Pese al enorme desorden y alto nivel de confrontación interno que tiene el Congreso del Estado, sus integrantes se alistan para aprobar en una sesión extraordinaria este día o a más tardar el lunes de la siguiente semana la reforma a la Constitución Mexicana en materia de consulta popular y revocación de mandato, con la cual los mexicanos tendrán un instrumento legal para quitar del cargo al presidente, a los gobernadores y al jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Para revocar la gubernatura de Tlaxcala será necesaria como mínimo la participación del 40 por ciento del listado nominal y el voto a favor de por lo menos la mitad de los ciudadanos que salgan a votar.

Si ese ejercicio se llevara a cabo para el actual mandatario priista Marco Antonio Mena Rodríguez, seguramente se alcanzarían esas cifras sin ningún problema.

La organización del mencionado proceso estará a cargo del deslegitimado Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), pero también existe la posibilidad de solicitar que lo asuma el Instituto Nacional Electoral (INE).

Lo anterior se establece en la reforma constitucional que será votada por el Congreso del Estado, luego de que fue aprobada el pasado martes por la Cámara de Diputados.

La nueva ley impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señala que, para tramitar la revocación de mandato de los gobernadores, se requerirá la firma de al menos el 10 por ciento del listado nominal de las entidades. En el caso de Tlaxcala se estaría hablando de más de 91 mil personas.

La solicitud de revocación podrá presentarse únicamente durante los tres primeros meses del cuarto año del sexenio y el ITE tendrá 30 días para determinar si procede o no la solicitud.

De concederse el trámite, será el órgano electoral quien defina la fecha de la jornada de votación, pero esta deberá ser después de los procesos electorales locales o federales que haya en ese año.

Si se consuma la revocación de mandato, la gubernatura de Tlaxcala será asumida de manera interina por quien encabece el Poder Legislativo.

Los diputados locales tendrán 30 días para designar (con el proceso que ya marca la ley) a un gobernador sustituto que concluirá con el sexenio.

Todos estos lineamientos deberán establecerse en la Constitución Política de Tlaxcala dentro del próximo año y medio, de acuerdo con el dictamen enviado por el Congreso de la Unión, por lo que queda descartada la revocación de mandato para el actual joven gobernador del estado Marco Mena que en agosto del 2021 estará entregando el poder.

El artículo transitorio sexto indica: “las constituciones de las entidades federativas, dentro de los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, deberán garantizar el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo Local”.

Los diputados tlaxcaltecas tienen el interés de ser uno de los primeros Congresos locales en avalar la reforma constitucional, pero esa prisa que muestran para quedar bien con el presidente López Obrador seguramente no la tendrán para aprobar los cambios en la constitución local y aprovecharán el plazo de 18 meses.

La revocación de mandato está descartada para el actual gobernador Marco Mena, a diferencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien se le podría aplicar dicho proceso.

Sigue subiendo el nivel de confrontación entre diputados

Algunas diputadas torpes y limitadas decidieron sumarse al pleito que sostienen los legisladores Michaelle Brito Vázquez y Rafael Ortega Blancas, pues optaron por tomar partido y arremeter contra la petista que utilizó la tribuna para descalificar duramente al morenista que ha guardado silencio.

La gris e intrascendente legisladora panista Leticia Pérez Hernández decidió defender al vapuleado Rafael Ortega y acusó a la petista Brito de violar el reglamento interno del Congreso del Estado, por lo que exigió que a su compañera se le hiciera una llamada de atención y se le aplicará una sanción sólo por decir en tribuna: “Diputado quiere chingarse todo. Le pido que deje algo para el pueblo. Decídase lo que quiere hacer y póngase a trabajar”.

La ridícula postura de la espantada Leticia Pérez tuvo un intento fallido de ser respaldada por la diputada petista María Félix Pluma Flores que sólo destaca por su torpeza y múltiples errores. Como presidenta de la Mesa Directiva buscó agazapada el apoyo de los legisladores para que respaldaran un documento que proponía aplicar una sanción económica a Michaelle Brito que consistía en descontarle un día de trabajo, lo cual no prosperó porque nadie le dio su respaldo y la ingenua legisladora se quedó con las ganas de verse, según ella, implacable y dura.

El comportamiento de algunos diputados es digno del parlamento infantil. Qué pena.