Usar la fuerza del Estado para intentar solucionar el conflicto existente en las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala y armar un pésimo circo para justificar el desalojo del personal administrativo que por un mes mantuvo cerrada las instalaciones principales de la dependencia, deja muy mal parado al gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez y sus inútiles funcionarios que optaron más por defender y salvar a la novia de un influyente tlaxcalteca que por garantizar la gobernabilidad.
El costo de tal decisión pronto se verá si es muy alto o salió regalado, porque el problema principal radica en la exigencia de destituir a la petulante directora de Relaciones Laborales de la Sepe, Claudia Xochihua Rodríguez, quien llegó a su actual cargo no por su trayectoria o prestigio laboral, sino porque estaría relacionada sentimentalmente con un poderoso priista que por años fue chalán y criadito de importantes políticos.
Hoy al cambiar su suerte, éste tlaxcalteca se transformó y sin estar ya bajo la sombra de un conocido apellido decidió comprar a su esposa vehículos de lujo y financiarle viajes a Dubái y a otros lejanos países. También se ha dado tiempo para consentir a sus hijas con constantes y variadas vacaciones.
Pero como el poder enloquece, ese hombre que opera con conocidas empresas para llevar a cabo negocios millonarios al amparo del gobierno de Tlaxcala, también se ha dado el lujo de ubicar a sus “amigas” en posiciones dentro de la administración estatal, de ahí que algunas damas se sienten “super poderosas” y con el respaldo de su “lujurioso protector” hacen y deshacen sin que haya ninguna consecuencia por sus excesos.
El protagonismo y altanería de la directora de Relaciones Laborales de la Sepe, Claudia Xochihua, es la causa principal del conflicto en la Secretaría de Educación Pública donde su titular, Manuel Camacho Higareda, decidió respaldar a su “influyente” subordinada y echarse en contra al personal administrativo de esa dependencia que a principios de junio inició una protesta para exigir la salida de esa directiva.
Para nadie es un secreto las ínfulas de Xochihua Rodríguez, quien no se ha cansado de decir que es más probable que corran a Manuel Camacho que a ella de la Dirección de Relaciones Laborales de la Sepe, porque según esa mujer es protegida y querida por el que realmente ostenta el poder en Tlaxcala.
Los excesos de las “amigas” y negocios de ese poderoso tlaxcalteca están documentados porque la soberbia lo llevó a cometer errores y descuidos. La intención de los afectados por ese mediocre político es terminar el expediente para hacerlo público y llevarlo al gobierno federal para que sea investigado por corrupción.
Lo anterior es un contexto que debe conocer para entender las razones y motivos que llevaron al gobierno de Mena Rodríguez utilizar la fuerza del Estado para tratar de solucionar un conflicto laboral que seguramente se complicará.
Bajo el pretexto de llevar a cabo diligencias por parte del personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado a cargo del plomerito José Antonio Aquiahuatl Sánchez, cuya dependencia investiga dos denuncias una por la privación ilegal de la libertad y otra por la retención de un vehículo en las instalaciones de la Sepe, la Secretaría de Seguridad Ciudadana procedió al desalojo del inmueble y la detención de cuatro trabajadores.
Aprovechando la complicidad de la obscuridad, los uniformados tomaron las instalaciones en la madrugada, porque quizá era urgente y no había otra hora para que los eficientes y dedicados peritos de la PGJE realizaran una inspección ocular y otras diligencias que les permita integrar las carpetas de investigación que iniciaron al tener conocimiento de dos presuntos ilícitos.
Según el procurador, el plomerito José Antonio Aquiahuatl, por aquello de ser ahora el encargado de efectuar el trabajo sucio del gobierno, los agentes de su dependencia tenían cuatro semanas investigando los hechos y era de vital importancia y un caso de vida o muerte realizar las diligencias pendientes.
Ojalá ese maravilloso profesionalismo que ha mostrado Aquiahuatl Sánchez en las dos mencionadas denuncias se hiciera presente para aclarar y castigar a los responsables de los linchamientos registrados en Tlaxcala, en los múltiples homicidios dolosos que se han llevado a cabo y que siguen impunes y en los atracos bancarios que se han reportado o en las denuncias no sólo de robo de automóviles, sino de camiones de carga y de transporte público.
Porque esa agilidad y deseos de integrar carpetas de investigación no se ha visto en las denuncias contra ex alcaldes acusados de corrupción o contra la ex procuradora de Justicia, Alicia Fragoso Sánchez, que según es investigada por permitir y ordenar actos de tortura contra ex policías estatales que fueron acusados de cometer secuestros exprés.
La pantomima del gobierno del estado fue tan mala y absurda que también salieron con el chiste que el personal administrativo afiliado al SNTE saqueó y robo el cajero automático que se localiza al interior de las oficinas de la Sepe, cuando existen evidencias que el aparato dejó de funcionar antes de que se concretara la toma de las instalaciones de la dependencia.
El asqueroso proceder de las autoridades estatales fue avalado por el inútil secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, quien no pierde la oportunidad de dibujarse como un incapaz al no poder solucionar ningún conflicto en el estado.
La molestia del gobernador por las decisiones y desempeño de algunos de sus funcionarios es ya evidente. Ayer reapareció públicamente tras realizar una gira por Italia y lejos de buscar un encuentro con los medios de comunicación para dar detalles de los logros obtenidos, optó por evadir a los reporteros porque sabía que el tema de la entrevista sería el absurdo desalojo de las instalaciones de la Sepe.
Resulta increíble como algunos funcionarios como José Aarón Pérez y José Antonio Aquiahuatl se esfuerzan en deteriorar más la de por si golpeada imagen y credibilidad de este gobierno.