La ignorancia y la escasa inteligencia de once legisladores locales que promovieron una queja por violencia política de género ante el parcial y sesgado Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), con el propósito de obtener medidas cautelares que les permita recuperar comisiones que detentaban al interior del Poder Legislativo, difícilmente prosperará debido a que ese recurso carece de materia y porque hay una Jurisprudencia que avala lo aprobado durante la sesión del pasado 28 de mayo por parte de los diputados.
El grupo de Morena que por más de un año controló y manipuló a la actual legislatura local con ayuda de sus convenencieros aliados del PT, el PAN y el PRD no sabe perder.
Los once diputados que hoy están inconformes son manejados a distancia por el director del Canal Once, el marrullero José Antonio Álvarez Lima, quien recurre al longevo ex priista y senador de la 4T, Joel Molina Ramírez, para tratar de saciar sus frustraciones con la ayuda de la “ex dueña” de Acción Nacional en Tlaxcala, Adriana Dávila Fernández y del diputado federal del PT, Silvano Garay Ulloa.
Esos cuatro fantásticos no aceptan que su tiempo ya pasó y que es hora de pensar en el retiro antes de seguir haciendo el ridículo, porque además es evidente que ninguna de sus marionetas como las legisladoras María del Rayo Netzahual Ilhuicatzi, Leticia Hernández Pérez, Laura Yamili Flores Lozano, Patricia Jaramillo García, María Félix Pluma Flores e Irma Garay Loredo y los diputados Víctor Manuel Báez López, Jesús Rolando Pérez Saavedra, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, José María Méndez Salgado y Rafael Ortega Blancas tiene el talento, la capacidad y la inteligencia que se requiere para operar el Congreso del Estado.
Las mencionadas legisladoras no salen de la cantaleta de que fueron víctimas de violencia de género y que fueron castigadas por sus compañeros (Ramiro Vivanco Chedraui, María de Lourdes Montiel Cerón, María Ana Bertha Mastranzo Corona, Mayra Vázquez Velázquez, Miguel Piedras Díaz, Víctor Castro López, Luz Vera Díaz, José Luis Garrido Cruz, Omar Milton López Avendaño, Maribel León Cruz, Zonia Montiel Candaneda, María Isabel Casas Meneses y Luz Guadalupe Mata Lara) por promover que en las elecciones del 2021 quedara nuevamente establecido que deberían ser mujeres las que encabezaran la lista de los candidatos a diputados plurinominales, lo cual es un argumento chafa y sin sustento porque legalmente no existe ningún impedimento para llevar a cabo ese procedimiento que es exclusivo de los partidos políticos.
También se quejan de que fueron violentadas al retirarles la titularidad de algunas comisiones y la presidencia de la Junta de Conciliación y Concertación Política que detentaba la petista Irma Garay, lo cual resulta una barbaridad porque sus argumentos aparte de ser infantiles y mediocres no tienen un sustento jurídico.
Una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del 2013 y que hoy en día es una Jurisprudencia claramente establece que se excluyen de la tutela del derecho político-electoral de ser votado, los actos políticos correspondientes al derecho parlamentario, como los concernientes a la actuación y organización interna de los órganos legislativos, ya sea por la actividad individual de sus miembros, o bien, por la que desarrollan en conjunto a través de fracciones parlamentarias o en la integración y funcionamiento de las comisiones, porque tales actos están esencial y materialmente desvinculados de los elementos o componentes del objeto del derecho político-electoral de ser votado.
En pocas palabras, no hubo ninguna violencia de género o una ilegalidad en el procedimiento llevado a cabo el pasado 28 de mayo para renovar algunas comisiones y órganos de gobierno del Poder Legislativo de Tlaxcala, porque a ningún diputado se le impidió participar y porque al final se impuso la mayoría que determinó los cambios.
Mientras a nivel nacional existe una abierta confrontación entre Morena y el PAN por el estilo y forma de gobernar del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aquí en Tlaxcala el funcionario federal de la Cuarta Transformación Álvarez Lima a través del senador Joel Molina mantiene una alianza estratégica con la panista Adriana Dávila que busca aprovechar cualquier situación para sacar raja política a su favor.
Dicen que es la eterna aspirante al gobierno de Tlaxcala la que da cuerda a las legisladoras locales para victimizarse y hacer un escándalo mediático con la supuesta violencia de género, con el propósito de revivir políticamente al interior de su partido y en la entidad, porque Adriana Dávila necesita pretextos para negociar y seguir vigente después de los comicios del 2021, ya que para ese entonces dejará la diputación federal por la vía plurinominal que tiene y desde ahora anda buscando donde aterrizar para seguir con su lujosa vida que le ha dado ser legisladora federal por 12 años.
Quien iba a pensar que en Tlaxcala amigos y empleados de López Obrador se convertirían en férreos aliados del PAN y del PRD para golpear y desacreditar a un grupo de diputados de Morena que pretenden conducir de una manera diferente al Congreso de Estado.
Difícil de creer, pero es cierto.