[xyz_lbx_default_code]

Publicaciones etiquetadas ‘al Momento’

Dónde quedó la transparencia en obras

.

Dice un viejo refrán que no hagas cosas buenas que parezcan malas, el cual se podría recomendar ampliamente a Francisco Javier Romero Ahuactzi, titular de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi), quien por alguna extraña razón dejó de hacer pública la información respecto al nombre de las empresas constructoras contratadas, los montos pagados y sobre todo los fallos de las licitaciones públicas, las adjudicaciones restringidas y las adjudicaciones directas.

 

Es cierto que todo está en el ojo de quien lo percibe, por lo que no sería raro que alguien pueda considerar como algo tramposo y sucio lo que sucede en cierta dependencia estatal que dispone de millones de pesos que se invierten en obras de infraestructura cuyo manejo es más que opaco, porque no existe información oficial que confirme la asignación de los trabajos bajo los criterios establecidos en la ley.

Los caciques que controlan la obra pública en la actual administración estatal son Carlos Bailón Valencia, quien despacha como secretario Técnico de la Oficina del Gobernador y Pedro Bañuelos Morales, actual Director de Obras Públicas de la Secoduvi.

Ambos personajes deciden a qué empresas contratan y favorecen, lo que ha marginado a muchas constructoras de tener trabajo porque no son bien vistas o no gozan de la confianza de esos dos funcionarios que, según ha trascendido, son de los pocos que su situación económica ha mejorado en un corto plazo de tiempo.

El titular de la Secoduvi, Francisco Javier Romero, es un vil espectador de lo que sucede en su dependencia y carece de la autoridad y poder para asignar la obra pública, de ahí que es evidente que no le da ninguna importancia al rubro de transparencia.

Hace unos meses en el portal de esa dependencia estatal se podía acceder a las licitaciones y adjudicaciones a fin de conocer los montos contratados y los nombres de las empresas o las personas físicas que ganaban una licitación o una adjudicación directa o restringida, pero hoy es imposible tener conocimiento de esa información que por ley la Secoduvi está obligada a hacer pública.

Los datos disponibles son los del periodo del 2012 al 2016, es decir, después del último año del gobierno de Mariano González Zarur no hay nada disponible, lo cual llama la atención porque la gestión de Marco Antonio Mena Rodríguez lleva dos años (2017 y 2018) contratando obra pública.

El sector empresarial de la construcción en la entidad representado por Hugo Cano Martínez ayer hizo evidente su molestia respecto a la contratación de la obra pública y lamentó que el gobierno de Tlaxcala opte por dar preferencia a compañías poblanas que durante el año pasado acumularon trabajos por un monto de 738 millones de pesos, seguidas por las del Estado de México que sumaron 200 millones de pesos.

Las empresas tlaxcaltecas apenas si pudieron obtener 168 millones de pesos, cantidad que demuestra la política de exclusión que sufren sin que ninguna autoridad estatal ofrezca una explicación de esa razón.

Hasta ahora es un misterio el nombre de las empresas que tienen a su cargo las obras emblemáticas que ha emprendido la actual administración y en donde se invertirán más de mil millones de pesos.

Nadie sabe quién es la constructora que cobra por el levantamiento del nuevo Estadio Tlahuicole, así como tampoco se conoce que empresa ganó la ampliación y modernización de la carretera Tlaxcala Apizaco ni la compañía que lleva a cabo los trabajos de edificación del nuevo Hospital General de Tlaxcala.

La ausencia de información genera desconfianza y podría abrir la puerta a críticas por la nula transparencia que existe en materia de contratación de obra pública.

Carlos Bailón y Pedro Bañuelos son dos personajes que no gozan de una buena reputación y su sospechosa actitud de esconder la información ya está desatando rumores de que la corrupción en la actual administración se concentra en esas manos.

La marcha atrás de los diputados locales

.

De no existir algún inconveniente, será este lunes cuando las comisiones de Finanzas y Fiscalización y la de Puntos Constitucionales sesionen fast track para avalar los dictámenes sobre el presupuesto de egresos, el código financiero y la ley de austeridad, mismos que incluirán algunas observaciones que en su momento hizo el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez que decidió frenar su publicación.

El martes los diputados locales tienen previsto desahogar una maratónica sesión para atender las observaciones que recibieron por parte del Ejecutivo estatal que utilizó sus facultades legales solicitar que se corrigieran los tres dictámenes antes mencionados, bajo el argumento de que violaban la división de poderes y se atentaba con la operatividad de ciertas dependencias como Pensiones Civiles y la Oficialía Mayor de Gobierno que sufrieron recortes en sus presupuestos.

Los cambios que se tienen previstos al presupuesto de egresos sólo son conocidos por un reducido número de diputados, quienes se dice que no sólo trabajaron en la clandestinidad, sino que esas modificaciones ya fueron consensadas y pactadas con funcionarios estatales encabezados por la insufrible secretaría de Planeación y Finanzas, Alejandra Nande Islas.

Los morenistas Víctor Manuel Báez López presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, encargada de la Comisión de Fiscalización y Finanzas, Rolando Pérez Saavedra, responsable de la Comisión de Puntos Constitucionales y Ramiro Vivanco Chedraui, “impulsor” de la ley de austeridad, estarían convertidos en los principales operadores priistas y del gobernador Mena Rodríguez para “atender” las observaciones.

La percepción entre los diputados de Morena, el PT y el PES es que los mencionados legisladores “ya se vendieron” y según ellos lo anterior se puede comprobar con el cambio que ha tenido su línea discursiva sobre el tema del presupuesto, pues ahora resulta que “el gobernador tiene razón y lo mejor es que sea el Ejecutivo el que establezca las reglas de operación para asignar los fondos que dispusieron para realizar obras en los municipios cuyo proceso de contratación de empresas constructoras debe estar en manos de la Secoduvi”.

Es probable que la partida de 40 millones de pesos que los diputados se establecieron para otorgar apoyos de gestión en el presupuesto de egresos aprobado el pasado 28 de diciembre se reduzca o desaparezca, así como también se tiene previsto disminuir los recursos para el campo para compensar los recortes de otras dependencias estatales.

El comportamiento de los diputados Víctor Manuel Báez, María del Rayo Netzahuatl, Rolando Pérez y Ramiro Vivanco Chedraui ya generó desconfianza entre los demás legisladores locales. La unidad del bloque conformado por Morena, el PT, el PES y al que se sumó el PRD está en riesgo y el PRI y el mandatario Marco Mena podría recuperar el control del Congreso del Estado que tuvieron por casi cuatro meses a pesar de que sólo tiene una legisladora.

Los legisladores locales carecen de calidad moral, liderazgo, fortaleza y sobre todo de una estrategia para abordar el tema del presupuesto ante los medios de comunicación. Ayer fijaron un posicionamiento y lejos de salir bien librados se hundieron más en el cagadero donde están metidos.

Si respetan los acuerdos internos y mantienen el presupuesto de egresos sin cambios serán tachados de ambiciosos y de ir en contra de la política de austeridad del presidente de México Andrés Manuel López Obrador y si en cambio aceptan las observaciones del Ejecutivo estatal serán considerados unos traidores que se vendieron y optaron por asumirse como obedientes subordinados del gobernador.

La novatez e inexperiencia de los diputados locales y su desmedida ambición por el dinero público los está llevando a convertirse en un tiempo record en una legislatura sin credibilidad que camina en sentido opuesto al rumbo que lleva su líder moral que no dudará un solo segundo en desconocerlos si insisten en su actual comportamiento.

Pareciera que el juego de las vencidas lo ganará el gobernador Marco Mena. Pronto veremos si se confirma esa versión.

La impericia e ingenuidad de los diputados

.

Los diputados locales y específicamente los que forman parte de la llamada cuarta transformación donde están incrustados los de Morena, el PT y el PES fueron chamaqueados por la burda estrategia montada desde el gobierno estatal en complicidad con miembros de sindicatos de maestros y burócratas.

Después de varias horas de presión y de mantener encerrados a los ingenuos representantes populares de Tlaxcala que no aguantaron la presión, los sindicalizados inconformes lograron una minuta que en esencia dará marcha atrás a los recortes en el presupuesto de egresos que fue aprobado el pasado 28 de diciembre y que el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez no aceptó porque lo observó y frenó su publicación para su entrada en vigor.

La burda estrategia para acorralar a los diputados contó con la complicidad del gobierno del estado y algunos legisladores mañosos que saben que la mayoría de sus compañeros peca de ingenuos y que su inexperiencia les lleva a cometer errores graves.

De entrada el gobierno nunca dispuso de un operativo preventivo para resguardar las instalaciones del Congreso del Estado ante la protesta de los maestros y de los miembros de otros sindicatos de burócratas como suele hacer en otras manifestaciones.

Es una realidad que las autoridades permitieron que los inconformes ingresaran por la fuerza a la sede del Legislativo luego de romper los candados que mantenían cerradas las puertas, lo que facilitó “el secuestro” de más de 20 diputados que empezaron a recibir insultos y una serie de presiones para cambiar su postura respecto al presupuesto de egresos.

La diputada de Morena, Mayra Vázquez Velázquez, pensó que ser presidenta de la mesa directiva del Congreso Local era lo mismo que ser edecán en un evento de una escuela privada o de un ayuntamiento, por lo que cayó en la trampa de aceptar a una comisión de los inconformes, quienes ante tal facilidad recibida aprovecharon el momento para ejercer presión y obtener un acuerdo de parte de los legisladores para no disminuir los presupuestos destinados a la operatividad del sector de salud, educativo y de Pensiones Civiles.

A esa legisladora nunca se le ocurrió solicitar la presencia de la fuerza pública y mucho menos tuvo la pericia para proteger la integridad de los diputados y sus facultades, pues avaló el chantaje y la rudeza de los manifestantes que al final salieron airosos porque mediáticamente lograron su objetivo que fue doblar a los legisladores de Morena, el PT y el PES.

Víctor Manuel Báez López, presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, al principio lanzó acusaciones contra el gobernador Mena Rodríguez respecto a su responsabilidad de alentar enviar esa protesta, pero después cambió su postura para que se diera una respuesta favorable a los maestros y burócratas que estaban apoderados del recinto legislativo.

Una incongruencia más fue la postura de la diputada del PT y espuria coordinadora de los legisladores de ese partido, Irma Garay Loredo, quien salió a defender a su compañero panista Omar Milton López Avendaño de los reproches de otros diputados por sus señalamientos en torno al presupuesto y la desinformación que, según dicen, provocó al ofrecer datos y cifras que no están acreditados.

Los buenos deseos del gobierno estatal que hace un par de días presumió el diálogo con el Congreso Local respecto a las observaciones al presupuesto 2019 a fin de alcanzar puntos de acuerdo favorables quedó sólo en una cortina de humo, pues en realidad se estaba planeando el golpe bajo que ayer recibieron los legisladores que hicieron el ridículo.

Se dice que si bien el mandatario a través de su lacayo Arnulfo Arévalo Lara tenía la intención de llevar la fiesta en paz con los legisladores, el oficial Mayor de Gobierno, Luis Miguel Álvarez Landa, en complicidad con un influyente familiar del gobernador organizó la protesta contra los diputados, al grado que fueron los guardias de seguridad del Congreso adscritos a esa dependencia los que facilitaron el ingreso de los manifestantes y reportaban la llegada de cada uno de los representantes populares.

Habrá que ver si ahora los diputados locales en realidad cumplen su palabra y dan marcha atrás a los recortes autorizados el 28 de diciembre del año pasado o se mantienen firmes y deciden ratificar ese presupuesto que incluyó la reasignación de partidas y la creación de un fondo de 250 millones de pesos que será manejado por ellos para financiar obras en los municipios de la entidad.

Este round lo ganó el gobernador priista Marco Mena y sus aliados. Así de simple.

Las tendencias electorales en Tlaxcala

.

Al Partido Movimiento de Regeneración Nacional mejor conocido como Morena le bastaron dos procesos electorales en Tlaxcala para consolidar su hegemonía, pues a casi siete meses de los pasados comicios presidenciales y locales se mantiene en las preferencias muy por encima del PRI y el PAN, partidos que apenas si rebasan los dos dígitos en simpatías.

De acuerdo con los resultados de una encuesta estatal que se realizó hace unos días para conocer los niveles de aprobación de las autoridades federales, estatales y municipales, así como las tendencias electorales que prevalecen en Tlaxcala y otros temas relacionados a la seguridad, el empleo y la salud, se comprobó que la administración del presidente de México Andrés Manuel López Obrador goza de un respaldo de siete de cada 10 tlaxcaltecas, mientras que el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez apenas si es avalado por tres de cada 10 personas que vive en la entidad.

Los resultados completos del mencionado ejercicio demoscópico no se han dado a conocer, pero se sabe que en cuestión de preferencias electorales Morena se ubica a la cabeza con el 35 por ciento de las simpatías, seguido por el PAN que apenas si llega al 15 por ciento del respaldo ciudadano, mientras que el PRI obtuvo el 11 por ciento de las menciones.

El PRD alcanzó casi el 7 por ciento de las simpatías y el resto de los partidos nacionales o locales (PT, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, el Partido Verde, el PS y el PAC) sus niveles rondan del 1.5 por ciento al 2.7 por ciento de preferencias, lo que prácticamente los margina de alguna posibilidad de ser competitivos rumbo a las elecciones del 2021.

Las tendencias reflejadas en ese estudio son una fotografía del momento, por lo que sería un error interpretar que Morena tiene ganadas las elecciones locales e intermedias del 2021, cuando los tlaxcaltecas acudirán a las urnas para elegir gobernador, legisladores, alcaldes, presidentes de comunidad y diputados federales.

El PAN que a partir de los próximos días será dirigido por José Gilberto Temotlzin Martínez, quien por cierto ayer recibió de manos de Marko Cortés y Héctor Larios presidente nacional y secretario general, respectivamente, su constancia de mayoría que lo acredita como ganador del proceso interno, tiene el difícil reto de hacer crecer al partido en Tlaxcala y lograr que aumente su competitividad electoral.

Si los panistas pretenden convertirse en una opción real de gobierno para las futuras elecciones locales tendrán que innovar en sus estrategias, buscar nuevos cuadros que sean competitivos y superar la división interna que lo sigue debilitando, lo cual parece una tarea difícil porque los rencores contra el grupo que ganó la dirigencia estatal están más vigentes que nunca.

Mientras el PRI se mantenga inmóvil y pasmado como hasta ahora no tendrá muchas posibilidades de retener el gobierno del estado, porque se encuentra desarticulado y con una estructura descuidada y resentida que podría empezar a trabajar por otro proyecto político como ya sucedió en otros procesos electorales cuando el ex partidazo perdió la gubernatura.

En estos momentos el trabajo de la actual administración estatal no está siendo un factor que jale al PRI. Tampoco se percibe un liderazgo priista que por sí sólo sea competitivo, de ahí que ese partido debe salir de su letargo y ponerse a operar políticamente antes de que sea demasiado tarde.

Del PRD hay muy poco que decir, debido a que vive en proceso de extinción que nadie puede detener, tan ese así que incluso el camaleónico diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, ya reconoce que él comparte más ideales con Morena que con el partido del sol azteca que le permitió llegar al Congreso de Estado.

Una más de “El Cubitas”

Una prueba de que el alcohol en exceso daña las neuronas, se puede ver en el actual secretario de Desarrollo Económico, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, quien en aparente estado de sobriedad dijo que Florentino Domínguez Ordoñez es el secretario del Trabajo en la entidad en un evento que se realizó en Calpulalpan en el marco de una feria del empleo.

Hasta ahora la Secretaría del Trabajo en Tlaxcala no existe y es obvio que el ex alcalde de Apizaco sacó al lambiscón que todos llevamos dentro para quedar bien con Florentino Domínguez, una vez que llegó tarde a la inauguración de un evento oficial, por culpa, según él, de los trabajos de ampliación de la carretera Tlaxcala Apizaco.

Si a Jorge Luis Vázquez ya le dio por inventar secretarías, no dude que pronto genere el cuento que puede ser el sucesor de Marco Mena. Salud.

Garay, el plomero del PRI y los Ortiz

.

Movido por una desmedida ambición y su enorme adicción a los recursos públicos, el pasado lunes por la tarde noche el diputado federal por el PT y líder de ese partido en Tlaxcala, Silvano Garay Ulloa, arremetió contra la delegada federal de Programas de Desarrollo del gobierno federal, Lorena Cuéllar Cisneros, a quien descalificó y aseguró que no tendría el respaldo de esa fuerza política para buscar la gubernatura en el 2021.

Sin cuidar las formas por lo adelantado de los tiempos, el vividor político oriundo de San Luis Potosí que llegó a Tlaxcala para aumentar su fortuna, recurrió a una fluida diarrea verbal para desacreditar la trayectoria y trabajo de Lorena Cuéllar, quien sin duda será una de las aspirantes con alguna posibilidad de buscar y obtener la candidatura de Morena para la gubernatura del estado.

La funcionaria federal siempre fue mencionada de manera despectiva como “La chilindrina” y no sólo fue criticada por su salida del PRI al PRD y del PRD a Morena, sino por su falta de resultados como servidora pública y legisladora, ya que según Garay nunca ha concluido ninguno de los cargos para los que ha sido electa.

El jefe del clan Garay aseguró en su “lapsus brutus” que el PT no firmará una coalición con Morena para los comicios locales del 2021 y que mucho menos respaldaría a una mujer que tiene un comportamiento priista que siempre termina por traicionar los principios de la izquierda.

En unos meses más, dijo el avaro petista, tendremos como candidata a una mujer que ahora se desempeña como alcaldesa del municipio más importante del estado y que en su momento renunciará al PRI para abanderar al PT, de ahí que es necesario reforzar la estructura del partido y trabajar para ese proyecto.

La actitud de Silvano Gary cayó como agua fría a ciertos militantes del PT, quienes comprobaron que ese político es insaciable, pues con total de mantener sus privilegios es capaz de asumirse como el plomero del PRI y la familia Ortiz de la que habló maravillas, por lo que sin ningún pudor no dudo en emprender una serie de descalificaciones contra Lorena Cuéllar y su proyecto para ser la sucesora del mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez.

Garay Ulloa ha sido un político ladino que por años ha manejado de manera discrecional los recursos que el PT recibe de las autoridades electorales. También se ha caracterizado por exprimir los fondos del Congreso del Estado donde fue un gris diputado local.

Actualmente, cobra como diputado federal por la vía plurinominal. Su hija Irma Garay Loredo recibe un salario como legisladora local por el principio de representación proporcional y su otro hijo también está incrustado en la nómina del Congreso del Estado, toda vez que cobra como secretario técnico sin presentarse a laboral.

Esa familia también dispone de las jugosas prerrogativas que el PT recibe del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y que sólo ellos saben en que las invierten porque el dinero tan luego llega a las cuentas del partido desaparece por arte de magia.

El PT debe ser prudente y entender su realidad, porque el hecho de que en la actual legislatura local tenga cuatro legisladores no quiere decir que posee una fuerza y una presencia electoral por sí sólo, pues esa bancada la obtuvo por el impulso y arrastre que recibieron sus candidatos por parte de Andrés Manuel López Obrador.

Los petistas están en su derecho o no de apoyar las aspiraciones de Lorena Cuéllar, quien si quiere cumplir su sueño de convertirse en la próxima gobernadora deberá sumar a todos los aliados posibles aunque ciertos liderazgos tan cuestionados como el de Silvano Garay vayan en su contra.

El negocio detrás del ambulantaje en Apizaco

El conflicto generado ayer en Apizaco por la instalación de vendedores ambulantes, específicamente en la calle Cuauhtémoc, sacó a la luz un sucio negocio que podría salpicar al alcalde panista Julio Cesar Hernández Mejía, quien ahora está obligado a investigar y sancionar a algunos funcionarios municipales que estarían fomentando la corrupción.

Los ambulantes que fueron desalojados con lujo de violencia de la mencionada calle por un aparatoso operativo donde participaron elementos del Ejército, la policía federal, estatal y municipal, denunciaron que esa medida fue arbitraria porque ya habían generado un pago al director de Industria y Comercio de Apizaco, Javier Llerena Martínez y al secretario del ayuntamiento Edgar García Gutiérrez, quienes dieron su aval para que esos comerciantes vendieran sus productos sin ningún problema.

Sin embargo, el acuerdo no fue respetado y los ambulantes fueron echados de sus espacios, lo que generó su molestia, pues revelaron que cada día pagan 10 pesos a los inspectores de la Dirección de Industria y Comercio para poder instalarse, sin embargo ese dinero no ingresa a las arcas municipales pese a que esos funcionarios entregan un boleto o recibo que para el alcalde Hernández Mejía no tiene valor oficial.

Si cada día mil vendedores pagamos 10 pesos para que nos dejen trabajar, eso quiere decir que en promedio el ayuntamiento de Apizaco debería recibir 10 mil pesos diarios por esa actividad, no obstante esos recursos no van a las cuentas del oficiales, sino a las bolsas de ciertos funcionarios municipales que se han enriquecido ilegalmente con nuestra actividad, denunciaron algunos vendedores ambulantes que pusieron al descubierto la corrupción que estaría imperando.

El presidente municipal Julio Cesar Hernández está obligado a investigar esas acusaciones y señalamientos, porque no le conviene que su administración sea ligada a cuestiones tan delicadas como es la corrupción.

Veremos si hay consecuencias o no.

Las explicaciones que nunca llegarán

.

En Tlaxcala no se percibe ninguna señal de cambio. El gobierno del estado ejerce un control absoluto sobre sus acciones y se limita a informar lo que quiere y le conviene, mientras que los diputados locales renunciaron a su derecho de exigir cuentas y explicaciones a los funcionarios estatales, de ahí que todos son responsables del desorden y del limitado avance que registra la entidad.

Una de las características que tiene el actual gobierno estatal es la prolongada toma de decisiones, situación que ha retrasado la ejecución de los proyectos emblemáticos de la actual administración que al parecer opera con funcionarios que nunca superaron su proceso de aprendizaje.

Obras como la edificación del nuevo Estadio Tlahuicole, la modernización y ampliación de la carretera Tlaxcala Apizaco y la construcción del Hospital General de Tlaxcala tardaron largas semanas en concretarse y aunque la primera es la que registra un cierto avance, las otras dos tiene un pobre progreso que demuestra que las empresas encargadas no tienen prisa por concluir los trabajos.

Lo lógico sería ver que la empresa responsable de la ampliación de la carretera trabajara los siete días de la semana y por las noches, como sucede en otras entidades donde las autoridades piden que ciertas obras se ejecuten en el menor tiempo posible por las molestias y complicaciones que generan durante su desarrollo.

Valdría la pena que la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda revelara los nombres de las empresas responsables de los trabajos porque nadie sabe cuál es la compañía beneficiada y si en realidad el gobierno del estado contrató a la que ofreció el mejor precio.

Otro ejemplo de la tardanza gubernamental tiene que ver con la designación del próximo director del CECyTE, pues desde que Luis Vargas González renunció a principios de diciembre del año pasado no se ha podido conocer quién será el funcionario o funcionara que asumirá el control de ese subsistema educativo.

Un proyecto que también se ha prolongado un exagerado tiempo es la reapertura del hotel ubicado en Atlihuetzia que es propiedad del gobierno del estado y que durante la administración de Mariano González Zarur fue rescatado y cerrado a finales de septiembre del 2016.

Al inicio de la gestión de Marco Antonio Mena Rodríguez el titular de la Secretaría de Turismo del Estado de Tlaxcala (SECTURE), Roberto Núñez Baleón, reveló que se buscaría una nueva cadena hotelera para que se hiciera cargo del inmueble y éste pudiera reabrir sus puertas en el menor tiempo posible.

Tras varios meses, se conoció que la cadena Holiday Inn se haría cargo del hotel donde operó por muchos años el consorcio de los Hoteles Misión.

En teoría se han invertido 120 millones de pesos en su remodelación, pero es la fecha que nadie sabe cuándo volverá a funcionar tras permanecer cerrado por 28 meses, debido a que su reinauguración se había anunciado para agosto y luego para noviembre del año pasado, sin embargo no se ha concretado esa acción porque pareciera que nadie tiene interés en aprovechar la infraestructura que se tiene en Tlaxcala para apuntalar la llegada de visitantes.

En materia de seguridad existen muchas dudas e interrogantes, cómo conocer si algún día se concretará la inversión histórica que se anunció en esa materia y que implicaría la compra de nuevas patrullas y tecnología.

Podríamos seguir enumerando pendientes y promesas incumplidas, pero de nada servirá porque sencillamente a nadie le interesan esos temas.

Los diputados locales de la cuarta transformación que llegaron gracias al impulso del hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, están más ocupados en conservar y ampliar sus privilegios que en pedir cuentas y explicaciones a los funcionarios estatales.

Dejaron pasar la facultad legal para llevar a cabo la glosa del segundo informe de gobierno de Mena Rodríguez y hasta ahora ningún legislador ha mostrado interés para lograr la comparecencia del algún miembro del gabinete estatal.

El hacendado gobernador Mariano González nunca permitió ni autorizó ninguna comparecencia de algún funcionario ante el Poder Legislativo, consigna que mantendrá el actual mandatario que sabe que sus colaboradores no saldrían bien librados en un probable encuentro con los diputados locales.

El desorden es evidente y la complicidad para no verlo también.

Semana de definiciones en Tlaxcala

.

Antes de que finalice la actual semana se podrá conocer si las diferencias entre legisladores y el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez son superadas o si éstas prevalecen, porque se sabrá si la ley de austeridad, las reformas al código financiero y los recortes al presupuesto se mantienen o si los diputados de Morena, el PT y el PES reculan y optan por atender las observaciones que recibieron del Ejecutivo estatal.

En los últimos días ha prevalecido la soberbia y el distanciamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ya que nadie ha mostrado disposición para sostener un encuentro que busque solucionar la parálisis financiera que prevalece en Tlaxcala, debido a que ninguna dependencia, organismo públicos descentralizado o ayuntamiento puede gastar algún recurso público porque sencillamente no está autorizado.

Seguramente la nómina de la primera quincena de este mes será pagada puntualmente a fin de evitar el malestar de la burocracia estatal y municipal, sin embargo no se descarta que existan algunos problemas en algunos ayuntamientos y organismos públicos descentralizados que quizá esperaban la dispersión de recursos por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas para cumplir con esos compromisos.

Un asunto tan delicado como el presupuesto de egresos que se encuentra en el limbo no ha recibido la atención adecuada por parte de los funcionarios de la Secretaría de Planeación y Finanzas encabezados por Alejandra Nande Islas y de los diputados locales que dice coordinar el morenista priista Víctor Manuel Báez López, quien sin importarle nada decidió vacacionar y visitar a su hija en Italia.

Las observaciones del Poder Ejecutivo a la ley de austeridad, código financiero y el presupuesto de egresos fueron entregadas al Congreso del Estado en tiempo y forma, pero para la mala fortuna del mandatario Mena su enlace con los diputados, Arnulfo Arévalo Lara, no pudo avanzar en la negociación y en el análisis debido a su limitada capacidad y liderazgo, pues apenas si es atendido por los legisladores del PAN, PRI, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y el Verde Ecologista.

Ese bloque conocido como la chiquillada suele ser apoyado por los dos legisladores del PRD cuando les resulta conveniente el tema para sus intereses personales.

El juego de las vencidas que se encuentra en su primer episodio tendrá un final que seguramente será polémico y no dejará a nadie contento, porque si los diputados mantienen la unidad y sus dictámenes lo más seguro es que enfrenten el veto del gobernador Marco Mena, pero si aceptan las observaciones y reculan en los cambios legales y recortes financieros serán calificados de entreguistas, improvisados, vendidos y como una vergüenza para la Cuarta Transformación que impulsa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

La ausencia de la negociación y la operación política han sido más que evidentes y por esa razón Tlaxcala enfrenta una parálisis que resulta inaceptable.

La soberbia y la estupidez, una mala combinación

Una funcionaria federal que dice despachar en Tlaxcala y que no da una es Alejandra Frausto Guerrero, quien como responsable de la Secretaría de Cultura no puede atender los requerimientos de información de los reporteros especializados en esa fuente.

Uno de sus tantos errores fue incorporar como vocero al delicado tlaxcalteca Antonio Martínez Velázquez (“Marvel” para los cuates), quien lleva a cabo un pésimo trabajo en esa responsabilidad porque no responde llamadas, ni mensajes, ni correos con diversos requerimientos de información de los medios de comunicación.

Lo anterior se dio a conocer en una publicación del periódico El Universal que asegura que ninguno de los medios nacionales con área especializada de cultura le parece adecuada la comunicación en esa dependencia que recayó en un bisoño funcionario que por sus venas corre sangre priista de muy malos antecedentes, pues sólo bastaría con ir a Oaxaca y preguntar por los malos manejos de su papá Guillermo Martínez Gómez cuando se desempeñó como titular de Caminos y Aeropistas de Oaxaca para entender su comportamiento.

Sintiéndose el “hombre” poderoso de la Secretaría de Cultura, Antonio Martínez habría anunciado el pasado viernes en una reunión con diferentes periodistas nacionales que llegaría a su fin la colección de Periodismo Cultural, porque según él no tenía sentido que se editen libros de Humberto Musacchio, Humberto Batis, Ignacio Solares, Paco Ignacio Taibo I, Jorge Ayala Blanco, Arturo Brennan y otros más.

En lugar de esa colección, Antonio Martínez dijo que en Tlaxcala se crearía “un laboratorio” de periodismo cultural para ayudar a la profesionalización de la actividad.

La soberbia a veces lleva a la estupidez, que mal.

Las cortas del fin de semana

.

Antes de que los diputados locales entren de lleno al análisis de las observaciones que recibieron sobre la ley de austeridad, el código financiero y el presupuesto de egresos de este año, definirán a los integrantes de la mesa directiva que presidirá el segundo periodo ordinario que abarcará del 15 de enero al 30 de mayo.

De mantenerse la unidad en el grupo mayoritario opositor del Congreso del Estado, lo más probable es que la diputada de Morena, Mayra Vázquez Velázquez, se convierta en la presidenta de la mesa directiva y lleve como vicepresidenta a la legisladora más joven que ha tenido Tlaxcala, la petista María Félix Pluma Flores, cerrando la posibilidad de que la chiquillada conformada por el PRD, PAN, PRI, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano pueda encabezar ese órgano de gobierno del Poder Legislativo.

Y aunque el análisis de las observaciones que envió el Poder Ejecutivo a tres ordenamientos legales para que sean revisados y en su caso modificados iniciará formalmente este día, será hasta el martes o miércoles de la próxima semana cuando se conozca si los diputados las aceptan u optan por mantener firmes sus dictámenes.

Arnulfo Arévalo Lara, enlace del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo sigue sin convencer a la mayoría de los diputados para que acepten las observaciones, pues ha perdido credibilidad para negociar y sus argumentos simplemente no han tenido el eco y apoyo que el ex legislador priista esperaba.

Los extraños robos al tren

Una línea de investigación que ya es seguida por las autoridades federales sobre los permanentes robos que se cometen a los trenes que pasan por Tlaxcala tiene que ver con la probable complicidad de jefes policiacos.

La policía estatal bajo el mando de Eduardo Valiente Hernández dispone de un grupo de patrullas para cuidar el paso del ferrocarril, sin embargo se ha comprobado que en ciertos embarques el delegado de esa corporación en Apizaco, Jairo Andrés García Ávila, suele ordenar que la camioneta con elementos que se encuentra estacionada en la zoca conocida como Ocotes de la colonia Morelos se traslade a otro lugar, lo que es aprovechado por los maleantes para detener el tren y proceder a robar miles de pesos en mercancía.

De acuerdo con la versión de los vecinos de esa colonia, ese jefe policiaco y un grupo de comandantes estarían relacionados con el robo de trenes, pues incluso los cabecillas de esa banda que organizan esos saqueos asegura que gozan de protección y que en su territorio se les permite hacer lo que quieran.

Este tipo de acusaciones no son nuevas, ya que desde que estaba Hervé Hurtado Ruiz, anterior responsable de la policía estatal se hablaba de la existencia de esos obscuros acuerdos que permitían a los criminales robar trenes no sólo en Apizaco, sino también en Huamantla.

Protagonismo improductivo

La flamante secretaria de Cultura a nivel federal, Alejandra Frausto Guerrero, debería dejar su protagonismo y sus aires de conquistadora y ponerse a trabajar, porque en nada sirve al desarrollo de su sector que presuma que por fin ya va a despachar en una oficina que se instaló en la antigua sede del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.

Su soberbia e ingenuidad la hizo aparecer al lado del director del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, Juan Antonio González Necoechea, quien durante la pasada campaña presidencial se dedicó a denostar y criticar todas las propuestas del hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Además de que el limitado funcionario estatal representa todo lo que odian los intelectuales, escritores y creadores de cultura, de ahí que Alejandra Frausto empezó su labor en Tlaxcala con el pie izquierdo y con un excesivo protagonismo que no se justifica, porque a nadie le hace un favor que trabaje en esta entidad porque al final ya cobra como una empleada más del gobierno federal.

Ojalá que la funcionaria deje de posar y en verdad de ponga a trabajar.

Y cuándo la austeridad entre los diputados

.

Un grave problema de credibilidad es el que cargan los diputados locales y específicamente los que integran el bloque mayoritario que controla el Congreso del Estado integrado por Morena, el PT y el PES, pues si bien aplicaron medidas de austeridad y recortes en el gasto para el presupuesto de egresos de este año, la realidad es que ellos decidieron conservar sus privilegios y violentar la norma al querer manejar recursos para obras públicas.

 

Los legisladores están faltando a su palabra en el sentido de bajarse el salario y reducir el costo tan oneroso que representa tener un Poder Legislativo en Tlaxcala que resulta ser muy caro en relación a la labor que llevan a cabo.

Algo de lo que no se ha hablado, es que los diputados conservaron la partida de 300 mil pesos para cada uno de ellos, la cual suele asignarse al inicio de la legislatura para que los representantes populares adquieran un vehículo nuevo que les permita realizar sus actividades durante su periodo, sin embargo al finalizar su labor como legisladores no reintegran esa unidad porque se la llevan como si la hubieran comprado con su dinero.

Tampoco recortaron las partidas que reciben para gasolina y otros gastos que sumados implican cantidades importantes de recursos públicos. Y en cambio sí conformaron una bolsa de 40 millones de pesos para apoyos sociales que reparten los diputados locales.

Nadie se explica cómo es posible que el Poder Legislativo disponga más recursos que el Poder Judicial en Tlaxcala, pues es uno de los pocos estados del país donde prevalece esa incongruencia que hace pensar que los diputados locales gozan de ciertos privilegios.

Fue en el periodo de gobierno priista de Beatriz Paredes Rangel cuando el presupuesto del Congreso del Estado sufrió un incremento importante, lo cual dio la pauta para empezar a corromper y consentir a los políticos tlaxcaltecas que llegaban a despachar a las oficinas de la calle Allende.

La entonces gobernadora ordenó que el recurso para construir la nueva sede del Poder Legislativo se incluyera en el presupuesto del Congreso del año 1998 o 1989. Una vez terminada la obra e inaugurado el nuevo edificio, los diputados recibieron al año siguiente de esos trabajos la misma cantidad en su presupuesto, con la diferencia que ya no necesitaban esa cantidad para financiar más obra, de ahí que los representantes populares empezaron a consentirse con esos recursos públicos.

Hace más de dos años se aprobó la reducción de 32 a 25 el número de diputados locales con el argumento de lograr ahorros, pero es la fecha que nadie visualiza los beneficios de haber concretado la disminución de legisladores porque el presupuesto del Congreso se ha mantenido igual a cuando cobraban 32 legisladores.

El Poder Legislativo pretende disponer para este año de 307 millones 504 mil 800 pesos, de los cuales 235 millones 144 mil 800 pesos serán para el Congreso del Estado (con 25 diputados, poco más de 100 empleados y una sede) y 72 millones 360 mil pesos para el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), cuando el Poder Judicial ejercerá 290 millones de pesos que incluyen los recursos para el Tribunal de Justicia Administrativa que se encargará de atender los casos del Sistema Estatal Anticorrupción. El número de sedes y de personal del TSJE (más de 600 trabajadores) , así como los gastos de papelería y otros son por mucho superiores a los que realizan los diputados .

La intención de los diputados de crear un fondo de 250 millones de pesos para obras que serán asignados a los municipios es buena porque la ausencia de la misma en los dos últimos años ha sido evidente, lo malo es que esa partida la pretenden manejar ellos mismos lo que al parecer estaría violando la Constitución porque esa facultad sale del ámbito de sus atribuciones y porque ha abierto la puerta a acusaciones de presunto cobro de moches.

Si los diputados quieren salir airosos de este conflicto que sostienen con el Poder Ejecutivo, están obligados a revisar su presupuesto y realizar ajustes y ahorros, porque de lo contrario las acciones emprendidas para exigir austeridad a los otros poderes, a los municipios y a los organismos públicos descentralizados serán interpretadas como meros actos de revanchismo político.

El juego de las vencidas y sus consecuencias

.

El gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez junto con la complicidad de algunos diputados locales busca reventar el bloque legislativo conformado por Morena, el PT y el PES que tuvo la osadía de aprobar una ley de austeridad y llevar a cabo reajustes al presupuesto de egresos, situación que prácticamente ha paralizado el gobierno del estado, a los ayuntamientos y a los organismos públicos descentralizados.

 

Tlaxcala vive una “Vacatio legis”, es decir, el período que transcurre desde la publicación de una norma hasta su entrada en vigor, el cual se podría prolongar hasta finales de este mes cuando se conozca si los diputados locales aceptan las observaciones que el gobernador hizo al Presupuesto de Egresos de este año o terminan avalando el que ya aprobaron, lo que obligaría al mandatario Mena Rodríguez recurrir a su facultad de veto y utilizar los criterios de gastos del 2018 para liberar los recursos que permitan a su administración y a los ayuntamientos operar adecuadamente.

De acuerdo con la ley, los diputados locales deberán resolver el asunto de las observaciones al presupuesto antes del 20 de enero, de ahí que existe confianza que el conflicto generado por la disputa del presupuesto concluya a finales de este mes y se evite la parálisis gubernamental.

Sin embargo, la incertidumbre sobre el Presupuesto de Egresos se mantendrá porque nadie sabe con precisión si se aplicará el que aprobaron los diputados locales a finales de diciembre o se terminarán imponiendo los criterios del presupuesto del 2018.

Si bien para algunos analistas y plumas al servicio del gobierno del estado consideran arbitraria la decisión de los legisladores de llevar a cabo reasignaciones de partidas y recortes económicos en algunas dependencias estatales, también resulta un exceso que el gobernador del estado tenga la facultad para vetar una ley e imponer su criterio sobre la decisión de un órgano colegiado como lo es el Congreso del Estado sólo porque le metieron tijera a su propuesta.

La estrategia gubernamental para desacreditar el trabajo de los legisladores y descalificarlos seguramente tendrá sus consecuencias.

Los líderes estatales del PRD, PAN y el Panal, Juan Manuel Cambrón Soria, Carlos Carreón Mejía y Humberto Hernández Hernández, respectivamente, declararon que podrían impugnar el presupuesto de este año si prevalecían los recortes a la seguridad y la educación, lo que demuestra que siempre han estado al servicio de la actual administración priista.

Si tanto les preocupa el tema de la seguridad, porque nunca se quejaron del amañado proceso de licitación que el gobierno estatal canceló el año pasado para comprar 200 patrullas una vez que se demostró que el mismo estaba arreglado y que representaba una vil y burda transa.

Resulta ridículo que el líder panista Carlos Carreón se indigne del presupuesto de este año cuando son los presidentes municipales de su partido los que más se benefician en obra pública, lo cual no había sucedió en los dos últimos años.

El ayuntamiento de Apizaco que preside Julio César Hernández Mejía ha sido castigado invariablemente. En el presupuesto del año pasado la ciudad rielera no recibió ningún recurso del gobierno del estado y en cambio el municipio de Huamantla fue beneficiado con 20 millones de pesos por tener una buena recaudación, cuando se sabe que el primero supera por mucho en la captación de impuestos y servicios al segundo.

Hoy el gobierno del estado se indigna porque los diputados locales que crearon un fondo de 250 millones de pesos para financiar obras en los municipios y por dejar fuera de esa bolsa a nueve poblaciones tlaxcaltecas, pero no dice que en el 2018 el también marginó de alguna acción de infraestructura a más de 10 municipios.

En fin, en las próximas horas y días veremos si prospera la estrategia del gobernador Mena reventar la mayoría del bloque legislativo conformado por Morena, el PT y el PES, pues sus operadores han empezado a trabajar para lograr que las observaciones del mandatario sean consideradas.

El morenista Víctor Manuel Báez López, presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política de Congreso, junto con el perredista priista Migue Ángel Covarrubias Cervantes, están convocando a un desayuno a los diputados para que “oigan” las propuestas y los “estímulos” que podrían recibir si optan por respaldar las observaciones del mandatario estatal y dejan atrás la propuesta de presupuesto de egresos que avalaron a finales de diciembre.

Los cañonazos estarán presentes y con el paso de los días se comprobará si algún legislador del bloque de Morena, el PT y el PES acepta o si todos se mantienen firmes.

El caso de Tlaxcala es seguido muy de cerca por el subsecretario de Gobernación a nivel federal, Zoé Robledo Aburto, quien no sólo tiene registrados todos los movimientos del gobernador Marco Mena, sino que también tiene supervisadas todas las acciones de los legisladores locales.

Aquí es cuando queremos ver el talento y la buena política, porque Tlaxcala no merece que este tipo de pleitos frenen su desarrollo.