Lo que viene sucediendo en la Procuraduría General de Justicia en el Estado en manos del oscuro José Antonio Aquiahuatl Sánchez ya ha empezado a preocupar a más de uno, porque se está replicando un terrible pasado donde los secuestros de tlaxcaltecas eran la constante y la corrupción en esa dependencia era generalizada.
Ese pasado se debió en gran medida a la presencia en esa dependencia del subprocurador, Edgar Bayardo del Villar, quien tuviera como uno de sus principales subordinados a José Antonio Aquiahuatl, quien en ese entonces se desempeñaba como agente del Ministerio Público y habría sido el encargado de llevar a cabo uno que otro trabajo sucio de su jefe que enfrentó una acusación penal por estar presuntamente involucrado con el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada.
Bayardo del Villar fue subordinado de Alfonso Sánchez Anaya, ex gobernador perredista de Tlaxcala y hoy Jefe de unidad de Servicios y Formación Policial en la administración de su amigo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
De ahí que en el 2015 los servicios de José Antonio Aquiahuatl fueron requeridos por Alfonso Sánchez para librar la acusación de violación que presuntamente cometió en su casa contra una asistente.
Los que se enteraron del caso, el ex gobernador Mariano González Zarur y la ex procuradora de Justicia, Alicia Sánchez Fragoso, saben que el hoy en Doctor en Derecho habría sido el enlace para destruir evidencias, como prendas íntimas, amenazar a personal médico y a miembros de la Dirección de Servicios Periciales, para que no prosperara la acusación contra Alfonso Sánchez por Violación en la averiguación previa 1208/2015/TLAX-3.
En esa indagatoria la ex senadora María del Carmen Ramírez García también rindió una declaración. Señaló que el día de los hechos su marido Sánchez Anaya había consumido chocolates con mariguana que había elaborado su hija, por lo que ella salió de su domicilio y dejó a su pareja sentimental sin saber qué pasó después.
Al final, el manto protector que Mariano González tendió a su amigo Alfonso Sánchez y la supuesta intervención de José Antonio Aquiahuatl habrían sido claves para evitar que el ex gobernador de Tlaxcala pisara la cárcel por ese grave delito.
La triste realidad de la PGJE
Hoy mientras el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con datos de la PGJE reconoce sólo 11 casos por privación ilegal de la libertad con un saldo de 31 personas detenidas, la asociación “Alto al Secuestro” refiere que son 29 los casos de secuestro que se han registrado en Tlaxcala y que éstos corresponden al lapso entre enero y agosto del presente año.
Cualquiera que sea la cifra real o verdadera es alarmante y demuestra que algo raro está pasando en el estado que, según las autoridades, es de los más seguros del país.
A lo anterior, hay que sumar los señalamientos de corrupción que hace el personal de la PGJE contra los altos mandos y el mismo procurador José Antonio Aquiahuatl, sobre todo cuando decidieron sin tener ningún fundamento legal, ya que está prohibido por la Carta Magna, cobrar por el cotejo y expedición de copias autenticadas que tienen el deber de dar gratuitamente a las partes los ministerios públicos.
Tal cobro no está previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales y tampoco está establecido en el Código Financiero. Esos recursos que se obtienen sin control alguno, al parecer no ingresan a cuentas oficiales, de ahí que no existe forma de fiscalizarlos, pues hasta donde se sabe se pide a los ministerios públicos que sin chistar, se lo entreguen a la subprocuradora Brenda Maldonado Sánchez, toda vez que esas son las instrucciones “superiores”.
Para el siniestro procurador el malestar que prevalece entre el personal de su dependencia no es desconocido, ya que últimamente ha pedido a varios ministerios públicos y a personal diverso su renuncia, muy al estilo de esos tiempos en que Edgar Bayardo controlaba la PGJE, pues reclama entrega total y obediencia ciega.
Por esa razón, hay agentes a quienes se les ha iniciado procedimientos en el Consejo de Honor y Justicia, pero la cosa cambia radicalmente con aquellos policías que muestran al cien por ciento su fidelidad, porque de inmediato se les perdonan sus faltas y omisiones muy graves.
Sólo bastaría con ver el trato que reciben los ministerios públicos en las juntas que sostienen con Aquiahuatl Sánchez todos los sábados. Al personal se le impide entrar con celulares para que no vaya a quedar alguna constancia de todos los epítetos que les dice y las instrucciones que deben acatar.
También nos cuentan que existe una gran inconformidad con el director de la Policía de Investigación, David Morales, quien es de Apizaco y se le señala como el responsable de frenar acciones de investigación de varios eventos delictivos en ese municipio.
Todos en Apizaco refieren un presunto encubrimiento a la banda de “Los Brujos” y hacia una influyente familia que se ha dedicado al robo de vehículos, tráfico de drogas y que actualmente operan una cadena de Modeloramas. La protección también estaría dada para varios proxenetas.
Respecto a la salida de un homicida de Nanacamilpa que la semana pasada provocó indignación por la presunta corrupción de un magistrado y un juez, también habría que revisar el actuar los ministerios públicos encargados de la Mesa Especializada en Homicidios Martín Hernández e Itzel Armenta, pues no sería la primera vez que dejarían pasar ciertas acciones para favorecer a los culpables, pues hay varias quejas presentadas formalmente contra ese par de funcionarios ante el procurador José Antonio Aquiahuatl sin que hasta ahora haya alguna medida correctiva al respecto.
Otro fiasco es el servicio de los módulos de atención para la violencia contra la mujer, ya que carecen del apoyo suficiente. La llamada área de Justicia de Atención a la Mujer a cargo de la marianista Juana Cruz Bustos, ocupa espacio y recursos públicos sin que a la fecha haya judicializado un solo caso.
Valdría la pena que alguien siguiera la pista del actuar de los altos funcionarios de la PGJE, porque seguramente comprobará que unos llevan meses comprando lujosas propiedades en estados vecinos como Veracruz, lo cual no se podría justificar con los salarios que cobran en esa dependencia estatal.
Lo que pasa en el PGJE es de terror y lo peor es que el secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro lo sabe.