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La disminución que registraron algunos delitos del fuero común en Tlaxcala durante el mes de marzo será en realidad una consecuencia de la estrategia gubernamental o ese hecho estará relacionado con la pandemia de Covid-19 y las medidas de prevención impuestas por las autoridades, porque puede resultar contraproducente asegurar lo primero y celebrar anticipadamente un hecho que puede ser pasajero.

En estos tiempos de crisis sanitaria y de aislamiento social no les caería nada mal a nuestras autoridades estatales una buena dosis de prudencia, porque si bien andan ávidas de reconocimiento por parte de sus gobernados, lo cierto es que no se puede aprovechar cualquier dato positivo para presumir que tal acción está vinculada a su intervención o su planeación como sucedió ayer.

El gobierno del estado presumió que Tlaxcala registró una reducción de 16.4 por ciento en la incidencia delictiva durante marzo de 2020, en comparación con el mismo periodo del año previo.

De acuerdo con el comunicado oficial, lo anterior ubicó a Tlaxcala como la segunda entidad a nivel nacional con menos delitos cometidos, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

La entidad registró una menor incidencia delictiva que la media nacional, tanto en cifras absolutas con 331 y en la tasa por cada 100 mil habitantes con un promedio de 24.0 por ciento.

Las estadísticas del Sesnsp reflejaron que en Tlaxcala impera una tendencia a la baja en la comisión de delitos del fuero común, en contraste con la tendencia nacional que, pese a la emergencia sanitaria por Covid-19, registró un comportamiento generalizado a la alza.

Lo anterior permitió al gobierno del estado llegar a la conclusión que los indicadores positivos que reportó Tlaxcala son resultado del reforzamiento de las estrategias y protocolos de operación en materia de seguridad que impulsa la actual administración estatal ante la pandemia de Covid-19 y como medida para prevenir actos delictivos.

Como se podrá dar cuenta, las autoridades sólo mencionaron los datos que les conviene y omitieron otros que tan bien son relevantes y que ponen en duda los resultados en materia de seguridad. Por ejemplo no comentaron que en el primer trimestre del año los asesinatos se incrementaron en un 9 por ciento frente al mismo periodo del 2019.

De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el mes de marzo en que se tuvieron registrados los primeros casos de coronavirus en la entidad, también ya se tenía detectado un incremento en el número de homicidios dolosos, cuya cifra se situaba en 13 asesinatos.

En los primeros tres meses del 2020 se contabilizaron 36 homicidios dolosos, mientras que en el mismo periodo del año pasado la cifra que se alcanzó fue de 33 asesinatos, lo que indica un crecimiento del 9 por ciento.

Si las autoridades piensan que las nuevas camionetas otorgadas a la policía estatal fueron una medida acertada y determinante para lograr una baja en los delitos del fuero común, lo lógico sería que la Procuraduría General de Justicia también mostrara algún indicador positivo o al menos tuviera una mayor efectividad en las investigaciones que inicia, porque de nada sirve que el procurador José Antonio Aquiahuatl Sánchez y sus agentes anden a bordo de lujosas unidades de casi un millón de pesos si no se esclarecen los homicidios ni se detiene a los responsables de robos a bancos o camiones de carga.

Esperemos que la tendencia a la baja de los delitos comunes sea permanente y que esa situación no esté ligada a la pandemia de Covid-19, porque sería desastroso comprobar que una vez concluido el aislamiento social la inseguridad se generalice o empeore en el estado, sobre todo porque la crisis económica que enfrentará Tlaxcala y el país será severa.

La prudencia puede ser un buen aliado para el gobierno de Marco Mena.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hoy enfrenta duras críticas porque su gobierno no puede detener la ola de violencia ni la inseguridad en el país.

Entre el 1 y el 20 de abril han sido asesinadas en el país mil 719 personas, un promedio diario de 85.9 casos. La cifra es alarmante y refleja que el gobierno federal no ha podido contener la violencia que heredó.