La posibilidad de que la ex dueña del Partido Acción Nacional en Tlaxcala, Adriana Dávila Fernández, siga como legisladora federal plurinominal se cerró la tarde de ayer, cuando comprobó que carece de fuerza y el apoyo de la militancia.
La panista que abiertamente informó sobre sus intenciones de buscar la reelección como diputada federal fue incapaz de conseguir un solo sufragio de alguno de los integrantes de la Comisión Permanente del PAN, quienes la tarde noche de ayer sesionaron y emitieron su voto público para elegir de entre 11 aspirantes a 5 propuestas para ocupar el cargo de representación proporcional a nivel federal.
La lista quedó encabezada por Lilia Caritina Olvera Coronel, seguida por Aleidis Quintana Torres, y Dania Sánchez Hernández. María Leticia Ramírez Muñoz y Laura Flores Pérez ocuparon los lugares cuarto y quinto, respectivamente.
Adriana Dávila no logró ni un voto y para su mala suerte su nombre no fue incluido en la lista que la Comisión Permanente Nacional del PAN revisará para finalmente designar a la mujer que ocupará la posición número 6 de las propuestas que ese partido registrará como candidatos a diputados plurinominales por la Cuarta Circunscripción que integran la Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Otra mujer que también fracasó en su intento por volver a la Cámara de Diputados es Aurora Aguilar Rodríguez que no dejó de generar falsas expectativas respecto a que era una carta fuerte para ocupar esa anhelada y disputada posición.
Desde que José Gilberto Temoltzin Martínez asumió el control del Comité Directivo Estatal del PAN la fuerza e influencia de Adriana Dávila se ha venido extinguiendo, al grado que hoy esa política está a punto de irse a la banca después de haberse desempeñado como legisladora federal plurinominal por más de once años, lo cual a los militantes de ese partido los tiene más que contentos.
Las ternas de la discordia
Las dos ternas de abogados y abogadas enviadas al Congreso del Estado para elegir a los nuevos magistrados que integrarán el Tribunal Superior de Justicia del Estado no convencieron a nadie y existen posibilidades de que ambas sean rechazadas.
Las propuestas que se hicieron dizque para terminar con la podredumbre de un poder que hoy maquila sentencias para liberar secuestradores y tratantes de blancas en no menos de 500 mil pesos, están siendo severamente cuestionadas porque ningún “experto” en derecho garantiza cumplir con esa tremenda responsabilidad.
Dicen que desgraciadamente al también abogado y titular de la política interna del estado, José Aarón Pérez Carro, se le olvidó leer el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala que establece que, concluido el encargo de los magistrados electorales, «no podrán asumir un cargo público en los términos de la Ley General, así como la relativa en materia de delitos electorales. Como consecuencia de la prohibición prevista en el párrafo anterior, al vencimiento del periodo para el que fueron designados como magistrados, estos tendrán derecho a un haber de retiro en los términos que establezca la presente Ley, el Reglamento y los ordenamientos aplicables en la materia». Por tanto Luis Manuel Cuauhtle es inelegible para ocupar dicho cargo.
El otro caso no menos indignante para los cientos de abogados mayores de 35 años con título y cédula de más de 10 años de antigüedad es que la otra propuesta, Pedro Sánchez Ortega, quien actualmente se desempeña como Fiscal Anticorrupción, nunca renunció a su cargo y a su vez es subordinado del Procurador General de Justicia, por tanto es absurdo explicar por qué no podría impartir justicia un empleado del mismo Poder Ejecutivo.
Estos errores voluntarios o con cierta intención están generando el clima ideal para que el magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez promueva un amparo que le permita mantenerse en el cargo, para lo cual cuenta con el respaldo del diputado local morenista Víctor Manuel Báez López, quien busca generar el ambiente político para que se dé un escenario que beneficie a su amigo.
Para nadie es desconocido que Víctor Manuel Báez tiene como su asesor al sobrino de ese influyente abogado del TSJE, Carlos Eduardo Jiménez Casco.
Por cierto, se dice que el Juez Ramón Jiménez Casco, su hermano Carlos Eduardo y el propio Antonio de Jesús Jiménez, son los que están asesorando en la demanda de amparo que la aún magistrada Rebeca Xicohténcatl Corona presentará a fin de debatir la decisión del Congreso del Estado que aprobó no ratificarla.
También llama la atención que el torpe secretario de Gobierno quiera burlarse de los tlaxcaltecas, pues primero la dependencia cuestiona el trabajo y capacidad de la Juez Penal Angélica Aragón Sánchez y ahora resulta que le ve todas las cualidades para asumir una mayor responsabilidad en el Poder Judicial de Tlaxcala.
A mediados de julio del 2018 a través de un comunicado oficial el Gobierno del Estado expresó su desacuerdo con la decisión tomada por la Juez Segundo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, Angélica Aragón Sánchez, que decidió negar la petición de prisión preventiva y, de esta manera, decretar la libertad del chofer que el sábado 7 de ese mes fue imputado por el delito de homicidio culposo en agravio de seis personas que viajaban en la unidad que conducía en Acuitlapilco.
En esa ocasión, la Secretaría de Gobierno reveló que realizaría un extrañamiento al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado ante el fallo de la Juez, quien tomó la mencionada decisión a pesar de los datos de prueba aportados por la Procuraduría General de Justicia del Estado que permitieron judicializar la Carpeta de Investigación contra el imputado.
Los errores e incongruencias que contienen algunas de las propuestas incluidas en las ternas para escoger a los futuros magistrados del TSJE son monumentales y es evidente que José Aarón Pérez está poniendo en ridículo a su jefe del gobernador.
Con esos colaboradores Marco Mena para qué quiere enemigos.
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