Un asunto que desde ahora deberá ser considerado por los futuros candidatos a gobernador de Tlaxcala, es la revisión exhaustiva del actual sistema estatal anticorrupción que está convertido en un club de amigos y que para desgracia de los tlaxcaltecas representa una onerosa carga para las finanzas públicas.
Desde hace meses en que se aprobó y se puso en marcha ese andamiaje de leyes, funcionarios y organismos para investigar, frenar, prevenir y desalentar la corrupción en la entidad, nadie ha visto algún resultado o acción positiva, así como tampoco se ha percibido la mínima voluntad de emprender una decisión que justifique la cantidad de recursos públicos que se destinan a mantener una burocracia privilegiada que cobra sin trabajar.
Hace ya casi 27 meses se publicó en el Periódico Oficial del gobierno estatal la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, sin embargo no hay ningún avance porque las cosas siguen igual o peor en materia de corrupción.
El manto protector de ese inservible sistema para desgracia de los tlaxcaltecas no sólo abarcó a los actuales funcionarios estatales y municipales, sino que también, por una inexplicable razón, brindó impunidad a los ex servidores públicos que no han sido molestados ni investigados.
Para muchos representó una burla el hecho de que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción haya implementado hace un par de días las denuncias vía internet, con el propósito de recibir y atender a la ciudadanía que ha sido víctima o testigo de algún delito en materia de corrupción, cuando desde hace tiempo tiene en su poder más de 30 expedientes abiertos contra igual número de ex presidentes municipales acusados de desviar recursos públicos que no han merecido ninguna atención del personal de esa ineficiente instancia.
El fiscal anticorrupción de Tlaxcala, Pedro Sánchez Ortega, se ha caracterizado más por estar inmerso en escándalos amorosos que en entregar resultados, quizá porque sigue los pasos del farsante procurador de Justicia en el Estado, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, quien podrá presumir que durante su gestión al frente de la dependencia no se integró ni se judializó ninguna denuncia de corrupción.
Lo anterior puede cambiar en unos meses más cuando se lleve a cabo el relevo de autoridades estatales y municipales, pero sobre todo dependiendo de quién asuma el gobierno de Tlaxcala en el 2021.
Si el PRI no logra retener la gubernatura en la entidad y entrega el poder tras detentarlo por casi 10 años y ocho meses, seguramente enfrentará un complicado escenario porque difícilmente recibirá la misma impunidad que ha ofrecido, sobre todo la que ha predominado en el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez.
Mientras en Tamaulipas la administración panista (2016-2022) que encabeza el influyente gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha emprendido acciones para castigar la corrupción contra ex funcionarios estatales y municipales, quienes enfrentan más de 100 órdenes de aprehensión relacionadas a diferentes investigaciones, en Tlaxcala donde casi se lleva el mismo tiempo de gobierno no se ha podido integrar ni una sola averiguación previa, pese a que existen los elementos y pruebas para proceder contra los malos ex servidores públicos que fueron denunciados.
Después de los nulos resultados que tiene Tlaxcala en el combate a la corrupción es muy fácil llegar a la conclusión que el Comité Ciudadano del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala no sirven para nada, pues sólo representan una estructura administrativa de ornato que implican un gasto millonario que no genera ninguna utilidad para los tlaxcaltecas.
Ojalá esa situación cambie en el próximo gobierno donde el combate a la corrupción sea una realidad y no una farsa como la que se tiene en estos momentos en Tlaxcala.