Algunos alcaldes y el responsable de la política interna en Tlaxcala, José Aarón Pérez Carro, deben dejar el recreo electoral y la burda operación que realizan para imponer magistrados y concentrarse en su trabajo, porque es obvio que nadie está previniendo y atendiendo los conflictos que están surgiendo en el estado.
Resulta lamentable que las autoridades lejos de hacer valer el estado de Derecho opten mejor por negociar y ceder a la presión de los ciudadanos, como sucedió ayer en el conflicto registrado en el municipio de Chiautempan por la construcción de un nuevo panteón en la comunidad de San Pedro Muñoztla.
Los pobladores de esa comunidad que tenían meses mostrando su rechazo a esa obra que el alcalde Héctor Domínguez Rugeiro insistió en realizar, decidieron protestar y optaron por derribar bardas y alterar la cimentación, así como otros destrozos en los terrenos donde se efectúa la construcción, lo que provocó la intervención de la policía municipal que detuvo a varias personas como presuntos responsables de llevar a cabo esos daños e incitar a la violencia.
Lo anterior provocó que un contingente de pobladores de San Pedro Muñoztla arremetiera contra elementos de seguridad pública municipal, razón por la cual decidieron trasladar su protesta a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública donde se registró un enfrentamiento.
La intención de los inconformes era rescatar y lograr la libertad de las personas detenidas por los desmanes cometidos, lo cual finalmente lo lograron porque para las autoridades municipales y estatales fue más fácil ceder a la presión que ejercer la ley.
El terco edil alcalde Héctor Domínguez, el secretario de Gobierno del estado, José Aarón Pérez y el nefasto procurador de Justicia, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, se doblaron y negociaron la ley. Liberaron a las seis personas detenidas y los pobladores también dejaron en libertad a un director del ayuntamiento de Chiautempan, a un policía y a un trabajador de la construcción que mantenían retenidos.
Hasta anoche los vecinos de San Pedro Muñoztla siguieron llevando a cabo actos violentos en las calles céntricas de Chiautempan. Entregaron a un funcionario municipal severamente golpeado y se conoció que el policía municipal retenido fue tirado en un barranco con las costillas rotas y su estado de salud se reporta como grave.
De acuerdo con las versiones de los funcionarios, uno de los responsables de incitar a la violencia y alterar el orden fue el ex alcalde de Chiautempan, Antonio Mendoza Romero.
Lamentablemente esa es la realidad en Tlaxcala. Hay autoridades blandengues que no sirven de mucho.
No hay detenidos ni tampoco se ejercerá la ley contra nadie porque sencillamente a las autoridades les tiemblan las manos.
Hace unos días los automovilistas que ofrecen el servicio de traslado de pasajeros y que están afiliados a la plataforma Pronto tuvieron que presionar con el cierre de una importante carretera de la capital para que la policía municipal de Tlaxcala, estatal y elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado intervinieran para detener a unos asaltantes.
La noche del domingo 21 de febrero se registró un conflicto entre policías municipales de Contla y ciudadanos tras presentarse un accidente vial ocurrido en el barrio de Cuba, el cual terminó con hechos violentos.
Cerca de 100 personas provocaron daños a dos patrullas del Ayuntamiento de Contla y retuvieron a cinco elementos de seguridad, entre ellos una mujer.
En Totolac donde la presidencia municipal estuvo cerrada por once meses y en poder de un grupo de personas inconformes con el alcalde Giovanni Pérez Briones, recientemente se documentó el saqueo de pantallas, computadoras, armas de fuego, municiones y documentos oficiales, entre otros objetos, razón por la cual se procederá legalmente para castigar a los responsables.
Como se podrá dar cuenta en Tlaxcala impera la ley del más fuerte y los ciudadanos terminan imponiéndose a unas blandengues y timoratas autoridades.
Lo que pasa en Tlaxcala es una vergüenza.
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