Algo raro oculta la campaña de resultados que supuestamente ha entregado la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a cargo del gris José Antonio Aquiahuatl Sánchez, cuando al interior de la dependencia prevalecen las denuncias de corrupción, el favoritismo, la pugnas internas entre el personal y la incapacidad para evitar que los trabajadores sigan contagiándose de Covid-19.

 

El área de comunicación social de la procuraduría pretende crear falsas expectativas al destacar que la dependencia ha esclarecido de enero de 2019 a octubre de 2020, un total de 47 homicidios dolosos.

 

La PGJE también presumió que radicó nueve carpetas de investigación por el delito de feminicidio con ocho imputados vinculados a proceso.

 

Valdría la pena que la Procuraduría General de Justicia del Estado no sólo considerará los datos que le convienen, pues sería interesante conocer cuántos homicidios dolosos se han registrado en la administración del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, es decir, de enero del 2017 a octubre del 2020, para saber cuántos se han esclarecido y cuántos están sin avances ni resultados.

 

Hay casos que siguen pendientes y que las familias esperan respuestas de las autoridades, como es la desaparición de Daniela Muñoz y el asesinato de Carlos Manuel Gómez Palafox, cuyo cuerpo fue localizado el pasado 22 de agosto en un predio de la comunidad de San Pedro Ecatepec, municipio de Atlangatepec.

 

Los familiares tuvieron que pedir la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en una de sus giras por la entidad para lograr que fueran atendidos por el nefasto procurador Aquiahuatl Sánchez que sigue sin dar resultados claros en esos y otros casos más.

 

No se sabe si la intención de José Antonio Aquiahuatl es promocionar su trabajo con la intención de ser considerado como un probable candidato a diputado local para los comicios del siguiente año o para justificar las presuntas vacaciones que recientemente habría disfrutado con su familia y que se dieron luego de que hace unos días se registrara una nueva ola de violencia en la entidad.

 

Las verdaderas intenciones de ese oscuro funcionario sólo él las conoce y su aliado y protector que no es otro más que el torpe pero ambicioso secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro.

 

Si uno pregunta a cualquier abogado tlaxcalteca sobre el trabajo y desempeño del personal de la de la procuraduría, es muy probable que obtenga respuestas muy negativas que no sólo tienen que ver con la corrupción que existe en esa dependencia, sino con los abusos y favoritismo que hay para ciertos ministerios públicos que son intocables y gozan del afecto especial de su jefe.

 

Por alguna extraña razón, ninguna queja o acusación contra las ministerios públicos de Huamantla y Calpulalpan Abigail Neri y Yuliana González, respectivamente, prospera. Esas servidoras públicas hacen y deshacen sin que alguien tenga la capacidad de frenar sus presuntos abusos en el desempeño de sus labores.

 

En la agencia del Ministerio Público de Calpulalpan dicen que todo trámite tiene un precio y que para apoyar a la consentida Yuliana González se dispuso que el comandante de la Policía de Investigación, Jesús Ortega, la respalde en todo lo que quiera.

 

Pero los presuntos abusos también se hacen presentes en las oficinas centrales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado y éstos correrían a cargo de la subprocuradora Brenda Maldonado, quien dicen sigue cobrando por cada devolución de vehículo que realiza la dependencia.

 

Entre los comandantes de la Policía de Investigación hay mucha inconformidad por los movimientos y reasignaciones que se llevan a cabo, pues lejos de privilegiar la experiencia y la capacidad del personal de esa área a cargo del maniatado y marginado David Mejía Morales, en realidad se premia el amiguismo y la obediencia ciega a los jefes.

 

Los buenos resultados de la procuraduría son un espejismo. Hoy el personal y los allegados al procurador están más preocupados por organizar una supuesta fiesta a su jefe que se planea en un rancho propiedad de un licenciado de nombre José Galdino, de ahí que es obvio que el esclarecimiento de múltiples crímenes tendrá que esperar.