Desgastados y sin credibilidad porque hasta ahora han resultado ser más de lo mismo, los diputados de la actual legislatura tienen ante sí la última oportunidad para reivindicarse y dar una señal clara de que no solaparán ni protegerán anomalías financieras y administrativas de los presidentes municipales, quienes aunque tradicionalmente malversen y acumulen riquezas presuntamente obtenidas ilegalmente de los recursos públicos jamás enfrentan la ley.
Sin enfrentar presiones y prisas, los diputados que optaron por aprovechar al máximo sus vacaciones decembrinas y de fin de año dejaron en pausa el proceso de juicio político contra los presidentes municipales de San Lorenzo Axocomanitla, Martha Palafox Hernández y de Huamantla, Jorge Sánchez Jasso, por lo que hasta ayer decidieron instalar las comisiones especiales que se encargarán de llevar esos procedimientos que al parecer son tan agotadores que fue necesario dotar de una espléndida botana de carnes frías y quesos, así como de galletas y aguas a los legisladores que quizá necesitan de esos pequeños estímulos para trabajar y evidenciar que son fieles imitadores de la austeridad republicana de la que tanto hablan y presumen en el gobierno federal.
El procedimiento formalmente ya inició y ahora se abrió una etapa de coadyuvancia con la parte acusadora, la cual estará en posibilidades de comparecer en los próximos 15 días para que aporte más elementos de prueban de sus dichos, pero también los alcaldes señalados tendrán el derecho de presentar elementos y documentos que tengan para justificar la aplicación de los recursos públicos y defenderse de la incriminación.
Se sabe que el Órgano de Fiscalización Superior y el Tribunal Superior de Justicia en el Estado recibieron los oficios correspondientes a fin de conocer si en esas instancias tienen registrado un expediente administrativos que involucren a esos ediles.
También la Procuraduría General de Justicia y la Comisión Estatal de Derechos Humanos tendrán que notificar si hay carpetas de investigación que involucre a los mencionados presidentes municipales o si existen algunas quejas contra ellos.
La primera comisión especial que atenderá el expediente de San Lorenzo Axocomanitla está conformada por los diputados Miguel Piedras Díaz, Mayra Vázquez Velázquez y José Luis Garrido Cruz, mientras que la segunda que analizará el caso de Huamantla está integrada por los legisladores Víctor Castro López, Rafael Ortega Blancas y Zonia Montiel Candaneda.
Ambas deberán rendir un informe a la Comisión Instructora de Juicio Político del Congreso del Estado para que siga el procedimiento y a partir de esa fecha todavía se tendrán seis meses para emitir una resolución que si bien nos va podría conocerse hasta agosto de este año.
Si existen o no elementos para proceder a la remoción de esos presidentes municipales pronto se sabrá, por lo pronto habrá que ver cuál es el comportamiento de los diputados locales de dichas comisiones, porque no se descarta que sean ellos mismos los que traten de limpiar los expedientes y ayudar a los ediles acusados.
Hay presidentes municipales en funciones que llevan dos cuentas públicas anuales reprobadas y siguen en sus cargos sin que nadie los moleste. Y si a los actuales nadie les exige cuentas, imagínese como la están gozando los ex ediles que no sólo se ríen de los actuales diputados locales que prometieron perseguir y castigar la corrupción, sino que constantemente se mofan de las denuncias penales que duermen el sueño de los justos en la Procuraduría General de Justicia del Estado que nunca ha tenido la mínima intención de integrar uno de los 30 expedientes que tiene abiertos.
La actual legislatura controlada por una mayoría de diputados que forman parta de la Cuarta Transformación conformada por Morena, el PT y el PES resultó tan mala como las que en su momento encabezó el PRI, el PAN y el PRD. Para tenerlos medios contentos fue necesario destinar para este año 2.5 millones de pesos al comedor del Congreso del Estado, es decir, que cada mes los 25 legisladores se gastan más de 208 mil pesos en alimentos y bebidas.
Lo anterior quiere decir que si en promedio asisten 20 días al mes, en cada uno de ellos los legisladores se suelen tragar algo así como 10,416 pesos.
Grotesco no le parece.