De mantener el actual ritmo, los diputados estarán concluyendo el proceso de revisión de las 104 cuentas públicas del 2018 el próximo 16 de agosto, fecha en que se sabrá el número de dictámenes que fueron reprobados por no acreditar el correcto y adecuado manejo de los recursos, lo que permitirá a los legisladores iniciar las intensas negociaciones que sostendrán para renovar algunos órganos de gobierno del Congreso del Estado.
Hasta ahora la dictaminación de las cuentas públicas camina sin problemas o sobresaltos, lo cual resulta favorable para la actual legislatura que ha podido mantener alejado en ese proceso al fantasma de la corrupción, porque no ha existido ningún señalamiento serio que indique una negociación extraña que haya logrado cambiar el sentido de los dictámenes generados en la Comisión de Finanzas y Fiscalización.
Lo anterior, no quiere decir que no hubo intentos por alterar algunas resoluciones, sin embargo es un hecho que la mayoría de los legisladores integrantes de la mencionada comisión se han sostenido y no han cedido a las súplicas de algunos diputados que no se han cansado de intervenir para obtener la aprobación de ciertas cuentas públicas que acumulan observaciones millonarias que conocidos alcaldes no quisieron subsanar.
En la actualidad ya se han dictaminado 45 de 104 cuentas públicas. Se han reprobado tres y se espera que ese número aumente conforme avance esa actividad legislativa que se tiene prevista concluir el viernes 16 de agosto, fecha en que se podrían acumular por lo menos 20 dictámenes reprobatorios.
Después de ese proceso, los diputados tendrán dos semanas para negociar la renovación de los principales órganos de gobierno del Congreso de Estado. Joel Molina Ramírez, líder de Morena y Senador busca recobrar el control del Poder Legislativo a través de sus chalanes que dice coordinar el torpe pero soberbio Víctor Manuel Báez López.
El ex alcalde de Zacatelco y ex presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado jura que él sigue controlando a una tropa representativa de diputados de Morena conformada por María del Rayo Netzahuatl, Patricia Jaramillo, Jesús Rolando Pérez, José María Méndez y el indefinido Miguel Piedras, por lo que cada semana sostienen un encuentro con su líder Joel Molina para diseñar la estrategia que les permita recuperar el dominio de la actual legislatura.
Para lograr su objetivo también cuentan con el respaldo de la desacreditada y ambiciosa coordinadora del PT, Irma Garay Loredo, así como de los convenencieros perredistas Miguel Ángel Covarrubias Cervantes y Laura Yamili Flores Lozano.
El otro grupo de diputados morenistas que cuentan con el respaldo de los legisladores del PT (Víctor Castro, María Félix Pluma y Michaelle Brito) y el PES (Luz Vera y José Luis Garrido) se mueve en la órbita de Ana Bertha Mastranzo Corona y trabaja coordinadamente con la chiquillada (PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y el Verde Ecologista) para mantener su hegemonía en los principales órganos y comisiones del Poder Legislativo.
La tregua que establecieron los diputados locales para no contaminar el proceso de revisión de las cuentas públicas la han respetado, sin embargo ésta se terminará la próxima semana y empezarán los jaloneos y acusaciones que seguramente complicarán la renovación de las presidencias de la Junta de Coordinación y Concertación Política, el Comité de Administración y de la influyente Comisión de Finanzas y Fiscalización, así como de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.
El pleito que viene será de antología y para muchos marcará su futuro político porque para unos será un impulso, mientras que para otros podría representar su tumba.
Habrá que ver de qué lado decide juga el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez, quien por lo pronto ayer dio señales de querer mantener una buena relación con los diputados que actualmente controlan al Congreso del Estado.
Tras una negociación, los diputados lograron que el mandatario emitiera un acuerdo por el cual facultó a los 60 municipios ejecutores del fondo de acciones para el fortalecimiento al campo a otorgar a los beneficiarios un descuento del 100 por ciento en la aportación que deberían hacer para acceder a esos recursos, medida que también ayudó a los ayuntamientos que tampoco estarán obligados a entregar la cuota que les correspondía.
Esa es una señal que nadie debe minimizar para lo que viene.