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Diputados faltistas reciben golpe donde más les duele

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Un grupo de ocho diputados locales que aún no asimila que su fuerza y poder se les fue hace unos semanas por el drenaje del Congreso del Estado, tuvo que aceptar la decisión de la mayoría de los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política y enfrentar una sanción que les provocó gran molestia cuando se enteraron que recibirán un descuento del 50 por ciento de su dieta de la segunda quincena de julio por no asistir a la sesión extraordinaria a la que fueron convocados en tiempo y forma.

Los legisladores morenistas Víctor Manuel Báez López, María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi, Patricia Jaramillo García, Jesús Rolando Pérez Saavedra, José María Méndez Salgado se sorprendieron de tal decisión, pero la que de plano hizo un tremendo coraje y berrinche fue la voraz y rapaz coordinadora de la bancada del PT Irma Garay Loredo, porque puede soportar muchas cosas, pero no que se metan con su dinero que le gusta acumular junto con su padre el también legislador federal y líder de ese partido, Silvano Garay Ulloa.

Los otros legisladores que andaban insoportables tras enterarse de la determinación de los integrantes del mencionado órgano de gobierno del Congreso del Estado fue el delicado perredistas Miguel Ángel Covarrubias Cervantes y su intrascendente compañera Laura Yamili Flores Lozano.

La decisión de esos diputados de no asistir a la sesión extraordinaria convocada para analizar la destitución de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, Marlene Alonso Meneses, David Cabrera Canales y Francisco Morones Servín, les salió muy caro no sólo en lo económico, sino políticamente hablando porque evidenciaron que lo suyo es la conveniencia y no la legalidad y el estado de derecho.

Esos ocho diputados que se dice anduvieron hace unos días defendiendo las cuentas públicas de algunos presidentes municipales con serios problemas en sus estados financieros del 2018, ya demostraron que carecen de fuerza e influencia para cambiar dictámenes y lo que es peor que la protección que supuestamente ofrecieron es ficticia y que en una de esas sus “amigos alcaldes” podrían ser removidos de sus cargos por las graves anomalías financieras que acumulan, porque ya quedó claro que no existe temor entre algunos legisladores locales para realizar juicios políticos.

Nunca entendieron que la decisión de la mayoría de los diputados locales contaba con el aval del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, ya que los nuevos comisionados Didier Fabián López Sánchez, Fernando Hernández López y Mónica Cuamatzi Hernández responden a los intereses de la actual administración.

Para nadie es un secreto que Didier Fabián López es un incondicional de la influyente Anabel Alvarado Varela, ex secretaria de Gobierno, candidata perdedora de PRI al Senado y actual responsable de la comisión encargado de los festejos de los 500 años del encuentro de dos culturas.

Ese nuevo comisionado nunca practicó la transparencia mientras estuvo como empleado en la Secretaría de Gobierno y menos cuando era el responsable del negocio, perdón de realizar la contratación de todos los servicios requeridos para el festejo del 15 de septiembre por parte de la actual administración estatal y que obviamente dejó una buena utilidad en los últimos años.

Asumen sus cargos nuevos comisionados del IAIP

Aunque los ex comisionados Marlene Alonso Meneses, David Cabrera Canales y Francisco Morones Servín tardaron en ser notificados por parte del Congreso del Estado, la realidad es que una vez cumplido ese requisito los diputados llamaron a los suplentes para que rindieran protesta y de inmediato asumieran su cargo y llevaran a cabo una sesión del pleno del IAIP a fin de amarrar su permanencia, pues ayer mismo se conoció que los ex funcionarios de ese organismo promoverían acciones legales para echar abajo la resolución del Poder Legislativo.

Según ellos, los diputados se excedieron y violaron sus garantías individuales durante el procedimiento que se les aplicó, por lo que se sienten seguros de obtener un fallo favorable que les permita regresar a sus cargos, lo cual parece difícil porque al parecer ya nadie los apoya y su pasado conflictivo les resta credibilidad.

Y ya que hablamos del IAIP le comento que ayer María Teresa Mejía Rodríguez se comunicó con este reportero para deslindarse de cualquier anomalía financiera y administrativa que pudiera existir en el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, por lo que solicitó que no se le ligara con ningún ex comisionado y menos que se dejara entre ver que era voraz como aquí se mencionó, porque su labor en el organismo se centra exclusivamente en el aspecto contable, de ahí que ella no tiene nada que ver con la administración o manejo de los recursos públicos. Hasta aquí la precisión y la aclaración.

El mensaje que envió el Congreso del Estado

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Tuvieron que pasar 17 años para que en Tlaxcala procediera un nuevo juicio político que concluyó con la sana destitución de los tres comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, Marlene Alonso Meneses, David Cabrera Canales y Francisco Morones Servín, quienes sumergieron al organismo en el desprestigio y en el desorden público y administrativo.

Ante la falta de capacidad de los mencionados comisionados para superar sus diferencias y la indiferencia del gobierno del estado para intervenir en el conflicto y poner orden en ese Instituto, 17 diputados locales de los 25 que integran la actual legislatura decidieron poner fin a ese problema heredado por los anteriores legisladores que siempre les tembló las rodillas para afrontar una decisión.

Los diputados morenistas que optaron por ausentarse de la sesión extraordinaria pública donde los legisladores se erigieron en jurado de sentencia fueron el vapuleado Víctor Manuel Báez López, la ladina María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi, la inconsistente Patricia Jaramillo García, el convenenciero Jesús Rolando Pérez Saavedra, el vericueto José María Méndez Salgado, la insaciable petista Irma Garay Loredo y los disminuidos perredistas Miguel Ángel Covarrubias Cervantes y Laura Yamili Flores Lozano.

Ese grupo se encaprichó sólo en proponer la destitución de Marlene Alonso, ex presidenta del IAIP, ya que su intención era mantener a los rijosos ex comisionados David Cabrera y Francisco Morones, con quienes habían pactado repartirse los puestos del Instituto a fin de controlar ese organismo.

Al no lograr su objetivo, esos morenistas y perredistas intentaron reventar la sesión extraordinaria del día de ayer, pero no concretaron su objetivo y anoche esos mercenarios con fuero comprobaron que no son indispensables para el correcto funcionamiento de la actual legislatura, la cual ha empezado a dar muestras de un cambio y de ejercer su poder y atribuciones para el bien del Estado.

Sin duda, los 17 diputados que asumieron su responsabilidad sientan un buen precedente porque no sólo confirman que de ahora en adelante están abiertos y dispuesto a llevar a cabo juicios políticos, sino que su interés es que en Tlaxcala se respeten las leyes y que los funcionarios públicos cumplan con sus atribuciones y obligaciones.

Ojalá la rapaz corrupción y desorden administrativo que se dice prevaleció en los últimos años en el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala que alentaron los tres comisionados junto con la voraz funcionaria del organismo María Teresa Mejía Rodríguez sea investigada y sancionada.

Se mencionada que había vehículos oficiales del Instituto que eran utilizados para el uso familiar de Marlene Alonso, así como el manejo poco claro de recursos públicos que se presumen fueron a parar a la construcción de una lujosa vivienda.

El mensaje que decidieron enviar la mayoría de los diputados locales fue positivo y seguramente más de un alcalde en funciones se deberá preocupar, porque los legisladores ya comprobaron que tiene el modo y el medio para poner orden y evitar que en algunas administraciones municipales se mantengan prácticas negativas en el manejo de los fondos públicos.

Este jueves se espera que los suplentes Didier Fabián López Sánchez, Fernando Hernández López y Mónica Cuamatzi Hernández asuman sus cargos y responsabilidades en el IAIP, mientras que los destituidos Marlene Alonso, Francisco Morones y David Cabrera seguramente decidirán qué acción legal seguirán para tratar de defenderse y regresar a su posición dentro de la burocracia dorada del estado.

Ojalá los diputados locales que avalaron la destitución de los ex comisionados no hayan cometido ningún error que ponga en riesgo su decisión, porque los tlaxcaltecas ya no quieren saber más de esa novela de quinta que fue la labor que tuvieron los ex comisionados del IAIP, a quienes nunca les importó la transparencia, el acceso a la información pública y menos la protección de los datos personales de los ciudadanos y ciudadanas.

Lo que los tlaxcaltecas cuentan y algo más

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Los ajustes en el equipo de la cuarta transformación que operaba en Tlaxcala y que en una primera instancia se centró en la delegación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), tomó por sorpresa a aquellos que se sentían indispensables y se negaban a reconocer a Lorena Cuéllar Cisneros como coordinadora del gobierno federal y la responsable de los programas de desarrollo en la entidad por parte de la administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Aunque algunos ex funcionarios de la delegación de la SADER han buscado aparecer como las víctimas de la política de austeridad del gobierno federal y la intransigencia de las nuevas autoridades para conservar al personal que por años ha laborado en esa dependencia, lo que no dicen es que sus relaciones e influencias que presumían tener con funcionarios muy cercanos al presidente López Obrador no fueron suficientes para mantenerse en la nómina y operar de manera poco clara los recursos que en administraciones pasadas se destinaron para el campo tlaxcalteca.

Leodegario Morales Huerta, ex encargado de la delegación de la SADER, junto con los directores Rogelio Aquino y Víctor Astorga fueron separados de sus puestos desde hace algunos días, pero quizá el motivo principal que generó su salida fue su actitud de ignorar las instrucciones de Lorena Cuéllar y moverse y decidir acciones sin tener el aval de esa funcionaria, que si bien ha tenido problemas para ejercer su autoridad, poco a poco ha logrado el control de las dependencias federales que funcionan en Tlaxcala.

En diferentes reuniones con productores tlaxcaltecas las quejas contra las autoridades estatales por el manejo discrecional de los programas de apoyo al campo que se financian con recursos federales han sido la constante, situación que era permitida por los ex funcionarios de la SADER que lejos de intervenir para corregir esas anomalías las alentaban, de ahí que hoy se busca corregir esas presuntas inconsistencias que están más que documentadas en minutas de trabajo que incluían decisiones que nunca se habían puesto a consideración de los campesinos.

En la actualidad, Carlos Miramontes Pérez, subdelegado Administrativo, funge como encargado del despacho de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Tlaxcala. Y si hay alguien que sabe de las transas de los ex funcionarios de esa dependencia es él, por lo que no descarte que alguno de ellos enfrente la justicia por el destino poco claro que pudieron dar a los fondos de ciertos programas federales.

El recomendado de Lorena Cuéllar para convertirse en el coordinado de la SADER, Rafael de la Peña, quizá no pasará los filtros impuestos por el gobierno federal para ocupar un cargo en la administración federal, pues dicen que tiene más puntos negativos que positivos que simplemente lo inhabilitan, de ahí que seguramente se analizarán otros perfiles.

Hasta ahora se sabe de la limpieza de dos delegaciones federales, la de Bienestar donde los priistas marianistas ya fueron expulsados y la SADER, por lo que es muy probable que ese proceso se amplíe a otras dependencias donde aún sobreviven militantes del ex partidazo.

Reina la impunidad

No lo cuente en voz alta para dicen que la persona detenida como presunta responsable del doble homicidio registrado el domingo pasado en el mercado nuevo de Chiautempan podría quedar libre, pues al parecer no es la responsable de la agresión a balazos de dos jóvenes, pero sí de portar una arma de fuego sin permiso de las autoridades correspondientes.

De acuerdo con el avance de las investigaciones, se sabe que los jóvenes muertos Enrique García (estudiante próximo a titularse de la UTT) y Gerardo García eran ajenos a la actividad comercial de esa zona y estaban ahí como clientes. Según sus familiares, éstos fueron confundidos por sus agresores que dispararon sus armas a quemarropa.

Trascendió que los verdaderos culpables de la agresión lograron escapar pese al aparatoso operativo montado por las fuerzas policiacas.

Aunque la Comisaria Municipal de Chiautempan, en trabajo conjunto con la Secretaria de Seguridad Ciudadana y la Policía Estatal detuvieron a dos personas del sexo masculino de nombre José Francisco N. de 28 años de edad, originario del estado de Guerrero, con 4 meses de radicación en Tlaxcala y Jared N. de 40 años oriundo de San Pablo Apetatitlán, éstas no son las culpables de las muertes de los dos jóvenes.

Uno era un cliente que tras salir del lugar donde se escondió al escuchar las detonaciones fue detenido, mientras que el otro se presume que trabajaba para los comerciantes como “halcón” y al parecer enfrentará la ley por el delito de portación de arma de fuego, pero no por su probable participación en los mencionados homicidios. Además, su detención y difusión por parte de la policía municipal de Chiautempan violó el debido proceso y éste individuo pronto podría recuperar su libertad.

Cómo se podrá dar cuenta, tanto la PGJE y la Secretaría de Seguridad Ciudadana son una farsa, porque es muy probable que esos dos homicidios dolosos registrados el pasado domingo queden impunes como otros más que se han cometido en Tlaxcala.

Los transportistas de aliados a enemigos del gobierno

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La falta de operadores y funcionarios capaces le está pasando la factura al gobierno del estado que hoy no sabe cómo salir del conflicto que alentó y postergó al apapachar de más a los voraces líderes transportistas, quienes al percibir la debilidad de las autoridades pretenden ponerlas de rodillas para lograr la prohibición de plataformas digitales y al mismo tiempo obtener más concesiones.

El posponer la toma de decisiones y retrasar sin justificación alguna una ley en materia de transporte ha llevado al gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez contra las cuerdas para ser sometido a una ridícula presión de los concesionarios del servicio público de pasajeros que se sienten con la capacidad de generar caos vial, cerrar vialidades, provocar desorden y obligar a un diálogo con las autoridades sin que exista una sola consecuencia de sus arbitrarios actos.

Si desde hace tiempo se hubiera aprobado una nueva norma para permitir el uso de plataformas digitales para que otras empresas prestaran el servicio de traslado de personas, quizá las condiciones hoy serían diferentes y los transportistas tlaxcaltecas ya hubieran entendido que Tlaxcala no puede estar ajeno a la modernidad y a una realidad que se vive en el mundo.

Pero para mala suerte de los tlaxcaltecas lo anterior no fue posible y la actitud del gobierno de oponerse y no permitir el funcionamiento de la plataforma Pronto sólo por un capricho ha generado un ambiente de inestabilidad en Tlaxcala, provocado por los transportistas que en su momento fueron aliados y financiados por la actual administración estatal.

Antes de permitir la aprobación del uso de aplicaciones de Internet para solicitar el servicio de transporte de pasajeros, el gobierno de Mena a través de su secretario de Comunicaciones y Transportes, Noé Rodríguez Roldán, estableció una alianza con los concesionarios a quienes se les explicó y enseñó las bondades del eso de esa tecnología, al grado que por casi cinco meses la administración estatal contrató a una empresa para que diera ese servicio, sin embargo al final los trabajadores del volante se negaron a invertir dinero para mantener esa aplicación.

Fu entonces que Noé Rodríguez decidió dejar de subsidiar a los concesionarios con ese servicio digital, lo que sirvió de pretexto a los transportistas para romper el diálogo con el gobierno del estado y empezar una serie de presiones para que las autoridades prohíban en Tlaxcala el uso de plataformas y cualquier otro servicio de transporte ajeno a sus intereses.

Desde hace días los transportistas a través de sus nefastos dirigentes venían amagando con llevar a cabo una gran protesta contra el gobierno de estado. Ayer cumplieron en parte su amenaza y lograron reunir a más de 300 concesionarios de los 5,500 que existen en la entidad, lo cual fue suficiente para desquiciar la capital tlaxcalteca, cuyos ciudadanos tuvieron que soportar los abusos y excesos de esos trabajadores del volante ante una pasividad gubernamental que mostró el bisoño secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro.

Hace unos días le comentaba que el gobierno de Marco Mena se percibía débil y sin fuerza al ser derrotado por un grupo de trabajadores administrativos de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala que se impuso y logro la cabeza de la Directora de Relaciones Laborales de esa dependencia, Claudia Xochihua Rodríguez, pese a contar con la protección de un influyente pero enamorado político que comprendió que es otro el que realmente ejerce el poder en el estado.

Resulta obvio que los transportistas pretenden aprovechar esa debilidad manifiesta del gobierno para ejercer presión y sacar provecho del conflicto que ellos mismos han generado, por lo que habrá que ver si el gobernador Mena cede a sus caprichos y pretensiones o decide mostrar autoridad y poder para poner un hasta aquí a los concesionarios que han abusado de la apertura y apoyo institucional recibido, aunque para ello tal vez necesite recurrir a otros funcionarios que de entrada sean más capaces que Pérez Carro que hoy esta convertido en un oneroso adorno para la administración estatal.

Los transportistas quieren establecer un diálogo directo con el gobernador Marco Mena y pusieron como fecha límite el jueves, encuentro que de no concretarse derivará en nuevas protestas que no sólo se concentrarán en la capital del estado, sino que incluirá carreteras y otros municipios a fin de enseñar músculo, situación que de concretarse dejará muy mal parado a la actual administración que evidenciará que no puede enfrentar ni solucionar ningún conflicto.

Pareciera que hoy en día nadie respeta al gobierno del estado, cuando aún le quedan dos años de poder.

La apabullante inseguridad que prevalece en Tlaxcala

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En los hechos y en el discurso el gobierno de estado ha perdido ante una galopante inseguridad que se empeña en evidenciar lo mal que estamos en esa materia, porque ni la llegada de la Guardia Nacional sirvió para inhibir las actividades de los criminales que pareciera tienen permiso para hacer sus fechorías porque en Tlaxcala no existe voluntad, ni estrategia, ni coordinación que permita detener a los delincuentes.

Resignados a vivir con el fracaso que la administración estatal enfrenta al no poder otorgar seguridad a los tlaxcaltecas, la llegada de la Guardia Nacional en Tlaxcala que a principios de este mes logró el desmantelamiento de una red internacional de trata de personas con fines de explotación sexual dio cierto consuelo, pues al menos los habitantes de la entidad llegaron a pensar que gobierno federal si enfrentaría a los delincuentes que operan con una insultante impunidad.

Sin embargo, el pasado fin de semana constatamos que no sólo existe un altísimo nivel de indiferencia de las autoridades encargadas de prevenir y perseguir a los criminales, sino que los hampones se burlan de la frágil seguridad, su nula estrategia y sus ridículos operativos que no sirven para nada.

La madrugada del sábado, cinco hampones armados a bordo de un taxi del estado de Puebla llegaron al restaurante Leña y Olivo, ubicado sobre el Camino Real, a unos metros de Casa Tlaxcala, residencia del actual mandatario y su familia, Marco Antonio Mena Rodríguez, para cometer un atraco y retirarse sin ningún problema con el dinero, joyas y celulares de los comensales entre los que destacaba un influyente funcionario estatal.

Aunque se alertó a las autoridades, la realidad es que la policía capitalina no hizo nada tal y como siempre sucede. Los elementos de la Policía Estatal llegaron aparatosamente pero sin la menor idea de qué hacer para perseguir a los criminales. Los agentes de la PGJE también hicieron acto de presencia para disimular que trabajan cuando todos saben que lo suyo es buscar la cuota y no detener a hampones.

Una vez más quedó demostrado que el secretario de Seguridad Ciudadana, Eduardo Valiente Hernández y el procurador de Justicia, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, no dan una pese a que son ocurrentes para declarar ante los medios de comunicación una sarta de mentiras para justificar su pésimo trabajo y planear actos de fuerza para recuperar un edificio público en manos de trabajadores inconformes como sucedió hace unos días con las oficinas de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala.

Los presuntos ladrones de ese conocido restaurante pudieron escapar y transitar sin dificultades cerca de 40 kilómetros desde la ciudad de Tlaxcala hasta la capital poblana, pues según las inútiles autoridades policiacas recibieron información de uno de los afectados en el sentido de que su teléfono celular se ubicaba en el vecino estado tras realizar un rastreo del mismo.

Los tlaxcaltecas no terminaban de comentar ese hecho ilícito cuando horas después se enteraron que al mediodía del domingo y al interior del mercado nuevo de Chiautempan se llevó a cabo la ejecución de una persona.

Dos hombres armados detonaron en ocho ocasiones sus pistolas. Mataron a un hombre que vendía raspados y otro más quedó lesionado. El pasado 9 de junio en ese mismo lugar se registró otra ejecución, pero ésta se centró en un comerciante dedicado a la venta de ropa americana.

Los hechos narrados en vivo por diferentes medios de comunicación a través de la red social de Facebook provocaron alarma entre los habitantes de ese municipio, pues el aparatoso operativo montado por las fuerzas de seguridad abarcó varias calles céntricas de Chiautempan, lo que generó confusión y temor porque nadie sabía que sucedía con exactitud.

Como usted se podrá dar cuenta el problema de la inseguridad en Tlaxcala sigue creciendo y ya se convirtió en un fuerte dolor de cabeza para el gobierno de Marco Antonio Mena, porque ya se vio que ni la presencia de la Guardia Nacional que opera bajo la responsabilidad de la administración federal de Andrés Manuel López Obrador es suficiente para contener a los criminales que pareciera encuentran en la entidad todas las facilidades para llevar a cabo sus fechorías.

Ojalá y las autoridades no recurran a la tontería de que lo sucedió este fin de semana se trató nuevamente de hechos atípicos.

De malos policías y de un costoso despacho de abogados

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En las últimas semanas las quejas contra directivos y comandantes de diferentes policías municipales han indo en aumento, las cuales no sólo tienen que ver contra presuntos actos de corrupción, sino de acoso sexual y hostigamiento, de ahí que en los próximos días podrían registrarse paros de algunos elementos o manifestaciones para exhibir esos abusos que dejarán muy mal parados a algunos jefes y alcaldes que han permitido esas conductas.

Trascendió que hace unas semanas Efrén Rodríguez Mariano, uno de los elementos de la Policía Estatal que fue detenido en enero del 2015 junto con el director de la Policía Estatal Acreditable, José Jorge López Pérez alías “El Lobo”, por supuestamente estar involucrados en una serie de secuestros exprés, encontró acomodo en la Policía Municipal de Atlangatepec donde llegó a hacer de las suyas sin que nadie le ponga un alto.

Ese elemento que tiene cargo de comandante ya enfrenta varias acusaciones de hostigamiento y acoso a jovencitas. También dicen que suele solicitar dinero a los probables responsables de una falta, pues para dejarlos ir exige un estímulo económico y suele alardear que goza del respaldo absoluto del alcalde de Atlangatepec, José Macías González.

Tan es así que Efrén Rodríguez se la pasa humillando al resto de los elementos de esa corporación municipal, quienes pronto serán capacitados por ex jefe de la Policía Acreditable José Jorge López Pérez alías “El Lobo”, quien según su subordinado si es un auténtico policía que se sabe todas.

Y aunque parezca difícil de creer, el director de la Policía Municipal, Miguel Ángel Lima, le permite a Efrén Rodríguez todos sus abusos y excesos, quizá porque también fue su compañero cuando estuvieron bajo las órdenes del famoso “Lobo”, quien no vaya a ser que se aviente la puntada de incluir en su “auténtica capacitación” como evitar secuestros cometidos por policías estatales.

En otro municipio donde también hay severas acusaciones contra el director y comandantes de la policía es en Tzompantepec, donde el jefe de esa corporación Heriberto Falla López ha contratado a elementos despedidos en Apizaco para montar una supuesta red de corrupción encaminada a extorsionar a los huachicoleros y a uno que otro presunto delincuente que llega a caer en sus afiladas garras.

De entrada, los policías de ese municipio tienen documentado como su director a través de los comandantes Florentino Escamilla Rodríguez y Margarito Luna Torres estarían solicitando a cada elemento una cuota de 200 pesos para mantener el trabajo, de ahí que los agentes están desesperados por ese abuso y por las constantes anomalías que se cometerían en las oficinas contra las personas que son detenidas, acciones que son cubiertas por la oficial y radio operadora Alejandra Inés Luna García.

Los uniformados inconformes pronto harán llegar su queja y malestar al alcalde de Tzompantepec, Arturo Rivera Mora y al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, a quienes les solicitarán su intervención para frenar esos abusos y revisar el proceder de esos jefes policiacos que están lejos de cumplir con su trabajo y responsabilidad.

Por cierto, adivine de quién es el despacho de abogados que en los últimos meses ha dedicado sus esfuerzos a defender a Heriberto Hernández Morales, alias “El Sapo”, quien se dice es el capo mayor relacionado con el elevado número de robos de trailers en la entidad tlaxcalteca.

Se sabe que ese corporativo jurídico pertenece a un poderoso funcionario de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), quien estaría cobrando millonarias cantidades por defender a su cliente, quien por cierto también estaría siendo investigado por acaparar mercancía robada.

El año pasado a Hernández Morales, quien es familiar de la joven de Tequexquitla que murió el pasado miércoles de manera accidental por un disparo de una arma de fuego, le fueron aseguradas varias bodegas repletas con productos que se presumen tenían una procedencia ilegal, sin embargo en un hecho inédito el caso ya casi está arreglado por la ayuda que recibió de los servicios legales que un funcionario de mucho peso en la PGJE tuvo a bien ofrecerle a través de su respectivo despacho que vio la abundancia económica.

Quizá por esa razón ese funcionario minimiza la delincuencia en Tlaxcala, habla de hechos inéditos y presume una honestidad que no tiene.

Tlaxcala no es ajeno a las pugnas internas del gobierno federal

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Una pregunta que muchos se hacen y que pocos han obtenido una respuesta, tiene que ver sobre cuando saldrán a relucir en Tlaxcala las pugnas internas en la administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, las cuales han implicado la salida de varios personajes del gobierno federal por no estar de acuerdo con el manejo gubernamental y de ciertas políticas impuestas por el tabasqueño.

Tlaxcala no es ajeno a la disputa interna del poder que se vive en el gobierno federal y en el partido de Morena, pues aunque los funcionarios federales lo nieguen al igual que los senadores, diputados federales y locales, así como los líderes estatales de ese instituto político, la realidad es que la lucha por conservar el dominio y la autoridad en el estado prevalece y conforme pasa el tiempo se hace cada vez más evidente.

El gobierno federal que controla el presidente López Obrador ha enfrentado la renuncia de importantes funcionarios como secretario el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, el director general del IMSS, Germán Martínez, el responsable del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González Blanco, el subsecretario de Turismo, Simón Levy, la subsecretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Patricia Bugarín y otros.

Esos ex colaboradores simplemente fueron sujetos a grillas internas alentadas por personajes cercanos al presidente AMLO o no aceptaron la excesiva política de austeridad del gobierno federal.

En Tlaxcala se replican esos pleitos y confrontaciones. Aunque no han cobrado la renuncia o el despido de algunos funcionarios federales, es muy probable que esas disputas pronto suban de tono al grado que su jefe político deberá poner orden antes de que esa rivalidad se salga de control.

Si bien Lorena Cuéllar Cisneros tiene la representación del gobierno federal y es la encargada de los Programa de Desarrollo, la verdad es que no ejerce un total liderazgo y ni tiene el control de la administración de López Obrador en Tlaxcala, porque no todos los funcionarios designados hasta el momento son de su equipo y porque algunos de ellos se resisten a obedecerla.

La estructura de Morena que logró posiciones en las delegaciones federales suele ignorarla y moverse fuera de la órbita de poder de Lorena Cuéllar. Además, la representante del gobierno de AMLO siempre sufre embestidas y críticas de parte de los senadores de Morena, Joel Molina Ramírez y Ana Lilia Rivera Rivera, así como de otros personajes que forman parte de la llamada cuarta transformación como el diputado federal José de la Luz Sosa Salinas conocido como “Pepeluche”.

Pese a la rebeldía que Lorena Cuéllar ha encontrado en las delegaciones federales que aún funcionan en la entidad, hasta el momento ha cumplido con el trabajo e instrucciones del presidente Andrés Manuel López de lograr la adecuada operación de siete programas sociales, aun con la resistencia de los Coordinadores Regionales del Gobierno Federal en Tlaxcala (Baldemar Cortes Meneses, Isela Rojas Amador, y Jorge Atristain San Germán) que cada que pueden se muestran renuentes a sumarse a ese trabajo.

Las pugnas internas no son buenas y sería un gravísimo error dejarlas crecer en Tlaxcala.

Una más del Pepeluche

Un diputado federal que pronto podría perder la calma es José de la Luz Sosa, quien no sabe cómo evitar un problema legal y la presión de ciertos ciudadanos que lo están buscando para exigirle que les regrese el dinero que le entregaron para financiar la construcción de algunas viviendas.

Al arranque de su precampaña para convertirse en legislador, el lenguaraz político anunciaba con bombo y platillo un programa para ayudar a ciertas familias a construir su casa, pues según él ese proceso lo llevaría cabo con la ayuda de la supuesta organización internacional llamada “Águila Real”, la cual aportaría fondos para edificar viviendas para personas de escasos recursos económicos.

Fue así como ese fanfarrón utilizó ese fantasmal programa como bandera política y hasta decía que se dejaría de llamar José de la Luz sino cumplía.

Los incautos se dejaron sorprender y entregaron recursos al Pepeluche, quien los utilizó para financiar su campaña a diputado federal e impulsar su carrera política. El tiempo pasó y de las casas no se supo nada y menos de José de la Luz Sosa que fiel a su estilo recurrió a mentiras para evadir su responsabilidad y su promesa.

El bragado diputado hoy simplemente se esconde y lo que es peor asegura que él nunca prometió casas y menos que haya recibido dinero de los tlaxcaltecas que confiaron en él.

Los afectados ya recurrieron a la justicia y están en espera de que las autoridades de la PGJE investiguen ese caso de fraude. Tan es así, que los agentes de la policía de investigación ya han acudido al lugar donde operaban las oficinas del hoy legislador federal para preguntar por él y por algunos de sus colaboradores que también fueron señalados como responsables de esa sucia estafa.

Con esos antecedentes difícilmente Pepeluche podrá lograr su fantasía de convertirse en candidato al gobierno de Tlaxcala. O no.

En riesgo la estabilidad del sector educativo de Tlaxcala

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El entramado legal montado para desactivar el movimiento de inconformidad de los empleados administrativos de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) puede resultar un gran fracaso, porque simplemente los trabajadores no quitarán su demanda principal de lograr la salida de la dependencia de la altanera directora de Relaciones Laborales Claudia Xochihua Rodríguez, quien aunque parezca increíble se sostiene en el cargo por la decisión de un hombre enamorado que puede presumir una cercanía e influencia con el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.

Si el gobierno del estado pensó que el uso de la fuerza pública, la judicialización de dos denuncias penales y la complicidad del Tribunal Superior de Justicia serían acciones suficientes para desactivar la protesta de los trabajadores administrativos de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Pública se equivocó, porque sus excesos no sólo han generado la molestia en el sector, sino que otros empleados de otras delegaciones administrativas ya se organizan y se alistan para boicotear el próximo arranque del ciclo escolar.

La orden de aprehensión que el plomerito procurador de Justicia José Antonio Aquiahuatl Sánchez obtuvo de un complaciente Juez Primero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer del TSJ para amedentrar a Gwendolynee Amaro Ramírez, líder de los empleados administrativos de la USET, no tuvo los efectos esperados por el gobierno de Mena y su aspirante a poeta que funge como secretario de Educación, Manuel Camacho Higareda, que decidió por enésima vez mantener en su cargo a la Dulcinea del carnal del jefe conocida como “la golosa” Claudia Xochihua.

Lo anterior lo dejó claro el experto en “negociaciones machas” que sostuvo una reunión con la parte inconforme para convencer al personal que se incorpore a sus actividades normales en las oficinas de la USET. Camacho Higareda contó con el respaldo del intrascendente líder de la Sección 31 del SNTE, Demetrio Rivas Corona, quien quedó evidenciado que no tiene ninguna influencia o control sobre los empleados administrativos que respaldan la postura de Gwendolynee Amaro.

Las pláticas para encontrar una solución al conflicto se suspendieron. Para sorpresa del bobo Manuel Camacho la líder de los trabajadores administrativos Gwendolynee Amaro le reiteró que la destitución de Claudia Xochihua es trascendental para que continúen las pláticas con las autoridades, de ahí que no cederán en su demanda de exigir la salida de la petulante funcionaria educativa.

La terquedad de sostener a Xochihua Rodríguez ya ha tenido un perjuicio para las actividades de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala porque hay atraso en la entrega de documentos oficiales, específicamente para los alumnos que salieron del sexto año de primaria y para los estudiantes que concluyeron sus estudios en el nivel de secundaria.

El gobierno de Mena Rodríguez se está metiendo en aguas pantanosas al montar y proteger una ridícula complicidad de las autoridades estatales para perjudicar a Amaro Ramírez, porque es más que obvio que la PGJE logró integrar y judicializar en tiempo record dos carpetas de investigación que de inmediato fueron atendidas por un juez del TSJ que obsequió órdenes de aprehensión, demostrando que cuando se quiere la justicia si es pronta y expedita en Tlaxcala y más para los enemigos del sistema.

Si bien sería un error asegurar que toda la estructura educativa respalda el movimiento de los trabajadores administrativos de las oficinas centrales de la USET, también sería falso señalar lo contrario. Es una realidad que hay supervisores, directores, maestros y otros empleados que si están dispuestos a emprender acciones de protesta no sólo contra Claudia Xochihua, sino contra el mismo Manuel Camacho.

Si Xochihua Rodríguez es sostenida en su cargo, júrelo que el arranque del próximo ciclo escolar será complicado tal y como ha sido la gestión de Manuel Camacho al frente del sector educativo de Tlaxcala.

Imagínese en manos de quién está el sector educativo del estado que desde hace un mes la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente se quedó sin rector y es la fecha que nadie sabe para cuando el aspirante a poeta dedicara tiempo para designar al sucesor de Leoncio González Fernández, quien simplemente dejo el cargo sin que se conozcan más detalles de su abrupta decisión.

La verdad es que el sector educativo de Tlaxcala es un desastre.

De todo un poco al inicio de periodo vacacional

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Los intentos de algunos diputados locales para convertir las audiencias de los entes fiscalizables en un medio para solventar observaciones de ciertos presidentes municipales simplemente no prosperaron, por lo que éstos tendrán que enfrentar la reprobación de sus estados financieros y los procesos resarcitorios que emprenderá el Órgano de Fiscalización Superior (OFS).

La semana pasada estuvo ante los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización de Congreso de Estado el alcalde de Zacatelco, Tomás Orea Albarrán, quien es el que acumula de los 60 ediles el monto más elevado de observaciones del 2018 al rondar los 58 millones de pesos, cantidad que incluso superó por mucho los 31 millones de pesos que fueron señalados en la cuenta pública del 2017.

Sin embargo, los diputados del PRD, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes y Laura Yamili Flores Lozano, buscan por todos los medios convencer al resto de los legisladores que el gobierno municipal de Tomás Orea es ejemplar y honesto, campaña a la que se ha sumado el otrora hombre fuerte de la legislatura y miembro de Morena, Víctor Manuel Báez López, quien no sólo defiende a su paisano de las acusaciones de corrupción, sino que asegura que el polideportivo que recientemente se inauguró en Zacatelco demuestra que los recursos públicos se han invertido bien.

La presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, será la responsable de elaborar los dictámenes de las cuentas públicos de los 104 entes fiscalizables, por lo que es muy pocos días se comprobará si los diputados cayeron o no en la tentación de cambiar el sentido de algunas resoluciones, pues sobra decir quiénes son los legisladores que están más que interesados en limpiar algunas anomalías de ciertos alcaldes.

Y ya que hablamos de farsantes le cuento que el diputado federal, José de la luz Sosa Salinas, mejor conocido como “Pepeluche” anda presumiendo a todo aquel que lo escucha que su carrera para alcanzar la gubernatura de Tlaxcala va viento en popa, pues según él encabeza a diferentes grupos de la sociedad que respaldan su causa y aspiraciones, pero en la realidad ese político carece de seguidores y de una estructura.

De entrada al festejo que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó el pasado 1 de julio para celebrar su triunfo electoral de hace un año, el famoso “Pepeluche” no puedo enviar a ninguna persona al zócalo capitalino y por esa razón optó por no acudir argumentando que estaba dedicado de tiempo completo a organizar la primera asamblea para constituir el Partido Encuentro Solidario en el distrito dos.

Hablador como suele ser, el legislador federal aseguraba que sus grandes dotes de operador electoral y su manifiesto carisma le permitirían juntar multitudes, sin embargo ese fanfarrón no pudo llevar a las 300 personas que se requieren legalmente para darle formalidad a esa reunión.

Las rabietas por su enorme fracaso fueron más que evidentes a las afueras del salón social “El Coral” de Contla. Pero el más decepcionado fue el líder nacional del PES, Hugo Éric Flores Cervantes, quien comprobó que “Pepeluche” resultó ser un chafa hablador y simulador.

Y para quienes piensa que el conflicto en la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala que sostienen trabajadores ligados al comité delegacional D-III-1 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) con el aspirante a poeta Manuel Camacho Higareda ya terminó se equivocan, pues pronto se podrían otros movimientos de protesta a los que se sumarían maestros y personal administrativo de otras áreas del sector educativo.

El secretario de Educación ha minimizado el problema, al grado que piensa que la recuperación del edificio educativo resultó favorable para su causa, sin embargo lo único que hizo fue unir más a los trabajadores que mantendrán su movimiento.

Habrá que ver hacia donde se encamina el conflicto en la USET que sigue vigente, pese a que las autoridades educativas digan lo contrario.

El gobierno de estado no sólo incapaz sino intolerante

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Usar la fuerza del Estado para intentar solucionar el conflicto existente en las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala y armar un pésimo circo para justificar el desalojo del personal administrativo que por un mes mantuvo cerrada las instalaciones principales de la dependencia, deja muy mal parado al gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez y sus inútiles funcionarios que optaron más por defender y salvar a la novia de un influyente tlaxcalteca que por garantizar la gobernabilidad.

El costo de tal decisión pronto se verá si es muy alto o salió regalado, porque el problema principal radica en la exigencia de destituir a la petulante directora de Relaciones Laborales de la Sepe, Claudia Xochihua Rodríguez, quien llegó a su actual cargo no por su trayectoria o prestigio laboral, sino porque estaría relacionada sentimentalmente con un poderoso priista que por años fue chalán y criadito de importantes políticos.

Hoy al cambiar su suerte, éste tlaxcalteca se transformó y sin estar ya bajo la sombra de un conocido apellido decidió comprar a su esposa vehículos de lujo y financiarle viajes a Dubái y a otros lejanos países. También se ha dado tiempo para consentir a sus hijas con constantes y variadas vacaciones.

Pero como el poder enloquece, ese hombre que opera con conocidas empresas para llevar a cabo negocios millonarios al amparo del gobierno de Tlaxcala, también se ha dado el lujo de ubicar a sus “amigas” en posiciones dentro de la administración estatal, de ahí que algunas damas se sienten “super poderosas” y con el respaldo de su “lujurioso protector” hacen y deshacen sin que haya ninguna consecuencia por sus excesos.

El protagonismo y altanería de la directora de Relaciones Laborales de la Sepe, Claudia Xochihua, es la causa principal del conflicto en la Secretaría de Educación Pública donde su titular, Manuel Camacho Higareda, decidió respaldar a su “influyente” subordinada y echarse en contra al personal administrativo de esa dependencia que a principios de junio inició una protesta para exigir la salida de esa directiva.

Para nadie es un secreto las ínfulas de Xochihua Rodríguez, quien no se ha cansado de decir que es más probable que corran a Manuel Camacho que a ella de la Dirección de Relaciones Laborales de la Sepe, porque según esa mujer es protegida y querida por el que realmente ostenta el poder en Tlaxcala.

Los excesos de las “amigas” y negocios de ese poderoso tlaxcalteca están documentados porque la soberbia lo llevó a cometer errores y descuidos. La intención de los afectados por ese mediocre político es terminar el expediente para hacerlo público y llevarlo al gobierno federal para que sea investigado por corrupción.

Lo anterior es un contexto que debe conocer para entender las razones y motivos que llevaron al gobierno de Mena Rodríguez utilizar la fuerza del Estado para tratar de solucionar un conflicto laboral que seguramente se complicará.

Bajo el pretexto de llevar a cabo diligencias por parte del personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado a cargo del plomerito José Antonio Aquiahuatl Sánchez, cuya dependencia investiga dos denuncias una por la privación ilegal de la libertad y otra por la retención de un vehículo en las instalaciones de la Sepe, la Secretaría de Seguridad Ciudadana procedió al desalojo del inmueble y la detención de cuatro trabajadores.

Aprovechando la complicidad de la obscuridad, los uniformados tomaron las instalaciones en la madrugada, porque quizá era urgente y no había otra hora para que los eficientes y dedicados peritos de la PGJE realizaran una inspección ocular y otras diligencias que les permita integrar las carpetas de investigación que iniciaron al tener conocimiento de dos presuntos ilícitos.

Según el procurador, el plomerito José Antonio Aquiahuatl, por aquello de ser ahora el encargado de efectuar el trabajo sucio del gobierno, los agentes de su dependencia tenían cuatro semanas investigando los hechos y era de vital importancia y un caso de vida o muerte realizar las diligencias pendientes.

Ojalá ese maravilloso profesionalismo que ha mostrado Aquiahuatl Sánchez en las dos mencionadas denuncias se hiciera presente para aclarar y castigar a los responsables de los linchamientos registrados en Tlaxcala, en los múltiples homicidios dolosos que se han llevado a cabo y que siguen impunes y en los atracos bancarios que se han reportado o en las denuncias no sólo de robo de automóviles, sino de camiones de carga y de transporte público.

Porque esa agilidad y deseos de integrar carpetas de investigación no se ha visto en las denuncias contra ex alcaldes acusados de corrupción o contra la ex procuradora de Justicia, Alicia Fragoso Sánchez, que según es investigada por permitir y ordenar actos de tortura contra ex policías estatales que fueron acusados de cometer secuestros exprés.

La pantomima del gobierno del estado fue tan mala y absurda que también salieron con el chiste que el personal administrativo afiliado al SNTE saqueó y robo el cajero automático que se localiza al interior de las oficinas de la Sepe, cuando existen evidencias que el aparato dejó de funcionar antes de que se concretara la toma de las instalaciones de la dependencia.

El asqueroso proceder de las autoridades estatales fue avalado por el inútil secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, quien no pierde la oportunidad de dibujarse como un incapaz al no poder solucionar ningún conflicto en el estado.

La molestia del gobernador por las decisiones y desempeño de algunos de sus funcionarios es ya evidente. Ayer reapareció públicamente tras realizar una gira por Italia y lejos de buscar un encuentro con los medios de comunicación para dar detalles de los logros obtenidos, optó por evadir a los reporteros porque sabía que el tema de la entrevista sería el absurdo desalojo de las instalaciones de la Sepe.

Resulta increíble como algunos funcionarios como José Aarón Pérez y José Antonio Aquiahuatl se esfuerzan en deteriorar más la de por si golpeada imagen y credibilidad de este gobierno.