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Nueve meses para que arranque legalmente la sucesión

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Han pasado prácticamente enero y febrero de este año y las preferencias de los ciudadanos hacia los aspirantes a la gubernatura no han sufrido cambios radicales, por lo que los siguientes meses serán claves para que el PRI, el PAN , el PRD y otros partidos políticos con presencia en Tlaxcala decidan si establecerán una alianza opositora o si cada uno optará por participar con un candidato propio para ganar las elecciones del 2021 y enfrentar la fuerza de Morena y sus aliados que al parecer aún tiene empuje para disputar sin muchos problemas el poder.

Las dirigencias estatales de los principales partidos políticos han comprendido que sus posibilidades de obtener el triunfo por sí solos en los comicios intermedios del siguiente año son pocas, de ahí que no han suspendido las pláticas y las reuniones con el propósito de lograr un consenso que pudiera traducirse en una amplia alianza opositora, la cual tendría que ser encabezada por el aspirante opositor mejor posicionamiento y el que garantice el respeto a los acuerdos y la inclusión de todas esas fuerzas en el gabinete estatal en caso de que ganaran las elecciones.

En Morena la disputa por la candidatura al gobierno de Tlaxcala está centrada entre la actual “super delegada” de la administración federal, Lorena Cuéllar Cisneros y el senador y dirigente estatal de Morena, Joel Molina Ramírez.

Aunque también se menciona a la legisladora federal Ana Lilia Rivera Rivera y a otros desconocidos militantes morenistas, la realidad es que la pelea en el partido del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es sólo de dos y de nadie más.

En el PAN hay tres aspirantes que si bien no dejan de trabajar y tener presencia mediática, lo cierto es que la senadora Minerva Hernández Ramos no crece en las preferencias, al igual que la eterna aspirante a gobernar la entidad la diputada federal Adriana Dávila Fernández. El ex diputado local y empresario Juan Carlos Sánchez García ( Saga) suele hacer ruido y figurar en los estudios de opinión, pero no tiene lo suficiente para ser considerado como un contendiente serio en ese partido.

El PRD está desmantelado y sin figuras. Sólo está en espera de sumarse a una alianza opositora que le permita sobrevivir. Tiene una dirigencia estatal porril que en los últimos meses ha recurrido al golpeteo tanto al gobierno federal como estatal para lograr alguna presencia mediática, porque si no fuera por esa actitud nadie hablaría ni se acordaría de ese partido con un fuerte olor a cadáver.

Por lo que respecta al PRI, las circunstancias y las condiciones parecen favorecer a la presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, quien es la única militante de ese partido que trabajó en hacer realidad sus aspiraciones de convertirse en candidata y ser la sucesora del actual mandatario estatal Marco Antonio Mena Rodríguez.

Florentino Domínguez Ordoñez, actual secretario de Educación Pública en Tlaxcala no aprovecho la posición ni el respaldo que recibió de Mena Rodríguez. Lejos de mostrar capacidad y apertura, sólo se concentró en la estructura de la dependencia como si eso fuera suficiente para obtener la nominación y ganar los comicios del próximo año.

El resto de los aspirantes como Noé Rodríguez Roldán, líder del PRI en Tlaxcala, Anabel Alvarado Varela, actual secretaria de Turismo y el cuasi poeta metido a político con disfraz de mediocre funcionario estatal Manuel Camacho Higareda, no crecieron ni tampoco generaron ninguna emoción entre los priistas y los tlaxcaltecas, de ahí que ya fueron bajados de la carrera por la sucesión aunque ellos sigan pensando que aún están en el juego.

El próximo 5 de diciembre iniciará formalmente el proceso electoral en Tlaxcala. Para esa fecha se estima que Lorena Cuéllar y Joel Molina habrán dejado sus actuales cargos y estarán trabajando en sus proyectos a fin de formar parte de las propuestas que incluya Morena para someterlos a una medición a través de una encuesta y así se defina quien será el candidato oficial de ese partido.

Antes de esa fecha quizá se conozca si en Tlaxcala prosperaron las pláticas y negociaciones para conformar un bloque opositor amplio en el que participe el PRI, el PAN, el PRD y otros partidos. Anabell Ávalos se perfila para encabezar esa alianza y seguramente ocupará estos meses para sumar más grupos y políticos a su proyecto, porque está comprobado que en la entidad llega a gobernar quien hace los mejores y más diversos amarres.

La sucesión cada vez se pone más interesante.

La carga pesada del PRI y el amarre de la sucesión

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La semana que está por concluir deja muy malas noticias para el PRI que en los próximos meses tendrá que cargar una pesada loza que representará el escándalo de la detención y proceso penal que Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Pemex durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, enfrentará por presunta corrupción y otras anomalías.

A lo anterior hay que sumar la brutal caída del 76 por ciento que a nivel nacional registró el número de afiliados al ex partidazo, ya que refleja el desánimo que existe entre sus seguidores que al parecer no están dispuestos a revivir al PRI que no encuentra la fórmula para recuperar el respaldo y apoyo de los ciudadanos.

Sin poder quitarse el estigma de ser un partido integrado por políticos corruptos, el PRI deberá enfrentar el rechazo y desprestigio que provocará el escándalo del caso de Lozoya Austin que seguramente involucrará a otros ex funcionarios priistas del gobierno de Peña Nieto, situación que si no es contenida afectará las campañas políticas de este año y su nivel de aceptación y competencia rumbo a los comicios intermedios del 2021.

Antes de que se diera la detención en España del ex director general de Pemex, el INE depuró los padrones de militantes de los actuales partidos políticos y reveló que el PRI perdió, en esa revisión, más de 4.9 millones de miembros, con lo cual se comprueba que el tricolor no ha podido superar el desánimo que le dejó la dolorosa derrota del 2018 cuando no pudo retener la presidencia de México, las posiciones en el Senado y en la Cámara de Diputados, así como el control de varios Congresos estatales.

En Tlaxcala el fantasioso líder del PRI, Noé Rodríguez Roldán, insiste en que el tricolor está más vivo que nunca y que para marzo tendrá 45 mil afiliados, de ahí que ese timorato dirigente nunca reconocerá que ese partido dejó de tener fuerza y presencia y que su actual estructura está compuesta por puro cascajo.

Seguramente piensa igual que otro ex dirigente estatal del PRI y que hoy se desempeña como secretario de Fomento Agropecuario de nombre Arnulfo Arévalo Lara, quien asegura que los 87 mil campesinos y productores que tiene registrados en la dependencia y que de alguna u otra forma reciben un apoyo del gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez votarán por el PRI en las elecciones del 2021.

El panorama para el PRI rumbo a la sucesión del siguiente año es desalentador y complicado. Las mediciones de diferentes estudios demoscópicos confirman que la única precandidata que creció y logró consensos fue Anabell Ávalos Zempoalteca, la actual presidenta municipal de Tlaxcala, pues los demás aspirantes se estancaron o se perdieron por su tonta soberbia, porque lejos ponerse a trabajar en su posicionamiento en realidad utilizaron su cargo en el gobierno del estado y el tiempo para alimentar su enorme ego.

Con el pretexto de entregar a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) los documentos oficiales para lograr la Declaratoria del Conjunto Conventual de San Francisco como Patrimonio Mundial, el gobernador Marco Mena y la alcaldesa Anabell Ávalos viajaron a París, Francia, donde seguramente se habló y muy probablemente se pactó la sucesión.

La priista ha venido tejiendo fino no solo con otros partidos e influyentes grupos políticos de Tlaxcala, sino que al interior del PRI siempre se ha mostrado disciplinada y leal al mandatario Mena, por lo que no sería extraño que en los próximos días se le vea redoblando su trabajo y alianzas para lograr su objetivo de despachar en la oficina principal del Palacio de Gobierno.

En Tlaxcala muy pronto se hablará del inicio formal de los trabajos para establecer una alianza entre el PRI, el PAN y el PRD rumbo a las elecciones del 2021, lo que seguramente pondrá nervioso a Morena y sus aliados porque saben que si se concreta una coalición de ese tamaño y con Anabell Ávalos a la cabeza enfrentarán una real y verdadera competencia.

El PRI y Marco Mena siguen moviendo las piezas del ajedrez de la sucesión y por lo que se ve están llevando a cabo movimientos de precisión.

El reparto de cuotas, el eterno cochinero del TSJE

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Si alguien pensó que la llegada del “morenista” Fernando Bernal Salazar a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia en el Estado (TSJE) traería un cambio, una limpia o un transformación, puede mandar al cagadero esa idea o propósito porque basta con ver los nuevos nombramientos al interior del Poder Judicial para comprobar que sigue el reparto de cuotas entre los magistrados, el amiguismo y la simulación.

Bernal Salazar resultó ser un fantoche que está muy lejos de representar y hacer efectivos los principios de Morena y del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de no mentir, no robar y no traicionar, porque su gestión como nuevo representante legal del Poder Judicial de Tlaxcala será tan mala y corrupta como la de sus antecesores.

Como está a punto de irse un acosador y un nefasto funcionario (Álvaro García Moreno) que utilizó su cargo para beneficiarse como miembro del Consejo de la Judicatura, el magistrado Fernando Bernal cedió la Contraloría del TSJE a Emilio Treviño Andrade, un íntimo y querido recomendado de la magistrada y neomorenista Elsa Cordero Martínez.

Esa posición tan relevante quedó en manos de un casonova sobre quien pesan denuncias de hostigador de mujeres, vende plazas y de traficar con la justicia al mejor postor, lo cual pone el sello que tendrá la naciente gestión de Fernando Bernal.

Emilio Treviño es un ambicioso funcionario que sustituye en el cargo a Francisco Santillán Cuahutle que llegó a esa posición por su cercanía que tiene con el ex presidente del TSJE y aún magistrado Mario de Jesús Jiménez Martínez, que por cierto, ya está más cerca de Morena que del PAN, partido que lo apoyó con todo para lograr su ratificación.

La dirección de Recursos Humanos y Materiales fue para la magistrada Mary Cruz Cortés Ornelas, quien impulsó la llega de un incondicional de nombre Rubén Gutiérrez Vélez. Éste tipo que no sabe hacer nada y lo demostró muy bien cuando se desempeñaba como el encargado de los Bienes Muebles e Inmuebles del tribunal sólo escaló una posición por ser un mozo obediente.

Se sabe que Gutiérrez Vélez era uno de los chalanes de Marianito González Aguirre, el hijo del ex gobernador Mariano González Zarur. Se destacaba porque era uno de los que ayudaba a cargar, sin problema, los portafolios llenos de dinero que se repartían en las pasadas campañas del PRI.

Y como no podía quedar por más tiempo fuera de los beneficios y el reparto de cuotas, el magistrado Héctor Maldonado Bonilla alentó la llegada Mario Franz Subieta Zecua como Jefe de la Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales.

Ese gris funcionario que se incrustó en la nómina del Poder Judicial durante el gobierno del hacendado Mariano González tuvo la fortuna de convertirse en incondicional de la ex poderosa Georgette Pointelín González, quien es la amiga, consejera y confidente del coqueto poblano Maldonado Bonilla que no logró concluir su periodo como presidente del TSJE debido a que los magistrados decidieron quitarle ese cargo en junio del año pasado.

Esos cambios que fueron aprobados y dados a conocer ayer, forman parte de la rotación de 12 jueces y personal administrativo que también autorizaron los magistrados del TSJE, pero que no los hicieron públicos a fin de mantener oculto ese cuestionado procedimiento que pareciera que se lleva a cabo más con criterios de amistad y no de eficiencia y calidad.

Si alguien sabía de las malas mañas y el hambre del magistrado Fernando Bernal era el ex gobernador Mariano González que operó para sacarlo del Poder Judicial de Tlaxcala, pero que nunca se concretó por los errores cometidos por los diputados de pasadas legislaturas.

Ese abogado triquiñuelas logró hace unos meses su reincorporación al TSJE gracias a los diputados de Morena y a la recomendación de Joel Molina Ramírez, senador y líder de ese partido. Hoy para desgracia de los tlaxcaltecas Bernal Salazar lleva a esa institución al desprestigio y a construir el monumento más grande a la corrupción en Tlaxcala.

Los impolutos magistrados andan insaciables y por esa razón también operan para imponer al representante del Congreso del Estado en el Consejo de la Judicatura. De los 13 aspirantes registrados a ese cargo, el cuestionado ex alcalde panista de Teolocholco, Pedro Tecuapacho Rodríguez y el sobrino de Mario de Jesús Jiménez y del ex magistrado Justino Hernández Hernández de nombre Carlos Eduardo Jiménez Casco son lo que más se mencionan para obtener esa posición que al parecer y por lo que se ve tendrá un alto costo para quien la quiera.

Lo que pasa en el TSJE y en la gestión de Fernando Bernal da asco y eso que no tiene ni un mes como representante del Poder Judicial de Tlaxcala.

Los pleitos estériles de los diputados

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Aplaudo que los legisladores federales y locales se hayan quitado por un momento la venda de los ojos y vieran el problema de la inseguridad no sólo del país, sino de la entidad, porque realmente se requiere de algo concreto para exigir resultados al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez y a los alcaldes que hacen lo que pueden con recursos y personal limitado.

Ante el silencio cómplice que han guardado por meses, los legisladores federales como la panista Adriana Dávila Fernández decidió sumarse al linchamiento mediático que se promueve en contra de la administración federal que encabeza López Obrador, la cual hay que decirlo que, en el poco tiempo que lleva, no ha dado resultados ni tampoco cuenta con una estrategia efectiva para contener la ola delictiva, los feminicidios y hechos violentos despiadados como el que se llevó a cabo contra la menor Fátima que indignó y conmovió al país.

Ese clima de confrontación ayer se hizo presente en la tribuna del Congreso del Estado, donde los diputados locales del PAN, PT y Morena se esmeraron en dar una clase de historia para dejar en claro quién era el responsable del clima de inseguridad y violencia que enfrenta México en estos momentos.

Tienen razón cuando uno culpó de esa situación a la administración panista del presidente Felipe Calderón Hinojosa y otro más que recordó el fracaso del gobierno priísta de Enrique Peña Nieto y que hoy replica la gestión del morenista Andrés Manuel López Obrador que, según ese diputado, no sólo ha mostrado ineptitud, sino que pareciera que respalda la impunidad.

Pero esas voces críticas y exigentes porque no se oyen en otros casos o en problemas específicos que tiene Tlaxcala en materia de inseguridad o porque no se escuchan esas quejas para pedir resultados al mandatario estatal Marco Mena y porque tampoco salen para demandar el fin de la impunidad que prevalece en la ineficiente, obscura y convenenciera Procuraduría General de Justicia del Estado.

Ojalá los panistas que están entendiblemente indignados por los feminicidios y el macabro asesinato de la menor Fátima, también hubieran mostrado la misma molestia cuando la tlaxcalteca Karla Romero Tezmol de tan sólo 12 años de edad desapareció durante el trayecto de su casa ubicada en San Pablo del Monte, Tlaxcala, a su escuela.

La omisión de la PGJE en el caso fue evidente al comprobarse que la Alerta Amber a nivel nacional se activó 22 días después de la desaparición de la niña tlaxcalteca, pues se dio aviso a la coordinación hasta el 4 de febrero de 2016.

La Procuraduría de Tlaxcala “indebida y tardíamente” emitió una “Pre-Alerta Amber” tres días después de la denuncia de los padres que se hizo el 13 de enero del 2016. Lo más grave es que esa dependencia perdió videos que se tenían sobre el presunto rapto de esa niña.

El caso de Karla Romero está en el olvido y ningún diputado federal o local o un funcionario estatal ha mostrado interés.

Respecto a la inseguridad que existe en el país y que también se refleja en Tlaxcala, valdría la pena preguntar qué postura han asumido los legisladores o qué han hecho para exigir resultados a las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Al final del gobierno del hacendado Mariano González Zarur ya se percibía un incremento en los delitos que se registraban en el estado, por lo que al llegar al poder Marco Antonio Mena Rodríguez fue evidente que no se hizo nada para contener ese problema y la ola de robos, secuestros, asesinatos y violencia escaló posiciones.

Hasta ahora nadie ha exigido resultados al mandatario tlaxcalteca que prometió incrementar en 50 por ciento el número de policías estatales. Sólo ha comprobado patrullas y adquirido más cámara de vigilancia y equipo, pero nadie sabe cuál ha sido el beneficio de esa enorme inversión porque simplemente no se ven por ningún lado la utilidad.

Marco Mena realiza una gira internacional para concretar inversiones extranjeras en Tlaxcala y como se podrá dar cuenta ningún diputado tiene los tamaños para lanzar un señalamiento al mandatario que así como muestra interés y preocupación por seguir generando empleos y promoviendo el crecimiento económico de la entidad, también debería dedicarle tiempo al problema de la seguridad y procurar que la coordinación que tanto se presume con el gobierno federal se traduzca en hechos y no sólo palabras.

No cabe duda que a la clase política le encanta el reflector mediático y que sabe aprovechar muy bien los escándalos para llamar la atención.

Fracasa la coordinación entre autoridades

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La coordinación que tanto presume el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez con la administración federal y las autoridades municipales es un fracaso en Tlaxcala, porque la inseguridad y hechos violentos no paran y no pasa una semana sin que se reporten personas asesinadas con arma de fuego, dejando en evidencia que la Procuraduría General de Justicia en el Estado en manos del ineficaz José Antonio Aquiahuatl Sánchez no puede llevar ante la justicia a los responsables de esos crímenes.

La violencia sigue escalando y tras el asesinato de una persona por un problema vial en el municipio de Apizaco el pasado domingo, ayer en Calpulalpan se registró otro hecho sangriento que dejó un hombre muerto y un menor de edad herido.

En el primer caso y gracias a la intervención de la policía de la ciudad rielera se logró detener al responsable de la agresión, aunque unas horas después la ineficiente PGJE optó por presumir que investigaría a toda una familia apizaquense por el homicidio doloso tratando a sus integrantes como viles criminales, para salir después que tres miembros quedarían libres al no tener responsabilidad en los hechos y que sólo uno quedaría detenido para enfrentar la ley.

En el segundo caso, como suele ocurrir en la mayoría de los homicidios dolosos perpetrados en la entidad, no hubo detenidos y sólo se informó que las autoridades abrirían la carpeta de investigación para tratar de dar con los responsables.

La insensible actuación de los agentes investigadores y del ministerio público demuestra que la Procuraduría General de Justicia en el Estado es la peor dependencia de la actual administración estatal, porque se ensaña con los inocentes y simplemente no actúa ni atrapa a los responsables de los homicidios dolosos y otros hechos violentos y criminales que se registran en el territorio tlaxcalteca.

Tlaxcala que según las autoridades es uno de los estados más seguros del país, en realidad es una entidad que está reprobada en la aplicación del Estado de Derecho a nivel nacional.

El “académico” procurador que es muy dado a cuestionar los señalamientos en su contra ha optado por callarse la bocota ante los datos del World Justice Project (WJP) que armó su estudio a partir de los resultados e impactos de políticas públicas. Por ejemplo, si las personas tienen acceso a tribunales, o si la delincuencia se controla de manera efectiva, y qué tanto se respeta la ley.

De acuerdo con Alejandro Ponce, jefe de investigación de WJP, los resultados muestran un preocupante detrimento en las condiciones de seguridad en la mayoría de los estados del país.

WJP es una organización internacional independiente que revisa el desarrollo del Estado de Derecho a través de la rendición de cuentas, leyes justas, gobierno abierto, y mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas.

Tlaxcala obtuvo 0.37 puntos, quedando en el lugar número 25 de las 32 entidades de México.

Aunque al gobierno de Mena le duela reconocer, la verdad es que su administración es un fracaso en materia de seguridad y lo mejor que podría hacer es que la coordinación con el gobierno federal que tanto presume se refleje en algún resultado o acción positiva, porque esa cantaleta ya parece burla a los tlaxcaltecas que cada día se sienten más inseguros.

Qué bonita familia parte dos

En cuestión de horas quedó demostrado que Fernando Bernal Salazar, presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado mantendrá el mismo comportamiento de los últimos representantes del Poder Judicial de Tlaxcala como Mario de Jesús Jiménez, Héctor Maldonado Bonilla, Elsa Cordero Martínez, Tito Cervantes Zepeda y Justino Hernández Hernández, quienes no sólo han solapado el nepotismo, el reparto de cuotas, el amiguismo y la asignación de bonos, sino que permiten que ciertas familias se incrusten y sangren a los tlaxcaltecas.

Ayer le comentaba que Luis Hernández López dejó de ser Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y que con la complicidad de Bernal Salazar heredó su puesto a su carnal a Carlos Hernández López.

Resulta que el primero logró meter a la nómina del Poder Judicial a su esposa que se desempeña como Subdirectora en la Unidad de Género y el segundo hizo que su pareja sentimental de nombre Angélica María Estrada tuviera la plaza primero como diligenciaría y ahora ya ostenta una de proyectista en un juzgado.

Pero además no son las únicas posiciones que tiene esa poderosa e influyente familia, pues se habla que también hay cuñados, sobrinos y otros familiares, así como amigas trabajando en el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Le cuento que el primer round para renovar a los integrantes del Consejo de la Judicatura lo ganó el magistrado presidente Fernando Bernal que impidió que los magistrados Mario de Jesús Jiménez y Rebeca Xicohténcatl Corona terminarán imponiendo al representante de los jueces ante ese órgano.

La nueva representante de los jueces es Dora María García Espejel que fue propuesta y cuota del magistrado Felipe Nava Lemus. Ella ocupará el lugar que dejará la jueza Leticia Caballero Muñoz.

La gris magistrada Mary Cruz Cortés Ornelas que en pocos meses abandonó el marianismo para ver exclusivamente por sus intereses es la que anda promoviendo a Luis Hernández. Ella y otros integrantes del pleno quieren que ese abogado sea designado como el nuevo representante del Poder Ejecutivo ante el mencionado consejo, lo cual de confirmarse comprobará que la familia Hernández López es poderosa y hasta capaz de someter al mismísimo gobernador Marco Mena.

La verdad es que nadie contaba con la astucia de esa familia.

La cloaca de la USET está destapada

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Las presuntas anomalías al interior de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) sobre el pago y protección a funcionarios de esa dependencia que cobran horas clases y plazas sin trabajar podría convertirse en una bola de nieve que terminará por arrastrar al manejable “Profe” Florentino Domínguez Ordoñez, que como responsable de esa dependencia sigue solapando esas graves irregularidades que al parecer ya son investigadas por la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) federal, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.

Los casos ventilados ayer por e-consulta que involucran a Juan Santillán Ramírez, Martin Hernández Bizueto y Sergio Zúñiga Hernández no sólo están documentados y detallan las horas y plazas que de manera ilegal han acumulado, sino que confirman que las inconsistencias administrativas en la mencionada dependencia no son nuevas, sino que datan del gobierno del perredista Alfonso Sánchez Anaya y que prevalecieron en las administraciones del panista Héctor Ortiz Ortiz, del priista Mariano González Zarur y del actual aprendiz de mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez.

Al menos los últimos cuatro gobernadores de Tlaxcala han solapado y protegido esa nociva práctica en la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, al igual que los titulares de esa dependencia que seguramente también obtuvieron beneficios al dejar que hubiera trabajadores que concentraran horas clases y plazas que no pueden atender ni trabajar.

Pensar que el blandengue Florentino Domínguez hará algo para corregir esas graves irregularidades resulta ocioso, de ahí que se espera que Irma Eréndira Sandoval, funcionaria del gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realmente investigue los casos y proceda a sancionar y corregir esas anormalidades.

Lo malo para el “Profe” y su jefe Marquito Mena es que no son los únicos casos, pues una vez que se dieron a conocer los tres asuntos arriba mencionados, los maestros tlaxcaltecas y personal de la USET empezaron a documentar otros ejemplos más de esas inconsistencias administrativas que involucran a políticos, supervisores y directores que pronto se darán a conocer.

La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala es una cloaca donde pulula la corrupción.

Marco Mena terminará mal su gestión porque a su mala y mediocre actuación como gobernador, los tlaxcaltecas han empezado agregarle el estigma de corrupto porque cada vez se conocen las operaciones y negocios que estarían llevando a cabo su hermano Fabricio Mena Rodríguez y funcionarios estatales que forman parte de su principal y reducido círculo de confianza.

Mal y de malas

No lo cuente en voz alta pero le informo que la llegada de Noé Rodríguez Roldán a la dirigencia del PRI en Tlaxcala resultó más mala que buena, porque a raíz de que decidió revivir al ex partidazo con infuncionales conferencias de prensa semanales que no tienen una línea discursiva ni un objetivo definido, la intención del voto hacia el tricolor registró una caída en la entidad.

El líder priista no acierta a nada. Los alcaldes y militantes de su partido están molestos porque decidió unilateralmente dejar sólo al alcalde de Huamantla y sumarse al linchamiento del priista sin tener pruebas de que sean ciertas las acusaciones que enfrenta. Sus críticas a la administración del presidente López Obrador lejos de ganarle adeptos le han restado aceptación, porque simplemente el ex funcionario menista no entiende que Tlaxcala forma parte de los cuatro estados del país que más apoyan al tabasqueño.

Además, el trabajo que hasta ahora ha llevado a cabo Noé Rodríguez es mediático porque en los hechos no existe operación ni coordinación para enfrentar los próximos comicios. Él junto a los mediocres funcionarios menistas piensa que el PRI solo puede retener el gobierno de Tlaxcala, pero esa absurda idea no es compartida por la militancia y algunos alcaldes en funciones que perciben que la única forma de volverse competitivos es a través de una alianza con otras fuerza políticas como el PAN y el PRD.

Noé Rodríguez parece que está en sintonía con el gobernador Marquito Mena y que su objetivo es enterrar al partido y entregar el poder a Morena.

La soterrada lucha por el consejo de la judicatura

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Aunque a simple vista pareciera que al interior del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) las cosas se encuentran en calma tras la dolorosa derrota que sufrió Mario de Jesús Jiménez Martínez que a principios de este mes no pudo retener la presidencia del Poder Judicial por la traición que enfrentó de los magistrados que se aliaron con Fernando Bernal Salazar, los tambores de guerra han empezado a sonar por la inminente renovación de los integrantes del Consejo de la Judicatura.

Se dice que tras la salida de Mario de Jesús Jiménez de la presidencia del Poder Judicial, el magistrado con ayuda de su fiel achichincle e integrante del pleno Rebeca Xicohténcatl Corona estarían operando con la complicidad de “influyentes” funcionarios menistas la llegada de incondicionales al Consejo de la Judicatura a fin de restarle poder y cierto control a Bernal Salazar que es el nuevo representante legal del Tribunal Superior de Justicia.

Una vez que el ausente e intermitente gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez habría fracaso en su intento por lograr la continuidad de Jiménez Martínez en la presidencia del TSJ pese a la burda y torpe operación de su inútil secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, ahora se habla que para apoyar al endeble funcionario encargado de la política interna también se pidió la ayuda del nefasto procurador José Antonio Aquiahuatl Sánchez y del coscolino Consejero Jurídico del gobierno del estado Rafael Rodríguez Mendoza para tratar de acotar a Fernando Bernal y al grupo de cinco magistrados que hasta hoy se encuentra unido.

La intención de ese triunvirato alentado por el joven mandatario Marquito Mena, que al parecer no le gusta tomar decisiones importantes, es imponer ante el Consejo de la Judicatura a los representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, por lo que Mildred Murbartián Aguilar y Álvaro García Moreno, respectivamente, no están siendo considerados para ser ratificados en sus cargos.

Pérez, Aquiahuatl y Rodríguez junto con los magistrados Mario de Jesús Jiménez y Rebeca Xicohténcatl estarían promoviendo a Luis Hernández López, actual secretario de acuerdo del TSJ, a quien pretenden convertir en representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Judicatura.

Si bien saben que el comisionado del Congreso del Estado ante ese órgano no depende de esos mediocres funcionarios estatales porque son los diputados los que eligen a ese miembro, si buscan que los manipulables legisladores locales designen a un “aliado” que esté dispuesto a obedecer las indicaciones que reciba y que se sume al contrapeso que se busca generar al nuevo presidente del TSJE.

Por esa razón, también se pretende cambiar al representante de los jueces ante el Consejo de la Judicatura y si se puede hasta la que defiende los intereses de los magistrados.

La jueza Leticia Caballero Muñoz tiene mala suerte, porque ese triunvirato y los mencionados magistrados que anhelan venganza contra Bernal pretenden impulsar la llegada de Gerardo Felipe González Galindo, juez de control y de juicio oral del distrito judicial de Guridi y Alcocer.

Sin embargo se habla que Fernando Bernal está operando fino para designar a un incondicional como representante de los jueces en el Consejo de la Judicatura y frenar la incorporación de un miembro ajeno a sus intereses como podría ser González Galindo.

La representante de los magistrados Martha Zenteno Ramírez que en el próximo mes cumpliría dos años en el cargo y entraría al último de su periodo por el que fue designada, tiene garantizada su permanencia si se mantiene obediente como hasta ahora lo ha hecho al presidente en turno del Poder Judicial, porque hay que tener presente que ya trabajó con Héctor Maldonado Bonilla (quien la propuso), Mario de Jesús Jiménez y actualmente con Fernando Bernal.

Hasta ahora es un misterio el tiempo que durará la unidad entre los magistrados Bernal Salazar, Héctor Maldonado Bonilla, Mary Cruz Cortés Ornelas, Felipe Nava Lemus y Elsa Cordero Martínez. Veremos si en los próximos días la mantienen y logran frenar nuevamente la intervención del gobernador en el Poder Judicial de Tlaxcala, quien a través de sus mediocres operadores y aliados con otros dos magistrados quiere controlar el poderoso Consejo de la Judicatura.

La pifia de los diputados y el desdén del gobierno

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La indiferencia del gobierno que encabeza Marco Antonio Mena Rodríguez para actualizar la ley y regular las plataformas digitales por las cuales los particulares pueden ofrecer el servicio de transporte de pasajeros puede tener un alto costo para esa administración omisa, porque ayer los diputados locales que andan libres y sin ninguna mano que los conduzca aprobaron reformas a la Ley de Comunicaciones y Transportes que generaron molestia y confusión porque nadie sabe que está permitido y qué está prohibido.

Como ya es costumbre, la administración de Marquito Mena evadió desde el inicio de su gestión el tema de la regulación de las plataformas digitales para el servicio de transporte de pasajeros y se negó, por capricho o venganza, a presentar propuestas de reforma a la ley para normar su operación.

En cambio, los funcionarios menistas como Noé Rodríguez Roldán, ex titular de la Secte, emprendió una campaña y acciones legales contra la empresa Pronto y su propietaria Nydia Cano Rodríguez, así como con sus afiliados que daban el mencionado servicio con buenos resultados y una aceptable acogida por parte de los usuarios que desde ese momento y hasta la fecha no han dejado de quejarse de la mala atención y caro que resulta usar los taxis en la entidad.

Nydia Cano fue una cercana colaboradora de Mena durante su campaña a la gubernatura de Tlaxcala, pero cuando inició su gobierno no fue invitada a colaborar en la nueva administración y hasta donde se sabe ella fue desconocida como otros más que ayudaron al neopriista a ganar las elecciones celebradas en julio del 2016.

La pasada legislatura que controló el nefasto Marianito González Aguirre siempre fue comparsa y bailaba al son del aprendiz de gobernador, de ahí que le entró al juego y siempre dio largas a la reforma que se requería para tener una ley moderna en materia de movilidad y que ésta a su vez permitiera y regulara el uso de nuevas tecnologías como las plataformas digitales.

Por esa razón y para desgracia de los tlaxcaltecas, el caso llegó a los actuales diputados locales que cometieron el gravísimo error de ceder a las presiones y chantajes de los transportistas tlaxcaltecas, quienes al parecer y con la complicidad del legislador morenista y dueño de taxis, Miguel Piedras Díaz, lograron que el uso de aplicaciones a través de internet sea exclusivamente para aquellos que tienen una concesión para ofrecer el servicio de transporte de pasajeros, dejando sin posibilidad a particulares de llevar a cabo esa actividad.

Sin embargo, existe otra versión de que los inexpertos y convenencieros diputados de Morena, el PT y el PES en complicidad con otros miembros de la chiquillada si establecieron en la reforma aprobada la opción de que particulares ofrezcan el servicio siempre y cuando tengan la autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por lo que Pronto y Uber podrán seguir operando en Tlaxcala como lo venían haciendo.

Lo que es una realidad es que la mencionada reforma a la Ley de Comunicaciones y Transportes es inextricable y poco clara. Los diputados locales se fueron por el camino fácil y lejos de aprobar una norma de avanzada y moderna, llevaron a cabo cambios que a nadie dejaron contento y que seguramente le provocarán un problema al incoloro gobierno de Marco Mena.

En los siguientes días veremos si al bisoño gobernador le sale lo Mena y veta la mencionada reforma o nuevamente decide ser omiso y nena y dejar que prevalezca el caos y la confusión en un asunto que lleva años sin resolverse.

Los que de plano quedaron muy mal ante los ciudadanos y usuarios de plataformas digitales son los diputados locales. Si alguno estaba pensando en buscar su reelección o en la posibilidad de brincar a otro cargo de elección popular para los comicios del 2021, lo mejor es que analice tres veces porque lo más probable es que ninguno obtenga el respaldo de los tlaxcaltecas que no han dejado de desaprobar su actuación y su pésimo trabajo como legisladores.

El costo de llevar al poder a inexpertos e improvisados es muy alto.

La realidad alterna del omiso gobernador Mena

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Si una característica tiene este gobierno estatal que preside el joven priista Marco Antonio Mena Rodríguez es ver sólo lo que le conviene y tratar de esconder la realidad alterna que cientos de tlaxcaltecas perciben y padecen, la cual tiene que ver con el problema de la inseguridad que lejos de combatirse o de contenerse ha crecido hasta alcanzar niveles alarmantes que evidencian a un mandatario omiso sobre el tema.

Acostumbrado a escenarios controlados y entrevistas a modo, el bisoño gobernador lejos de enfrentar el caos que vive su administración en materia de seguridad opta por hablar de las condiciones positivas que registra el estado como el crecimiento económico, la generación de empleos y el compromiso de mantener a la entidad sin deuda pública, con finanzas sanas y estables, logros que son herencia del gobierno de Mariano González Zarur que dejó las bases para obtener estos resultados.

La cantaleta de Marquito Mena de que hace mucho sin que su administración recurra a la deuda pública resulta trillada y hasta absurda, porque por ley no puede solicitar préstamos y comprometer las finanzas del estado, de ahí que ese hecho no es una decisión suya o algo novedoso que haya inventado su gris gobierno.

Además, si comparamos la ejecución y número de obras realizadas en las últimas dos administraciones estatales, la del panista Héctor Ortiz Ortiz y la del priista Mariano González Zarur, se comprobará que en ambas fue mucho mayor a la que lleva a cabo el mediocre gobierno de Mena que ha prometido en exceso y cumplido poco, al grado que ningún megaproyecto anunciado y empezado se encuentra terminado pese a que el estadio Tlahuicole ya fue inaugurado en diciembre pasado.

Marquito Mena está lejos de ser un gobernador visionario y el líder que los tlaxcaltecas esperaban, porque ese priista siempre suele rehuir a los problemas y evadirlos, como si esa actitud bastara para que las cosas se arreglaran solas.

La inexorable realidad indicaría que el mandatario tlaxcalteca es omiso y hasta valemadrista para enfrentar el problema de la inseguridad en el estado.

Cuántos asaltos violentos más se necesitan para sensibilizarlo, cuántos ejecutados más hacen falta para que el castrado gobernador exija resultados a sus subordinados, cuántos tlaxcaltecas más necesitan ser atacados o muertos a balazos para que el joven mandatario entienda que su administración es un desastre, cuántos secuestros más se requieren cometer contra ciudadanos de la entidad para que el académico que juega al político sienta el dolor, la angustia e impotencia que viven miles de familias tlaxcaltecas por la creciente inseguridad.

Ayer fue un día violento en la entidad (un policía de Tlaltelulco fue asaltado y agredido con arma de fuego y en Zacatelco un vecino fue balaceado) y sin embargo Marquito Mena optó por no ver la realidad y la crisis que enfrenta su administración.

El delicado mandatario encabezó la ceremonia del CV Aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana en el municipio de Atlangatepec y como suele ser se concentró en lo bonito y en lo que le conviene, dejando los temas espinosos y graves para otra ocasión tal y como ha pasado desde que asumió la gubernatura de Tlaxcala.

Y no crea que la omisión del gobernador es percibida y criticada exclusivamente en Tlaxcala, pues el pasado fin de semana el periódico Excélsior publicó una columna donde señaló que Mena Rodríguez ha sido incapaz de enfrentar la agobiante inseguridad que padece el estado que dice administrar.

El virrey Mena se siente divino, único y un gobernador inigualable, pero la realidad y sus niveles de aprobación dicen lo contrario. Su enorme ego ya nubló su lucidez e inteligencia que en un momento demostró, lo que deja en claro que su llegada al poder fue meteórica y que nunca se preparó ni sufrió para estar donde está parado.

Aunque parezca increíble el joven priista caminó y se encontró la gubernatura. Que suerte o no.

En el aíre los juicios políticos de Huamantla y Axocomanitla

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Una vez cumplido el plazo para que las comisiones especiales integradas por los legisladores para coadyuvar en la denuncia y para que aportaran medios de prueba que acreditaran plena responsabilidad política o no de los servidores públicos enjuiciados, seguramente se conocerá que el caso de Huamantla avanzará a otra etapa y el de Axocomanitla se desechará al no existir elementos, lo que generará posiciones encontradas al interior del Congreso de Estado.

El pasado viernes fueron entregados los informes a la Comisión de Instructora de Juicio Político que preside el morenista José María Méndez Salgado, quien ahora deberá seguir el procedimiento y determinar si los elementos que existen en esos expedientes son suficientes para remover a los presidentes municipales de Huamantla y Axocomanitla el priísta Jorge Sánchez Jasso y la ex panista Martha Palafox Hernández, respectivamente.

De entrada su posición como presidente de esa comisión será severamente cuestionada, pues para nadie es desconocida su abierta confrontación y diferencias que sostiene con el edil de Huamantla, municipio que aspira a gobernar si es que obtiene la candidatura de Morena y logra ganar las elecciones del 2021.

Méndez Salgado tendrá que elaborar el dictamen y determinar si su enemigo político Jorge Sánchez es suspendido o removido de la presidencia municipal de Huamantla, para lo cual tendrá que reunir el voto de la mayoría de los diputados locales, situación que parece harto complicada porque al parecer no todos están de acuerdo en aprobar cualquiera de esas dos medidas.

El informe en el caso de Huamantla que ya fue filtrado parcialmente a algunos medios de comunicación no es concluyente porque simplemente aporta elementos que apuntarían a señalar la probable responsabilidad del edil Sánchez Jasso en algunos presuntos malos manejos financieros, sin embargo se les olvida que ese expediente no incluye los documentos que justificarían esos movimientos contables y que avalarían la defensa del priista porque sencillamente no fueron entregados a esa instancia, lo que indicaría que el alcalde estaría esperando otro momento jurídico para acreditar su actuación y sus decisiones.

No estoy diciendo que el alcalde de Huamantla es inocente o que no enfrentará el juicio político, porque lo que se debe entender es que sería un error asegurar que ese informe es determinante como si se tratara de una nefasta fatalidad, pues las cosas pueden cambiar sin ningún problema tal y como ha pasado en varios ocasiones en el Congreso del Estado.

El dictamen que elabore José María Méndez y que presente la Comisión de Instructora de Juicio Político será una parte importante, así como la decisión que asuma el pleno del Poder Legislativo que puede avalar la decisión de suspender o remover al edil de Huamantla, pero también puede optar por desechar cualquiera de las dos propuestas y dejar que las cosas se mantengan como están hasta ahora.

Lo que se da como un hecho es que el juicio político contra la gris alcaldesa de Axocomanitla, Martha Palafox Hernández, se desechara por no tener sustancia, por lo que los legisladores locales se concentrarán en un sólo expediente que terminará por enfrentarlos y dividirlos más de lo que están.

El diputado Méndez Salgado, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, ya tiene en su cancha la pelota y ahora el deberá establecer los tiempos a seguir contra el alcalde de Huamantla.

Antes de tomar una decisión, lo más probable es que busque el respaldo de la mayoría de los diputados para su propuesta, porque si fracasa en su intento por suspender o destituir a Jorge Sánchez sus aspiraciones de convertirse en edil de ese municipio considerado como pueblo mágico se irán al cagadero.

El futuro de José María Méndez está en sus manos. Puede convertirse en el héroe de la película o hacer el mayor ridículo si es que no logra concretar su venganza. El tiempo dirá si pudo o fracasó.