes populares.

Si la mencionada comisión tiene la finalidad de revisar y ajustar los excesos con que opera la Secretaría de Educación Pública bajo la responsabilidad de Manuel Camacho Higareda es bienvenida. Si intervendrá para evitar los subejercicios en la Secretaría de Planeación y Finanzas a cargo de Alejandra Nande Islas también se debe celebrar su creación.

Nadie en su sano juicio se opondría a que esa comisión revisara y comprobara si el presupuesto de obras que dispone la Secretaría de Obras, Desarrollo Urbano y Vivienda bajo el mando del ineficiente Francisco Romero Ahuactzi se ejerce en tiempo y forma y con los criterios de contratar a las empresas que ofrecen la mejor calidad y precio.

El proyecto de presupuesto para el próximo año requiere una real revisión que limite o desaparezca los gastos que implican los apoyos económicos, vehículos y de seguridad que reciben los ex gobernadores. También se debe verificar y suprimir las partidas destinadas para fiestas y regalos que reciben ciertos sindicatos que son ampliamente consentidos por el gobierno de estado como el Sindicato 7 de Mayo y el SNTE.

Si los diputados locales hacen lo que parece imposible al revisar y llevar a cabo una serie de cambios en el presupuesto del siguiente año, sin duda recibirán el respaldo ciudadano si se comprueba con hechos que lograron ahorros y que hicieron efectiva la austeridad en la administración estatal.

Si en el 2019 se gasta más en programas sociales y en obra pública, los legisladores lopezobradoristas habrán hecho su tarea y su circunstancia cambiará, pero lo anterior no será nada fácil porque habrá que ver si el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez acepta los ajustes en su proyecto de presupuesto o termina vetándolos, situación que abriría la puerta a un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo que no está descartado.

Ayer, la operación de Arnulfo Arévalo Lara, enlace del Ejecutivo con los diputados locales no funcionó y su principal aliado el priista morenista, Víctor Manuel Baéz López, presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, optó por asumir su papel de opositor y dejar para otra ocasión su sumisión al PRI y al gobernador, pues permitió que la Comisión Especial para la Austeridad, Racionalidad, Transparencia y Disciplina en el manejo del Presupuesto Público del Estado de Tlaxcala para 2019 avanzara sin ningún contratiempo.

Ahora hay que ver si la mentada comisión cumple su papel o sólo hace el ridículo.