Un asunto que valdría la pena revisar detalladamente para verificar si la enorme inversión realizada por la actual administración estatal se ha traducido en una mejora en la seguridad pública, la prevención del delito y en la captura de delincuentes que operan en Tlaxcala, porque la percepción que se tiene es que el crimen va ganando la batalla y que la estrategia del gobierno menista para enfrentar ese problema es muy chafa.
Aunque la seguridad nunca formó parte del triángulo de prioridades (salud, empleo y educación) que desde el inicio de la actual administración se detalló, conforme pasaron los meses y ante el incremento en los delitos registrados en la entidad como los homicidios dolosos, el robo de trenes y el asalto a camiones de carga, el joven gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez se vio obligado a enfrentar el problema con una serie de promesas que hasta ahora han sido parcialmente cumplidas o que si bien éstas ya se concretaron no han servido de mucho para mejorar la seguridad.
En junio del 2017 cuando presentó su Plan Estatal de Desarrollo el aprendiz de mandatario anunció no sólo una inversión histórica en materia de seguridad para adquirir patrullas, equipo táctico y tecnológico para combatir los índices delictivos en Tlaxcala, sino que se comprometió a incrementar en 50 por ciento el número de efectivos policíacos, lo cual sólo se quedó en una promesa porque al no dejar algún dividendo el asunto simplemente ya fue olvidado.
Después de dos años y en procesos administrativos totalmente sigilosos y poco transparentes, el gobierno del estado compró 200 patrullas que hasta ahora nadie sabe con precisión cuánto costó cada una y cuál fue el monto destinado para tal fin.
Tampoco se sabe la inversión que implicó a la actual administración la compra de 29 arcos de seguridad con tecnología de vanguardia y un arco móvil que se utilizan para recuperar vehículos con reporte de robo.
Otro asunto que se ha llevado en total opacidad es el de las 600 nuevas cámaras de vigilancia que la actual administración dice se han instalado en el territorio tlaxcalteca, que sumadas a las que ya estaban son alrededor de mil equipos que operan y que nadie sabe para qué sirven porque lo mismo hay personas ejecutadas, cuerpos abandonados y robos cometidos por comandos armados sin que la policía estatal a cargo del mexiquense Eduardo Valiente Hernández haga algo para detener a los responsables de esos ilícitos que circulan por las carreteras de Tlaxcala sin ningún problema.
Las mediocres autoridades estatales podrán seguir presumiendo que Tlaxcala es de los estados más seguros del país y que ciertos indicadores de delitos van a la baja, sin embargo la percepción entre el imaginario colectivo es que el estado vive una crisis en materia de seguridad y que el gobierno sumiso de Marco Mena ha quedado a deber en esa materia.
Los homicidios en Tlaxcala del 2018 al 2019 se incrementaron en 12 por ciento y los secuestros en ese mismo periodo tuvieron un aumento del 367 por ciento al pasar de 3 a 14 casos de personas privadas de su libertad por criminales que se dedican a esa ilícita actividad.
Valdría la pena que el hocicón de Mena confirmará si cumplirá o no su ofrecimiento de incrementar en 50 por ciento el número de policías estatales, porque si en 32 meses no ha respetado su palabra, difícilmente lo hará en los 19 meses que le restan a su gris administración donde las promesas de ejecutar diferentes megaproyectos han quedado sólo en el discurso del que decía representar la moderna gobernanza.
A los tlaxcaltecas le saldrá muy caro haber llevado a la gubernatura a un joven político que por lo que se ve nunca podrá superar su etapa de aprendiz. Ni hablar.