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El insultante presupuesto para el sistema estatal anticorrupción

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Hasta ahora resulta inexplicable las propuestas de presupuestos de egresos que solicitaron algunas dependencias, poderes, tribunales y organismos del estado para el 2020, porque su trabajo y la enorme cantidad de recursos públicos que manejan no se justifican en ningún momento, por lo que valdría la pena que los diputados locales revisaran realmente esos planes financieros y llevarán a cabo los ajustes que impidan esos excesos.

Un claro ejemplo de lo anterior son los casi 16 millones de pesos que para el siguiente año se pretenden canalizar al Sistema Estatal Anticorrupción que resultó ser un organismo inservible y opaco, donde el personal que lo integra cobra atractivos salarios sin hacer absolutamente nada para combatir ese fenómeno que no sólo existen en los ayuntamientos, sino en la administración de Marco Antonio Mena Rodríguez.

Este año, a ese bodrio de sistema se le destinaron casi nueve millones de pesos, los cuales en su gran mayoría se fueron para pagar la nómina de los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y de los ocho burócratas que dicen laborar y auxiliar a la Secretaría Ejecutiva del organismo.

Esa instancia gubernamental es un adorno y una carga para los tlaxcaltecas. Si uno revisa su trabajo de inmediato llegará a la conclusión que representa un oneroso adorno que está más para encubrir y solapar la corrupción que en emprender acciones o proponer políticas públicas para enfrentar y castigar el desvío y manipulación de los recursos públicos que comenten las autoridades estatales y municipales.

En estén año, el Sistema Estatal Anticorrupción sólo elaboró el Informe del Comité Coordinador y el Informe del Comité de Participación Ciudadana que no aportan nada y hablan de lugares comunes.

Los resultados obtenidos no justifican el salario de 50 mil pesos que cobra mensualmente José Justino Pérez Romano como presidente del Comité de Participación Ciudadana y los 45 mil pesos que reciben cada uno de los otros integrantes de ese comité como Isabel Romano Hernández, Rumel Hernández Avendaño, Erika Montiel Pérez y Lucero Romero Mora.

Esos son los inútiles burócratas de ese sistema que cuesta a los tlaxcaltecas casi 9 millones de pesos en sueldos al año, más la ineficaz e inoperante plantilla de personal que encabeza Julio Caporal Flores como Secretario Ejecutivo del Sistema Anticorrupción de Tlaxcala, Cirilo Rosalio Espejel Velazco que se desempeña como Contralor Interno y Bernardino Santracruz Vázquez que presume ser el honesto director administrativo.

También cobran como parte del equipo jurídico Arturo Flores López y Monserrat Pérez García. Luis Enrique Bermúdez Cruz, se desempeña y no es broma, como jefe del Departamento de Riesgos y Políticas Públicas, mientras que Luis Ernesto Pérez Ramírez, dice controlar la inútil área de comunicación y Esteban García López es el responsable de la Oficialía de Partes.

Y por si no fuera poco mantener a esa bola de zánganos, el Sistema Estatal Anticorrupción quiere casi duplicar para el 2020 su presupuesto y disponer de 16 millones de pesos, pues su intención es contratar más personal que ayude a los que están contratados a echar mejor la hueva y tal vez acomodar a sus recomendados y novias que están a la espera de ser incluidos en la nómina oficial.

Pero no crea que es el único organismo donde pretenden consentirse y darse vida de “Godínez Fifí”, ya que también en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala quieren un incremento sustancial en su presupuesto al intentar ejercer para el siguiente año más de 43 millones de pesos, los cuales pronto se lo desglosaremos para que vea como en esa instancia se dan la buena vida los magistrados, sus recomendados y sus protegidos.

Si los diputados aprueban tales presupuestos, es decir, 16 millones de pesos para el Sistema Estatal Anticorrupción y 43 millones de pesos para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, prácticamente estarán tirando al cagadero casi 60 millones de pesos porque esas dos áreas encargadas de combatir la corrupción no sirven para nada.

O alguien pensará lo contrario.

Plan con maña o una declaración de guerra

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Si el análisis y aprobación del presupuesto de egresos del presente año generó un desencuentro y un alejamiento entre el joven gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez y los diputados locales, el del siguiente ejercicio fiscal correspondiente al 2020 seguramente llevará a la ruptura entre los dos poderes porque medirán fuerzas para ver quien impone su criterio sobre la distribución y gasto de los recursos públicos.

En el presupuesto del 2019 el gobernador Mena no considera ningún recurso para que los diputados etiquetaran obra en los municipios y entregaran apoyos al campo, sin embargo los legisladores tlaxcaltecas decidieron llevar a cabo recortes en algunas partidas del Poder Ejecutivo para disponer de casi 500 millones de pesos que al final aprobaron.

En el plan de gastos del 2020, el Poder Ejecutivo no incluyó la partida que este año manejaron los diputados para obras y entrega de apoyos a las actividades del sector primario, por lo que ese dinero público lo canalizó al Poder Judicial, al programa de combate a la pobreza extrema denominado “Supérate” y a otras instituciones educativas y dependencias estatales.

Tal decisión provocó la molestia de la mayoría de los legisladores que empezaron a revisar el presupuesto de egresos del 2020 que el gobernador Marco Mena envió el pasado viernes al Congreso del Estado para su revisión y aprobación, el cual será sometido a una cirugía mayor porque así como hace un año los diputados hicieron ajustes, para esta ocasión también tienen previsto meter tijera.

De entrada, los diputados no están dispuestos a autorizar para el siguiente año un presupuesto cercano a los 400 millones de pesos al Poder Judicial, casi cien millones de pesos más con respecto al 2019. Tampoco avalarán el incremento al fondo del programa “Supérate” cuando hasta ahora los 200 millones de pesos que se autorizaron no se han ejecutado.

Los legisladores que han solicitado la comparecencia de la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, María Alejandra Marisela Nande Islas, están molestos porque tal petición no ha prosperado y porque existe la sospecha de que en la actual administración hay varios subejercicios y fondos que están “perdidos”, como los 50 millones de pesos que se etiquetaron para atender a los enfermos renales de la entidad.

Hasta ahora no se sabe con precisión cuál es la intención del gobernador Marco Mena al presentar un Paquete Económico para el 2020 con tales características, pues de antemano el priista sabe que su propuesta no pasará y que ésta será modificada por los legisladores opuestos a su proyecto político, por lo que quizá busca que los diputados metan mano para estar en posibilidades de vetar el presupuesto, tal y como paso el año pasado.

Aunque el bobo y bisoño secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, asegure que prevalece una buena vecindad entre ambos Poderes para trabajar coordinadamente en el análisis responsable de la propuesta de Paquete Económico 2020, la realidad es que el buen entendimiento del que habla es una vil simulación porque los diputados no se dejarán manejar y manipular, pese a que la responsable de presentar el dictamen del presupuesto es la torpe y convenenciera morenista María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi.

Cuando el presupuesto del siguiente año sea modificado, seguramente se lanzará una campaña y una serie de acusaciones en contra de los diputados locales de Morena, el PT y el PES, bajo el argumento de que cometieron la osadía de recortar dinero al Poder Judicial y al programa para combatir la pobreza extrema, lo que terminará por enrarecer más la relación con el gobernador Mena Rodríguez.

Para algunos diputados el proceder y el comportamiento del actual gobernador y su negativa a establecer canales directos de comunicación y negociación es una declaración de guerra, de ahí que muy pronto Marco Mena será sometido a un escrutinio por parte de los legisladores que están hartos de su raro estilo de ejercer poder en Tlaxcala.

La confrontación entre el gobernador y diputados es inevitable.

El pleito sacará chispas y muchos quedarán salpicados con suciedad que empezará a surgir.

La pobreza extrema disminuyó sin el programa Supérate

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En las acciones de combate a la pobreza en Tlaxcala seguramente están influyendo otros factores ajenos al gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez, porque la entidad sigue reportando avances en ese rubro sin que hasta ahora se haya puesto en operación el programa Supérate que fue anunciado hace poco más de un año y al que se le autorizaron una inversión inicial de 200 millones de pesos.

De acuerdo con el Coneval, en Tlaxcala se redujo 2.2 por ciento el número de personas que no pudieron adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral entre el segundo y el tercer trimestre del 2019.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social determinó que Tlaxcala junto con los estados de Puebla y Yucatán fueron las entidades federativas con mayores disminuciones en ese rubro.

Según el reporte de ese organismo, hasta septiembre de este año 45.8 por ciento de la población tlaxcalteca económicamente activa tenía un ingreso inferior al costo de la canasta básica, cuando ese porcentaje en junio pasado se situó en 48 por ciento.

Lo anterior pone en evidencia que el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez presume de logros que su administración tiene muy poco que ver, por no decir que nada, pues seguramente los más de 72 mil tlaxcaltecas que viven en pobreza extrema deben una mejoría en sus condiciones de vida gracias a los programas federales.

Sin que hasta ahora se haya canalizado un peso de los 200 millones que se etiquetaron en este año para el programa Supérate, es evidente que tal plan dado a conocer el pasado 4 de diciembre durante el Segundo Informe de Gobierno de Marco Mena es un gran simulación y una burda estrategia barata para colgarse medallas que no le corresponden.

Desde hace meses el gobierno de Marco Mena presume la disminución paulatina de la pobreza extrema en Tlaxcala, sin embargo es más que obvio que su administración no ha realizado ninguna acción concreta o ha puesto en marcha una política pública definida para contribuir con ese logro que quizá está más ligado al gobierno federal que en este año destinó más de 4 mil millones de pesos a programas sociales que tuvieron un impacto en 250 mil tlaxcaltecas.

El programa Supérate inició el pasado 14 de noviembre con la entrega de tarjetas bancarias y seguros a beneficiarios. La intención, según José Luis Bustos Villegas, coordinador del mencionado plan estatal, es repartir siete mil plásticos que ayudarán a mejorar las condiciones de vida de 30 mil personas de 13 municipios, en los cuales vive la mitad de la población ubicada en pobreza extrema.

Aunque ya se están entregando las tarjetas bancarias, el apoyo monetario aún no se dispersa pese a que estamos en el penúltimo mes del año. Lo curioso es que los montos aún no se determinan porque éstos dependerán de las carencias sociales de cada persona como lo establece el Coneval, según lo confirmó Bustos Villegas.

Si los beneficiarios tuvieron que esperar meses para recibir su plástico, seguramente tendrán que esperar otros más para obtener el recurso económico prometido por el gobierno de Tlaxcala, que según la administración menista, será dispersado el 15 de cada mes.

Quién en su sano juicio puede creer que el programa Supérate se diseñó y recogió la experiencia y evidencia de iniciativas exitosas en 20 países como India, Paquistán, Perú, Etiopía, Yemen y Ghana, y que el mismo recibió la opinión de especialistas internacionales en la materia y se le hicieron las adaptaciones necesarias para ponerlo en marcha de acuerdo con nuestras circunstancias, cuando su operación a todas luces en un desorden y un rotundo fracaso.

En diciembre del año pasado se dijo que se destinaría una inversión de 200 millones de pesos para atender a 74 mil tlaxcaltecas que viven en pobreza extrema, para lo cual se llevarían a cabo siete fases a saber: Apoyo monetario mensual, Esquema de Aseguramiento, Entrenamiento productivo, Transferencia de Activos productivos, Ahorro, Atención a la primera infancia y Acceso a programas federales y estatales complementarios, sin embargo a casi un año de distancia nada de lo prometido se ha concretado, lo que demuestra que sólo se trató de un programa “patito” que busca colgarse méritos ajenos.

Los datos y las evidencias no mienten. La pobreza extrema en Tlaxcala va disminuyendo, pero sin la porquería del programa Supérate que hasta ahora sólo existe en el discurso del gobierno de estado, porque en los hechos no se le ve por ninguna lado.

Todos unidos contra Morena en Tlaxcala

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A 14 meses de que se definan los candidatos oficiales a la gubernatura de Tlaxcala, el PRD a través de su grupúsculo que se hace llamar “RJTlax” encabezado por Santiago Sesín Maldonado pretende encabezar y alentar la conformación de un bloque opositor capaz de derrotar en los comicios de junio del 2021 a Morena, partido que hoy en día encabeza las preferencias y se encamina a tomar el poder en el estado.

La presencia de ciertas figuras políticas en la convención estatal de la mencionada organización perredista que se llevó a cabo el sábado pasado alentó que sesudos analistas pronostiquen la construcción de una mega alianza opositora, cuando se trató de una cortesía política que corrieron algunos dirigentes, quienes obviamente no están desesperados en buscar una unión rumbo a las futuras elecciones.

El PRD sigue en un franco proceso de agonía y su fuerza electoral es casi nula en Tlaxcala. Carece de una figura propia que jale simpatías y por eso anda desesperado buscando en otros partidos el liderazgo que requiere para no desaparecer y, conservar, al menos, un diputado local por la vía plurinominal en la próxima legislatura.

El PAN ya fue en alianza con el PRD y los resultados han sido más que desastrosos. En el 2010 la entonces abanderada perredista al gobierno de Tlaxcala Minerva Hernández Ramos fue obligada a declinar por la panista Adriana Dávila Fernández, acción que los electores decidieron castigar y optaron por respaldar al priista Mariano González Zarur que finalmente obtuvo el triunfo.

En los comicios del 2016, la alianza ganadora (operada por Mariano González) resultó ser la encabezada por el PRI junto con el Verde Ecologista, Nueva Alianza y el Partido Socialista de carácter local quienes nominaron a Marco Mena. El PRD se ubicó en el segundo lugar al llevar como abanderada a Lorena Cuéllar Cisneros y el PAN que volvió a lanzar a Adriana Dávila se quedó en el tercer sitio.

Morena que registró como candidata a Martha Palafox Gutiérrez apenas si logró sumar el 5 por ciento de los votos emitidos y su participación fue una enorme decepción pese a que contó con todo el respaldo de Andrés Manuel López Obrador.

Para las elecciones del 2018, PRD y PAN y el grupo político de los Ortiz con su partido local el PAC decidieron ir juntos desde el principio del proceso, pero su alianza no sirvió para nada porque fueron aplastados por la fuerza de Morena que ganó no sólo las votaciones para Presidente de México, sino el Senado, las tres diputaciones federales y la mayoría de las diputaciones locales.

En ese proceso electoral el PRI también fue borrado y fue enviada al sótano de las preferencias, lugar donde aún permanece y hasta ahora realiza un tímido y mediocre trabajo para tratar de disputar la gubernatura en el 2021.

Anabell Ávalos Zempoalteca, la alcaldesa priista de la capital, sabe que sus posibilidades de ser candidata del PRI a la gubernatura en el 2021 son pocas pese a que es la militante mejor posicionada y competitiva, de ahí que quizá se presentó a la mencionada convención de ese grupúsculo del PRD con la intención de enviar un mensaje a su partido y al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, sobre todo porque está claro que la estructura del ex partidazo y de la administración estatal ya se decantó por Florentino Domínguez Ordoñez, actual secretario de Educación Pública, quien es arropado y muy promocionado en eventos y medios de comunicación para hacerlo crecer en las encuestas.

La presidente municipal de Tlaxcala tiene la invitación del PT y del PRD para convertirse en su abanderada a la gubernatura, sin embargo tendría que pasar algo muy grave para que ella renunciara al PRI y terminara aceptando tal nominación.

Ella sabe que para ganar la gubernatura de Tlaxcala no es suficiente el respaldo de esos dos partidos, pues para alcanzar esa meta sería necesario sumar al PAN y al resto de la chiquillada, ya que de otra forma sería muy complicado enfrentar al partido del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, conocido como Morena.

Aunque la intención de ciertos actores políticos de la entidad es unirse y crear un bloque opositor que esté en posibilidades de competir a Morena, la realidad es que se ve muy difícil y complicado que en Tlaxcala prospere una mega alianza, pero como soñar no cuesta nada hay que dejar que esos políticos de pacotilla sigan construyendo su Frankenstein.

El PRI tlaxcalteca moribundo y sin credibilidad

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El otrora poderoso Partido Revolucionario Institucional que gobierna Tlaxcala se resiste a morir y su agonía seguramente será prolongada unos meses más, porque difícilmente alguien que esté en sus cabales puede pensar que esa fuerza política está trabajando en la entidad para recobrar su presencia dominante y disputar en los comicios del 2021 los diferentes cargos que estarán en juego como la gubernatura, las diputaciones federales y locales, así como las alcaldías y las presidencias de comunidad.

Los principales líderes locales del destartalado PRI como Roberto Lima Morales y Fabricio Mena Rodríguez, el hermano poderoso del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, ofrecieron ayer por la tarde una conferencia de prensa donde, según ellos, informaron que mantienen un trabajo permanente y una política de acercamiento no sólo con los militantes del partido, sino con los ciudadanos a fin de recuperar la empatía que existía entre el tricolor y las personas.

La pantomima de Lima Morales y Mena Rodríguez quizá buscaba sorprender a la ingenua secretaria de Gestión Social del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Lorena Piñón Rivera, a quien antes de sentarla con los medios de comunicación la llevaron, según la versión de esos chafas líderes, a diferentes actividades partidistas cuyo sello principal fue la clandestinidad, como si la intención fuera esconder con quiénes se reunió y qué y cuántos apoyos entregaron.

Resulta insultante la postura de esos dos deslucidos dirigentes priistas que no pueden hablar de buscar un acercamiento con la militancia cuando ellos y el actual mandatario cerraron las puertas del gobierno a los miembros del ex partidazo que trabajaron en la campaña para ganar la gubernatura en el 2016, lo que sin duda generó una gran molestia y decepción que dos años después se reflejó cuando el PRI controlado por Marco Mena fue aplastado en Tlaxcala por Andrés Manuel López Obrador y Morena.

El PRI en Tlaxcala bajó la tutela de los hermanos Mena y de su lacayo Roberto Lima está desmantelado, desarticulado, carece de rumbo y de un trabajo serio y permanente que busque revivir a ese partido, pues sólo se necesita ver la lista de sus precandidatos a la candidatura al gobierno del estado para comprobar que salvo la actual alcaldesa capitalina, Anabell Ávalos Zempoalteca, los demás nombres que se manejan son puros petardos que no asustan a nadie y que la verdadera militancia priista no ve con buenos ojos por ser marionetas o inventos del joven mandatario.

La lambisconería que Fabricio Mena y Roberto Lima mostraron con Lorena Piñón y su dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito” para los cuates, sólo demuestra que ese par de bribones ya tiene puesta la mira en una candidatura a una diputación local, el primero por el distrito de la capital y el segundo por el distrito que abarca los municipios de Chiautempan y Tlaltelulco, lo que deja entrever su enorme ambición por mantenerse vigentes una vez que Marco Mena deje el poder en agosto del 2021.

El PRI está jodido si piensa que con las tontas posturas fijadas por la secretaria de Gestión Social del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Lorena Piñón, ese partido recobrará fuerza y credibilidad en Tlaxcala.

Según ella los priistas corruptos ya dejaron el partido para buscar otras opciones como Morena. Aseguró ante los medios de comunicación que en la actualidad en ese instituto político sólo existen honestos e impolutos militantes, pero más le valdría revisar con quién se sienta porque no sea que un día de estos le demuestren que no es así.

Sabrá la ilusa Piñón Rivera que un “destacado” priista de esta entidad adquirió no hace mucho dos lujosos automóviles Mercedes-Benz, de los cuales uno es común verlo por las maltratadas calles de Tlaxcala y otro por las avenidas de la ciudad de Puebla donde tiene su residencia una ex poderosa ex funcionaria de la Secretaría de Educación Pública de un apellido cien por ciento tlaxcalteca.

Si el salario de ese “honesto” miembro del Comité Directivo Estatal del PRI en Tlaxcala le da para esos lujos, entonces ahora entiendo porque Roberto Lima se resiste a dejar la dirigencia de ese partido y se opone a entregar esa posición a Noé Rodríguez Roldán que tiene más de dos meses esperando que le cedan ese cargo luego que coordinó en la entidad la campaña de “Alito” para convertirse en el líder nacional del ex partidazo.

Lo que pasa en el PRI da pena.

Naufraga la 4T en el quehacer legislativo

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A nivel nacional y estatal el quehacer legislativo de los senadores, diputados federales y locales que forman parte de la Cuarta Transformación está muy lejos de representar un cambio que haya eliminado el mayoriteo, las negociaciones obscuras, el desorden, los intereses económicos, la improvisación y la violación a procedimientos que antiguamente se cometían, porque esos vicios y actitudes aún prevalecen en el Congreso de la Unión y en los Congresos de los estados donde Morena, el PT y el PES tiene mayoría.

Los ciudadanos y ciudadanas perciben que a un año de haber apoyado una transformación del país y del comportamiento de los políticos que impulsó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ésta no se ha reflejado en la labor legislativa donde es común ver que Morena y sus aliados el PT y el PES replican el comportamiento que tanto criticaron cuando el PRI, el PAN y el PRD tenían el control de anteriores legislaturas no sólo a nivel federal, sino localmente.

Ejemplos de los arrebatos y errores que existen en el ámbito legislativo federal y local sobran, pues tan sólo basta ver lo que sucede en el Senado con la cuestionada designación de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con el voto mayoritario de Morena y sus aliados.

Tal nombramiento que el PAN considera ilegal porque se contabilizaron mal los votos, ahora también es cuestionado jurídicamente porque representaría una violación a la norma, ya que legalmente la nueva ombusdperson estaría impedida a ocupar ese cargo porque no se separó un año antes del puesto directivo que tenía en el partido político que fundó López Obrador.

Localmente los diputados no han podido superar sus diferencias y sus enconos lejos de desaparecer parece que cada día se agudizan. Se habla más en los medios de comunicación de los pleitos estériles entre legisladores de Morena con los del PT y de sus desaciertos cometidos en su labor, que para su mala suerte, no pasan desapercibidos para los ciudadanos y las ciudadanas.

Los legisladores locales no se han cansado de evidenciar que su trabajo les pesa y que sólo medio cumplen con su compromiso. Ayer, como ya suele ser costumbre, dejaron pendiente otra sesión porque les dio hueva agotar los once puntos que incluyeron en la orden del día y sólo pudieron desahogar cinco asuntos ante la actitud complaciente de la inútil diputada del PT, María Félix Pluma Flores, quien como presidenta de la Mesa Directiva es incapaz de poner orden.

La diputada morenista María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi quizá tiene mucha responsabilidad en el comportamiento de los legisladores locales que ni escuchan ni ponen atención a los dictámenes que se presentan de cada una de las leyes de ingresos de los 60 municipios de la entidad, porque son las mismas del año pasado y no hay nada nuevo que amerite una atención especial por parte de los diputados, de ahí que como presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización se esperaba que propusiera un mecanismo que permitiera ahorrar tiempo.

Por cada ley de ingresos los diputados locales destinan una hora para tratar de entender lo que se lee en la tribuna, y digo tratar, porque nadie pone atención y sólo esperan que concluya ese trámite para votar a favor y seguir desahogando puntos para que puedan retirarse a descansar o atender sus negocios y otras ocupaciones.

Pero no crea que sólo los legisladores tlaxcaltecas son descuidados en su trabajo de aprobar leyes, sino también en los procedimientos para designar o ratificar a ciertos servidores públicos. Hace unos días le comentaba que la actual legislatura fue omisa para revisar debidamente el caso del gris magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Elías Cortés Roa, quien sólo espera recibir su confirmación para mantenerse en su comodísimo e importante cargo.

Esa actitud de valemadrismo que manifestaron en la ratificación del mencionado magistrado, parece que la replicarán en la designación de un integrante del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública, pues aunque existen pruebas de que se estaría violando la Constitución al permitir la participación de personas que venían desempeñando cargos de dirección o un puesto con atribuciones de mando, la pusilánime diputada morenista Patricia Jaramillo García, presidenta de la Comisión de Información Pública, se haría de la vista gorda para facilitar la llegada de algún recomendado.

Los diputados representantes de la Cuarta Transformación son una enorme decepción.

Nadie se explica el por qué castigar a los apizaquenses

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Cuántos robos más a negocios, homicidios y cuerpos de ejecutados abandonados en la vía pública se necesitarán para que el gobierno del estado abandone la pachorra y decida intervenir en Apizaco, municipio que se encuentra agobiado por una creciente delincuencia que al parecer nadie quiere contener, como si la intención fuera castigar a sus habitantes por alguna extraña razón que sólo conoce el mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez.

Es una realidad que el problema de la inseguridad en Apizaco rebasó a las autoridades municipales encabezadas por el alcalde panista Julio Cesar Hernández Mejía, quien pese a sus esfuerzos para tratar de hacerle frente a ese fenómeno no ha podido controlarlo, porque se encuentra sólo al grado que no se puede ocultar la indiferencia de la administración estatal y federal que se resisten a intervenir en esa ciudad y llevar a cabo un operativo conjunto que permita detener a los delincuentes que actúan con total impunidad.

La frustración de los habitantes de Apizaco ante la desbordante inseguridad es mayúscula, lo cual se pudo percibir en las redes sociales con los comentarios vertidos sobre la información difundida el lunes por la tarde respecto a que un ex militar mató a balazos a dos delincuentes que lo asaltaron en la calle Xicohténcatl de la colonia Centro de este municipio, donde casi a diario se registraba el atraco de un negocio.

Todos los usuarios apoyaron la actuación del ex miembro de las fuerzas armadas y empezaron a exigir su liberación tras ser detenido mientras el Ministerio Público realizaba las indagatorias para determinar si tenía o no responsabilidad penal.

Las muestras de apoyo al ex militar fueron evidentes y las críticas y señalamientos contra las autoridades municipales y estatales también.

El ex militar aún permanece detenido y será hasta hoy en la tarde cuando se conozca si quedará en libertad o enfrentará un cargo penal por haber defendido su patrimonio.

En Apizaco nadie se explica por qué no se detiene a los integrantes de la banda de “Los Brujos” que estaría relacionada con el atraco a negocios y transeúntes, así como a la venta de droga. Tampoco existe una explicación lógica que indique porque razón no se lleva a cabo un operativo en las colonias Nuevo México y Girasoles donde hay claros indicios de que ahí viven ladrones y distribuidores de sustancias prohibidas, quienes tendrían que ver con la creciente inseguridad en ese municipio.

Un hecho que ayer generó alarma fue la aparición en la comunidad de Santa Anita Huiloac de Apizaco de un hombre embolsado que al parecer fue ejecutado. El cadáver fue abandonado a escasos 200 metros de la casa del presidente municipal Julio Cesar Hernández, por lo que no se descarta que los sicarios hayan enviado un mensaje a las autoridades locales, sobre todo porque la identidad del fallecido hasta ahora no ha sido revelada.

La descomposición de Apizaco en materia de inseguridad se comenzó a agravar curiosamente desde que el mexiquense Eduardo Valiente Hernández tomó el control de la Policía Estatal en lugar del campechano Hervé Hurtado Ruiz y el “académico” José Antonio Aquiahuatl Sánchez asumió la responsabilidad total de la Procuraduría General de Justicia en el Estado.

Si el inútil procurador dedicara más tiempo a realizar su trabajo que en andar presentando libros en una universidad patito (Universidad Nova en Ciencias Jurídicas S.C) vinculadas a sus intereses personales y familiares, quizá estaríamos un poquito mejor, pero está más que comprobado que con esa clase de funcionarios las cosas van de mal en peor.

El gobernador Marco Mena si bien es indiferente al problema de la inseguridad que enfrenta el estado, en el caso específico de Apizaco se ha mostrado insensible y más que despreocupado, como si quisiera castigar al edil panista con quien al parecer sostienen graves diferencias y a los habitantes de esa ciudad que en la pasada administración fueron apapachados por su paisano el ex gobernador Mariano González Zarur.

Apizaco y sus habitantes no merecen lo que viven y es urgente que alguien haga algo.

Los tumbos de la actual legislatura y sus amagos

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La ausencia de un auténtico líder en el Congreso del Estado está empezando a pesar mucho, porque ahora nadie quiere cargar con los errores que se están cometiendo y que demuestran la novatez de los diputados en procedimientos importantes como la ratificación o no del magistrado Elías Cortés Roa, quien sin ningún esfuerzo tiene ya garantizada su permanencia en la nómina dorada del Tribunal Superior de Justicia.

El PRI y sus aliados en el Poder Legislativo nunca mostraron un abierto interés por someter al gris magistrado Cortés Roa a un proceso de evaluación a fin de determinar si ese mediocre abogado debería continuar como magistrado, pues bien o mal representaba la conveniencia de ese partido y del actual gobernador Marco Mena, de ahí que optaron por mantenerlo y evitar exponerse a perder una posición en el Poder Judicial ante la mayoría que tiene la Cuarta Transformación en el Congreso local con Morena, el PT y el PES.

La presidente de la Comisión Especial encargada de ese procedimiento, la priista Zonia Montiel Candaneda aprovechó la ignorancia de los legisladores de Morena, el PT y el PES y dejó correr los tiempos al grado que se pasó el plazo fatal (en octubre pasado) para someter ante el pleno la ratificación o no del mencionado magistrado.

Ahora que los diputados tienen ante sí la designación del nuevo comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública de Tlaxcala (IAIP), éstos se acordaron que también tenían pendiente la ratificación o no del magistrado Elías Cortés.

Sin embargo, hace un par de días cuando los diputados se enteraron que los plazos ya se habían vencido y que no quedaba otra más que confirmar la permanencia del gris magistrado, algunos legisladores como Irma Garay Loredo y su lacaya María Félix Pluma Flores, presidentas de la Junta de Coordinación y Concertación Política y de la Mesa Directiva, respectivamente, se lavaron las manos y culparon de ese hecho a Zonia Montiel y al coordinador de Morena, José María Méndez Salgado, porque nunca quisieron abordar el tema.

El PRI con un solo diputado en el Congreso del Estado les ganó la partida a los legisladores de Morena, el PT y el PES que dicen tener la mayoría y el control del edificio de la calle Allende. En Tlaxcala una vez más la Cuarta Transformación quedó mal, pues es evidente que sus representantes están más preocupados por sus intereses económicos que en atender los asuntos relevantes de su incumbencia.

Y así como el partido del gobernador Mena logró mantener un magistrado sin ningún problema, ahora busca prolongar el control sobre el IAIP, para lo cual ya opera la designación de un comisionado afín al ellos y evitar que la Cuarta Transformación gane alguna posición en ese “organismo autónomo”.

La relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo pronto se tensará aun más, porque los diputados locales tienen la intención de rechazar el presupuesto de egresos que en pocos días se presentará.

Si ese documento no incluye una nueva fórmula para distribuir los recursos federales y si el gobernador Marco Mena no autoriza la comparecencia de la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Alejandra Marisela Nande Islas, lo más seguro es que los diputados empiecen a ejercer presión para que el mandatario respete al Congreso del Estado y lo deje de tratar como una mera oficina de trámite.

El mandatario estatal no tiene un interlocutor de cierto peso político con los diputados locales, pues tras remover de esa labor al limitado Arnulfo Arévalo Lara se perdió la comunicación y los acuerdos.

El blandengue secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, ha intentado, sin conseguirlo, sostener una negociación con ciertos legisladores locales, quienes si bien suelen escucharlo, éstos simplemente no le hacen caso porque saben que el gobernador no se compromete a nada.

A 22 días de que se realice el tercer informe de gobierno de Marco Mena, el clima político tenderá a descomponerse y los encontronazos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo serán inevitables.

La inoperante fiscalía anticorrupción de Tlaxcala

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El sistema estatal anticorrupción es un fracaso rotundo de la actual administración porque ese andamiaje de instituciones y de leyes que se creó para castigar esas conductas sólo es un oneroso adorno y un claro ejemplo de lo que no se debe hacer y permitir. El tiempo es implacable y pronto confirmará que en Tlaxcala lo que menos existe es voluntad política para investigar y sancionar la corrupción que existe en el ámbito municipal y estatal.

Un buen parámetro para medir que tanto se ha avanzado en la lucha contra el problema de la corrupción es el gris y mediocre desempeño del encargado de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Pedro Sánchez Ortega, quien desde hace más de un año sigue sin implementar alguna medida o política pública para contrarrestar ese fenómeno y tampoco ha logrado ningún avance en la estrategia legal que permita judicializar algunos de los 300 casos que conoce, pero que es obvio que no atiende ni resuelve.

Si la instrucción que recibió el nefasto procurador de Justicia, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, fue la de no integrar las carpetas de investigación relacionadas a asuntos de corrupción, era necesario que ese funcionario tuviera una marioneta que siguiera al pie de la letra sus órdenes, de ahí que impulsó la llegada a la mencionada fiscalía de Sánchez Ortega que dedica más esfuerzos a sus ligues y a perder el tiempo en reuniones de la convención nacional de fiscales anticorrupción y del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado, donde nunca ha aportado alguna propuesta para combatir ese problema.

Desde que Pedro Sánchez llegó a la mentada fiscalía aparecieron algunas mujeres que sin tener el perfil han logrado subir de puesto y sobre todo mostrar una influencia muy extraña en esa área de la PGJE.

Una de ellas sería la poderosa Secretaría Técnica Laura Avilés Romano, quien asume un comportamiento de primera dama al grado que no tuvo problema para dar trabajo a su tía Cecilia Romano Sanluis, quien funge como enlace de vinculación institucional entre la fiscalía y el comité coordinador.

Pedro Sánchez tiene más de 25 años como agente del ministerio público. En su gris trayectoria suma un expediente de quejas y una que otra recomendación de organismos defensores de los derechos humanos. Es obvio que ese licenciado no está a la altura para el cargo, porque es evidente que es un farsante que no hace nada y ni hará algo por combatir la corrupción en Tlaxcala.

Se sabe que el protegido del procurador Aquiahuatl realizaría en sus tiempos libres oscuras negociaciones para apelar las carpetas de la PGJE, facilitando la salida de la cárcel de los culpables de ciertos delitos, lo que dejaría entre ver que es un fiscal que lejos de castigar en realidad fomenta la corrupción que se encuentra muy arraigada en esa dependencia.

Persiste la crisis en Morena

El grupo morenista afín al presidente Andrés Manuel López Obrador no puedo posponer la renovación de la dirigencia estatal y nacional de Morena ni adecuar los estatutos para llevar a cabo ese proceso a través de encuestas.

La presidenta del CEN de Morena, Yeidckol Polevnsky, fracasó en su intento de convocar a un Congreso Nacional para el domingo 17 de noviembre y su principal detractora Bertha Luján consiguió que el Consejo Nacional aprobara la celebración de un Congreso Extraordinario el domingo 24 de los corrientes.

Bertha Luján presidirá este Sexto Congreso Nacional Extraordinario con el propósito de que sus integrantes nombren un nuevo Comité Ejecutivo Nacional, y una nueva Comisión Nacional de Elecciones, órganos que se encargarían de depurar el padrón de militantes de Morena y de organizar 300 asambleas distritales para elegir consejeros estatales, quienes a su vez nombrarían a las nuevas dirigencias estatales y a los consejeros nacionales.

Yeidckol Polevnsky no asistió a la sesión del Consejo Nacional, pensando que éste no reuniría el quórum legal, sin embargo mandó a un notario público y sus equipos de grabación, los cuales pudieron constatar que la reunión sí se llevó a cabo con los acuerdos arriba mencionados.

En Tlaxcala el grupo de Bertha Luján representado por los senadores tlaxcaltecas Ana Lilia Rivera y Joel Molina celebró tal determinación, porque saben que con esas condiciones no perderán el control del partido en el estado ni a nivel nacional, situación que según ellos les dará mano para elegir a los candidatos que participarán en las elecciones del 2021. Será.

Se alistan diputados para aprobar la revocación de mandato

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Pese al enorme desorden y alto nivel de confrontación interno que tiene el Congreso del Estado, sus integrantes se alistan para aprobar en una sesión extraordinaria este día o a más tardar el lunes de la siguiente semana la reforma a la Constitución Mexicana en materia de consulta popular y revocación de mandato, con la cual los mexicanos tendrán un instrumento legal para quitar del cargo al presidente, a los gobernadores y al jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Para revocar la gubernatura de Tlaxcala será necesaria como mínimo la participación del 40 por ciento del listado nominal y el voto a favor de por lo menos la mitad de los ciudadanos que salgan a votar.

Si ese ejercicio se llevara a cabo para el actual mandatario priista Marco Antonio Mena Rodríguez, seguramente se alcanzarían esas cifras sin ningún problema.

La organización del mencionado proceso estará a cargo del deslegitimado Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), pero también existe la posibilidad de solicitar que lo asuma el Instituto Nacional Electoral (INE).

Lo anterior se establece en la reforma constitucional que será votada por el Congreso del Estado, luego de que fue aprobada el pasado martes por la Cámara de Diputados.

La nueva ley impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señala que, para tramitar la revocación de mandato de los gobernadores, se requerirá la firma de al menos el 10 por ciento del listado nominal de las entidades. En el caso de Tlaxcala se estaría hablando de más de 91 mil personas.

La solicitud de revocación podrá presentarse únicamente durante los tres primeros meses del cuarto año del sexenio y el ITE tendrá 30 días para determinar si procede o no la solicitud.

De concederse el trámite, será el órgano electoral quien defina la fecha de la jornada de votación, pero esta deberá ser después de los procesos electorales locales o federales que haya en ese año.

Si se consuma la revocación de mandato, la gubernatura de Tlaxcala será asumida de manera interina por quien encabece el Poder Legislativo.

Los diputados locales tendrán 30 días para designar (con el proceso que ya marca la ley) a un gobernador sustituto que concluirá con el sexenio.

Todos estos lineamientos deberán establecerse en la Constitución Política de Tlaxcala dentro del próximo año y medio, de acuerdo con el dictamen enviado por el Congreso de la Unión, por lo que queda descartada la revocación de mandato para el actual joven gobernador del estado Marco Mena que en agosto del 2021 estará entregando el poder.

El artículo transitorio sexto indica: “las constituciones de las entidades federativas, dentro de los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, deberán garantizar el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo Local”.

Los diputados tlaxcaltecas tienen el interés de ser uno de los primeros Congresos locales en avalar la reforma constitucional, pero esa prisa que muestran para quedar bien con el presidente López Obrador seguramente no la tendrán para aprobar los cambios en la constitución local y aprovecharán el plazo de 18 meses.

La revocación de mandato está descartada para el actual gobernador Marco Mena, a diferencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien se le podría aplicar dicho proceso.

Sigue subiendo el nivel de confrontación entre diputados

Algunas diputadas torpes y limitadas decidieron sumarse al pleito que sostienen los legisladores Michaelle Brito Vázquez y Rafael Ortega Blancas, pues optaron por tomar partido y arremeter contra la petista que utilizó la tribuna para descalificar duramente al morenista que ha guardado silencio.

La gris e intrascendente legisladora panista Leticia Pérez Hernández decidió defender al vapuleado Rafael Ortega y acusó a la petista Brito de violar el reglamento interno del Congreso del Estado, por lo que exigió que a su compañera se le hiciera una llamada de atención y se le aplicará una sanción sólo por decir en tribuna: “Diputado quiere chingarse todo. Le pido que deje algo para el pueblo. Decídase lo que quiere hacer y póngase a trabajar”.

La ridícula postura de la espantada Leticia Pérez tuvo un intento fallido de ser respaldada por la diputada petista María Félix Pluma Flores que sólo destaca por su torpeza y múltiples errores. Como presidenta de la Mesa Directiva buscó agazapada el apoyo de los legisladores para que respaldaran un documento que proponía aplicar una sanción económica a Michaelle Brito que consistía en descontarle un día de trabajo, lo cual no prosperó porque nadie le dio su respaldo y la ingenua legisladora se quedó con las ganas de verse, según ella, implacable y dura.

El comportamiento de algunos diputados es digno del parlamento infantil. Qué pena.