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Pura palabrería en torno a la rendición de cuentas y la transparencia

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Si algo ha caracterizado a los políticos y autoridades tlaxcaltecas durante los últimos años es su doble moral y discurso, porque suelen presumir manejos escrupulosos de los recursos públicos, emprender acciones para combatir la corrupción y las malas prácticas y encabezar administraciones transparentes, cuando en realidad hacen todo lo contrario y nadie, absolutamente nadie, hace algo para acabar con esa farsa que oculta múltiples irregularidades financieras.

Casos para demostrar lo anterior abundan en la actual administración estatal, la cual por ejemplo debería dejar de presumir que ha realizado acciones para combatir la pobreza extrema en la entidad y explicar detalladamente que factores y acciones gubernamentales han contribuido para alcanzar ese logro, que según reportes, estaría más ligado a la administración federal que a la local

En diciembre del 2018 se autorizaron por primera vez un presupuesto de 200 millones de pesos al programa estatal “Supérate” que sería ejercido el siguiente año y que se convertiría en una acción complementaria de los programas federales para mejorar las condiciones de vida de cientos de tlaxcaltecas.

Hasta diciembre del año pasado sólo se habían entregado las tarjetas bancarias a los cerca de 30 mil beneficiarios de 13 municipios que serían atendidos en una primera etapa, pero después de eso nunca se informó que el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez hubiera dispersado los recursos que se comprometió a entregar a esas personas en condiciones de pobreza extrema.

Hasta ahora son un misterio las razones que impidieron a la administración estatal operar adecuadamente ese mentado programa y sobre todo conocer cuánto fue su costo administrativo y cuántos recursos de esos 200 millones realmente llegaron a manos de los beneficiarios, porque sería ridículo que ahora José Luis Bustos Villegas, coordinador del mencionado plan denominado “Supérate” saliera con el cuento que el presupuesto se empleó para garantizar su correcto funcionamiento y que será hasta este año cuando los más de 70 mil tlaxcaltecas que incluye ese programa reciban su apoyo económico y que éste saldrá de los 400 millones de pesos autorizados para el 2020.

En noviembre pasado le decía que si los beneficiarios de “Supérate” tuvieron que esperar meses para recibir sus tarjetas bancarias, seguramente tendrían que hacer lo mismo para obtener el recurso económico prometido por el gobierno de Mena Rodríguez que se comprometió a dispersar el 15 de cada mes los mentados apoyos, situación que hasta este momento no ha cumplido.

Si lo anterior sólo ha quedado en pura palabrería, imagínese si los otros seis componentes del programa se concretarán algún día tales como Esquema de Aseguramiento, Entrenamiento productivo, Transferencia de activos productivos, Ahorro, Atención a la primera infancia y Acceso a programas federales y estatales.

Ante la falta de información, rendición de cuentas y transparencia, se deduce que la administración estatal incurrió en un subejercicio presupuestal con el programa “Supérate”, sin embargo a nadie parece importarle esa situación que resulta irregular y que evidencia las anomalías que prevalecen en el gobierno del estado.

La ingenua diputada de Morena, María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado recientemente declaró que los proceso de transparencia y eficiencia en la aplicación de recursos públicos de los municipios, poderes, dependencias y organismos autónomos mejorará con la entrada en vigor de la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, lo cual es una falacia más porque todos forman parte de una pantomima donde se disfrazan de honestos y justos.

Esa diputada no ha movido ningún dedo para aclarar y castigar anomalías no sólo en algunos ayuntamientos donde pulula la corrupción o en aquellas dependencias estatales en las que se detectó serias irregularidades financieras como las del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (Itife) que del 2017 al 2018 acumuló un presunto daño patrimonial cercano a los 169 millones de pesos.

La responsable de esa situación Anahí Gutiérrez Hernández fue recientemente removida de la dirección general del Itife, con lo cual la administración de Marco Mena tratará de limpiar el enorme cochinero que existe en esa dependencia y evitar por todos los medios aplicar una sanción administrativa o penal a esa ex colaboradora.

La rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción en Tlaxcala es una farsa o no lo cree usted.

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