Al interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado se vive una lucha descarnada por el poder y la presidencia que el próximo 1 de febrero tendrá que definirse, pues mientras por un lado el magistrado Mario de Jesús Jiménez Martínez trabaja para buscar su reelección por un periodo más, su homólogo Fernando Bernal Salazar estaría también generando los consensos que le permitan acceder a la representación legal del Poder Judicial de Tlaxcala.

Los 15 días por venir serán claves para ambos magistrados que intentan cumplir sus anhelos y propósitos. Jiménez Martínez está por concluir el periodo de Héctor Maldonado Bonilla, quien como se recordará fue removido de la presidencia del TSJ en junio del año pasado por los demás integrantes del pleno del Poder Judicial, pero como legalmente puede ser reelecto para un ciclo más busca establecer acuerdos que le permitan esa posibilidad, la cual estaría siendo avalada por el inútil secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro.

Se dice que Mario de Jesús Jiménez habría negociado con sus compañeros magistrados su llegada a la presidencia y su reelección para un periodo más, la cual, en caso de concretarse, se vería interrumpida porque su designación como magistrado vence el 4 de marzo del 2021 y la siguiente renovación de la representación del TSJ sería hasta febrero del 2022.

Un acuerdo entre Jiménez y Bernal habría sido entregar al segundo la presidencia del Poder Judicial en marzo del siguiente año, debido a que el primero ya no sería ratificado como magistrado y su salida del TSJ sería obligada.

Quizá ese acuerdo ya se quebró porque ahora se habla que Fernando Bernal estaría operando para asumir el control del Tribunal Superior de Justicia y arrebatar el poder que ejerce no sólo Mario de Jesús Jiménez sino la ambiciosa magistrada Rebeca Xicohténcatl Corona.

La filtración de un audio de una reunión de trabajo de los “impolutos” magistrados tlaxcaltecas que al parecer pactan la repartición de recursos públicos extraordinarios que recibió el TSJ debe enmarcarse en este contexto de la disputa por el poder del tribunal.

Los excesos y la entrega de bonos a los integrantes del pleno del Poder Judicial no es nuevo ni privativo de la gestión de Jiménez Martínez, pues bastaría revisar anteriores periodos de otros presidentes para comprobar que esa anomalía y abuso siempre ha existido y jamás ha sido sancionada por nadie.

Si para derrocar a Héctor Maldonado varios magistrados pidieron posiciones y otras canonjías, imagínese que estarán pensando en solicitar ahora que la presidencia del TSJ estará de nuevo en juego.

Trascendió que la magistrada Mary Cruz Cortés Ornelas hizo la gestión para que su esposo Santiago Pérez Petriccioli, quien al parecer no cuenta con cédula profesional como abogado sino como Ingeniero Agrónomo, fuera nombrado Secretario Proyectista de la Sala Civil-Familiar y trabajara de la mano de su homólogo el magistrado Felipe Nava Lemus, quien cabe señalar que no se quedó atrás y su hijo Carlos Felipe Nava Aguilar siendo egresado recientemente de la licenciatura y con nula experiencia laboral fue nombrado Secretario Proyectista en la ponencia del magistrado Fernando Bernal, quien pudo colocar al titular de la Contraloría Interna del Poder Judicial y lograr que su ex esposa Dulcinea Palafox Islas pasara de diligenciaría a Secretaria Proyectista en la ponencia de Felipe Nava.

En la repartición de jueces y juezas hubo magistradas que mostraron su enorme ambición. Violeta Fernández Vázquez, Aida Báez Huerta y Noé Cuecuecha Rugerio asumieron nuevos cargos debido a que son incondicionales de la acomplejada Rebeca Xicohténcatl, mientras que Rossana Rubio Marchetti y Daniel Hernández George también lograron una posición gracias a la influencia de la codiciosa Elsa Cordero Martínez.

Hasta ahora se menciona que Mario de Jesús Jiménez logrará su reelección, sin embargo aún no se sabe cuál será el precio que tendrá que pagar.