La percepción que muchos teníamos sobre el inservible sistema estatal anticorrupción no estaba mal, porque al final son las mismas autoridades las que confirman que han fracaso no sólo en emprender las acciones para evitar y castigar las malas prácticas de los servidores públicos, sino para hacer del conocimiento de los ciudadanos que existe un andamiaje institucional integrado por diferentes dependencias que su trabajo es sancionar la corrupción.
Para este gobierno, pero sobre todo para el sistema estatal anticorrupción, las malas prácticas de los funcionarios tlaxcaltecas no existen, pese a que en un año se hayan recibido 345 denuncias presentadas contra igual número de servidores públicos, es decir, casi una diaria, con la novedad que ninguna de ellas ha avanzado a la etapa de judicialización y todas se encuentran bajo investigación.
De acuerdo con las declaraciones del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la PGJE, Pedro Sánchez Ortega, éstas involucran en su mayoría a presidentes municipales o ex alcaldes, así como funcionarios de Tesorerías, Obras Públicas y Seguridad Pública en los municipios, aunque también en menor concurrencia aparecen funcionarios de los tres Poderes del Estado o servidores públicos de instancias autónomas.
Si bien la mencionada fiscalía tiene más de un año que se creó y que la mayoría de las denuncias presentadas fue en los últimos doce meses, Pedro Sánchez miente sobre las acusaciones que pesan sobre los ex presidentes municipales, pues muchas de esas delaciones se hicieron hace más de dos años y ninguna se ha integrado pese a que fueron acompañadas por todos los documentos del Órgano de Fiscalización Superior que acreditan las presuntas irregularidades y desvíos financieros.
Si esos expedientes no han prosperado es porque las actuales autoridades estatales así lo han decidido y han otorgado su manto protector para que ex alcaldes no enfrenten la ley ni respondan a los serios señalamientos que pesan en su contra.
Si el sistema estatal anticorrupción es incapaz de armar casos contra esos funcionarios o ex servidores públicos considerados menores, usted cree que investigarán a los que están cerca del poder y que tienen bajo su responsabilidad las compras millonarias, donde poco a poco se están documentando las anomalías, el favoritismo y los negocios que se realizan sin que exista ninguna tipo de consecuencia.
Un buen ejemplo de lo anterior sería la acusación que hizo la ex diputada federal poblana Violeta Lagunes Viveros y vocera de la Organización Todos para Todos, quien se quejó, según ella del proceso irregular que el gobierno de Tlaxcala llevo a cabo a través de una adjudicación directa a la empresa Formas Inteligentes S.A de C.V para la producción de placas y calcomanías por un monto superior a los 90 millones de pesos.
De acuerdo con columnas difundidas en diferentes portales, trascendió que la mencionada empresa junto con otros políticos poblanos como el también priista Jorge Estefan Chidiac habrían financiado la campaña del hoy gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, por lo que estarían siendo recompensados primero con la concesión de las licencias conducir y después con la elaboración de las nuevas placas vehiculares de Tlaxcala, pese a que la empresa Formas Inteligentes S.A de C.V no cuenta ni con la maquinaria ni con la técnica adecuada para que esas láminas cumplan con los requisitos indispensables de calidad, seguridad y adherencia.
Dicen que uno de los involucrados en ese cuestionado negocio es un personaje muy, pero muy cercano al mandatario estatal, por lo que difícilmente el caso será investigado o discutido en las instancias que se crearon para dizque castigar la corrupción.
En Tlaxcala el combate a la corrupción es una falacia y los ciudadanos muestran muy poco interés por presionar para que esa práctica sea castiga. Siete de cada 10 tlaxcaltecas dijo no estar dispuesto a denunciar un acto de tal naturaleza porque esa acción no serviría para nada y una cifra similar mencionó desconocer la existencia de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la PGJE.
Mientras a los ciudadanos no les interese el combate a la corrupción, los gobernantes y funcionarios seguirán haciendo de las suyas tal y como lo hacen hasta ahora.
O no.