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Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), decidió ayer presentar ante la Fiscalía General de la República (FGR), una denuncia de hechos sobre una serie de sobornos que le entregó la constructora brasileña Odebrecht, los cuales fueron utilizados para financiar la campaña presidencial del priista Enrique Peña Nieto y para concretar la reforma energética.

El ex colaborador de Peña Nieto entregó como indicios de prueba en su denuncia los testimonios de cuatro testigos, recibos del dinero involucrado y un video, que según la FGR serán analizados por el Ministerio Público a fin de determinar su veracidad.

El dinero fue repartido entre varios asesores electorales extranjeros que colaboraron y trabajaron para la campaña presidencial del 2012, pero también una parte fue utilizada para concretar la reforma energética aprobada en el pasado sexenio. La orden fue emitida por el mismo Enrique Peña y el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.

Si bien la FGR ya tiene elementos para indagar esos presuntos delitos, no se descarta que conforme avancen las investigaciones se compruebe que algunos gobernadores también participaron en ese probable esquema irregular que permitió al PRI recuperar la presidencia de México que en ese entonces estaba bajo el poder de PAN a través de Felipe Calderón Hinojosa.

En el 2012 era gobernador de Tlaxcala, el hacendado Mariano González Zarur, quien tenía un año en el poder. Para presumir su fuerza y liderazgo, dispuso que su hijo Marianito González Aguirre, un bisoño político envuelto en una soberbia insultante se encargara de la campaña presidencial de Enrique Peña.

El dinero era lo que sobraba entre los priistas y el responsable de repartir los recursos era el junior consentido de Tlaxcala que no dejaba de presumir que él gobernaba el estadojunto con su intolerante padre.

Al final, la operación política de Mariano padre y su hijo Marianito fue inútil y no pudieron contra el arrastre que desde entonces tenía en Tlaxcala Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista que estuvo conformada por PRD, PT y Movimiento Ciudadano.

Aunque López Obrador no logró el triunfo nacional, sí se alzó con la victoria en Tlaxcala donde obtuvo los votos necesarios para ganar las elecciones para senadores con Lorena Cuéllar Cisneros y Martha Palafox Gutiérrez, así como dos de los tres diputados federales que tiene el estado con Humberto Vega Vázquez y Edilberto Algredo Jaramillo.

El PRI que en el 2012 pudo recuperar la presidencia de México, en Tlaxcala sólo ganó una diputación federal en la persona de Guadalupe Sánchez Santiago, hija del ex gobernador Emilio Sánchez Piedras. El PAN logró la llegada al Senado como primera minoría, lugar que fue para Adriana Dávila Fernández, quien en aquel entonces era dueña del blanquiazul.

El tiempo y las investigaciones de la Fiscalía General de la República determinará si el dinero de esos presuntos sobornos llegó a Tlaxcala no sólo en el caso de la campaña presidencial, sino en la aprobación de la reforma energética y otras consideradas como estructurales que fueron analizadas y discutidas entre el 2013 y el 2014, pues se dice que se repartió una buena lana entre diputados y senadores a fin de tener su respaldo.

Por lo pronto se confirma una sospecha que siempre se tuvo en la elección presidencial del 2012 y que tiene que ver con un gasto millonario ilegal que hicieron los priistas para recuperar el poder, aunque en Tlaxcala simplemente fracasaron pese a que ese partido gobernaba este estado.

Un misterio la resolución del ITE

Hasta anoche nadie sabía qué resolución asumió el desprestigiado Instituto Tlaxcalteca de Elecciones respecto a dar entrada o no nuevamente a la queja que diez diputados locales pusieron por una supuesta violencia política en razón de género cometidos en el Congreso del Estado.

La Comisión de Quejas y Denuncias que preside Denisse Hernández Blas sesionó para atender la sentencia del expediente SCM-JDC-99/2020 de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia que ordenó al ITE determinar si admitía o desechaba la denuncia.

La mencionada Comisión cumplió con el plazo establecido y notificó su decisión a la Sala Regional del TEPJF, así como a las partes involucradas, pero ahora los ridículos consejeros del ITE salieron con la tonta postura de no difundir públicamente su fallo de forma inmediata dado el carácter confidencial y reservado de los expedientes.

El mencionado caso ha sido público y las partes lo han llevado a lo mediático porque ha sido en ese terreno donde han debatido el tema, de ahí que el ITE se ve muy mal ocultando su resolución porque seguramente con alguien quedará mal y su credibilidad seguirá siendo cada vez más raquítica.

Si antes de las elecciones el ITE tiene este extraño comportamiento, imagínese lo que no esconderá y ocultará en la organización de las elecciones del próximo año.