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Lo que dejará reprobación de cuentas públicas

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El proceso de dictaminación de las cuentas públicas del 2018 por parte del Congreso del Estado seguramente alentará algunos cambios de titulares de ciertas dependencias estatales y de tesoreros en los ayuntamientos tlaxcaltecas, porque es obvio que defraudaron la confianza de sus jefes al no entregar buenos resultados durante la fiscalización a la fueron sometidos y que para su desgracia arrojó serias anomalías financieras.

La que encabeza la lista de funcionarios estatales que podrían dejar sus cargos es Anahí Gutiérrez Hernández, titular del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (Itife), quien ha tenido una desastrosa administración al ser reprobada su cuenta pública del 2018 con observaciones que superan los 100 millones de pesos.

Hubo funcionarios estatales que se confundieron y pensaron que sólo por el simple hecho de ser subordinados del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez sus estados financieros del año pasado no tendrían observaciones por parte del Órgano de Fiscalización Superior o que éste ente fiscalizador daría las facilidades necesarias para solventar las inconsistencias administrativas y financieras, sin embargo se equivocaron porque el mandatario se ha mostrado al extremo respetuoso de ese proceso y no ha pedido un trato especial para nadie.

Por esa razón cuentas públicas como la de la Coordinación de Servicio Social de Instituciones de Educación Superior (Cossies) a cargo de María del Coral Cuatepotzo Quiñones, del Instituto del Deporte del Estado de Tlaxcala (IDET) en manos de Alfredo Lemus Saldaña y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que preside Víctor Manuel Cid del Prado Pineda tuvieron que apechugar la reprobación de sus estados financieros por parte de los diputados locales.

Y aunque la mayoría de las dependencias estatales, instituciones educativas y organismos públicos descentralizados han logrado un dictamen positivo correspondiente al ejercicio fiscal del año pasado, se dice que los marianistas no han dejado de recolectar la información que documenta los negocios y anomalías que existen en la administración de Marco Mena y que llegado el momento expondrán.

Trascendió que uno de los responsables de recibir y armar los expedientes de esas inconsistencias es Stefano Pierluigi Capasso Gamboa, contralor interno de la Secretaría de Salud de Tlaxcala y amigo incondicional de Marianito González Aguirre, quien a estas alturas tendría a detalle no sólo los nombres de las empresas constructoras favorecidas con obras, sino las comercializadoras que se han utilizado para llevar a cabo negocios que siempre giran en torno a un familiar cercano del actual gobernador.

Entre los presidentes municipales que han enfrentado la reprobación de sus respectivas cuentas públicas existe una aparente calma y tranquilidad, pues según ellos no existen problemas y las observaciones que se presumen daños patrimoniales a sus ayuntamientos pronto quedarán solventadas una vez que el Órgano de Fiscalización Superior acepte revisar la documentación pendiente.

Aunque quizá los alcaldes tengan razón, lo cierto es que algunos enfrentarán procesos resarcitorios y hasta penales en caso de no poder justificar de inmediato la aplicación de ciertas cantidades millonarias del presupuesto.

Los ajustes de funcionarios estatales no se descartan y éstos podrían concretarse a finales de este mes o en septiembre.

Donde también se darán cambios será en el Congreso del Estado, ya que las presidencias de algunos órganos de gobierno se renovarán, así como también se tiene considerado reemplazar a uno que otro funcionario que forma parte de la actual estructura directiva de ese poder.

Morena quedará en manos de un lopezobradorista puro

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Aunque desde ahora no son pocos los que pronostican una guerra despiadada por el control de la dirigencia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en los hechos la sucesión de Joel Molina Ramírez podría ya estar resuelta con la próxima llegada de un incondicional del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuya tarea principal es contener la adelantada pugna por la candidatura al gobierno de Tlaxcala.

De no existir sorpresas o un cambio, José Luis Ángeles Roldán, conocido como “El Patrón”, asumirá las riendas de Morena en Tlaxcala, eliminando cualquier posibilidad de que el grupo de Lorena Cuéllar Cisneros o el del senador Joel Molina Ramírez en alianza con la también legisladora federal Ana Lilia Rivera Rivera se hagan de la dirigencia estatal de ese partido, pues cualquiera que obtenga el control de esa posición sin duda tendría ventaja en la designación de las candidaturas rumbo a los comicios del 2021.

López Obrador sabe de las intenciones de Lorena Cuéllar de llegar a gobernar Tlaxcala, como también está informado de la soterrada campaña que Molina Ramírez emprendió para ser considerado un aspirante en la sucesión y de las descalificaciones que el senador ha hecho a la actual “super delegada del gobierno federal, de ahí que no dejará que la anticipada pugna por el poder en la entidad dañe su proyecto de gobierno.

Hace más de 10 años el hoy presidente de México solicitó a José Luis Ángeles trabajar en Tlaxcala y apoyar su proyecto político electoral. En ese tiempo “El Patrón“ ha construido relaciones y ha tenido tiempo suficiente para conocer no sólo el estado, sino los grupos al interior y al exterior de Morena, por lo que hoy cuenta con el aval de su amigo López Obrador para llegar a la dirigencia de su partido y preparar la estrategia que les permita en el 2021 ganar la gubernatura y las diputaciones federales y locales, así como tener por primera vez ayuntamientos y el mayor número de presidencias de comunidad.

La sucesión en Tlaxcala de Morena parece ya resuelta y es casi un hecho que esa posición quedará en un lopezobradorista puro.

La PGJE en manos de un inepto

Sólo el joven gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez sabe porque sostiene en el cargo a un deficiente procurador de Justicia como el fiestero José Antonio Aquiahuatl Sánchez, quien siempre está listo para la pachanga pero que es más que obvio que no puede con el trabajo que desempeña desde hace un año.

El encargado de la PGJE es incapaz de llevar a los criminales ante la justicia. Sus subordinados no pueden judicializar las carpetas de investigación y sus yerros son mayúsculos y de pena ajena, pues suelen presumir que detuvieron a presuntos responsables de ciertos ilícitos registrados en la entidad para después salir que los puestos a disposición eran inocentes, como sucedió en los hechos violentos del mercado nuevo de Chiautempan y recientemente en un supuesto atraco bancario en la ciudad de Apizaco.

Pese a tal ineptitud, este día el gobierno de Mena Rodríguez entregará estímulos y reconocimientos no sólo a los policías estatales, sino al personal de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, donde curiosamente sólo se beneficiará a los amigos de José Antonio Aquiahuatl, ya que fue él que determinó quién se merecía esos beneficios y quiénes no aunque hubieran tenido un mejor desempeño que los agraciados por su dedo.

Si con esos estímulos y reconocimientos el gobierno estatal espera que mejore la seguridad en Tlaxcala, entonces estamos jodidos porque resulta increíble que las autoridades premien la ineficiencia y la ineptitud.

Diputados locales acataron la orden

Los diputados locales ni siquiera tuvieron poquito pudor para disimular la orden que recibieron del gobernador Marco Mena para imponer a Lucero Romero Mora como nueva integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala para el periodo comprendido del 15 de agosto de 2019 al 14 de agosto de 2024.

Tal y como se lo habíamos adelantado, la nueva integrante del mencionado comité fue impuesta por la poderosa ex secretaria de Gobierno y hoy encargada de los festejos de los 500 años del encuentro de dos culturas, Anabel Alvarado Varela, quien no tuvo ninguna resistencia de los convenencieros legisladores para sacar su propuesta y llevar a un incondicional de la priista a un cargo donde seguramente se sumará a la inercia de no hacer nada a fin de que el sistema anticorrupción de Tlaxcala siga siendo un oneroso adorno.

La gran pantomima del sistema estatal anticorrupción

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El Sistema Estatal Anticorrupción es un bodrio que en Tlaxcala casi todos los sectores y actores políticos han abrazo y protegido, prestándose a la simulación que alienta el gobierno del estado para aparentar que en la entidad ese no es un problema grave que tenga presencia en dependencias, organismos públicos descentralizados y autónomos, ayuntamientos, universidades públicas o instituciones educativas de todos los niveles.

Para seguir con esa simulación y pantomima, este día el presidente del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción que encabeza el gris Abdel Rodríguez Cuapio tuvo la osadía de invitar al informe anual de actividades, lo cual representa una enorme burla y farsa porque esa instancia no ha hecho absolutamente nada en los últimos doce meses, al igual que el Tribunal de Justicia Administrativa y el Fiscal Anticorrupción que no han emprendido ninguna acción contundente para empezar a castigar el flagelo de la corrupción en Tlaxcala.

Hace un año los integrantes del mencionado comité Abdel Rodríguez Cuapio, José Justino Pérez Cuapio, Isabel Romano Hernández, Rumel Hernández Avendaño y Erika Montiel Pérez asumieron sus cargos y de inmediato se dedicaron a disfrutar del erario al entrar a la burocracia dorada, esa que cobra abultados salarios sin realizar ningún trabajo y, lo que es peor, ponerse a las órdenes del torpe secretario de Gobierno del estado, José Aarón Pérez Carro, experto en simulación y obediencia ciega.

Hoy seguramente Abdel Rodríguez presumirá grandes logros como la firma de convenios, el diseño del formato único para presentar denuncias o quejas, la creación de una limitada página de internet para que los ciudadanos conozcan las supuestas bondades del Sistema Estatal Anticorrupción y la realización de algunos foros donde uno que otro especialista habló de los avances que se han tenido en el combate a la corrupción.

Ahí estarán los ridículos empresarios de la Coparmex Tlaxcala encabezados por José Noé Altamirano Islas aplaudiendo y validando ese bodrio, al igual que los representantes de las universidades públicas, así como los diputados locales y federales. También estarán las autoridades estatales, magistrados, presidentes municipales y otros invitados más que celebrarán la inoperancia de ese sistema y su gran farsa porque a ellos les permite sacar provecho de esa lamentable situación.

El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Pedro Sánchez Ortega, sigue sin poder judicializar ninguna de las 30 denuncias que recibió de diferentes ministerios públicos de la PGJE, lo que demuestra que el Sistema Estatal Anticorrupción es inoperante y que está diseñado para solapar y encubrir los malos manejos y presuntas anomalías que cometen los servidores públicos.

Pero no crea que sólo los que conforman ese andamiaje legal y de instituciones se prestan a la comedia que vemos, pues también los diputados locales integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso del Estado que en teoría llevan a cabo el proceso para designar al nuevo miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Tlaxcala participan en ese engaño.

Todo saben que la influyente Anabel Alvarado Varela ex secretaria de Gobierno busca imponer en ese comité a una empleada del IAIP de nombre Lucero Romero Mora, misma que ya contaría con el aval del joven gobernador Marco Mena, cuando los legisladores tlaxcaltecas tienen la certeza de hay otras personas más calificadas y con un mejor perfil para ese puesto, pero que ninguno tiene el valor de oponerse a la decisión que ya se palomeo.

Mientras a nivel federal hay señales claras de pretender combatir la corrupción con la detención de Rosario Robles, ex secretaria de Sedesol y Sedatu en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, aquí en Tlaxcala se hace todo lo posible por conservar un sistema priista que permite, fomenta y alienta las malas prácticas de los servidores públicos que difícilmente podrán ocultar por más tiempo, porque los expedientes que ya existen sobre sus excesos pronto saldrán a la luz y muchas autoridades quedarán muy mal paradas.

Al tiempo.

Los ahorros no alcanzan para dar uniformes escolares gratuitos

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El camaleónico secretario de Educación en Tlaxcala, Manuel Camacho Higareda, muy pronto se olvidó del modelo educativo que impulsó la administración del presidente Enrique Peña Nieto para asumir un discurso alejado de la retórica priista y adaptarlo más a la cuarta transformación que promueve el nuevo mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador.

Simplemente el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez que presume finanzas sanas, cero deuda y millones de pesos en ahorros no cumplirá con la entrega gratuita de uniformes escolares, porque según Manuel Camacho no hay presupuesto etiquetado para tal fin y porque el compromiso prioritario en Tlaxcala es garantizar la educación sin costo y ofrecer los conocimientos necesarios para forjar historias de éxito.

El cambio tan drástico en el discurso de Manuel Camacho es poco creíble porque al final el nuevo choro del consentido funcionario estatal está plagado de artificios priistas que sólo buscan acomodarse en la línea de austeridad y cambio que impulsa la administración federal.

Y si no me cree lea lo que ayer declaró el altanero secretario de Educación.

“No tenemos presupuestado lo correspondiente a uniformes, pero estamos más bien vigilantes de que los propósitos de la educación se cumplan, no hay nada más importante que los logros de aprendizaje y estamos velando por generar las condiciones para que la educación en los tlaxcaltecas se haga de manera exitosa en el plano de logros de aprendizaje, es lo verdaderamente importante, queremos que todos adquieran los conocimientos y desarrollen las competencias y practiquen los valores que corresponden a un buen ciudadano, queremos a personas que desarrollen condiciones con posibilidades”.

Conmovedor, no.

Resulta curioso que el también cuasi poeta reconozca que no existe un presupuesto específico para tal acción gubernamental, pero que si se tengan recursos públicos para solventar los excesos de los funcionarios del sector educativo como pagar constantes estancias en hoteles de la Ciudad de México, alquilar restaurantes y servicios de alimentos para sostener reuniones de trabajo cuando se tienen oficinas y espacios para llevarlas a cabo o realizar compras de insumos de oficina a sobreprecios.

Aunque Camacho Higareda no lo reconozca, la realidad es que ha defraudado a su jefe el gobernador que no ha podido presumir ningún logro en el ámbito educativo como si lo hace con el tema del combate a la pobreza y en el crecimiento económico de la entidad que se alcanzaron por inercias heredadas y no porque sean una estrategia planeada y diseñada de la actual administración estatal, pese a que el secretario de Educación ha recibido y tenido el apoyo y respaldo que ningún otro funcionario estatal ha obtenido en los últimos dos años y siete meses.

Pronto se conocerán los detalles del desorden administrativo y financiero que existe en el sector educativo del estado y que obviamente dejarán muy mal parado al soberbio Manuel Camacho, quien deberá dar muchas explicaciones y emprender las correcciones necesarias para subsanar las millonarias anomalías tal y como lo ofreció el pasado domingo el joven gobernador Marco Mena en una entrevista luego de ser cuestionado sobre la reprobación de la cuenta pública del Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa que acumuló observaciones por casi 100 millones de pesos.

La fiesta del procurador

Para quienes dudan del pachangón digno de un jefe de la mafia que encabezó el alegre procurador de Justicia, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, para celebrar su permanencia de un año en el cargo, le cuento que ésta se llevó a cabo en la lujosa propiedad del ex presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Cedh), Francisco Mixcoatl Antonio y ridículo aspirante a la candidatura a la gubernatura por el Partido Movimiento Ciudadano.

La llegada de los selectos y exclusivos invitados a la propiedad del golpeador de mujeres llamó la atención de los vecinos de Texantla, comunidad perteneciente al municipio de Panotla.

El bacanal estuvo tan bueno que hasta fuegos pirotécnicos hubo, pues cuando se está bien y hay bonanza es un error no realizar una gran celebración para demostrar que hay poder y dinero. Total, los criminales puedes esperar para ser atrapados y llevados ante la justicia.

Además, déjeme contarle que al interior de la Procuraduría General de Justicia en el Estado algo está pasando, pues elementos que fueron sancionados o despedidos en la época de Alicia Fragoso Sánchez por tener un mal desempeño han empezado a regresar.

El comandante Raúl Moreno Vázquez, alias “Vértigo”, tiene ya trabajando sin estar en la nómina oficial al ex agente Fermín Mitre Aguayo y Ciro Ramírez Márquez, ex director de la policía municipal de Tocatlán.

Fermín y Ciro andan armados y tiene acceso a información reservada de la PGJE. Nadie sabe cuál es su función o tarea, pero lo que sí es seguro es que están a las órdenes de Raúl Moreno, quien hoy en día está muy cercano al nefasto procurador José Antonio Aquiahuatl.

Sólo como un dato le comento que Fermín Mitre como comandante de la PGJE enfrentó hace unos años una acusación y una recomendación por violar las garantías individuales de un ciudadano, según consta en el siguiente link  Acepta la PGJE recomendación que emitió la CEDH en contra de cinco trabajadores…..

Da miedo ver el comportamiento del procurador y lo que está pasando en la PGJE.

La seguridad el gran fracaso del gobierno menista

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Si hay un rubro donde ha quedado más que evidente la mediocridad de los funcionarios estatales es el de la seguridad, al grado que las bandas de delincuentes operan a plena luz del día y en municipios importantes burlándose en todo momento de la policía estatal, de los “rudos” agentes de la PGJE y de la Guardia Nacional que en conjunto representan una pantomima incapaz de frenar el paso galopante del crimen.

El viernes pasado mientras el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez atendía desde temprano al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, una trío de criminales intentó cometer un atraco contra una clienta del banco BBVA de Apizaco que realizaría un importante retiro de dinero, sin embargo éste se frustró porque al interior de la institución se encontraba un policía municipal de Lázaro Cárdenas que enfrentó a los delincuentes, acción que fue apoyada por los custodios de valores de Cometra que accionaron sus armas contra los hampones.

El caos y el miedo se hicieron presentes porque en las calles céntricas de Apizaco se desató atípica balacera.

Y mientras eso pasaba, la dupla conocida como “los hermanos lelos” conformada por el secretario de Gobierno del estado, José Aarón Pérez Carro y el inútil procurador de Justicia, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, sostenían una “sesión de trabajo” en un conocido restaurante del centro de Tlaxcala.

Ahí, Aquiahuatl Sánchez tuvo tiempo para presumir el “fiestón” que le organizaron un día antes sus principales subordinados (Abigaíl y Manolo. La primera agente del Ministerio Público de Huamantla y el otro encargado de resolver los robos de vehículos en Apizaco) para celebrar su primer año como procurador general de Justicia en el estado.

La fiesta digna de un acaudalado viejo político priista se llevó a cabo con toda la discreción posible y poco importó al nefasto funcionario que se hubiera registrado ese mismo día una ejecución más de una pareja de personas en el municipio de Tzompantepec.

Pero siguiendo con los hechos violentos del pasado viernes, después de la balacera de Apizaco y cerca del mediodía un comando armado procedió a asaltar la tienda Coppel de Zacatelco. Las versiones señalan que participaron por lo menos 12 ladrones que pudieron llevarse, sin ningún problema, joyas y teléfonos celulares cuyo valor ronda los 400 mil pesos.

Está de más decir que las policías municipales de Tlaxcala al igual que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que controla el mexiquense Eduardo Valiente Hernández están rebasadas y que simplemente no pueden contener las actividades criminales que se realizan en la entidad.

Para demostrar que los criminales son los que mandan y hacen lo que quieren en el estado, resulta que en la madrugada del domingo integrantes de la Guardia Nacional fueron golpeados y despojados de cuatro fusiles por sujetos identificados como miembros de una banda tlaxcalteca dedica al robo de trenes.

El ridículo que hizo la fuerza federal creada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador fue mayúsculo y confirma que Tlaxcala está a merced de la delincuencia.

Para nadie es un secreto que el joven gobernador Marco Mena delegó las tareas de seguridad a tres mediocres funcionarios como el recomendado de la ex gobernadora Beatriz Paredes Rangel y que hoy despacha como secretario de Gobierno José Aarón Pérez, el obscuro procurador de Justicia, José Antonio Aquiahuatl y el metrosexual Eduardo Valiente que se ostenta como secretario de Seguridad Ciudadana.

De ese trio poco o nada se puede espera porque es obvio que sólo llegaron a sus cargos para cuidar su trabajo, su sueldo y privilegios, pues su mediocridad es tan grande y evidente que sobresalen en un gabinete estatal que está sumergido en la vulgaridad.

El gobernador debe recomponer y cambiar la estrategia de su administración en materia de seguridad, porque mientras siga igual mantendrá los actuales niveles de reprobación ciudadana que lo ubican como uno de los peores mandatarios del país.

A la actual administración aún le quedan dos años y 19 días en el poder, de ahí que está obligada a atender ese problema que cada mes se agudiza.

Inamovibles los ortinotarios tras ganar larga batalla legal

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Después de nueve años, por fin se resolvió el último recurso jurídico en contra de los Ortinotarios, quedando demostrado que todo lo que hizo el entonces gobernador Mariano González Zarur no fue más que un capricho alentado por su hijo Mariano González Aguirre para no sólo tratar de denostar a la administración de su enemigo el entonces panista Héctor Ortiz Ortiz, sino a los especialistas del derecho que obtuvieron una patente a finales del 2010.

Esta historia estuvo plagada de odios, engaños, rencores, envidias y corrupción por parte del hacendado gobernador Mariano González, quien nunca pudo ocultar sus enormes deseos de maltratar y perjudicar a un grupo político al que nunca pudo derrotar.

El Manchis hoy en día representa el mayor ridículo político y legal de la historia de Tlaxcala, por lo que debería rendir cuentas ante la justicia, ya que fueron millones de pesos los dilapidados por su gobierno para tratar de quitar a los notarios la patente.

Si bien esa inmensidad de recursos públicos y humanos utilizados para tal fin representan un enorme daño al erario que hoy en día es incuantificable, lo cierto es que en su momento la estúpida venganza de González Zarur sí logró la suspensión de las actividades de los fedatarios que al defenderse jurídicamente pudieron revertir esa decisión y regresaron a su labor, de ahí que hoy podrían iniciar un procedimiento para que el ex gobernador afronte con su propio patrimonio la reparación del daño que les causó.

Sin duda esta resolución traerá consecuencias mayores, primero porque el actual gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez ya no tendrá, ahora sí, problemas para cesar a Sergio Cuauhtémoc Lima López, director del Registro Público de la Propiedad y Notarías, pues fue el autor material de todos los juicios en contra de los Ortinotarios.

Segundo porque Lima López engañó a Mariano González y de la misma forma al actual mandatario estatal. Nada de lo que plasmó en las diversas demandas fue cierto y con el paso del tiempo el caso contra los notarios fue insostenible.

La ignorancia del ejecutivo sobre el tema legal de los Ortinotarios ha sido aprovechada por ese nefasto funcionario, al grado que sigue usufructuando a su antojo la Dirección del Registro Público y Notarias sin que nadie sea capaz de ponerle un alto.

Ojalá el gobierno menista y los notarios vuelvan a trabajar en armonía, porque la ciudadanía está necesitada de que sus actos gocen de certeza jurídica y de que los trámites estén al alcance de su bolsillo. Septiembre considerado como el mes del testamento está a la vuelta de la esquina y sería saludable ver que ahora si emprenden una acción conjunta que demuestre que pueden aplicarse de manera coordinada.

El gobierno de Mena Rodríguez está ante una oportunidad de oro de devolverle a Tlaxcala la paz que necesita. Con la resolución favorable que ayer obtuvieron los notarios se acaba la historia negra de Mariano y su hijo abusando de las arcas del Estado. Ya no hay pretexto para seguir manteniendo en el gobierno, el más mínimo vestigio del marianismo corruptor.

Las mentiras caen por su propio peso y hoy no ha sido la excepción, porque se cierra una de las páginas más trágicas de abusos y corrupción cometidas en Tlaxcala.

Para Mariano solo es el inicio de un largo peregrinar que le espera ante la justicia, y eso que no se ha hablado de su participación en la Caja La Libertad y el presunto lavado de dinero que habría cometió, pues existe la sospecha que algunos fondos manejados se obtuvieron de probables moches que recibieron él y su hijo durante su administración.

Hace unos meses, Mariano González y el abogado Juan Collado Mocelo –responsable de la Caja La Libertad- que fue detenido por la FGR por presuntamente estar involucrado en operaciones financieras ilegales, realizaron un viaje por España a fin de poner en orden las propiedades que el ex gobernador habría adquirido en los últimos años y que ahora pretende donar a sus hijos.

La resolución final del último recurso de revisión 322/2018 en contra de los fedatarios sacará a la luz el “Tlaxcaleaks” que contiene toda la información del millonario pleito que el frustrado ex gobernador emprendió para vengarse de los Ortinotarios. Hay contratos y correos electrónicos que demuestran cómo se planeó y ordenó esa estúpida venganza.

Hoy los primeros jalones de orejas a funcionarios y alcaldes

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De no existir cambios, este día los diputados locales iniciarán la reprobación de cuentas públicas, específicamente aquellas que tienen un alto tufo de corrupción o desorden administrativo cuyos responsables no pudieron limpiar, por lo que acumularon fuertes observaciones millonarias que hoy se empezarán a conocer con más detalle.

Si bien ayer resultó raro el aval que los legisladores otorgaron a los estados financieros del 2018 de la Secretaría de Salud de Tlaxcala en manos del hidalguense, Alberto Jonguitud Falcón, quien acumuló observaciones por más de 41 millones de pesos, la realidad es que este día la cuenta pública del Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (Itife) y del ayuntamiento de Tzompantepec podrían ser reprobadas.

El Itife bajo la responsabilidad de Anahí Gutiérrez Hernández suma anomalías financieras que superan los 90 millones de pesos del ejercicio fiscal del año pasado, mientras que el alcalde de Tzompantepec, Arturo Rivera Mora, acumula en ese mismo periodo un probable daño patrimonial cercano a los 10 millones de pesos.

Para su mala suerte, las anomalías detectadas por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) en el Itife y en ayuntamiento de Tzompantepec superan en cada caso el 7 por ciento del presupuesto que dispusieron durante el 2018, razón por la cual este día se harán acreedores a un proceso negativo de evaluación de sus respectivas cuentas públicas, de ahí que enfrentarán acciones legales para resarcir el daño provocado al erario.

Aunque los legisladores y el OFS establecieron el porcentaje antes mencionado para determinar que cuentas públicas son aprobadas y cuáles reprobadas, en realidad los diputados locales que asistieron a la sesión de ayer donde analizaron 10 cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal de 2018, se mostraron muy valemadristas al grado que nadie manifestó un interés por conocer e indagar que pasa en la Secretaría de Salud donde las irregularidades financieras superaron los 41 millones de pesos.

Para nadie es un secreto que la Secretaría de Salud de Tlaxcala acumula ya varios cientos de millones de pesos en observaciones detectadas no sólo en la actual administración del priista Marco Antonio Mena Rodríguez, sino desde la gestión del hacendado gobernador Mariano González Zarur.

Lo extraño es que nadie ha solicitado una investigación con más detalle y profundidad en esa dependencia que siempre ha tenido la sospecha de ser manejada irregularmente y de dejar buenos dividendos para las autoridades que disponen de un abultado presupuesto, así como tampoco nadie le ha dado seguimiento a las observaciones a fin de verificar si éstas son subsanadas o simplemente maquilladas para dar la apariencia de que el problema se solucionó cuando no es así.

Si hoy se reprueban las primeras cuentas públicas será interesante ver cuál es la postura de los diputados locales. Veremos si los legisladores le dan seguimiento a ese proceso y solicitan al OFS que de inmediato emprenda las acciones legales a que haya lugar para que en caso de existir corrupción se castigue y esas conductas no queden impunes tal y como ha sucedido en los últimos años.

Ojalá que el combate a la corrupción sea una realidad y no una mera promesa mediática por parte de los diputados tlaxcaltecas, pero especialmente de los que conforman la cuarta transformación representada por Morena, el PT y el PES.

Los diputados tienen en la mira a los entes fiscalizables que presuntamente manejaron mal los recursos públicos del 2018, pero los ciudadanos y los medios de comunicación los tenemos a ellos bajo un proceso de observación a fin de comprobar si su comportamiento es distinto y diferente a las anteriores legislaturas, las cuales siempre terminaban por solapar y encubrir la corrupción en las dependencias estatales y en los ayuntamientos de la entidad.

Muy pronto veremos qué rumbo deciden tomar.

La disminución de la pobreza un logro de varios

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Tlaxcala puede presumir en ser uno de los estados del país donde el fenómeno de la pobreza disminuyó en los últimos dos años o en la última década, por lo que atribuir ese logro a una sola administración estatal sería un error ya que los últimos gobierno locales también han influido para alcanzar un saldo positivo en la medición que realiza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Si bien resulta indudable que en la entidad la pobreza extrema se haya reducido entre el 2017 y el 2018 en 2.6 puntos porcentuales, al disminuir de 5.7 a 3.1 por ciento, la realidad también indica que casi la mitad de la población tlaxcalteca vive en pobreza y que enfrenta carencias en servicios básicos de salud, educación, seguridad social y alimentación.

Los indicadores que registró Tlaxcala sin dudas resultan ciertos, sin embargo su circunstancia hay que verla en un contexto nacional donde se explica que en diez años el número de pobres aumentó en el país en dos millones 936 mil 391 personas.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social reportó que 71.7 millones de mexicanos no tienen seguridad social, situación que implica uno de los principales retos de las autoridades para reducir la pobreza de manera estructural.

Se sabe que el número de personas vulnerables o en riesgo de caer en pobreza aumentó en cuatro millones 104 mil 609 personas a nivel nacional, lo que implicó que pasó de 41.2 a 45.3% de la población mexicana en la última década.

De acuerdo con el balance del organismo, en México se logró una reducción en términos relativos de la pobreza, pues la proporción se ubicó de 44.4 a 41.9 por ciento, pero con la salvedad que será necesario mantener la tendencia económica y social y el paso de 175 años para alcanzar una pobreza de cero.

En Tlaxcala la mitad de la población vive en pobreza, lo que arroja que en la actualidad 645 mil 800 personas se encuentran en esa lamentable condición.

Mientras en México 4 de cada 10 personas son pobres, en Tlaxcala la proporción es 5 personas de cada 10 la que se encuentra en esa situación.

En la entidad falta mucho por hacer para cambiar las condiciones de vida de casi la mitad de la población, la cual requiere aumentar sus ingresos para estar en posibilidades de alcanzar otros niveles de bienestar.

Los resultados del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social correspondientes al balance de medición de pobreza 2008-2018 son en su mayoría favorables para Tlaxcala, lo que demuestra que las administraciones del ex panista Héctor Ortiz Ortiz y los priistas Mariano González Zarur y Marco Antonio Mena Rodríguez aportaron su parte para obtener ese balance positivo.

Las pugnas internas de los diputados locales

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Aunque el trabajo de dictaminación y aprobación de cuentas públicas del ejercicio fiscal 2018 ha avanzado, es una realidad que la mayoría de los legisladores locales ya no soporta a la presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, por lo que es muy probable que pronto deje ese importante cargo y siga los pasos del otrora líder de los diputados morenistas Víctor Manuel Báez López.

Entre los diputados locales existe el consenso de dejar hasta el último el proceso de revisión de las cuentas públicas que serán polémicas y que seguramente provocarán desencuentros, como la de los ayuntamientos de Apizaco, Panotla y Texoloc. Un grupo de legisladores impulsa su aprobación, pero hay otro que pretende reprobarlas por los excesos y presuntas anomalías financieras que contienen.

Una prueba de la pugna que se vive al interior del Poder Legislativo por el asunto de las cuentas públicas se registró el pasado viernes, cuando María del Rayo Netzahuatl en complicidad con otros siete diputados buscaba someter al pleno la aprobación del dictamen de los estados financieros del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, situación que la mayoría no permitió y presionó para que éste fuera eliminado de la orden del día a fin de revisar a fondo ese documento.

La lógica de los diputados que se opusieron a la aprobación de ese dictamen radica en que hace unos días ellos argumentaron una serie de anomalías y desorden administrativo en ese Instituto para proceder a la destitución de los tres ex comisionados, de ahí que hubiera sido ilógico que avalaran la cuenta pública del IAIP como lo pretendían ocho legisladores.

Un diputado que no se cansa de hacer el ridículo es el morenista Víctor Manuel Báez que hoy se pone extremadamente quisquilloso en las sesiones ordinarias y extraordinarias, pues el mínimo detalle lo observa y lo denuncia, lo cual nunca hizo mientras se mantuvo como presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado.

Su frustración de no tener poder y reflectores es más grande que su torpe ego que lo lleva a cometer errores, como solicitar en el desarrollo de la sesión extraordinaria del pasado viernes que le cancelaran el descuento del 50 por ciento de su dieta quincenal por considerarlo injusto y porque esa decisión daña seriamente su economía.

Ese diputado junto con otros siete legisladores fue sancionado luego de ausentarse de la sesión extraordinaria donde los diputados locales realizaron un juicio político que terminó en la destitución de los tres comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Las pugnas morenistas

Interesante será ver cómo se mueven los grupos locales de Morena una vez que en breve inicie formalmente el proceso para renovar a su dirigencia nacional y estatal. En Tlaxcala los apoyos para suceder a Yeidckol Polevnsky Gurwitz se dividirán entre Mario Delgado Carrillo y Bertha Luján Uranga.

Hasta ahora ambos políticos son los que se mencionan con más posibilidades de asumir el control del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que habrá que ver hacia dónde se mueven los grupos locales que también empezarán a jugar la sucesión gubernamental de Tlaxcala prevista para el 2021.

El diputado federal Rubén Terán Águila, considerado uno de los principales operadores de la “super delegada” Lorena Cuéllar Cisneros ya se decantó por su actual líder Mario Delgado, mientras que la actual estructura partidista local de Morena y los siervos de la nación a manos del senador Joel Molina Ramírez estarían inclinándose por Bertha Luján, quien goza del respaldo de Gabriel García Hernández, ex secretario de Organización de Morena y hoy en día coordinador de los 32 delegados federales del gobierno de López Obrador.

Lorena Cuéllar se ha mantenido reservada sobre el tema y nadie sabe con precisión hacia donde moverá sus simpatías, sin embargo tarde o temprano tendrá que tomar una decisión porque no se puede quedar ajena a ese proceso.

El pleito por lograr el control de Morena será de pronóstico reservado, porque es obvio que las candidaturas para los cargos de elección popular para los comicios del 2021 estarán en juego.

Pareja monárquica hace quedar mal a López Obrador

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Muy extraña resultó la respuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tras ser cuestionado en la conferencia “mañanera” de ayer miércoles, en torno a la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur que encabeza la ex perredista y hoy morenista María del Carmen Ramírez García, esposa del ex gobernador de Tlaxcala, Alfonso Sánchez Anaya, jefe de Unidad de Servicios y Formación Policial dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal.

Aunque quizá es cierto que el mandatario del país no sabía del cargo que desempeñaba en su administración la esposa de su amigo Alfonso Sánchez, la realidad es que personajes muy cercanos al tabasqueño si estaban enterados de ese hecho porque estuvieron presentes cuando la altiva mujer se despidió de los miembros que conformaban el “Frente Tlaxcalteca” que por algunos años conformó y presidió su marido.

A finales del 2018, Alfonso Sánchez convocó a una reunión de ese movimiento donde estuvo presente Leticia Ramírez, la representante de Andrés Manuel López Obrador y del partido de Morena, quien no sólo fue testigo de cómo María del Carmen Ramírez fue destapada como una aspirante de esa fuerza política a la candidatura al gobierno de Tlaxcala, sino de la grotesca despedida de la ex senadora que de manera burlona aseguró que ella y su esposo ya tenían trabajo en el gobierno de López Obrador y que no estuvieran molestándolos porque no estarían en condiciones de ayudar a nadie a encontrar un cargo o puesto en la administración federal.

El reporte de ese desafortunado encuentro que sirvió para prácticamente sepultar al “Frente Tlaxcalteca”, se dice que fue conocido por el líder de Morena y actual senador, Joel Molina Ramírez, así como por el hijo del presidente y encargado de la operación política en Tlaxcala, Gonzalo Alfonso López Beltrán.

En Tlaxcala se sabía que la pareja monárquica era una de las que logró beneficiarse con la llegada de López Obrador a la presidencia del país, pues mientras María del Carmen Ramírez tiene una percepción bruta de 122 mil 512 pesos mensuales, su esposo el ex gobernador gana 144 mil 564 pesos por ser jefe de Unidad de Servicios y Formación Policial dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Ayer, el periodista Daniel Blancas Madrigal del periódico Crónica evidenció que en la actual administración federal siguen prevaleciendo estructuras gubernamentales que no se justifican como la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur que se creó en el gobierno priista de Enrique Peña Nieto y que en los últimos cuatros años ha tenido un costo de operación de 316 millones de pesos.

A esa coordinación del gobierno de AMLO llegó María del Carmen Ramírez, quien en los últimos años de la administración estatal del priista Mariano González Zarur se desempeñó como directora del Plantel 10 del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (Cobat). La ex senadora y ex candidata del PRD al gobierno del estado no tiene ninguna experiencia sobre temas de migración y tampoco se conoce que alguna vez haya estado relaciona con la presencia y desarrollo de ese fenómeno.

Una vez que fue evidencia la inoperante de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur adscrita a la Secretaría de Gobernación que encabeza la ex ministra Olga Sánchez Cordero Dávila, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se realizará una investigación porque “su gobierno no permitirá amiguismos, influyentismo ni nepotismo”.

Las apuestas por la permanencia o salida del gobierno de AMLO de la esposa del ex gobernador de Tlaxcala están sobre la mesa, por lo que será cuestión de días para conocer el desenlace de ese asunto que sin dudas golpeó la imagen del presidente del país que dijo no sólo desconocer la existencia de esa coordinación a casi 8 meses de haber asumido el poder, sino que también se mostró sorprendido de que ahí estuviera cobrando la esposa de su amigo Alfonso Sánchez Anaya.

Ni hablar, hasta al mejor cazador se le va la liebre. O no.