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La popularidad de AMLO es exclusiva

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Algo urgente deberán hacer los diputados locales que forman parte de la Cuarta Transformación porque su nivel de aprobación y popularidad está por los suelos, lo que demuestra que los tlaxcaltecas si disocian la labor del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador con el trabajo que llevan a cabo los legisladores de Tlaxcala.

En mandatario del país conserva un elevado nivel de aceptación ciudadana que llega al 82 por ciento, cifra que contrasta con el aval que logran los legisladores locales que apenas si obtienen una aprobación del 27 por ciento, muy similar a la del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.

De acuerdo con los resultados de un estudio de opinión levantado en Tlaxcala a finales de enero para medir el desempeño del presidente, el gobernador, los diputados locales y los alcaldes, así como de los funcionarios federales, los únicos que lograron una calificación aprobatoria fue López Obrador y la vapuleada delegada de programas de desarrollo del gobierno federal, Lorena Cuéllar Cisneros.

La diputada federal con licencia y ex candidata al gobierno del estado no sólo goza del respaldo ciudadano en su labor como funcionaria al alcanzar una aprobación de casi el 70 por ciento, sino que su nivel de conocimiento se ha incrementado porque más de 8 de cada 10 ciudadanos la ubica o ha oído hablar de ella.

En contraste, los diputados locales no supieron vincularse ni aprovechar la popularidad del presidente de México para avalar su trabajo. Los ciudadanos perciben que los legisladores realizan una pésima labor y que incumplieron sus promesas de reducirse el salario y hacer efectiva la austeridad que prometieron en sus campañas.

El nivel de conocimiento de todos los diputados que forman parte de la actual legislatura es bajísimo y ninguno ha logrado trascender, pese a que están por cumplir seis meses en sus cargos.

Lo más grave es que los ciudadanos hicieron evidente su rechazo a los diputados locales, pues al ser interrogados sobre si avalan o no la continuidad en el cargo de los legisladores, la respuesta de las personas que participaron en la encuesta fue contundente con un no que acumuló un 91 por ciento.

El desempeño promedio de los presidentes municipales es reprobatorio y los ciudadanos consideran que hasta ahora han hecho pocos esfuerzos para resolver problemas como la inseguridad y el mejoramiento de los servicios públicos.

A nivel estatal, el gobernador y sus funcionarios salen mal evaluados, pues los ciudadanos perciben que la actual administración está alejada y ausente para atender la problemática que se vive en Tlaxcala.

Los funcionarios encargados de la seguridad son los peor calificados y el asunto de la corrupción empieza a ganar terreno en el imaginario colectivo.

El desgaste de los presidentes municipales y del gobierno del estado es notorio. Quizá deberían considerar la posibilidad emprender algunos cambios que les permita cerrar sus administraciones sin acumular un marcado repudio por parte de sus gobernados.

El Marianismo en tiempos del Menismo

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Cansados de esperar para ser incrustados en la administración del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, los marianistas decidieron concluir su asalto en el Tribunal Superior de Justicia del Estado para establecer su coto de poder y desde ahí jugar la sucesión que seguramente será en contra del actual mandatario que, ante ese grupo, se muestra como un espectador incapaz de frenar sus ímpetus para obtener dinero público y fuerza política.

Una vez que los marianistas empezaron a ser eliminados de los puestos que controlaban en el Poder Ejecutivo, optaron por jugar las contras a Marco Mena y decidieron arrebatarle el control del Poder Judicial donde los primeros impusieron como presidente al poblano Héctor Maldonado Bonilla, quien llegó gracias a la operación que emprendió el ex gobernador Mariano González Zarur con los magistrados que logró imponer a lo largo de su administración.

Una vez que el ex consejero jurídico asumió la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado empezó a registrarse la llegada discreta de marianistas a la nómina de ese poder, quienes también controlaban la pasada legislatura del Congreso Local con Marianito González Aguirre, hijo del ex mandatario.

La dolorosa derrota que sufrió el PRI, el marianismo y el menismo en los comicios del 1 de julio del 2018 provocó que todos perdieran presencia y el control del Congreso del Estado, por lo que el ex diputado vedette González Aguirre adelantó que él y su grupo sería invitado a colaborar en el gobierno de su amigo Marco Mena, lo cual no sucedió y siete meses después de esa terrible fecha tuvieron la osadía de afianzar su control en el Poder Judicial.

Sin consultar al gobernador y como lo han hecho desde hace más de un año, el marianismo se apoderó el pasado viernes de la Tesorería del TSJE a través de Lilian Rivera Nava, prima de Marianito y quien fuera titular de la Secretaría Administrativa de la pasada legislatura, donde presumió sus amplios dotes para desaparecer el dinero público sin tener alguna consecuencia legal.

Antes, esa mujer se desempeñó en el gobierno del hacendado gobernador como Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Y para confirmar que el marianismo es el que manda en el Poder Judicial de Tlaxcala, también designó al ex diputado local Ignacio Ramírez Sánchez como Contralor Interno, lugar que antes ocupaba Noé Cuecuecha Rugerio, quien ahora es el Director Jurídico del TSJE, posición que obtuvo gracias a los buenos oficios de la convenenciera magistrada Rebeca Xicohténcatl Corona, quien desde hace muchos meses olvidó su menismo para revivir su amor por los González.

Los marianistas cobrarán más que un juez y su poder e influencia ya se dejó sentir inmediatamente.

El dócil y sumiso magistrado Héctor Maldonado resultó un buen peón para el marianismo, pues desde su llegada a la presidencia del TSJE no ha tenido más que atenciones para ese grupo que ya controla la impartición de justicia, los negocios y los recursos públicos del Poder Judicial.

Si hay un grupo político en el estado que no ha mostrado miedo ni respeto al gobernador Mena es el marianismo, quien seguramente tendrá en la próxima sucesión gubernamental prevista para el 2021 un candidato propio que jugará a la vencidas con el abanderado que impulse el mandatario priista.

Aunque parezca increíble, el gobernador Marco Mena ha hecho efectiva la separación de poderes más por debilidad que por voluntad propia o por una decisión de estadista. El Congreso del Estado está en manos de Morena y sus aliados el PT y el PES, mientras que el Poder Judicial responde a los intereses de los marianistas que mantienen oídos sordos a las órdenes de quien en teoría debería ser su jefe político. Ni hablar.

Nace primera asociación de presidentes municipales

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De mantenerse las cosas como hasta ahora, el próximo domingo se dará a conocer la primera asociación legal de presidentes municipales del estado de Tlaxcala, la cual buscará no sólo convertirse en un factor real de poder frente a otras instancias gubernamentales, sino en un organismo que defienda sus intereses de una manera organizada y grupal.

Lo que al principio pareció como algo imposible, la realidad es que 40 de 60 alcaldes que existen en la entidad decidieron avalar la creación de esa asociación, la cual será representada durante su primer año por el presidente municipal de Yauhquemehcan, Francisco Villarreal Chairez, quien llevará como otros miembros de la mesa directiva a los ediles de Tlaxco, Gardenia Hernández Rodríguez, de Santa Cruz Tlaxcala, Miguel Ángel Sanabria Chávez, de Ixtacuixtla Rafael Zambrano Cervantes, de Zacatelco Tomás Orea Albarrán, de Huamantla Jorge Sánchez Jasso y de Tlaxcala Anabell Ávalos Zempoalteca.

La iniciativa parece buena y de entrada los presidentes municipales que la conformarán darán su respaldo a la controversia constitucional que algunos ediles promovieron contra la reforma legal que aprobaron los diputados locales y por la cual le regresaron a partir de este año el voto en la sesiones de Cabildo a los presidentes de comunidad, cuando durante el 2017 y el 2018 sólo tuvieron voz.

Los alcances, objetivos y metas que tiene prevista la mencionada asociación se darán a conocer en la mañana del domingo 10 de febrero en el salón Apizaco de lo que antes se conocía como el Hotel Posada San Francisco.

Es muy probable que los presidentes municipales decidan enviar un mensaje al gobernador del estado Marco Antonio Mena Rodríguez, a quien le solicitarán mayor apertura y disposición a sostener reuniones de trabajo que les permita atender coordinadamente la problemática en materia de seguridad y planeación de obras públicas.

Esa asociación de alcaldes será un nuevo factor de poder en Tlaxcala, pues su voz y postura para ciertos temas no sólo se hará escuchar con más fuerza, sino que en bloque los ediles tendrán más fuerza para negociar y defender sus intereses.

Los excesos de los agentes de vialidad

Algo huele mal al interior de la Dirección de Vialidad de la Comisión Estatal de Seguridad, donde cada vez son más frecuentes los excesos que cometen los agentes contra ciudadanos que supuestamente cometieron una infracción de tránsito.

En redes sociales se hizo viral un video que para muchos representa un exceso por parte de los agentes de esa corporación que procedieron contra un hombre que se escapó de un elemento que pretendía infraccionarlo. Al ser nuevamente detenido, el ciudadano intentó agredir a otro uniformado, lo que encendió los ánimos de los policías que usaron la fuerza para retenerlo.

Si bien ese caso generó polémica, le cuento que el pasado fin de semana sucedió un hecho similar que involucró a dos mujeres, con la salvedad de que éstas fueron agredidas y retenidas por los agentes de vialidad cuyo jefe es Pedro Gómez Celada.

El asunto llegó hasta las instancias legales donde al parecer se demostró que las mujeres fueron retenidas injustificadamente y que los elementos de la mencionada corporación se excedieron en el uso de la fuerza, de ahí que el caso ya fue presentado a la Comisión Estatal de Derechos Humano para ser investigado.

Los agentes de vialidad andan desatados y pareciera que alguien les impuso una cuota a cubrir para tener derecho a la motocicleta o la patrulla, porque su repentino cambio de aplicar a rajatabla el reglamento de tránsito se interpreta como una medida más para fomentar la corrupción que en garantizar la seguridad de los automovilistas.

No cabe duda que con Eduardo Valiente Hernández, responsable de la Comisión Estatal de Seguridad, estamos retrocediendo al grado que ya empezamos a lamentar su llegada y la partida de Hervé Hurtado Ruiz.

El Big Brother de las policías en Tlaxcala

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De poco o de nada ha servido que los municipios de la entidad hayan instalado centros de video vigilancia si la incidencia delictiva sigue a la alza, lo que lleva a la conclusión que no falla la tecnología sino los encargados de los cuerpos de seguridad en el ámbito municipal y estatal que al parecer están coludidos con los delincuentes o están rebasados porque sus acciones no se traducen en detenciones.

Ante su evidente incapacidad para prevenir y frenar las actividades delictivas en Tlaxcala, los jefes de la policía han empezado a justificarse con absurdas declaraciones que demuestran su incapacidad.

Hace un par de días, el mexiquense comisionado de Seguridad, Eduardo Valiente Hernández, se aventó la puntada de informar y dar la relevante nota de que su corporación ya tenía identificadas las bandas dedicadas al robo de trenes que pasan por Tlaxcala, en donde incluso participan menores de edad.

Lo anterior no resulta nuevo ni merece un reconocimiento, pues desde hace años las autoridades del estado, los alcaldes, los jefes policíacos estatales y municipales, así como vecinos de Yauhquemehcan, Apizaco y Huamantla saben quiénes cometen esos atracos, dónde esconden la mercancía y el modus operandi que siguen para mover esos productos robados por Tlaxcala.

Si esas bandas ya están identificadas, por qué razón la Comisión Estatal de Seguridad no procede en su contra. Sería lamentable que esa dependencia se escudara en el argumento de que en ellas participan menores de edad y por tal razón no puede aplicarles la ley. Si eso fuera así entonces estamos jodidos porque pareciera que ese sector de la población tiene permiso para delinquir sin enfrente las consecuencias de sus ilícitos actos.

Así como ayer la corporación presumió su exagerado operativo “Pegaso” que logró remitir 64 motos y aplicar 31 infracciones por diferentes violaciones al reglamento vial, lo deseable sería que también llevara a cabo una acción similar para detener a los delincuentes que según el jefe de la policía ya están identificados.

Eduardo Valiente es otro funcionario foráneo que pretenden sorprender a los tlaxcaltecas y justificar con tontas declaraciones su pésimo trabajo. Su antecesor, el ciberpolicía Hervé Hurtado Ruiz intentó vender los mismos rollos y al final salió despedido porque los delincuentes simplemente se burlan de la policía, tal y como sucede hoy en día.

Dígame de qué sirve que los municipios canalicen importantes sumas de recursos para instalar centros de videovigilancia si los policías municipales no están capacitados ni tienen las armas para enfrentar a las bandas criminales.

Si la intención es grabar y tener el video de los atracos, entonces vamos avanzando, porque lo que no existe en Tlaxcala es una real estrategia que prevenga y combata a los hampones.

La fuerza policiaca en Tlaxcala es limitada y carece de voluntad y estímulos para hacer su trabajo.

Hay llamadas de auxilio al 911 que nunca son atendidas o llamadas a los números de las policías municipales que también son ignoradas.

El uso de tecnología para inhibir las actividades ilícitas como las alarmas vecinales es una buena medida si la policía realmente intervendrá, porque si con ese mecanismo los colonos optan por hacer el trabajo de los elementos y hacer justicia por su propia mano será una decisión con pésimos resultados.

Ya casi llegamos a la mitad del periodo de gobierno de la actual administración estatal y hasta ahora no se ve que la seguridad entre en sus prioridades, por lo que quizá la inversión histórica prometida hace ya varios meses en ese rubro nunca se concretará o se dejará pendiente porque según las autoridades Tlaxcala sigue siendo de los estados más seguros del país.

Los conflictos se asoman en varios ayuntamientos

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Para 17 presidentes municipales resultó muy desalentador la decisión que asumió ayer el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) que optó por no intervenir en la inconformidad que existe luego que los diputados locales aprobaron una reforma constitucional para devolver el voto en los Cabildos a los presidentes de comunidad, pues será el pretexto para que empiecen a surgir conflictos en varios ayuntamientos donde esas autoridades buscan revancha contra los ediles que los marginaron por dos años.

Sin medir las consecuencias legales y políticas de su decisión, a finales del año pasado los diputados locales aprobaron una reforma constitucional que hoy ha provocado una tensa calma en por lo menos 20 ayuntamientos, en los cuales los ediles han perdido el control de los cabildos porque en éstos la mayoría está representada por los presidentes de comunidad que hoy están dispuestos a vender muy caro su voto.

En la pasada administración estatal el gobernador Mariano González Zarur aprobó una reforma para limitar la participación de los presidentes de comunidad en las sesiones de Cabildo, es decir, se avaló que tuvieran voz, pero no voto, medida que entró en vigor en el 2017 cuando las actuales gestiones municipales entraron en funciones.

Sin embargo, en las elecciones de diputados locales que se celebraron en julio pasado junto con los comicios presidenciales, los aspirantes al Congreso del Estado ofrecieron devolver el voto a los presidentes de comunidad como una medida electorera que finalmente se concretó al cierre del 2018.

De inmediato los presidentes municipales se inconformaron por esa decisión y se organizaron para combatir legalmente esa decisión que, según ellos, era ilegal porque era retroactiva y afectaba el desarrollo de sus administraciones.

Los alcaldes que encabezan ese movimiento fueron los priistas de Tlaxco y Huamantla, Gardenia Hernández Rodríguez y Jorge Sánchez Jasso, respectivamente, cuyos Cabildos se vuelven incontrolables por el número de presidentes de comunidad que lo integran.

En la convocatoria del 2016 que se hizo para la elección de los presidentes municipales se estipuló claramente que éstos durarían en el cargo cuatro años y ocho meses por única ocasión y que los presidentes de comunidad tendrían voz, pero no voto, lo cual no fue considerado por los diputados locales que en su afán de quedar bien con esas autoridades determinaron regresarles el poder de influir en las decisiones de sus ayuntamientos.

El Tribunal Electoral de Tlaxcala optó por evadir el tema y ahora habrá que ver si los ediles inconformes recurren a otra instancia o deciden abortar ese pleito legal para lidiar con su nueva realidad y evitar que sus ayuntamientos se salgan de control, pues en algunos se sabe que los presidentes de comunidad ya analizan subirse el sueldo y solicitar más recursos para gastos de operación y obras públicas.

Algunos ayuntamientos representan una bomba de tiempo y tarde o temprano explotará apareciendo los conflictos entre los munícipes y los presidentes de comunidad, lo que provocará un clima de ingobernabilidad que le pegará no sólo al gobierno de estado, sino al Congreso del Estado que tendrá que cargar con la responsabilidad de esos pleitos.

La actual legislatura va para su sexto mes en funciones y su trabajo es muy gris, porque hasta ahora no ha hecho nada bien y si no me cree simplemente revise su actuación y saque usted sus propias conclusiones.

La ruta para alcanzar la candidatura a la gubernatura

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Puebla ha concentrado la atención de los militantes y simpatizantes de Morena que están a la expectativa sobre la forma en que ese partido resolverá y definirá el candidato o la candidata al gobierno del estado que participará en las elecciones extraordinarias previstas para el 2 de junio, ya que sin duda ese proceso trazará una ruta y el comportamiento que se aplicará en otros estados del país donde habrá de renovarse el poder Ejecutivo.

Si antes de llegar al poder la disputa por las candidaturas de Morena para los cargos de elección popular más sobresalientes era intensa, ahora que controlan la presidencia de México a través de Andrés Manuel López Obrador las confrontaciones han subido de tono, al grado que los aspirantes con fuerza y posicionamiento enfrentan grillas internas que parecieran más encaminadas a frenar el avance de ese partido que en alentar su llegada al poder en el ámbito local.

En Puebla donde Morena tiene amplias posibilidades de ganar la gubernatura una vez que el PAN y el grupo de Rafael Moreno Valle se encuentra débil y sin un candidato fuerte tras la muerte del senador y su esposa la gobernador poblana Martha Erika Alonso Hidalgo en el accidente del pasado 24 de diciembre, la división en ese partido cada día es más evidente al igual que la disputa que sostienen dos grupos.

El primer grupo lo encabeza Luis Miguel Barbosa Huerta, ex senador y ex candidato a la gubernatura que cuenta con el respaldo de la líder nacional de Morena Yeidckol Polevnsky Gurwitz, mientras que el otro lo preside el actual senador y ex priista Alejandro Armenta Mier que es alentado por Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta y coordinador de los senadores de Morena.

Ambos políticos cuentan con respaldos locales entre diputados y presidentes municipales, de ahí que han empezado a descalificarse para de esa forma ganar adeptos y según ellos, obtener la candidatura al gobierno de Puebla que se calcula se definirá a finales de marzo.
El aspirante más competitivo es Luis Miguel Barbosa, sin embargo al interior de Morena hay un marcado interés por obstaculizar su nominación, por lo que existe un gran morbo político sobre cómo se resolverá el conflicto de la candidatura al gobierno de Puebla, porque seguramente dará la pauta sobre el comportamiento que se tendrá en otros estados donde se viva un escenario similar.

En Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, la delegada de los Programas de Desarrollo del gobierno federal pareciera que es la aspirante natural al gobierno del estado, pero también es una realidad que hay un grupo al interior de Morena donde confluyen los senadores Ana Lilia Rivera Rivera, el longevo José Antonio Álvarez Lima y el líder estatal de ese partido, Joel Molina Ramírez, quienes están empeñados en detener las aspiraciones de la ex priista y ex perredista.

Mientras en la capital del estado se desarrollaba el evento oficial donde estuvo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la senadora Rivera convocó en Apizaco a una reunión con un selecto grupo de seguidores para entre otras cosas hablar mal de su rival y lamentar los abucheos que recibió su hoy aliado, el gobernador priista, Marco Antonio Mena Rodríguez.

En la entidad aún faltan muchos meses para que se definan las candidaturas al gobierno de Tlaxcala, sin embargo la carrera por la sucesión ya comenzó y con ello el declive del mandatario Marco Mena que cada vez luce más sólo y débil.

Un fracaso el relevo en el IDET

A casi nueve meses de su llegada como responsable del Instituto del Deporte de Tlaxcala, Alfredo Lemus Saldaña, su trabajo es gris e intrascendente porque los atletas están abandonados y sin apoyo oficial de esa dependencia para competir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Hace unos días dos deportistas de San Pablo del Monte que lograron la marca para asistir a esos juegos y representar a México y a Tlaxcala fueron tratados con desprecio por ese inútil funcionario que se siente bordado a mano, pues palabras más palabras menos les comentó que el IDET no tenía recursos y menos la disposición para ayudarles a cumplir con su sueño.

Por esa razón, acudieron al alcalde Cutberto Cano Coyotl, quien otorgó a cada uno un apoyo de 10 mil pesos, por lo que esos dos atletas si podrán acudir a esa competencia internacional.

Pero no crea que es el único caso, ya que las quejas sobre la falta de apoyos y nulo trabajo del IDET se han multiplicado tras la salida de la ex directora Minerva Reyes Bello, quien tenía mayor sensibilidad y ganas de trabajar que este vaquetón que de plano da hueva.

La lectura no oficiosa ni oficial de la visita de AMLO

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Ahora resulta que el popular, eficiente y querido gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, fue víctima de una celada de la gran operadora política y funcionaria federal Lorena Cuéllar Cisneros, quien pasando por la autoridad de su jefe el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arremetió contra su ingenuo rival que su único problema es trabajar incansablemente para el desarrollo de la entidad.

Antes de buscar culpables de la rechifla y abucheos que recibió de parte de sus gobernados, el mandatario estatal debe aceptar que sus asesores y funcionarios son pésimos no sólo para operar, sino para cuidar su imagen y su figura.

De entrada la operación “salvemos al jefe” que estuvo a cargo del Oficial Mayor de Gobierno, Luis Miguel Álvarez Landa, de llevar empleados de la administración estatal como acarreados para echar porras a Marco Mena fue un rotundo fracaso, pues sus gritos oficiales fueron opacados por las consignas de rechazo que salieron de manera espontánea de las personas que acudieron al domo blanco del Centro Expositor de Tlaxcala y que constató el presidente Andrés Manuel López.

El equipo de logística del gobierno del estado y los empleados de la empresa poblana contratada para instalar el audio mostraron su inexperiencia y lejos de ocupar el sonido ambiente para contrarrestar las consignas de protesta bajaron el volumen para permitir que las inconformidades se hicieran más evidentes.

El séquito cercano del mandatario y su arrogante secretaria particular, Eladia Torres Muñoz, optaron por esconderse detrás del escenario y dejaron sólo a su jefe que, según la sesuda prensa independiente, es todo un estadista capaz de echarse a la bolsa al presidente López Obrador en un dos por tres.

El presidente es todo un viejo lobo de mar y se percató que a su llegada habían sido ubicadas personas que empezaron a lanzar porras a Marco Mena, las cuales se convirtieron en una provocación una vez que los asistentes que se encontraban en el domo blanco comprobaron que eran alabanzas para el mandatario estatal, de ahí que los gritos de “fuera Mena” aparecieron y no pararon por varios minutos.

López Obrador fue ovacionado y las consignas contra el queridísimo Marco Mena no paraban. Vaya su discurso de bienvenida al mandatario del país tuvo que ser cortado porque en todo momento el gobernador fue interrumpido por ese mal humorado pueblo que no valora tener un líder moderno que impulsa una gobernanza digna de ser replicada no sólo en México, sino en todo el mundo.

En su intervención y dueño del escenario, el presidente de México aprovechó los ánimos encendidos para referirse a la pasada administración priista que mal gobernó el país y robó todo lo que pudo, en clara alusión al partido y a los políticos que pertenecen al mismo instituto al que milita Marco Mena.

Habló de sus programas, de la cuarta transformación y del combate decidido que realiza contra la corrupción. AMLO mencionó en varias ocasiones el nombre del gobernador y dejó que los asistentes sacaran su malestar contra el jefe de Ejecutivo local y como lo ha hecho en otras entidades donde los ciudadanos rechazan a sus gobernadores, Andrés Manuel López pidió una vez avanzado su discurso, respeto hacia Mena y un aplauso que salió muy forzado del público cercano al escenario, pero que también estuvo acompañado de gritos de repudio.

Y aunque hay toda una estrategia del gobierno del estado para negar lo innegable, la realidad es que López Obrador sí mencionó a Lorena Cuéllar en su discurso y dejó en claro que el trabajo de esa funcionaria federal está avalado por él y que como coordinadora de Programas de Desarrollo es la representante de su gobierno en Tlaxcala.

Marco Mena fue repudiado ayer y punto.

Al despedir a López Obrador y subirse a su camioneta se percató del enorme rechazo ciudadano que existe hacia su persona, pues su camioneta fue golpeada y los gritos de “huachicolero “y “huevón ponte a trabajar” fueron la constante.

El gobernador debe buscar culpables de su enorme rechazo al interior de su administración y no culpar de todo lo malo que le pasa a Lorena Cuéllar que, según sus asesores y consejeros, está convertida en todo un moustro que pretende destruir este ejemplar y eficiente gobierno.

La marcada polarización es por culpa de la sucesión

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Los buenos deseos de evitar la confrontación y establecer una adecuada y útil coordinación entre el gobierno federal y el gobierno del estado sólo han quedado en palabras, porque en los hechos hay hostilidad y una evidente estrategia para desacreditar y obstaculizar la labor de los funcionarios que laboran en la administración del nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Desde hace meses cuando se conoció que la ex candidata al gobierno de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros sería la “Súper Delegada” del gobierno federal que estaría bajo el mando de López Obrador, se visualizó un escenario complicado no sólo para la ex priista que hoy tiene puesta la camiseta de Morena, sino para el mandatario estatal, Marco Antonio Mena Rodríguez, quien interpretó tal designación como una afrenta para su administración al tener que trabajar con su ex rival en la arena política.

Aunque nunca ha hecho un pronunciamiento público en contra de la cuñada de su hermano Fabricio Mena Rodríguez, en reuniones privadas el gobernador tlaxcalteca mostró su molestia y desagrado por el papel que asumiría Lorena Cuéllar, al grado que nombró a José Aarón Pérez Carro, secretario de Gobierno, como enlace con la diputada federal con licencia.

Hoy en día y desde hace unas semanas existe una estrategia mediática para golpear a la funcionaria federal por lo que sea. Sus probables errores son maximizados y cualquier asunto relacionado con la operación de los programas de desarrollo es destacado por sus sesudos e independientes críticos que ven todo lo malo e ineficiente de la administración federal, pero que son incapaces de escribir una línea en contra del gobernador Marco Mena y las fallas que presenta su gestión.

No estoy diciendo que Lorena Cuéllar no merezca ser criticada y que no ha cometido errores o que el gobierno federal a través de sus delegaciones se encuentra paralizado y con graves inconsistencias en su operación, sino que el golpeteo sistemático al que han sometido a la política es evidente y demuestra que las autoridades estatales están empeñadas en obstaculizar la probable nominación de la morenista al gobierno de Tlaxcala porque intuyen que sus posibilidades de ganar son amplias.

Y así como hemos dicho que en la administración de Mena Rodríguez se han cometido excesos y abusos, éstos también empiezan a presentarse en el gobierno federal que opera en Tlaxcala, pues se dice que el ex alcalde de Amaxac, Carlos Luna Vázquez, encargado del Programa de Adultos Mayores, hace todo lo posible por incrustar a sus dos hijos en la nómina sólo por el hecho de que él dejó el PRD para jugársela con López Obrador, lo cual me parece un absurdo y una práctica que de confirmarse resultaría muy lamentable.

Es entendible la molestia de los morenistas que han sido desplazados para dar paso a ex panistas como Sergio González Hernández y al ex constructor marianista Delfino Chamorro Macías que al inicio de la pasada administración obtuvo obra pública para su empresa, de la cual fue corrido unos años después por supuestamente no estar de acuerdo con la repartición de las ganancias, donde tenía participación una funcionaria consentida de Mariano González Zarrur.

En su primera gira oficial como presidente de México, López Obrador encontrará que hay una marcada polarización entre el gobierno federal y el gobierno del estado que encabeza Marco Antonio Mena, la cual está ligada al tema de la sucesión que se concretará en el 2021, pero que desde hoy ya tiene acelerada a la clase política que ante la ausencia de un liderazgo fuerte en el ámbito local las pasiones se están desbordando.

El conflicto existe y la confrontación es innegable.

El equipo del presidente está al tanto y tiene todos los detalles de la película.

Imagínese cómo verán los principales colaboradores de Marco Mena a su jefe que están muy preocupados en ocultar o negar la realidad y en montar una burda estrategia de acarreados oficiales para contrarrestar cualquier posible ataque al mandatario durante el evento previsto para las 10:30 horas de este día en el Centro Expositor de Tlaxcala.

La tarde de ayer las oficinas de la Sedeco fueron usadas para diseñar la operación “salvemos al jefe”, pero no crea que esa responsabilidad recayó en “El Cubas” Jorge Luis Vázquez Rodríguez, sino en el Oficial Mayor de Gobierno, Luis Miguel Álvarez Landa, quien decidió trasladar su “centro de operación” a esas oficinas ubicadas a un costado del Congreso del Estado para desde ahí garantizar que no habrá silbidos o insultos para el mandatario tlaxcalteca, porque la mayoría de los lugares serán ocupados por empleados estatales y sus acarreados.

Habrá que ver cuál es el comportamiento de Andrés Manuel López hacia el gobernador y hacia sus representantes en Tlaxcala.

Del cinismo puro hasta las discordias intestinas

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El proceso legislativo de la aprobación del Presupuesto de Egresos del 2019 dejó saldos muy negativos en el Congreso del Estado que se reflejan en una marcada división entre los diputados integrantes de la mayoría conformada por Morena, el PT y el PES.

Si bien el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez confirmó ayer que no vetará el presupuesto y que éste será publicado en breve, el PAN a través de su diputado Omar Milton López Avendaño y la dirigencia estatal de su partido que encabeza José Gilberto Temoltzin Martínez analizan un recurso legal para impugnar esa ley que se aprobó sin seguir los procedimientos normativos.

Hay evidencias documentales que demuestran que la legisladora morenista presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización de Congreso del Estado, María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, actuó unilateralmente sin tener el aval de los miembros de esa instancia colegiada que nunca fueron notificados de las observaciones que se recibieron del gobernador Mena Rodríguez ni fueron convocados para sesionar y elaborar un nuevo dictamen.

Si en esa comisión impera una marcada división y desconfianza entre sus integrantes, en el Comité de Administración del Congreso Local que preside el morenista Rafael Ortega Blancas las cosas andan igual o peor, sobre todo por las incongruentes y estúpidas declaraciones de la insaciable coordinadora de la bancada del PT, Irma Garay Loredo.

Resulta que esa inexperta legisladora culpa a Rafael Ortega de la nula austeridad y los altos salarios que perciben los diputados locales, pues según esa mediocre política el apizaquense elaboró unilateralmente el presupuesto del Poder Legislativo y nunca consultó a sus compañeros para considerar sus propuestas y hacer ajustes a la baja.

El cinismo de Irma Garay supera por mucho al de su nefasto papá, Silvano Garay Ulloa, diputado federal y encargado de la dirigencia del PT en Tlaxcala, porque no sólo se le olvida que tiene a su hermano cobrando sin trabajar en la nómina del Congreso del Estado, sino porque también se ha embolsado los 50 mil pesos mensuales que recibe para gestión sin entregar ni un solo apoyo, lo cual se puede comprobar no sólo en sus lujosos atuendos, sino en su voluminosa figura.

En los próximos días las confrontaciones y descalificaciones entre los diputados locales estarán más que vigentes. Irma Garay, en complicidad con Víctor Manuel Baéz López, presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política y su aliado perredista priista Miguel Ángel Covarrubias Cervantes buscarán quitarle el control del Comité de Administración a Rafael Ortega para disponer de los recursos del Poder Legislativo y gastarlos a su conveniencia, lo cual no será nada fácil porque la mayoría de los legisladores no quieren que los mencionados claven sus largas uñas en las finanzas del Congreso.

No cabe duda que los actuales diputados salieron más cabrones que bonitos.

La guerra intestina

Una guerra intestina es la que mantiene el gobierno del estado contra la delegada federal de Programas de Desarrollo Lorena Cuéllar Cisneros y su equipo de trabajo, quienes han encontrado una serie de obstáculos para coordinar conjuntamente el evento que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezará en el Centro Expositor de Tlaxcala.

La logística está a cargo de la soberbia secretaria particular del gobernador Eladia Torres Muñoz, quien ya se asumió como la mandamás. Contando con el aval del funcionario más priista de la administración estatal, Luis Miguel Álvarez Landa, Oficial Mayor de Gobierno, la ex diputada local ya giró instrucciones a los responsables de las dependencias estatales para que los empleados sean obligados a llevar a 10 personas al evento oficial con la consigna de que serán despedidos si es que no cumplen con esa orden.

Tal y como lo hicieron en los actos de campaña del candidato del PRI a la presidencia de México, José Antonio Meade Kuribreña, hoy la estructura del gobierno busca llenar el recinto antes mencionado no sólo para quedar bien con el mandatario del país, sino para controlar el escenario y evitar que existan abucheos y reclamos hacia el gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena.

Los seguidores de López Obrador, los que en realidad quieren ver y saludar al presidente de México, serán marginados y ubicados en las zonas más alejadas.

El equipo de logística del presidente de México cedió toda la organización al gobierno del estado, de ahí que los funcionarios federales bajo la coordinación de Lorena Cuéllar son ignorados y maltratados, en gran medida porque han permitido que empleados de segundo nivel como Eladia Torres los mangoneen.

El jueves será la primera visita oficial de López Obrador como presidente de México.

Ojalá traiga sorpresas para los tlaxcaltecas y haga realidad su ofrecimiento de que “amor con amor se paga”, sobre todo porque Tlaxcala fue el segundo estado de la nación que más votos aportó para que AMLO ganara la presidencia.

Retraso u omisión deliberada

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Algo raro pasa al interior de la actual administración estatal que por una extraña razón hoy mantiene una actitud sistemática de posponer la entrada en vigor del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), como si la intención fuera evitar que ese andamiaje se establezca en Tlaxcala para que nadie tenga la posibilidad de solicitar su intervención en algunas áreas del gobierno donde cada vez hay más evidencias de corrupción.

Si bien el gobierno que encabeza Marco Antonio Mena Rodríguez no era ligado a actos de corrupción, esa percepción se ha venido modificando en el imaginario colectivo con el paso de los meses, debido a la poca o nula transparencia que existe en algunas actividades gubernamentales como la contratación y asignación de obra pública, así como en las compras de diferentes insumos que se realizan y que al parecer las empresas beneficiadas estarían ligadas a familiares de funcionarios.

Quizá por esa razón se ha retrasado sistemáticamente la designación del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción, pues básicamente es el que se encarga de la operación de esa instancia que tendrá bajo su responsabilidad castigar y combatir los actos delictivos relacionados con ese terrible mal.

Hasta ahora nadie sabe cuáles son los mecanismos que permitirán desarrollar principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción en Tlaxcala.

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado es un ente inservible que hoy en día representa un costal sin fondo para las finanzas públicas, porque sus cinco integrantes Abdel Rodríguez Cuapio, José Justino Pérez Romano, Isabel Romano Hernández, Rúmel Hernández Avendaño y Érika Montiel Pérez cobran un sueldo desde agosto del año pasado sin trabajar.

Nadie sabe dónde se ubican las oficinas de ese comité ni se tiene conocimiento de registro de las actividades que llevan a cabo sus integrantes con las cuales justifiquen sus salarios.

En noviembre pasado quedó instalado el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y desde entonces no se sabe nada de su labor, es como si a sus integrantes les importara un cacahuate el combate a la corrupción.

Sólo basta ver quienes lo conforman para entender esa actitud.

Héctor Maldonado Bonilla, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado; Víctor Manuel Báez López, presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado; Mayra Vázquez Velázquez, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado y María Maricela Escobar Sánchez, Contralora del Ejecutivo.

También se encuentra María Isabel Pérez González, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; Pedro Sánchez Ortega, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y Marlene Alonso Meneses, Presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado.

En Tlaxcala estamos muy lejos de tener un funcional y avanzado Sistema Estatal Anticorrupción.

El retraso u omisión deliberada para que ese sistema funcione es una pésima señal, porque es obvio que algo podrido se esconde al interior de la actual administración estatal que está empeñada en obstaculizar las acciones y procedimientos para combatir la corrupción gubernamental que existe aunque se niegue de manera repetitiva.

Cómo creer que el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala es una instancia seria cuando es incapaz de cumplir con la ley.

El Segundo Artículo Transitorio de la Ley del SEA establece que la Secretaría Ejecutiva deberá iniciar sus operaciones a más tardar a los sesenta días siguientes a la sesión de instalación del Comité Coordinador -16 de noviembre del 2018-, es decir, ese nombramiento se debió tener hace dos semanas y es la fecha que se desconoce cuándo será designado ese funcionario clave para la operación de ese andamiaje.

Ante tal panorama estamos jodidos. O no.