Los ajustes en el equipo de la cuarta transformación que operaba en Tlaxcala y que en una primera instancia se centró en la delegación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), tomó por sorpresa a aquellos que se sentían indispensables y se negaban a reconocer a Lorena Cuéllar Cisneros como coordinadora del gobierno federal y la responsable de los programas de desarrollo en la entidad por parte de la administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Aunque algunos ex funcionarios de la delegación de la SADER han buscado aparecer como las víctimas de la política de austeridad del gobierno federal y la intransigencia de las nuevas autoridades para conservar al personal que por años ha laborado en esa dependencia, lo que no dicen es que sus relaciones e influencias que presumían tener con funcionarios muy cercanos al presidente López Obrador no fueron suficientes para mantenerse en la nómina y operar de manera poco clara los recursos que en administraciones pasadas se destinaron para el campo tlaxcalteca.
Leodegario Morales Huerta, ex encargado de la delegación de la SADER, junto con los directores Rogelio Aquino y Víctor Astorga fueron separados de sus puestos desde hace algunos días, pero quizá el motivo principal que generó su salida fue su actitud de ignorar las instrucciones de Lorena Cuéllar y moverse y decidir acciones sin tener el aval de esa funcionaria, que si bien ha tenido problemas para ejercer su autoridad, poco a poco ha logrado el control de las dependencias federales que funcionan en Tlaxcala.
En diferentes reuniones con productores tlaxcaltecas las quejas contra las autoridades estatales por el manejo discrecional de los programas de apoyo al campo que se financian con recursos federales han sido la constante, situación que era permitida por los ex funcionarios de la SADER que lejos de intervenir para corregir esas anomalías las alentaban, de ahí que hoy se busca corregir esas presuntas inconsistencias que están más que documentadas en minutas de trabajo que incluían decisiones que nunca se habían puesto a consideración de los campesinos.
En la actualidad, Carlos Miramontes Pérez, subdelegado Administrativo, funge como encargado del despacho de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Tlaxcala. Y si hay alguien que sabe de las transas de los ex funcionarios de esa dependencia es él, por lo que no descarte que alguno de ellos enfrente la justicia por el destino poco claro que pudieron dar a los fondos de ciertos programas federales.
El recomendado de Lorena Cuéllar para convertirse en el coordinado de la SADER, Rafael de la Peña, quizá no pasará los filtros impuestos por el gobierno federal para ocupar un cargo en la administración federal, pues dicen que tiene más puntos negativos que positivos que simplemente lo inhabilitan, de ahí que seguramente se analizarán otros perfiles.
Hasta ahora se sabe de la limpieza de dos delegaciones federales, la de Bienestar donde los priistas marianistas ya fueron expulsados y la SADER, por lo que es muy probable que ese proceso se amplíe a otras dependencias donde aún sobreviven militantes del ex partidazo.
Reina la impunidad
No lo cuente en voz alta para dicen que la persona detenida como presunta responsable del doble homicidio registrado el domingo pasado en el mercado nuevo de Chiautempan podría quedar libre, pues al parecer no es la responsable de la agresión a balazos de dos jóvenes, pero sí de portar una arma de fuego sin permiso de las autoridades correspondientes.
De acuerdo con el avance de las investigaciones, se sabe que los jóvenes muertos Enrique García (estudiante próximo a titularse de la UTT) y Gerardo García eran ajenos a la actividad comercial de esa zona y estaban ahí como clientes. Según sus familiares, éstos fueron confundidos por sus agresores que dispararon sus armas a quemarropa.
Trascendió que los verdaderos culpables de la agresión lograron escapar pese al aparatoso operativo montado por las fuerzas policiacas.
Aunque la Comisaria Municipal de Chiautempan, en trabajo conjunto con la Secretaria de Seguridad Ciudadana y la Policía Estatal detuvieron a dos personas del sexo masculino de nombre José Francisco N. de 28 años de edad, originario del estado de Guerrero, con 4 meses de radicación en Tlaxcala y Jared N. de 40 años oriundo de San Pablo Apetatitlán, éstas no son las culpables de las muertes de los dos jóvenes.
Uno era un cliente que tras salir del lugar donde se escondió al escuchar las detonaciones fue detenido, mientras que el otro se presume que trabajaba para los comerciantes como “halcón” y al parecer enfrentará la ley por el delito de portación de arma de fuego, pero no por su probable participación en los mencionados homicidios. Además, su detención y difusión por parte de la policía municipal de Chiautempan violó el debido proceso y éste individuo pronto podría recuperar su libertad.
Cómo se podrá dar cuenta, tanto la PGJE y la Secretaría de Seguridad Ciudadana son una farsa, porque es muy probable que esos dos homicidios dolosos registrados el pasado domingo queden impunes como otros más que se han cometido en Tlaxcala.