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Tlaxcala establecerá su propio semáforo epidemiológico

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Mientras el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez decidió que Tlaxcala no se sujetará al semáforo epidemiológico que algunas entidades de la Megalópolis establecerán para dar seguimiento y definir el retorno a las actividades ante la pandemia de Covid-19, el secretario de Salud en el estado, René Lima Morales, optó por mostrarse insensible ante los efectos que ha dejado la enfermedad y que ha cobrado la vida de 180 tlaxcaltecas.

Las medidas anticipadas que se establecieron en Tlaxcala desde el pasado 16 de marzo y que han implicado más de 80 días de confinamiento quizá no fueron tan efectivas, porque en la entidad no bajan los contagios ni se ha frenado el número de personas fallecidas por coronavirus, lo que también demuestra que las millonarias jornadas de sanitización emprendidas por las autoridades estatales y municipales no sirvieron para bajar la incidencia de infectados.

La Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Morelos e Hidalgo se ceñirán a un sólo semáforo epidemiológico que pondrán en marcha en coordinación con el gobierno federal, siendo Querétaro y Tlaxcala las únicas entidades de esa gran zona metropolitana las que recurrirán a su propia realidad para determinar la fecha en que estarían en condiciones de reanudar gradualmente las actividades hasta llegar a la nueva normalidad.

El mandatario tlaxcalteca sin recurrir a una violencia verbal o lanzar nuevamente una crítica al manejo de datos y proyecciones de la pandemia de Covid-19 por parte de Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud federal, optó por no sumarse a ese semáforo y anunciar que el aislamiento social y la sana distancia se mantendrá porque no existen condiciones para suspender tales medidas de protección, decisión que resulta acertada y que demuestra el interés por garantizar la salud y la vida de los habitantes de la entidad que gobierna.

Marco Mena sabe que los 1103 contagios confirmados de coronavirus son motivo de preocupación, así como las 180 muertes que hasta ahora ha provocada esa mortal enfermedad, porque esos fallecimientos pesarán y los tlaxcaltecas no los olvidarán tan fácil.

De ahí que la actitud asumida ayer por el ineficaz secretario de Salud de Tlaxcala, René Lima, durante la conferencia de prensa semanal para tratar el tema de la pandemia resultó poco acertada, pues si bien es positivo que en el estado haya 766 personas que se han recuperado de la enfermedad de Covid-19, la realidad es que habría que ver cuántas de ellas lo hicieron en los hospitales de la dependencia y cuántas lo hicieron en sus casas y con ayuda de sus familias.

Resaltar ese dato y minimizar las 180 muertes de pacientes por coronavirus no fue lo mejor, porque hay familias tlaxcaltecas dolidas por la pérdida de un familiar y porque hay otros pacientes con distintos males que han empezado a fallecer porque simplemente dejaron de recibir la atención médica en los hospitales estatales y federales que tenían antes de que se hiciera presente la pandemia.

Lima Morales conoce muy bien que no todos los pacientes de Covid-19 son tratados igual. Los recomendados y amigos de líderes sindicales o funcionarios estatales reciben un trato preferencial, mientras que hay otros que son simples ciudadanos que son enviados a sus casas a enfrentar solos la enfermedad.

Ejemplos de lo arriba señalado existen y en cualquier momento se pueden documentar.

Por lo pronto, urge conocer los detalles del semáforo epidemiológico que establecerán las autoridades tlaxcaltecas a fin de ir visualizando las probables fechas en que se podrían reanudar las actividades.

No descarte que el confinamiento social en Tlaxcala se mantendrá aún durante el presente mes.

La nueva normalidad en el Congreso del Estado

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En la actual legislatura la civilidad política ha sido un elemento muy escaso entre sus integrantes, pues los pleitos internos y las diferencias han prevalecido desde que se instaló evidenciando la marcada división entre la bancada de Morena y la enorme conveniencia que existe entre los diputados que integran la chiquillada.

Los cambios de integrantes de comisiones y de presidentes que se aprobaron el pasado viernes demostraron que el Congreso del Estado vive a partir de ese día una nueva normalidad.

Hoy el grupo mayoritario y de poder en el edificio de la calle Allende lo encabeza Ramiro Vivanco Chedraui, nuevo presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, que con el apoyo de diputados de Morena, el PES, el PT y de representante de otros partidos minoritarios se hizo del control de otras posiciones importantes como la Comisión de Finanzas y Fiscalización y la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos.

Los cambios que ayer fueron publicados en el Periódico Oficial con un número extraordinario y que ciertos diputados se negaban a aceptar como los morenistas Víctor Manuel Báez López, José María Méndez Salgado y María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi son legales hasta ahora, de ahí que habrá que ver si éstos son impugnados como en su momento lo declararon otros legisladores como la perredista Laura Yamili Flores Lozano.

Los diputados que se sentían poderosos, intocables y miembros de una casta divina como Báez López y María del Rayo Netzahuatl dejaron de tener influencia y un rol importante en la actual legislatura. De nada les sirvió ser asesorados, manipulados y manejados por el marrullero ex gobernador de Tlaxcala y director del Canal Once, el ex priista José Antonio Álvarez Lima.

Víctor Manuel Báez que suele tener uno que otro arrebato de honestidad y lucidez en la tribuna de Congreso local ahora se hará cargo de la intrascendente Comisión de Fomento Artesanal y Mipymes y María del Rayo Netzahuatl que como encargada de la poderosa Comisión de Finanzas y Fiscalización solía apoyar a sus conocidos y familiares para que éstos fueran contratados en los ayuntamientos pasó a presidir la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes.

El morenista Jesús Rolando Pérez Saavedra que tenía la importante Comisión de Puntos Constitucionales la dejó en manos de la protagónica y limitada legisladora del PES, Luz Vera Díaz. El primero ahora encabeza la destacadísima Comisión de Recursos Hidráulicos.

Los ajustes y cobro de facturas también incluyo reacomodos de integrantes en algunas comisiones, como la de Finanzas y Fiscalización que ahora encabeza el dócil y manipulable morenista Miguel Piedras Díaz. De esa influyente y poderosa instancia se decidió sacar a los delicados diputados Miguel Ángel Covarrubias Cervantes y María Félix Pluma Flores, quienes nunca debieron participar en la misma por el conflicto de intereses que tenían y porque sus familiares fungen actualmente como presidentes municipales de Texoloc y Tlaltelulco, respectivamente.

El ex perredista y hoy neo petista Miguel Ángel Covarrubias enfrentará dificultades para que la cuenta pública del 2019 correspondiente al ayuntamiento de Texoloc donde gobierna su madre Maribel Cervantes Hernández sea aprobada, pues ya se habla de que existe un probable daño patrimonial superior a los 20 millones de pesos.

Habrá que ver cuánto duran los cambios. Hasta ahora han existido cuatro presidentes de la Junta de Coordinación y Concertación Política. El primero fue Víctor Manuel Báez, seguido por la también morenista María Ana Bertha Mastranzo Corona, quien dejó su lugar a la petista Irma Yordana Garay Loredo que a su vez entregó la estafeta a Ramiro Vivanco, quien hoy dice representar los intereses de Morena cuando es conocido que gran parte de su corazón le pertenece al Verde Ecologista y otra parte al PRI.

Si Vivanco Chedraui tendrá o no talento para dirigir el Congreso del Estado en la nueva normalidad pronto lo sabremos.

Su limitada inteligencia, su enorme ego de sentirse el papuchis de la actual legislatura y su constante error de faltar a su palabra pueden provocarle problemas porque manejar el Congreso no es lo mismo que andar de galán y conquistador.

El falso debate en torno a la paridad de género

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En los últimos días a ciertas diputadas, activistas, académicas y políticas les ha dado por sostener un falso debate en torno a la paridad de género en Tlaxcala, bajo el argumento que los diputados locales atentaron contra las mujeres al aprobar una reforma y eliminar una disposición que obligaba a los partidos políticos a registrar en el primer lugar de la lista de candidatos a diputados plurinominales a damas para los comicios del 2021.

Las acusaciones de que se atentó contra ese género no han parado, así como los señalamientos de que se aplicó una violencia contra ese sector porque, según las inconformes, se le arrebató a las mujeres la posibilidad de acceder a la siguiente legislatura por la vía plurinominal, lo cual es absolutamente falso porque tal posición carece de argumentos legales para impugnar la reforma en otras instancias jurisdiccionales.

En Tlaxcala prácticamente se han llevado tres procesos electorales aplicando el principio de paridad en el registro de las candidatas y candidatos a todos los cargos de elección popular.

En el estado es una realidad la paridad de género horizontal y vertical, situación que se puede comprobar con los pasados registros de abanderados a diputados, alcaldes y presidentes de comunidad.

Desde el año 2013 la ley electoral de Tlaxcala ya establece un porcentaje de 50 por ciento mujeres y 50 por ciento hombres en el registro de candidatas y candidatos, contrario a lo que han afirmado las inconformes con las recientes reformas avaladas, es decir, en la entidad se hizo valer la paridad de género un año antes de que se fijara y se implementara a nivel nacional siendo eso en el 2014.

Para nadie es desconocido que en Tlaxcala se aplica la paridad horizontal cuando los partidos están obligados a registrar 30 candidatas a alcaldesas y 30 candidatos a ediles, para lo cual se deben implementar segmentos de competitividad alta, media y baja para que en cada bloque se haga efectiva la paridad, con lo cual se garantiza que los institutos no postulen candidatas en demarcaciones de rentabilidad electoral baja.

La paridad vertical se puede observar en la lista de candidatos que va intercalando géneros, por ejemplo si un partido registra a un varón a alcalde la posición de síndico deberá ser para una mujer, para luego poner a un hombre como primer regidor y como segunda regidora a una mujer y así hasta completar la planilla.

En el caso de las diputaciones de mayoría, la autoridad electoral establece que se registren fórmulas del mismo género (propietario y suplente del mismo género), y se aplica la paridad horizontal (8 y 7 fórmulas de cada género, para alcanzar el registro en los 15 distritos locales).

Y ante el escenario de que fueran puros varones lo que resultaran electos en los 15 distritos de mayoría, la autoridad electoral estaría obligada a compensar la llegada de mujeres en la siguiente legislatura. Lo más seguro es que las 10 diputaciones que se reparten por la vía plurinominal sean asignadas para féminas, aunque éstas no encabecen la lista que previamente hayan registrado los partidos políticos.

Si bien se eliminó en la recién reforma un artículo transitorio que obligaba nuevamente a los partidos a registrar mujeres en el primer lugar de la lista de candidatos a diputados por la vía plurinominal, lo cierto es que los institutos políticos están en libertad de poner a la cabeza de ese listado a un hombre o una dama siempre y cuando cumpla con la paridad vertical, medida que no atenta ni limita la participación política de nadie.

Si algún partido no cumple con las reglas que garantizan la paridad de género puede ser sancionados con el no otorgamiento del registro de sus candidatos por parte del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y se abriría la posibilidad de aplicar las famosas “tómbolas” que la autoridad utilizó en la elección 2016 para definir a los aspirantes a los comicios de presidentes de comunidad.

La paridad de género está garantizada y en ningún momento fue trastocada.

Contagios a la alza y Tlaxcala lejos de la normalidad

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Tlaxcala entra a su cuarta semana con un registro elevado de contagios de Covid-19, lo que aleja la posibilidad de imponer en los siguientes días la nueva normalidad.

El confinamiento social seguirá vigente y el clima de descontento contra el gobierno por parte de los ciudadanos se agravará, así como el malestar que existe entre el personal de la Secretaría de Salud que podría desencadenar en una protesta para exigir mejor y más equipo de seguridad para enfrentar la enfermedad.

En México el coronavirus no está domado como hace unos días lo aseguró el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, ya que a la fecha se han superado las 90 mil personas infectadas y el número de muertes casi se ubica en las 10 mil.

En Tlaxcala se han reportado 176 fallecimientos de Covid-19 y el número de infectados positivos es de mil 12 casos, siendo las últimas semanas en las que se han registrado el mayor número de contagios y de muertes.

La prolongada cuarentena que hasta ayer implicó 77 días de confinamiento ya es cuestionada porque pese a ese aislamiento y a la sana distancia, el número de contagios sigue a la alza y nomás no se ve cuando se reportará “el pico” de infectados y cuando se “achatará” la creciente curva de contagiados.

En la entidad no existen condiciones para entrar a la nueva normalidad y el riesgo de que siga aumentado el número de pacientes afectados por el coronavirus y de personas fallecidas es real, de ahí que el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez y el secretario de Salud, René Lima Morales, deberán ser muy prudentes en las decisiones que asuman localmente porque existe el riesgo de que la pandemia se mantenga con la misma intensidad y termine por colapsar los servicios médicos del estado.

El malestar del personal que labora en los centros de salud y hospitales del estado existe. Aunque hasta ahora ha prevalecido la prudencia, la realidad es que no descartan hacer pública su inconformidad por la mala calidad de los equipos que reciben para trabajar y la limitada entrega de esos artículos, sobre todo a los trabajadores que están adscritos al área de Covid-19.

No han recibido estímulos económicos, ni les han pagado los viáticos prometidos. La posibilidad de ver en los siguientes días un paro o una protesta frente al Palacio de Gobierno está latente.

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno federal que encabeza López Obrador, reconoció este fin de semana que una equivocación en la aplicación de la nueva normalidad una vez finalizada la jornada nacional de la sana distancia y el aislamiento social podría tener severas consecuencias en los estados y el país.

El funcionario dijo que si el retorno gradual de las actividades no cumple con ciertos lineamientos sanitarios ni lo establecido en el semáforo epidemiológico que impuso la administración federal, la cantidad de mexicanos infectados se podría disparar y el número de muertes provocadas por esa enfermedad podría llegar hasta las 30 mil.

Empieza junio y seguramente Tlaxcala mantendrá el confinamiento social durante la primera quincena.

Mayo terminó con números rojos en materia de contagiados y muertos. En materia económica habrá que ver que nos dejó, porque seguramente la pérdida de empleos fue severa.

En fin, la pesadilla del Covid-19 aún no termina.

La insultante incongruencia de los diputados locales

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Las prisas son malas y más cuando se recurre a ellas para sacar adelante cuestionados procesos legislativos que responden más a intereses particulares que a generales, como lo que ayer sucedió en el Congreso del Estado donde los diputados aprobaron reformas a siete leyes para garantizar los derechos de las mujeres y sancionar la violencia contra ese sector.

Aunque usted no lo crea ese trabajo legislativo encaminado a eliminar y castigar las conductas violentas contra las mujeres fue el pretexto para que los diputados dirimieran sus añejas diferencias y cobraran venganza de antiguas afrentas.

Sin tener argumentos sólidos y de peso, 13 legisladores locales de los 25 que componen la Cámara de Diputados decidieron en cuestión de minutos quitar la presidencia de la Junta de Coordinación y Concertación Política a la petista Irma Garay Loredo, posición que ocupó gracias al respaldo que recibió del grupo morenista encabezado por Víctor Manuel Báez López y de la llamada chiquillada que ayer se dividió.

La ausencia de la legisladora del PT, Michaelle Brito Vázquez, considerada por los protagonistas del inmueble ubicada en la calle Allende como “la salada”, porque siempre que se suma a un grupo para realizar votaciones importantes suele perder, fue un factor determinante para que Garay Loredo fuera echada de una de las comisiones más importantes del Poder Legislativo.

Otro movimiento que sorprendió pero que no causó mucho malestar fue el de la morenista María del Rayo Netzahual Ilhuicatzi, quien se desempeñaba como responsable de la influyente y poderosa Comisión de Finanzas y Fiscalización, cargo que utilizó, según los comentarios de sus propios compañeros, para darle trabajo a sus recomendados en varios ayuntamientos, como es el caso de su hermano que cobra en la administración de Apizaco que preside el panista Julio César Hernández Mejía.

Si bien la mayoría de diputados respaldó esos cambios, lo cierto es que la otra mitad de legisladores presentes en la sesión de ayer se opuso y calificó de ilegal tales reacomodos porque, según ellos, los movimientos respondieron más a un acto de venganza.

Incluso hubo hasta diputados como el ex priista Báez López que utilizaron la tribuna para ejercer violencia contra aquellas legisladoras que votaron en contra de la reforma que obligaba a los partidos políticos a registrar a una mujer en el primer lugar de la lista de candidatos a diputados por la vía plurinominal para los comicios del 2021. Fueron catalogadas entre otras cosas de traidoras y de asumir el papel de “juanitas”.

La diputada de Nueva Alianza, Luz Guadalupe Mata Lara, fue la que pidió eliminar tal propuesta, lo que provocó un tremendo berrinche de su dirigente estatal, Sandra Corona Padilla, la ex legisladora local y compinche del PRI, misma que pretendía beneficiarse con tal disposición y vivir nuevamente con los lujos que da ser miembro del Congreso de Estado.

La aparente armonía y civilidad que existía en la actual legislatura y que se mantuvo por algunos meses se perdió ayer. Las diferencias y pleitos serán la constante, situación que complicará el trabajo que deberán llevar a cabo los diputados tlaxcaltecas en los siguientes meses.

Se dice que los cambios registrados ayer no son los únicos, porque el nuevo grupo mayoritario de diputados locales que se conformó buscará otros reacomodos que seguramente provocarán pleitos de antología.

La imagen de la actual legislatura es pésima y cuánta razón tiene el morenista Víctor Manuel Báez al aceptar en tribuna que la población hace bien en no bajar de “pendejos y corruptos” a los actuales diputados, quienes por la falta de resultados en el trabajo que realizan reciben justificadamente y de manera recurrente mentadas de madre.

Su arranque de honestidad fue conmovedor. O no.

Una reforma electoral fallida en Tlaxcala

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A los diputados locales se les han ido casi todas las oportunidades que han tenido para aprobar leyes de avanzada o modernas. Ahora les urge sacar adelante una reforma electoral que no propone nada nuevo y lo único que busca es establecer como obligación para los partidos políticos la alternancia permanente de género en las candidaturas a diputados locales, alcaldes y presidentes de comunidad, dejando fuera de ese proceso la nominación para gobernador de Tlaxcala.

Si la mencionada reforma que es “analizada” prospera en los términos en que está, nuevamente serán mujeres las que encabecen la lista de candidatas a diputadas plurinominales y será hasta las elecciones del 2024 cuando los hombres puedan ocupar los primeros lugares para acceder por esa vía al Congreso del Estado.

Los cambios en la norma electoral pretenden eliminar la camisa de fuerza y la injerencia que tiene el desprestigiado Instituto Tlaxcalteca de Elecciones para determinar los municipios y distritos donde se debe registrar varón y en que otros mujeres, atiendo variables como el número de votos alcanzados en los últimos comicios, si hay competencia o no, el número de ciudadanos inscritos en el padrón y otros criterios.

Según la reforma y en caso de que sea aprobada en los actuales términos en que se encuentra, en Tlaxcala donde gobierna el PRI a través de la alcaldesa capitalina Anabell Ávalos Zempoalteca estaría obligado a proponer como candidato a un varón para los comicios del 2021 y en Apizaco donde gobierna el PAN con Julio César Hernández Mejía el blanquiazul tendría que registrar a una dama.

Ese criterio sólo se establecería para las elecciones de diputados locales, alcaldes y presidentes de comunidad, situación que al parecer ya tiene el consenso de la mayoría de los legisladores.

El punto que ha generado cierta inconformidad es en un artículo transitorio que considera por “única ocasión” la obligación de registrar en el primer lugar de la lista de diputados plurinominales a mujeres, tal y como sucedió en las pasadas elecciones y que terminó por sobrerrepresentar a ese género al ocupar 15 de los 25 espacios disponibles en el Congreso del Estado.

Si un partido político sólo va a contender en los comicios del siguiente año por 40 municipios, entonces deberá registrar a 20 mujeres y 20 varones, es decir, no podrá registrar a 30 hombres y 10 damas y argumentar que hizo eso porque en los ayuntamientos donde no competirá tenía previsto llevar como candidatas a señoras.

Lo que se busca es que un solo género tenga una marcada mayoría como sucedió en los comicios del 2016 en donde resultaron electos como alcaldes 54 hombres y sólo 6 mujeres que hasta ahora gobiernan Tlaxcala, Tlaxco, Axocomanitla, Texoloc, Acuamanala y Emiliano Zapata.

La reforma electoral en Tlaxcala no tiene nada nuevo y más bien está dando el pretexto para alentar discusiones estériles que no conducen a nada, porque es claro que los diputados han optado por cancelar la posibilidad de llevar a cabo cambios de avanzada como podría ser la obligatoriedad de establecer cuotas de candidatos para jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Aunque aún existe tiempo para concretar cambios relevantes e importantes en esa legislación, porque el plazo para poder modificar esa norma vence el 5 de septiembre, la realidad es que no se ve mucho interés en concretar una reforma de gran calado.

Las más interesadas en concretar los cambios en materia electoral son la petista Irma Garay Loredo y la panista Leticia Hernández Pérez, quien apoya con todo esas modificaciones por instrucciones de su dueña la diputada federal Adriana Dávila Fernández que se muere por seguir acumulando en su trayectoria cargos plurinominales, de ahí que quizá ya está pensando en llegar al Congreso de Estado, situación que le resultará muy complicada y hasta difícil porque desde hace unos meses simplemente dejó de tener el control del PAN en Tlaxcala.

Tenga presente que en la entidad la reelección para diputados locales está permitida siempre y cuando sea por la misma vía en que resultó electo, de ahí que Irma Garay no pueda ocultar su felicidad por el consenso que empieza a tener la reforma electoral que para ella es un traje a la medida.

Reanudar labores o prolongar el quédate en casa

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Un difícil dilema es el que deberán enfrentan en los próximos días las autoridades estatales ante la pandemia Covid-19, porque los contagios y enfermos siguen a la alza en Tlaxcala, sin que hasta ahora se tenga la certeza de cuándo será la semana en que la curva de infectados registrará una inflexión que demuestre que el aumento de pacientes se detuvo.

Los casos de personas afectados por el coronavirus siguen incrementándose y se desconoce si la semana pasada fue la que reportó “el pico” de contagios o será ésta porque los primeros datos obtenidos ayer lunes arrojan un comportamiento muy similar al captado en días pasados, de ahí que han empezado a surgir dudas si el primero de junio algunas actividades comerciales e industriales podrán reanudarse.

El confinamiento decretado por el gobierno del estado cumple hoy 72 días y para el domingo 31 de mayo los tlaxcaltecas tendrán acumulados 77 días de aislamiento social, situación que resulta agobiante no sólo por el desgaste psicológico, económico y emocional de las familias y de las personas, sino que urge conocer cuál será la nueva realidad que se enfrentará para adaptarse y buscar los mecanismos que permitan vivir lo mejor posible.

La semana pasada fue la que acumuló el mayor número de contagios al haber sumado 207 nuevos infectados de Covid-19, sin embargo la tendencia registrada se mantuvo este lunes según el reporte diario que emite la Secretaría de Salud del estado que confirmó un acumulado de 810 enfermos y 148 fallecimientos.

De acuerdo con los datos disponibles, se sabe que hay 405 pacientes que están a la espera de confirmar el resultado de su prueba y otros 810 que están bajo vigilancia epidemiológica.

Aunque los contagiados se concentran en las principales zonas urbanas de la entidad como la capital del estado, Apizaco, Chiautempan, San Pablo del Monte, Zacatelco, Huamantla y Calpulalpan, también se empiezan a recibir a pacientes del medio rural donde la enfermedad ya se hizo presente.

Si la cuarentena por más de 70 días ayudó a contener el número de contagios y a evitar la saturación de los servicios médicos disponibles como lo ha asegurado Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno federal, entonces no sería nada raro que en los próximos días se informara que en Tlaxcala se mantendrá por otros 15 días más el confinamiento social y que sólo el primero de junio reanudará labores la industria automotriz que le urge regresar ante el riesgo de perder clientes y mercado.

Otro sector que también reiniciará con sus operaciones es el de la construcción que forma parte de las actividades esenciales.

El resto de las actividades seguirán suspendidas y no descarte que el gobierno que encabeza Marco Antonio Mena Rodríguez determine reanudar las labores de la nueva normalidad hasta el lunes 15 de junio, medida que si es decretada implicará casi 92 días de confinamiento social que sin dudas provocará muchas complicaciones.

El dilema está puesto sobre la mesa, pero por lo que se ve no existen condiciones para regresar a la actividad la siguiente semana.

Los siguientes días serán determinantes para decidir qué pasará en Tlaxcala.

La corrupción existe aunque se diga que va disminuyendo

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Sólo un ingenuo podría creer los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019 del INEGI, sobre la evolución del problema de la corrupción en Tlaxcala que según los datos disponibles señalan que ese grave y añejo problema ha disminuido en los últimos tres años.

De acuerdo con el Inegi, entre 2017 y 2019 la tasa de víctimas de corrupción disminuyó 7.6 por ciento y 17 por ciento en incidencia, es decir, hubo menos las víctimas y actos de corrupción por cada 100 mil habitantes.

Según los datos disponibles, sólo 37.5 por ciento de los tlaxcaltecas considera que la policía contribuye a generar una sensación de seguridad, mientras que 67.7 por ciento enfrentó al menos un problema para realizar un trámite, pago o solicitud de servicios aunque el nivel de satisfacción general fue de 74.6 por ciento, aún por debajo del promedio nacional que es del 79.3 por ciento.

La percepción de los tlaxcaltecas puede ser creíble y hasta entendible si se cree que la actual administración encabezada por Marco Antonio Mena Rodríguez es un poco más honesta que la presidida por el ex gobernador Mariano González Zarur y la conducida por el ex mandatario panista Héctor Ortiz Ortiz, consideradas como las más corruptas de los últimos 20 años.

En el actual gobierno del estado si hay focos de corrupción y una estructura muy visible de donde operaba y con quiénes, lo que ha evidenciado que resulta inservible el sistema estatal anticorrupción y un desperdicio los millones de pesos que se destinan a pagar jugosos salarios a una estructura burocrática que sólo la hace de tapadera de múltiples prácticas indebidas que se realizan al interior de las dependencias.

Un ejemplo que podría ilustrar lo que sucede al interior del gobierno es lo que se presenta en la Coordinación General de Ecología que está bajo la responsabilidad del verde ecologista, Efraín Flores Hernández, quien dicen que anda juntando su cochinito para pagar su campaña a la presidencia municipal de Chiautempan.

Si algún tlaxcalteca tiene la necesidad de ir a esa instancia del gobierno para tramitar un estudio de impacto ambiental que requiere para instalar un negocio o llevar a cabo la construcción de un inmueble, se enfrentará a un grupo de servidores públicos domesticados que hacen de la corrupción un sistema efectivo.

La directora de Normatividad, Inspección y Gestión Social, Yolanda López Mata no le resolverá nada y le impondrá mil trabas para llevar a cabo los trámites, para lo cual recurre a Eduardo Caporal Rodríguez, jefe del Departamento de Denuncias e Inspección que también suele emplear a una subordinada de nombre Lazara Cuatle.

Al ver el interesado que su trámite en la Coordinación General de Ecología no prospera, recibirá la sugerencia de buscar a Salvador Santos que suele entregar los árboles que dona esa dependencia, pero que en realidad es el operador de Efraín Flores en los arreglos obscuros que se amarran en esa área del gobierno.

Dependiendo la urgencia y el tipo de estudio de impacto ambiental que se requiera es la mochada que pedirá Salvador Santos que no sólo incluirá dinero en efectivo, sino que últimamente abarca despensas que al parecer son distribuidas estratégicamente entre habitantes de Chiautempan a nombre del funcionario estatal que se mueve para ser considerado como aspirante a la alcaldía de ese municipio.

Si el interesado cumple con los pedimentos, en automático su estudio de impacto ambiental es aprobado y Salvador Santos se encarga de recorrer todas las áreas de la dependencia para ordenar que se agilice el trámite y se entregue a la brevedad.

De acuerdo con las evidencias que se tienen, se presume que una importante cantidad de recursos ha dejado de ingresar a las arcas estatales por esa operación ilegal que se lleva a cabo en la Coordinación General de Ecología, pues dependiendo del estudio éste implica una contribución al estado de siete mil pesos hasta veinte mil pesos.

Efraín Flores es un funcionario que se incrustó en la actual administración como una cuota que el gobernador Marco Mena le entregó al Partido Verde Ecologista de México por apoyar su nominación en las elecciones del 2016, sin embargo ese nefasto político ha defraudado la confianza del mandatario.

Valdría la pena que se analizara la permanencia de Flores Hernández en el gobierno porque es evidente que para él ya empezó el año de Hidalgo. Los verificentros son también un buen ejemplo de la corrupción que prevalece en la Coordinación General de Ecología, de ahí que no resulta muy complicado comprobar el cagadero que existe en esa área de la administración.

Dicen que Efraín Flores es tan cínico que en su oficina existe una enorme televisión que representa la gran corrupción que encabeza, pues ese aparato habría sido “donado” por las tiendas Oxxo a fin de tener las facilidades que se requieren para abrir en Tlaxcala ese tipo de establecimientos.

Grave. No.

Se buscan candidatos y la absurda decisión del ITE

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A un año y días de que se lleven a cabo las elecciones para elegir gobernador, diputados federales y locales, así como alcaldes y presidentes de comunidad, la lista de probables aspirantes a esos cargos está integrándose para ser sometida a diferentes estudios de opinión que ayuden a determinar si tienen posicionamiento y nivel de competencia que les asegure aparecer en las boletas electorales que se usarán el primer domingo de junio del 2021.

En el PRI la opinión del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez y del líder nacional de ese partido, Alejandro Moreno Cárdenas, serán determinantes en la designación del abanderado a la gubernatura de Tlaxcala, por lo que una vez que definan a su representante arrancarán el proceso de analizar a los candidatos a las diputaciones y a las presidencias municipales.

Ante la escasez de cuadros competitivos y el compacto grupo político que encabeza Marco Mena, el PRI optará por medir en una primera evaluación a los funcionarios que forman parte de la actual administración estatal y que tienen ciertas posibilidades de convertirse en candidatos.

En ese primer grupo anote a Florentino Domínguez Ordoñez, titular de la Secretaría de Educación, Anabel Alvarado Varela, secretaria de Turismo, Arnulfo Arévalo Lara, responsable de la Secretaría de Fomento Agropecuario, José Luis Ramírez Conde encargado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Efraín Flores Hernández, coordinador general de Ecología.

En un segundo paquete estarían incluidos José Aarón Pérez Carro, el débil secretario de Gobierno, el voraz Lenin Calva Pérez que cobra como secretario de Políticas Públicas y Participación Ciudadana, así como el convenenciero Néstor Flores Hernández, titular de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, el lenguaraz, ex panista, ex marianistas y dizque representante de las familias de abolengo, el director del ITC, Juan Antonio González Necoechea.

También se analizarían las opciones de las sumisas exdiputadas locales María Angélica Zárate Flores, directora del Instituto Estatal de la Mujer y Juana de Guadalupe Cruz Bustos, directora del Centro de Justicia para las Mujeres. Por ser joven y tener una buena relación con el mandatario estatal anote a Anabelle Gutiérrez Sánchez, directora del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud.

Cómo se podrá dar cuenta la lista de funcionarios es enorme y si no hay otro remedio muchos dejarán sus cargos a principios del siguiente año y se encaminarán a una aventura político electoral complicada, porque de ellos a lo mucho dos o tres tendrán posibilidades reales de obtener el triunfo en las urnas.

Pero no crea que sólo en el gobierno del estado y en el PRI se están barajando nombres, porque en el Congreso del Estado más de 10 diputados han arrancado sus intentos por conseguir otro cargo de elección popular.

Los diputados morenistas que ya andan en abierta promoción son José María Méndez Salgado que quiere la alcaldía de Huamantla, María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi que ya le puso el ojo a la presidencia municipal de Apetatitlán, María Ana Bertha Mastranzo Corona que quiere gobernar San Pablo del Monte, Mayra Vázquez Velázquez que sueña con llegar a mandar en Xaltocan, Miguel Piedras Díaz que suspira por tomar las riendas de Apizaco y el soberbio Víctor Manuel Báez López que se siente seguro de llegar a gobernar el ayuntamiento de Zacatelco.

La petista Michaelle Brito Vázquez tiene en la mira la presidencia municipal de Tlaxco, el panista Omar Milton López Avendaño busca la alcaldía de la capital, posición que también pretende el diputado del PES José Luis Garrido Cruz, mientras que su compañera de bancada, Luz Vera Díaz, haría lo propio pero para la alcaldía de Calpulalpan.

La priista Zonia Montiel Candaneda, quiere de nuevo ser alcaldesa, pero no crea que de Lázaro Cárdenas, sino que ahora quiere administrar Apetatitlán, municipio donde actualmente tiene su residencia.

Los legisladores perredistas Laura Yamili Flores Lozano y Miguel Ángel Covarrubias Cervantes tan bien andan en lo suyo. La primera quiere ser alcaldesa de Benito Juárez y el segundo es el único que aspira a llegar al Congreso de la Unión, específicamente a la Cámara de Diputados.

Cómo se podrá dar cuenta la emergencia sanitaria no ha frenado los sueños ni las aspiraciones de los legisladores que hoy en día dedican gran parte de su tiempo en lograr la meta de seguir vigentes.

Y tan acelerados andas algunos aspirantes a un cargo en los comicios del próximo año que este día los consejeros del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones que preside la gris Elizabeth Piedras Martínez aprobarán un acuerdo para pedir que los diputados locales Michaelle Brito Vázquez y José Luis Garrido Cruz le bajen a su promoción mediática luego que el PRD presentó una queja.

Incluso la autoridad electoral del estado podría caer en el exceso de pedir al periódico digital e-consulta Tlaxcala que elimine las notas que ha publicado de esos dos políticos.

Lo anterior no solo representa un exceso sino que confirma que el ITE no es un organismo confiable ni autónomo y que como siempre se dedica a realizar el trabajo sucio al PRI y a sus aliados.

Últimamente varios caraduras que se incrustaron en la Cuarta Transformación han sido vinculados a proceso por la Fiscalía General de la República (FGR), por el delito de usurpación de funciones públicas y cohecho.

Estos personajes sin escrúpulos, y carentes de dignidad, han querido defraudar a los ciudadanos pidiéndoles dinero a cambio de ofrecerles créditos y registrarlos en los diversos programas federales que lleva a cabo el Gobierno de México, aun cuando el trámite es gratuito.

Otros más quienes han sido despedidos por no realizar sus tareas que les fueron encomendadas en la Cuarta Transformación, han recurrido a las mentiras y al espectáculo para desacreditar el trabajo que efectúa el gobierno federal, auspiciados por una pandilla de serviles y rastreros los cuales se dicen ser líderes de opinión y que poco les importan los ciudadanos. Sus notas cargadas de mentiras y basadas en rumores, sólo pretenden quedar bien con la mano que les da de comer.

Recientemente, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Huamantla recibieron un reporte en el que un hombre ofrecía créditos de un programa federal a cambio de una cuota de 600 pesos.

Por lo anterior los elementos municipales localizaron y pusieron a disposición de la fiscalía a Faustino “N”, por probables hechos constitutivos de delito.

El presidente de la República ha mencionado que en su administración no se permitirá la corrupción y ha instruido a la FGR se rija conforme a los principios de legalidad e imparcialidad, y no permita ningún tipo de conductas delictivas vinculadas a funcionarios y servidores públicos.

A este tipo de personas le debe quedar claro que se perseguirán e investigarán aquellas faltas administrativas que realicen al patrimonio de un ente público.

La Fiscalía tiene abiertas carpetas de investigación relacionadas con actos de corrupción, donde se indagan posibles delitos como el ejercicio indebido del servicio público, cohecho, peculado, abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades y lo que resulte.

El grave asunto de la corrupción es un cáncer que el gobierno de México quiere erradicar, el reto no es menor, sino complejo, en un ambiente dónde muchos de los ladrones son apoyados incluso por ciertos medios de comunicación, cuyo único interés es seguir alimentando su avidez por el dinero resultando ser unos reverendos hampones iguales a los que encubren.

Un gobernador de primera y funcionarios de cuarta

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En Tlaxcala los esfuerzos para atender y enfrentar la emergencia sanitaria que provocó el Covid-19 no son parejos.

Mientras el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez jala todos los días a sus funcionarios para que se incorporen a la dinámica que impone la actual situación, hay quienes optan por la simulación y el camino más fácil a fin de no complicarse la existencia, porque lejos de atender sus responsabilidades prefieren mantener viva la esperanza de concretar sus aspiraciones político-electorales rumbo a los comicios del 2021.

La defensa del empleo en la entidad se ha convertido en una prioridad para la actual administración. Tras la cancelación de casi 3 mil fuentes de trabajo durante abril, para mayo las autoridades han concreto la entregar de mil 363 créditos del Programa Emergente de Apoyo a la Economía Estatal por un monto de más de 23 millones pesos que han permitido conservar un total de 3 mil 708 empleos.

Al finalizar el actual mes se comprobará que tan efectivo resultó ese mencionado programa gubernamental, porque según las proyecciones realizadas la pérdida de empleos formales en Tlaxcala podría alcanzar los 3 mil puestos laborales que se sumarían a las cancelaciones registradas en abril.

En lo que se refiere a la atención de pacientes contagiados por el coronavirus, el gobernador Mena ha demostrado capacidad y planeación para enfrentar la pandemia. Los servicios médicos no se han saturado ni tampoco se han llenado las camas disponibles, porque hasta ahora se ha ocupado el 45 por ciento de las existentes pese a que el número de infectados en la entidad se ha multiplicado durante los últimos diez días.

Es evidente que la dinámica y los esfuerzos del mandatario tlaxcalteca no son replicados por los funcionarios estatales.

Ayer, el limitado secretario de Educación Pública, Florentino Domínguez Ordoñez, confirmó lo que todo mundo sabía y que era que el actual ciclo escolar concluiría sin clases presenciales.

Lo malo del anunció es que ese funcionario se mostró como un incapaz y sin ninguna vocación docente al sostener que en automático todos los estudiantes tlaxcaltecas pasarían de grado o estarían aprobados en sus estudios, siendo hasta el momento el único estado del país que optó por esa medida cuando en otras entidades se determinó llevar a cabo una evaluación o aplicar ciertos criterios de apreciación para los alumnos.

Es obvio que “el profe” Florentino Domínguez tiene prisa por cerrar el año lectivo porque necesita tiempo para seguir en la puja por la candidatura del PRI al gobierno del estado.

La calidad educativa, la actualización docente y las acciones para mejorar los indicadores de aprovechamiento y eficiencia terminal pueden esperar. Total el programa de becas del estado es lo que quizá puede sacar a flote a la presente administración en ese rubro.

Por cierto, ayer Florentino Domínguez confirmó que si contrató a una empresa de la Ciudad de México para llevar a cabo la millonaria sanitización de todas las escuelas del estado. Incluso sostuvo una reunión con los funcionarios de la dependencia que participaron en ese negocio para reclamarles su falta de lealtad, “porque no es posible que el pendejo del e-consulta se haya enterado cuando el jefe pidió que el asunto se manejara con discreción”.

Con un secretario de Educación tan burro y rupestre que se puede esperar.

Otro funcionario que se encuentra rebasado y que su dependencia opera y da resultados no por él, sino por el personal es René Lima Morales, encargado de la Secretaría de Salud.

Si bien el equipo para atender a los enfermos de Covid-19 es entregado en los hospitales dispuestos para recibir a ese tipo de pacientes, la realidad es que en otros nosocomios el personal sufre para recibir la protección que requiere para laborar en esos espacios considerados de alto riesgo.

En lo que va de la emergencia sanitaria se tienen reportados 42 trabajadores del sector salud de Tlaxcala contagiados por ese virus, al grado que varios de ellos no lograron sobrevivir.

Valdría la pena que el gobernador Mena se diera una vuelta por el Hospital General de Tlaxcala y verificara si el equipo de protección personal que deben tener los trabajadores está siendo entregado, porque no es así y hay áreas donde se puede observar a médicos y enfermeras sin esos materiales, tan es así que ellos deben comprar de su bolsa el overol Tyvek y otros instrumentos para evitar un contagio.

Esa situación no es desconocida por René Lima que también le encanta cargarle la bolsa a la líder sindical de los trabajadores de salud, Blanca Águila Lima, porque la encargada del área de epidemiología de ese nosocomio Alicia Reyes Rugeiro, sabe en qué condiciones laboran los médicos, enfermeras, camilleros y otros empleados.

Además, en ese hospital no existe una planeación para atender a los enfermos. De entrada el personal es limitado y no se da abasto. Los pacientes de todo tipo se concentran en un área y lo mismo puede haber un contagiados de Covid-19 que otro con un severo dolor de estómago.

En ese centro hospitalario no se cuenta con el triage respiratorio, es decir, el personal médico capacitado para ubicar a probables infectados de coronavirus.

La actual emergencia sanitaria está evidenciando a mucho charlatán.