Una pregunta que ha empezado a circular entre la clase política, pero especialmente entre los futuros presidentes municipales y diputados locales, es si seguirá predominando la impunidad y la tolerancia a la corrupción que existe desde la administración del ex gobernador panista Héctor Ortiz Ortiz hasta la actual que encabeza el priista Marco Antonio Mena Rodríguez.
La última vez que los diputados locales tuvieron el valor y removieron de sus cargos a 12 alcaldes tlaxcaltecas por incurrir en presuntos actos de corrupción fue en la legislatura que acompañó los primeros tres años de gobierno del perredista Alfonso Sánchez Anaya, es decir, hace más de 20 años.
La impunidad ha sido la constante en Tlaxcala. Han pasado casi tres gobernadores y hasta ahora no ha existido un castigo ejemplar para los presidentes municipales que utilizaron o utilizan el cargo para enriquecerse o llevar a cabo una vida de lujos y excesos, así como también se ha visto a funcionarios estatales que llegan a ocupar sus cargos con cierta modestia y salen de sus puestos siendo propietarios de lujosas casas, automóviles y de una fortuna inexplicable.
El Sistema Estatal Anticorrupción ha sido un lujo para los tlaxcaltecas porque es un oneroso adorno que lejos de garantizar un castigo para quienes incurren en conductas ilegales por malversar o desviar recursos públicos, en realidad otorga impunidad, tolerancia y una serie de facilidades para que esos hechos nunca sean investigados y menos sancionados.
El ex responsable de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y hoy magistrado del TSJE, Pedro Sánchez Ortega, nunca dio resultados y sólo se dedicó a dar largas a los 460 expedientes que tuvo como encargado de esa importante área de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Pedro Sánchez tiene más de 15 días que dejó la fiscalía para asumir su cargo de magistrado en el Poder Judicial y es la fecha que el oscuro procurador de Justicia de Tlaxcala, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, no ha designado al nuevo encargado de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Ese valemadrismo y marcada omisión difícilmente prevalecerá en la próxima administración estatal y en la siguiente legislatura local. Aunque es un tema del que se ha hablado muy poco en los medios de comunicación, en realidad es un asunto prioritario para las futuras autoridades y diputados, porque en los siguientes meses tendrá una relevancia.
Hay alcaldes en funciones cuyas administraciones ya están bajo el ojo de los encargados de revisar las cuentas públicas. Sus abultados expedientes donde están documentadas sus presuntas anomalías son estudiados y no se descarta que uno o varios pronto sean llevados ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que llegado el momento, un presidente municipal o varios, sean llamados a rendir cuentas.
Y créame que hay ediles que deben preocuparse no sólo por tener serios desórdenes administrativos y financieros, sino porque políticamente se han peleado con todos y hoy se encuentran solos y sin ningún respaldo.
Un claro ejemplo es el neo petista alcalde de Apetatitlán, Eloy Reyes Juárez, quien dejó que sus parientes manejaran y saquearan las finanzas de ese ayuntamiento, al grado que hoy enfrenta observaciones millonarias. A ese problema habrá que sumar que ese tonto edil coqueteó con Lorena Cuéllar Cisneros candidata a la gubernatura de la coalición “Juntos Haremos Historia” para terminar apoyando a la abanderada de la alianza rival denominada “Unidos por Tlaxcala” conformada por el PRI, PAN, PRD, PAC y PS, Anabell Ávalos Zempoalteca.
Otro alcalde que también ya se generó una mala imagen es el libidinoso perredista Eymard Grande Rodríguez que decidió regresar al ayuntamiento de Panotla tras fracasar en su intento de convertirse en candidato a diputado local por el Partido de la Revolución Democrática.
Sus malos manejos financieros en Panotla son evidentes y su erróneo comportamiento político lo ha llevado a quedar aislado y sin futuro. Siendo perredista intentó buscar el cobijo de Morena y el PT, pero sus antecedentes le impidieron conseguir el respaldo que intentaba lograr, por lo que intentó reconciliarse con sus compañeros del PRD que ya no lo aceptaron y decidieron cerrarle las puertas para cualquier candidatura.
Estos dos mencionados alcaldes en funciones y otros más son los que en unos meses más enfrentarán problemas. Con ellos se podría enviar un mensaje de que la impunidad se acabó y que a partir de septiembre de este año la corrupción si será castigada en Tlaxcala.
Sólo es cuestión de tiempo para comprobar cuántos alcaldes enfrentarán la justicia.
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