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Suenan los tambores de guerra al interior del PAN

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Será entre el 11 y 13 de agosto cuando se reúna el Consejo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), instancia que designará a los integrantes de la comisión que se encargará del proceso para renovar sus dirigencias, por lo que en noviembre se sabrá que grupos se quedaron con el control de esa fuerza política que salió lastimada de las elecciones del pasado 1 de julio.

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Los tambores de guerra ya se escuchan en el PAN, donde diferentes grupos han empezado no sólo con las negociaciones para establecer acuerdos que permitan lograr un consenso que evite más divisiones, sino con las descalificaciones y señalamientos que acusan a ciertas figuras de ese partido de desleales y entreguistas.

Hasta ahora, los nombres que se mencionan para dirigir al PAN son Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla; Miguel Márquez, gobernador de Guanajuato; los senadores Jorge Luis Preciado; Roberto Gil Zuarth y Héctor Larios; así como el ex mandatario de Morelos Marco Antonio Adame y el líder parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados Marko Cortés.

También se habla del ex gobernador de Guanajuato, Carlos Medina Plascencia, quien al final podría reunir los consensos y sumar más voluntades de los liderazgos que hoy en día se disputan la dirigencia nacional del PAN.

Y aunque no me crea, le cuento que Adriana Dávila Fernández, la aún senadora por Tlaxcala, anda más que metida en la grilla nacional de su partido. Con el apoyo de algunos gobernadores panistas pretende buscar el liderazgo del CEN, lo cual sin duda le abrirá espacios de negociación para apuntalar su carrera política.

Lo anterior ha dejado entrever que la ex candidata del PAN al gobierno de Tlaxcala no se meterá con todo para lograr el control de la dirigencia del partido en el estado, pues su carta para esa posición es un tal Bernardo Cabrera que, según se sabe, tendría poco respaldo de los militantes.

Su otro aliado para buscar la presidencia del Comité Directivo Estatal del PAN es Juan Corral Mier, sin embargo se dice el aún diputado federal no está muy interesado en el tema debido a que enfrenta otros problemas que le exigen mayor atención.

Por esa razón, los grupos panistas que encabezan los ex diputados locales José Gilberto Temoltzin Martínez y Ángelo Gutiérrez Hernández han iniciado las negociaciones que les permita llegar unidos a la contienda interna y pujar para alcanzar la dirigencia del partido que hoy controla un desgastado Carlos Carreón Mejía, quien terminó rompiendo con la camarilla de Adriana Dávila.

La debilitada cuadrilla del ex alcalde de Tlaxcala Adolfo Escobar Jardínez tratará de impulsar las aspiraciones del regidor de Chiautempan Damián Mendoza Ordoñez. Aunque es probable que mantenga su alianza con Adriana Dávila, también no se descarta que lleve sus canicas a otra mesa de negociación para garantizar su sobrevivencia política.

La panista de conveniencia Minerva Hernández Ramos que anda coqueteando con el PRD para convertirse en la coordinadora de los senadores de ese partido, impulsa las ambiciones de José Félix Solis Morales, quien definitivamente no tiene ninguna posibilidad de ganar la dirigencia del PAN en Tlaxcala.

Y hablando de fracasados, le cuento que el remedo de diputado local con actitudes de grandeza, Juan Carlos Sánchez García alias “El Saga”, decidió abanderar en la entidad el proyecto perdedor del ex gobernador poblano Rafael Moreno Valle, quien anda tras la dirigencia nacional del PAN.

El Saga que ya demostró su burda efectividad electoral en los pasados comicios del 1 de julio al llevar a la derrota a los candidatos orticistas a la diputación federal y local, Alejandra Ramírez Ortiz y Serafín Ortiz Ortiz, respectivamente, dice que ahora sí trabajará para que Moreno Valle despache como líder del CEN del PAN, pues si logra esa proeza tiene garantizada su candidatura al gobierno de Tlaxcala en el 2021.

La absurda aventura del ex constructor favorito del orticismo es respaldada por el eterno perdedor y ex alcalde de La Magdalena Tlaltelulco, Miguel Ángel Polvo Rea.

La disputa por el poder en el PAN ya inició y en unos meses más veremos quienes son los nuevos dueños de ese partido.

Para concluir le dejo otra trivia

¿Quién es la secretaria del Registro Público que ganando seis mil pesos mensuales logró construir casas para cada uno de sus hijos?.

Y todo en un corto tiempo que por supuesto es una hazaña.

El espejismo que transformó a los morenistas

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Sin que aún hayan asumido el poder, los morenistas que fueron arrastrados por la fuerza de Andrés Manuel López Obrador que en diciembre asumirá la presidencia de México, ya desataron sus locas ambiciones y ahora no sólo quieren aparentar ser maravillosos políticos, sino que pretenden erigirse como los santones que al final terminan evidenciando sus raíces priístas.

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Ahora resulta que en Tlaxcala teníamos titanes en política que nos hicieron el grandísimo favor de aparecer como candidatos a diferentes cargos de elección popular en los pasados comicios del 1 de julio y que gracias a ellos y a su baluarte operación Andrés Manuel López obtuvo una votación histórica.

Los virtuales senadores y diputados federales y locales electos de Morena están irreconocibles. Hoy se sienten bordados a mano y no dejan de dar entrevistas a aquellos medios que antes de las campañas tachaban de inservibles y vendidos. Su soberbia es tal que hoy cínicamente dan consejos que parecen órdenes de lo que se debe y no hacer en los días que faltan para concretar el cambio de legisladores.

No hay claridad y sus mentes están nubladas por sus antecedentes priistas. Confunden el respaldo social que recibió López Obrador y que al final jaló a políticos que estaban desahuciados o que no representaban nada porque su escaso nivel de conocimiento y posicionamiento los inhabilitaba para participar en la contienda.

Su triunfo en las urnas es innegable, pero pronto llegarán a sus cargos y entonces tendrán que demostrar con hechos que son diferentes y que el país cambiará, porque si la transformación prometida nunca llega harán el ridículo.

Esa enorme soberbia que invade a los morenistas tlaxcaltecas ha despertado las ambiciones y la locura en muchos de ellos, quienes ahora se han dado a la tarea de emprender una lucha interna para concentrar poder y alimentar su ambición.

Joel Molina Ramírez, líder estatal de Morena, sin dudas está convertido en una pieza clave del movimiento que encabeza López Obrador, pues es el interlocutor autorizado con el gobierno del estado y el que tira línea a los senadores, diputados federales y locales, sin embargo esa situación ya hizo que el ex priísta y ex orticista perdiera el juicio.

Resulta que a Joel Molina ya se le metió la idea de convertirse en gobernador de Tlaxcala, para lo cual ha organizado reuniones para afianzar su poder y dejar entrever que él debe ser el candidato en las elecciones del 2021 y no Lorena Cuéllar Cisneros, virtual coordinadora general del gobierno federal en el estado.

Su principal argumento es que él es el arquitecto y el responsable de la brillante operación electoral que hubo en Tlaxcala el pasado 1 de julio, la cual permitió ganar las votaciones para la Presidencia de México, el Senado y las diputaciones federales y locales.

Argumento que resulta ser una falacia porque los resultados obtenidos se deben exclusivamente al arrastre y tenacidad de Andrés Manuel López, porque si sus dichos fueran verdad entonces hubiera entregado en los comicios locales del 2016 mejores cuentas.

En las pasadas elecciones locales Joel Molina ya trabajaba para Morena y tuvo bajo su mando la campaña de gobernadora de Martha Palafox Gutiérrez, quien apenas si sumó 36,939 votos que la ubicaron en el cuarto lugar muy cerca del abanderado de Movimiento Ciudadano, Edilberto Algredo Jaramillo que logró 25,432 sufragios.

Si en realidad él fuera el operador político que dice ser, hubiera hecho que Martha Palafox rebasara la votación de la candidata panista al gobierno del estado Adriana Dávila Fernández que acumuló 107,216 votos o se acercara a los sufragios que juntó la entonces abanderada del PRD a la misma posición Lorena Cuéllar que alcanzó 175,743 votos.

Si según él pudo lograr que López Obrador obtuviera 300 mil votos en Tlaxcala en los pasados comicios, pero fue incapaz de superar la votación que el priista Marco Antonio Mena Rodríguez logró en el 2016 y que le permitió ganar la gubernatura con 189,499 sufragios.

Al final, no cabe duda que los morenistas son iguales o perores que los priistas, porque terminan asumiendo el mismo comportamiento de los políticos que supuestamente criticaron. O no.

Para finalizar una trivia.

¿Quién es el funcionario adscrito al Registro Público que compró un rancho en Tlaxco y por el que pagó 2.5 millones de pesos cuando su salario es de 18 mil pesos mensuales?

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El funcionario estatal también es socio de una empresa constructora que hoy desarrolla un conjunto habitacional en el municipio de Yauhquemehcan.

La agobiante inseguridad que debería preocupar

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Tlaxcala forma parte de los estados como Hidalgo, Puebla y Veracruz donde por desgracia se comenten el 60 por ciento de los robos a camiones de carga y ferroviario a nivel nacional. Las bandas dedicadas a llevar a cabo esos ilícitos pareciera que han tomado la medida a las autoridades que se muestran incapaces para combatir esos delitos que provocan pérdidas millonarias.

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El desmantelamiento que sufrió la policía estatal durante la pasada administración que encabezó el malhumorado Mariano González Zarur hoy le está cobrando la factura al gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez, que deberá agilizar el proceso para aumentar el número de elementos y reforzar las acciones de vigilancia antes de que la inseguridad se desborde y genere más problemas.

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La percepción que se tiene es que el encargado de la Comisión Estatal de Seguridad, Hervé Hurtado Ruiz, no ha podido con el paquete y la encomienda para detener a los delincuentes, pues desde que asumió el control de la dependencia los indicadores revelan que la incidencia delictiva se ha incrementado pese a las “inteligentes estrategias” que se han puesto en marcha.

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Enrique Armando González Muñoz, presidente de la Canacar no tuvo problemas en describir el grave problema de inseguridad que vive Tlaxcala en materia de robo a camiones de carga y de trenes.

Durante su visita a la entidad para firmar un convenio con el gobierno del estado para instalar un moderno centro de capacitación para operadores del transporte, el empresario reveló que del 2017 al 2018 ese tipo de delitos se ha incrementado en 117 por ciento, pero que de seguir esa tendencia se espera que esa cifra se eleve aún más.

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En el gobierno de Héctor Ortiz Ortiz Tlaxcala cumplía con los estándares de tener 1.8 policías por cada mil habitantes, sin embargo al recibir la administración el hacendado Mariano González le pareció un exceso lo que se gastaba en la nómina de los uniformados y ordenó el despido de elementos para adelgazar esa fuerza casi al 50 por ciento y lograr ahorros que hasta ahora se desconoce a donde fueron a parar.

Hoy Tlaxcala tiene 1 policía por cada mil habitantes. El déficit de elementos es evidente y eso explica porque el crimen organizado opera con total impunidad en un territorio donde ha ganado espacio.

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Y si tenemos un reducido cuerpo de policía, valdría la pena que alguien explicara si es cierta la versión que los uniformados bajo el mando el sensible Hervé Hurtado están obligados a ofrecer seguridad especial a los trenes de la empresa Ferrosur que cruzan por varios municipios tlaxcaltecas.

Se dice que hasta hace unas semanas la empresa de seguridad privada CUSAEM del Estado de México era la responsable de vigilar los vagones, pero que sus servicios ya no fueron requeridos una vez que la seguridad y el contrato pasó a manos de la policía estatal que hoy se esmera en cuidar a los trenes.

Si es cierto o no pronto lo sabremos, pero lo que es una realidad es que hay elementos de la policía estatal que se suben armados en los vagones para llevar a cabo acciones de vigilancia, lo cual no debería suceder porque los elementos no están para custodiar a un tren cuando para eso existe los servicios de la policía industrial y bancaria.

En materia de seguridad estamos mal y lo peor es que no hay indicios de que las cosas vayan a cambiar o a mejorar.

La Plaza Bicentenario por fin al Conacyt

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Tuvieron que pasar casi siete años y siete meses para que se le pudiera encontrar un uso al inmueble conocido como La Plaza Bicentenario, la cual fue construida por el gobierno panista de Héctor Ortiz Ortiz y que implicó el gasto de más de 500 millones de pesos que por fin servirán de algo una vez que el Conacyt decidió instalar un consorcio tecnológico y científico.

Plaza Bicentenario

Hoy el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) asumirá el control de La Plaza Bicentenario, espacio en donde espera invertir alrededor de 27 millones de pesos para adecuar el inmueble que albergara un consorcio científico dedicado a la investigación automotriz, textil y química.

Los recursos que se invertirán provienen de las multas aplicadas a los partidos políticos y cuyos fondos por ley se deben aplicar a cuestiones de ciencia. Los proyectos que emprenderá el Conacyt en Tlaxcala serán regionales y estarán encaminados a apoyar a las ramas industriales antes mencionadas a fin de alentar su crecimiento y consolidación.

Hasta aquí todo se escucha bien, pero habrá que conocer cuál será la postura que asumirá María Maricela Escobar Sánchez, Contralora del Ejecutivo, para iniciar una investigación que permita fincar responsabilidades a los funcionarios de la administración de Mariano González Zarur, quienes ante su negligencia y omisión provocaron la pérdida de millones de pesos en equipo y mobiliario.

El gobierno de Héctor Ortiz no sólo gasto miles de pesos en la edificación del inmueble localizado a unas cuantas cuadras del zócalo capitalino, sino que también realizó la compra de butacas, elevadores, el sistema de aire acondicionado y de un sofisticado equipo de sonido.

La inconclusa Plaza Bicentenario que dejó Ortiz Ortiz al abandonar el gobierno sirvió de pretexto al vengativo Mariano González para emprender una encarnizada persecución contra funcionarios orticistas y constructores, pues según los sabuesos del marianismo había irregularidades financieras y estructurales que debían ser sancionadas.

En junio del 2015 el gobierno del hacendado Mariano González reveló los nombres de los ex funcionarios orticistas que fueron inhabilitados por supuestas anomalías relacionadas con el mencionado inmueble.

La lista la encabezó Adalberto Campuzano Rivera, ex Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, Baldomero Ruíz García, ex Director de Obras Públicas, Gilberto Reyes Zepeda, ex Secretario Técnico, José Eusebio Rubén Téllez Gutiérrez, ex Encargado de la Unidad de Concursos y Precios Unitarios, José Luis Mejía Rojas, ex Jefe del Departamento de Infraestructura Urbana, Leonel Lima Loaiza, ex Jefe del Departamento de Infraestructura y Obras Viales, Marco Antonio Vázquez Salazar, ex Jefe de Oficina adscrito a la Dirección de Obras Públicas y Felipe Cuapio Tzompa, ex Residente de Obra.

Y como podrá ver nunca apareció el constructor de la obra y funcionario estatal Jesús Luévano Escalona ni el ex gobernador Héctor Ortiz, pues simplemente González Zarur no pudo proceder en su contra por más que buscó elementos para hacerlo o mejor dicho su contralor Hugo René Temoltzin Carreto nunca rascó donde en realidad estaban las inconsistencias porque no quiso o porque habría encontrado algún estímulo para engañar a su jefe.

Valdría la pena que la actual contralora María Maricela Escobar se pusiera a trabajar para indagar el destino y el estado que tienen los equipos que se compraron para el adecuado funcionamiento de La Plaza Bicentenario, pues hasta donde se sabe éstos estaban abandonados y sin el debido cuidado en una de las bodegas de la Secoduvi.

Se trata de millones de pesos que no fueron resguardos correctamente por funcionarios de la pasada administración, de ahí que es obligación de la Contraloría del Ejecutivo determinar si hay responsables o no por el daño que sufrió ese equipamiento que seguramente no sirve por el poco cuidado que recibió.

Si hay una dependencia que ha estado de adorno en la actual administración es la Contraloría del Ejecutivo que se ha dedicado más a tapar todas las irregularidades que dejó el gobierno de Mariano González y a cubrir los errores y anomalías que llevan a cabo los actuales funcionarios, ya que hasta ahora se desconoce si hay servidores públicos sancionados o amonestados por alguna inconsistencia.

Trascendidos que circulan al arranque de la canícula

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Será en los próximos días cuando el Congreso del Estado despeje la duda sobre el trabajo que pretende realizar en las últimas seis semanas que le queda a la actual legislatura, pues se dice que el PRI aprovechará el control que tiene para designar a su conveniencia al procurador, al fiscal anticorrupción y a dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Tlaxcala.

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Trascendió que el proceso de fiscalización de las 105 cuentas públicas está incierto, porque si bien un grupo de diputados encabezados por el perredista Alberto Amaro Corona y el priista Mariano González Aguirre pretende llevarlo a cabo antes de que finalice el periodo de la actual legislatura, la realidad es que hasta ahora el nuevo líder de los diputados del partidazo, Arnulfo Arévalo Lara, no ha mostrado mucho interés sobre el tema, como si la instrucción fuera dejar ese trabajo a los próximo legisladores que asumirán sus cargos en septiembre.

Sin embargo, esa incertidumbre ha sido aprovechada por algunos diputados como el camaleónico José Martín Rivera Barrios, quien se dice anda muy activo visitando a los presidentes municipales para ofrecer su ayuda y lograr que sus cuentas públicas sean avaladas sin ningún problema, para lo cual se tienen que mochar.

El ex alcalde de Terrenate y constructor presume ir con el aval del diputado local Mariano González Aguirre, quien estaría enterado de todos los movimientos de su nuevo lacayo que por cierto ya ha sido grabado en sus sucias maniobras.

Trascendió que las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre la estafa maestra que involucra a dependencias federales del gobierno de Enrique Peña Nieto y a universidades públicas encontró un rastro que llevó a los sabuesos hasta Tlaxcala, donde al parecer detectaron anomalías en un contrato que estaría comprometiendo a la UAT y a un miembro de la familia Ortiz.

Los detalles de esa investigación están muy bien guardados, pero se especula que en unos días más se conocerán.

Trascendió que el galán Demetrio Rivas Corona líder de la Sección 31 del SNTE no sólo es el impulsor y protector de la próxima diputada local del Panal en el Congreso del Estado, Luz Guadalupe Mata Lara, sino su coach en su reciente carrera como legisladora.

Ambos personajes estarían buscando por todos los medios tener un acercamiento con los diputados de Morena y sus dirigentes, con la intención de ofrecer sus servicios y su voto a cambio de que al Panal le dejen controlar y designar al próximo Director de Comunicación Social del Poder Legislativo.

Aseguran que el rompimiento con el PRI y el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez es inminente y que por esa razón pretenden llevar su “fuerza política” hacia nuevos rumbos.

Trascendió que el regreso de Luis Miguel Álvarez Landa a la Oficialía Mayor de Gobierno no cayó nada bien entre los trabajadores, no sólo porque ya fueron amenazados por el priista de que llegaría a correr a los traidores que no votaron por el PRI en los pasado comicios del 1 de julio, sino porque el personal que lo acompañó en su labor proselitista nunca dejó de cobrar en la administración estatal.

El personal que estuvo comisionado con Álvarez Landa está lejos de mostrar tristeza por los resultados electorales que obtuvieron como operadores priistas, pues aunque no lograron la votación esperada éstos recibieron un jugoso bono que en algunos casos les alcanzará para estrenar automóviles 2019.

Así hasta da gusto recibir una paliza en las urnas. O no.

Violencia desbordada en Tlaxcala

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Los discursos oficiales y los anuncios gubernamentales sirven de poco o nada para contener la inseguridad en un estado de las características de Tlaxcala, donde los habitantes viven con miedo y en la zozobra por los delitos de gran impacto que se comenten y que las autoridades tanto federales, estatales y municipales son incapaces de combatir.

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La postura oficial es que Tlaxcala se ubica como la segunda entidad más pacífica del país y también entre los cinco estados con menor incidencia de delitos, sin embargo los hechos violentos registrados en los últimos días demuestran que el esfuerzo y esmero del gobierno estatal para seguir brindando resultados a la ciudadanía en ese rubro son insuficientes y que los responsables de prevenir y combatir la inseguridad han fracasado.

Si hoy no resulta preocupante y alarmante que en menos de 24 horas se hable de dos ejecuciones, una Yauhquemehcan que involucró a un ex policía federal y a un joven trabajador y otra en el municipio de Españita donde apareció el cuerpo de un hombre con un tiro de gracia, entonces estamos jodidos y mal porque sería minimizar hechos violentos y querer evadir una realidad que dibuja claramente el hundimiento que existe en Tlaxcala en materia de seguridad.

El caso de Yauhquemehcan encendió los focos de alarma al interior de la descabezada Procuraduría General de Justicia en el Estado al comprobar que el ex agente federal y su joven empleado no sólo fueron torturados, sino que cada uno tenía más de siete disparos de arma de fuego, lo que evidenció saña de los hombres que cometieron impunemente esos homicidios que seguramente se sumarán a los innumerables casos sin resolver que cada mes acumula la dependencia encargada de investigar esos hechos y que hoy dice controlar el protagónico subprocurador José Antonio Aquiahuatl Sánchez.

En Tlaxcala era raro que se dieran ese tipo de hechos violentos, pero al parecer hoy es normal y hasta común, como lo es difundir noticias que refieren el desmantelamiento de centros de operación de huachicoleros y la persecución a balazos para detener a delincuentes que intentaron robar un automóvil en la capital del estado, donde curiosamente la delincuencia se ha desbordado y pareciera que tiene carta libre para robar cajeros automáticos y cometer otros delitos sin que tenga temor de ser detenida o perseguida.

Los atracos a camiones de carga se siguen presentando, así como los robos a los vagones del tren por la zona de Huamantla. Las llamadas de extorsión van en aumento y los prósperos empresarios tlaxcaltecas amigos del poder también son víctimas del crimen, como el reciente hecho violento registrado en una de las propiedades del dueño de Providencia, Rafa Torre Mendoza, que dejó un saldo de un vigilante muerto.

Mientras en Tlaxcala se le resta importancia a los hechos violentos y a la presencia del crimen, los Estados Unidos emitieron una alerta de viaje a sus ciudadanos para que extremen precauciones si es que van a visitar a nuestro estado, lo cual evidencia que la seguridad en la entidad atraviesa por su peor momento.

Los meses pasan y la seguridad lejos de mejorar empeora, situación que de mantenerse golpeará más la imagen del gobierno del estado que en los pasados comicios ya comprobó que no goza del respaldo ciudadano, de ahí que es urgente analizar el tema para decidir si la administración requiere un cambio no sólo en el personal, sino en la estrategia si es que hay, porque ésta no se ve por ningún lado.

Imagínese como se encuentra el nivel de inteligencia de la administración estatal que hace unos días el recién llegado secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, feliz por su nuevo encargo se dedicó a buscar a los presidentes municipales para pedirles que se sumaron al trabajo de las autoridades estatales y aceptaran la coordinación para entregar mejores resultados.

El choro que Pérez Carro lanzaba a los alcaldes fue el mismo y nunca le cambio ni una coma. Lo malo es que las llamadas se llevaron en absoluto desorden, pues resulta que un edil atendió una noche al lenguaraz ex procurador José Aarón Pérez y a la mañana siguiente recibió la misma llamada con el mismo rollo, lo que evidenció que el secretario de Gobierno sólo actúa por instinto y que ni siquiera prestó atención sobre la persona con la que habló.

Esa es una de las razones que explican porque cuando estuvo al frente de la Procuraduría de Justicia no hizo nada.

Las mentiras entorno a la fiscalización

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La tentación de los diputados locales próximos a dejar sus cargos en los últimos días de agosto de someter a votación 105 cuentas públicas de los entes fiscalizables correspondientes al 2017 es real, sin embargo poco o nada podrán hacer para cambiar el sentido de los dictámenes que sólo un reducido número de legisladores conoce.

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Al parecer los legisladores locales no han entendido que los tiempos y las personas cambian, de ahí que para ellos puede salir contraproducente el tratar de vender protección a los presidentes municipales con inconsistencias en sus cuentas públicas, pues hoy en día existe otro método y una diferente forma de trabajo que difícilmente se puede alterar porque hacerlo implicaría dejar huellas y antecedentes que podrían derivar en alguna sanción de carácter administrativo y hasta penal.

Antes, los diputados en complicidad con el ex auditor del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Luciano Crispín Corona Gutiérrez, se daban el lujo de alterar dictámenes y cambiar de la noche a la mañana el sentido de los mismos, situación que permitía a muchos alcaldes brincar las observaciones y seguir lucrando con los recursos públicos sin enfrentar ninguna consecuencia legal.

Hoy, es cierto que personas ligadas al diputado perredista Alberto Amaro Corona como la contadora Jovana Quintero intentan convencer a ingenuos alcaldes de contratar sus servicios para lograr enderezar sus cuentas públicas, sin embargo es falso que en esas sucias maniobras esté involucrada la auditora general del OFS, María Isabel Maldonado Textle, por la sencilla razón del proceso que siguió para entregar los expedientes de las cuentas públicas que pronto serán revisadas y sometidas a votación en el pleno del Poder Legislativo.

Alguien debió contarle al diputado Amaro Corona que si bien la Comisión de Finanzas y Fiscalización que estaba en manos del inútil panista Juan Carlos Sánchez García recibió los expedientes completos de las 105 cuentas públicas que serán revisadas, éstas también llegaron con el dictamen correspondiente que fue debidamente notariado.

En el documento que elaboró el notario público quedó asentado claramente el sentido en que estaba el documento, es decir, reprobatorio o aprobatorio, de ahí que si alguien decide alterar por sus intereses ese resultado que emitió el personal técnico y especializado del OFS deberá explicar las razones y enfrentar las posibles repercusiones políticas y legales que se tengan.

Dicen que uno de los principales interesados en desacreditar el trabajo del OFS es el ex alcalde de Zacatelco y frustrado perdedor de las elecciones para diputado local, Francisco Román Sánchez, quien anda más que preocupado por las observaciones que enfrenta su marioneta Martha Palafox Hernández, quien dice ser la alcaldesa de San Lorenzo Axocomanitla, pues habría evidencias de que los recursos de ese ayuntamiento fueron a parar a la campaña del hoy priista y disminuido líder campesino.

Habrá que ver cuál es el comportamiento que tendrá el PRI ante el proceso de fiscalización que se avecina en el Congreso del Estado, pues si acepta el juego del diputado perredista Alberto Amaro de acelerar la revisión y aprobación de los dictámenes corre el riesgo de avalar cuestionadas cuentas públicas y confirmar ante la opinión pública que es un partido que alienta y solapa la corrupción si se comprueba que hubo cambios en el sentido de los fallos técnicos del OFS.

En este proceso de fiscalización no dude que serán reprobadas varias cuentas públicas y que algunos presidentes municipales tendrán serios problemas para mantener la estabilidad en sus ayuntamientos, sobre todo cuando se conozca el enorme desorden que prevalece en las finanzas.

No descarte que en los próximos días se registren protestas y manifestaciones en el Congreso del Estado para tratar de desacreditar las revisiones contables de algunos ayuntamientos, principalmente de aquellos municipios cuyos ediles saben que las cuentas no les cuadraron durante el primer año de su gobierno.

Algunos presidentes municipales ya han empezado a lamentar sus excesos y eso que aún no son expuestos.

La urgente transformación del PRI

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El PRI nacional sabe que no puede posponer lo inevitable si es que quiere mantenerse como una opción para recuperar el poder, de ahí que inició la renovación de su dirigencia que fracasó rotundamente en su intento de retener la presidencia de México y el control de las cámaras de Senadores y Diputados.

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A 15 días de su peor derrota electoral en su historia, el PRI empezó su transformación y apresuró la salida de René Juárez Cisneros que por más que intentó no puedo evitar el hundimiento del barco que antes de su llegada tenía bajo su conducción el bravucón peñista Enrique Ochoa Reza, quien nunca tuvo la capacidad ni el liderazgo para frenar la creciente campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

Líderes del partidazo han destacado la urgente necesidad de transformar al tricolor para corregir las fallas y errores que lo alejaron de los electores, al grado que lo marginaron de muchas posiciones de poder al ubicarlo como minoría en el Congreso de la Unión y en más de 17 Congresos estatales.

La mano visible que empezó a mover los hilos de poder al interior del PRI para retomar el control del partido es la del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, quien se ubica como uno de los rivales políticos del virtual presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Sin dudas el priista buscará armar un contrapeso al tabasqueño para complicarle su desempeño como autoridad.

Y mientras a nivel nacional se registran esos movimientos, en Tlaxcala la cacareada cacería de brujas para expulsar a los traidores del partidazo que anunció su dirigente estatal, Roberto Lima Morales, parece que llegó a un callejón sin salida porque lejos de aceptar su mayúsculo fracaso electoral siguen buscando culpables de su pésimo trabajo que los llevo a perder en tan sólo año y medio más 80 mil votos.

Si el PRI en Tlaxcala quiere recuperarse para enfrentar dignamente la sucesión del gobernador en el 2021, tendrá que optar por una nueva dirigencia que se abra a todas las corrientes y no sólo a la del menismo.

Los resultados obtenidos el pasado 1 de julio demuestran que los priístas tlaxcaltecas castigaron no sólo al corrupto gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, sino también a la administración del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez que nunca abrió los espacios a los liderazgos de ese partido que en la campaña del 2016 se la jugaron para retener el poder pese a la marginación que sufrieron durante el gobierno de Mariano González Zarur.

Los funcionarios que acompañan en el gobierno a Mena Rodríguez nunca trabajaron ni operaron a favor del PRI. La estructura electoral que había al interior de la administración fue olvidada, marginada y hasta maltratada, por lo que terminó operando por la causa de López Obrador que en la entidad logró una votación histórica de 300 mil votos que difícilmente alguien podrá alcanzar en el corto plazo.

Los titanes de la operación político electoral como Luis Miguel Álvarez Landa, ex Oficial Mayor de Gobierno y coordinador de la campaña presidencial de José Antonio Meade Kuribreña, Carlos Bailón Valencia, secretario Técnico de la Oficina del gobernador, Roberto Lima Morales, líder del PRI en Tlaxcala y las desinfladas hordas marianistas hicieron el ridículo en la pasada jornada al no ganar nada más que una diputación plurinominal.

La salida de Roberto Lima de la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI es obligada, sobre todo si ese partido pretende llevar a cabo una real transformación que le permita recomponer su relación con los electores, porque el tiempo avanza y cada día que pierdan será peor para el partidazo que a partir de septiembre dejará de tener el control del Congreso de la Unión y del Congreso local.

Aunque el grupo menista no ha sido criticado por los resultados que obtuvo en las elecciones del 1 de julio, la realidad es que al interior del PRI hay grupos que están molestos e inconformes con la conducción del partido, de ahí que no sería extraño ver que en breve surjan voces que exijan un cambio radical en la dirigencia donde estén representados los liderazgos y no sólo los amigos y familiares del jefe político del tricolor.

Es cuestión de tiempo.

La justicia a conveniencia en Tlaxcala

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Ojalá de ahora en adelante el secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, decida asumir el papel de rudo para todos los asuntos que involucren la impartición de justicia, tal y como lo hizo con el caso del conductor de la colectiva de la empresa Flecha Azul que provocó la muerte de seis personas, porque cuando opta por ponerse la máscara de técnico deja en la indefensión a cientos de tlaxcaltecas.

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La presión del gobierno del estado, de los familiares y mediática hicieron rectificar la decisión de la juez Angélica Aragón Sánchez, quien ayer mismo ordenó suspender la libertad del presunto responsable del accidente registrado el pasado sábado 7 de julio en Acuitlapilco que dejó varias personas sin vida, de ahí que Tomás N. deberá enfrentar su proceso penal desde la cárcel y no en su casa como inicialmente se había aprobado.

El ex procurador Pérez Carro podrá presumir que su postura sobre el caso y la queja que lanzó sobre la actuación de la mencionada juez tuvo los efectos esperados, vaya hasta estará en condiciones de sentirse el segundo hombre con más poder en Tlaxcala, sin embargo habrá que ver que explicación da a múltiples familias que esperan recibir justicia desde hace varios meses y cuyos llamados a las autoridades han sido ignorados.

Dudo que José Aarón Pérez desconozca la problemática que enfrentan varias familias tlaxcaltecas que para su desgracia fueron víctimas de algún delito y que por desidia de los agentes del ministerio público y de los cuatro jueces penales que aplican el sistema tradicional no han podido lograr que sus expedientes avancen.

Resulta que los jueces penales Ernestina Carro Roldán, Luis Alberto Lima Hernández, Olivia Mendieta Cuapio y Ramón Jiménez Casco suelen declararse incompetentes en ciertos asuntos en los cuales los agentes del ministerio público solicitaron se ejercitará la acción penal ya estando en vigor el nuevo sistema penal, pese a que los expedientes se iniciaron cuando aún se aplicaba el anterior marco jurídico.

Se dice que los mencionados impartidores de justicia sólo siguen las indicaciones del presidente de Tribunal Superior de Justicia en el Estado, el poblano Héctor Maldonado Bonilla, pues al parecer giró una circular a los cuatro jueces en la cual les hacía mención que deberían de declararse incompetentes en los asuntos de los años 2015 y 2016.

Lo anterior si tomar en cuenta que muchas denuncias fueron presentadas estando en vigor el sistema tradicional. Trascendió que dicha circular se mantiene en secreto, ya que tal indicación sólo se basó en un razonamiento emitido por la Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado y a una postura fijada por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala.

Sin embargo, esos razonamientos corresponden a un asunto particular y no se pueden aplicar en lo general, como si fuera una tesis o una jurisprudencia.

Se dice que lo anterior pretende dar el sustento para desaparecer dos juzgados y solo quedarse con dos instancias penales del sistema tradicional. Uno en el distrito judicial de Sánchez Piedras y otro en Guridi y Alcocer.

Lo anterior pese a que existe un enorme rezago en órdenes de aprehensión vigentes así como asuntos que aún no han concluido. Los agraviados se han quejado ya que los ministerios públicos adscritos hacen mención que no pueden apelar o interponer algún recurso al menos que reciban una orden por parte de su superior o sea el que fungía como procurador José Aarón Pérez o del enmarañado subprocurador José Antonio Aquiahuatl Sánchez.

Para nadie es un secreto que la Procuraduría de Justicia no ha ejecutado un importante número de órdenes de aprehensión que ha recibido por parte de los jueces, situación que ha afectado seriamente a la parte agraviada porque ésta no puede recibir la justicia que demandó.

También, es una realidad que a los jueces del sistema penal acusatorio les tiembla la mano para fijar alguna medida cautelar económica o prisión preventiva, ya que sólo optan por las decisiones más accesibles para los imputados y aquellas que les implica el menor trabajo en los juzgados.

Hoy todos están pendientes de la actuación de la juez Angélica Aragón Sánchez sobre el caso del accidente provocado por el conductor de una unidad de pasajeros de la empresa Flecha Azul, pero no crea que es la primera vez que deja salir a un presunto culpable, pues son varios las inculpados que han logrado su libertad pese a que las acusaciones está más que sustentadas.

En Tlaxcala la justicia es selectiva y a conveniencia. Qué pena.

Mucho ruido y pocas nueces

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A una semana del estruendoso discurso del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez sobre las deslealtades de sus funcionarios y el relanzamiento de su administración, sólo se ha concretado la salida del secretario de Gobierno Tito Cervantes Zepeda y de otros dos servidores públicos cuyo trabajo era mediocre, así como la rotación de empleados encargados de administrar recursos públicos.

Gabinete 13 (FILEminimizer)

Hasta ahora nadie sabe con precisión cuál fue la deslealtad o la terrible falta que cometió Tito Cervantes para ser removido de su cargo y permitir la llegada del lenguaraz ex procurador José Aarón Pérez Carro, quien según una entrevista concedida a El Sol de Tlaxcala encontró la dependencia en orden y a un estado en paz y con estabilidad.

El incoloro nuevo secretario de Gobierno volvió a recurrir a posturas mediocres y desgastadas para dar nota y pretender aparecer como un funcionario de altos vuelos.

En la entrevista a modo, el ex servidor público de la PGR dijo que llevará a cabo un diagnóstico de la dependencia para conocer sus áreas de oportunidades, tal y como lo hizo en la Procuraduría General de Justicia en el Estado, donde según él, dejó una reorganización y un nuevo ambiente de trabajo, lo cual es más falso porque esa institución sigue sumergida en la ineficiencia, al grado que el ególatra subprocurador José Antonio Aquiahuatl Sánchez está más interesado en promover a una universidad “pato” que en atender sus responsabilidades.

Los ciudadanos esperaban cambios de fondos en el gabinete y no la rotación de piezas. La salida de Roberto Armas Aramburu de la dirección de Pensiones Civiles para dar paso a Roberto Carlos Morán Pérez es intrascendente y en nada mejorará la actuación de la administración estatal.

Los sesudos análisis publicados en otros medios refieren que Roberto Armas se fue por ser marianista, pero si eso fuera un motivo para dejar de cobrar en el gobierno estatal Juan Antonio González Necoechea ya habría abandonado su puesto como director del ITC, no sólo porque ser sobrino del ex gobernador Mariano González Zarur, sino porque su trabajo es tan malo que su limitada inteligencia le impide valorar en su justa dimensión la llegada a Tlaxcala de la Secretaría de Cultura de la administración federal que presidirá Andrés Manuel López Obrador.

La remoción de Mario Hernández Ramírez de la dirección Administrativa de la Secretaría de Salud era obligada y se debió dar desde hace unos meses cuando ese funcionario provocó la infección de varios enfermos renales. También es responsable del desorden financiero y la escasez de vacunas y otros insumos en clínicas y hospitales.

Para tratar de corregir esos errores en la Sesa se nombró a Guadalupe Zamora Rodríguez, quien se desempeñaba como directora administrativa en la USET, dependencia que ya va por su tercer administrador con la llegada de Alicia Zamora Domínguez.

Llama la atención que los cambios se centren en la áreas donde se maneja y ejecutan los gastos de las dependencias estatales, situación que resulta preocupante porque pareciera que existen irregularidades o subejercicios que se pretenden cubrir y esconder.

Un informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que circuló hace unos días entre diputados federales y senadores, reveló que en Tlaxcala hay un subejercicio superior a los cuatro mil millones de pesos, es decir, existen recursos que se han recibido y que por alguna razón no se han ejercido.

Y si el gobernador está decidido en castigar la deslealtad y a los funcionarios que no trabajaron para que el PRI obtuviera el triunfo en los comicios del 1 de julio, valdría la pena que preguntara a uno de sus secretarios adicto a las cartas aclaratorias y al protagonismo que le explicara las razones que lo llevaron a asistir a la casa de la familia Haces en la Ciudad de México para apoyar a los candidatos de Morena. El encuentro estuvo presidido ni más ni menos que Layda Elena Sansores San Román.

El funcionario en cuestión no es tlaxcalteca y llegó al gabinete presumiendo un amplio currículum que con el paso de los meses se comprobó que sólo era la acumulación de hojas de papel. Le encanta la vigilancia a través de cámaras y presumir el control que ejerce sobre sus subordinados.