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El guiño orticista al próximo gobierno federal

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Por primera vez en casi 42 años de haber sido fundada, la Universidad Autónoma de Tlaxcala rompió su tradición y sus actuales dueños aceptaron prestar la silla de rector a un académico no nacido en la entidad, de ahí que Luis Armando González Placencia representa un movimiento burdo del grupo orticista para tratar de establecer una relación cómoda con el gobierno federal que encabezará a partir del 1 de diciembre Andrés Manuel López Obrador.

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El cambio de rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala ya se esperaba, por lo que la designación del ex ombudsman de la Ciudad de México no representa ninguna sorpresa, pues desde hace tiempo su nombre estaba incluido en la lista que se manejaba para suceder al gris Rubén Reyes Córdoba.

El grupo orticista no tuvo otra más que ajustarse a la nueva realidad del país que decidieron los mexicanos el pasado 1 de julio y por eso optó por una nueva fachada a través de Luis Armando González, bajo el cálculo que no será mal visto por el futuro gobierno federal, pues el académico goza de prestigio y amistades cercanas al grupo de López Obrador como Marcelo Ebrard Casaubón.

González Placencia se prestó al juego de los orticistas, porque si bien será el rector de la UAT por el periodo 2018-2022, en realidad no tendrá ningún poder de decisión al interior de la Universidad, donde las posiciones claves y de mando seguirán siendo controladas por los hermanos Héctor Ortiz Ortiz y Serafín Ortiz Ortiz.

La ulta orticista Rosa Amparo Flores se hará cargo de la Secretaria Administrativa y Enrique Vázquez Fernández tendrá el control de la Secretaría Académica.

Otros orticistas que quedaron en posiciones claves dentro de la Institución son Samantha Viñas Landa, quien seguirá en la Secretaría de Investigación Científica y Posgrados, al igual que Antonio Durante Murillo, quien se mantendrá como Secretario Técnico.

Rodolfo Ortiz Ortiz, el hermano consentido de Héctor y Serafín, dejó el área de Planeación donde multiplicó las broncas con proveedores se vio involucrado en varios escándalos de corrupción y de faldas, para llegar a la Secretaría de Autorrealización.

Un pariente que al parecer ya no tendrá presencia en la UAT es Osvaldo Ramírez Ortiz. Por fin concluyó su periodo al frente de la Dirección de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología, de ahí que en breve se espera que asuma su responsabilidad como notario público en el municipio de Chiautempan, nombramiento que le otorgó su tío Héctor Ortiz unos meses antes de dejar su cargo como gobernador de Tlaxcala.

Alejandra Velázquez Orozco fue nombrada coordinadora de División de Ciencias Sociales y Administrativas y Jorge Mario Galán Díaz coordinador de Ciencias y Humanidades. Fabio Lara Cerón fue ungido como director de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología, mientras que Pedro Manuel Conde Flores será el responsable de la Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología.

Las aspiraciones de familiares orticistas de convertirse en rectores de la UAT como ya sucedió con Héctor Ortiz y Serafín Ortiz deberán esperar unos años más, pues por ahora lo mejor será ocultar sus movimientos, sus excesos y sus riquezas que en los últimos años han acumulado a través de la Universidad.

Del rectorado de Luis Armando González se espera muy poco o casi nada, debido a que en esencia la UAT seguirá siendo manejada igual que en los últimos años. En la Universidad sólo se cambió la fachada, porque la estructura operativa se mantiene intacta, de ahí que tarde o temprano volverán a estar presentes las acusaciones de corrupción.

El tiempo nos dirá si el gobierno federal se traga este burdo movimiento o al final endurece su posición con la Universidad que es controlada exclusivamente por la familia Ortiz.

Rumores sobre cambios en el gabinete

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Dicen que será en los primeros días de septiembre cuando se concreten los tan esperados cambios de funcionarios de primer nivel en la administración estatal. Se habla que serán reincorporados a la nómina candidatos perdedores en los pasados comicios que hoy forman parte del grupo en el poder y que no serán abandonados, pues tendrán se segunda oportunidad para demostrar su eficacia.

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Los rumores de cambios en el gabinete de Marco Antonio Mena Rodríguez están a la orden del día y ahora que en cuestión de días se instalará el nuevo Congreso a nivel federal y local, las especulaciones de la salida de ciertos funcionarios han aumentado sustancialmente.

Se habla de la reincorporación de los candidatos perdedores al Senado, Anabel Alvarado Varela y Florentino Domínguez Ordonez. La primera se dice que podría tomar las riendas del PRI en Tlaxcala para estar en sintonía con el cambio que se registró a nivel nacional una vez que Claudia Ruiz Massieu Salinas fue ratificada como líder del ex partidazo.

Aunque Roberto Lima Morales, dirigente del PRI recientemente declaró que permanecerá en su cargo hasta el 2019, la verdad es que si se analiza su relevo ante los pésimos resultados obtenidos en las elecciones del 1 de julio, ya que los liderazgos priistas en Tlaxcala no ganaron absolutamente nada y permitieron que la votación del partido se desplomara a niveles alarmantes.

La ex marianista y hoy menista de hueso colorado Anabel Alvarado podría recibir la difícil tarea de revivir y reorganizar un partido que se encuentra dañado hasta el tuetano.

En los corrillos políticos se menciona que el maltratado Florentino Domínguez podría asumir el control de la Secretaría de Educación Pública o ser designado rector de alguna Universidad Politécnica, rumor que si bien podría tener algo de cierto en realidad pareciera un poco exagerado porque se ve poco probable que pueda llegar a ocupar el puesto del cuasi poeta Manuel Camacho Higareda que seguramente seguirá mal dirigiendo al sector educativo tlaxcalteca.

Arnulfo Arévalo Lara, diputado priista y uno de los fracasados que no pudo lograr la reelección como legislador local se estaría alistando para ocupar la oficina del ladino Carlos Bailón Valencia, quien despacha en la Secretaría Técnica de la Oficina Gobernador, donde se ha dedicado a controlar los negocios, perdón, la asignación de las obras públicas que se realizan y que por cierto trabaja con algunas empresas consentidas ligadas a sus intereses que en breve se documentarán.

Pero no crea que se dejarán de ocupar las habilidades de Bailón Valencia, pues se especula que éste podría ser reacomodado en otra área del gobierno estatal donde son urgentes sus mañas.

Otro funcionario del que se dice que podría ser despedido es el hidalguense Alberto Jonguitud Falcón, quien tiene de cabeza a la Secretaría de Salud no sólo financieramente hablando, sino en el abasto de medicinas y vacunas.

La cuenta pública del 2017 que acumuló observaciones millonarias que fueron limpiadas evidenció que el funcionario está lejos de tener el control de esa secretaría y de estar comprometido con su trabajo, por lo que su cambio ya es visto como necesario antes de que se colapse aún más los servicios de salud.

Como podrá ver los rumores no alcanzan a los funcionarios que brillan por sus nulos resultados y por estar cobrando y mantener su beca, como es el caso del secretario de Políticas Públicas y Participación Ciudadana, Lenin Calva Pérez, y el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, “el cubas” Jorge Luis Vázquez Rodríguez, quien aprovecha cualquier oportunidad y bajo los impulso de Baco para hablar mal de todos, incluido su jefe el gobernador y su amo Mariano González Aguirre.

Good bye diputados locales

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Sin importarles el desprestigio y la mala fama que ya cargan, los diputados locales se alistan a cerrar su periodo, para lo cual llevarán a cabo otra sesión para designar a los magistrados carnales del Tribunal de Justicia Administrativa de Tlaxcala donde se incrustarán dos recomendados que velarán por todo, menos por castigar la corrupción que pulula entre funcionarios estatales y municipales.

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A la falleciente legislatura local le quedan pocos días de vida, pero lo anterior no ha sido un factor que afecte el ímpetu de los diputados que buscan “cumplir” con su agenda y presumir la cuestionada aprobación de las cuentas públicas del 2017 y los nombramientos del Sistema Estatal Anticorrupción que en Tlaxcala nace sin credibilidad.

Su mejor estímulo para concluir su labor es repartirse cerca de 16.4 millones de pesos provenientes del fondo de ahorro, la prima vacacional y la parte proporcional del aguinaldo. Lo anterior no incluye el recurso que pudieron obtener por la aprobación de una que otra cuenta pública que estaba reprobada y que por la voluntad de los legisladores fue avalada en el pleno al sufrir una rápido proceso de limpieza, como fue el caso de la Secretaría de Salud de Tlaxcala donde se solventaron en días observaciones millonarias.

También los diputados locales pudieron encontrarse un “sobre” que ayudara a estimular su decisión para concretar ciertos nombramientos, como sucederá este día cuando María Isabel Pérez González y Marcos Tecuapacho Domínguez sean designados, no por méritos o por su trayectoria, como magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Tlaxcala.

La primera tuvo la suerte de ser recomendada por el nuevo funcionario consentido de la actual administración y que despacha como secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro. El segundo llegará sólo por gozar de la amistad del influyente Fabricio Mena Rodríguez, hermano del mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez.

Para fortuna de los tlaxcaltecas, de los 25 legisladores que dejarán sus cargos, sólo el priísta Arnulfo Arévalo Lara es el único que podría incrustarse en el gobierno estatal como funcionario, pues el resto se irá a la banca a esperar otra oportunidad para seguir viviendo del erario.

Mucho se podría decir de los actuales diputados locales, pero quizá el juicio más acertado fue el que dieron los ciudadanos el pasado 1 de julio, cuando mostraron en las urnas su rechazo para que 10 legisladores consiguieran la reelección y otro más fueran abandonado en su intento de convertirse en diputado federal.

En pocos días el PRI dejará de tener el Control del Congreso del Estado, pero no crea que los excesos y las actitudes intolerantes desaparecerán en la próxima legislatura, pues los líderes de Morena encabezados por el ex priísta, ex orticista y hoy defensor de la austeridad y patriarca de la honestidad Joel Molina Ramírez pretende replicar la soberbia tricolor.

Hasta ahora no hay poder que pueda abrir la negociación con Morena, partido que llevó a la presidencia de México a Andrés Manuel López Obrador que arrasó en las urnas en los pasados comicios, pues bajo el argumento de que ellos fueron el factor principal del triunfo electoral pretenden acaparar las comisiones importantes en el Congreso local y dejar a sus aliados (el PT y el PES) las sobras.

Los ciudadanos votaron por un cambio, pero al parecer Morena pretende seguir los pasos del PRI pero con otro discurso y piel. De mantenerse esas actitudes no dude que la alianza legislativa conformada en Tlaxcala por Morena, el PT y el PES se fracture.

La soberbia es muy mala consejera.

Los morenistas deben entender que son políticos comunes y que no son seres divinos ajenos a probables actos ilegales o de corrupción, porque hasta donde sé son hombres y mujeres de carne y hueso.

El regreso de los muertos vivientes

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Si de por sí el sistema educativo vive en el desorden y la agitación, no dude que en los próximas semanas el clima se deteriore a un más, pues los maestros afines a los intereses de la poderosa lideresa magisterial Elba Esther Gordillo Morales están dispuestos a cobrar venganza, situación que el aspirante a poeta metido a secretario de Educación, Manuel Camacho Higareda, no podrá enfrentar ante su frágil liderazgo.

SNTE -Elba

Del más allá, de las sombras del congelamiento político, de la oscuridad de la celda de castigo y de los hospitales que para conservarla con vida y salud autorizaron los administradores de justicia del país, regresa más viva que nunca la otrora poderosa líder magisterial, impulsora de Presidentes, Elba Esther Gordillo.

Los astros se alinean y también como el Ave Fénix, entre las cenizas, se levanta una mujer que se autonombra perseguida política, víctima del sistema, chivo expiatorio de todos los males que han aquejado a México en las últimas décadas.

Mientras les sirvió a los priistas y panistas para hacerse del poder, fue bendecida y aplaudida con singular vehemencia, le llenaron de privilegios, grotescos los más. Quitó y puso servidores públicos no solo en la Secretaría de Educación Pública, también en otras carteras de la administración pública federal y por supuesto también en las entidades federativas, incluida Tlaxcala.

Ante el embate del Presidente en turno, que ya prepara maletas ante la inminente llegada de su sucesor el próximo uno de diciembre, la Maestra fue proscrita por teledirigidas campañas en la mayoría de los medios de comunicación, como la figura maligna que retardaba el avance educativo y el fortalecimiento de las instituciones. A ella le cargaron todas las calamidades de las fracasadas políticas educativas de los últimos tiempos y para que no sucediera una vez más, con la reforma que impulsó Enrique Peña Nieto, tenían que confinarla para que ya no siguiera haciendo daño a la nación.

El gremio de Elba, había crecido mucho. Ella y sus agremiados ya no le respondían al Ejecutivo, cada vez necesitaban más dinero, más posiciones, menos supervisión a sus gastos y claro, mayores privilegios.

El partido político que le habían ayudado a fundar, el PANAL, se empezaba a convertir en el hermano bizarro del PRI, y nadie podía ser más corrupto que el partido oficial. La estrategia, fácil, simular una “reforma educativa” de persecución laboral e inquisidora, que la misma Maestra crucificó antier en conferencia matutina y Andrés Manuel López Obrador la envió al “santo sepulcro” al anunciar que la cancelaría, minutos más tarde en Palacio Nacional, ante la mirada perdida de Peña Nieto y amigos que lo acompañarán al casi exilio político, pero eso sí, con los bolsillos llenos de dinero.

Gobernadores y líderes magisteriales en los estados, que se beneficiaron con las “bondades” y “favores” políticos de la Maestra Elba Esther, la traicionaron de la misma manera como ella misma se expresó de los dirigentes nacionales del Sindicato de maestros que la sucedieron, antes de caer en “desgracia” judicial.

La Maestra y un importante grupo de seguidores que se mantuvieron quietos, tranquilos, callados, aparentemente resignados a la medianía del salario que reciben por plazas otorgadas por su ahora libre mentora o en alguna actividad proselitista casi en el anonimato, han resurgido como los muertos vivientes; empiezan a brotar por todas partes, en busca de venganza de los que les dieron la espalda (los traidores que llevaron al PANAL a la extinción), esos “buenos” Judas, que besaron a Elba en la mejilla para luego entregarla a las autoridades a petición de parte del gobierno federal en turno.

Los muertos magisteriales que se pensó estaban sepultados bajo toneladas de estiércol, quieren “sangre” de los “traidores”. Aquí en tierras tlaxcaltecas hay muchos personajes que tiemblan y están en busca de la mejor madriguera para esconderse; Tomás Munive Osorno y una camarilla de servidores públicos entre Directores y Jefes de Departamento de extracción sindical, cuando fungieron como patrones de la Secretaría de Educación local, están en la lista de los “identificados” como traidores a la Maestra, perseguidores y verdugos de docentes.

Personajes bien conocidos en el gremio estatal, premiados con puestos directivos de la administración o en diputaciones locales, ahora, serán perseguidos por los adoradores de la Maestra Elba Esther. También lo serán los actuales funcionarios de la SEP-USET, que no han reparado en seguir con la persecución del magisterio tlaxcalteca que inició el ex mandatario Mariano González Zarur y continuó en el actual gobierno.

Cientos o miles de docentes locales amenazados, intimidados y algunos despojados de sus plazas con la evaluación lasciva que les aplicaron, se reagrupan para ir por la revancha en contra de los traidores que todavía están en puestos de la Secretaría de Educación y otras dependencias, o bien ocupan posiciones en las debilitadas secciones 55 y 31 del SNTE.

José Carmen Corona y Armando Ramos Flores, entre otros, serán llamados a cuentas una vez que Elba Esther retome, con despiadado rencor y fuera de la rejilla de prácticas, el control del magisterio nacional. ¿Alguien lo duda?.

La farsa entorno a la ex procuradora

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Si bien la ruptura entre el ex gobernador Mariano González Zarur y el actual mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez es real y evidente, ésta nunca llegará a la confrontación y a la persecución de marianistas por los abusos y atropellos cometidos durante el sexenio pasado, pese a que existen elementos para aplicarles la ley y enviarlos a la cárcel.

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La farsa montada en torno al caso de los ex policías acreditables acusados y detenidos por secuestro exprés en el 2015 durante el gobierno del malhumorado Mariano González Zarur sólo evidenciará la impunidad que existe en Tlaxcala.

Difícilmente las actuales autoridades encontrarán la voluntad y el valor que se requiere para castigar las conductas ilícitas cometidas por ex funcionarios de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) que encabezados por Alicia Fragoso Sánchez no sólo torcieron las investigaciones en contra de los ex policías estatales, sino que recurrieron a la tortura para que los uniformados se declararan culpables.

Tales anomalías e inconsistencias fueron acreditadas por los abogados de los presuntos secuestradores desde finales del 2015 y están documentadas en el proceso penal que enfrentaron, por lo que nadie puede decir que no sabía de los abusos cometidos.

Si bien la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió hace unas semanas la recomendación CEDHT/CVG/0672016 por la que ordena a la Secretaría de Gobierno y a la Procuraduría General de Justicia del Estado reparar los daños a los acusados por haber sufrido tortura, violación a sus derechos humanos y garantías individuales, la realidad es que nadie se preocupó por abrir una investigación en contra de los entonces funcionarios que pisotearon la ley para justificar el circo que montó Alicia Fragoso para perseguir y encarcelar a los ex policías acreditables.

El bisoño político y aprendiz de secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, evidenció que la actual administración encubrió tal abuso durante casi 20 meses, pues ahora resulta que apenas se iniciarán las carpetas de investigación en contra de ex servidores públicos de la PGJE que pudieran estar involucrados en el mencionado caso, confirmando que las denuncias de los ex policías fueron ignoradas y que nunca existió la voluntad de llamar a cuentas a la ex procuradora y a los policías ministeriales que se extralimitaron.

Dudo que este gobierno tenga la intención de meter a la cárcel a Alicia Fragoso y al grupo de secuaces que la acompaño en sus atropellos donde participaba activamente el poblano que se desempeñó como subprocurador Víctor Pérez Dorantes.

Quién le puede creer a Pérez Carro que se aplicará la ley y se hará justicia cuando él sugirió a las mujeres que integran la terna de donde saldrá la futura magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de Tlaxcala, misma que incluyó a Noemí Nohpal González, la ministerio público que armó la averiguación previa contra los policías acreditables acusados falsamente de secuestro exprés.

El secretario de Gobierno pronto podría quedar en ridículo cuando con el paso de tiempo se compruebe que Alicia Fragoso y los responsables de la tortura de los ex uniformados nunca pisarán la cárcel, porque una cosa es la ruptura y distanciamiento y otra muy distinta la persecución y la confrontación.

Al final, se espera que los siete ex policías acreditables reciban el pago de gastos médicos y salarios caídos para dar por terminado el caso del que pronto nadie hablará más.

La impunidad seguirá más viva que nunca. O lo duda.

Las polémicas resoluciones que vienen

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En los próximos días la discusión mediática seguramente girará en torno a la aprobación o no de las cuentas públicas por parte de los legisladores locales y al fallo que deberá emitir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a la asignación de las diputaciones plurinominales. Ambos temas generarán polémica y dejarán a muchos inconformes.

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Tal y como lo prometieron los actuales diputados locales, éstos iniciaron la aprobación en paquete de las cuentas públicas correspondientes del 2017, dejando más dudas y sospechas que certeza y claridad sobre ese rápido proceso de fiscalización que llevaron a cabo el jueves pasado.

Entre las 30 cuentas públicas que fueron “analizadas” se ubica la del gobernador, la del Poder Judicial y la del Congreso del Estado, mismas que sin mayor discusión fueron avaladas y no merecieron ninguna observación ni mayor análisis por parte de los legisladores.

Pero no crea que todos los dictámenes presentados en aquella sesión fueron aceptados, ya que los diputados optaron por reprobar las cuentas públicas del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (Itife) y de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. En ambos casos se encontraron observaciones millonarias y un probable daño patrimonial.

En el Itife se documentaron presuntas irregularidades por el orden de los 70 millones de pesos, mientras que en la mencionada Universidad la cantidad fue de alrededor de 176 millones de pesos.

Aunque en febrero del 2017 el mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez designó a Anahí Gutiérrez Hernández como directora general del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, la realidad es que esa dependencia siguió bajo el control de los marianistas que durante el año pasado habrían utilizado su poder e influencia para beneficiar a sus empresas y a sus negocios sin someterse a la influencia y mando de los menistas.

Otro funcionario herencia del gobierno de Mariano González Zarur que hoy enfrenta problemas en su cuenta pública es Narciso Xicohtencatl Rojas, rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala.

Aunque tales casos se podrían tratar de una casualidad, habrá que ver si en futuras “revisiones” otros marianistas no salen raspados en la fiscalización y son sometidos a procesos sancionatorios.

A los diputados locales que en diez días dejarán sus cargos les urge aprobar las cuentas públicas del 2017 y en su rapidez seguramente cometerán algunos errores que serán severamente cuestionados. Sólo es cuestión de tiempo para que surja el primer escándalo, porque es evidente que hay alcaldes y funcionarios de dependencias estatales que han cometido excesos y abusos que hoy pretenden ser perdonados siempre y cuando no tengan el sello de marianistas.

Todos contra Morena

Antes del 30 de agosto de este año el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberá resolver las inconformidades que existen sobre la asignación de diputaciones plurinominales para el Congreso del Estado, las cuales buscan que al partido de Andrés Manuel López Obrador le quiten las dos posiciones que recibió porque según los argumentos de los quejosos Morena se encuentra sobrerrepresentado.

En la actualidad Morena tiene 11 diputados locales, nueve de mayoría y dos de representación proporcional que sumados a los cuatro del PT y a otros dos del PES suman 17 diputados, número que le garantiza el control del Poder Legislativo de Tlaxcala.

Los inconformes con la actual conformación de la futura legislatura pretenden que Morena pierda las dos diputaciones plurinominales que le asignó el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y que luego confirmó el Tribunal Electoral de Tlaxcala para que éstas sean reasignadas a otras fuerzas políticas que dicen no estar debidamente representadas.

El caso ya está en manos del TEPJF y será cuestión de días para comprobar si Morena y sus aliados logran mantener el control del Congreso del Estado.

Trascendidos de fin de vacaciones

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A más de un mes de que el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez anunció ajustes en su equipo de trabajo y el relanzamiento de su administración, hasta ahora sólo ha existido una rotación de funcionarios y un cambio visible entre los integrantes del círculo cercano del mandatario que fue notorio en Huamantla durante la cena previa a “la noche que nadie duerme”.

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Trascendió que en Tlaxcala se está complicando la permanencia de la mayoría legislativa que logró Morena junto con sus aliados el PT y el PES en el Congreso del Estado, pues resulta que los primeros quieren concentrar todo el poder a través de las principales comisiones.

Joel Molina Ramírez, líder del partido de Morena en la entidad, hasta el martes pasado estaba convertido en el coordinador y jefe de los futuros legisladores locales sin ser diputado electo, situación que los miembros del PT ya no aceptaron cuando ayer decidieron no acudir a la capacitación que estaban recibiendo.

Trascendió que simplemente los diputados petistas no aceptarán más indicaciones de alguien que no tendrá injerencia en el Poder Legislativo. El PT se sintió excluido luego que se enteró que la intención de Morena es quedarse con el control de la Junta de Coordinación y Concertación Política a través de Víctor Báez López y la Comisión de Finanzas y Fiscalización para el ex matador de toros Rafael Ortega Blancas.

Y ya que hablamos de inconformidades, le cuento que será la próxima semana cuando el Partido Encuentro Social lleve a cabo su reestructuración interna ante el malestar que existe contra ciertos liderazgos tlaxcaltecas que dejaron de tener la confianza de sus dirigentes nacionales.

Hugo Eric Flores Cervantes, jefe nacional del PES encabezará los cambios que incluirá a José Luis Garrido Cruz que pronto dejará el liderazgo de ese instituto político en Tlaxcala, por lo que podrá dedicarse de tiempo completo a su trabajo como próximo legislador.

Trascendió que el ex gobernador Alfonso Sánchez Anaya ya alista su cambio de residencia para la Ciudad de México, donde pronto se instalará para atender las responsabilidades que asumirá a partir del 1 de diciembre cuando empiece a despachar en la Secretaría de Seguridad Pública al lado de Alfonso Durazo Montaño.

Otro tlaxcalteca que también logró colarse al equipo de Morena y específicamente al de Ricardo Monreal Ávila, quien en unos días coordinará a los senadores del partido del futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es el ex procurador de Tlaxcala, Eduardo Medel Quiroz.

Trascendió que la propuesta de Marcos Tecuapacho Domínguez para ser designado magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Tlaxcala ha generado gran malestar entre los abogados de la entidad que están más que dispuesto a inconformarse si tal nombramiento se consuma, para lo cual ya le están armando su negro expediente que incluiría escándalos de acoso sexual que involucrarían a una estudiante de la UAT que enfrentó esa situación en España.

Se dice que Tecuapacho Domínguez fue incluido en la terna una vez que en los pasados comicios para elegir gobernador orquestó la demanda contra Lorena Cuéllar Cisneros, entonces candidata del PRD y a quien se le acusó de haber despojado de su herencia a una sobrina, con lo cual se intentó golpear la imagen de esa política que enfrentaba al hoy mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez.

Trascendió que los futuros legisladores locales cocinan una serie de reformas que buscarán poner fin a los excesos de los alcaldes y funcionarios estatales. Darán prioridad a la fiscalización digital y establecerán nuevos tiempos para la revisión y presentación de las cuentas públicas.

Los cambios para combatir la corrupción dicen que serán profundos y las sanciones para castigar excesos y abusos serán ejemplares. Veremos si es real o sólo palabras.

Valió el Sistema Estatal Anticorrupción

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Sólo con observar y analizar los antecedentes y la trayectoria de los integrantes del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción se puede llegar a la conclusión que será un ente sin vida que poco o nada hará para combatir esa práctica tan arraigada en la administración pública, por lo que se perdió la oportunidad de dotar a la sociedad de un instrumento que ayudará a recuperar la credibilidad del gobierno estatal.

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El proceso de elección de los ciudadanos que conformarían el mencionado comité resultó una farsa porque nuevamente los diputados locales optaron por llevar a cabo un reparto de cuotas que atendió más a los intereses partidistas y a la voluntad del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez que en procurar la designación de personas con prestigio e interesadas en aplicar la ley a los excesos que cometen funcionarios estatales y municipales en el desempeño de sus cargos.

Los elegidos para el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala son Abdel Rodríguez Cuapio, José Justino Pérez Cuapio, Isabel Romano Hernández, Rumel Hernández Avendaño y Erika Montiel Pérez, de quienes no se puede decir nada bueno al no tener ninguna trayectoria sobresaliente o una labor destacada.

Basta con verlos para llegar a la conclusión de que se trataba de hombres y mujeres que tenían la necesidad de encontrar un trabajo mejor remunerado, el cual obtuvieron gracias a una recomendación o a una imposición del hombre que hoy detenta el poder en Tlaxcala, de ahí que no tendrá iniciativa propia y se limitarán a acatar las órdenes de quién autorizó su designación.

Es obvio que nadie se preocupó por el prestigio ni por la credibilidad. Los diputados locales y en el gobierno del estado sólo se dieron a la tarea de cumplir con el requisito de integrar un organismo que nació muerto y sin ninguna credibilidad.

Con ese pésimo antecedente ayer mismo fueron enviadas al Congreso del Estado las dos ternas de abogados para elegir una dupla de magistrados que integrarán el Tribunal de Justicia Administrativa de Tlaxcala, en las cuales se incluyó a personajes que representan una burla para los ciudadanos porque no es posible que esos “profesionales del derecho” con antecedentes de corrupción sean los que juzgarán esa práctica tan común en los gobiernos estatal y municipal.

La terna femenina está conformada por María Isabel Pérez González, Teodora Popocatl Nava y Noemí Nohpal González, mientras que la terna masculina la integran Marcos Tecuapacho Domínguez, Javier Caporal Rodríguez y Pedro Sánchez Ortega.

María Isabel Pérez es una abogada que ha trabajado en el Poder Judicial de Tlaxcala y ha sido señalada por dejar en libertad a delincuentes acusados de secuestro.

Noemí Nohpal participó en la integración de la averiguación previa que se abrió contra los policías acreditables acusados de secuestro durante la administración de Mariano González Zarur, mismos que sufrieron anomalías en su proceso y que además fueron torturados. También tuvo a su cargo las investigaciones ministeriales contra los ex presidentes municipales, quienes fueron alertados para tramitar amparos y evitar su detención para no ir a la cárcel.

Por lo que respecta a los varones, Marcos Tecuapacho Domínguez es un personaje que goza de un enorme desprestigio. Tan sólo habría que preguntar a sus alumnos cuando dio clases en la UAT que piensan de tal propuesta. Estoy seguro que más de uno podría describir y recordar las cuotas que pedía ese “honorable” catedrático para otorgar buenas calificaciones.

Además tiene mala fama y se le ubica como un pésimo litigante. Si hoy es considerado para ser magistrado es por su larga amistad con Fabricio Mena Rodríguez, hermano del gobernador Marco Antonio Mena.

Y si no me cree que Marcos Tecuapacho es uno de los favoritos, entonces que alguien me explique por qué fue el único abogado propuesto que ha sostenido una reunión privada con el secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, la cual se llevó a cabo el lunes pasado sin ningún gramo de discreción.

Por lo que respecta a Abdel Rodríguez Cuapio, éste es un abogado que sus antecedentes no lo ayudan en nada. Para empezar es sobrino del Consejero Jurídico del gobierno del estado, Ramón Rafael Rodríguez Mendoza. Se sabe que fue despedido de la Unidad Jurídica de la Procuraduría General de Justicia en el Estado por tener, según dicen, un comportamiento poco ético.

Habría que ver si las propuestas enviadas a los diputados locales cumplen con los requisitos que establece la ley para integrar un tribunal de justicia administrativa, pues hasta donde se sabe los abogados que formen parte de esa instancia judicial deben ser especialistas en esa materia como lo establece el artículo 116 de la Constitución federal.

El Sistema Estatal Anticorrupción de Tlaxcala es una burla, así de simple.

Los protagonistas en el Congreso y en el Gobierno

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Hasta ahora sólo un tlaxcalteca se ha colado al equipo de transición del gobierno del futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por lo que tendrá asegurado un puesto en la próxima Secretaría de Seguridad Pública. Se trata del ex gobernador Alfonso Sánchez Anaya que aspira a convertirse en subsecretario o el encargado de la Oficialía Mayor de la mencionada dependencia.

LOCOS

Cuando este día concluya el curso de capacitación que los legisladores locales de Morena están recibiendo, es probable que se dé a conocer el nombre del coordinador de los diputados que tendrá bajo su responsabilidad la conducción de la bancada y el control del Congreso del Estado.

Todo apunta que será Víctor Báez López el que recibirá esa responsabilidad. Ganó sin problemas el distrito 13 y es ubicado como uno de los próximos diputados con más tablas para desempeñar ese cargo.

El ex alcalde de Zacatelco además goza del respaldo de la mayoría de sus compañeros de bancada y los dirigentes morales de Morena lo ven con buenos ojos, por lo que si las negociaciones de último momento no alteran el rumbo de los acuerdos Víctor Báez tendrá asegurado un papel protagónico en la próxima legislatura.

Una vez que el Tribunal Electoral de Tlaxcala confirmó la asignación de las diputaciones plurinominales que realizó el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, el PT también llevará a cabo la designación de su coordinador de bancada, posición que podría perder Irma Yordada Garay Loredo, hija del mal visto líder estatal del Partido del Trabajo, Silvano Garay Ulloa, porque simplemente no son confiables y los envuelve un enorme estigma de corrupción.

La poderosa Comisión de Finanzas y Fiscalización podría quedar en manos del PT y ahí llegaría Víctor Castro López, ex alcalde de Tzompantepec. También quiere esa posición Michel Brito Vázquez, la ex priista que hasta hace unos meses mantuvo unos fuertes lazos con el grupo de Mariano González Zarur.

Otro legislador de Morena que estaría en condiciones de tener un papel protagónico en la próxima legislatura por la experiencia que acumula es Ramiro Vivanco Chedraui, ex delegado de la Semarnat y ex dirigente del Partido Verde Ecologista de México.

Habrá que ver si Morena, el PT y el PES muestran disposición a negociar con la chiquillada representada por el PRD y el PAN, ya que ambos partidos apenas si tienen dos diputados cada uno y sin mucho margen de maniobra para obtener posiciones relevantes en el Congreso local.

El PRD estará representado por el ex edil de Texoloc Miguel Ángel Covarrubias Cervantes y Laura Yamili Flores Lozano, mientras que el PAN contará con la presencia de la adrianista Leticia Hernández Pérez y el adolfista Omar Milton López Avendaño, ambos intrascendentes políticamente hablando.

El PRI tendrá una imperceptible presencia con Zonia Montiel Candaneda, al igual que el PVEM, Movimiento Ciudadano y el Panal con Maribel León Cruz, María Isabel Casas Meneses y Luz Guadalupe Mata Lara, respectivamente.

Y mientras avanza la conformación de la próxima legislatura, le cuento que Joel Molina Ramírez pronto dejará la dirigencia de Morena en Tlaxcala para asumir de tiempo completo una coordinación regional en el gobierno federal al lago de Lorena Cuéllar Cisneros, quien a partir del 1 de diciembre tendrá el control, supervisión y vigilancia de la aplicación de los recursos federales.

Los otros dos coordinadores regionales que acompañarán a Lorena Cuéllar ya fueron designados, pero hasta ahora sus nombres no han trascendido, por lo que se espera que en los próximos días se conozca quienes integrarán el equipo principal que trabajará al lado de la ex candidata al gobierno de Tlaxcala.

Los protagonistas de lo que viene poco a poco se empiezan a conocer, por lo que veremos qué tan buenos salen.

Un Congreso del Estado sometido

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Algo tendrá que hacer los futuros diputados locales para garantizar que los actuales procedimientos legislativos garanticen la designación correcta de los mejores nombramientos de funcionarios, pues hoy en día sólo se trata de un trámite más para cumplir con la ley y permitir que se haga efectiva la voluntad de la persona que hoy ostenta el poder en Tlaxcala.

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Resulta intrascendente el procedimiento legal para llevar a cabo la designación del procurador de Justicia en el estado, cuando el gobernador envía la terna a los legisladores quienes a su vez montan un teatro para realizar a través de unos sinodales una evaluación que al final termina en una recomendación sobre alguien específico cuyo nombre es plasmado en un dictamen que es sometido a votación en el pleno y sin mayor problema obtiene su nombramiento.

Entonces, el abogado designado rinde protesta ante esa soberanía como nuevo procurador general de Justicia en el estado, para después anunciar la reestructuración de la dependencia y su transformación para adaptarse a los tiempos modernos, lo cual sólo se queda en declaraciones estrambóticas porque en la realidad las cosas siguen igual o peor.

Y que mejor ejemplo para ilustrar lo anterior es que en 20 meses la Procuraduría General de Justicia en el Estado ha tenido tres titulares (Tito Cervantes Zepeda, José Aarón Pérez Carro y el designado ayer José Antonio Aquiahuatl Hernández), quienes pasaron por el ridículo procedimiento antes descrito y prometieron la reestructuración de esa dependencia que es ineficaz, ineficiente y corrupta.

Al nuevo procurador Aquiahuatl Hernández hay que darle el beneficio de la duda y un tiempo para comprobar si realiza la mentada reestructuración o simplemente optó por emular a sus antecesores que fracasaron en su intento por corregir las deficiencias que enfrenta una dependencia que hoy padece la falta de personal, de equipo y recursos económicos para enfrentar a una delincuencia organizada que está desatada en Tlaxcala.

Los diputados locales dóciles y en su actitud de divos ni siquiera cuestionaron que en 20 meses se vaya por el tercer procurador y que ninguno de los dos que estuvieron en el cargo antes que José Antonio Aquiahuatl hubiera aceptado comparecer ante esa soberanía para explicar las razones por las cuales la incidencia delictiva se ha disparado.

Si en un tema tan delicado los legisladores no tuvieron la delicadeza de aparentar interés, menos lo hicieron en el caso de la designación del titular del Órgano Interno de Control del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones donde acomodaron al marianista José Marcial Flores Gómez, quien carece de experiencia en el trabajo que deberá desempeñar a partir de este día.

En la pasada administración estatal que encabezó Mariano González Zarur, el hoy nuevo funcionario del ITE se desempeñó como un jefe de Departamento del C4 donde no hizo nada trascendente.

Es evidente que había mejores perfiles para ocupar ese cargo, pero los diputados evitaron las complicaciones y realizaron el nombramiento una vez que recibieron la instrucción de su jefe político.

El desdén de los diputados locales que en 20 días dejarán sus cargos es preocupante, porque seguramente harán los peores nombramientos de los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, donde por cierto 21 personas buscan integrarse a ese organismo que tendrá que estar conformado a más tardar el 15 de agosto.

Hasta ahora ningún nombre destaca y tampoco se tienen buenas referencias de alguno de ellos, de ahí que es muy probable que en Tlaxcala se tenga un comité gris y sometido a la influencia del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.

Mientras exista un Congreso del Estado dócil e incapaz de ejercer su independencia, seguiremos viendo el nombramiento de funcionarios a modo que lejos de ver por los intereses de los ciudadanos llegan a defender y velar por los intereses de las personas que facilitaron su designación.

Así no se puede avanzar.