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La rebatinga del dinero será inevitable en Tlaxcala

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Los primeros números arrojan que a Tlaxcala no le irá nada mal en el 2020 al disponer de 21 mil millones 871 mil pesos, cantidad que supera al presupuesto de egresos de este año y que ha manejado el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, cuya administración estaría por recibir otros 2 mil millones provenientes de la federación, los cuales se deberán distribuir entre los tres poderes y los municipios.

La frase del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de que “amor con amor se paga” aún no se hace realidad en Tlaxcala luego de ser el segundo estado del país que más votos le aportó al tabasqueño en la elección pasada para lograr un triunfo contundente, pues si bien este primer año de la nueva administración federal se cumplió con el ofrecimiento de concretar la operación de siete programas sociales, en los hechos no se ha canalizado recursos extraordinarios para detonar una acción u obra relevante.

Ese comportamiento al parecer se mantendrá el próximo año, pero con la salvedad que para unos el amor ya se está terminando. Un primer análisis del presupuesto de egresos concluye que la entidad registrará reducciones en el gasto realizado para infraestructura carretera y conservación de caminos por el orden de los 314 millones de pesos. También disminuirán las aportaciones para el manejo de las delegaciones federales y los recursos destinados para programas del campo y la cultura.

Hasta ahora se sabe que a la entidad se le etiquetarán 82.7 millones de pesos para seguir con la modernización de la carretera Tlaxcala-Apizaco, monto que está lejos de compensar el recorte arriba mencionado.

Tlaxcala está considerada junto con otras cinco entidades del país para proyectos como la construcción de clínicas de medicina familiar y la ampliación y remodelación de las instalaciones de hospitalización del ISSSTE, pero como ya se mencionó hasta ahora no existe para el estado la intención de impulsar el desarrollo de un proyecto destacado por parte del gobierno de López Obrador.

Lo fuerte del gobierno federal seguirán siendo sus programas sociales impregnados con un alto impacto asistencialista. Esa política le ha resultado al gozar de un alto nivel de aprobación y popularidad, de ahí que la estrategia se conservará para llegar fortalecido a las elecciones del 2021.

La más beneficiada con esa política asistencialista sin duda es Lorena Cuéllar Cisneros, quien como la “super delegada” del gobierno de López Obrador es la encargada de operar y verificar que esos programas lleguen a los beneficiarios sin problemas o intermediarios.

En una realidad que Lorena Cuéllar es la única tlaxcalteca que ha tenido la venia del presidente de México para promover y operar los programas sociales en la entidad, los cuales están convertidos en una prioridad del gobierno federal y que se observa claramente en su proyecto de presupuesto del siguiente año, de ahí que al buen entendedor pocas palabras.

Por lo pronto, los diputados locales y alcaldes ya se frotan las manos para disponer de los recursos extraordinarios que en breve recibirán una vez que el gobierno de Marco Mena confirme que se recibirán 2 mil millones de pesos de la federación.

La rebatinga por esos recursos será un antecedente de lo que se vivirá en la aprobación del presupuesto de egresos del 2020, ya que los legisladores estarían pensando en aumentar la partida que este año dispusieron para etiquetar obras y apoyos al campo en los 60 municipios de la entidad luego que algunos tuvieron jugosos dividendos.

Otra realidad es que en los siguientes dos años no habrá nuevas obras de gran impacto o desarrollo en el estado. Sólo se terminará la modernización de la carretera Tlaxcala-Apizaco y la primera etapa del nuevo Hospital General de Tlaxcala, las cuales próximamente serán presumidas por el actual gobernador Marco Mena.

De las grillas palaciegas en el Congreso del Estado

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Una vez que concluyó la celebración de las fiestas patrias, los diputados locales reiniciarán la disputa por el control de ciertas posiciones de poder, de ahí que nuevamente los morenistas medirán fuerzas para ver cuál de los dos grupos que integran esa bancada logra quedarse con la coordinación parlamentaria que hasta ahora está en manos de Ana Bertha Mastranzo Corona, quien hace unos días dejó la presidencia de la Junta de Coordinación y Concertación Política.

La disputa por el control del Poder Legislativo ha sido intensa y en esa guerra la chiquillada conformada por el PAN, PRD, PRI, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y el Verde Ecologista ha sido una pieza clave para fortalecer al grupo de Morena que encabeza el diputado Víctor Manuel Báez López que hoy no sólo recuperó la Junta de Coordinación y Concertación Política con la manejable petista Irma Garay Loredo, sino que busca también quiere rescatar la coordinación de su grupo de legisladores a través de José María Méndez Salgado.

Mientras el grupo de Morena que encabeza Ana Bertha Mastranzo se ha debilitado al interior del Congreso de Estado, el de Báez López se ha fortalecido y antes de que Joel Molina Ramírez deje en noviembre de este año la dirigencia estatal de ese partido pretende acotar la fuerza de los legisladores alineados al proyecto de la “super delegada” del gobierno federal, Lorena Cuéllar Cisneros.

Los intentos por remover a Mastranzo Corona no han parado y de un momento a otro se podría concretar ese movimiento, lo que sin duda alentará más la división entre los legisladores morenistas que terminarán por fortalecer aún más a la sobrevalorada chiquillada que se ha convertido en una pieza clave para para aprobar ciertas normas.

Los legisladores bajo el mando de Víctor Manuel Báez y el senador Joel Molina se preparan para enseñar músculo ante el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, por lo que en breve revivirán el tema de concretar la reforma legal que permita convertir a la Procuraduría en Fiscalía General del Estado y designar al primer fiscal con la intención de mandar a descansar al actual responsable de esa dependencia José Antonio Aquiahuatl Hernández, quien ha perdido credibilidad ante sus escasos y casi nulos resultados.

Al interior del Congreso del Estado prevalece la desconfianza y las grillas soterradas. Ese pésimo ambiente les terminará pegando sólo a los legisladores que no tardarán en ventilar no sólo sus diferencias, sino excesos a los que se han acostumbrado muy rápido.

Los desencuentros al interior de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado existen y sólo es cuestión de tiempo para que empiecen las quejas sobre la forma en que se conduce ese órgano de gobierno.

Vienen días y semanas complicadas para los diputados locales. En breve deberán analizar el presupuesto de ingreso y egresos del siguiente año, situación que no será nada fácil sobre todo porque la federación no tiene previsto aumentar el monto de las participaciones para Tlaxcala y tampoco tiene en la mira realizar alguna obra o proyecto de gran impacto para el estado.

La escasez de recursos será la constante y con esos antecedentes deberán aprobar los presupuestos con los que se trabajará en el 2020.

Un secretario de Gobierno investigado y sin credibilidad

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El gobierno federal que encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ya confirmó que existieron serias anomalías y deficiencias en la investigación de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al grado que hasta ahora 77 detenidos como probables responsables de la desaparición y asesinato de esos jóvenes han sido liberados, por lo que iniciará un análisis para determinar si los ex funcionarios priistas como Jesús Murillo Karam, Tomás Zerón de Lucio y el tlaxcalteca José Aarón Pérez Carro tienen alguna responsabilidad penal.

Al menos el ineficaz secretario de Gobierno de Tlaxcala, José Aarón Pérez, no enfrentará sólo la “revisión profunda” del mencionado caso que llevará a cabo la Fiscalía General de la República para garantizar el fin de la impunidad.

Hasta ahora las resoluciones de un juez federal han permitido la evasión de la justicia de los probables culpables, lo que sin duda representa es una afrenta a las víctimas y a los padres de familia.

El bobo y limitado funcionario local contará con el respaldo del gobierno priista de Marco Antonio Mena Rodríguez, quien ayer puso a su servicio la estructura administrativa para que el ex fiscal de la PGR enviara un comunicado oficial y pudiera desligarse de los errores que se cometieron en la primera parte de la investigación de los 43 normalistas desaparecidos, bajo el pueril argumento de que él fue totalmente ajeno a esa etapa.

Ayer se conoció a través del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas Rodríguez, que un juez ordenó la liberación de 24 policías de Iguala que se encontraban detenidas por el caso Ayotzinapa, lo que a su juicio representa “una burla a la justicia. Es una muestra de la miseria y la podredumbre en que se encuentra la impartición de justicia del país. Tal resolución huele a podrido y es el momento de hacer cambios profundos”, sentenció el funcionario del gobierno de López Obrador.

Y adelantó que se presentarán los recursos legales y diligencias para denunciar a los servidores públicos que no cumplieron con su responsabilidad en el desarrollo de las indagatorias, entre los que se encuentra el recomendado de la ex gobernadora de Tlaxcala Beatriz Paredes Rangel, el actual secretario de Gobierno del estado, José Aarón Pérez, quien en su momento fue titular de la Unidad Especial para el caso de la mal llamada “verdad histórica”.

La investigación incluirá al ex procurador general de la República, Jesús Murillo, al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón y al tlaxcalteca Pérez Carro, quien si bien hoy busca deslindarse de cualquier responsabilidad de las indagatorias del caso porque según él no hizo nada en la primera etapa, lo cierto es que nunca corrigió las inconsistencias de las que se habla hoy en día y tampoco denunció la tortura que hubo contra algunos detenidos, pues siendo fiscal del caso de la desaparición de los jóvenes normalistas tuvo oportunidad para subsanar los errores de la investigación.

A José Aarón Pérez nadie la puede creer la profunda indignación que dijo sentir por la liberación de los implicados en el caso Ayotzinapa, porque nunca podrá ocultar y borrar que formó parte del andamiaje priista que en la pasada administración del presidente Enrique Peña Nieto se montó para encubrir y entorpecer las indagatorias para llevar ante la ley a los culpables de la desaparición y asesinato de los 43 jóvenes normalistas.

Hace unos días advertimos que el gris secretario de Gobierno enfrentaría problemas legales y que quizá su salida de la administración estatal era inminente, sin embargo es obvio que Pérez Carro no dejará su cargo y que recibirá todas las facilidades del gobernador Marco Mena para llevar a cabo su defensa.

El funcionario se convertirá en muy poco tiempo en una pieza incómoda para el actual gobierno del estado, no sólo porque será investigado por la Fiscalía General de la República sino porque sobre su persona pesan graves acusaciones como fabricar delitos contra policías municipales y el alcalde de El Carmen Tequexquitla, Óscar Vélez Sánchez, quien enfrenta un proceso penal por el mal desempeño de algunos uniformados que supuestamente fueron detenidos mientras se llevaban mercancía de una camioneta que había sido robada.

Si José Aarón Pérez no podía con el cargo antes de ser investigado, imagínese el desmadre que se hará en la Secretaría de Gobierno ahora que el ex fiscal deberá dedicarle tiempo completo a su defensa, porque sabe muy bien que en cualquier momento podría ser vinculado a proceso si la Fiscalía General de la República se lo propone.

Que siga el desmadre en la fiscalización

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Ni la burla perdona la presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, la morenista María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, quien en tribuna pretendió venderse como una impoluta legisladora interesada en combatir y castigar la corrupción, cuando en lo obscurito permitió que unos rapaces integrantes de su grupo de trabajo cambiaran el sentido de los dictámenes de reprobatorios a aprobatorios sin que existiera ninguna justificación.

Corta de visión y sin dimensionar el alcance de sus afirmaciones en la tribuna del Poder Legislativo, la limitada diputada puso el dedo en la llaga para evidenciar no sólo que el Sistema Estatal Anticorrupción un una vil farsa en Tlaxcala, sino que en el estado existe un perfecto esquema de protección y encubrimiento de la malas prácticas de los servidores públicos tanto estatales como municipales.

Aunque se estima que se han malversado y perdido más de 4 mil millones de pesos durante los últimos seis años, hasta ahora no hay ningún responsable ni mucho menos algún castigado por ese millonario daño patrimonial que han sufrido las arcas estatales y de los ayuntamientos.

Sólo un idiota o un iluso estarían en condiciones de creerle a María del Rayo Netzahuatl su falso interés por castigar los excesos y el saqueo de los recursos públicos.

Habrá un diputado local que esté interesado en atender su urgente llamado para generar acciones con miras a combatir ese tipo de excesos y sancionar a los responsables. Lo dudo sinceramente.

A quién pretenderá engañar esa nefasta diputada morenista con su repentino deseo de justicia y de llevar a la cárcel a los responsables de ese millonario desfalco, cuando los actuales legisladores han solapado las transas de la anterior legislatura que comandó el voraz priista Mariano González Aguirre, hijo del ex gobernador Mariano González Zarur y también fueron capaces de perdonar en la reciente revisión de las cuentas públicas del año pasado quebrantos en ayuntamientos como Panotla y Yauhquemehcan sin mostrar ningún remordimiento.

Resultan escandalosas las cifras dadas a conocer por la morenista que representa la antítesis de lo que realmente debería ser un diputado de la Cuarta Transformación que impulsa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En seis años se habló de un quebranto superior a los 4 mil millones de pesos, lo que representa casi el 22 por ciento del presupuesto que dispone el estado durante un año fiscal. Esa enorme cantidad explica porque cada seis y tres años surgen nuevos ricos en una entidad como Tlaxcala.

Y de esa millonaria cantidad considerada como daño patrimonial, más de mil millones se han malversado entre el 2017 y 2018, es decir, abarcan el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez y el de las actuales administraciones municipales, lo cual resulta preocupante porque refleja claramente el tamaño de la enorme corrupción que existe en la entidad y que nadie quiere combatir y castigar.

Por tales razones resultan viles mentiras las afirmaciones de la diputada morenista cuando aseguró que: “En esta LXIII Legislatura estamos obligados a no caer en omisiones o en indolencias, pues si sumamos el posible daño patrimonial de la dictaminación de cuentas públicas de los cinco años anteriores y el actual 2018, puede resultar una cantidad de millones de pesos que se desconoce su destino final”.

Y remata con una postura ridícula en el sentido de que: “La lucha contra la corrupción también debe pasar por recuperar lo que le han robado a las arcas públicas del pueblo… nuestra tarea como legisladores es sumar a todas las instancias y dependencias del estado y del gobierno a que esa cuantiosa cantidad no se pierda en los procesos administrativos, legales o en el olvido”.

Su demagogia barata digna de un mediocre priista o panista insulta la inteligencia de los ciudadanos y ciudadanas, porque es obvio que sus palabras se las llevó el viento y en los hechos no moverá ni un dedo para tratar de que se castigue la galopante corrupción de la que ella forma parte.

Un asco lo que pasa en la actual legislatura cuya mayoría prometió no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

El nuevo secretario de Salud llegó y la cagó de inmediato

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Aún se desconoce si la consigna de abrir un frente contra el gobierno federal del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue una consigna del mandatario estatal Marco Antonio Mena Rodríguez o un arranque estúpido del médico metido a bisoño político que hace unos días asumió el control de la Secretaría de Salud en Tlaxcala, René Lima Morales, quien culpó a la federación de la carencia de todo el cuadro de medicamentos y de material de curación en las clínicas y hospitales del estado.

La postura y embestida del nuevo funcionario priista contra la administración de López Obrador no se entiende, sobre todo cuando el gobierno federal ha acogido al gobernador tlaxcalteca que supo entender su nueva realidad y adaptarse a ese nuevo estilo sin ningún problema.

Esa cordialidad, armonía y hasta respeto que la administración de AMLO otorgó al gobierno menista de Tlaxcala podría perderse por la torpeza de Lima Morales que por fin reconoció una realidad que por más de dos años y nueves meses ocultó el gobierno priista de su jefe y que tiene que ver con la escasez de medicamentos.

La falta de medicinas y materiales en el sector de salud de Tlaxcala es un problema que se agudizó al final del sexenio del hacendado Mariano González Zarur y se ha mantenido vigente en esta administración de la continuidad, la cual lejos de solucionar esa contrariedad decidió cubrir los presuntos malos manejos que heredó en esa dependencia y replicar los métodos que se tenían para esconder la escasez de los mencionados artículos.

El médico priista Lima Morales se salió del guion que por más de dos años utilizó el hidalguense Alberto Jonguitud Falcón, ex titular de la Secretaría de Salud de Tlaxcala, quien durante su gestión siempre declaró que el abasto de medicamentos en el estado era del 90 por ciento.

Si el surtimiento de medicamentos y material de curación es responsabilidad del gobierno federal lo justo es que René Lima lo documente y compruebe, para que así se pueda exigir al presidente López Obrador y sus representantes en Tlaxcala como Lorena Cuéllar Cisneros atender y solucionar ese problema, pero si tal situación es por culpa de las autoridades estatales entonces éstas deberán asumir su falta y proceder contra los funcionarios que no han realizado bien su trabajo.

Al gobierno de Marco Mena no le convienen los desencuentros con la administración federal y mucho menos que éstos se centren en una dependencia como la Secretaría de Salud, donde siempre ha existido la sospecha de que por muchos años se malversaron los recursos públicos no sólo del Seguro Popular, sino los que se destinaban para comprar medicinas y otros insumos de esa dependencia.

La actitud belicosa de René Lima seguramente tendrá repercusiones porque los diputados locales y federales, así como los funcionarios de la Cuarta Transformación que impulsa el mandatario del país no se quedarán cruzados de brazos, de ahí que responderán y encaminarán sus señalamientos para tratar de evidenciar que si el sector salud de Tlaxcala está operando en pésimas condiciones es por culpa del PRI y del actual gobierno del estado.

Pronto veremos si el novel funcionario menista llegó preparado para lidiar con una complicada dependencia. De entrada le pudo decir que empezó muy mal, porque si piensa que echándole la culpa al gobierno federal va a justificar los problemas que tiene la Secretaría de Salud en el estado se equivoca, porque los ciudadanos y ciudadanas saben muy bien que los deficientes servicios no iniciaron apenas o hace unos meses, sino que tienen años así.

Si René Lima quería reflectores y tener un papel protagónico para presumir su nuevo cargo creo que ya lo consiguió, ahora sólo falta ver si es para bien o para mal.

La corrupción salpica a todos, incluidos a los diputados

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Así como los alcaldes y los representantes de los diferentes entes fiscalizables de Tlaxcala hoy enfrentan el desprestigio por ser señalados como presuntos corruptos luego de que se hicieron públicos los dictámenes correspondientes a sus cuentas públicas del 2018, los diputados locales pronto entrarán en esa lista no sólo por pedir mochos para etiquetar obras y entregar apoyos para el campo, sino por sus componendas con funcionarios estatales y constructores priistas para obtener beneficios y jugosas compensaciones.

La lista de los diputados que cambiaron dictámenes reprobatorios pronto se hará del conocimiento popular, así como la de aquellos legisladores que hicieron todo lo posible por avalar cuentas públicas cargadas con serias anomalías consideradas como un daño patrimonial por parte del Órgano de Fiscalización Superior.

También ya se integra un amplio expediente que documenta los moches que habrían solicitado los legisladores locales que en este año se etiquetaron más de 450 millones pesos para obras y acciones de apoyo al campo en los 60 municipios, con el propósito de exponerlos y demostrarle al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que los diputados tlaxcaltecas de la Cuarta Transformación conformados por Morena, el PT y el PES salieron tan vivales como los del PRI, PAN y PRD.

Dicen que una diputada que le gusta mostrarse con piel de oveja pero que salió toda una loba es la oriunda de Calpulalpan, Luz Vera Díaz, quien asesorada y manejada por su actual pareja que no es otro más que su secretario técnico Abel Hernández Aguilar, ha obtenido jugosos dividendos como legisladora del PES, al grado que hace unos días tuvo la fortuna de viajar con su nuevo amor a Europa y presumir por unos días que es de las nuevas ricas de Tlaxcala.

La legisladora del PES habría dejado en manos de su aspirante a formar parte del programa televiso “Enamorándonos” por sus ridículos aires de gigolo que constante muestra, la supuesta negociación de las obras etiquetadas en algunos ayuntamientos y la imposición de proveedores de los productos para apoyo al campo. Hay detalles de las casas y lugares que utilizó en Nanacamilpa para concretar esos bisnes y también dicen que hay audios que acreditan los moches del 18 por ciento que habría solicitado para amarrar esos recursos públicos.

Pero no crea que sólo Luz Vera y el amoroso Abel Hernández habrían obtenido una utilidad de esa mencionada partida, sino que también se dice que con el anterior secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno de estado, el priista Noé Rodríguez Roldán, armaron negocios con una empresa denominada Autotransportes Segura que ofrece su servicio de Yauhquemehcan-Apizaco y en donde estaría involucrado un alcalde.

Esa alianza estratégica les habría permitido lograr el permiso por el cual se autorizó la apertura de un corralón por la zona de Yauhquemehcan, en donde estarían llegando los automóviles que sufren un accidente. Lo raro es que Noé Rodríguez habría entregado ese permiso a una persona cercana a Vera Díaz cuando antes nadie había podido obtener el aval de las autoridades estatales para operar un depósito de automóviles.

Noé Rodríguez el “honesto” político que aspira a la dirigencia del PRI en Tlaxcala debería ser investigado por su actuación en la Secte, porque es evidente que al parecer utilizó su cargo para beneficiarse junto con sus amigos. Se especula que también intervino para que la compañía Quálitas Seguros contratara los servicios exclusivos de un taller ligado al “Don Juan” Abel para concentrar todas las reparaciones que se hagan por los siniestros que se registren en Tlaxcala.

Y si piensa que la diputada Luz Vera es la única que ha hecho supuestos negocios con los odiados y repudiados priistas, le cuento que al parecer su compañero de partido y diputado José Luis Garrido Cruz también le ha entrado a esos bisnes pero con el ex legislador y constructor Martín Rivera Barrios, quien tras mocharse con el también líder del PES logró adjudicarse una obras en la capital de Tlaxcala.

Se habla que para lograr ese acuerdo estuvo de por medio un auto BMW.

El expediente que se está armando es una joya y detallará los negocios que han llevado a cabo los actuales diputados locales. Cuando se haga público será un escándalo. Al tiempo.

Las autoridades rebasadas por la sed de justicia del pueblo

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A principios de este mes le advertimos que la indiferencia de las autoridades para atender el grave problema de la inseguridad era preocupante porque no había una respuesta favorable para detener y llevar ante la justicia a los delincuentes, por lo que era lógico que los ciudadanos decidieran hacerse justicia por sus propias manos tal y como sucedió en este nuevo fin de semana violento que dejó muy mal parado a la Procuraduría General de Justicia en el Estado, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Guardia Nacional.

La pasividad de las fuerzas policiacas de Tlaxcala quedó demostrada y éstas fueron incapaces de intervenir y frenar el asesinato de un hombre y su hermana en San Miguel Tenancingo tras ser acusados injustificadamente de llevar a cabo un supuesto secuestro de una joven en Papalotla.

De acuerdo con las primeras investigaciones de los ineficientes agentes de la PGJE que controla el fiestero “académico” José Antonio Aquiahuatl Sánchez, se sabe que la supuesta víctima de secuestro nunca fue privada de su libertad y que al parecer estaba casada o unida a otra persona, sin embargo sostendría una relación con el hombre que fue linchado a golpes junto con su hermana.

El probable responsable de incitar a la violencia y alborotar a los vecinos de Tenancingo habría sido la pareja de la supuesta mujer secuestrada que al estar dolido y ofendido buscó vengarse sin medir las consecuencias de sus actos.

Tal y como pasó el pasado fin de semana con un supuesto ladrón atrapado en una comunidad del municipio de Chiautempan, la policía municipal y estatal, así como los elementos de la policía de investigación y de la Guardia Nacional dejaron actuar a los encabronados ciudadanos que buscaban satisfacer su sed de justicia, de ahí que no pararon hasta que mataron a los hermanos que al parecer nunca incurrieron en ningún delito.

Como ya es normal en Tlaxcala, la PGJE abrió la investigación por esos lamentables hechos sin que se tenga a un solo detenido por ese acto de barbarie, tal y como pasó en los linchamientos que dejaron muertos en San Pablo del Monte y en Hueyotlipan, pues el procurador Aquiahuatl Sánchez y su ineficaz equipo no han podido concluir las investigaciones iniciadas en 2018 y mucho menos judicializar esas carpetas, como si el mensaje fuera que este gobierno permite hacerse justicia por su propia mano.

Y resulta más que obvio ver como el mensaje ha sido recibido por los tlaxcaltecas, ya que este fin de semana estuvieron a punto de registrarse otros linchamientos en la comunidad de El Carmen Aztama del municipio de Teolocholco y en San Miguel Xochitecatitla, población del municipio de Nativitas. En ambos casos se trató de presuntos ladrones que sí pudieron ser rescatados, no sin antes recibir una buena golpiza.

La omisión de las autoridades estatales para intervenir y dejar que los ciudadanos lleven a cabo impunemente linchamientos debe ser investigada y en su caso ser castigada, porque es obvio que alguien está fallando y está haciendo todo lo posible para perjudicar la de por si dañada imagen de la actual administración estatal que encabeza Marco Antonio Mena Rodríguez.

Un reciente estadio de la organización denominada “Impunidad Cero” determinó que la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala y la de Veracruz son las peor evaluadas según la percepción de los ciudadanos de ambas entidades, por lo que valdría la pena que el gobernador Mena analizara la conveniencia de realizar un ajuste en esa dependencia, pues está claro que el “académico” no puede con el cargo y que su salida es lo mejor que le puede pasar a un estado golpeado por los criminales y la impunidad.

A nadie la conviene que se mantenga este clima de inseguridad y de intentos de linchamiento, porque así como al parecer se cometió un error en el ajusticiamiento de los hermanos en San Miguel Tenancingo, no se descarta que se repitan más casos como el anterior porque las fuerzas policiacas no quieren intervenir a tiempo y enfrentar a los ciudadanos que están encabronados por tantos abusos de los criminales.

La descomposición social del estado no es un tema menor. Urge atender la problemática antes de que el malestar se enfoque en el gobernador y los ciudadanos empiecen a pedir su salida.

Una burla los enroques y cambios en el gabinete

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Resulta realmente extraño los sucedido ayer en la mañana cuando el joven gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez realizó ajustes en su equipo de trabajo dizque para “mantener el paso del crecimiento” que ha mostrado Tlaxcala en materia de aumento económico, generación de empleo, inversión y disminución de la pobreza, cuando en realidad fueron para reforzar y ampliar el control administrativo de los recursos públicos y para impulsar a menistas a futuros cargos de elección popular.

Quién puede creer que los enroques y cambios buscan mejorar el actual gobierno cuando desde los primeros meses de la actual administración se comprobó que el hidalguense Alberto Jonguitud Falcón nombrado como secretario de Salud sólo llegó a cobrar y dirigir desde un céntrico hotel de la capital la expansión de sus negocios en su estado natal.

Dejar las obras “emblemáticas” de este mediocre gobierno en manos de un gris, limitado y torpe funcionario como Francisco Javier Romero Ahuatzin, a quien siempre le quedó muy grande la silla de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, también resultó un marcado error.

Lo malo es que a la primera dependencia antes mencionada llegó un médico tlaxcalteca de nombre René Lima Morales, hermano del inútil dirigente del PRI en Tlaxcala Roberto Lima Morales. Dicho médico goza de un mediano prestigio como trasplantólogo, pero nadie le reconoce experiencia en el área administrativa, por lo que al interior de la SESA muchos pronostican que tendrá dificultades para manejar el sector salud del estado que se encuentra en una condición deplorable.

Romero Ahuatzin siempre fue un títere en la Secoduvi donde su voz de mando apenas si le alcanzaba para solicitar un café a su secretaria y para pedirle a su chofer que lo llevara a ciertas obras y oficinas, porque el que siempre tuvo el control de esa secretaría fue el delicado Alejandro Serrano García, quien ocupaba el cargo de director de Licitaciones, Contratos y Precios Unitarios de la dependencia, cargo que llegó por instrucciones no del gobernador tlaxcalteca sino de su insaciable hermano Fabricio Mena Rodríguez.

Cansados de la simulación que decidieron mantener por casi dos años y nueve meses, los verdaderos dueños del negocio en esta administración optaron por ponerse en la palestra y demostrar que Fabricio Mena tiene poder en Tlaxcala y por ello decidió imponer a Serrano García como titular de la Secoduvi, para de una vez dejar en claro que los bisnes de las obras, las compras y del manejo de los recursos públicos en el gobierno del estado lo tiene concentrado él y nadie más que él.

Era necesario gritar que por fin dejó de ser el mayordomo de los Cisneros y evidenciar que está convertido en un jefe de jefes.

También fue obvio que el gobernador está preocupado por el futuro de sus “fieles” subordinados, de ahí que decidió rescatar a la perdedora y soberbia Anabel Alvarado Varela, quien a partir de ayer se ocupa de la Secretaría de Turismo que estuvo en manos del intrascendente Roberto Núñez Baleón, quien al igual que el nefasto ex secretario de Educación, Manuel Camacho Higareda, aceptó ser degradado e ir a la dirección del Conalep, donde seguramente podrá echar mejor la hueva y esperar los tiempos para tratar de buscar una candidatura a una diputación local por el convenenciero Partido Socialista.

Alvarado Varela que es recordada por traicionar a su creador e inventor el ex gobernador Mariano González Zarur intentará desde su nueva posición amarrar su nominación dentro del PRI a la presidencia municipal de Tlaxcala, una vez que ella y su amigo con beneficios Manuel Camacho ya fueron borrados de la lista de aspirantes a la candidatura al gobierno del estado.

Y para seguir con los cambios que demostraron una vez más lo limitado y reducido que es el grupo menista, el mandatario decidió enviar a la Secretaría de Fomento Agropecuario al fracasado de Arnulfo Arévalo Lara, quien llega más a esa posición para sacar provecho político que para atender y resolver la problemática del sector, ya que júrelo que desde ahora utilizará su cargo para convertirse nuevamente en diputado local en los comicios del 2021.

El único enroque justificado es el de José Luis Ramírez Conde, quizá de los pocos funcionarios estatales que sin caer en protagonismos se dedicó a trabajar y dar resultados en la Sefoa, evitando que ese sector del estado recuperara su politización porque cuando los campesinos se inconforman y organizan se convierten en un fuerte dolor de cabeza para quien gobierna en ese momento.

Ramírez Conde fue designado como nuevo responsable de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte que mal dirigió y aprovechó para ciertos negocios Noé Rodríguez Roldán, quien abandonó su posición en la administración pública para ir tras la moribunda dirigencia del PRI en Tlaxcala.

Seguramente el nuevo funcionario resolverá los pendientes heredados y entregará buenas cuentas al gobernador Marco Mena, porque es un político que antes de pensar en la grilla y su futuro atenderá sus responsabilidades.

El gobernador una vez más demostró que no le interesa ni le preocupa el tema de la seguridad en Tlaxcala, pues resulta que en esa área donde realmente estamos jodidos ni siquiera volteó a ver a los funcionarios responsables de que el estado esté en manos de la delincuencia como el secretario de Seguridad Ciudadana, Eduardo Valiente Hernández, el trácala procurador de Justicia, José Antonio Aquiahuatl Sánchez y el ornamental secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro.

Al final los cambios fueron para seguir igual o peor.

Los cambios obligados de funcionarios menistas

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Tómelo con reserva, pero conforme se va cayendo en pedazos el proceso penal que el gobierno federal de Enrique Peña Nieto armó contra los probables responsables de la desaparición y muerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa, aumenta el rumor que en Tlaxcala pronto se dará un cambio obligado en la Secretaría de Gobierno donde despacha el gris José Aarón Pérez Carro, ya que podría enfrentar la ley al ser uno de los fiscales que integró el mencionado expediente que como se puede ver tiene múltiples inconsistencias y deficiencias.

Desde hace algunas semanas se especuló que el caso Ayotzinapa tarde o temprano alcanzaría al mediocre secretario de Gobierno de Tlaxcala, José Aarón Pérez, quien por lo visto no ha perdido el estilo y sigue haciendo lo mismo que hacía cuando se desempeñaba como un alto funcionario de la Procuraduría General de la República, donde simulaba que trabajaba porque es obvio que su deficiente labor ayudó a que un juez desestimara 44 pruebas en contra de Gildardo López Astudillo, alias El Gil, a quien se le pretendía hacer responsable del secuestro de los jóvenes y de su desaparición.

Tal resolución, podría convertirse en un precedente para que otros 50 implicados en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal de Ayotzinapa salgan de la cárcel, lo que se traducirá en un duro golpe para las autoridades que en su momento armaron el caso y el expediente, porque seguramente ahora serán investigadas por su omisión y su pésima actuación que facilitó a los presuntos culpables de ese lamentable hecho registrado el 26 de septiembre del 2014 a salir libres sin enfrentar un castigo ejemplar.

Hasta este momento se sabe que El juez determinó que no existían elementos para acreditar el delito de delincuencia organizada y se desestimó 44 pruebas en contra de Gildardo López Astudillo, alias El Gil, que buscaban acreditar el delito de secuestro”.

“Se circunscribió a analizar solamente 162 de los 791 tomos que forman parte de la averiguación y se consideró que se habría aplicado el delito de tortura, a pesar de que la entonces Procuraduría General de la República realizó el examen médico-psicológico, conocido como Protocolo de Estambul, donde se acreditó que los probables responsables no habían sido torturados”.

“Este es un precedente muy grave, es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores del delito de desaparición forzada y lamentablemente no es el único caso, sino que además sentará precedentes para que se puedan establecer sentencias absolutorias a los otros implicados. Se viene a fortalecer una tendencia que ya se había venido registrando con la libertad de otros detenidos en el caso Ayotzinapa”.

El viernes 21 de junio de este año, se difundió un video en el que oficiales de policía interrogan y torturan a un detenido por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal de Ayotzinapa del estado de Guerrero.

La grabación fue subida en el canal de YouTube llamado Verda Siempre y se titula La Verdad Histórica Ayotzinapa de Carlos Gómez Arrieta.

Se asegura que uno de los policías que aparece en el video es Carlos Gómez Arrieta, que en esa época era jefe de la Policía Federal Ministerial de la PGR, y que hasta el 22 de junio de este año se desempeñó como subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán.

En el video se ve a un hombre sentado en una silla, con los ojos cubiertos con cinta canela y las manos amarradas al frente.

El policía que está detrás del detenido tiene una bolsa de plástico entre las manos y está a punto de ponérsela para comenzar a asfixiarlo, pero le hace unas preguntas al detenido y espera a que le responda.

En la parte final del video se ve el momento en que el policía le coloca la bolsa en la cabeza al detenido, lo jala hacia atrás y comienza a asfixiarlo.

Lo interesante será conocer si el tlaxcalteca José Aarón Pérez como uno de los fiscales que trabajó en armar el expediente que integró la entonces PGR sabía de esas arbitrariedades y el por qué las permitió en caso de estar enterado.

Los nuevos funcionarios de la Fiscalía General de la República bajo el mando de Alejandro Gertz Manero no sólo buscan rearmar el caso Ayotzinapa para castigar a los culpables de la desaparición y muerte de 43 estudiantes normalistas, sino que también pretende sancionar a los funcionarios que violaron la ley para crear culpables.

Hasta donde está involucrado Pérez Carro en las anomalías e inconsistencias del expediente Ayotzinapa nadie lo sabe con precisión, pues tras dejar su cargo de fiscal en junio del 2016 en medio de fuertes críticas por fallas cometidas durante el proceso de investigación, fue rescatado por su protectora la ex gobernadora de Tlaxcala Beatriz Paredes Rangel, quien convenció al joven gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez para convertir al ex funcionario federal en procurador del estado a finales de febrero del 2018.

Al llegar a la PGJE y tener una desastrosa gestión, Mena Rodríguez decide seguir arropando al ex fiscal de la PGR y lo designa como responsable de la Secretaría de Gobierno, donde es obvio que se percibe su presencia porque el funcionario estatal no hace ni resuelve nada, pues está más que comprobado que sólo sirve para acudir a eventos oficiales con la representación de su jefe y tomarse la foto.

Si las investigaciones y responsabilidades alcanzan a Pérez Carro, no descarte que su salida de la Secretaría de Gobierno se concrete, con lo cual la administración de Marco Mena tendrá record en la designación de funcionarios en esa dependencia, pues en dos años y nueve meses Tlaxcala ya ha tenido cuatro secretarios y no se descarta que pronto se conozca el nombre del quinto.

La verdad es que José Aarón Pérez ya acumula mala fama no sólo por su gris y nulo trabajo como secretario de Gobierno, sino que ahora como un ex funcionario de la PGR que al parecer alentó, solapó y permitió la tortura.

Monumental la torpeza de Morena y sus aliados en el Congreso

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En apariencia Morena y sus aliados el PT y el PES retuvieron el control del Congreso del Estado al conservar la presidencia de la Junta de Coordinación y Concertación Política y el Comité de Administración con la diputada del PT Irma Garay Loredo y el morenista Rafael Ortega Blancas, respectivamente, sin embargo en los hechos los que ganaron y lograron seguir mandando en el Poder Legislativo como lo han hecho desde septiembre del año pasado es la chiquillada conformada por el PAN, PRD, PRI, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y el Verde Ecologista.

El bloque mayoritario de Morena, el PT y el PES lejos de entender y aprovechar su fortaleza y número desechó la posibilidad de superar sus diferencias y optó por fracturarse nuevamente, entre los morenistas proclives a la corrupción, a los arreglos en lo obscurito y a velar por sus intereses personales y los que están convencidos de las bondades del proyecto que impulsa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Los primeros son encabezados por Víctor Manuel Báez López, diputado con funciones de mayordomo del senador Joel Molina Ramírez y del director del Canal Once y ex gobernador tlaxcalteca, José Antonio Álvarez Lima.

Como sucedió hace un año, ese grupo no tardó en prostituirse ante las propuestas indecorosas que le hizo la chiquillada, la cual terminó por venderle su amor y fidelidad a un precio muy caro para lo que realmente representaban al interior del Congreso local, de ahí que juntos empezaron a vivir su desenfrenado amasiato que les permitió repartirse el botín, perdón, el control y las posiciones del Poder Legislativo.

El otro grupo de nueve diputados miembros de la Cuarta Transformación que coordina la morenista Ana Bertha Mastranzo Corona trató de recomponer el rumbo y la unidad al enviar señales de buscar la reconciliación, pero ayer comprendió que con el dinero y la traición no se puede competir porque hubo algunos legisladores como la muchacha petista María Félix Pluma Flores, el doble cara de José Luis Garrido representante del PES y uno más de Morena que terminaron por sumarse a los políticos que suelen prostituirse sin ningún pudor con tal de satisfacer su hambre de poder y de recursos públicos.

Se dice que esos legisladores fueron determinantes para que la presidencia de la Junta de Coordinación y Concertación Política fuera a parar a las manos de la limitada petista Irma Garay, quien apenas si pudo sumar 13 votos para su causa, logrando un voto más de su adversario Víctor Castro López que estuvo a punto de ganarle la partida.

Si en un año Garay Loredo no pudo coordinar a los tres diputados de su bancada del PT, lo más seguro es que le resulte imposible dirigir ese órgano de gobierno del Congreso del Estado, de ahí que muchos aseguran que seguirá los pasos de su amigo, consejero y protector Víctor Manuel Báez que fue removido hace unos meses de esa posición por sus constantes torpezas y errores de operación.

Los más felices con la ineptitud, deshonestidad, incompetencia y modorra de los diputados de la Cuarta Transformación son los del PAN representados por el labioso Omar Milton López Avendaño, los del PRD que los coordina un aspirante a morenista, el delicado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, la priista Zonia Montiel Candaneda, la versátil militante de Nueva Alianza Luz Guadalupe Mata Lara, así como la puntual María Isabel Casas Meneses que pertenece a Movimiento Ciudadano y la intrascendente Verde Ecologista Maribel León Cruz.

En esos diputados realmente está el poder del Congreso del Estado en Tlaxcala y si no me cree pregunte por sus jugosas dietas, salarios y otros estímulos que reciben por fungir como damas de compañía con facultades para ordenar e imponer su ley.

El grupo de legisladores de la Cuarta Transformación afines a los intereses de la “super delegada” del gobierno federal, Lorena Cuéllar Cisneros, recibió un revés y dejó de controlar la Junta de Coordinación y Concertación Política, sin embargo aún pudo retener el Comité de Administración donde Rafael Ortega logró su ratificación con una votación sorprendente al sumar 23 de los 25 sufragios en juego.

La suerte de la actual legislatura está echada.

Correrá la misma suerte que las anteriores en manos del PAN, PRD y PRI al cargar desprestigio y mala fama. Sin dudas será un fracaso de la Cuarta Transformación que impulsa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Resulta ridículo que Morena y sus aliados en otros espacios de poder en el país y a nivel nacional mantenga a raya al PAN, al PRI y al PRD y que en Tlaxcala los legisladores de esos partidos sean el verdadero factor de fuerza y decisión en el Congreso del Estado. Difícil de creer, pero es la pura realidad.