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Una cosa es lo que se dice otra lo que se hace

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Algo le pasa a la clase política del estado porque sólo ellos se pueden creer sus mentiras que cada día escupen sin ningún rubor ante los medios de comunicación. No existe congruencia entre el decir y el hacer, entre lo que pregonan y lo que se observa, entre lo que piden y ocultan. Ellos ven una realidad que sólo existe en su mente, porque nadie en su sano juicio puede respaldar tantas tonterías.

Un claro ejemplo de incongruencia es la advenediza diputada local del PT, Irma Garay Loredo, quien ayer presentó una iniciativa de ley castigar la violencia política en razón de género que se registra al interior de los partidos políticos.

Propuso aplicar a los políticos que incurran en esas prácticas sanciones que van desde una amonestación pública hasta el pago de una multa económica.

Antes de plantear tal iniciativa, la intranscendente legisladora hubiera exigido a su papá, el diputado plurinominal de PT, Silvano Garay Ulloa y líder de ese partido en Tlaxcala, que dejara de aprovecharse de su cargo y beneficiarse de las prerrogativas de ese instituto político, pues para nadie es un secreto que sólo él y su familia disponen del dinero y de los cargos que se obtienen a través de la representación proporcional.

Ella fue vilmente impuesta para ser diputada local por esa vía, al igual que su papá pero en la Cámara de Diputados. Ambos tienen trabajando a familiares que cobran puntualmente su salario sin trabajar. Lo que es peor, es que cobran sus partidas para llevar a cabo gestiones y se quedan con esos recursos porque sencillamente son fieles seguidores de la frase de que “todo se quede en la familia”.

Si hay alguien que ejerce la violencia de género al interior de un partido es Silvano Garay y su familia, porque sus integrantes son incapaces de permitir que otras mujeres tengan presencia y liderazgo en el PT, un partido que en Tlaxcala funciona como un verdadero negocio para esos políticos que sin representar nada han llegado a vivir muy bien con sus abultados salarios que salen de los impuestos que pagamos los tlaxcaltecas.

Dime de qué presumes y te diré de qué careces

Según Noé Rodríguez Roldán, secretario de Comunicaciones y Transportes, el compromiso del gobierno del estado es servir con ética, transparencia, austeridad y legalidad, sin embargo fue el propio mandatario de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, el que frenó la Ley de Austeridad que los diputados locales aprobaron a finales del año pasado.

Al negarse a publicar la mencionada ley luego de hacer varias observaciones, en Tlaxcala ya no fue posible contar con disposiciones legales que impidieran los gastos de lujo para servidores públicos, viáticos, alimentos, pensiones o bonos exclusivos por fin de mandato y hasta el pago de guaruras.

También se frenó que los 105 entes públicos de la entidad realizaran un Programa de Reducción y Ahorro que pretendía lograr una disminución de hasta el 30 por ciento en el gasto.

El funcionario estatal que fue el orador oficial de la conmemoración del CCXIII Aniversario del Natalicio del Benemérito de las Américas, Benito Juárez García, expresó que la austeridad debe ser real y no sólo una simulación para buscar popularidad o manipulación, palabras que no tuvieron ningún eco entre la clase política presente en la ceremonia porque así como las pronunció se las llevó el viento.

Sindicato del Cecyte presiona para conocer a su futuro patrón

El tiempo se ha convertido en el peor enemigo de las autoridades estatales, las cuales ya no saben cómo disimular sus múltiples errores. Según ellas despidieron a Luis Vargas González de la dirección general del Cecyte porque realizó supuestos malos manejos en ese subsistema cuando nunca recibió formalmente la institución y ni dispuso de un peso de las arcas para llevar a cabo su labor.

La realidad es que el ex funcionario estatal al encontrar cientos de anomalías financieras, aviadores y un manejo irregular del Cecyte optó por renunciar a su cargo al no encontrar el respaldo del gobernador para corregir esas inconsistencias que eran y son solapadas por el actual secretario de Educación de Tlaxcala, Manuel Camacho Higareda, lo cual los metió en un serio aprieto porque han pasado casi cuatro meses y es la fecha que no concluye el análisis para determinar quién será el próximo director de ese sistema educativo.

Ante esa enorme omisión, el líder del sindicato de los trabajadores del Cecyte, Zenón Ramos Castillo, reveló que el gremio presentó un amparo para obligar al mandatario a designar al responsable de ese colegio, pues es más que obvio que a ese tipejo le urge sentarse con el nuevo patrón para negociar y mantener sus privilegios y canonjías.

Zenón Ramos es uno de los pocos trabajadores privilegiados del Cecyte que cada mes se embolsa un sueldo de más de 70 mil pesos y se dice que a finales de cada año el “aguerrido dirigente” se lleva entre todas sus prestaciones más de 200 mil pesos.

Pero volviendo al tema de la designación del futuro director general del Cecyte, ayer el secretario de Gobierno en Tlaxcala, José Aarón Pérez Carro, sostuvo que el Ejecutivo local aún analiza los perfiles para nombrar al nuevo titular del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos y aseguró que será antes de que el Poder Judicial de la Federación emita una resolución cuando se conozca el nombre del elegido.

Seguramente el próximo director de ese subsistema será una eminencia o un sabio, porque imagínese que cualidades se deberán tener para ocupar ese cargo si el análisis para encontrar al indicado ya lleva casi cuatro meses.

Lento y tortuoso el cambio de funcionarios federales

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Por enésima vez el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aclaró que los representantes válidos de su administración en los estados son los “superdelegados”, quienes después de trabajar por casi cuatro meses solos empezarán a ser reforzados por una estructura que ahora si implicará la salida de los aún delegados priistas y la llegada de nuevos funcionarios que darán vida y movilidad a las dependencias federales que se encuentran paralizadas.

Aunque nunca faltan los ilusos que recurren a psicólogos para tratar sus complejos y sacar sus traumas contra las mujeres que logran posiciones importantes, la realidad es que Lorena Cuéllar Cisneros, delegada de Programas de Desarrollo del gobierno de López Obrador y única representante de la administración federal, pronto asumirá el control de las 44 delegaciones de igual número de dependencias cuyos titulares se negaron a entregar sus áreas o simplemente optaron por no reconocer la autoridad de la que hoy es ubicada como la tlaxcalteca con más cercanía al presidente de México.

En una reunión de trabajo celebrada al inicio de esta semana en la Ciudad de México, el mandatario del país confirmó que sus únicos representantes en los estados son los “superdelegados” y que éstos serán reforzados con la designación de cuatro coordinadores que se encargarán de la Seguridad, la Economía, de las Comunicaciones y de los programas de Bienestar, quienes a su vez tendrán bajo su mando a los encargados de las delegaciones de las dependencias federales.

Hasta ahora se desconoce los nombres de los cuatro coordinadores y si éstos serán personajes ligados a los intereses de Lorena Cuéllar, pues a nivel nacional se habla que esas posiciones serán ocupadas por funcionarios vinculados a los secretarios del gabinete presidencial, de ahí que su trabajo se enfocará en entregar resultados y no a actividades políticas o electorales.

Donde quizá se logre ubicar a políticos identificados a Cuéllar Cisneros, es en los encargados de las delegaciones, posiciones a donde deberán llegar personas con la capacidad suficiente para operar esas dependencias que desde diciembre se encuentran paralizados por la actitud negligente de algunos delegados priistas que han hecho lo que han querido, como Perla López Loyo, quien tiene al ISSSTE en una permanente crisis por los pésimos servicios que ofrece a los derechohabientes.

Aunque ha sido lento el arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en los hechos ya se empiezan a ver su movilidad con la entrega de los recursos de algunos programas. La semana pasada Lorena Cuéllar se reunió con más de mil campesinos que avalaron a la administración federal y para este día se tiene previsto otro evento masivo en el municipio de Tlaxco donde también se repartirán fondos federales.

La actual “superdelegada” del gobierno federal ha cumplido con las instrucciones de su jefe el presidente de México y quizá por esa razón hoy en día goza de toda la confianza de Gabriel García Hernández, quien es ubicado como uno de los hombres de mayor confianza de López Obrador al mantener una cercana relación en los últimos 18 años como encargado de áreas financieras y de operación política.

Gabriel García es Coordinador General de Programas Integrales de Desarrollo, un puesto que se creó para que Andrés Manuel López Obrador controlara a los 32 “superdelegados” que operan los programas sociales y de seguridad ciudadana en las entidades y que además son los enlace entre los gobernadores y el presidente.

En los pasados comicios del 2018, García Hernández fue el coordinador técnico de la defensa del voto en todo el país, una estructura que coordinó a las bases para cuidar las casillas electorales y conseguir votos a favor de López Obrador.

Ahora que se conoce cuál será la estructura administrativa con que operará el gobierno federal en Tlaxcala, sólo falta ver que se realicen los nombramientos y empiecen a darse los anhelados cambios para que los ciudadanos perciban con hechos la transformación que está impulsado la gestión de López Obrador porque hasta ahora no termina por convencer.

Urge que las palabras se traduzcan en hechos.

El PAN se sacudió y está dispuesto a dar la pelea

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A casi nueve meses de las pasadas elecciones donde Morena y sus aliados lograron triunfos y posiciones importantes, sus adversarios políticos parecen incapaces de salir de su letargo y salvo el PAN que ya concluyó su proceso de renovación de dirigentes locales, los demás lucen pasmados sin ninguna intención de cambiar y resignados a mantenerse en los últimos lugares de las preferencias electorales.

 

El PAN pareciera ser el único partido que está dispuesto asumir su papel opositor en Tlaxcala y ya sin la arrogancia de los adrianistas y la torpeza del grupo del ex dirigente estatal de ese partido, Carlos Carreón Mejía, los panistas tlaxcaltecas se dedicarán a fortalecer instituto político bajo el mando de José Gilberto Temoltzin Martínez cuya meta principal es recuperar la presencia y espacios de poder que se perdieron por malas decisiones.

En casi nueve meses el nuevo grupo dominante del PAN se dedicó a sumar y no a dividir a la militancia. Logró que las cabezas de las corrientes hegemónicas al interior del partido fueran excluidas para evitar que siguieran polarizando a los panistas que estaban más preocupados y enfocados a las grillas internas que en buscar el acercamiento con los ciudadanos y ciudadanas del estado.

El reinado que por más de ocho años ejerció la actual diputada federal Adriana Dávila Fernández al interior del PAN en Tlaxcala ayer llegó a su fin. No sólo dejó de tener el control de la dirigencia estatal, sino que también desapareció cualquier influencia suya en la Comisión Permanente que se encarga de avalar las alianzas electorales y las estrategias que se llevarán a cabo con miras a los futuros comicios.

Si la eterna aspirante a la gubernatura de Tlaxcala pretende aspirar a otro cargo de elección popular, desde ahora deberá ponerse a trabajar porque sus posibilidades de obtener otra candidatura por la vía plurinominal son remotas y escasas, debido a que los militantes del PAN están hartos que esa “líder” haya acaparado esos cargos para su beneficio y el de su grupo.

La actual senadora y ex perredista Minerva Hernández Ramos figura como la panista con más posibilidades de convertirse en la candidata a la gubernatura de Tlaxcala para las elecciones del 2021, pero no tanto porque goce de posicionamiento o sea considerada una política seria con la fuerza necesaria para ganar los comicios, sino porque hasta ahora no tiene una competencia interna que trate de disputarle esa nominación.

La renovación de los comités municipales del PAN en la entidad comenzará en los próximos días, proceso que permitirá identificar los liderazgos y posibles candidatos de ese partido rumbo a los próximos comicios.

La postura de José Gilberto Temoltzin sobre las candidaturas a los diferentes cargos de elección popular es muy clara y será abanderado aquel que tenga posibilidades de ganar sea del grupo que sea, por lo que está descartado el agandalle que prevaleció en los tiempos de Adriana Dávila.

Un panista que ya entendió su realidad y que permanecerá oculto para evitarse problemas por su deteriorada imagen es Adolfo Escobar Jardínez, ex alcalde capitalino, quien ahora trata de impulsar la carrera política de su esposa Elvira Salado Meza que ayer fue designada como miembro de la Comisión Permanente del PAN en Tlaxcala.

La intención del grupo de Adolfo Escobar es lograr que su esposa sea candidata a diputada local por la vía plurinominal, de ahí que haya roto su alianza con el grupo de la diputada federal Adriana Dávila que en su momento le permitió convertir a un incondicional suyo en legislador y a otros miembros de su equipo en regidores en diferentes ayuntamientos del estado.

El PAN da señales de estar vivo, lo cual no se ve en el PRI ni en el PRD, partidos que parece que están resignados a desaparecer.

La convulsionada renovación de la Sección 55 del SNTE

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Los maestros miembros de la Sección 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se alistan para renovar su dirigencia, proceso que seguramente sacará chispas porque la gran mayoría de los docentes quiere acabar con el ejercicio de la cuatitud que llegó a imponer el nefasto y entreguista Ignacio Díaz Grande, quien se quiere ir sin explicar dónde quedaron cerca de 10 millones de pesos de gastos médicos que se perdieron bajo su gris gestión.

 

Sin darle mucha difusión, hace unos días el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE bajo el mando de Alfonso Cepeda Salas lanzó la convocatoria para renovar a la dirigencia de la Sección 55, proceso que culminará el próximo 11 y 12 de abril en un congreso que se llevará a cabo en la ciudad de Apizaco.

El relevo sindical no será nada tranquilo para Alfonso Cepeda e Ignacio Díaz, pues ambos enfrentarán la venganza del grupo que apoya a la ex líder nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales, hoy integrados en la organización “Maestros por México” que buscará recuperar esa posición y lanzar de cualquier posición de poder a “los traidores de la maestra”.

El encargado de dirigir esa operación es el ex secretario de Educación en el gobierno panista de Héctor Ortiz Ortiz, el hidalguense Miguel Ángel Islas Chío, quien intentará que el convenenciero Ignacio Díaz fracase en su propósito de heredar el cargo a los hermanos Jorge o José Luis Guevara o la actual encargada de las finanzas del gremio Teresa Meneses.

La finalidad del aún líder magisterial Ignacio Díaz es que no se retome el caso de las anomalías millonarias encontradas en las finanzas del sindicato, específicamente en el pago de los gastos médicos durante el último año del gobierno de Mariano González Zarur.

Se estima que se perdieron alrededor de 10 millones de pesos que se presume fueron a parar a las manos del dirigente junto con otros cómplices como la ex secretaria de Asistencia Social de la Sección 55 del SNTE, Alejandra Ramírez Vásquez.

Pero no crea que son los únicos grupos que pretenden controlar el mencionado sindicato, ya que también está el de los ex secretarios generales que se están organizando para ejercer presión y lograr posiciones en el comité ejecutivo porque les representa beneficios económicos, como los que tiene el ex dirigente magisterial Armando Ramos Flores, actual director de Educación en el ayuntamiento de Tlaxcala, quien está acostumbrado a cobrar puntualmente su quincena sin trabajar.

Será cuestión de días para que la efervescencia al interior de la Sección 55 del SNTE sea mayúscula y se conozca si los elbistas a través de la organización “Maestros por México” logra controlar la dirigencia de ese gremio, para después concentrar todas sus baterías en la Sección 31 del SNTE donde Demetrio Rivas Corona tendrá serios problemas para heredar su cargo a un incondicional.

No lo cuente, pero la Sección 31 del SNTE vivirá una renovación sindical más que complicada, al grado que no se descarta que su proceso afecte el desarrollo del ciclo escolar, porque para nadie es un secreto que un sector importante de maestros de ese gremio está en contra del secretario de Educación Manuel Camacho Higareda y de la mayoría de los funcionarios que trabajan en la Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala.

Los vientos de venganza soplan fuerte en el SNTE.

Adiós al dominio adrianista dentro del PAN.

Acostumbrada a obtener con gritos y presión los espacios que no puede obtener con trabajo y política, la ex poderosa Adriana Dávila Fernández ayer no pudo conseguir ni un solo espacio dentro de la Comisión Permanente del PAN en Tlaxcala que se conforma por 30 integrantes.

Su grupo que asistió a la hora pactada para llevar a cabo el nombramiento de los miembros de dicha comisión, optó por retirarse al percibir que no tendría fuerza para ganar la mayoría de ese órgano que le permitiera acotar el poder que cada día gana más el líder estatal de ese partido, José Gilberto Temoltzin Martínez, acción que fue replicada por los seguidores del intrascendente diputado federal y ex dirigente panista Carlos Carreón Mejía.

Ya sin la presencia de los seguidores de Adriana Dávila y Carlos Carreón, inició la conformación de ese órgano donde en una primera instancia se nombraron a 16 miembros que en su totalidad pertenecían al grupo de José Gilberto Temoltzin y después se entregaron cuatro posiciones a la política considerada por los perredista como una traidora y actual senadora, Minerva Hernández Ramos, número que también logró obtener el ex diputado local Ángelo Gutiérrez Hernández.

El grupo del ex alcalde de Tlaxcala, Adolfo Escobar Jardínez alcanzó tres lugares, los mismos que obtuvo el ex aspirante a la dirigencia estatal del PAN, Asael Corona Ramírez.

El adrianismo se extingue en el PAN, lo cual aún no se sabe si será bueno o malo, pero lo que es un hecho es que la actual diputada federal tendrá serios problemas para mantener su carrera política a través de cargos de representación plurinominal, porque lo suyo simplemente no es ganar elecciones.

Avalará AMLO reelección de los actuales diputados

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, logró una reforma constitucional que será clave para su proyecto político rumbo a las elecciones intermedias del 2021. Es muy probable que para ese tiempo se someta a una consulta de revocación de mandato que le permita estar en las boletas y con eso ser nuevamente el arrastre que garantice el control de la Cámara de Diputados, de la mayoría de los Congreso locales y que sea un factor clave para ganar gubernaturas y presidencias municipales que estarán en juego.

La estrategia político electoral que ha puesto en marcha el presidente López Obrador está en marcha y su objetivo no sólo es controlar el gobierno federal y el Congreso de la Unión como sucede en estos momentos, sino que su partido Morena y sus aliados (PT, PES y el Verde Ecologista) lleguen a dominar otros espacios de poder en los estados del país para que ayuden a concretar la cuarta transformación que impulsa el tabasqueño.

Anoche, la Cámara de Diputados bajo el mando del coordinador de los legisladores de Morena, Mario Delgado Carrillo, logró la mayoría calificada que se requería para aprobar las reformas constitucionales que le permitirán al presidente de la República someterse a una consulta de revocación de mandato, medida que fue rechazada por el PAN que consideró que López Obrador está preparando el camino para buscar su reelección.

Si Andrés Manuel López Obrador aparece en una boleta en las elecciones intermedias del 2021 en que serán electos diputados federales, gobernadores, diputados locales y presidentes municipales, sin duda influirá en los electores que acudan a las urnas y volverá a ser factor clave de arrastre para que los candidatos de su partido logren esas posiciones.

Lo malo es que en Tlaxcala existe la reelección de los diputados locales, por lo que seguramente muchos intentarán repetir en sus cargos confiados en que López Obrador les hará nuevamente el milagro de hacerlos ganar tal y como sucedió en los pasados comicios del 2018.

Aunque los electores tlaxcaltecas ya rechazaron la reelección el 1 de julio del 2018 cuando varios ex diputados locales decidieron ir a las urnas sin conseguir la continuidad, es muy probable que los actuales diputados hagan caso omiso a esa lección y desde ahora empiecen a soñar y trabajar para seguir en su privilegiada posición, porque confiarán en que el presidente de México los puede hacer triunfar.

Los diputados locales de Morena, el PT y el PES en su gran mayoría son una gran decepción para los tlaxcaltecas. Prometieron ser diferentes y resultaron ser igual o peores que los legisladores del PRI, el PAN y el PRD que por años habían controlado el Congreso del Estado.

No sólo gozan de una pésima imagen y prestigio, sino que en estos momentos ninguno tendría el respaldo de sus electores de sus respectivos distritos para seguir en el cargo, por lo que pensar que alguno podrán lograr la reelección en el 2021 sólo porque el presidente de México se someta a una consulta de revocación de mandato puede ser un grave error, pues está más que comprobado que los ciudadanos de Tlaxcala saben castigar en las urnas a los políticos que se quieren pasar de listos.

Si bien a los diputados locales la presencia del tabasqueño en una boleta en las elecciones del 2021 no los ayudará, si será un factor importante para impulsar la campaña de la candidata o del candidato al gobierno del estado por parte de Morena y sus aliados, ya que sus posibilidades de obtener el triunfo aumentarán porque está más que comprobado que López Obrador es muy querido en Tlaxcala.

A 27 meses de las elecciones locales e intermedias, pareciera que en Tlaxcala cada vez se refuerza la idea de que el próximo gobernador será de Morena y que el actual mandatario del PRI, Marco Antonio Mena Rodríguez, está resignado a entregar el poder que tanto esfuerzo y trabajo le costó a su partido recuperar.

López Obrador está más que decidido en aplastar y desaparecer al PRI en las elecciones del 2021, lo cual pareciera que en Tlaxcala si sucederá porque el ex partidazo se ve más muerto que el PRD.

Le entra de lleno Anabell a la sucesión en Tlaxcala

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Disciplinada al extremo, la alcaldesa capitalina Anabell Ávalos Zempoalteca, se metió de lleno a la sucesión gubernamental en Tlaxcala y dejó en claro que buscará por segunda ocasión la candidatura del PRI para las elecciones del 2021, pese a que el escenario para su partido es de lo más complicado tras la terrible derrota que sufrió en el 2018.

Si bien la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno de Andrés Manuel López Obrador retrasó por unas semanas la aprobación del crédito que había solicitado el ayuntamiento capitalino para adquirir patrullas y camiones recolectores de basura, lo cierto es que tal decisión terminó por beneficiar a la administración municipal de la priista Anabell Ávalos que casi al llegar a la mitad de su periodo para el que fue electa emprende acciones visibles para mejorar la seguridad y los servicios públicos de la ciudad.

La priista se arriesgó y decidió entrar a una zona pantanosa que si la logra cruzar con resultados positivos seguramente le implicarán los apoyos ciudadanos que se requieren para disputar la candidatura del PRI al gobierno del estado.

Su gobierno está obligado a entregar resultados en materia de seguridad, porque ahora ya no tendrá pretextos para evadir su responsabilidad en esa tarea. Hoy tiene 122 elementos, nuevas patrullas automotoras, recursos federales, alarmas vecinales y 400 grupos de colonos de WhatsApp que se deben traducir en detecciones y en acciones concretas para prevenir delitos, especialmente el robo de automóviles, de autopartes, de comercios y de casas habitación que son la constante en la capital.

Ávalos Zempoalteca decidió arriesgarse y emprender un camino que no se visualiza fácil. La ex diputada local y ex secretaria de Gobierno optó por dejar atrás la comodidad que implica ser un funcionario fifí con eventos controlados y acciones superficiales para enfrentar un verdadero problema como es el de la seguridad pública, que si le acierta demostrará que tiene los tamaños para seguir su carrera política y que puede gobernar al estado.

Ayer Anabell Ávalos hizo la entrega oficial de las nuevas patrullas, de los relucientes camiones compactadores de basura y de las alarmas vecinales, acto en el que se esperaba la presencia del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, quien decidió no acudir a ese acto para evitar una posible protesta o reclamo de policías y ciudadanos que están molestos con su administración por la falta de apoyo a los uniformados y por la creciente inseguridad que reporta la entidad.

Si alguien le dice o le cuenta que el mandatario le hizo el feo a la presidenta municipal de Tlaxcala al no estar presente en su evento, no le crea porque Mena Rodríguez sabe que Ávalos Zempoalteca es una priista con posibilidades reales de competir por la gubernatura al contar con un aceptable nivel de posicionamiento que muchos quisieran tener.

En la sucesión del 2016, Anabell Ávalos se quedó a un paso de la candidatura del PRI al gobierno de Tlaxcala. El rancio gobernador Mariano González Zarur se interpuso en su camino y fue el que inclinó la balanza para que Marco Antonio Mena se quedara con esa nominación, lo cual se llevó a cabo sin complicaciones porque la hoy alcaldesa capitalina se disciplinó y dejó que se cumpliera el capricho del hacendado.

Hoy en día la alcaldesa encabeza la lista de priistas que se mencionan para convertirse en el próximo candidato de ese partido a la gubernatura, donde seguramente pronto aparecerá el rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, Enrique Padilla Sánchez, a quien se le ve trabajando y al mismo tiempo manteniendo un activismo político a ras del suelo, donde se debe tejer fino para conseguir una real penetración entre los ciudadanos.

El candidato oficial del menismo y del actual grupo en el poder Manuel Camacho Higareda sigue en lo suyo, es decir, simular que trabaja sin voltear a ver no sólo a los priistas tlaxcaltecas, sino a los ciudadanos que lo perciben como un mediocre académico que tan luego sintió el poder se transformó en un engreído y soberbio secretario de Educación al que sólo le preocupa su imagen.

La sucesión en el PRI ya arrancó y nada la detendrá. La lista de aspirantes seguramente crecerá, pero lo que es un hecho es que Anabell Ávalos seguramente llegará a la final, tal y como paso en el 2016.

Una tras otra las pifias de los diputados

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Al parecer los diputados que conforman el bloque mayoritario en el Congreso de Estado integrado por Morena, el PT y el PES están empeñados en hacer el ridículo las veces que sea necesario, con tal de promover reformas legales que al final no prosperan porque son observadas por el cúmulo de errores que contienen.

 

La endeble unidad que registra el bloque mayoritario en el Congreso ayer nuevamente se puso aprueba cuando se sometió a discusión una reforma a la Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala, por la cual se busca prohibir el uso desmedido de productos como unicel, bolsas de plástico y popotes.

Al revisar la iniciativa, un grupo de diputados de Morena, el PT y el PES encontró errores e inconsistencias que fueron exhibidas, por lo que pidieron al presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, Víctor Manuel Báez López, detener el proceso legislativo para corregirlas y evitar que la ley fuera observada por el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez como lo ha hecho últimamente con la ley de Egresos del 2019, la ley de Austeridad y la ley de Protección Civil.

La presidenta de la Mesa Directiva, la morenista Mayra Vázquez Velázquez, habría aceptado inicialmente las inconsistencias y suspendió la sesión para analizar el caso, sin embargo cuando se reanudaron los trabajos el bloque mayoritario ya estaba dividido, de ahí que la legisladora optó por aliarse con Báez López para aprobar esa reforma que prohíbe los popotes y las bolsas de plástico.

Esa nueva pifia tendrá un alto costo para los diputados locales porque se reforzará la idea que son inexpertos y que carecen de los conocimientos y de un adecuado asesoramiento para aprobar reformas legales, pues nunca antes se había tenido una legislatura que cometiera tantos errores en su trabajo y desempeño.

La reforma aprobada es positiva y seguramente ayudará a preservar el medio ambiente, sin embargo para hacer aplicable la norma se deberán subsanar algunas inconsistencias que los diputados bajo el mando de Báez López se negaron a cambiar.

Proponer por proponer

Lejos, pero muy lejos está la actual legislatura de cumplir con las expectativas que los ciudadanos depositaron en los diputados locales y más en los que forman parte de la llamada cuarta transformación.

La austeridad nunca llegó ni tampoco se observó un cambio en el comportamiento de los legisladores, de ahí que a nuestros representantes populares los han invadido las ocurrencias para presentar propuestas de reformas sin sentido con las cuales pretenden justificar sus abultados salarios que cobran cada mes.

La diputada morenista María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi que desde ahora hace todo lo posible por convertir a su esposo en candidato a alcalde para el ayuntamiento de San Pablo Apetatitlán, propuso una reforma a la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala para que el 50 por ciento de los cargos de dirección, coordinación y jefaturas en los ayuntamientos recaigan en mujeres, porque de esa forma se fortalecerá la equidad de género.

Según esa visionaria legisladora con tal medida se combatirá la violencia que sufren las mujeres y la discriminación laboral que enfrenta ese sector de la población, así como también se darán los pasos necesarios para contrarrestar las desigualdades que existen por cuestión de género.

Su propuesta es muy romántica y hasta tierna, pero quizás antes de hacerla valdría la pena que ella junto con la mayoría de diputadas locales que se desempeñan en esto momento demostraran que son un género que marca la diferencia y son tan honestas y capaces como dicen.

Son 15 diputadas mujeres y ninguna ha hecho efectiva la austeridad republicana que el presidente Andrés Manuel López Obrador promueve en su gobierno. No se conoce que alguna de ellas haya renunciado a los incrementos salariales que se otorgaron o que haya pedido que le bajaran sus percepciones como lo prometieron. Tampoco se sabe que alguna hubiera renunciado a los apoyos económicos que disponen.

Las diputadas forman parte de la actual legislatura que se caracteriza por cometer error tras error en su trabajo. Han permitido que se viole la ley del Congreso al tener funcionarios que incumplen con los requisitos para desempeñar el cargo, han permitido que responsables de organismos autónomos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos mientan y se quieran pasar de listos con el manejo del presupuesto, así como el uso de su cargo para intercambiar puestos laborales con una magistrada del Tribunal Superior de Justicia en el Estado que consistió en tú le das chamba a mi hija y yo a tu marido.

La incongruente María del Rayo Netzáhuatl quiere que en los ayuntamientos prevalezca la equidad de género en los diferentes cargos administrativos, pero en su momento fue incapaz para exigir ese criterio en la actual legislatura donde todos los puestos directivos son ocupados por varones como es la Secretaría Parlamentaria, la Secretaría Administrativa, el Instituto de Estudios Legislativos, la Dirección Jurídica y la Dirección de Comunicación Social.

Si para eso quieren el poder las mujeres mejor que no lo tengan.

El fantasma de los embargos persigue a ex ediles

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No lo cuente en voz alta, pero resulta que una decena de ex presidentes municipales han empezado a recibir notificaciones para resarcir el daño patrimonial que causaron a los ayuntamientos que mal gobernaron, por lo que aquellos que se opongan podrían enfrentar embargos en sus propiedades que están plenamente identificadas.

 

Desde hace unos días, el Órgano de Fiscalización Superior viene girando oficios a los actuales alcaldes en funciones por los cuales ordena iniciar los procedimientos administrativos contra sus antecesores, quienes al no justificar la correcta aplicación de los recursos públicos en los plazos establecidos en la ley, ahora tendrán que padecer embargos que garanticen el monto del daño patrimonial provocado a las arcas de sus ayuntamientos.

Los primeros ex alcaldes que se enteraron de dichos procedimientos son el de Ixtacuixtla, Totolac y se dice que también está el de Contla y Zacatelco. Aunque muchos pensaron que sus casos ya se habían olvidado por el tiempo transcurrido –más de dos años de haber dejado el poder-, la realidad es que las acciones legales para tratar de recuperar algo de lo que presuntamente se llevaron de manera ilegal van en serio.

Los casos que hasta ahora se tienen bien confirmados son el de Totolac, cuyo ex alcalde de Nueva Alianza Erasmo Atonal Ortiz dejó un desastre en el ayuntamiento, al igual que el ex priista que mal gobernó el ayuntamiento de Ixtacuixtla, Tomás Vásquez Vásquez, quien desapareció no sólo el dinero público, sino los vehículos oficiales y otros bienes del municipio.

No se descarta que el procedimiento al final termine con un asunto penal, pues se tienen suficientes evidencias contables y jurídicas para comprobar los abusos de los ex presidentes municipales.

Lo que es un hecho es que los mentados procedimientos ordenados por el Órgano de Fiscalización Superior han puesto más que nerviosos a varios ex ediles y a uno que otro alcalde en funciones, porque ya comprobaron que la protección que antes se ofrecía se extinguió.

La defensa perdida de las estancias infantiles

La intermitente diputada federal panista Adriana Dávila Fernández cumplió su ofrecimiento que hizo hace algunos días a las propietarias de las estancias infantiles de encabezar acciones legales para tratar de recuperar el beneficio económico que recibían del gobierno federal, sin embargo su defensa de ese programa es tan chafa como su enorme obsesión de llegar a gobernar un día el estado de Tlaxcala.

Engañando a las supuestas propietarias de las estancias, la señora Dávila firmó el recursos legal junto con los legisladores locales del PAN Leticia Hernández Pérez y Milton López Avendaño, quienes no tienen injerencia en el asunto porque simplemente no están siendo afectados por la decisión del gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador de establecer nuevas reglas de operación, de ahí que es muy probable que su inconformidad sea desechada en un dos por tres.

Los panistas debieron pedir a los beneficiarios de ese programa que presentarán el recurso jurídico y quizá el caso si hubiera sido analizado y estudiado, aunque también su posibilidad de prosperar era remota porque ese beneficio del gobierno federal para apoyar a ciertas familias de escasos recursos económicos y con hijos menores de cuatro años existe y no se canceló como lo aseguran los legisladores del PAN.

Adriana Dávila necesita ser más ingeniosa y audaz para tratar de revivir políticamente, porque si su apuesta es criticar por todo a la administración de López Obrador para ganar reflectores es muy probable que pierda porque hoy en día su credibilidad está por los suelos.

Una realidad, con dos percepciones

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La creciente inseguridad en Tlaxcala no es un fenómeno nuevo, sin embargo sobre ese problema hay dos percepciones. Una que culpa al gobierno del estado que encabeza Marco Antonio Mena Rodríguez de no actuar con firmeza para combatir el crimen y otra que ex culpa a la nueva administración federal que preside Andrés Manuel López Obrador del incremento registrado en los índices delictivos durante los primeros cien días de su gestión.

Los lamentables sucesos delincuenciales de los últimos días han pegado en la imagen del gobierno del estado, pues la muerte de dos policías estatales a manos de dos presuntos ladrones en el municipio de Quilehtla es atribuida a la fallida estrategia para combatir el crimen en Tlaxcala, de ahí que los reproches y reclamos de los usuarios de las redes sociales hacia las autoridades estatales fueron la constante.

Aún no se terminaba de digerir esa terrible noticia, cuando en la mañana del sábado se conoció que en el municipio de Atlangatepec se habían encontrado los cadáveres de otras dos personas calcinadas con aparentes señas de violencia, lo que sirvió de motivo para revivir los señalamientos negativos hacia la administración estatal que ante tales hechos optó por guardar silencio.

El procurador de Justicia de Tlaxcala, José Antonio Aquiahuatl Sánchez y Eduardo Valiente Hernández, responsable de la Comisión Estatal de Seguridad, recurrieron a la política del avestruz y enterraron la cabeza para no dar explicaciones sobre el clima de inseguridad que prevalece en la entidad y que según ellos sigue siendo de las más seguras del país.

Dejaron pasar las críticas y señalamientos hacia su jefe el gobernador y ninguno de los dos funcionarios estatales se esforzó por compartir esa responsabilidad, situación que los dejó muy mal parados porque demostraron que si pueden salvar su imagen por encima a la del mandatario lo harán sin ningún problema.

Sin ingenio e iniciativa, ni Aquiahuatl ni Valiente tuvieron la capacidad de enfrentar la situación ante los medios de comunicación y confirmar lo que es una realidad no sólo en Tlaxcala sino en el país, es decir, que los índices delictivos, los homicidios dolosos y la violencia en general han crecido en los primeros cien días del gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Las cifras oficiales así lo demuestran y los datos no mienten. La estrategia que emprendió la nueva administración federal para combatir el crimen no se ve y no ha dado ningún resultado concreto, sin embargo ningún usuario de redes sociales se quejó de ese hecho o tuvo la capacidad de culpar al gobierno de López Obrador en la parte que le toca por la inseguridad que existe en Tlaxcala ante la escasa presencia de las fuerzas federales.

Al gobierno de Mena lo han acabado por el tema de la inseguridad y a la administración de López Obrador le han perdonado todo. Esa es la realidad que hoy en día si vive en Tlaxcala.

El problema de la inseguridad le ha pegado en su imagen al mandatario tlaxcalteca, pues es uno de los factores que ha influido en los bajos niveles de aprobación ciudadana que ha obtenido el gobernador en los últimos estudios demoscópicos que se han levantado en la entidad.

Si el mandatario estatal quiere seguir sacrificando su imagen y credibilidad a cambio de mantener en sus cargos al gris José Antonio Aquiahuatl y al ineficiente Eduardo Valiente es su problema, porque al final los ciudadanos y ciudadanas cada vez refuerzan la percepción que la administración estatal en su conjunto no hace nada para enfrentar a los criminales que lo mismo tiran por todo el estado cuerpos de ejecutados que roban con armas de fuego camionetas a plena luz del día.

El gobierno de Mena está por llegar a la mitad de su periodo para el que fue electo, por lo que quizá valdría la pena que se considerara un cambio en la Procuraduría y en la Policía Estatal, áreas donde es más que evidente que la ineficiencia prevalece a niveles insultantes.

De todo un poco y algo más

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Los conflictos al interior de los Cabildos de los ayuntamientos tlaxcaltecas van en aumento y será cuestión de días para que los presidentes de comunidad hagan púbicos los abusos que algunos alcaldes están cometiendo, como es el hecho de convocar a sesiones y no dejarlos votar pese a que por ley ya tienen derecho.

Mientras en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se analiza en un solo expediente los tres asuntos presentados por igual número de alcaldes tlaxcaltecas para lograr la suspensión de la reforma aprobada por los diputados locales que regresaron el voto a los presidentes de comunidad en la sesiones de Cabildo a partir de este año, hay ediles que simplemente violan la norma y por sus pistolas siguen sin incluir a esas autoridades en las decisiones que debieran ser avaladas por la mayoría de esos cuerpos colegiados.

Aunque la gran mayoría de los 60 alcaldes de Tlaxcala está inconformes con la medida de permitir nuevamente el voto de los presidentes de comunidad, sólo tres de ellos recurrieron a la ley para mostrar su molestia.

Se trata de Francisco Villareal Chairez de Yauhquemehcan, Gardenia Hernández Rodríguez de Tlaxco y Miguel Muñoz Reyes de Contla, quienes podrían convertirse en los héroes de la película porque sus argumentos legales para suspender dicha reforma son sólidos y hasta ahora su recursos avanza y están a un paso de ser aceptados, lo que implicaría un duro golpe para los diputados locales y presidentes de comunidad que se quedarán con las ganas de hacer sufrir a los presidentes municipales.

El desenlace de esa historia no tardará, sin embargo es un hecho que algunos ayuntamientos enfrentarán problemas legales porque en las sesiones de Cabildo que celebraron en enero y febrero de este año los acuerdos alcanzados carecen de validez, porque en ciertos casos no se dejó votar a los presidentes de comunidad que estaban en contra de lo que se proponía.

Los casos están siendo documentados y se harán llegar al OFS y al Congreso del Estado para que sean revisados y en su caso sancionados.

Un procurador de Justica de apariencias

Un gran malestar existe entre las mujeres que laboran en la Procuraduría General de Justicia del Estado en contra de su jefe, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, a quien le encantan las apariencias para presumir que es un funcionario diferente cuando es todo lo contrario.

Resulta que el miércoles de esta semana todas las mujeres (peritos, policías y ministerios públicos) de la dependencia recibieron la instrucción de presentarse el jueves a las 8 de la mañana en las instalaciones de la PGJE para tomarse una foto con motivo del “Día Internacional de la Mujer”, la cual será utilizada este día para resaltar la imagen del gris procurador porque para ellas esa postal no representó ningún beneficio.

Aquiahuatl Sánchez nos hace trabajar horas extras y nos exige resultados cuando tenemos carencias en equipo y personal. Algunas salimos de trabajar en la madrugada o en la noche y nos obligaron a acudir para tomarnos la foto, cuando lo mejor hubiera sido que nos dieran el día si es que en verdad quieren festejar a las mujeres, expresaron la mayoría de ellas tan luego recibieron la instrucción de regresar a sus labores una vez que el galán procurador dio por concluida la sesión de fotografía.

Cuando uno ve el comportamiento de este chafa procurador, se explica porque los delincuentes actúan impunemente en Tlaxcala.

El selectivo programas de pisos y techos

Sin hacer una difusión adecuada, personal del gobierno del estado se ha dado a la tarea de dirigir estratégicamente los apoyos que en breve otorgarán las autoridades a ciertos tlaxcaltecas que serán beneficiados con el programa de pisos y techos dignos.

La convocatoria para inscribirse en ese programa sólo es conocida por los presidentes municipales y los funcionarios estatales, de ahí que nadie tiene los detalles de los lugares y los horarios en que se llevarán a cabo esos trámites, pues la intención es que sólo los elegidos por el gobierno del estado reciban los materiales para poner techo de cemento o el piso en la vivienda seleccionada.

Uno de los requisitos esenciales para lograr ese apoyo oficial, es que el futuro beneficiado garantice su respaldo al gobierno estatal y al PRI, de ahí que la información no se ha soltado porque las autoridades no quieren que el programa se abra para cualquier hijo de vecino.